Muere en combate ideólogo de las FARC
EFE El Universal
Bogotá, Colombia Sábado 09 de junio de 2007
Informa el Ejército colombiano que Luis Fernando Vanegas, alias Cristián Pérez, fue abatido durante una operación en la que se desmanteló una fábrica artesanal para la producción de minas contra personal
El Ejército colombiano anunció hoy la muerte en combate del cirujano y coordinador ideológico de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Luis Fernando Vanegas, alias "Cristián Pérez".
Vanegas, según fuentes militares, habría sido médico personal del máximo jefe de esa organización armada ilegal, Pedro Antonio Marín, conocido como Manuel Marulanda Vélez " y " Tirofijo ".
Según un comunicado de la III Brigada del Ejército, la muerte del subversivo se produjo en la zona rural del municipio de Buga, 400 kilómetros al suroeste de la capital colombiana, durante una operación en la que se desmanteló una fábrica artesanal para la producción de minas contra personal.
Los combates, según la fuente, se produjeron en la aldea El Retiro, entre soldados y miembros de la columna móvil " Alirio Torres ", de las izquierdistas FARC.
El comunicado señaló que " Cristián Pérez ", de unos 50 años de edad, era un médico cirujano de profesión, secretario y segundo al mando del movimiento bolivariano y se desempeñaba además como coordinador ideológico, junto con Guillermo Saenz Vargas, alias " Alfonso Cano".
El subversivo abatido llevaba más de 20 años en esa organización ilegal, perteneció al frente 19, y en 2000 participó en el lanzamiento del partido político comunista clandestino de las FARC en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, zona por entonces desmilitarizada para un proceso de paz, a la postre frustrado.
El Ejército aseguró que además participó en la toma de la población de Toribio, en el suroeste del país, en abril de 2005.
En el operativo fueron incautados materiales para la fabricación de explosivos, granadas, morteros artesanales, una carabina y dos fusiles, así como munición, diez equipos de asalto, ponchos, botiquines, un equipo de cirugía, botas de caucho, una planta eléctrica, medicamentos y casi una tonelada de víveres secos.
sgf
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lunes, 11 de junio de 2007
Condenan al jefe paramilitar Rodrigo Mercado, alias 'Cadena', a 37 años y 9 meses de cárcel
Junio 9 de 2007
Condenan al jefe paramilitar Rodrigo Mercado, alias 'Cadena', a 37 años y 9 meses de cárcel
El Juzgado Penal Único Especializado de Sincelejo lo halló responsable del homicidio de la Fiscal Especializada de Sincelejo, Yolanda Paternina Negrete, ocurrido el 29 de agosto del 2001.
Así mismo, el despacho judicial condenó a alias 'Cadena' a cancelar 400 salarios mínimos mensuales vigentes en el año 2001, como indemnización a los familiares de la funcionaria asesinada.
La misma providencia ordena compulsar copia a la Fiscalía para que se investigue penal y disciplinariamente al jefe de seguridad del C.T.I en ese momento, Luis Alberto Jiménez Ospina, por falso testimonio y por que omitió su obligación de brindarle las medidas de seguridad necesaria a la fiscal asesinada. El jefe del grupo paramilitar Héroes de los Montes de María se encuentra desaparecido desde julio del 2005, cuando su vehículo apareció incinerado en un paraje solitario cercano a la zona de concentración en Santa Fe de Ralito (Córdoba).
Condenan al jefe paramilitar Rodrigo Mercado, alias 'Cadena', a 37 años y 9 meses de cárcel
El Juzgado Penal Único Especializado de Sincelejo lo halló responsable del homicidio de la Fiscal Especializada de Sincelejo, Yolanda Paternina Negrete, ocurrido el 29 de agosto del 2001.
Así mismo, el despacho judicial condenó a alias 'Cadena' a cancelar 400 salarios mínimos mensuales vigentes en el año 2001, como indemnización a los familiares de la funcionaria asesinada.
