Agosto 19 de 2007 -
A explotación sexual son sometidos unos 35.000 niños y niñas en Colombia
Esa es la proyección de un estudio realizado en once ciudades del país, en el que se conocieron las historias de 2.117 menores, muchos de los cuales tenían entre 9 y 12 años de edad.
Entre las nuevas dinámicas de este delito están el consumismo, el desarrollo de las tecnologías y la falta de educación sexual de los menores.
La investigación, denominada 'Escenarios de la infamia. Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes', se desarrolló en Arjona, Malagana, Sabanagrande, Soledad, Malambo, Montería, Sincelejo, Quibdó, Medellín, Cali y Cúcuta.
En esos sitios, los niños también son víctimas de desplazamiento, violencia, conflicto armado y pobreza, un terreno abonado para el crecimiento de la problemática. Eso han encontrado las tres instituciones que financiaron el estudio (las fundaciones Plan, Antonio Restrepo Barco y Renacer) y que trabajan por el bienestar de las comunidades y hacen propuestas para hallar soluciones efectivas.
Precisamente, con el estudio quedó en evidencia que estos factores favorecen la ocurrencia de la explotación sexual comercial de los niños. Y el papel preponderante de los grupos al margen de la ley en el delito es uno de los elementos que más preocupó a las instituciones.
"Existen dinámicas nuevas para explotar a los niños. Cada vez son más pequeños y hay más violencia en sus historias", explica Stella Cárdenas, directora de la fundación Renacer y coordinadora de la investigación que duró año y medio, y cuyos resultados son compartidos por el Icbf.
Los delincuentes "manejan las redes y actúan como clientes -cuenta Carolina Borda, quien participó en la investigación-. En Medellín, por ejemplo, les piden plata para dejarlos estar en un sitio. Los niños hombres están en una parte, y en otra, las niñas. Los que no pagan deben tener relaciones con ellos o, de lo contrario, los amenazan".
Las poblaciones que han sufrido el desplazamiento son las más vulnerables y, entre ellas, indígenas y afrodescendientes.
"En Montería, Sincelejo y Quibdó se aprovechan de la inocencia de las niñas indígenas desplazadas -dice Cárdenas-. Muchos proxenetas pagan la dote para casarse con ellas, las llevan a otros sitios donde las prostituyen y después las devuelven diciendo que no sirvieron como esposas. Esas niñas son rechazadas por la comunidad. Los indígenas no denuncian porque no conocen nuestras leyes".
Principales hallazgos
Por las condiciones de pobreza los niños acuden al rebusque de comida y dinero o a la venta de productos en plazas de mercado, calles y carnicerías que es aprovechado por proxenetas y pedófilos.
Se encontraron casos de pequeños que a cambio de vender la mercancía con que ayudan al sustento de sus casas, se dejan tocar o tienen relaciones sexuales con adultos.
Taxistas, peluqueros, soldados, turistas, miembros de los grupos ilegales, camioneros y vendedores de plazas son los principales abusadores.
Exceptuando Malagana (Bolívar), en las ciudades analizadas se encontraron niños víctimas de la explotación sexual asociada al desplazamiento.
Pero en esta población son frecuentes los matrimonios serviles: menores son entregadas para las labores domésticas y sexuales a cambio de un pago mensual para sus familias. También se encontraron casos de niños que les compran las onces a sus compañeras para tener sexo con ellas.
En Medellín, Cali y Cúcuta la pornografía infantil es más fuerte. Los pedófilos pueden conseguir, entre los que venden películas piratas, DVD por 3 mil pesos o hacer su propio DVD en un café internet por 30 mil pesos.
La explotación de niños hombres que no tienen clara su sexualidad es constante. Hay pequeños de 10, 11 y 12 años vestidos como mujeres, incluso que han sido inyectados con hormonas.
Historias aterradoras
1 Gay a la fuerza
Mi nombre es José, tengo 16 años, vivo con mis papás y estoy en grado noveno. Yo tenía bastantes amigos y los tenía tramados con que era muy arrecho y que ponía a los tipos en distintas posiciones y por eso me daban plata, pero mentira, yo no había hecho nada. Un día un amigo me dijo que me daban 70 mil pesos por eso y yo estaba muerto del susto. El tipo se agachó y empezó a acariciarme el pene y yo le dije: "Hermano qué le pasa, la mercancía no se muestra si no hay plata". Me dijo: "¿Cuánto quiere? Le doy 20 mil pesos". Así empecé.
2 'Por estar a la moda'
Me llamo Diana y tengo 16 años. Comencé en esto porque me antojaba de una cosa y de otra, una camisa, por ejemplo. Conocí a Carolina que me convidó para la cárcel. Entramos a las 8 de la mañana y salimos a las 2 de la tarde. Estamos con 10 o 13 hombres. Los guardias nos dejan entrar, ellos saben a qué vamos.
Nos pagan 40 o 50 mil pesos por cada persona y llegamos a tener 400.000 pesos. La primera vez que hice algo así fue con el que cose. Fue el peor día. Después lo hice con señores de la plaza de mercado.
