[COMUNICACIONES, ONIC] Lunes 28 de Mayo de 2007
CRUEL SALDO DE LA RESPUESTA DEL GOBIERNO ANTE EXIGENCIAS DE INDIGENAS EMBERAS KATIOS EN EL CHOCÓ!!!
28 DESAPAREDIOS, 13 HERIDOS Y RETENIDOS...
Las consecuencias del intento de desalojo el pasado sábado por un escuadrón del SMAD de Risaralda, que denunciamos el pasado sábado, han sido subestimadas.
Después de verificar en terreno, las autoridades indígenas de OREWA, en comunicado público dan cuenta de una verdadera barbarie la respuesta del gobierno del CORAZON GRANDE PERO CON MANO DURA, por tanto "los miembros del SMAD de risaralda en nombre del alto gobierno cumplieron a como sea, como ROBOCOT las ordenes del Comandante Ospina ".
Uno de los hechos aberrantes y deplorables del cumplimiento del DEBER ANTES QUE VIDA, "fue la forma como miembros del escuadrón SMAD lanzaron a las aguas del rió San Juan a tres niños indígenas, de la comunidad de Docabu y sus cuerpos fuerón encontrados el día de hoy".
Cifra que se suma a los 28 indígenas desaparecidos, 13 heridos, la detención de dos misioneras de la Diócesis de Quibdo, quienes se encontraban en acción humanitaria, "no contento con ello, la Policía luego de meternos a la fuerza en buses sin saber para donde nos llevaban, quemaron la ropa, las pocas pertenencias y torturaron al Cabildo Mayor de la Zona, quien se encuentra gravemente herido".
Todo ello ocurre, "bajo la complicidad de los gobiernos locales y departamentales, como de Pueblo Rico Risaralda, gobernación de Risaralda y Chocó, del Gerente Social para el Chocó y por ende del gobierno de Alvaro Uribe y del Estado Colombiano en sí, ya que están incitando a la CENSURA y AUTOCENSURA, incluso a los medios locales y regionales de comunicación, por donde no se ha dado cuenta de lo que pasa, pese a las continuas denuncias, por ello hoy están en terreno varios comunicadores de la región, a la espera que de sus centrales le den paso a sus notas y así brindarles a la opinión pública, a la comunidad internacional lo que verdaderamente está sucediendo en el Chocó", así lo manifestó el Presidente de la ONIC, Luis Evelis Andrade Casama.
Por su parte las autoridades indígenas del Chocó, para evitar que se sigan cometiendo más hechos violento, ante la negativa de ceder a sus pretensiones, "decidimos trasladar la mesa de negociación de Quibdó para la comunidad del 18, allí esperamos al gobierno dispuestos a seguir las huellas, el conocimiento y el canto profundo de nuestros ancestros", manifestó Cesar Queragama, Presidente de OREWA.
Ante la brutal e irracional respuesta del gobierno, el presidente la ONIC puntualizó que "lamentamos que el gobierno en vez de responder con la palabra, con cumplimientos a acuerdos, a la razón social, responda con desinformación, y una embestida violenta, y de paso soterradamente induciendo en otras instituciones de que somos responsables de la crisis del Chocó, cuando lo que exigimos es basado en DERECHO, y la acción de hecho es una respuesta a la libre protesta ante las respuestas improductivas del gobierno".
Por ello llamamos al algo gobierno, al Estado, a las autoridades militares, a los organismos de control, a la comunidad internacionales, a los organismos de DDHH, a los medios de comunicación, a todos y todas, a voltear la mirada en uno de las regiones más golpeadas, pero sobre todo que el gobierno responda con hechos productivos, no sólo con la fuerza y con la autocensura, que le de la cara al país contando la verdad y de paso con reparación!!!!
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA, ONIC
OREWA.
Listado desapecidos y heridos (con la atenuante que para los emberas los mayores de edad a partir de los doce años).
1. DESAPARECIDOS
DE LA COMUNIDAD DE CEVEDE:
JUAN GUILLERMO QUERAGAMA CHECHE DE 13 AÑOS
IVAN QUERAGAMA PEPE, ADULTO.
AURORA BIDICHA CHECHE, ADULTA
GILBERTO QUERAGAMA BIDICHA, 12 AÑOS
CALIXTO QUERAGAMA BIDICHA, 10 AÑOS
BEBE DE UN AÑO.
IVAN ALBERTO TEQUIA, 15 AÑOS.
OLIVA CHECHE VITUCAY, ADULTA
JAVIER SINTUA, 19 AÑOS.
GUILLERMO SINTUA, 15 AÑOS.
LEONEL TEQUIA MANUGAMA, ADULTO.
WILLIAN BATEZA CHECHE, 19 AÑOS.
RAFAEL TEUQUIA, 16 AÑOS.
CELESTIMO BATEZA, ADULTO.
AQUILEO QUERAGAMA, ADULTO.
OSCAR BANIAMA ARCE, 10 AÑOS.
DE LA COMUNIDAD DE AGUASAL:
ELKIN MURILLO, 18 AÑOS.
WILMORE MURILLO 12 AÑOS.
MILTON MURILLO, 12 AÑOS.
DE LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS:
CLIMICO SINTUA EVAO, 8 AÑOS.
DE LA COMUNIDAD DE CONODO:
GLORIA INES TEQUIA ARCE, 6 AÑOS.
COMUNIDAD DE BRISAS:
SIGIFREDO TEQUIA TEQUIA, 16 AÑOS.
DE LA COMUNIDAD DE VIVICORA:
ERCILIA SINTUA CASTAÑEDA, NIÑA.
EMEREGILDO SINTUA ARCE, NIÑO.
LAURCARIO ARCE SINTUA, NIÑO.
HUMBERTO TEQUIA, NIÑO.
DARIO QUERAMAGA SINTUA, NIÑO.
ANTONIO QUERAGAMA SINTUA, NIÑO.
LOS HERIDOS:
RAUL MURILLO TEQUIA
PEDRO PABLO MURILLO
LEONEL QUERAGAMA
LIBARDO TEQUIA
CRISTINA TEQUIA
AMARCIA PEPE
DIEGO PEPE
JOSE ARGEMIRO PEPE
URIEL EVAO
NICOLAS BATEZA
CESAR NEGUELA
CARLOS QUERAGAMA
LAS DETENIDAS HERMANAS DE LAS DIOCESIS DE QUIDBÓ:
MARTHA JANET PEREZ
NUBIA SALAMANCA
HOY DEJADAS EN LIBERTAD!!!
INFORME COMISIÓN HUMANITARIA Y DE OBSERVACIÓN
NO NOS DEJARON LLEGAR A LA COMUNIDAD INDÍGENA DEL 18
El día de hoy, 29 de mayo de 2007, a las 11,30 am, la COMISIÓN HUMANITARIA Y DE OBSERVACIÓN, integrada por la Diócesis de Quibdó, la Asociación OREWA Amnistía Internacional Francia, que se dirigía de Quibdó a la comunidad indígena de El Dieciocho fue impedida de continuar su ruta en el corregimiento de Tutunendo municipio de Quibdó, por parte de miembros de la Policía Nacional.
Los uniformados en mención dijeron que "los soldados ubicados en el sitio llamado El Veinte les habían dicho que no dejaran pasar ni carros, ni motos, pues había un derrumbe". Posteriormente hubo comunicación con el mando de la policía de dicho lugar y dijo que "no podía dejar pasar porque esa era una orden del coronel de la policía en Quibdó".
Solicitamos a las autoridades competentes que permitan la realización de la labor humanitaria y de observación.
DIÓCESIS DE QUIBDÓ
ASOCIACIÓN OREWA
AMNISTÍA INTERNACIONAL FRANCIA
INFORME COMISION DE OBSERVACION INTERINSTICIONAL
HECHOS OCURRIDOS EN EL PUENTE LA UNIÓN, SANTA CECILIA RISARALDA Y GUARATO, CHOCÓ, COLOMBIA
26-27 DE MAYO DE 2007
Los abajo firmantes de la comisión de observación informamos lo que hemos visto y oído sobre los hechos ocurridos en el Puente la Unión, Santa Cecilia, Risaralda y Guarato Chocó.
SEGÚN EL TESTIMONIO DE LOS INDIGENAS
Los pueblos indígenas del Chocó, han venido negociando con el Estado un pliego petitorio que contiene cuatro puntos importantes: El tema de la educación, de salud, territorio y derechos Humanos. Cada uno de esos temas tienen puntos de acuerdo, firmados en un acta del pasado 27 de abril de 2007.
Los pueblos indígenas dieron un plazo para que en los15 días siguientes se adelantaran las gestiones para resolver en especial, lo relacionado con el nombramiento de los y las maestras para que los niños y niñas puedan tener el derecho a la educación.