La misma providencia ordena compulsar copia a la Fiscalía para que se investigue penal y disciplinariamente al jefe de seguridad del C.T.I en ese momento, Luis Alberto Jiménez Ospina, por falso testimonio y por que omitió su obligación de brindarle las medidas de seguridad necesaria a la fiscal asesinada. El jefe del grupo paramilitar Héroes de los Montes de María se encuentra desaparecido desde julio del 2005, cuando su vehículo apareció incinerado en un paraje solitario cercano a la zona de concentración en Santa Fe de Ralito (Córdoba).
Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por masacre de La Rochela
Junio 8 de 2007
Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por masacre de La Rochela
La acción fue perpetrada en enero de 1989 por paramilitares contra una comisión judicial que investigaba la masacre de 19 comerciantes en Puerto Boyacá.
Doce personas fueron asesinadas y tres escaparon con vida.
El tribunal ordenó que el Estado tendrá que indemnizar a los familiares de 13 de las víctimas, en una cuantía establecida inicialmente en 100 mil dólares por cada víctima asesinada y un promedio de 70 mil para cada familiar de los muertos y para el único sobreviviente que no quiso conciliar.
Según el fallo, si bien el Estado colombiano reconoció su responsabilidad en el hecho, también hay evidencias de la participación de agentes estatales en la masacre. Igualmente se queja por la falta de investigación de altos mandos militares del momento como los generales Farouk Yanine Díaz y Carlos Julio Gil Colorado, y el coronel Jaime Fajardo Cifuentes.
La Corte determinó que Colombia violó los derechos a la libertad personal, a la integridad y a la vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial, tanto de las víctimas como de sus familiares.
Ante esto, ordenó que el Estado debe retomar y completar la investigación de la masacre con el fin de juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales.
Igualmente le ordena proteger a los operadores de Justicia, pero además a los testigos, a las víctimas y a los familiares.
El Estado debe dentro de un plazo razonable conducir eficazmente los procesos penales relacionados con esta masacre que se encuentren en trámite y los que se lleguen a abrir, además de adoptar medidas que permitan esclarecer los hechos.
El abogado Rafael Barrios, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, uno de los demandantes, junto con la ONG Cejil, explicó que el fallo también hace referencia a la Ley de Justicia y Paz. Al respecto dice que se debe garantizar el derecho de la verdad "en la forma más idónea, participativa y completa posible" otorgando a las víctimas la posibilidad de participar "en todas las etapas de los respectivos procesos".
Según Barrios, el fallo señala que es el Estado el que debe reparar de manera directa aquellas violaciones de las cuales es responsable.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por masacre de La Rochela
La acción fue perpetrada en enero de 1989 por paramilitares contra una comisión judicial que investigaba la masacre de 19 comerciantes en Puerto Boyacá.
Doce personas fueron asesinadas y tres escaparon con vida.
El tribunal ordenó que el Estado tendrá que indemnizar a los familiares de 13 de las víctimas, en una cuantía establecida inicialmente en 100 mil dólares por cada víctima asesinada y un promedio de 70 mil para cada familiar de los muertos y para el único sobreviviente que no quiso conciliar.
Según el fallo, si bien el Estado colombiano reconoció su responsabilidad en el hecho, también hay evidencias de la participación de agentes estatales en la masacre. Igualmente se queja por la falta de investigación de altos mandos militares del momento como los generales Farouk Yanine Díaz y Carlos Julio Gil Colorado, y el coronel Jaime Fajardo Cifuentes.
La Corte determinó que Colombia violó los derechos a la libertad personal, a la integridad y a la vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial, tanto de las víctimas como de sus familiares.
Ante esto, ordenó que el Estado debe retomar y completar la investigación de la masacre con el fin de juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales.
Igualmente le ordena proteger a los operadores de Justicia, pero además a los testigos, a las víctimas y a los familiares.
El Estado debe dentro de un plazo razonable conducir eficazmente los procesos penales relacionados con esta masacre que se encuentren en trámite y los que se lleguen a abrir, además de adoptar medidas que permitan esclarecer los hechos.
