Julio 3 de 2007 - 8:05 a.m.
Poner fin a impunidad en asesinatos de sindicalistas, pide Amnistía Internacional al Gobierno
De los 115 sindicalistas asesinados en 2006 en el mundo, "77 eran colombianos", y en lo que va de 2007 "han muerto 18", dijo Estebán Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional.
AI Instó a buscar medidas "más eficaces para protegerlos" y propuso que la primera de ellas sea "encontrar a los responsables" de los homicidios que ascienden a más de 2.200 casos desde los años noventa.
La petición fue formulada durante la presentación, este martes, del informe de la organización defensora de los derechos humanos 'Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte: la realidad del sindicalismo en Colombia'.
El ejercicio del sindicalismo en Colombia se convierte "en una de las profesiones más peligrosas del mundo", dijo Beltrán.
"Muchos de ellos (los sindicalistas) -añadió- tienen que negociar con chalecos anti balas, viven con escolta armada y se desplazan en coches blindados".
Además, subrayó Beltrán, sus familiares sufren amenazas y en muchos casos "mueren a manos de escuadrones de la muerte, del Ejército y, en menor medida, de la guerrilla".
En total, destacó Beltrán, 2.245 sindicalistas "han muerto por homicidio en Colombia desde 1991, 138 han desaparecido forzosamente y casi tres mil quinientos han recibido amenazas".
Subrayó también el aumento de las muertes de mujeres sindicalistas en Colombia y cifró "en 28 las sindicalistas muertas en los dos últimos años".
Estebán Beltrán advirtió al Gobierno colombiano que no pueden transcurrir más de 20 años "de represión continuada de sindicalistas sin que prácticamente nadie pague por ello".
AI también pidió a la guerrilla colombiana que "pare las amenazas y homicidios a los sindicalistas" y pidió a las empresas multinacionales que operan en Colombia que "hagan gestiones ante las autoridades para detener y prevenir los abusos contra sindicalistas".
Beltrán anunció hoy que AI expondrá al Ejecutivo español, en entrevistas con distintos representantes los próximos días, que "no puede seguir unido al Gobierno de Colombia sin que parezca que ocurra nada en materia de derechos humanos".
Consideró que es importante que el "Gobierno de Madrid se distancie del proceso de 'farsa desmovilización de paramilitares' y hable con el colombiano para conseguir que varios de los investigados por crímenes sindicalistas respondan ante los tribunales".
Al acto de AI asistió Peter Drury, investigador de AI para Colombia y encargado de elaborar el informe, además del sindicalista colombiano Javier Orozco.
"Los sindicalistas son objeto de abusos y violaciones de los derechos humanos en el contexto de su trabajo legítimo", afirmó el representante de AI.
Para Drury "la crisis continúa, porque la impunidad es casi total y el Gobierno colombiano está consolidando los mecanismos de impunidad".
Drury también advirtió de "que las empresas que operan en Colombia tienen responsabilidades".
Y fue Javier Orozco quien relató como ha visto "perseguir, apresar y asesinar" a muchos de sus compañeros.
Indicó como un total "512 personas del movimiento sindical han sido asesinadas durante el Gobierno de Alvaro Uribe".
Madrid
EFE.-
Publicado en www.eltiempo.com
miércoles, 4 de julio de 2007
Costa Rica deshace plan para asesinar funcionarios
José Meléndez
El Universal
Lunes 02 de julio de 2007
Sicarios querían matar al hermano del presidente
SAN JOSÉ.— La policía de Costa Rica desarticuló una conspiración del cártel del Norte del Valle, Colombia, que contrató a cinco sicarios colombianos para asesinar a los ministros costarricenses de la Presidencia, Rodrigo Arias, y de Seguridad Pública, Fernando Berrocal, en represalia por una cadena de operaciones lanzadas en los últimos meses en este país en contra del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.
Berrocal confirmó públicamente que los cinco colombianos —de apellidos Olaya, Angulo, Martínez, Flores y Casares— fueron detenidos entre el jueves y viernes anteriores en dos ciudades costarricenses y que el sábado fueron expulsados hacia Colombia.
“Había un grupo de sicarios en Costa Rica con el objetivo de atentar contra la vida de altos funcionarios de esta administración”, aseguró Berrocal. El cártel del Norte del Valle, que opera en la región del litoral Pacífico de Colombia, contrató a los sicarios para que ejecutaran los asesinatos en respuesta a los decomisos de más de 40 toneladas de cocaína ejecutados por la policía antidroga costarricense en los últimos 12 meses, agregó.
La información preliminar sobre la conspiración fue suministrada por el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS) a las autoridades costarricenses. Según los datos policiales, los individuos fueron detectados hace unos 10 días, tras una serie de intervenciones telefónicas a narcotraficantes en las que se revelaba el plan para asesinar a dos jerarcas gubernamentales de esta nación.
De acuerdo con lo que trascendió en esta capital, la vigilancia en torno a Berrocal y Arias —hermano del presidente Óscar Arias— fue reforzada, mientras proseguían las investigaciones combinadas de cuerpos judiciales y gubernamentales.
Entran en una lancha rápida
Las indagatorias determinaron que los sicarios ingresaron a Costa Rica por la localidad de Punta Burica, ubicada en el extremo sur del litoral Pacífico de este país y fronteriza con Panamá, a bordo de una lancha rápida utilizada para el tráfico de drogas. Los individuos decidieron separarse y alojarse en hoteles del puerto de Puntarenas, a unos 120 kilómetros al oeste de San José, en el Pacífico Central, y de Alajuela, a unos 20 kilómetros al noroeste de esta capital.
Las autoridades costarricenses los detuvieron en ambos lugares entre jueves y viernes. De inmediato, se comunicó el arresto al DAS y el sábado, en horas de la mañana, fueron deportados a Bogotá, en un vuelo de una aerolínea comercial y bajo fuerte vigilancia de 10 oficiales, dos por cada sicario.
El director de Migración de Costa Rica, Mario Zamora, explicó que son “los sujetos más peligrosos que se haya logrado detener en muchos años. Estos hombres definitivamente rompen los niveles de violencia que conocíamos hasta ahora”.
El viceministro costarricense de Seguridad Pública, Rafael Gutiérrez, y Zamora explicaron que como los sicarios no tienen “cuentas pendientes” con la justicia de Costa Rica, se optó por la rápida expulsión, además de que habían ingresado en forma ilegal. “Por su peligrosidad, pensando en la seguridad del país, se decidió deportarlos a Colombia, donde son investigados”, puntualizó Gutiérrez.
Publicado en www.eluniversal.com.mx
José Meléndez
El Universal
Lunes 02 de julio de 2007
Sicarios querían matar al hermano del presidente
SAN JOSÉ.— La policía de Costa Rica desarticuló una conspiración del cártel del Norte del Valle, Colombia, que contrató a cinco sicarios colombianos para asesinar a los ministros costarricenses de la Presidencia, Rodrigo Arias, y de Seguridad Pública, Fernando Berrocal, en represalia por una cadena de operaciones lanzadas en los últimos meses en este país en contra del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.
Berrocal confirmó públicamente que los cinco colombianos —de apellidos Olaya, Angulo, Martínez, Flores y Casares— fueron detenidos entre el jueves y viernes anteriores en dos ciudades costarricenses y que el sábado fueron expulsados hacia Colombia.
“Había un grupo de sicarios en Costa Rica con el objetivo de atentar contra la vida de altos funcionarios de esta administración”, aseguró Berrocal. El cártel del Norte del Valle, que opera en la región del litoral Pacífico de Colombia, contrató a los sicarios para que ejecutaran los asesinatos en respuesta a los decomisos de más de 40 toneladas de cocaína ejecutados por la policía antidroga costarricense en los últimos 12 meses, agregó.
La información preliminar sobre la conspiración fue suministrada por el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS) a las autoridades costarricenses. Según los datos policiales, los individuos fueron detectados hace unos 10 días, tras una serie de intervenciones telefónicas a narcotraficantes en las que se revelaba el plan para asesinar a dos jerarcas gubernamentales de esta nación.
De acuerdo con lo que trascendió en esta capital, la vigilancia en torno a Berrocal y Arias —hermano del presidente Óscar Arias— fue reforzada, mientras proseguían las investigaciones combinadas de cuerpos judiciales y gubernamentales.