3 'Soy el que contacta'
Me llamo Juan Manuel y tengo 17 años. Yo me encargo de buscar a las niñas para los de la marina. Hay niñas de 13 años a las que ni les han salido senos. Las de 11 y 12 años yo las consigo en los barrios. A veces la mamá o el papá las mandan porque no tienen con qué comer ni vestirse. Los de la marina me dan 10 mil pesos por llevarlas. Las meten en el monte y les dan vicio. A los taxistas yo se las recojo, los tipos me dan 5.000 o 15.000 pesos, y ellas ellas me dan 5.000 pesos, yo vivo de eso. Las chinas se sacan a veces hasta 200.000 o 300.000 pesos.
ÁNGELA CONSTANZA JEREZ
EDITORA RESPONSABILIDAD SOCIAL
Publicado en www.eltiempo.com
viernes, 24 de agosto de 2007
Para que los secuestrados vuelvan a sus hogares, Uribe y Farc deben ceder, dice Hugo Chávez
Agosto 20 de 2007 -
Para que los secuestrados vuelvan a sus hogares, Uribe y Farc deben ceder, dice Hugo Chávez
El presidente venezolano dijo este domingo que está dispuesto a facilitar un territorio en su país para recibir a los plagiados y a los guerrilleros que deben ser liberados.
Así, Chávez anticipó parte de lo que será la propuesta que llevará a su colega colombiano, Álvaro Uribe, el próximo 31 de agosto para lograr el acuerdo humanitario.
"Si tuvieran que traerlos a Venezuela y aquí, con toda la seguridad de organismos internacionales, los familiares reciben a estos secuestrados y los guerrilleros presos vienen y aquí son liberados y se van a otros países, bienvenidos. Ojalá podamos avanzar en esa dirección, son ideas que uno va madurando", dijo Chávez en su habitual programa dominical 'Aló, Presidente'.
Esta afirmación del mandatario venezolano parecería apuntar al centro de las diferencias que el gobierno del presidente Álvaro Uribe y las Farc mantienen para hacer el acuerdo humanitario: un territorio para negociar el intercambio.
Chávez advierte que sería algo transitorio, pues hace énfasis en que los guerrilleros que sean liberados deberán abandonar su territorio e ir a otros países.
El discurso de Chávez fue dirigido a ambas partes. Dijo que tanto el gobierno del presidente Uribe como las Farc "tendrían que ceder, liberar aquí, liberar allá, esa es la realidad: los guerrilleros piden una zona desmilitarizada, el Gobierno (colombiano) no quiere ceder al respecto, vamos a hablar a ver qué pasa", agregó.
Chávez, que recibirá hoy a familiares de secuestrados colombianos, también dijo que solo actuará si es autorizado por el gobierno colombiano. Y lo que se sabe es que fue el propio Uribe, quien le dio vía libre a la senadora Piedad Córdoba para pedir la ayuda del presidente venezolano el día que la designó facilitadora del proceso.
Esta tesis parece confirmarla Chávez al admitir que viene a Colombia porque "el amigo Uribe ha dado una señal muy interesante".
EL TIEMPO supo que Uribe y Chávez han hablado telefónicamente en varias oportunidades y de manera extensa los últimos días, lo que haría pensar que habría las primeras coincidencias entre los dos mandatarios.
Aunque Chávez estaba dispuesto a ir a Bogotá este viernes 24 de agosto, fue Uribe quien pidió posponer por ocho días más (el 31 de agosto) el encuentro.
Se cree que la propuesta del presidente venezolano tiene otros ingredientes que compartirá de manera personal con su colega colombiano en la Casa de Nariño.
No sería una facilitación más
Son varias las instituciones y personas que el presidente Álvaro Uribe ha admitido como facilitadoras del acuerdo humanitario y que han fracasado en ese propósito.
La del presidente Hugo Chávez parece no ser una más. Es el primer jefe de Estado de un país extranjero que anuncia su mediación directa para liberar a todos los secuestrados; trae la solidaridad de unos vecinos con capacidad de incidir de manera directa sobre las partes; es una de las pocas personas a las que las dos partes escuchan con respeto; y además, entra con propuestas concretas como la de ofrecer territorio para los acercamientos, el punto que más distancia a los antagonistas.
Estos aspectos hacen la diferencia con los muchos casos anteriores. Tres meses después de su primera posesión (2002), Uribe pidió ayuda a la ONU y esta le asignó a James Lemoine la misión buscar el regreso de los secuestrados a sus hogares. El diplomático salió luego de la escena por petición del propio Gobierno.
Después estuvieron el obispo de Tunja, monseñor Luis Augusto Castro, el padre Darío Echeverri y Angelino Garzón. Pero tampoco lograron su cometido.
El ex presidente liberal Alfonso López murió dando la pelea.
El ex ministro Álvaro Leyva Durán ha hecho varias aproximaciones con fórmulas diferentes, sin efectos.
El periodista Carlos Lozano, director del semanario VOZ, recibió autorización del Presidente, en la Casa de Nariño, pero luego fue criticado por el mismo mandatario.
Una comisión de congresistas demócratas ofreció sus buenos oficios, pero no se conocieron sus acciones.
El gobierno francés lleva más de cuatro años con aproximaciones.
El trabajo más intenso lo han hecho España, Francia y Suiza, sin resultados efectivos a la vista.