Como el plazo se cumplió y no se vieron los resultados, los pueblos indígenas decidieron tomarse la carretera que conduce de Quibdó a Medellín en el Kilómetro Dieciocho, desde el pasado 21 de mayo de 2007, donde aún se encuentran. Las autoridades indígenas han estado en diversas reuniones con las instituciones del gobierno departamental del Chocó y dado que aún no se resuelven los puntos de acuerdo, decidieron fortalecer la negociación haciendo un bloqueo de la carretera que conduce de Quibdó a Pereira, con el fin de buscar el cumplimiento de los acuerdos por parte del Estado.
Los indígenas hicieron su presencia en la carretera el día viernes 25 de mayo de 2007, alrededor de 1000 personas entre niños, niñas, mujeres (algunas en embarazo), hombres, jóvenes y adultos mayores. Se ubicaron en un lugar llamado "Puente la Unión" -el puente está sobre el río San Juan-, jurisdicción del Municipio de Pueblo Rico, a 4 kilómetros del corregimiento de Santa Cecilia, de la misma municipalidad. Durante el viernes 25 de mayo, tanto el ejército como la policía estuvieron presentes en el lugar y hablaron con el cabildo mayor para insistir que dejara pasar a tres de los buses que estaban retenidos por el bloqueo. Llegaron al acuerdo de dejar pasar los buses, los conductores reunieron un dinero ($200.000=) para aportarles a los indígenas y uno de ellos, les regaló arroz.
El día sábado 26 de mayo de 2007, mientras se encontraban preparando el desayuno como a las 7 a.m. tropas del ESMAD (Escuadrón Móvil Anti Disturbios) de la policía, atacaron con camiones antidisturbios a los indígenas con gases lacrimógenos y los persiguieron intentando disolverlos acorralándolos hacia Agüita, un pequeño caserío al lado de la carretera. Esta situación de caos provocó desconcierto, mareos, visión borrosa y algunas personas resultaron heridas en los hechos. En estas circunstancias el ESMAD disolvió la toma, quemaron y destruyeron los cambuches que habían construido los indígenas a los lados de la carretera, lanzaron al río algunos maletines y pertenencias de los indígenas.
De estos hechos, los indígenas reportan la desaparición de tres menores que presumiblemente cayeron al río San Juan. Sus nombres son: GLORIA INES ARCE de 6 años de edad, de la comunidad Conondo. Los Hermanos JORGE MURRI NARIQUIAZA de 8 años y EMILIO MURRI NARIQUIAZA de 6 años, de la comunidad Dokabú. Los Padres el día 27 de mayo, denunciaron estos hechos ante la corregidora de Santa Cecilia, corregimiento de Pueblo Rico, Risaralda, acompañados por miembros de la Asociación OREWA, Diócesis de Quibdó y de organismos internacionales.
Una vez pasaron los hechos más violentos, la comunidad fue saliendo de diferentes lugares donde se protegieron de los gases y después se agrupó; la policía los montó en sus camiones y otros vehículos particulares conduciéndolos a Guarato, pequeño poblado de la jurisdicción del Chocó a 8 kilómetros de Santa Cecilia, diciéndoles que allí en el Chocó, podían hacer su protesta. Según las versiones de los indígenas, cuando llegaron a Guarato, ellos vieron que los conducían a otro lugar, por lo cual algunos decidieron saltar del carro de la policía para quedarse en ese punto. La Policía se vio obligada a parar los carros y la gente se bajó de sus camiones y se ubicó en la carretera para continuar su manifestación.
Mientras preparaban el almuerzo, hacia las 2.30 p.m., unidades del ESMAD con dos camiones antidisturbios, lanzaron nuevamente gases lacrimógenos y persiguieron hasta las riberas del río san Juan a los indígenas que se protegían de los gases y los golpes. De estos hechos adjuntamos en el anexo, el reporte de 22 desaparecidos, de los cuales 14 son menores, 8 adultos, y la comunidad de Vivícora está a la espera del reporte de 6 niños y niñas de la comunidad de quienes aún no aparecen. De igual manera hubo 13 personas heridas.
También la comunidad nos relató los daños causados a bienes de los indígenas, entre ellos pudimos corroborar la quema de maletines con ropa en su interior, la destrucción de utensilios de cocina. Nos contaron sobre la pérdida de dinero, de medios de comunicación como celulares y equipos (radios y megáfono).
En estos mismos hechos el día 26, fueron retenidas durante cuatro horas dos misioneras de la Diócesis de Quibdó, quienes habían concluido un taller de salud entre las comunidades indígenas. Fueron conducidas en uno de los camiones de la policía a la estación de Santa Cecilia, sin presentar orden de detención.
SEGÚN LA VERSIÓN DE LA POLICIA Y EL ESMAD
Esa comisión se encontró en varias oportunidades con representantes de la policía y del ESMAD, fruto de dichos diálogos se escribe la siguiente síntesis de sus intervenciones:
1. Los indígenas no pueden bloquear la carretera porque esto es un irrespeto a los derechos de los demás ciudadanos, al poner en riesgo el acceso a la alimentación de los habitantes del departamento de Chocó.
2. Esta manifestación estaba poniendo en riesgo la salud de varias personas que se encontraban enfermas en los vehículos que estaban detenidos.
3. Los indígenas estaban exigiendo a cada bus el valor de 200.000 pesos para dejarlos pasar, con lo cual se podría configurar una extorsión y un secuestro simple agravado.
4. Los indígenas estaban causando daño a varios vehículos, al romper sus vidrios.
5. Se dialogó con los indígenas el día 25 de mayo para que levantaran el bloqueo de la carretera, o al menos lo hicieran de forma escalonada. Pero los indígenas no aceptaron esta propuesta.
6. El ESMAD señala que ellos disuadieron la manifestación con la sola presencia del grupo antidisturbios, que usaron gases lacrimógenos que no causan daño, y que al mismo tiempo fueron agredidos con piedras por los indígenas.
7. La policía reconoce que hay tres niños extraviados en estos hechos en la jurisdicción de Risaralda y que desde el mismo momento que se avisó de su pérdida han estado buscando a los menores pero no los han encontrado.
8. La policía llevó a los indígenas después de los hechos de la Unión, en la operación del ESMAD, hacia el área de Chocó, pero los indígenas conspiraron en su idioma y decidieron lanzarse de los camiones para quedarse en Guarato y continuar el bloqueo de la carretera.
9. En uno de los diálogos el mayor Díaz de la policía de Santa Cecilia solicitó copia de las notas que miembros de la comisión estaban tomando, pero la comisión se negó a hacerlo pues eran notas privadas.
10. La policía dice que la retención de las dos misioneras se hizo para lograr la plena identidad y verificar sus antecedentes.
11. La policía expresó su deseo de que los indígenas pudieran llegar a un buen y pronto acuerdo con las autoridades administrativas y que no sigan con este tipo de acciones de hecho.
RECOMENDACIONES
1. Solicitamos a los organismos de control del Estado Colombiano que realicen una inmediata investigación para identificar las responsabilidades de los superiores que dieron la orden para el uso desproporcionado e innecesario de la fuerza por parte de agentes del ESMAD.
2. Solicitamos que se realicen todas las diligencias necesarias y pertinentes para la búsqueda inmediata de los menores, en especial a los tres niños que presumiblemente cayeron al río San Juan en los hechos de la Unión. En especial se urge la intervención de los organismos de rescate y socorro.
3. Instamos al Gobierno Nacional y Departamental a agilizar el cumplimiento de los acuerdos a los que habían llegado con los indígenas, que motivaron estas nuevas protestas, que redundarían en el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades indígenas en el departamento.
4. Pedimos al mismo gobierno central y departamental, así como a los organismos de ayuda humanitaria, que atienden las necesidades alimentarias, de salud y de vestido a los indígenas que perdieron sus bienes en estos lamentables hechos.
Para constancia de lo anterior suscriben este informe a los 28 días del mes de mayo de 2007 en Quibdó, Chocó,
Diócesis de Quibdó, Chocó, Colombia.
Christian AID de Gran Bretaña e Irlanda
Diakonía de Suecia
Amnistía Internacional Francia,
miércoles, 30 de mayo de 2007
Colombia: Bogotá exhibirá las fotos de los pederastasen vallas públicas
Colombia: Bogotá exhibirá las fotos de los pederastasen vallas públicas
La ofensiva no tiene antecedentes en Latinoamérica yse sustenta en el escarnio: todo el que sea condenadoen un tribunal por abuso de menores verá su fotoexpuesta en vallas públicas, en grandes muros a lavista de todos y hasta en los recibos del agua, el gasy la electricidad
La medida --que se apoya en el supuesto de que elpederasta no solamente es vil, perverso ydespreciable, sino también irredimible- - fue aprobadaayer por el Concejo de Bogotá y se pondrá en marchaeste mismo año, en cuanto el alcalde de la ciudad leestampe su firma. Junto a cada fotografía quedarán consignados los nombres y apellidos del pederasta y la pena a la queha sido condenado --o condenada-- por los tribunales.