Entran en una lancha rápida
Las indagatorias determinaron que los sicarios ingresaron a Costa Rica por la localidad de Punta Burica, ubicada en el extremo sur del litoral Pacífico de este país y fronteriza con Panamá, a bordo de una lancha rápida utilizada para el tráfico de drogas. Los individuos decidieron separarse y alojarse en hoteles del puerto de Puntarenas, a unos 120 kilómetros al oeste de San José, en el Pacífico Central, y de Alajuela, a unos 20 kilómetros al noroeste de esta capital.
Las autoridades costarricenses los detuvieron en ambos lugares entre jueves y viernes. De inmediato, se comunicó el arresto al DAS y el sábado, en horas de la mañana, fueron deportados a Bogotá, en un vuelo de una aerolínea comercial y bajo fuerte vigilancia de 10 oficiales, dos por cada sicario.
El director de Migración de Costa Rica, Mario Zamora, explicó que son “los sujetos más peligrosos que se haya logrado detener en muchos años. Estos hombres definitivamente rompen los niveles de violencia que conocíamos hasta ahora”.
El viceministro costarricense de Seguridad Pública, Rafael Gutiérrez, y Zamora explicaron que como los sicarios no tienen “cuentas pendientes” con la justicia de Costa Rica, se optó por la rápida expulsión, además de que habían ingresado en forma ilegal. “Por su peligrosidad, pensando en la seguridad del país, se decidió deportarlos a Colombia, donde son investigados”, puntualizó Gutiérrez.
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lunes, 2 de julio de 2007
Lo humanitario y lo político
Lo humanitario y lo político
Reconocer a las Farc como agente político le impondría obligaciones políticas. La primera sería no comportarse como una simple pandilla de bandidos
Por Antonio Caballero
El horrendo asesinato colectivo de los diputados secuestrados hace cinco años por las Farc y guardados desde entonces como rehenes en cautiverio vuelve a poner sobre la mesa el tema del llamado “intercambio humanitario”. Más allá del inane e infame peloteo mutuo de las responsabilidades entre las Farc y el gobierno, lo que importa es ver que en este episodio todos salen perdiendo. Da vergüenza tener que recordar que quienes pierden en primer lugar son los secuestrados asesinados, que dos veces han perdido sus vidas: por secuestrados primero, y por asesinados después. Y pierden también, en ese pulso político, las dos partes enfrentadas (si es que en el frenesí reinante es posible llamar “partes” a las dos sin que eso sea interpretado como una toma de partido por una de ellas). Pierden las Farc porque fueron incapaces de conservar con vida a sus rehenes, que eran –con Íngrid Betancourt– su principal carta de negociación para el propuesto intercambio. Pierden el gobierno y sus Fuerzas Armadas porque fueron incapaces de rescatarlos y no habían podido ni siquiera encontrarlos. Esta es una guerra de ineptos.
Por eso (aunque no sólo por eso) ha durado medio siglo. Pues no es cierta ni mucho menos la teoría del presidente Uribe según la cual el país entero ha estado “militarmente despejado” durante cuarenta años, y que por eso han podido crecer y sostenerse las guerrillas. Ha estado en guerra –mejor: en guerras– sin cesar. Guerras en que los dos lados consiguen no ser derrotados, pero ninguno consigue derrotar al adversario. Y en mantener ese pulso de prestigio consumen los recursos morales y económicos de todo el país, y prolongan, multiplican y agravan sus sufrimientos.
Lo acaba de resumir un familiar de uno de los secuestrados muertos diciendo que “ni el Presidente ni las Farc tienen corazón”. Pero nadie tiene corazón, en las guerras. Por eso de lo que se trata es de imponer mecanismos que, por el interés político, sustituyan el corazón que las partes no tienen. Los mecanismos de la civilización, que pueden conseguir que la crueldad no sea rentable y beneficiosa para quien la ejerce, en la medida en que inspira temor. Creo que uno de esos mecanismos es en el momento actual, y desde hace ya años, el intercambio humanitario.
El presidente Uribe lo ha rechazado siempre con el argumento de que favorece a las Farc. No por humanitario: está dispuesto por su parte a hacer gestos humanitarios, con tal de que sean unilaterales: que no constituyan intercambio, pues considera que eso los convertiría en gestos políticos, de reconocimiento político del adversario. Y así es. Pero es justamente eso lo que lo hace valioso. El reconocimiento de las Farc como agente político, y no ya como la simple pandilla de bandidos a la que quiere reducir el Presidente, le impondría a la vez obligaciones políticas. Es un derecho que implica deberes. Y el primero de esos deberes es el de comportarse como una fuerza política legítima, y no como una simple pandilla de bandidos que se ilegitima a sí misma por sus métodos.
El deber de no recurrir al secuestro, y a la toma de rehenes, y al asesinato fuera de combate de los secuestrados y de los rehenes cuando no puede conservarlos, como acaba de suceder con los diputados del Valle.
Decía aquí hace una semana, y he dicho otras veinte veces, que la guerra que vivimos no es una causa, sino una consecuencia. Y que seguiremos hundidos en ella mientras el establecimiento en su conjunto, y no sólo tal o cual gobierno, se niegue a reconocer que existen causas que han generado esa consecuencia. Pero mientras llega el momento de ese reconocimiento (insinuado hace años por el presidente Belisario Betancur, pero nunca llevado a efecto) es posible, por lo menos, humanizar la guerra. Eso es exactamente lo que está intentando hacer con las guerrillas del ELN ese mismo gobierno de Álvaro Uribe que se niega a intentarlo frente a las de las Farc, acordando una tregua cuyo primer resultado sería, según han anunciado los negociadores, la liberación de los secuestrados en poder de ese grupo. “Ojalá se le diera esa felicidad al país de una vez”, comenta el Presidente. Una felicidad que no es sólo, claro está, para los secuestrados mismos; sino, como lo proclama el propio Uribe, para “el país”. Porque no es de índole humanitaria, sino política.
Valdría la pena que Uribe, que no escucha a nadie, se escuchara esta vez por lo menos a sí mismo.
Semana.com ©2000.
Todos los derechos reservados.
Reconocer a las Farc como agente político le impondría obligaciones políticas. La primera sería no comportarse como una simple pandilla de bandidos
Por Antonio Caballero
El horrendo asesinato colectivo de los diputados secuestrados hace cinco años por las Farc y guardados desde entonces como rehenes en cautiverio vuelve a poner sobre la mesa el tema del llamado “intercambio humanitario”. Más allá del inane e infame peloteo mutuo de las responsabilidades entre las Farc y el gobierno, lo que importa es ver que en este episodio todos salen perdiendo. Da vergüenza tener que recordar que quienes pierden en primer lugar son los secuestrados asesinados, que dos veces han perdido sus vidas: por secuestrados primero, y por asesinados después. Y pierden también, en ese pulso político, las dos partes enfrentadas (si es que en el frenesí reinante es posible llamar “partes” a las dos sin que eso sea interpretado como una toma de partido por una de ellas). Pierden las Farc porque fueron incapaces de conservar con vida a sus rehenes, que eran –con Íngrid Betancourt– su principal carta de negociación para el propuesto intercambio. Pierden el gobierno y sus Fuerzas Armadas porque fueron incapaces de rescatarlos y no habían podido ni siquiera encontrarlos. Esta es una guerra de ineptos.
Por eso (aunque no sólo por eso) ha durado medio siglo. Pues no es cierta ni mucho menos la teoría del presidente Uribe según la cual el país entero ha estado “militarmente despejado” durante cuarenta años, y que por eso han podido crecer y sostenerse las guerrillas. Ha estado en guerra –mejor: en guerras– sin cesar. Guerras en que los dos lados consiguen no ser derrotados, pero ninguno consigue derrotar al adversario. Y en mantener ese pulso de prestigio consumen los recursos morales y económicos de todo el país, y prolongan, multiplican y agravan sus sufrimientos.
Lo acaba de resumir un familiar de uno de los secuestrados muertos diciendo que “ni el Presidente ni las Farc tienen corazón”. Pero nadie tiene corazón, en las guerras. Por eso de lo que se trata es de imponer mecanismos que, por el interés político, sustituyan el corazón que las partes no tienen. Los mecanismos de la civilización, que pueden conseguir que la crueldad no sea rentable y beneficiosa para quien la ejerce, en la medida en que inspira temor. Creo que uno de esos mecanismos es en el momento actual, y desde hace ya años, el intercambio humanitario.