VALENTINA LARES
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
CARACAS
Publicado en www.eltiempo.com
Para que los secuestrados vuelvan a sus hogares, Uribe y Farc deben ceder, dice Hugo Chávez
El presidente venezolano dijo este domingo que está dispuesto a facilitar un territorio en su país para recibir a los plagiados y a los guerrilleros que deben ser liberados.
Así, Chávez anticipó parte de lo que será la propuesta que llevará a su colega colombiano, Álvaro Uribe, el próximo 31 de agosto para lograr el acuerdo humanitario.
"Si tuvieran que traerlos a Venezuela y aquí, con toda la seguridad de organismos internacionales, los familiares reciben a estos secuestrados y los guerrilleros presos vienen y aquí son liberados y se van a otros países, bienvenidos. Ojalá podamos avanzar en esa dirección, son ideas que uno va madurando", dijo Chávez en su habitual programa dominical 'Aló, Presidente'.
Esta afirmación del mandatario venezolano parecería apuntar al centro de las diferencias que el gobierno del presidente Álvaro Uribe y las Farc mantienen para hacer el acuerdo humanitario: un territorio para negociar el intercambio.
Chávez advierte que sería algo transitorio, pues hace énfasis en que los guerrilleros que sean liberados deberán abandonar su territorio e ir a otros países.
El discurso de Chávez fue dirigido a ambas partes. Dijo que tanto el gobierno del presidente Uribe como las Farc "tendrían que ceder, liberar aquí, liberar allá, esa es la realidad: los guerrilleros piden una zona desmilitarizada, el Gobierno (colombiano) no quiere ceder al respecto, vamos a hablar a ver qué pasa", agregó.
Chávez, que recibirá hoy a familiares de secuestrados colombianos, también dijo que solo actuará si es autorizado por el gobierno colombiano. Y lo que se sabe es que fue el propio Uribe, quien le dio vía libre a la senadora Piedad Córdoba para pedir la ayuda del presidente venezolano el día que la designó facilitadora del proceso.
Esta tesis parece confirmarla Chávez al admitir que viene a Colombia porque "el amigo Uribe ha dado una señal muy interesante".
EL TIEMPO supo que Uribe y Chávez han hablado telefónicamente en varias oportunidades y de manera extensa los últimos días, lo que haría pensar que habría las primeras coincidencias entre los dos mandatarios.
Aunque Chávez estaba dispuesto a ir a Bogotá este viernes 24 de agosto, fue Uribe quien pidió posponer por ocho días más (el 31 de agosto) el encuentro.
Se cree que la propuesta del presidente venezolano tiene otros ingredientes que compartirá de manera personal con su colega colombiano en la Casa de Nariño.
No sería una facilitación más
Son varias las instituciones y personas que el presidente Álvaro Uribe ha admitido como facilitadoras del acuerdo humanitario y que han fracasado en ese propósito.
La del presidente Hugo Chávez parece no ser una más. Es el primer jefe de Estado de un país extranjero que anuncia su mediación directa para liberar a todos los secuestrados; trae la solidaridad de unos vecinos con capacidad de incidir de manera directa sobre las partes; es una de las pocas personas a las que las dos partes escuchan con respeto; y además, entra con propuestas concretas como la de ofrecer territorio para los acercamientos, el punto que más distancia a los antagonistas.
Estos aspectos hacen la diferencia con los muchos casos anteriores. Tres meses después de su primera posesión (2002), Uribe pidió ayuda a la ONU y esta le asignó a James Lemoine la misión buscar el regreso de los secuestrados a sus hogares. El diplomático salió luego de la escena por petición del propio Gobierno.
Después estuvieron el obispo de Tunja, monseñor Luis Augusto Castro, el padre Darío Echeverri y Angelino Garzón. Pero tampoco lograron su cometido.
El ex presidente liberal Alfonso López murió dando la pelea.
El ex ministro Álvaro Leyva Durán ha hecho varias aproximaciones con fórmulas diferentes, sin efectos.
El periodista Carlos Lozano, director del semanario VOZ, recibió autorización del Presidente, en la Casa de Nariño, pero luego fue criticado por el mismo mandatario.
Una comisión de congresistas demócratas ofreció sus buenos oficios, pero no se conocieron sus acciones.
El gobierno francés lleva más de cuatro años con aproximaciones.
El trabajo más intenso lo han hecho España, Francia y Suiza, sin resultados efectivos a la vista.
VALENTINA LARES
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
CARACAS
Publicado en www.eltiempo.com
lunes, 20 de agosto de 2007
El hombre de las mil caras
El hombre de las mil caras
La captura de 'Chupeta' fue impresionante. Pero mucho más impresionante fue la vida excéntrica, cruel y llena de excesos que llevó durante más de 20 años como capo de la droga.
Ninguna cirugía plástica puede esconder la naturaleza de un hombre. Menos la de un mafioso. Eso lo comprendió Juan Carlos Ramírez Abadía, alias 'Chupeta', la madrugada del martes pasado, cuando vio su lujosa mansión cerca de Sao Paulo invadida de policías. La cinematográfica operación de las autoridades brasileñas no pudo ser más exitosa. Sin saberlo, capturaron a uno de los narcotraficantes colombianos más buscados en el mundo, que se ocultaba tras un rostro totalmente desconocido.