El texto aprobado por los concejales de la capitalcolombiana prevé inicialmente la colocación de 40vallas y 20 muros de 10 metros cuadrados, lapublicación de la información en las facturas de losservicios públicos al menos dos veces al año y la distribución de octavillas en lugares de granafluencia de público. Bogotá se convierte así en laprimera ciudad colombiana que lleva a la práctica laley aprobada el año pasado por el Parlamento nacional,que permite divulgar fotos y datos personales de loscondenados por abuso de menores. CADENA PERPETUA
La polémica medida ha sidoinmediatamente criticada por diversos colectivos quesostienen que viola los derechos de los condenados,amén de quienes recuerdan las carencias de la justiciacolombiana y no descartan que en muchos casos acabenexhibidas en público las fotos de personas inocentes.Lejos de amedrentarse, los concejales peñalosistasanunciaron que sus copartidarios del Parlamentopresentarán en breve un proyecto de ley para castigarcon cadena perpetua los delitos atroces contramenores.
http://www.diarioco rdoba.com/ noticias/ noticia.asp? pkid=319171
La ofensiva no tiene antecedentes en Latinoamérica yse sustenta en el escarnio: todo el que sea condenadoen un tribunal por abuso de menores verá su fotoexpuesta en vallas públicas, en grandes muros a lavista de todos y hasta en los recibos del agua, el gasy la electricidad
La medida --que se apoya en el supuesto de que elpederasta no solamente es vil, perverso ydespreciable, sino también irredimible- - fue aprobadaayer por el Concejo de Bogotá y se pondrá en marchaeste mismo año, en cuanto el alcalde de la ciudad leestampe su firma. Junto a cada fotografía quedarán consignados los nombres y apellidos del pederasta y la pena a la queha sido condenado --o condenada-- por los tribunales.
El texto aprobado por los concejales de la capitalcolombiana prevé inicialmente la colocación de 40vallas y 20 muros de 10 metros cuadrados, lapublicación de la información en las facturas de losservicios públicos al menos dos veces al año y la distribución de octavillas en lugares de granafluencia de público. Bogotá se convierte así en laprimera ciudad colombiana que lleva a la práctica laley aprobada el año pasado por el Parlamento nacional,que permite divulgar fotos y datos personales de loscondenados por abuso de menores. CADENA PERPETUA
La polémica medida ha sidoinmediatamente criticada por diversos colectivos quesostienen que viola los derechos de los condenados,amén de quienes recuerdan las carencias de la justiciacolombiana y no descartan que en muchos casos acabenexhibidas en público las fotos de personas inocentes.Lejos de amedrentarse, los concejales peñalosistasanunciaron que sus copartidarios del Parlamentopresentarán en breve un proyecto de ley para castigarcon cadena perpetua los delitos atroces contramenores.
http://www.diarioco rdoba.com/ noticias/ noticia.asp? pkid=319171
ii) Nuevas amenazas contra la Corporación Jurídica Libertad.
La Corporación Jurídica Libertad -CJL- Se fundó el 22 de marzo de 1993 en la ciudad de Medellín por un grupo de abogados y abogadas de diferentes universidades. En cumplimiento de su objeto social desarrolla actividades tales como: defensa penal de personas sindicadas de pertenecer a grupos insurgentes, así como líderes sociales y comunitarios vinculados judicialmente por o con ocasión de su actividades políticas o en razón de su opinión; instauración de procesos de responsabilidad del Estado por la violación de los Derechos Humanos; representación legal a las víctimas de crímenes de lesa humanidad en busca de verdad, justicia y reparación; presentación de demandas ante los organismos internacionales de protección de los Derechos Humanos. Asistencia y formación a las comunidades y organizaciones sociales para la apropiación y la exigencia de derechos y garantías ciudadanas; acompañamiento a las comunidades en sus procesos de resistencia, defensa del territorio y seguridad alimentaria y elaboración de informes e investigaciones para divulgar la situación de Derechos Humanos.
Durante todos estos casos, el ejercicio de las actividades mencionadas no ha contado con el pleno reconocimiento de las instituciones públicas. En efecto, cuando se ha denunciado el compromiso de agentes estatales en la violación de los Derechos Humanos se ha señalado que CJL emprende una guerra jurídica y política contra los militares por encargo de la guerrilla. Como ocurrió, por ejemplo, cuando se denunció la connivencia de los paramilitares con el Ejército en el municipio de Segovia y la participación conjunta de estos en la masacre consumada el 14 abril de 1996 por la que fue sancionado el comandante de la Base Militar del Batallón Bombona y condenado el Estado colombiano a reparar a las victimas. Igualmente, por las denuncias sobre la participación de miembros de la Brigada XVII en la masacre de cuatro menores de edad y cuatro adultos, entre ellos LUIS EDUARDO GUERRA líder de la Comunidad de Paz de San José de Apartado, el 21 de febrero de 2005, por la que La Fiscalía llamó a indagatoria a 67 integrantes de las Fuerzas militares.
Cuando se promueve el ejercicio del derecho de defensa y debido proceso en los asuntos penales, es común que los integrantes de los organismos de seguridad del Estado que actúan con funciones de policía judicial aleguen la calidad de guerrilleros de los abogados defensores, estigmatizando la actividad profesional, en especial, en aquellos casos en los cuales se han develado montajes probatorios por parte de estos funcionarios en detrimento de los derechos a un juicio justo y pleno de garantías procesales. Así sucedió con el proceso penal iniciado a los estudiantes de la Universidad de Antioquia que fueron acusados de rebeldes y terroristas y a quienes la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogota les precluyó la investigación exonerándolos de responsabilidad penal.
Amen de la estigmatización por la labor que desempeña la CJL, se suma el permanente riesgo contra la vida, la integridad personal y la zozobra con que se desenvuelve la actividad en los barrios de la ciudad de Medellín y zonas rurales donde se acompaña a los desplazados y los procesos de resistencia de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas en los departamentos de Antioquia y Choco, lo que se manifiesta en amenazas, hostigamiento y persecución contra los miembros de la institución.
Hechos recientes:
1. La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad publicaron el informe "Ejecuciones Extrajudiciales: Caso oriente antioqueño". Integrantes de la CJL hicieron la presentación pública de la investigación, denunciando los homicidios de 110 personas por parte de miembros de la IV Brigada del Ejército, que son mostradas ante la opinión publica como "guerrilleros dados de baja en combate". Dicha publicación provocó la reacción del Comandante de esa Unidad Militar, general Jorge Rodríguez Clavijo, quien aseveró que el informe "hace parte de la guerra política y jurídica" A lo que se suma, el Editorial del Periódico el Mundo del pasado 24 de mayo de 2007, haciendo una defensa a ultranza de los militares y desconociendo las revelaciones que hiciera el Comité Interinstitucional de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia sobre un total de 313 denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre el 2004 y junio de 2007 en el departamento de Antioquia.
2. A finales del año 2005, personas que se identificaron como integrantes de organismos de seguridad del Estado indagaron en repetidas ocasiones por el abogado ELKIN DE JESUS RAMIREZ JARAMILLO en su lugar de residencia y en la sede de la CJL. En los meses de noviembre y diciembre de 2006 viarias personas de civil que portaban radios de comunicación estuvieron vigilando la sede de la institución y preguntando a algunos trabajadores del edificio por la ubicación de este abogado. El 19 de diciembre del mismo año, dos personas que manifestaron pertenecer a la IV Brigada del Ejército Nacional llegaron hasta el edificio donde habita preguntando por su paradero y señalando, que lo buscaban porque "se haba desertado con armas y elementos pertenecientes a las fuerzas armadas" En el mes de enero de 2007 se pudo establecer que integrantes del Departamento Administrativo de Seguridad DAS adelantaban labores de inteligencia en su contra.
3. El coronel Néstor Iván Duque, comandante del Batallón Bejarano Muñoz de la XVII brigada del Ejercito para el año 2005, formuló denuncia contra el abogado Elkin de Jesús Ramírez Jaramillo, el Padre Jesuita Javier Giraldo y el exdefensor del Pueblo de Urabá por el delito de calumnia, adelantándose investigación penal por la Fiscalía 205 de la ciudad de Bogota. Denuncia motivada en los diferentes informes presentados por este abogado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con las medidas provisionales establecidas a favor de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Tras agotarse el debate probatorio, la autoridad judicial se inhibió de seguir adelante con la investigación por la inexistencia de conducta penal.