El presidente Uribe lo ha rechazado siempre con el argumento de que favorece a las Farc. No por humanitario: está dispuesto por su parte a hacer gestos humanitarios, con tal de que sean unilaterales: que no constituyan intercambio, pues considera que eso los convertiría en gestos políticos, de reconocimiento político del adversario. Y así es. Pero es justamente eso lo que lo hace valioso. El reconocimiento de las Farc como agente político, y no ya como la simple pandilla de bandidos a la que quiere reducir el Presidente, le impondría a la vez obligaciones políticas. Es un derecho que implica deberes. Y el primero de esos deberes es el de comportarse como una fuerza política legítima, y no como una simple pandilla de bandidos que se ilegitima a sí misma por sus métodos.
El deber de no recurrir al secuestro, y a la toma de rehenes, y al asesinato fuera de combate de los secuestrados y de los rehenes cuando no puede conservarlos, como acaba de suceder con los diputados del Valle.
Decía aquí hace una semana, y he dicho otras veinte veces, que la guerra que vivimos no es una causa, sino una consecuencia. Y que seguiremos hundidos en ella mientras el establecimiento en su conjunto, y no sólo tal o cual gobierno, se niegue a reconocer que existen causas que han generado esa consecuencia. Pero mientras llega el momento de ese reconocimiento (insinuado hace años por el presidente Belisario Betancur, pero nunca llevado a efecto) es posible, por lo menos, humanizar la guerra. Eso es exactamente lo que está intentando hacer con las guerrillas del ELN ese mismo gobierno de Álvaro Uribe que se niega a intentarlo frente a las de las Farc, acordando una tregua cuyo primer resultado sería, según han anunciado los negociadores, la liberación de los secuestrados en poder de ese grupo. “Ojalá se le diera esa felicidad al país de una vez”, comenta el Presidente. Una felicidad que no es sólo, claro está, para los secuestrados mismos; sino, como lo proclama el propio Uribe, para “el país”. Porque no es de índole humanitaria, sino política.
Valdría la pena que Uribe, que no escucha a nadie, se escuchara esta vez por lo menos a sí mismo.
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Cómo nos duele...
Cómo nos duele...
El asesinato de los 11 diputados del Valle enluta a todo el país.
Los países, como los seres humanos, son frágiles y tienen momentos en que no pueden contener su dolor. Así como los familiares de los 11 diputados se estremecieron en llanto cuando supieron que habían sido vilmente asesinados después de cinco años de secuestro, el país amaneció ese día con un nudo en la garganta. Mientras los familiares asimilaban la trágica noticia, Colombia sufría en silencio. La sociedad se estremecía ante un nuevo coletazo de la violencia que mostraba su cara más cruel e irracional. Fue un baldado de agua fría para el ímpetu de un país que no quiere dejarse doblegar frente a la adversidad y que vislumbra un futuro más optimista.
Y que en las últimas semanas leía señales para ese optimismo. Un acuerdo humanitario para facilitar la liberación de los secuestrados se empezaba a tomar más en serio. La comunidad internacional, con el nuevo Presidente de Francia a la cabeza, se había empeñado en empujarlo. Representantes de Francia, España y Suiza se habían reunido recientemente con 'Raúl Reyes', del Secretariado de las Farc, para hablar sobre el tema. En Europa se produjo un encuentro de alto nivel en el que se aprobó una declaración a favor del acuerdo. El ex ministro Álvaro Leyva se había reunido con el presidente Uribe para hacerle una propuesta más digerible de despeje militar. Hasta la insólita liberación de Rodrigo Granda, criticada por su improvisación y falta de realismo, mostraba que el gobierno estaba dispuesto a pagar un precio altísimo para buscar la liberación de los secuestrados.
Pero las ilusiones que generaron estos hechos en las familias de las víctimas se desplomaron como un castillo de naipes con la masacre de los diputados. La noticia fue confusa e incompleta y se conoció por un canal poco usual: la agencia de noticias Anncol, cercana a las Farc, publicó un comunicado del Comando Conjunto de Occidente. En él la guerrilla atribuyó la muerte de los 11 diputados a un intento de rescate de un "grupo militar no identificado".
En medio de la incertidumbre sólo había un hecho cierto, lamentable y contundente: 11 diputados habían sido asesinados en la espesura de la selva. Quedó un sobreviviente, Sigifredo López quien, según informaron los guerrilleros, no se encontraba en el mismo lugar de cautiverio. La otra verdad irrefutable, y que a veces se desdibuja en la intensidad del dolor y la rabia, es que la responsabilidad de esta tragedia es de las Farc: cometieron el secuestro, mantuvieron el encierro cruel y ejecutaron el sangriento desenlace.
La información sobre los hechos es todavía precaria. No se sabe a ciencia cierta qué pasó. El gobierno ha tratado de dejar claro que fue lo que no pasó: que no hubo una operación de rescate ni se habían producido operaciones militares en la zona, y que los organismos de seguridad no conocían el lugar donde estaban cautivos los diputados.
¿Qué pasó?
Las circunstancias de los hechos dejan algunas cosas más o menos claras. La primera es que seguramente hubo una confrontación militar y que los secuestradores cumplieron la orden de matar a sangre fría a sus víctimas para evitar un rescate. Descartadas las Fuerzas Militares -el gobierno y las Farc coinciden en este punto-, habría que plantear otras alternativas.
La primera es que un grupo paramilitar haya atacado a las Farc en uno de sus campamentos, sabiendo o no que allí se encontraban los diputados. En la región donde se supone que estaban los diputados -las selvas del Valle o el Cauca- hay una fuerte presencia de grupos emergentes del narcotráfico, así como ejércitos de los capos del norte del Valle, como los Rastrojos y los Machos. De hecho, las propias Farc en su comunicado dicen que en la zona ha habido permanentes enfrentamientos con grupos paramilitares.
Sin embargo, esta hipótesis es poco probable. Estos hijos bastardos del paramilitarismo están más dedicados al narcotráfico y al crimen organizado que a combatir a las Farc. Es difícil imaginar a una banda más delincuencial que militar haciendo una operación que requiere penetrar en lo profundo de la selva, atravesando varios anillos de seguridad de la guerrilla. Grupos como las Águilas Negras están más dedicados a defender negocios, comprar políticos locales y hacer vendettas selectivas, que a patrullar las impenetrables selvas de la cordillera Occidental.
Otra posibilidad es que los combates de las Farc hayan sido con el ELN. Varios argumentos le darían fuerza a esta hipótesis. Se sabe que en el último año ha habido cruentos enfrentamientos entre ambas guerrillas en el occidente del país, que es una guerra a muerte, y que si alguien tiene la capacidad de penetrar en el campamento de una fuerza insurgente, es exactamente otra fuerza idéntica que conoce la montaña y las tácticas guerrilleras. Las Farc y el ELN son enemigos íntimos. Los guerrilleros habrían identificado fácilmente a sus atacantes y no se referirían a ellos como un grupo desconocido, pudiendo endilgarles la culpa de lo acontecido. Pablo Beltrán, vocero del ELN, le aseguró a SEMANA que sus frentes no realizan operaciones ofensivas contra las Farc, sino que apenas se defienden en caso de ser atacados por éstas. Adicionalmente, el ELN está en un momento relativamente avanzado en sus acercamientos con el gobierno y difícilmente se jugaría el poco capital político que le queda en una acción con consecuencias tan graves.
La tercera posibilidad es que un comando especial de fuerzas especiales, con información muy precisa, se haya infiltrado en la selva para ubicar el campamento donde estaban los diputados, bien fuera para planear una operación de rescate o para hacer un asalto sorpresivo. Se trataría de un grupo elite, colaborador del Ejército y hasta compuesto por mercenarios extranjeros, tal como lo han insinuado las Farc. Ante la inminente presencia de un grupo de esta naturaleza, los guerrilleros habrían asesinado a los diputados.
Esta tesis no es tan descabellada si se tiene en cuenta que el gobierno nunca ha renunciado a la opción de los rescates, y que en otros casos ya se han usado estos 'rambos'. En enero pasado, el propio gobierno entregó versiones sobre la infiltración de un grupo de estos en las montañas de Bolívar para ubicar a Fernando Araújo y proceder a su rescate. Según el relato oficial, este grupo podía incluso ver el campamento donde estaba como rehén el actual Canciller. Comandos de este tipo se habrían empezado a utilizar después de que fracasara el intento de rescate del ex ministro de Defensa Gilberto Echeverri y del gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria en Urrao, donde se hizo una operación militar convencional. Un grupo especializado, con buena tecnología y altamente capacitado, tiene mejores posibilidades de lograr su objetivo. Y con menor riesgo político, porque un fracaso eventual no recae en cabeza institucional del Ejército.