La operación buscaba golpear una gran red internacional de lavadores de dinero que venían investigando desde hacía dos años las policías de Estados Unidos, México, Argentina, Uruguay y España. Lo que no sabían los sabuesos investigadores era que el hombre que salía de su casa todos los días con gorra y gafas hacia un local de venta de automóviles y motos náuticas, y al que ellos consideraban el cerebro de la red de lavado, era nada más y nada menos que 'Chupeta'. Las autoridades le filmaban todos sus pasos. Quién entraba y quién salía de su establecimiento. Pero vivían sorprendidos porque a su lujosa mansión sólo entraban dos personas: él y su esposa.
Ramírez Abadía llegó a Brasil hace dos años con 16 millones de dólares, según él, para "vivir como un rey". Eso fue lo que le dijo a la Policía federal brasileña mientras le colocaban las esposas alrededor de las manos. "¿Quién es usted en realidad?", le preguntó uno de los oficiales. 'Chupeta' estaba acorralado y decidió revelar su verdadera identidad. "Yo soy la persona que buscan, Juan Carlos Ramírez Abadía. Pero mi mujer no tiene nada que ver en esto", dijo angustiado.
Luego de ser detenido, contó además que se practicó seis cirugías plásticas. "Sólo pudo ser identificado por su voz y sus huellas dactilares, que fueron confirmadas por el propio director de la Policía colombiana, general Óscar Naranjo", le dijo a SEMANA Fernando Francischini, el agente de la Policía federal a cargo de la investigación contra 'Chupeta'.
La sorpresa fue mayúscula cuando las autoridades comenzaron a recorrer su lujosa mansión, avaluada en dos millones de dólares, en la que sólo vivían 'Chupeta' y su tercera esposa, Jessica Paula Rojas, una colombiana que se identificó inicialmente con documentos venezolanos a nombre de Ana Mella. "¿Dónde tiene la plata?", le preguntó de nuevo el oficial. "Venga, deme ese manojo de llaves. Yo les quiero colaborar", le dijo Ramírez Abadía al policía. Se agachó, abrió la puerta que ocultaba la caja fuerte y adentro tenía 544.000 dólares, 250.000 euros y 55.000 reales.
La Policía federal brasileña le encontró 160 teléfonos celulares que utilizaba para burlar las interceptaciones telefónicas. Tenía una colección de relojes suizos y utilizaba varios pasaportes falsos. En un video que logró obtener en exclusiva el periodista Wílber Correa, del canal Caracol, se ve cuando 'Chupeta' decide entregarles a las autoridades brasileñas todas las caletas que tenía en su casa y en sectores rurales cerca de Sao Paulo. Según la Policía, el capo les reveló que encaletó parte de su fortuna en puntos estratégicos por si tenía que fugarse y les mostró el sitio exacto en donde tenía otra de sus caletas. Fue así como descubrieron debajo del asador, en los jardines de su mansión, otro millón de dólares y 200.000 euros.
Después, la Policía recibió una llamada inesperada. Se trataba de la cirujana Loriti Breuel, quien vio las imágenes de la captura de 'Chupeta' y lo reconoció al instante. "Yo fui la que operé a ese hombre, pero se identificó con documentos de Argentina", dijo la médica, quien se mostró dispuesta a colaborarles a la autoridades. Ramírez Abadía se identificaba en Brasil como Marcelo Javier Unzué, un médico argentino de 44 años, la misma edad de 'Chupeta', quien supuestamente vivía en La Plata, trabajaba como hemoterapista en una clínica y a quien le habían robado sus documentos en 2005.
Con esa falsa identidad, y con la también apócrifa identidad de su esposa como venezolana, llegaron 'Chupeta' y Paula Rojas al consultorio de la cirujana en un barrio de Sao Paulo, en donde hay por lo menos 50 clínicas de cirugía plástica. "Mi esposa se quiere operar la nariz y yo me hice dos cirugías de la nariz en Estados Unidos que no me gustaron y quiero que usted me arregle un poco más", le dijo el supuesto argentino a la médica. 'Chupeta' se mandó a hacer un ensanchamiento de la quijada, el mentón partido, los párpados y estirar la frente. Ambas operaciones, las del capo y su esposa fueron hace una semana. Por eso en las fotografías mostradas por la Policía brasileña, después de su captura, aún se ven las cicatrices recientes de las cirugías.
Su vida en Colombia
La vanidad de Juan Carlos Ramírez Abadía ha sido su debilidad toda la vida. Desde cuando ingresó a la mafia no ocultaba sus gustos por las joyas, por vestir bien y por mantenerse en forma. Gracias al negocio de la droga, desde principios de los años 90, Ramírez Abadía vivió como un rey en Colombia. Junto con su amigo Juan Carlos Ortiz, alias 'Cuchilla', quien fue asesinado en 2000, se convirtió en el primer colombiano en enviar una tonelada de cocaína a Estados Unidos en un avión. Este gran golpe lo perfiló como el más seguro sucesor de los ex jefes del cartel de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, que hicieron de 'Chupeta' un barón de la droga. En esa época, junto con Ortiz, trabajaba de la mano de Helmer 'Pacho' Herrera y eran los amos y señores de la rumba en Cali, en donde ostentaban su poderío con carros lujosos, joyas y acompañados de mujeres hermosas. Esas han sido las tres grandes pasiones de 'Chupeta': la vanidad, el sexo y el dinero.