El abogado Rafael Barrios, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, uno de los demandantes, junto con la ONG Cejil, explicó que el fallo también hace referencia a la Ley de Justicia y Paz. Al respecto dice que se debe garantizar el derecho de la verdad "en la forma más idónea, participativa y completa posible" otorgando a las víctimas la posibilidad de participar "en todas las etapas de los respectivos procesos".
Según Barrios, el fallo señala que es el Estado el que debe reparar de manera directa aquellas violaciones de las cuales es responsable.
viernes, 8 de junio de 2007
Excarcelación de parapolíticos y guerrilleros debilita el estado de derecho, dice Human Rights Watch
Excarcelación de parapolíticos y guerrilleros debilita el estado de derecho, dice Human Rights Watch
La organización de derechos humanos le pidió al presidente Álvaro Uribe Vélez, a través de una dura carta, abandonar el plan de perdonar a los colaboradores de los grupos armados.
"Tras décadas de impunidad, las cortes colombianas están finalmente comenzado a esclarecer la colaboración entre políticos y grupos paramilitares. Pero ahora, en un acto Orwelliano, el presidente Uribe alega que en aras de la verdad los políticos acusados deben ser liberados", dice José Miguel Vivanco, director para las Américas de la Ong y quien firma la carta.
Vivanco le pidió al Congreso estadounidense dejarle claro a Uribe que sus planes pondrían en peligro la continuidad de la asistencia estadounidense. La carta se conoció a pocas horas de la llegada del presidente Uribe a Washington donde espera convencer a los legisladores que aprueben el Tratado de Libre Comercio y sigan financiando el Plan Colombia.
En la Carta, HRW le dice a Uribe que su decisión solo promoverá una cultura de impunidad y encubrimiento, dejando intacto el poder de los grupos paramilitares y guerrilleros.
Para comenzar, según la organización, los "políticos acusados" no pueden recibir los beneficios de la Ley de Justicia y Paz pues está se refiere a personas que se hayan desmovilizado y por lo tanto deben estar sujetos a la ley ordinaria. También sostiene que la manera más efectiva de destruir las estructuras paramilitares es apoyando, y no descarrilando, las investigaciones que vienen adelantando las cortes colombianas.
Así mismo le pide no tratar a los que colaboraron con grupos paramilitares como si fueran víctimas, pues, por el contrario, se beneficiaron de sus acciones.
"Usted ha sugerido que los que colaboraron fueron a su vez víctimas pues no tenían más opciones ya que el estado los abandonó. Sin embargo, los políticos que se beneficiaron de elecciones fraudulentas, sobornos, o el exterminio de sus rivales, los militares que usaron a los paramilitares para hacer el "trabajo sucio" y aquellos patrocinadores que se beneficiaban de sus actividades criminales, no son victimas. Sugerirlo solo minimiza el sufrimiento de las verdaderas victimas y de todos aquellos jueces, fiscales y oficiales que se han esforzado por defender la democracia colombiana", dice la carta.
En el caso de las Farc, sostiene, Colombia estaría violando sus compromisos con la justicia internacional si libera a personas acusadas de cometer crímenes de lesa humanidad.
También resalta que la liberación enviaría un "peligroso mensaje a las Farc", pues entenderían que la práctica del secuestro produce resultados.
"Antes que conminarlos a negociar -dice la carta- se arriesga a incentivarlos para que cometan más atrocidades".
Destaca, como en el caso de los "políticos", que los guerrilleros encarcelados no deben recibir los beneficios de la ley de justicia y paz pues nunca se desmovilizaron.
"No hay razón para perdonarlos o darles los beneficios de la desmovilización cuando han sido capturados y condenados", puntualiza la ONG.
SERGIO GÓMEZ MASERICorresponsal de EL TIEMPOWashington
La organización de derechos humanos le pidió al presidente Álvaro Uribe Vélez, a través de una dura carta, abandonar el plan de perdonar a los colaboradores de los grupos armados.