Esta hipótesis, sin embargo, tiene una grave falencia: el gobierno la niega tajantemente. El comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla de León, asegura que las operaciones de rescate sólo se planean y hacen bajo orden presidencial. Uribe arriesgaría demasiado su legitimidad y la del gobierno si mintiera en un caso tan delicado. Y en estos caso hay que darle el beneficio de la duda al gobierno.
Otra hipótesis, la menos creíble de todas, es que la masacre fue una retaliación de un grupo de guerrilleros de base porque las Fuerzas Militares mataron a uno de los más importantes dirigentes de las Farc en esa región. El 5 de junio, Milton Sierra Gómez, alias 'J. J.', murió de un disparo en la cabeza y otro en el pecho, disparados por un francotirador de fuerzas especiales mimetizado en las selvas de Buenaventura. J. J. había sido el cerebro del sofisticado secuestro de los diputados de la Asamblea del Valle, en pleno centro de Cali, el 11 de abril de 2002. Esta hipótesis tiene poco asidero. Las Farc no suelen hacer actos de implicaciones políticas y militares tan graves por razones emocionales como la venganza. En su mentalidad, la muerte en combate es un avatar de la guerra, no un agravio del enemigo.
Cabrían otras posibilidades: ¿reaccionaron los guerrilleros a un intento de fuga? ¿Intentaron escapar los diputados, estimulados por las experiencias del canciller Fernando Araújo y del policía John Frank Pinchao? La flaqueza de esta interpretación radica en que si todos los cuerpos están en poder de las Farc, se deduce que no habrían logrado el objetivo de la fuga. Y si fueron recapturados, ¿para qué matarlos? Adicionalmente, según información oficial, los secuestrados no estaban juntos y en tal condición era poco probable que pudieran planear una fuga. Tampoco se explicaría que la guerrilla callara el motivo de su acción criminal, ni que la disfrazara con el argumento de que hubo "fuego cruzado".
¿Y ahora?
Las implicaciones de esta masacre se van a sentir por mucho tiempo. Una desgracia de semejantes proporciones deja una sensación generalizada de pesimismo y desilusión. ¿Qué será de la suerte de los demás secuestrados? ¿Se cerraron definitivamente las puertas para un acuerdo humanitario? ¿Queda el gobierno maniatado para intentar otros rescates?
Las reacciones inmediatas son pesimistas para una negociación sobre intercambio de secuestrados por guerrilleros presos. Nadie quiere premiar a las Farc con un despeje después de su criminal acción. Pero pueden cambiar a la larga: ante una falta de solución para las decenas de secuestrados, obligará al gobierno a repensar con pragmatismo sus opciones. Y la presión internacional, después de que tantos países e instituciones se han involucrado en el tema, se va a seguir incrementando a favor de un acuerdo.
Mientras 'Raúl Reyes' insistió el viernes pasado a través de un comunicado en el despeje de Pradera y Florida, el Presidente volvió a pronunciarse en contra de esa posibilidad. En el fondo, Uribe considera que un despeje de 45 días sin una agenda pactada previamente puede empantanar al gobierno. Después de hecho el despeje, es difícil levantarse de la mesa sin lograr el acuerdo, y las prórrogas, en una situación de tanta desconfianza entre las partes como la que existe, son prácticamente inevitables. No hay que olvidar que el Caguán empezó también con 45 días, con un reglamento supuestamente claro, que terminaron en tres años en los que la guerrilla ganó la ventaja militar que le ha permitido soportar cinco años de ofensiva oficial.
Para Uribe sigue siendo más importante la política de seguridad democrática que los esfuerzos por negociar la liberación de secuestrados. ¿Cambiará ese balance luego del asesinato de los diputados? ¿Perderán significado Florida y Pradera ahora que los diputados del Valle no forman parte del grupo de canjeables?
Por el lado de las Farc, la masacre de los diputados las deja mal paradas ante la comunidad internacional, y el grupo de canjeables se debilita. A la pérdida de 11 políticos se suman el canciller Araújo y el policía Pinchao, que lograron soltarse las amarras de sus cautiverios. La mayoría de los miembros de las Farc que estaban presos en 2002, cuando el Secretariado planteó el intercambio, han salido a la libertad por decisiones del gobierno, por vencimientos de términos o por cumplimientos de las condenas. El panorama cambió totalmente. ¿Insistirán en el canje?
Más que liberar guerrilleros, a Manuel Marulanda le interesa el intercambio por su obsesión en ser considerado contraparte del Estado, por su terquedad en lograr que el gobierno acepte su idea y por su apego al mecanismo del despeje militar. Eventualmente quisiera convertirlo en la primera piedra de un proceso de paz. Pero es muy poco probable que pueda lograr todo esto sin una modificación de su posición. Después de la tragedia de la semana pasada, la comunidad internacional va a presionar a la guerrilla tanto, o más, que al gobierno. Y las Farc han demostrado una enorme incapacidad para ajustarse a nuevas realidades.
La otra gran pregunta tiene que ver con el futuro de las operaciones de rescate. Los argumentos a favor de un acuerdo se convierten, con frecuencia, en demandas al gobierno para que renuncie a buscar a los secuestrados para evitar poner en peligro sus vidas. El caso del presidente francés Sarkozy es el ejemplo más palpable, pero no es el único. Varios comunicados de ONG imploran que el gobierno se abstenga de acudir a la vía militar.
Pero el presidente Uribe tiene razones para no hacerlo. En primer lugar, su obligación constitucional de mantener el control sobre todo el territorio nacional. El Estado tiene la obligación moral y legal de buscar a los secuestrados. Eludir estas responsabilidades con el objeto de evitar el costo político de posibles fracasos mostraría una debilidad del Estado que sólo incentivaría a las Farc para seguir secuestrando. Renunciar a los rescates es perpetuar la espiral del secuestro y oficializar su impunidad. Una paradoja que surge de la lógica de la guerra colombiana es que mientras el Ejército más les respire en la nuca a los guerrilleros en la selva, más riesgo correrán los secuestrados debido a la orden de matarlos si se intenta un rescate. Pero así como hay un imperativo militar, hay una dimensión humanitaria del conflicto colombiano que también lo obliga a buscar un camino más político, como lo es el acuerdo humanitario. Así, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) lo obliga a proteger a los civiles en el fuego cruzado entre los bandos de la guerra. La pregunta es si es posible intentar rescates con un mínimo de riesgo para los rehenes. O si toda operación de rescate es siempre una apuesta donde se pueden salvar todas las vidas o ninguna. En ese escenario ¿vale la pena correr el riesgo?
Lo cierto es que la prolongación indefinida de los secuestros es inaceptable e insostenible. Por consideraciones humanitarias -hay plagiados que llevan más de ocho años bajo las inclementes condiciones de la selva- y también por razones políticas: un gobierno reelegido no puede terminar en el mismo punto en que encontró la situación. Es decir, con un alto número de ciudadanos inocentes en poder de las Farc. Pero la responsabilidad frente al flagelo de la violencia y los dolorosos golpes de las Farc a la yugular del país no es sólo del Estado, sino de toda la sociedad. En cualquier otro país, una masacre como la que acaba de ocurrir en Colombia motivaría manifestaciones masivas y actos dirigidos a obstaculizar las acciones violentas contra los ciudadanos comunes y corrientes.
Desde el viernes pasado se han movilizado algunas protestas en varias ciudades. Pero falta mucho terreno para que ellas tengan la contundencia del rechazo que muestran los españoles contra ETA, por ejemplo, cuando hace sus fechorías. Y si hay algo que está demostrado es que la pasividad y el conformismo, a la larga, son licencias para que todo siga igual. Y realidades como el secuestro y los asesinatos en Colombia sencillamente no pueden continuar toda la vida.
Semana.com ©2000.
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El asesinato de los 11 diputados del Valle enluta a todo el país.
Los países, como los seres humanos, son frágiles y tienen momentos en que no pueden contener su dolor. Así como los familiares de los 11 diputados se estremecieron en llanto cuando supieron que habían sido vilmente asesinados después de cinco años de secuestro, el país amaneció ese día con un nudo en la garganta. Mientras los familiares asimilaban la trágica noticia, Colombia sufría en silencio. La sociedad se estremecía ante un nuevo coletazo de la violencia que mostraba su cara más cruel e irracional. Fue un baldado de agua fría para el ímpetu de un país que no quiere dejarse doblegar frente a la adversidad y que vislumbra un futuro más optimista.