4. Por otro lado, en el mes de agosto de 2006 se pudo conocer que personal de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra realizaba visitas a personas detenidas por motivos políticos en varias cárceles con el objetivo de "invitarlos" a denunciar al abogado BAYRON RICARDO GONGORA ARANGO como integrante de organizaciones guerrilleras, por lo cual obtendrían beneficios jurídicos y económicos. Ante la negativa de los detenidos, se les advirtió que ese inconveniente lo solucionaran con otros mecanismos. El 11 de enero de 2007 este abogado fue seguido durante varios minutos por una persona, luego de abandonar la sede de la CJL al culminar su jornada laboral. Una vez se percató de tal seguimiento intentó informar de ello a una patrulla de la policía que se movilizaba por el sector, pero esta persona logro escabullirse.
5. Cabe destacar, que desde el mismo momento en que empezó el seguimiento contra los abogados de la CJL se acudió a las autoridades civiles y militares como: Dirección de Fiscalías de Antioquia y Medellín, Fiscales destacados ante organismos de seguridad del Estado, comandancia de la IV Brigada, de la Policía de Antioquia, Metropolitana del Valle de Aburra, del DAS y del Cuerpo Técnico de investigaciones de la Fiscalía, para que, en caso de iniciarse o existir investigaciones de tipo penal en contra de los integrantes de la institución, se permitieran el ejercicio del derecho de defensa y de contradicción de las pruebas obtenidas. Lo anterior, debido a la preocupación por los nexos que se han revelado entre el DAS y los grupos paramilitares, además ante los constantes montajes probatorios y falsos positivos realizados por diferentes organismos del Estado como reacción a las denuncias presentadas por las organizaciones de Derechos Humanos.
Las reuniones a las que nos referimos, fueron convocadas y presididas desde el año 2005 por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas de la ciudad de Medellín y hasta la ultima que se llevo a cabo el 26 de febrero de 2007 siempre se negó rotundamente que existiera abierta alguna actuación de carácter penal contra los integrantes de la corporación Jurídica Libertad.
No obstante las reuniones con autoridades judiciales y miembros de cuerpos que cumplen funciones de policía judicial, en las que se negaba la existencia de proceso alguno en contra de cualquier miembro de la Corporación y en especial en contra de ELKIN RAMIREZ, se pudo constatar que exista una investigación que se inicio el 29 de noviembre de 2006 por la Fiscalía 74 Seccional por el delito de rebelión dentro de la que se orden la captura de éste, la cual fue revocada recientemente aduciendo un tecnicismo de competencia. En la actualidad existe un proceso penal en contra del Doctor RAMIREZ JARAMILLO, en la citada Fiscalía 74 Seccional la cual depende de la Dirección de Antioquia, en el que no se ha permitido hasta la fecha ejercer el derecho de defensa y contradicción a pesar de las reuniones realizadas donde se solicitaba que se garantizara ejercer ese derecho.
6. El día 25 de mayo de 2007, fue entregada en la portera del edificio donde tiene su sede la CJL una carta en la cual se anuncia una amenaza de muerte a los defensores si no renuncian a algunas de las defensas penales "so pena de ser declarados nuestro objetivo", advirtiendo a los abogados que "no ensucien sus hojas de vida ni sus conciencias y sobre todo no hagan que nosotros ensuciemos las nuestras además de nuestras manos con la sangre de ustedes".
Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corporación Jurídica Libertad declara:
PRIMERO: Que continuará con su labor, en el desarrollo de su objeto social como fue enunciado al principio de este escrito.
SEGUNDO: Que persistirá en la activación de procesos jurídicos nacionales e internacionales para que el Estado colombiano cumpla las obligaciones adquiridos para la protección y respeto de los Derechos Humanos. Igualmente, se mantiene en el empleo de promover acciones tendientes al reconocimiento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las victimas de crímenes de lesa humanidad y develar los mecanismos que se promuevan desde el Gobierno Nacional y el Congreso para favorecer la impunidad de crímenes de Estado.
Solicitamos:
PRIMERO: Que cese de inmediato todo acto de hostilidad por parte de los organismos de seguridad del Estado y se brinde decidida protección al derecho a la vida, integridad personal y libertad de todos los miembros de la institución.
SEGUNDO: Que la Fiscalía 74 Seccional que adelanta la investigación penal contra el abogado ELKIN DE JESUS RAMIREZ JARAMILLO obre con total independencia e imparcialidad y permita, desde ahora, ya que no lo haba hecho antes, a sabiendas del interés de la CJL, la participación de la defensa en el debate probatorio y se respete plenamente el debido proceso y el derecho de contradicción.
TERCERO: Que el Procurador General de la Nación, en acatamiento de la recomendación contenida en el Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que fue ratificada en el informe presentado en el año 2007, revise los informes de inteligencia que reposen en todos los organismos de seguridad del Estado contra la Corporación y sus integrantes.
CUARTO: Que se adelanten con prontitud e imparcialidad las investigaciones penales y disciplinarias contra los agentes del Estado involucrados en las violaciones de los Derechos Humanos que han sido denunciadas por las organizaciones de derechos humanos. En especial, las ejecuciones extrajudiciales que conoce el Comité Interinstitucional promovido por la Gobernación de Antioquia y los casos reportados en el informe "Ejecuciones extrajudiciales: el caso del oriente antioqueño" recientemente publicado.
QUINTO: A las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos para que dirijan sus comunicaciones a la Dirección de Fiscalía de Antioquia, Fiscalía 74 Seccional, Doctor: Cesar Augusto Quiroz Vargas, Radicado 150 para que se respeten los derechos en la investigación contra el abogado ELKIN DE JESUS RAMIREZ JARAMILLO
Medellín. Mayo 28 de 2007
Le rogamos dirigir sus comunicados de solidaridad a las siguientes instancias:
Presidencia de la República: Doctor Álvaro Uribe Vélez, Presidente de Colombia Cra 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá Fax: (571) 5662071 Correlectrónico: auribe@presidencia.gov.co.
Dirección de Fiscalía de Antioquia: Fiscalía 74 Seccional Doctor: Cesar Augusto Quiroz Vargas Carrera 44 No. 15 sur - 31 Edificio Mónaco Medellín, Antioquia Teléfono (574) 3212422
Vicepresidencia de la República: Doctor Francisco Santos Calderón, Vicepresidente de la República Carrera 8A No 5-57, Santafé de Bogotá Tel.: (571) 334 4507 Correlectrónico: fsantos@presidencia.gov.co Correlectrónico: buzon1@presidencia.gov.co
Programa presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario: Doctor Carlos Franco Calle 7 N° 5 - 54 Bogotá D.C Fax: (571) 337 46 67 Correlectrónico: cefranco@presidencia.gov.co
Ministerio de Defensa Nacional: Doctor Juan Manuel Santos, Ministro de la Defensa Avenida El Dorado con Cra 52 CAN, Bogotá Fax: (571) 222 1874 Correlectrónico: siden@mindefensa.gov.co Correlectrónico: infprotocol@mindefensa.gov.co Correlectrónico: mdn@cable.net.co
Fiscalía General de la Nación: Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá. Fax: (571) 570 2000; (571) 414 9000 Ext: 1113 Correlectrónico: contacto@fiscalia.gov.co Correlectrónico: denuncie@fiscalia.gov.co
Procuraduría General de la Nación: Doctor Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación Cra 5 # 15-80, Bogotá Fax: (571) 342 9723; (571) 284 7949 Correlectrónico: cap@procuraduria.gov.co Correlectrónico: quejas@procuraduria.gov.co Correlectrónico: cap@procuraduria.gov.co
Defensoría Nacional del Pueblo: Doctor Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo Calle 55 # 10-32, Bogotá Fax: (571) 640 0491 Correlectrónico: secretaria_privada@hotmail.com Correlectrónico: agenda@agenda.gov.co
Dirección Seccional de Fiscalía Antioquia Doctor Carlos Mario Escobar Álvarez Carrera 44 No. 15 sur - 31 Edificio Mónaco Medellín, Antioquia Teléfono (574) 3212422
Dirección Seccional de Fiscalía Medellín Doctor Guillermo León Valencia Cossio Carrera 44 No. 15 sur - 31 Edificio Mónaco Medellín, Antioquia Teléfono: (574) 3136775
Corporación Jurídica Libertad Carrera 47 No 53-45 piso 8 Edificio Vicente B. Villa Tel.: (574) 2516350 ó 2318355 Correlectrónico: Corporación Jurídica Libertad
La Corporación Jurídica Libertad -CJL- Se fundó el 22 de marzo de 1993 en la ciudad de Medellín por un grupo de abogados y abogadas de diferentes universidades. En cumplimiento de su objeto social desarrolla actividades tales como: defensa penal de personas sindicadas de pertenecer a grupos insurgentes, así como líderes sociales y comunitarios vinculados judicialmente por o con ocasión de su actividades políticas o en razón de su opinión; instauración de procesos de responsabilidad del Estado por la violación de los Derechos Humanos; representación legal a las víctimas de crímenes de lesa humanidad en busca de verdad, justicia y reparación; presentación de demandas ante los organismos internacionales de protección de los Derechos Humanos. Asistencia y formación a las comunidades y organizaciones sociales para la apropiación y la exigencia de derechos y garantías ciudadanas; acompañamiento a las comunidades en sus procesos de resistencia, defensa del territorio y seguridad alimentaria y elaboración de informes e investigaciones para divulgar la situación de Derechos Humanos.