"Tras décadas de impunidad, las cortes colombianas están finalmente comenzado a esclarecer la colaboración entre políticos y grupos paramilitares. Pero ahora, en un acto Orwelliano, el presidente Uribe alega que en aras de la verdad los políticos acusados deben ser liberados", dice José Miguel Vivanco, director para las Américas de la Ong y quien firma la carta.
Vivanco le pidió al Congreso estadounidense dejarle claro a Uribe que sus planes pondrían en peligro la continuidad de la asistencia estadounidense. La carta se conoció a pocas horas de la llegada del presidente Uribe a Washington donde espera convencer a los legisladores que aprueben el Tratado de Libre Comercio y sigan financiando el Plan Colombia.
En la Carta, HRW le dice a Uribe que su decisión solo promoverá una cultura de impunidad y encubrimiento, dejando intacto el poder de los grupos paramilitares y guerrilleros.
Para comenzar, según la organización, los "políticos acusados" no pueden recibir los beneficios de la Ley de Justicia y Paz pues está se refiere a personas que se hayan desmovilizado y por lo tanto deben estar sujetos a la ley ordinaria. También sostiene que la manera más efectiva de destruir las estructuras paramilitares es apoyando, y no descarrilando, las investigaciones que vienen adelantando las cortes colombianas.
Así mismo le pide no tratar a los que colaboraron con grupos paramilitares como si fueran víctimas, pues, por el contrario, se beneficiaron de sus acciones.
"Usted ha sugerido que los que colaboraron fueron a su vez víctimas pues no tenían más opciones ya que el estado los abandonó. Sin embargo, los políticos que se beneficiaron de elecciones fraudulentas, sobornos, o el exterminio de sus rivales, los militares que usaron a los paramilitares para hacer el "trabajo sucio" y aquellos patrocinadores que se beneficiaban de sus actividades criminales, no son victimas. Sugerirlo solo minimiza el sufrimiento de las verdaderas victimas y de todos aquellos jueces, fiscales y oficiales que se han esforzado por defender la democracia colombiana", dice la carta.
En el caso de las Farc, sostiene, Colombia estaría violando sus compromisos con la justicia internacional si libera a personas acusadas de cometer crímenes de lesa humanidad.
También resalta que la liberación enviaría un "peligroso mensaje a las Farc", pues entenderían que la práctica del secuestro produce resultados.
"Antes que conminarlos a negociar -dice la carta- se arriesga a incentivarlos para que cometan más atrocidades".
Destaca, como en el caso de los "políticos", que los guerrilleros encarcelados no deben recibir los beneficios de la ley de justicia y paz pues nunca se desmovilizaron.
"No hay razón para perdonarlos o darles los beneficios de la desmovilización cuando han sido capturados y condenados", puntualiza la ONG.
SERGIO GÓMEZ MASERICorresponsal de EL TIEMPOWashington
ELN critica decisión del gobierno de liberar a Rodrigo Granda y otros guerrilleros de las Farc
Junio 8 de 2007 - 10:35 a.m.
ELN critica decisión del gobierno de liberar a Rodrigo Granda y otros guerrilleros de las Farc
El Comando Central de esa guerrilla atribuye la excarcelación del 'canciller' de las Farc a intención del presidente de canjearlo por Ingrid Betancourt.
Busca "desfigurar propuestas de las Farc y sectores de la sociedad sobre el acuerdo humanitario", según , indica el Comando Central de esa guerrilla en un comunicado divulgado hoy por Internet.
En el documento, el ELN dice además que la iniciativa pretende desviar la atención sobre la "desmilitarización de los municipios para iniciar a dialogar".
Las Farc han supeditado la liberación de Betancourt y otros 55 rehenes, incluidos tres estadounidenses, a la excarcelación de más de medio millar de presos, entre ellos dos extraditados a Washington, mediante la negociación de un acuerdo humanitario.