En 1996 'Chupeta' y 'Cuchilla' se entregaron a la justicia y aceptaron los cargos por narcotráfico, enriquecimiento ilícito y testaferrato. Fueron condenados a 24 años de prisión, de los cuales, por rebaja de penas, Ramírez Abadía pagó cuatro y estuvo en tres cárceles diferentes: máxima seguridad de Palmira, Villahermosa y Buga, en el Valle del Cauca. Desde esos centros de reclusión mantuvo su organización y su negocio intactos. Las autoridades norteamericanas y las colombianas lo sabían. Y él presentía que tarde o temprano tendría que ir a un estrado judicial estadounidense.
Por eso, en 2003, se reunió en un prestigioso hotel de Cali con la ex fiscal norteamericana Lee Stapleton y un abogado, para indagar si tenía algún proceso en curso en Estados Unidos. Fue el último día que las autoridades lo vieron. Un grupo de la Dijín le cayó por sorpresa en la suite. Los investigadores estaban convencidos de que a la reunión asistiría Hernando Gómez Bustamante, alias 'Rasguño'. Al descubrir que se trataba de Ramírez Abadía tuvieron que dejarlo en libertad porque no tenía ningún proceso judicial en su contra. 'Chupeta' se había integrado al cartel del norte del Valle desde cuando salió de la prisión.
Sólo un año después, en mayo de 2004, Ramírez Abadía pasó a la clandestinidad y se volvió invisible para las autoridades cuando supo que era solicitado en extradición, bajo la Ley Rico, por una Corte de Washington. No era la primera vez que la justicia norteamericana quería juzgarlo por narcotráfico. Desde 1994 tenía cargo en el Distrito de Colorado y en el Distrito Este de Nueva York. Pero en 1996 Colombia negó su extradición. Por esa época 'Chupeta' ya llevaba 10 años traficando cocaína y lideró una organización que envió cientos de toneladas del alcaloide a Los Ángeles y San Antonio, Texas, a través de México. Además creó su propia red distribuidora en Nueva York. Hoy, con 44 años, se calcula que su fortuna bordea los 1.800 millones de dólares.
Tenía parte de esa fortuna, 60 millones de dólares y 309 lingotes de oro, enterrada en siete casas de Cali. Fue el gran golpe que la Dijín le dio a 'Chupeta' a principios de este año, cuando fueron encontradas las millonarias caletas del capo, noticia que dió la vuelta al mundo. Como resultado de los allanamientos, 14 personas fueron capturadas en Colombia. La mayoría se acogió a sentencia anticipada ante los jueces y recibió condenas entre de 22 y 44 meses de prisión. Entre los detenidos estaba un hombre clave para ayudar a capturar a su jefe 'Chupeta' y desmantelar su organización: Laureano Rentería, quien fue su mano derecha toda la vida. En una operación relámpago, que aún no ha tenido explicación por parte de las autoridades policiales y judiciales, Rentería fue trasladado de Cali a Bogotá. Permaneció varios días protegido en la Dijín y cuando llegó a su celda en el pabellón de máxima seguridad de La Picota, era vox populi que su jefe planeaba silenciarlo. La DEA, que entendió rápidamente la importancia de este testigo, ayudó a acelerar el pedido de extradición. Pero ni la Policía, ni los gringos, ni los pabellones de hierro reforzado fueron suficientes frente a la mano criminal de su jefe. Rentería fue envenenado con cianuro en su celda.
La información que tenía este hombre era tan importante, que su muerte ocasionó uno de los más grandes roces entre las autoridades estadounidenses y el gobierno colombiano de los últimos años. Nadie pagó por este crimen planeado como cualquier guión de Hollywood.
Pero la historia de la mafia de 'Chupeta' seguía su curso. El 17 de enero, un día después del hallazgo de las millonarias caletas, un hombre llegó hasta las oficinas de la DEA en Nueva York y les entregó a los agentes estadounidenses un computador que llevaba consigo. En ese portátil estaba la información financiera que movía 'Chupeta'. Mientras las autoridades colombianas anunciaban el éxito de la operación contra las finanzas del capo, la DEA analizaba minuciosamente la información que contenía el portátil. Nombres, direcciones, teléfonos e información personal de socios, testaferros, familiares y amigos. Lo que les ha llamado la atención a los agentes federales es que en el portátil también aparecen los nombres de quienes durante los últimos seis años han estado vinculados con la organización de 'Chupeta'.
El listado incluye miembros de la Fuerza Pública, jueces, fiscales, empresarios, políticos e importantes dirigentes, principalmente del Valle del Cauca, vinculados con Ramírez Abadía, quien era uno de los 10 narcotraficantes más buscados del mundo y por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares.
En el computador también hay decenas de empresas que durante años han aparecido ante los ojos de la justicia y la opinión pública como respetadas industrias legales pero que, gracias a la información que descubrieron en el portátil, ahora se sabe que son fachadas y empresas que ha utilizado por años 'Chupeta' para lavar millones de dólares. "La importancia del computador es que confirma la versión de varios colaboradores de la justicia y apoya la información contra su organización delictiva y la fortaleza es que identifica la red de contactos del capo, lo que podría facilitar otras 20 extradiciones", sostuvo el general Óscar Naranjo, director de la Policía.