Y que en las últimas semanas leía señales para ese optimismo. Un acuerdo humanitario para facilitar la liberación de los secuestrados se empezaba a tomar más en serio. La comunidad internacional, con el nuevo Presidente de Francia a la cabeza, se había empeñado en empujarlo. Representantes de Francia, España y Suiza se habían reunido recientemente con 'Raúl Reyes', del Secretariado de las Farc, para hablar sobre el tema. En Europa se produjo un encuentro de alto nivel en el que se aprobó una declaración a favor del acuerdo. El ex ministro Álvaro Leyva se había reunido con el presidente Uribe para hacerle una propuesta más digerible de despeje militar. Hasta la insólita liberación de Rodrigo Granda, criticada por su improvisación y falta de realismo, mostraba que el gobierno estaba dispuesto a pagar un precio altísimo para buscar la liberación de los secuestrados.
Pero las ilusiones que generaron estos hechos en las familias de las víctimas se desplomaron como un castillo de naipes con la masacre de los diputados. La noticia fue confusa e incompleta y se conoció por un canal poco usual: la agencia de noticias Anncol, cercana a las Farc, publicó un comunicado del Comando Conjunto de Occidente. En él la guerrilla atribuyó la muerte de los 11 diputados a un intento de rescate de un "grupo militar no identificado".
En medio de la incertidumbre sólo había un hecho cierto, lamentable y contundente: 11 diputados habían sido asesinados en la espesura de la selva. Quedó un sobreviviente, Sigifredo López quien, según informaron los guerrilleros, no se encontraba en el mismo lugar de cautiverio. La otra verdad irrefutable, y que a veces se desdibuja en la intensidad del dolor y la rabia, es que la responsabilidad de esta tragedia es de las Farc: cometieron el secuestro, mantuvieron el encierro cruel y ejecutaron el sangriento desenlace.
La información sobre los hechos es todavía precaria. No se sabe a ciencia cierta qué pasó. El gobierno ha tratado de dejar claro que fue lo que no pasó: que no hubo una operación de rescate ni se habían producido operaciones militares en la zona, y que los organismos de seguridad no conocían el lugar donde estaban cautivos los diputados.
¿Qué pasó?
Las circunstancias de los hechos dejan algunas cosas más o menos claras. La primera es que seguramente hubo una confrontación militar y que los secuestradores cumplieron la orden de matar a sangre fría a sus víctimas para evitar un rescate. Descartadas las Fuerzas Militares -el gobierno y las Farc coinciden en este punto-, habría que plantear otras alternativas.
La primera es que un grupo paramilitar haya atacado a las Farc en uno de sus campamentos, sabiendo o no que allí se encontraban los diputados. En la región donde se supone que estaban los diputados -las selvas del Valle o el Cauca- hay una fuerte presencia de grupos emergentes del narcotráfico, así como ejércitos de los capos del norte del Valle, como los Rastrojos y los Machos. De hecho, las propias Farc en su comunicado dicen que en la zona ha habido permanentes enfrentamientos con grupos paramilitares.
Sin embargo, esta hipótesis es poco probable. Estos hijos bastardos del paramilitarismo están más dedicados al narcotráfico y al crimen organizado que a combatir a las Farc. Es difícil imaginar a una banda más delincuencial que militar haciendo una operación que requiere penetrar en lo profundo de la selva, atravesando varios anillos de seguridad de la guerrilla. Grupos como las Águilas Negras están más dedicados a defender negocios, comprar políticos locales y hacer vendettas selectivas, que a patrullar las impenetrables selvas de la cordillera Occidental.
Otra posibilidad es que los combates de las Farc hayan sido con el ELN. Varios argumentos le darían fuerza a esta hipótesis. Se sabe que en el último año ha habido cruentos enfrentamientos entre ambas guerrillas en el occidente del país, que es una guerra a muerte, y que si alguien tiene la capacidad de penetrar en el campamento de una fuerza insurgente, es exactamente otra fuerza idéntica que conoce la montaña y las tácticas guerrilleras. Las Farc y el ELN son enemigos íntimos. Los guerrilleros habrían identificado fácilmente a sus atacantes y no se referirían a ellos como un grupo desconocido, pudiendo endilgarles la culpa de lo acontecido. Pablo Beltrán, vocero del ELN, le aseguró a SEMANA que sus frentes no realizan operaciones ofensivas contra las Farc, sino que apenas se defienden en caso de ser atacados por éstas. Adicionalmente, el ELN está en un momento relativamente avanzado en sus acercamientos con el gobierno y difícilmente se jugaría el poco capital político que le queda en una acción con consecuencias tan graves.
La tercera posibilidad es que un comando especial de fuerzas especiales, con información muy precisa, se haya infiltrado en la selva para ubicar el campamento donde estaban los diputados, bien fuera para planear una operación de rescate o para hacer un asalto sorpresivo. Se trataría de un grupo elite, colaborador del Ejército y hasta compuesto por mercenarios extranjeros, tal como lo han insinuado las Farc. Ante la inminente presencia de un grupo de esta naturaleza, los guerrilleros habrían asesinado a los diputados.
Esta tesis no es tan descabellada si se tiene en cuenta que el gobierno nunca ha renunciado a la opción de los rescates, y que en otros casos ya se han usado estos 'rambos'. En enero pasado, el propio gobierno entregó versiones sobre la infiltración de un grupo de estos en las montañas de Bolívar para ubicar a Fernando Araújo y proceder a su rescate. Según el relato oficial, este grupo podía incluso ver el campamento donde estaba como rehén el actual Canciller. Comandos de este tipo se habrían empezado a utilizar después de que fracasara el intento de rescate del ex ministro de Defensa Gilberto Echeverri y del gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria en Urrao, donde se hizo una operación militar convencional. Un grupo especializado, con buena tecnología y altamente capacitado, tiene mejores posibilidades de lograr su objetivo. Y con menor riesgo político, porque un fracaso eventual no recae en cabeza institucional del Ejército.
Esta hipótesis, sin embargo, tiene una grave falencia: el gobierno la niega tajantemente. El comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla de León, asegura que las operaciones de rescate sólo se planean y hacen bajo orden presidencial. Uribe arriesgaría demasiado su legitimidad y la del gobierno si mintiera en un caso tan delicado. Y en estos caso hay que darle el beneficio de la duda al gobierno.
Otra hipótesis, la menos creíble de todas, es que la masacre fue una retaliación de un grupo de guerrilleros de base porque las Fuerzas Militares mataron a uno de los más importantes dirigentes de las Farc en esa región. El 5 de junio, Milton Sierra Gómez, alias 'J. J.', murió de un disparo en la cabeza y otro en el pecho, disparados por un francotirador de fuerzas especiales mimetizado en las selvas de Buenaventura. J. J. había sido el cerebro del sofisticado secuestro de los diputados de la Asamblea del Valle, en pleno centro de Cali, el 11 de abril de 2002. Esta hipótesis tiene poco asidero. Las Farc no suelen hacer actos de implicaciones políticas y militares tan graves por razones emocionales como la venganza. En su mentalidad, la muerte en combate es un avatar de la guerra, no un agravio del enemigo.
Cabrían otras posibilidades: ¿reaccionaron los guerrilleros a un intento de fuga? ¿Intentaron escapar los diputados, estimulados por las experiencias del canciller Fernando Araújo y del policía John Frank Pinchao? La flaqueza de esta interpretación radica en que si todos los cuerpos están en poder de las Farc, se deduce que no habrían logrado el objetivo de la fuga. Y si fueron recapturados, ¿para qué matarlos? Adicionalmente, según información oficial, los secuestrados no estaban juntos y en tal condición era poco probable que pudieran planear una fuga. Tampoco se explicaría que la guerrilla callara el motivo de su acción criminal, ni que la disfrazara con el argumento de que hubo "fuego cruzado".
¿Y ahora?
Las implicaciones de esta masacre se van a sentir por mucho tiempo. Una desgracia de semejantes proporciones deja una sensación generalizada de pesimismo y desilusión. ¿Qué será de la suerte de los demás secuestrados? ¿Se cerraron definitivamente las puertas para un acuerdo humanitario? ¿Queda el gobierno maniatado para intentar otros rescates?