Durante todos estos casos, el ejercicio de las actividades mencionadas no ha contado con el pleno reconocimiento de las instituciones públicas. En efecto, cuando se ha denunciado el compromiso de agentes estatales en la violación de los Derechos Humanos se ha señalado que CJL emprende una guerra jurídica y política contra los militares por encargo de la guerrilla. Como ocurrió, por ejemplo, cuando se denunció la connivencia de los paramilitares con el Ejército en el municipio de Segovia y la participación conjunta de estos en la masacre consumada el 14 abril de 1996 por la que fue sancionado el comandante de la Base Militar del Batallón Bombona y condenado el Estado colombiano a reparar a las victimas. Igualmente, por las denuncias sobre la participación de miembros de la Brigada XVII en la masacre de cuatro menores de edad y cuatro adultos, entre ellos LUIS EDUARDO GUERRA líder de la Comunidad de Paz de San José de Apartado, el 21 de febrero de 2005, por la que La Fiscalía llamó a indagatoria a 67 integrantes de las Fuerzas militares.
Cuando se promueve el ejercicio del derecho de defensa y debido proceso en los asuntos penales, es común que los integrantes de los organismos de seguridad del Estado que actúan con funciones de policía judicial aleguen la calidad de guerrilleros de los abogados defensores, estigmatizando la actividad profesional, en especial, en aquellos casos en los cuales se han develado montajes probatorios por parte de estos funcionarios en detrimento de los derechos a un juicio justo y pleno de garantías procesales. Así sucedió con el proceso penal iniciado a los estudiantes de la Universidad de Antioquia que fueron acusados de rebeldes y terroristas y a quienes la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogota les precluyó la investigación exonerándolos de responsabilidad penal.
Amen de la estigmatización por la labor que desempeña la CJL, se suma el permanente riesgo contra la vida, la integridad personal y la zozobra con que se desenvuelve la actividad en los barrios de la ciudad de Medellín y zonas rurales donde se acompaña a los desplazados y los procesos de resistencia de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas en los departamentos de Antioquia y Choco, lo que se manifiesta en amenazas, hostigamiento y persecución contra los miembros de la institución.
Hechos recientes:
1. La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad publicaron el informe "Ejecuciones Extrajudiciales: Caso oriente antioqueño". Integrantes de la CJL hicieron la presentación pública de la investigación, denunciando los homicidios de 110 personas por parte de miembros de la IV Brigada del Ejército, que son mostradas ante la opinión publica como "guerrilleros dados de baja en combate". Dicha publicación provocó la reacción del Comandante de esa Unidad Militar, general Jorge Rodríguez Clavijo, quien aseveró que el informe "hace parte de la guerra política y jurídica" A lo que se suma, el Editorial del Periódico el Mundo del pasado 24 de mayo de 2007, haciendo una defensa a ultranza de los militares y desconociendo las revelaciones que hiciera el Comité Interinstitucional de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia sobre un total de 313 denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre el 2004 y junio de 2007 en el departamento de Antioquia.
2. A finales del año 2005, personas que se identificaron como integrantes de organismos de seguridad del Estado indagaron en repetidas ocasiones por el abogado ELKIN DE JESUS RAMIREZ JARAMILLO en su lugar de residencia y en la sede de la CJL. En los meses de noviembre y diciembre de 2006 viarias personas de civil que portaban radios de comunicación estuvieron vigilando la sede de la institución y preguntando a algunos trabajadores del edificio por la ubicación de este abogado. El 19 de diciembre del mismo año, dos personas que manifestaron pertenecer a la IV Brigada del Ejército Nacional llegaron hasta el edificio donde habita preguntando por su paradero y señalando, que lo buscaban porque "se haba desertado con armas y elementos pertenecientes a las fuerzas armadas" En el mes de enero de 2007 se pudo establecer que integrantes del Departamento Administrativo de Seguridad DAS adelantaban labores de inteligencia en su contra.
3. El coronel Néstor Iván Duque, comandante del Batallón Bejarano Muñoz de la XVII brigada del Ejercito para el año 2005, formuló denuncia contra el abogado Elkin de Jesús Ramírez Jaramillo, el Padre Jesuita Javier Giraldo y el exdefensor del Pueblo de Urabá por el delito de calumnia, adelantándose investigación penal por la Fiscalía 205 de la ciudad de Bogota. Denuncia motivada en los diferentes informes presentados por este abogado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con las medidas provisionales establecidas a favor de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Tras agotarse el debate probatorio, la autoridad judicial se inhibió de seguir adelante con la investigación por la inexistencia de conducta penal.
4. Por otro lado, en el mes de agosto de 2006 se pudo conocer que personal de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra realizaba visitas a personas detenidas por motivos políticos en varias cárceles con el objetivo de "invitarlos" a denunciar al abogado BAYRON RICARDO GONGORA ARANGO como integrante de organizaciones guerrilleras, por lo cual obtendrían beneficios jurídicos y económicos. Ante la negativa de los detenidos, se les advirtió que ese inconveniente lo solucionaran con otros mecanismos. El 11 de enero de 2007 este abogado fue seguido durante varios minutos por una persona, luego de abandonar la sede de la CJL al culminar su jornada laboral. Una vez se percató de tal seguimiento intentó informar de ello a una patrulla de la policía que se movilizaba por el sector, pero esta persona logro escabullirse.
5. Cabe destacar, que desde el mismo momento en que empezó el seguimiento contra los abogados de la CJL se acudió a las autoridades civiles y militares como: Dirección de Fiscalías de Antioquia y Medellín, Fiscales destacados ante organismos de seguridad del Estado, comandancia de la IV Brigada, de la Policía de Antioquia, Metropolitana del Valle de Aburra, del DAS y del Cuerpo Técnico de investigaciones de la Fiscalía, para que, en caso de iniciarse o existir investigaciones de tipo penal en contra de los integrantes de la institución, se permitieran el ejercicio del derecho de defensa y de contradicción de las pruebas obtenidas. Lo anterior, debido a la preocupación por los nexos que se han revelado entre el DAS y los grupos paramilitares, además ante los constantes montajes probatorios y falsos positivos realizados por diferentes organismos del Estado como reacción a las denuncias presentadas por las organizaciones de Derechos Humanos.
Las reuniones a las que nos referimos, fueron convocadas y presididas desde el año 2005 por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas de la ciudad de Medellín y hasta la ultima que se llevo a cabo el 26 de febrero de 2007 siempre se negó rotundamente que existiera abierta alguna actuación de carácter penal contra los integrantes de la corporación Jurídica Libertad.
No obstante las reuniones con autoridades judiciales y miembros de cuerpos que cumplen funciones de policía judicial, en las que se negaba la existencia de proceso alguno en contra de cualquier miembro de la Corporación y en especial en contra de ELKIN RAMIREZ, se pudo constatar que exista una investigación que se inicio el 29 de noviembre de 2006 por la Fiscalía 74 Seccional por el delito de rebelión dentro de la que se orden la captura de éste, la cual fue revocada recientemente aduciendo un tecnicismo de competencia. En la actualidad existe un proceso penal en contra del Doctor RAMIREZ JARAMILLO, en la citada Fiscalía 74 Seccional la cual depende de la Dirección de Antioquia, en el que no se ha permitido hasta la fecha ejercer el derecho de defensa y contradicción a pesar de las reuniones realizadas donde se solicitaba que se garantizara ejercer ese derecho.
6. El día 25 de mayo de 2007, fue entregada en la portera del edificio donde tiene su sede la CJL una carta en la cual se anuncia una amenaza de muerte a los defensores si no renuncian a algunas de las defensas penales "so pena de ser declarados nuestro objetivo", advirtiendo a los abogados que "no ensucien sus hojas de vida ni sus conciencias y sobre todo no hagan que nosotros ensuciemos las nuestras además de nuestras manos con la sangre de ustedes".
Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corporación Jurídica Libertad declara:
PRIMERO: Que continuará con su labor, en el desarrollo de su objeto social como fue enunciado al principio de este escrito.
SEGUNDO: Que persistirá en la activación de procesos jurídicos nacionales e internacionales para que el Estado colombiano cumpla las obligaciones adquiridos para la protección y respeto de los Derechos Humanos. Igualmente, se mantiene en el empleo de promover acciones tendientes al reconocimiento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las victimas de crímenes de lesa humanidad y develar los mecanismos que se promuevan desde el Gobierno Nacional y el Congreso para favorecer la impunidad de crímenes de Estado.