Un video que poseen las autoridades contiene el testimonio clave del informante que le dio a la DEA el portátil de 'Chupeta'. El testigo dice que fue suboficial de la Armada de Colombia y que conoció a Ramírez Abadía en la cárcel de Palmira y se unió a su organización cuando salió de prisión. 'Chupeta', quien estuvo en la Escuela Naval de Cadetes en su época de juventud, confiaba en el hombre ciegamente y dejó en sus manos el manejo de toda su información financiera de los últimos ocho años. El hombre comenzó a conocer del capo no sólo su habilidad con los números sino su trayectoria criminal y su perfil violento. Sabía que varios de sus hombres de confianza habían sido asesinados por saber demasiado sobre él. Y pensó que algún día él correría la misma suerte de ser asesinado por su propio jefe. Decidió salir del país y se acogió al programa de Protección de Testigos de la justicia norteamericana, a la que le dio todos los secretos de Ramírez Abadía.
Sangre y muerte
La pasión de 'Chupeta' por el dinero y la vida extravagante no tenía límites. Tampoco su sed de venganza. Las autoridades le atribuyen innumerables ajustes de cuentas, cuyo episodio más macabro fue haber ordenado la ejecución de 35 familiares, socios, abogados y colaboradores del extraditado Víctor Patiño Fómeque, en retaliación por haberlo acusado ante las autoridades norteamericanas, según el relato de su madre, Deisy Fómeque, que divulgó SEMANA en 2002.
En el bajo mundo sostienen que 'Chupeta' terminó apropiándose de la fortuna de Patiño. Esa guerra sangrienta lo posicionó en el norte del Valle en donde logró comprar conciencias, sobornar a la justicia, utilizar testaferros para ocultar sus propiedades y enterrar parte de su fortuna. Sin embargo, a pesar de que le encontraron 60 millones de dólares encaletados y la Fiscalía le había confiscado millones en bienes, el capo vivía a sus anchas en Brasil, país que se ha convertido en el epicentro para el tráfico de la droga.
Narcolujos
Aparte de su mansión y de sus lujosos carros blindados, 'Chupeta' tenía en Brasil una hacienda ganadera a 20 kilómetros de la población de Pouso Alegre (Minas Gerais), en donde había levantado siete construcciones, una casa principal con seis suites, una vista maravillosa a 10 lagos que utilizaba para la cría de peces y seis lujosas cabañas alrededor de una piscina estilo jacuzzi, con tobogán.
Su habilidad para crear empresas quedó demostrada también en territorio brasileño. Logró comprar inmuebles, principalmente hoteles y mansiones, empresas reconocidas, costosos vehículos y una casa en la playa que pretendía vender por 1,5 millones de dólares. Pero la más sorprendente y lo que realmente condujo a su captura fue la forma como se las ingenió para ocultar los bienes que iba comprando. Convenció a muchas familias pobres para que sus bienes figuraran a nombre de ellas, y las autoridades brasileñas fueron detectando la compra de muchos inmuebles a nombre de nuevos ricos que dentro de la investigación fue arrojando como resultado que se trataba de una red de testaferros de un hombre que fungía ser sólo un vendedor de carros. Ese era 'Chupeta'. Por eso la investigación lleva el nombre de 'Operación Harapos'. ?
Todos quieren a 'Chupeta'
Ramírez Abadía permanece detenido en la Policía federal de Brasil. Su vecino de celda es el astro de la selección Colombia Freddy Rincón, quien está preso por lavado de activos y a la espera de ser extraditado a Panamá. Lo más probable es que esta semana, 'Chupeta' sea trasladado a la Penitenciaría Federal de Campo Grande, cerca de la población Amarato Groso, en donde está recluido Luis Fernando da Costa, más conocido como 'Fernandinho' Beira-Mar, poderoso jefe del narcotráfico en Brasil y capturado en 2001 por el Ejército en las selvas del Vichada en donde movía el negocio de la coca con las Farc.
Ahora, todas las autoridades quieren a 'Chupeta'. "Queremos que sea extraditado directamente a Estados Unidos", dijo Richard Mei, vocero de prensa de la DEA en Brasilia. No obstante, el fiscal general, Mario Iguarán, sostuvo que no es procedente enviarlo a territorio norteamericano, aunque mencionó otros instrumentos de asistencia jurídica internacional. Pero la batalla legal se complicó. Será el Supremo Tribunal Federal de Brasil el que decidirá si cumple primero su condena en el país por falsedad en documentos públicos y lavado de dinero, por los que podría pagar penas de prisión de entre cinco y 15 años.
Con la captura de 'Chupeta', quedó demostrado que a pesar de su habilidad para cambiar constantemente su rostro, no pudo cambiar su voz ni sus huellas dactilares. Y su gran equivocación fue la de vivir como un mafioso a la vieja usanza, es decir, no haber aprendido la lección de que las excentricidades, los excesos y la soberbia que produce el dinero ilegal son la perdición de los narcotraficantes. Pero, aparentemente, eso a 'Chupeta' no le importaba
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La captura de 'Chupeta' fue impresionante. Pero mucho más impresionante fue la vida excéntrica, cruel y llena de excesos que llevó durante más de 20 años como capo de la droga.