Pero exigen para ello la retirada de tropas de Florida y Pradera, localidades del suroeste del país, lo que Uribe no acepta.
El ELN también criticó que el gobierno haya mezclado su oferta de excarcelación masiva de reclusos de las Farc con la puesta en libertad de Granda, quien purgaba una pena a cinco años y diez meses de prisión en la penitenciaría de seguridad de La Dorada (Caldas).
Los excarcelables "tienen penas cumplidas y casi cumplidas sus condenas", sostuvo la misma fuente, y afirmó que la "mezcla" de estos con Granda "apunta a que los insurgentes acepten la reinserción, renuncien a la lucha revolucionaria y colaboren con la guerra contrainsurgente".
"El despliegue publicitario a estas supuestas bondades del régimen son una presión para que las FARC liberen a los prisioneros que tienen en su poder", continuó el mando central del ELN.
El Comando Central del ELN, además, pidió a sus combatientes detenidos que se solidaricen con los guerrilleros de las Farc y rechacen de forma conjunta las "maniobras del gobierno".
Para esta guerrilla, la excarcelación masiva es una "maniobra" del Ejecutivo para buscar la libertad de "los amigos del presidente, testaferros políticos y económicos, autores intelectuales, narcos y paramilitares de cuello blanco que han ido a parar a la cárcel, por las investigaciones de las Cortes".
La alusión tiene que ver con el llamado escándalo de la "parapolítica", de nexos de congresistas, autoridades y funcionarios con las autodefensas.
Bogotá, Agencia EFE.-
ELN critica decisión del gobierno de liberar a Rodrigo Granda y otros guerrilleros de las Farc
El Comando Central de esa guerrilla atribuye la excarcelación del 'canciller' de las Farc a intención del presidente de canjearlo por Ingrid Betancourt.
Busca "desfigurar propuestas de las Farc y sectores de la sociedad sobre el acuerdo humanitario", según , indica el Comando Central de esa guerrilla en un comunicado divulgado hoy por Internet.
En el documento, el ELN dice además que la iniciativa pretende desviar la atención sobre la "desmilitarización de los municipios para iniciar a dialogar".
Las Farc han supeditado la liberación de Betancourt y otros 55 rehenes, incluidos tres estadounidenses, a la excarcelación de más de medio millar de presos, entre ellos dos extraditados a Washington, mediante la negociación de un acuerdo humanitario.
Pero exigen para ello la retirada de tropas de Florida y Pradera, localidades del suroeste del país, lo que Uribe no acepta.
El ELN también criticó que el gobierno haya mezclado su oferta de excarcelación masiva de reclusos de las Farc con la puesta en libertad de Granda, quien purgaba una pena a cinco años y diez meses de prisión en la penitenciaría de seguridad de La Dorada (Caldas).
Los excarcelables "tienen penas cumplidas y casi cumplidas sus condenas", sostuvo la misma fuente, y afirmó que la "mezcla" de estos con Granda "apunta a que los insurgentes acepten la reinserción, renuncien a la lucha revolucionaria y colaboren con la guerra contrainsurgente".
"El despliegue publicitario a estas supuestas bondades del régimen son una presión para que las FARC liberen a los prisioneros que tienen en su poder", continuó el mando central del ELN.
El Comando Central del ELN, además, pidió a sus combatientes detenidos que se solidaricen con los guerrilleros de las Farc y rechacen de forma conjunta las "maniobras del gobierno".
Para esta guerrilla, la excarcelación masiva es una "maniobra" del Ejecutivo para buscar la libertad de "los amigos del presidente, testaferros políticos y económicos, autores intelectuales, narcos y paramilitares de cuello blanco que han ido a parar a la cárcel, por las investigaciones de las Cortes".
La alusión tiene que ver con el llamado escándalo de la "parapolítica", de nexos de congresistas, autoridades y funcionarios con las autodefensas.
Bogotá, Agencia EFE.-
Intercambio humanitario sería posible 45 días después de despeje, dice 'canciller' de las Farc
Junio 8 de 2007 - 12:15 p.m.