Las reacciones inmediatas son pesimistas para una negociación sobre intercambio de secuestrados por guerrilleros presos. Nadie quiere premiar a las Farc con un despeje después de su criminal acción. Pero pueden cambiar a la larga: ante una falta de solución para las decenas de secuestrados, obligará al gobierno a repensar con pragmatismo sus opciones. Y la presión internacional, después de que tantos países e instituciones se han involucrado en el tema, se va a seguir incrementando a favor de un acuerdo.
Mientras 'Raúl Reyes' insistió el viernes pasado a través de un comunicado en el despeje de Pradera y Florida, el Presidente volvió a pronunciarse en contra de esa posibilidad. En el fondo, Uribe considera que un despeje de 45 días sin una agenda pactada previamente puede empantanar al gobierno. Después de hecho el despeje, es difícil levantarse de la mesa sin lograr el acuerdo, y las prórrogas, en una situación de tanta desconfianza entre las partes como la que existe, son prácticamente inevitables. No hay que olvidar que el Caguán empezó también con 45 días, con un reglamento supuestamente claro, que terminaron en tres años en los que la guerrilla ganó la ventaja militar que le ha permitido soportar cinco años de ofensiva oficial.
Para Uribe sigue siendo más importante la política de seguridad democrática que los esfuerzos por negociar la liberación de secuestrados. ¿Cambiará ese balance luego del asesinato de los diputados? ¿Perderán significado Florida y Pradera ahora que los diputados del Valle no forman parte del grupo de canjeables?
Por el lado de las Farc, la masacre de los diputados las deja mal paradas ante la comunidad internacional, y el grupo de canjeables se debilita. A la pérdida de 11 políticos se suman el canciller Araújo y el policía Pinchao, que lograron soltarse las amarras de sus cautiverios. La mayoría de los miembros de las Farc que estaban presos en 2002, cuando el Secretariado planteó el intercambio, han salido a la libertad por decisiones del gobierno, por vencimientos de términos o por cumplimientos de las condenas. El panorama cambió totalmente. ¿Insistirán en el canje?
Más que liberar guerrilleros, a Manuel Marulanda le interesa el intercambio por su obsesión en ser considerado contraparte del Estado, por su terquedad en lograr que el gobierno acepte su idea y por su apego al mecanismo del despeje militar. Eventualmente quisiera convertirlo en la primera piedra de un proceso de paz. Pero es muy poco probable que pueda lograr todo esto sin una modificación de su posición. Después de la tragedia de la semana pasada, la comunidad internacional va a presionar a la guerrilla tanto, o más, que al gobierno. Y las Farc han demostrado una enorme incapacidad para ajustarse a nuevas realidades.
La otra gran pregunta tiene que ver con el futuro de las operaciones de rescate. Los argumentos a favor de un acuerdo se convierten, con frecuencia, en demandas al gobierno para que renuncie a buscar a los secuestrados para evitar poner en peligro sus vidas. El caso del presidente francés Sarkozy es el ejemplo más palpable, pero no es el único. Varios comunicados de ONG imploran que el gobierno se abstenga de acudir a la vía militar.
Pero el presidente Uribe tiene razones para no hacerlo. En primer lugar, su obligación constitucional de mantener el control sobre todo el territorio nacional. El Estado tiene la obligación moral y legal de buscar a los secuestrados. Eludir estas responsabilidades con el objeto de evitar el costo político de posibles fracasos mostraría una debilidad del Estado que sólo incentivaría a las Farc para seguir secuestrando. Renunciar a los rescates es perpetuar la espiral del secuestro y oficializar su impunidad. Una paradoja que surge de la lógica de la guerra colombiana es que mientras el Ejército más les respire en la nuca a los guerrilleros en la selva, más riesgo correrán los secuestrados debido a la orden de matarlos si se intenta un rescate. Pero así como hay un imperativo militar, hay una dimensión humanitaria del conflicto colombiano que también lo obliga a buscar un camino más político, como lo es el acuerdo humanitario. Así, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) lo obliga a proteger a los civiles en el fuego cruzado entre los bandos de la guerra. La pregunta es si es posible intentar rescates con un mínimo de riesgo para los rehenes. O si toda operación de rescate es siempre una apuesta donde se pueden salvar todas las vidas o ninguna. En ese escenario ¿vale la pena correr el riesgo?
Lo cierto es que la prolongación indefinida de los secuestros es inaceptable e insostenible. Por consideraciones humanitarias -hay plagiados que llevan más de ocho años bajo las inclementes condiciones de la selva- y también por razones políticas: un gobierno reelegido no puede terminar en el mismo punto en que encontró la situación. Es decir, con un alto número de ciudadanos inocentes en poder de las Farc. Pero la responsabilidad frente al flagelo de la violencia y los dolorosos golpes de las Farc a la yugular del país no es sólo del Estado, sino de toda la sociedad. En cualquier otro país, una masacre como la que acaba de ocurrir en Colombia motivaría manifestaciones masivas y actos dirigidos a obstaculizar las acciones violentas contra los ciudadanos comunes y corrientes.
Desde el viernes pasado se han movilizado algunas protestas en varias ciudades. Pero falta mucho terreno para que ellas tengan la contundencia del rechazo que muestran los españoles contra ETA, por ejemplo, cuando hace sus fechorías. Y si hay algo que está demostrado es que la pasividad y el conformismo, a la larga, son licencias para que todo siga igual. Y realidades como el secuestro y los asesinatos en Colombia sencillamente no pueden continuar toda la vida.
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El ELN niega estar tras la muerte de legisladores
El ELN niega estar tras la muerte de legisladores
El Universal
Lunes 02 de julio de 2007
El Papa lamenta la matanza de los 11 ex diputados colombianos secuestrados
BOGOTÁ (Agencias).— El Ejército de Liberación Nacional (ELN) calificó como improbable que uno de sus frentes haya sido la fuerza armada que presuntamente sostuvo hace trece días un enfrentamiento con las FARC en el suroeste colombiano, donde fueron asesinados 11 ex diputados regionales, según una entrevista publicada ayer por la prensa local.
Pablo Beltrán, como se hace llamar uno de los representantes del ELN en los acercamientos de paz que realiza el grupo rebelde con el gobierno colombiano en La Habana, aseguró que sus frentes rebeldes “tienen la orden de mantener una actitud defensiva y no ofensiva”.
“Siempre en el terreno se sabe quién está en la zona. Sindicar al ELN de que ha hecho ese ataque no tiene mucha argumentación”, declaró Beltrán en entrevista con la revista Semana”.
Mientras tanto, desde París, Mélanie Betancourt, cuya madre, Ingrid, es rehén de la guerrilla colombiana desde 2002, pidió ayer a las FARC un “gesto significativo” y que muestren que “aún les queda una sombra de humanidad”, tras la “terrible” muerte de los ex diputados secuestrados.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son “los primeros responsables y los primeros culpables de la muerte de los 11 ex diputados del Valle, pero el presidente Álvaro Uribe también es responsable porque en esos cinco años no hizo lo que debía hacer para encontrar una solución para un acuerdo humanitario”, dijo la hija de Ingrid Bétancourt ante la prensa.
Mélanie, su hermano Lorenzo y el padre de ambos, Fabrice Delloye, acudieron ayer por la tarde tarde a una misa en la Iglesia Española de París en homenaje a los 11 ex diputados del Valle del Cauca, que eran rehenes de las FARC desde 2002.
La guerrilla anunció la semana pasada que los 11 habían muerto el pasado día 18 en un supuesto “fuego cruzado” con “un grupo militar sin identificar”. El gobierno colombiano negó que hubiera habido una operación del Ejército y acusó a las FARC de haber matado a los ex diputados.
También el papa Benedicto XVI lamentó ayer la matanza de los 11 legisladores colombianos y pidió la liberación del resto de los rehenes en Colombia.
El Pontífice rezó por el fin del “odio fratricida” en Colombia y se unió el dolor de los familiares de las víctimas.
Renuevo mi apelación de que “todo tipo de secuestros cese inmediatamente y que todas las víctimas de esas inadmisibles formas de violencia sean devueltas a sus familias”, dijo a la multitud congregada en la Plaza de San Pedro.
En Bogotá, el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Luis Augusto Castro, manifestó su respaldo a la creación de una Comisión Internacional Humanitaria para verificar las circunstancias en las que fallecieron los 11 ex legisladores.
“Ahora que los países amigos del acuerdo humanitario (España, Francia y Suiza) plantean la posibilidad de la Comisión de Encuesta, hay que considerarla”, declaró el prelado a periodistas colombianos.