Ninguna cirugía plástica puede esconder la naturaleza de un hombre. Menos la de un mafioso. Eso lo comprendió Juan Carlos Ramírez Abadía, alias 'Chupeta', la madrugada del martes pasado, cuando vio su lujosa mansión cerca de Sao Paulo invadida de policías. La cinematográfica operación de las autoridades brasileñas no pudo ser más exitosa. Sin saberlo, capturaron a uno de los narcotraficantes colombianos más buscados en el mundo, que se ocultaba tras un rostro totalmente desconocido.
La operación buscaba golpear una gran red internacional de lavadores de dinero que venían investigando desde hacía dos años las policías de Estados Unidos, México, Argentina, Uruguay y España. Lo que no sabían los sabuesos investigadores era que el hombre que salía de su casa todos los días con gorra y gafas hacia un local de venta de automóviles y motos náuticas, y al que ellos consideraban el cerebro de la red de lavado, era nada más y nada menos que 'Chupeta'. Las autoridades le filmaban todos sus pasos. Quién entraba y quién salía de su establecimiento. Pero vivían sorprendidos porque a su lujosa mansión sólo entraban dos personas: él y su esposa.
Ramírez Abadía llegó a Brasil hace dos años con 16 millones de dólares, según él, para "vivir como un rey". Eso fue lo que le dijo a la Policía federal brasileña mientras le colocaban las esposas alrededor de las manos. "¿Quién es usted en realidad?", le preguntó uno de los oficiales. 'Chupeta' estaba acorralado y decidió revelar su verdadera identidad. "Yo soy la persona que buscan, Juan Carlos Ramírez Abadía. Pero mi mujer no tiene nada que ver en esto", dijo angustiado.
Luego de ser detenido, contó además que se practicó seis cirugías plásticas. "Sólo pudo ser identificado por su voz y sus huellas dactilares, que fueron confirmadas por el propio director de la Policía colombiana, general Óscar Naranjo", le dijo a SEMANA Fernando Francischini, el agente de la Policía federal a cargo de la investigación contra 'Chupeta'.
La sorpresa fue mayúscula cuando las autoridades comenzaron a recorrer su lujosa mansión, avaluada en dos millones de dólares, en la que sólo vivían 'Chupeta' y su tercera esposa, Jessica Paula Rojas, una colombiana que se identificó inicialmente con documentos venezolanos a nombre de Ana Mella. "¿Dónde tiene la plata?", le preguntó de nuevo el oficial. "Venga, deme ese manojo de llaves. Yo les quiero colaborar", le dijo Ramírez Abadía al policía. Se agachó, abrió la puerta que ocultaba la caja fuerte y adentro tenía 544.000 dólares, 250.000 euros y 55.000 reales.
La Policía federal brasileña le encontró 160 teléfonos celulares que utilizaba para burlar las interceptaciones telefónicas. Tenía una colección de relojes suizos y utilizaba varios pasaportes falsos. En un video que logró obtener en exclusiva el periodista Wílber Correa, del canal Caracol, se ve cuando 'Chupeta' decide entregarles a las autoridades brasileñas todas las caletas que tenía en su casa y en sectores rurales cerca de Sao Paulo. Según la Policía, el capo les reveló que encaletó parte de su fortuna en puntos estratégicos por si tenía que fugarse y les mostró el sitio exacto en donde tenía otra de sus caletas. Fue así como descubrieron debajo del asador, en los jardines de su mansión, otro millón de dólares y 200.000 euros.
Después, la Policía recibió una llamada inesperada. Se trataba de la cirujana Loriti Breuel, quien vio las imágenes de la captura de 'Chupeta' y lo reconoció al instante. "Yo fui la que operé a ese hombre, pero se identificó con documentos de Argentina", dijo la médica, quien se mostró dispuesta a colaborarles a la autoridades. Ramírez Abadía se identificaba en Brasil como Marcelo Javier Unzué, un médico argentino de 44 años, la misma edad de 'Chupeta', quien supuestamente vivía en La Plata, trabajaba como hemoterapista en una clínica y a quien le habían robado sus documentos en 2005.
Con esa falsa identidad, y con la también apócrifa identidad de su esposa como venezolana, llegaron 'Chupeta' y Paula Rojas al consultorio de la cirujana en un barrio de Sao Paulo, en donde hay por lo menos 50 clínicas de cirugía plástica. "Mi esposa se quiere operar la nariz y yo me hice dos cirugías de la nariz en Estados Unidos que no me gustaron y quiero que usted me arregle un poco más", le dijo el supuesto argentino a la médica. 'Chupeta' se mandó a hacer un ensanchamiento de la quijada, el mentón partido, los párpados y estirar la frente. Ambas operaciones, las del capo y su esposa fueron hace una semana. Por eso en las fotografías mostradas por la Policía brasileña, después de su captura, aún se ven las cicatrices recientes de las cirugías.