Solicitamos:
PRIMERO: Que cese de inmediato todo acto de hostilidad por parte de los organismos de seguridad del Estado y se brinde decidida protección al derecho a la vida, integridad personal y libertad de todos los miembros de la institución.
SEGUNDO: Que la Fiscalía 74 Seccional que adelanta la investigación penal contra el abogado ELKIN DE JESUS RAMIREZ JARAMILLO obre con total independencia e imparcialidad y permita, desde ahora, ya que no lo haba hecho antes, a sabiendas del interés de la CJL, la participación de la defensa en el debate probatorio y se respete plenamente el debido proceso y el derecho de contradicción.
TERCERO: Que el Procurador General de la Nación, en acatamiento de la recomendación contenida en el Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que fue ratificada en el informe presentado en el año 2007, revise los informes de inteligencia que reposen en todos los organismos de seguridad del Estado contra la Corporación y sus integrantes.
CUARTO: Que se adelanten con prontitud e imparcialidad las investigaciones penales y disciplinarias contra los agentes del Estado involucrados en las violaciones de los Derechos Humanos que han sido denunciadas por las organizaciones de derechos humanos. En especial, las ejecuciones extrajudiciales que conoce el Comité Interinstitucional promovido por la Gobernación de Antioquia y los casos reportados en el informe "Ejecuciones extrajudiciales: el caso del oriente antioqueño" recientemente publicado.
QUINTO: A las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos para que dirijan sus comunicaciones a la Dirección de Fiscalía de Antioquia, Fiscalía 74 Seccional, Doctor: Cesar Augusto Quiroz Vargas, Radicado 150 para que se respeten los derechos en la investigación contra el abogado ELKIN DE JESUS RAMIREZ JARAMILLO
Medellín. Mayo 28 de 2007
Le rogamos dirigir sus comunicados de solidaridad a las siguientes instancias:
Presidencia de la República: Doctor Álvaro Uribe Vélez, Presidente de Colombia Cra 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá Fax: (571) 5662071 Correlectrónico: auribe@presidencia.gov.co.
Dirección de Fiscalía de Antioquia: Fiscalía 74 Seccional Doctor: Cesar Augusto Quiroz Vargas Carrera 44 No. 15 sur - 31 Edificio Mónaco Medellín, Antioquia Teléfono (574) 3212422
Vicepresidencia de la República: Doctor Francisco Santos Calderón, Vicepresidente de la República Carrera 8A No 5-57, Santafé de Bogotá Tel.: (571) 334 4507 Correlectrónico: fsantos@presidencia.gov.co Correlectrónico: buzon1@presidencia.gov.co
Programa presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario: Doctor Carlos Franco Calle 7 N° 5 - 54 Bogotá D.C Fax: (571) 337 46 67 Correlectrónico: cefranco@presidencia.gov.co
Ministerio de Defensa Nacional: Doctor Juan Manuel Santos, Ministro de la Defensa Avenida El Dorado con Cra 52 CAN, Bogotá Fax: (571) 222 1874 Correlectrónico: siden@mindefensa.gov.co Correlectrónico: infprotocol@mindefensa.gov.co Correlectrónico: mdn@cable.net.co
Fiscalía General de la Nación: Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá. Fax: (571) 570 2000; (571) 414 9000 Ext: 1113 Correlectrónico: contacto@fiscalia.gov.co Correlectrónico: denuncie@fiscalia.gov.co
Procuraduría General de la Nación: Doctor Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación Cra 5 # 15-80, Bogotá Fax: (571) 342 9723; (571) 284 7949 Correlectrónico: cap@procuraduria.gov.co Correlectrónico: quejas@procuraduria.gov.co Correlectrónico: cap@procuraduria.gov.co
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Dirección Seccional de Fiscalía Medellín Doctor Guillermo León Valencia Cossio Carrera 44 No. 15 sur - 31 Edificio Mónaco Medellín, Antioquia Teléfono: (574) 3136775
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Solidaridad UrgenteDesapariciones y asesinatos.
Solidaridad UrgenteDesapariciones y asesinatos.
29May07 - ii) msjes.
Col - Acusan al ESMAD de tirar 3 niños a un río, provocar 28 desapariciones y denuncian graves amenazas e intimidaciones a organismo de defensa legal de DH.
i) Saldo de la represión del ESMAD a indígenas Emberas Katios en el Chocó: 28 desaparecidos, 13 heridos y dos monjas detenidas.
Acusan al fuerzas del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de tirar 3 niños al cauce de un río de 28 desapariciones y 13 heridos y 2 detenidos como saldo de la respuesta del gobierno ante exigencias de indígenas Emberas Katios en el Chocó
Las consecuencias del intento de desalojo el pasado sábado por un Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de Risaralda, que denunciamos el pasado sábado, han sido subestimadas.
Después de verificar en terreno, las autoridades indígenas de OREWA, en comunicado público dan cuenta de una verdadera barbarie la respuesta del gobierno del CORAZÓN GRANDE PERO CON MANO DURA, por tanto "los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de Risaralda en nombre del alto gobierno cumplieron a como sea, como ROBOCOT las ordenes del Comandante Ospina ".
Uno de los hechos aberrantes y deplorables del cumplimiento del DEBER ANTES QUE VIDA, "fue la forma como miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) lanzaron a las aguas del rió San Juan a tres niños indígenas, de la comunidad de Docabu y sus cuerpos aún no han aparecido".
Cifra que se suma a los 28 indígenas desaparecidos, 13 heridos, la detención de dos misioneras de la Diócesis de Quibdo, quienes se encontraban en acción humanitaria, "no contento con ello, la Policía luego de meternos a la fuerza en buses sin saber para donde nos llevaban, quemaron la ropa, las pocas pertenencias y torturaron al Cabildo Mayor de la Zona, quien se encuentra gravemente herido".
Todo ello ocurre, "bajo la complicidad de los gobiernos locales y departamentales, como de Pueblo Rico Risaralda, gobernación de Risaralda y Chocó, del Gerente Social para el Chocó y por ende del gobierno de Alvaro Uribe y del Estado Colombiano en sí, ya que están incitando a la CENSURA y AUTOCENSURA, incluso a los medios locales y regionales de comunicación, por donde no se ha dado cuenta de lo que pasa, pese a las continuas denuncias, por ello hoy están en terreno varios comunicadores de la región, a la espera que de sus centrales le den paso a sus notas y así brindarles a la opinión pública, a la comunidad internacional lo que verdaderamente está sucediendo en el Chocó", así lo manifestó el Presidente de la ONIC, Luis Evelis Andrade Casama.
Por su parte las autoridades indígenas del Chocó, para evitar que se sigan cometiendo más hechos violento, ante la negativa de ceder a sus pretensiones, "decidimos trasladar la mesa de negociación de Quibdó para la comunidad del 18, allí esperamos al gobierno dispuestos a seguir las huellas, el conocimiento y el canto profundo de nuestros ancestros", manifestó Cesar Queragama, Presidente de OREWA.
Ante la brutal e irracional respuesta del gobierno, el presidente la ONIC puntualizó que "lamentamos que el gobierno en vez de responder con la palabra, con cumplimientos a acuerdos, a la razón social, responda con desinformación, y una embestida violenta, y de paso soterradamente induciendo en otras instituciones de que somos responsables de la crisis del Chocó, cuando lo que exigimos es basado en DERECHO, y la acción de hecho es una respuesta a la libre protesta ante las respuestas improductivas del gobierno".
Por ello llamamos al algo gobierno, al Estado, a las autoridades militares, a los organismos de control, a la comunidad internacionales, a los organismos de DDHH, a los medios de comunicación, a todos y todas, a voltear la mirada en uno de las regiones más golpeadas, pero sobre todo que el gobierno responda con hechos productivos, no sólo con la fuerza y con la autocensura, que le de la cara al país contando la verdad y de paso con reparación.
Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC OREWA.
Listado desaparecidos y heridos (con la atenuante que para los emberas los mayores de edad a partir de los doce años).