Publicado en www.eluniversal.com.mx
El Universal
Lunes 02 de julio de 2007
El Papa lamenta la matanza de los 11 ex diputados colombianos secuestrados
BOGOTÁ (Agencias).— El Ejército de Liberación Nacional (ELN) calificó como improbable que uno de sus frentes haya sido la fuerza armada que presuntamente sostuvo hace trece días un enfrentamiento con las FARC en el suroeste colombiano, donde fueron asesinados 11 ex diputados regionales, según una entrevista publicada ayer por la prensa local.
Pablo Beltrán, como se hace llamar uno de los representantes del ELN en los acercamientos de paz que realiza el grupo rebelde con el gobierno colombiano en La Habana, aseguró que sus frentes rebeldes “tienen la orden de mantener una actitud defensiva y no ofensiva”.
“Siempre en el terreno se sabe quién está en la zona. Sindicar al ELN de que ha hecho ese ataque no tiene mucha argumentación”, declaró Beltrán en entrevista con la revista Semana”.
Mientras tanto, desde París, Mélanie Betancourt, cuya madre, Ingrid, es rehén de la guerrilla colombiana desde 2002, pidió ayer a las FARC un “gesto significativo” y que muestren que “aún les queda una sombra de humanidad”, tras la “terrible” muerte de los ex diputados secuestrados.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son “los primeros responsables y los primeros culpables de la muerte de los 11 ex diputados del Valle, pero el presidente Álvaro Uribe también es responsable porque en esos cinco años no hizo lo que debía hacer para encontrar una solución para un acuerdo humanitario”, dijo la hija de Ingrid Bétancourt ante la prensa.
Mélanie, su hermano Lorenzo y el padre de ambos, Fabrice Delloye, acudieron ayer por la tarde tarde a una misa en la Iglesia Española de París en homenaje a los 11 ex diputados del Valle del Cauca, que eran rehenes de las FARC desde 2002.
La guerrilla anunció la semana pasada que los 11 habían muerto el pasado día 18 en un supuesto “fuego cruzado” con “un grupo militar sin identificar”. El gobierno colombiano negó que hubiera habido una operación del Ejército y acusó a las FARC de haber matado a los ex diputados.
También el papa Benedicto XVI lamentó ayer la matanza de los 11 legisladores colombianos y pidió la liberación del resto de los rehenes en Colombia.
El Pontífice rezó por el fin del “odio fratricida” en Colombia y se unió el dolor de los familiares de las víctimas.
Renuevo mi apelación de que “todo tipo de secuestros cese inmediatamente y que todas las víctimas de esas inadmisibles formas de violencia sean devueltas a sus familias”, dijo a la multitud congregada en la Plaza de San Pedro.
En Bogotá, el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Luis Augusto Castro, manifestó su respaldo a la creación de una Comisión Internacional Humanitaria para verificar las circunstancias en las que fallecieron los 11 ex legisladores.
“Ahora que los países amigos del acuerdo humanitario (España, Francia y Suiza) plantean la posibilidad de la Comisión de Encuesta, hay que considerarla”, declaró el prelado a periodistas colombianos.
Publicado en www.eluniversal.com.mx
Para rescatar cadáveres de los diputados muertos en poder de las Farc, el Gobierno prefiere a la OEA
Julio 1 de 2007 -
Para rescatar cadáveres de los diputados muertos en poder de las Farc, el Gobierno prefiere a la OEA
El presidente Uribe habló ayer con el secretario general del organismo, José Miguel Insulza, y le pidió concretar su colaboración. Aceptar una comisión de encuesta implica admitir que hay conflicto.
Además, el Gobierno se siente más cómodo y confiado con la OEA para la tarea de recuperar los cuerpos y hacer los exámenes del caso, pues, de hecho, considera que el papel que ha jugado el organismo en el proceso con los paramilitares avalaría ese papel, aunque es una incógnita cuál será la respuesta de las Farc.
El viernes pasado, cuando el Gobierno esperaba que los delegados de Francia, Suiza y España condenaran a las Farc por el asesinato de los diputados del Valle, secuestrados en el 2002, se conoció el comunicado en el que los ministerios de Exteriores de esos países proponían que se acudiera a la comisión de encuesta, creada en los protocolos de Ginebra para situaciones de guerra.
Pero la tesis de que en Colombia no hay conflicto, sino amenaza terrorista, que ha defendido a lo largo de sus cinco años de gobierno, está detrás de la dura reacción del Presidente a la propuesta de los tres países amigos del acuerdo humanitario de convocar a la comisión de encuesta.
Por esa sugerencia, el Gobierno cree que los países facilitadores hicieron una "interpretación acomodada" de la petición que el presidente Uribe hizo el pasado jueves, cuando pidió a la comunidad internacional solidaridad y apoyo para conformar una comisión forense que investigue el asesinato de los 11 diputados.
La Cancillería colombiana aseguró que los tres países "desconocen los esfuerzos hechos por el Gobierno colombiano para lograr la liberación de los secuestrados" y que tratan de poner al Estado y a las Farc en el mismo nivel.
"Nos sentimos mal interpretados. Eso no fue lo que el presidente pidió", explicó el canciller Fernando Araújo a EL TIEMPO.
El asunto es que esa figura es vista por los Estados como una especie de sanción, pues implica que en sus territorios hay una situación que se sale de su control.
De hecho, parte de la estrategia diplomática de Colombia en los últimos años ha sido desactivar las propuestas de comisiones de encuesta para el país por derechos humanos, especialmente la violencia contra sindicalistas.
Otras reacciones
Mientras el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Augusto Castro, llamó a estar abiertos a la ayuda externa para resolver el conflicto, monseñor Fabián Marulanda, secretario de la Conferencia, encontró válida la reacción del Presidente.
"Me parece que toda injerencia de gobiernos extranjeros en lo que se refiere a la política de paz debe ser rechazada, porque esto debe ser competencia exclusiva del Estado colombiano", dijo el prelado.
El ex procurador Jaime Bernal Cuéllar, por su lado, señaló que ese tipo de mecanismos suelen "no reconocer la realidad que se vive en los diferentes países y no reconocer los esfuerzos de los Estados por resolver los problemas".
El ex canciller Augusto Ramírez Ocampo señaló que el mecanismo podría servir y recordó en el caso de Machuca, por ejemplo, el gobierno Pastrana sugirió utilizarlo.
Los estados la ven como un castigo
En 1991 fueron elegidas 15 personas para conformar la Comisión Internacional de Encuesta, cuya función es "investigar las quejas por violaciones graves o infracciones al DIH".
Es un organismo independiente que entra a operar si hay solicitud y apoyo expreso de las "partes beligerantes" en una situación de guerra o conflicto, un término que precisamente es visto con reserva por los países que tienen conflicto interno, como Colombia.
Aceptarla en este caso, según internacionalistas consultados por EL TIEMPO, podría ser interpretado como un reconocimiento a las Farc como opositor legítimo.
Publicado en www.eltiempo.com
Para rescatar cadáveres de los diputados muertos en poder de las Farc, el Gobierno prefiere a la OEA
El presidente Uribe habló ayer con el secretario general del organismo, José Miguel Insulza, y le pidió concretar su colaboración. Aceptar una comisión de encuesta implica admitir que hay conflicto.
Además, el Gobierno se siente más cómodo y confiado con la OEA para la tarea de recuperar los cuerpos y hacer los exámenes del caso, pues, de hecho, considera que el papel que ha jugado el organismo en el proceso con los paramilitares avalaría ese papel, aunque es una incógnita cuál será la respuesta de las Farc.
El viernes pasado, cuando el Gobierno esperaba que los delegados de Francia, Suiza y España condenaran a las Farc por el asesinato de los diputados del Valle, secuestrados en el 2002, se conoció el comunicado en el que los ministerios de Exteriores de esos países proponían que se acudiera a la comisión de encuesta, creada en los protocolos de Ginebra para situaciones de guerra.
Pero la tesis de que en Colombia no hay conflicto, sino amenaza terrorista, que ha defendido a lo largo de sus cinco años de gobierno, está detrás de la dura reacción del Presidente a la propuesta de los tres países amigos del acuerdo humanitario de convocar a la comisión de encuesta.
Por esa sugerencia, el Gobierno cree que los países facilitadores hicieron una "interpretación acomodada" de la petición que el presidente Uribe hizo el pasado jueves, cuando pidió a la comunidad internacional solidaridad y apoyo para conformar una comisión forense que investigue el asesinato de los 11 diputados.