Intercambio humanitario sería posible 45 días después de despeje, dice 'canciller' de las Farc
Rodrigo Granda insistió en la desmilitarización de Pradera y Florida (departamento del Valle) como condición para avanzar en un eventual proceso con el Gobierno.
Granda afirmó, sin embargo, que los familiares de los plagiados no deben hacerse ilusiones y que él no puede "hacer milagros".
Insistió en que será el secretariado de las Farc quien responda a la comunidad internacional sobre las actuales iniciativas del Gobierno, aunque él mismo no ha establecido comunicación con los altos mandos del grupo subversivo. Tampoco puso una fecha para realizar este contacto.
Desde la sede de la Conferencia Episcopal Colombiana, Granda dijo que no tuvo ninguna participación en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas.
Problema con Paraguay complica el proceso
Esta mañana, Granda y el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, se reunieron para definir qué país recibirá al guerrillero. Hasta el momento no hay confirmación oficial de Francia ni de Cuba, aunque en los últimos días se han mantenido contactos con delegados de ambas naciones.
Una fuente que conoce de cerca este proceso le dijo a EL TIEMPO que en las discusiones de esta semana también se ha hablado de la posibilidad de que países como Suiza o Brasil reciban al subversivo. Sin embargo, esas opciones se han ido descartando y la que parece interesarle más a Granda es Cuba, añadió la fuente.
Uno de los hechos que hace más complejo su traslado es que quien lo reciba tendrá que afrontar los eventual presión jurídica y política del gobierno de Paraguay, que ya anunció que pedirá en extradición a Granda por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente de ese país Raúl Cubas. Ese es uno de los temas que más ha puesto a pensar al guerrillero y sus abogados en las últimas horas, y que hacen su salida al exterior
Publicado en www.eltiempo.com
Intercambio humanitario sería posible 45 días después de despeje, dice 'canciller' de las Farc
Rodrigo Granda insistió en la desmilitarización de Pradera y Florida (departamento del Valle) como condición para avanzar en un eventual proceso con el Gobierno.
Granda afirmó, sin embargo, que los familiares de los plagiados no deben hacerse ilusiones y que él no puede "hacer milagros".
Insistió en que será el secretariado de las Farc quien responda a la comunidad internacional sobre las actuales iniciativas del Gobierno, aunque él mismo no ha establecido comunicación con los altos mandos del grupo subversivo. Tampoco puso una fecha para realizar este contacto.
Desde la sede de la Conferencia Episcopal Colombiana, Granda dijo que no tuvo ninguna participación en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas.
Problema con Paraguay complica el proceso
Esta mañana, Granda y el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, se reunieron para definir qué país recibirá al guerrillero. Hasta el momento no hay confirmación oficial de Francia ni de Cuba, aunque en los últimos días se han mantenido contactos con delegados de ambas naciones.
Una fuente que conoce de cerca este proceso le dijo a EL TIEMPO que en las discusiones de esta semana también se ha hablado de la posibilidad de que países como Suiza o Brasil reciban al subversivo. Sin embargo, esas opciones se han ido descartando y la que parece interesarle más a Granda es Cuba, añadió la fuente.
Uno de los hechos que hace más complejo su traslado es que quien lo reciba tendrá que afrontar los eventual presión jurídica y política del gobierno de Paraguay, que ya anunció que pedirá en extradición a Granda por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente de ese país Raúl Cubas. Ese es uno de los temas que más ha puesto a pensar al guerrillero y sus abogados en las últimas horas, y que hacen su salida al exterior
Publicado en www.eltiempo.com
Víctimas colombianas contra Chiquita
Víctimas colombianas contra Chiquita
Chiquita admitió haber pagado más de US$1,7 millones a grupos paramilitares.La compañía bananera estadounidense Chiquita Brands fue demandada por los familiares de personas asesinadas por paramilitares y guerrilleros con los cuales la empresa reconoció haber hecho negocios.