Desaparecidos:
Comunidad Cevede
Juan Guillermo Queragama Cheche - 13 años
Iván Queragama Pepe - adulto
Aurora Bidicha Cheche - adulta
Gilberto Queragama Bidicha -12 años
Calixto Queragama Bidicha - 10 años
Bebe de un año - 1 año
Iván Alberto Tequia - 15 años
Oliva Cheche Vitucay - adulta
Javier Sintua - 19 años
Guillermo Sintua - 15 años
Leonel Tequia Manugama - adulto
Willian Bateza Cheche - 19 años
Rafael Teuquia - 16 años
Celestino Bateza - adulto
Aquileo Queragama - adulto
Óscar Baniama Arce -10 años Comunidad Aguasal
Elkin Murillo - 18 años
Wilmore Murillo - 12 años
Milton Murillo - 12 años Comunidad Dos Quebradas
Climico Sintua Evao - 8 años Comunidad Conodo
Gloria Inés Tequia Arce - 6 años Comunidad Brisas
Sigifredo Tequia Tequia - 16 años Comunidad Vivicora
Ercilia Sintua Castañeda - Niña
Emeregildo Sintua Arce - Niño
Laurcario Arce Sintua - Niño
Humberto Tequia - Niño
Dario Queramaga Sintua - Niño
Antonio Queragama Sintua - Niño
Heridos
Raúl Murillo Tequia
Pedro Pablo Murillo
Leonel Queragama
Libardo Tequia
Cristina Tequia
Amarcia Pepe
Diego Pepe
José Argemiro Pepe
Uriel Evao
Nicolás Bateza
Cesar Neguela
Carlos Queragama
Detenidos
Hermanas de la Diócesis de Quibdó
Martha Janet Perez. Dejada en Libertad
Nubia Salamanca. Dejada en Libertad
[Fuente: Boletín 166, ONIC, 28may07]
Le rogamos dirigir sus comunicados de solidaridad a las siguientes instancias:
Presidencia de la República: Doctor Álvaro Uribe Vélez, Presidente de Colombia Cra 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá Fax: (571) 5662071 Correlectrónico: auribe@presidencia.gov.co.
Dirección de Fiscalía de Antioquia:
Fiscalía 74 Seccional Doctor: Cesar Augusto Quiroz Vargas Carrera 44 No. 15 sur - 31 Edificio Mónaco Medellín, Antioquia Teléfono (574) 3212422
Vicepresidencia de la República:
Doctor Francisco Santos Calderón, Vicepresidente de la República Carrera 8A No 5-57, Santafé de Bogotá Tel.: (571) 334 4507 Correlectrónico: fsantos@presidencia.gov.co Correlectrónico: buzon1@presidencia.gov.co
Programa presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario:
Doctor Carlos Franco Calle 7 N° 5 - 54 Bogotá D.C Fax: (571) 337 46 67 Correlectrónico: cefranco@presidencia.gov.co
Ministerio de Defensa Nacional:
Doctor Juan Manuel Santos, Ministro de la Defensa Avenida El Dorado con Cra 52 CAN, Bogotá Fax: (571) 222 1874 Correlectrónico: siden@mindefensa.gov.co Correlectrónico: infprotocol@mindefensa.gov.co Correlectrónico: mdn@cable.net.co
Fiscalía General de la Nación:
Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá. Fax: (571) 570 2000; (571) 414 9000 Ext: 1113 Correlectrónico: contacto@fiscalia.gov.co Correlectrónico: denuncie@fiscalia.gov.co
Procuraduría General de la Nación:
Doctor Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación Cra 5 # 15-80, Bogotá Fax: (571) 342 9723; (571) 284 7949 Correlectrónico: cap@procuraduria.gov.co Correlectrónico: quejas@procuraduria.gov.co Correlectrónico: cap@procuraduria.gov.co
Defensoría Nacional del Pueblo:
Doctor Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo Calle 55 # 10-32, Bogotá Fax: (571) 640 0491 Correlectrónico: secretaria_privada@hotmail.com Correlectrónico: agenda@agenda.gov.co
29May07 - ii) msjes.
Col - Acusan al ESMAD de tirar 3 niños a un río, provocar 28 desapariciones y denuncian graves amenazas e intimidaciones a organismo de defensa legal de DH.
i) Saldo de la represión del ESMAD a indígenas Emberas Katios en el Chocó: 28 desaparecidos, 13 heridos y dos monjas detenidas.
Acusan al fuerzas del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de tirar 3 niños al cauce de un río de 28 desapariciones y 13 heridos y 2 detenidos como saldo de la respuesta del gobierno ante exigencias de indígenas Emberas Katios en el Chocó
Las consecuencias del intento de desalojo el pasado sábado por un Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de Risaralda, que denunciamos el pasado sábado, han sido subestimadas.
Después de verificar en terreno, las autoridades indígenas de OREWA, en comunicado público dan cuenta de una verdadera barbarie la respuesta del gobierno del CORAZÓN GRANDE PERO CON MANO DURA, por tanto "los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de Risaralda en nombre del alto gobierno cumplieron a como sea, como ROBOCOT las ordenes del Comandante Ospina ".
Uno de los hechos aberrantes y deplorables del cumplimiento del DEBER ANTES QUE VIDA, "fue la forma como miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) lanzaron a las aguas del rió San Juan a tres niños indígenas, de la comunidad de Docabu y sus cuerpos aún no han aparecido".
Cifra que se suma a los 28 indígenas desaparecidos, 13 heridos, la detención de dos misioneras de la Diócesis de Quibdo, quienes se encontraban en acción humanitaria, "no contento con ello, la Policía luego de meternos a la fuerza en buses sin saber para donde nos llevaban, quemaron la ropa, las pocas pertenencias y torturaron al Cabildo Mayor de la Zona, quien se encuentra gravemente herido".
Todo ello ocurre, "bajo la complicidad de los gobiernos locales y departamentales, como de Pueblo Rico Risaralda, gobernación de Risaralda y Chocó, del Gerente Social para el Chocó y por ende del gobierno de Alvaro Uribe y del Estado Colombiano en sí, ya que están incitando a la CENSURA y AUTOCENSURA, incluso a los medios locales y regionales de comunicación, por donde no se ha dado cuenta de lo que pasa, pese a las continuas denuncias, por ello hoy están en terreno varios comunicadores de la región, a la espera que de sus centrales le den paso a sus notas y así brindarles a la opinión pública, a la comunidad internacional lo que verdaderamente está sucediendo en el Chocó", así lo manifestó el Presidente de la ONIC, Luis Evelis Andrade Casama.
Por su parte las autoridades indígenas del Chocó, para evitar que se sigan cometiendo más hechos violento, ante la negativa de ceder a sus pretensiones, "decidimos trasladar la mesa de negociación de Quibdó para la comunidad del 18, allí esperamos al gobierno dispuestos a seguir las huellas, el conocimiento y el canto profundo de nuestros ancestros", manifestó Cesar Queragama, Presidente de OREWA.
Ante la brutal e irracional respuesta del gobierno, el presidente la ONIC puntualizó que "lamentamos que el gobierno en vez de responder con la palabra, con cumplimientos a acuerdos, a la razón social, responda con desinformación, y una embestida violenta, y de paso soterradamente induciendo en otras instituciones de que somos responsables de la crisis del Chocó, cuando lo que exigimos es basado en DERECHO, y la acción de hecho es una respuesta a la libre protesta ante las respuestas improductivas del gobierno".
Por ello llamamos al algo gobierno, al Estado, a las autoridades militares, a los organismos de control, a la comunidad internacionales, a los organismos de DDHH, a los medios de comunicación, a todos y todas, a voltear la mirada en uno de las regiones más golpeadas, pero sobre todo que el gobierno responda con hechos productivos, no sólo con la fuerza y con la autocensura, que le de la cara al país contando la verdad y de paso con reparación.
Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC OREWA.
Listado desaparecidos y heridos (con la atenuante que para los emberas los mayores de edad a partir de los doce años).
Desaparecidos:
Comunidad Cevede
Juan Guillermo Queragama Cheche - 13 años
Iván Queragama Pepe - adulto
Aurora Bidicha Cheche - adulta
Gilberto Queragama Bidicha -12 años
Calixto Queragama Bidicha - 10 años
Bebe de un año - 1 año
Iván Alberto Tequia - 15 años
Oliva Cheche Vitucay - adulta
Javier Sintua - 19 años
Guillermo Sintua - 15 años
Leonel Tequia Manugama - adulto
Willian Bateza Cheche - 19 años
Rafael Teuquia - 16 años
Celestino Bateza - adulto
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Óscar Baniama Arce -10 años Comunidad Aguasal
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Wilmore Murillo - 12 años
Milton Murillo - 12 años Comunidad Dos Quebradas
Climico Sintua Evao - 8 años Comunidad Conodo
Gloria Inés Tequia Arce - 6 años Comunidad Brisas
Sigifredo Tequia Tequia - 16 años Comunidad Vivicora
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Emeregildo Sintua Arce - Niño
Laurcario Arce Sintua - Niño
Humberto Tequia - Niño
Dario Queramaga Sintua - Niño
Antonio Queragama Sintua - Niño
Heridos
Raúl Murillo Tequia
Pedro Pablo Murillo
Leonel Queragama
Libardo Tequia
Cristina Tequia
Amarcia Pepe
Diego Pepe
José Argemiro Pepe
Uriel Evao
Nicolás Bateza
Cesar Neguela
Carlos Queragama
Detenidos
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Martha Janet Perez. Dejada en Libertad
Nubia Salamanca. Dejada en Libertad
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Doctor Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación Cra 5 # 15-80, Bogotá Fax: (571) 342 9723; (571) 284 7949 Correlectrónico: cap@procuraduria.gov.co Correlectrónico: quejas@procuraduria.gov.co Correlectrónico: cap@procuraduria.gov.co
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Doctor Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo Calle 55 # 10-32, Bogotá Fax: (571) 640 0491 Correlectrónico: secretaria_privada@hotmail.com Correlectrónico: agenda@agenda.gov.co
lunes, 28 de mayo de 2007
Murió hermano secuestrado del senador Luis Eduardo Vives, en enfrentamiento del Ejército y el Eln
Murió hermano secuestrado del senador Luis Eduardo Vives, en enfrentamiento del Ejército y el Eln
Se trata de Mauricio Vives Lacouture, secuestrado el 10 de noviembre del 2005 junto con el abogado José Martínez, en una finca de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Aunque la muerte del joven empresario solo fue confirmada hoy, el fallecimiento ocurrió el pasado 22 de mayo, dentro de un combate entre hombres del Ejército y guerrilleros del Eln, ocurrido cerca de la población de Palomino, departamento de la Guajira.