La Cancillería colombiana aseguró que los tres países "desconocen los esfuerzos hechos por el Gobierno colombiano para lograr la liberación de los secuestrados" y que tratan de poner al Estado y a las Farc en el mismo nivel.
"Nos sentimos mal interpretados. Eso no fue lo que el presidente pidió", explicó el canciller Fernando Araújo a EL TIEMPO.
El asunto es que esa figura es vista por los Estados como una especie de sanción, pues implica que en sus territorios hay una situación que se sale de su control.
De hecho, parte de la estrategia diplomática de Colombia en los últimos años ha sido desactivar las propuestas de comisiones de encuesta para el país por derechos humanos, especialmente la violencia contra sindicalistas.
Otras reacciones
Mientras el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Augusto Castro, llamó a estar abiertos a la ayuda externa para resolver el conflicto, monseñor Fabián Marulanda, secretario de la Conferencia, encontró válida la reacción del Presidente.
"Me parece que toda injerencia de gobiernos extranjeros en lo que se refiere a la política de paz debe ser rechazada, porque esto debe ser competencia exclusiva del Estado colombiano", dijo el prelado.
El ex procurador Jaime Bernal Cuéllar, por su lado, señaló que ese tipo de mecanismos suelen "no reconocer la realidad que se vive en los diferentes países y no reconocer los esfuerzos de los Estados por resolver los problemas".
El ex canciller Augusto Ramírez Ocampo señaló que el mecanismo podría servir y recordó en el caso de Machuca, por ejemplo, el gobierno Pastrana sugirió utilizarlo.
Los estados la ven como un castigo
En 1991 fueron elegidas 15 personas para conformar la Comisión Internacional de Encuesta, cuya función es "investigar las quejas por violaciones graves o infracciones al DIH".
Es un organismo independiente que entra a operar si hay solicitud y apoyo expreso de las "partes beligerantes" en una situación de guerra o conflicto, un término que precisamente es visto con reserva por los países que tienen conflicto interno, como Colombia.
Aceptarla en este caso, según internacionalistas consultados por EL TIEMPO, podría ser interpretado como un reconocimiento a las Farc como opositor legítimo.
Publicado en www.eltiempo.com
Tres de las 5 víctimas de masacre de este domingo en Viotá (Cundinamarca) tuvieron nexos con Farc
Julio 2 de 2007 -
Tres de las 5 víctimas de masacre de este domingo en Viotá (Cundinamarca) tuvieron nexos con Farc
Por eso, toma fuerza la hipótesis de que los asesinatos pudieron ser cometidos por un grupo emergente de los paramilitares.
Fueron unos ocho hombres con camuflado, pasamontañas, chaquetas negras y fuertemente armados los que masacraron este domingo a las cinco personas, entre ellos un menor de unos 14 años, en una gallera ubicada en la vereda San Gabriel, a una hora de Viotá.
En el hecho también resultó herido un niño de 10 años, quien fue remitido, al igual que los cuerpos, al municipio de Girardot. Según las autoridades locales, las heridas del menor fueron leves.
Desde hace unos 10 años, cuando un grupo de paramilitares asesinó a 17 personas entre Viotá y Tocaima, en esta región no había ocurrido un hecho como el de ayer en la madrugada.
Los adultos muertos fueron identificados como José Rodríguez, a quien llamaban 'El Marrano'; Jairo Alarcón, conocido como 'El Tunjano'; Néstor Espitia Sánchez y Florián Rodríguez, quien era el dueño de la gallera llamada El Tigre.
Asesinato selectivo
Sobre una posible incursión de paramilitares en la zona, hay versiones encontradas entre las autoridades y algunos de los pobladores.
La Policía aseguró que no conocen el grupo que hizo la masacre y agregó que está esperando los resultados de la investigación.
Por su parte, habitantes de Viotá difieren en sus versiones acerca del color de los camuflados que utilizaron los hombres: unos dicen que era verde y otros azul. Algunos, sin embargo, se atreven a decir que fueron los 'paras'.
Primeras indagaciones de las autoridades revelan que el asesinato de estas personas fue selectivo, debido a que los cadáveres tienen impactos de bala disparadas a corta distancia.
Incluso, la Policía cree que en la gallera, donde a esa hora había unas 70 personas, estaban personas que informaban al grupo armado de la ubicación de las víctimas.
También, se cree que tanto el menor muerto, como el herido -quien es hijo del dueño de la gallera- resultaron afectados en el cruce de disparos en el establecimiento.
Se supo en la zona del homicidio que Florián Rodríguez, propietario del establecimiento, había sido amenazado hace cuatro años por un jefe de las Farc cuyo alias era 'Chicharrón', debido a una pelea, según pobladores de Viotá, en el occidente de Cundinamarca.
Anuncian recompensa
Es por eso que algunos vecinos de la región sostienen que pudo ser esa la razón de la masacre.
Esta zona, incluyendo la vereda, que tiene unos 300 habitantes y donde la gallera El Tigre es el establecimiento más grande, tuvo históricamente la influencia del frente 42 de las Farc.
Según informaciones de la Policía, desde hace cuatro años la guerrilla no actúa en la región. Sin embargo, el año pasado se desmovilizaron 30 milicianos de las Farc en este municipio.
Ayer en la tarde, el DAS anunció que entregará 50 millones de pesos de recompensa a los que informen sobre los responsables de este ataque.
VIOTÁ (CUNDINAMARCA)
Tres de las 5 víctimas de masacre de este domingo en Viotá (Cundinamarca) tuvieron nexos con Farc
Por eso, toma fuerza la hipótesis de que los asesinatos pudieron ser cometidos por un grupo emergente de los paramilitares.
Fueron unos ocho hombres con camuflado, pasamontañas, chaquetas negras y fuertemente armados los que masacraron este domingo a las cinco personas, entre ellos un menor de unos 14 años, en una gallera ubicada en la vereda San Gabriel, a una hora de Viotá.
En el hecho también resultó herido un niño de 10 años, quien fue remitido, al igual que los cuerpos, al municipio de Girardot. Según las autoridades locales, las heridas del menor fueron leves.
Desde hace unos 10 años, cuando un grupo de paramilitares asesinó a 17 personas entre Viotá y Tocaima, en esta región no había ocurrido un hecho como el de ayer en la madrugada.
Los adultos muertos fueron identificados como José Rodríguez, a quien llamaban 'El Marrano'; Jairo Alarcón, conocido como 'El Tunjano'; Néstor Espitia Sánchez y Florián Rodríguez, quien era el dueño de la gallera llamada El Tigre.
Asesinato selectivo
Sobre una posible incursión de paramilitares en la zona, hay versiones encontradas entre las autoridades y algunos de los pobladores.
La Policía aseguró que no conocen el grupo que hizo la masacre y agregó que está esperando los resultados de la investigación.
Por su parte, habitantes de Viotá difieren en sus versiones acerca del color de los camuflados que utilizaron los hombres: unos dicen que era verde y otros azul. Algunos, sin embargo, se atreven a decir que fueron los 'paras'.
Primeras indagaciones de las autoridades revelan que el asesinato de estas personas fue selectivo, debido a que los cadáveres tienen impactos de bala disparadas a corta distancia.
Incluso, la Policía cree que en la gallera, donde a esa hora había unas 70 personas, estaban personas que informaban al grupo armado de la ubicación de las víctimas.
También, se cree que tanto el menor muerto, como el herido -quien es hijo del dueño de la gallera- resultaron afectados en el cruce de disparos en el establecimiento.
Se supo en la zona del homicidio que Florián Rodríguez, propietario del establecimiento, había sido amenazado hace cuatro años por un jefe de las Farc cuyo alias era 'Chicharrón', debido a una pelea, según pobladores de Viotá, en el occidente de Cundinamarca.
Anuncian recompensa
Es por eso que algunos vecinos de la región sostienen que pudo ser esa la razón de la masacre.
Esta zona, incluyendo la vereda, que tiene unos 300 habitantes y donde la gallera El Tigre es el establecimiento más grande, tuvo históricamente la influencia del frente 42 de las Farc.
Según informaciones de la Policía, desde hace cuatro años la guerrilla no actúa en la región. Sin embargo, el año pasado se desmovilizaron 30 milicianos de las Farc en este municipio.
Ayer en la tarde, el DAS anunció que entregará 50 millones de pesos de recompensa a los que informen sobre los responsables de este ataque.
VIOTÁ (CUNDINAMARCA)
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