Este año Chiquita había admitido pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por unos US$1,7 millones para "proteger" a sus empleados.
Las AUC son consideradas una organización terrorista por Estados Unidos, por lo cual Chiquita acordó pagar US$25 millones para poner fin a una querella del Departamento de Justicia estadounidense.
Ahora, los abogados demandantes afirman que quieren llevar a Chiquita ante la Justicia en nombre de 144 personas ejecutadas tanto por los paramilitares de las AUC como por los rebeldes de izquierda de las FARC, también protagonistas del conflicto armado en Colombia.
Este es un caso histórico, podría ser el caso de terrorismo más grande en la historia.
Terry Collingsworth, abogado de los familiares de las víctimas"Este es un caso histórico, podría ser el caso de terrorismo más grande en la historia", dijo el abogado de los familiares de las víctimas, Terry Collingsworth.
Pero el vocero de Chiquita, Mike Mitchell, asegura que "la compañía fue obligada a hacer pagos tanto a grupos armados ilegales de derecha y de izquierda para proteger la vida de nuestros trabajadores".
"Es absolutamente falso que alguien sugiera que los pagos que se realizaban servían a otro propósito", añadió.
Impacto económico
Chiquita es una de las más grandes multinacionales bananeras y sus actividades se remontan a 1870.
Las AUC son consideradas un grupo terrorista por Estados Unidos.El abogado Collingsworth admite que "enjuiciar a Chiquita por cientos, o incluso miles, de asesinatos podría provocar el cierre del negocio".
Por lo pronto, la compañía ya optó por vender el brazo colombiano de su negocio.
La Justicia estadounidenses investigó por tres años a Chiquita luego queadmitieran los pagos a las AUC a causa de las amenazas contra sus empleados.
Colombia ha estado acosada por cuatro décadas de conflicto interno, en el cual han muerto miles de personas.
Publicado en www.bbcwolrd.com
Chiquita admitió haber pagado más de US$1,7 millones a grupos paramilitares.La compañía bananera estadounidense Chiquita Brands fue demandada por los familiares de personas asesinadas por paramilitares y guerrilleros con los cuales la empresa reconoció haber hecho negocios.
Este año Chiquita había admitido pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por unos US$1,7 millones para "proteger" a sus empleados.
Las AUC son consideradas una organización terrorista por Estados Unidos, por lo cual Chiquita acordó pagar US$25 millones para poner fin a una querella del Departamento de Justicia estadounidense.
Ahora, los abogados demandantes afirman que quieren llevar a Chiquita ante la Justicia en nombre de 144 personas ejecutadas tanto por los paramilitares de las AUC como por los rebeldes de izquierda de las FARC, también protagonistas del conflicto armado en Colombia.
Este es un caso histórico, podría ser el caso de terrorismo más grande en la historia.
Terry Collingsworth, abogado de los familiares de las víctimas"Este es un caso histórico, podría ser el caso de terrorismo más grande en la historia", dijo el abogado de los familiares de las víctimas, Terry Collingsworth.
Pero el vocero de Chiquita, Mike Mitchell, asegura que "la compañía fue obligada a hacer pagos tanto a grupos armados ilegales de derecha y de izquierda para proteger la vida de nuestros trabajadores".
"Es absolutamente falso que alguien sugiera que los pagos que se realizaban servían a otro propósito", añadió.
Impacto económico
Chiquita es una de las más grandes multinacionales bananeras y sus actividades se remontan a 1870.
Las AUC son consideradas un grupo terrorista por Estados Unidos.El abogado Collingsworth admite que "enjuiciar a Chiquita por cientos, o incluso miles, de asesinatos podría provocar el cierre del negocio".
Por lo pronto, la compañía ya optó por vender el brazo colombiano de su negocio.
La Justicia estadounidenses investigó por tres años a Chiquita luego queadmitieran los pagos a las AUC a causa de las amenazas contra sus empleados.
Colombia ha estado acosada por cuatro décadas de conflicto interno, en el cual han muerto miles de personas.
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