El Comando de la Segunda Brigada aseguró que no tenía conocimiento de la presencia del empresario en la zona de los combates y advirtió que se trató de operaciones ofensivas contra la guerrilla y no de un rescate militar.
Según el comunicado, expedido esta noche, Mauricio Vives solo fue identificado hoy.
Esta noche, con autorización de la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Inpec permitió la salida del senador Luis Eduardo Vives -preso por el proceso de la parapolítica- para viajar con su familia a Santa Marta, a donde será llevado el cadáver de su hermano.
Publicado en www.eltiempo.com
Se trata de Mauricio Vives Lacouture, secuestrado el 10 de noviembre del 2005 junto con el abogado José Martínez, en una finca de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Aunque la muerte del joven empresario solo fue confirmada hoy, el fallecimiento ocurrió el pasado 22 de mayo, dentro de un combate entre hombres del Ejército y guerrilleros del Eln, ocurrido cerca de la población de Palomino, departamento de la Guajira.
El Comando de la Segunda Brigada aseguró que no tenía conocimiento de la presencia del empresario en la zona de los combates y advirtió que se trató de operaciones ofensivas contra la guerrilla y no de un rescate militar.
Según el comunicado, expedido esta noche, Mauricio Vives solo fue identificado hoy.
Esta noche, con autorización de la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Inpec permitió la salida del senador Luis Eduardo Vives -preso por el proceso de la parapolítica- para viajar con su familia a Santa Marta, a donde será llevado el cadáver de su hermano.
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Ley de beneficios a 'parapolíticos' será presentada en cuestión de días y tendría solo un artículo
Mayo 28 de 2007
Ley de beneficios a 'parapolíticos' será presentada en cuestión de días y tendría solo un artículo
Información relacionada
Así lo anunció el asesor presidencial José Obdulio Gaviria, quien se enfrentó sobre el tema con la senadora Gina Parody, en debate transmitido por Citytv.
La senadora Gina Parody aseguró que la propuesta del Presidente de excarcelar a las personas que tengan vínculos con grupos ilegales y confiesen la verdad, es una propuesta improvisada que se brinca la ley.
"Los congresistas presos por ejemplo no están colaborando con la justicia, no están diciendo la verdad, por el contrario ha sido la Justicia la que ha reconstruido los hechos que los tienen detenidos", explicó Parody.
"No es improvisación, hace parte de una política integral de paz...en el Estado de derecho es necesario negociar constantemente" respondió Gaviria.
Mientras la senadora cree que la excarcelación de personas vinculadas al paramilitarismo no conducirá necesariamente a la paz, Gaviria cree que Uribe "no negocia el Estado de derecho, ni la ley, sino que negocia dentro del Estado de Derecho".
"Si no colaboran y no confiesan la verdad no podrían tener los beneficios", agregó Gaviria.
Gaviria y Parody son dos de las personas más cercanas al presidente Uribe. El primero, con escritorio en la Casa de Nariño, y la segunda, una destacada líder del principal partido de Gobierno y una "consentida" del mandatario, como quiera que nació a su sombra en la política colombiana.
Tanto Gaviria como la senadora Parody son personas influyentes, cada uno en su órbita. El Primero en el Ejecutivo, en el anillo más cercano al Presidente y ella, en el Congreso de la República, en la bancada más influyente del legislativo.
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Ley de beneficios a 'parapolíticos' será presentada en cuestión de días y tendría solo un artículo
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Así lo anunció el asesor presidencial José Obdulio Gaviria, quien se enfrentó sobre el tema con la senadora Gina Parody, en debate transmitido por Citytv.
La senadora Gina Parody aseguró que la propuesta del Presidente de excarcelar a las personas que tengan vínculos con grupos ilegales y confiesen la verdad, es una propuesta improvisada que se brinca la ley.
"Los congresistas presos por ejemplo no están colaborando con la justicia, no están diciendo la verdad, por el contrario ha sido la Justicia la que ha reconstruido los hechos que los tienen detenidos", explicó Parody.
"No es improvisación, hace parte de una política integral de paz...en el Estado de derecho es necesario negociar constantemente" respondió Gaviria.
Mientras la senadora cree que la excarcelación de personas vinculadas al paramilitarismo no conducirá necesariamente a la paz, Gaviria cree que Uribe "no negocia el Estado de derecho, ni la ley, sino que negocia dentro del Estado de Derecho".
"Si no colaboran y no confiesan la verdad no podrían tener los beneficios", agregó Gaviria.
Gaviria y Parody son dos de las personas más cercanas al presidente Uribe. El primero, con escritorio en la Casa de Nariño, y la segunda, una destacada líder del principal partido de Gobierno y una "consentida" del mandatario, como quiera que nació a su sombra en la política colombiana.
Tanto Gaviria como la senadora Parody son personas influyentes, cada uno en su órbita. El Primero en el Ejecutivo, en el anillo más cercano al Presidente y ella, en el Congreso de la República, en la bancada más influyente del legislativo.
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Cierran de manera indefinida la Universidad Nacional, sede Bogotá
Mayo 28 de 2007 - 10:30 a.m.
Cierran de manera indefinida la Universidad Nacional, sede Bogotá
Su rector anunció la realización de una consulta general vía internet para que la comunidad académica decida si se puede continuar con la discusión del Plan de Desarrollo sin afectar lo académico.
"La razón que nos impulsó fue ver como 150 personas violentas que se quedaron al interior del campus, bloquearon los edificios rompiendo las chapas, amontonando pupitres en algunos de ellos e impidiendo la entrada a las personas que quieren estudiar, quieren enseñar y quieren investigar en la Universidad", manifestó Moisés Wasserman.
El rector agregó que es "un número pequeño de personas y gran parte de ellos, incluso anunciado por ellos mismos en su página Web, no son de la Universidad, ni siquiera son de la comunidad académica del país".
Respecto al semestre académico, Wasserman expresó que "estatutariamente ya no tenemos forma de compensar (el semestre) pero eventualmente en el Consejo Académico podemos ver si se puede proponer alguna solución diferente".
Consulta para clases
"Vamos a organizar una consulta por internet para que las personas puedan acceder probablemente utilizando una doble clave, con una vigilancia amplia para que el proceso sea confiable, y de una forma segura puedan manifestar su opinión".
Publicvado en www.eltiempo.com
Cierran de manera indefinida la Universidad Nacional, sede Bogotá
Su rector anunció la realización de una consulta general vía internet para que la comunidad académica decida si se puede continuar con la discusión del Plan de Desarrollo sin afectar lo académico.
"La razón que nos impulsó fue ver como 150 personas violentas que se quedaron al interior del campus, bloquearon los edificios rompiendo las chapas, amontonando pupitres en algunos de ellos e impidiendo la entrada a las personas que quieren estudiar, quieren enseñar y quieren investigar en la Universidad", manifestó Moisés Wasserman.
El rector agregó que es "un número pequeño de personas y gran parte de ellos, incluso anunciado por ellos mismos en su página Web, no son de la Universidad, ni siquiera son de la comunidad académica del país".
Respecto al semestre académico, Wasserman expresó que "estatutariamente ya no tenemos forma de compensar (el semestre) pero eventualmente en el Consejo Académico podemos ver si se puede proponer alguna solución diferente".
Consulta para clases
"Vamos a organizar una consulta por internet para que las personas puedan acceder probablemente utilizando una doble clave, con una vigilancia amplia para que el proceso sea confiable, y de una forma segura puedan manifestar su opinión".
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