Su vida en Colombia
La vanidad de Juan Carlos Ramírez Abadía ha sido su debilidad toda la vida. Desde cuando ingresó a la mafia no ocultaba sus gustos por las joyas, por vestir bien y por mantenerse en forma. Gracias al negocio de la droga, desde principios de los años 90, Ramírez Abadía vivió como un rey en Colombia. Junto con su amigo Juan Carlos Ortiz, alias 'Cuchilla', quien fue asesinado en 2000, se convirtió en el primer colombiano en enviar una tonelada de cocaína a Estados Unidos en un avión. Este gran golpe lo perfiló como el más seguro sucesor de los ex jefes del cartel de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, que hicieron de 'Chupeta' un barón de la droga. En esa época, junto con Ortiz, trabajaba de la mano de Helmer 'Pacho' Herrera y eran los amos y señores de la rumba en Cali, en donde ostentaban su poderío con carros lujosos, joyas y acompañados de mujeres hermosas. Esas han sido las tres grandes pasiones de 'Chupeta': la vanidad, el sexo y el dinero.
En 1996 'Chupeta' y 'Cuchilla' se entregaron a la justicia y aceptaron los cargos por narcotráfico, enriquecimiento ilícito y testaferrato. Fueron condenados a 24 años de prisión, de los cuales, por rebaja de penas, Ramírez Abadía pagó cuatro y estuvo en tres cárceles diferentes: máxima seguridad de Palmira, Villahermosa y Buga, en el Valle del Cauca. Desde esos centros de reclusión mantuvo su organización y su negocio intactos. Las autoridades norteamericanas y las colombianas lo sabían. Y él presentía que tarde o temprano tendría que ir a un estrado judicial estadounidense.
Por eso, en 2003, se reunió en un prestigioso hotel de Cali con la ex fiscal norteamericana Lee Stapleton y un abogado, para indagar si tenía algún proceso en curso en Estados Unidos. Fue el último día que las autoridades lo vieron. Un grupo de la Dijín le cayó por sorpresa en la suite. Los investigadores estaban convencidos de que a la reunión asistiría Hernando Gómez Bustamante, alias 'Rasguño'. Al descubrir que se trataba de Ramírez Abadía tuvieron que dejarlo en libertad porque no tenía ningún proceso judicial en su contra. 'Chupeta' se había integrado al cartel del norte del Valle desde cuando salió de la prisión.
Sólo un año después, en mayo de 2004, Ramírez Abadía pasó a la clandestinidad y se volvió invisible para las autoridades cuando supo que era solicitado en extradición, bajo la Ley Rico, por una Corte de Washington. No era la primera vez que la justicia norteamericana quería juzgarlo por narcotráfico. Desde 1994 tenía cargo en el Distrito de Colorado y en el Distrito Este de Nueva York. Pero en 1996 Colombia negó su extradición. Por esa época 'Chupeta' ya llevaba 10 años traficando cocaína y lideró una organización que envió cientos de toneladas del alcaloide a Los Ángeles y San Antonio, Texas, a través de México. Además creó su propia red distribuidora en Nueva York. Hoy, con 44 años, se calcula que su fortuna bordea los 1.800 millones de dólares.
Tenía parte de esa fortuna, 60 millones de dólares y 309 lingotes de oro, enterrada en siete casas de Cali. Fue el gran golpe que la Dijín le dio a 'Chupeta' a principios de este año, cuando fueron encontradas las millonarias caletas del capo, noticia que dió la vuelta al mundo. Como resultado de los allanamientos, 14 personas fueron capturadas en Colombia. La mayoría se acogió a sentencia anticipada ante los jueces y recibió condenas entre de 22 y 44 meses de prisión. Entre los detenidos estaba un hombre clave para ayudar a capturar a su jefe 'Chupeta' y desmantelar su organización: Laureano Rentería, quien fue su mano derecha toda la vida. En una operación relámpago, que aún no ha tenido explicación por parte de las autoridades policiales y judiciales, Rentería fue trasladado de Cali a Bogotá. Permaneció varios días protegido en la Dijín y cuando llegó a su celda en el pabellón de máxima seguridad de La Picota, era vox populi que su jefe planeaba silenciarlo. La DEA, que entendió rápidamente la importancia de este testigo, ayudó a acelerar el pedido de extradición. Pero ni la Policía, ni los gringos, ni los pabellones de hierro reforzado fueron suficientes frente a la mano criminal de su jefe. Rentería fue envenenado con cianuro en su celda.
La información que tenía este hombre era tan importante, que su muerte ocasionó uno de los más grandes roces entre las autoridades estadounidenses y el gobierno colombiano de los últimos años. Nadie pagó por este crimen planeado como cualquier guión de Hollywood.
Pero la historia de la mafia de 'Chupeta' seguía su curso. El 17 de enero, un día después del hallazgo de las millonarias caletas, un hombre llegó hasta las oficinas de la DEA en Nueva York y les entregó a los agentes estadounidenses un computador que llevaba consigo. En ese portátil estaba la información financiera que movía 'Chupeta'. Mientras las autoridades colombianas anunciaban el éxito de la operación contra las finanzas del capo, la DEA analizaba minuciosamente la información que contenía el portátil. Nombres, direcciones, teléfonos e información personal de socios, testaferros, familiares y amigos. Lo que les ha llamado la atención a los agentes federales es que en el portátil también aparecen los nombres de quienes durante los últimos seis años han estado vinculados con la organización de 'Chupeta'.
El listado incluye miembros de la Fuerza Pública, jueces, fiscales, empresarios, políticos e importantes dirigentes, principalmente del Valle del Cauca, vinculados con Ramírez Abadía, quien era uno de los 10 narcotraficantes más buscados del mundo y por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares.
En el computador también hay decenas de empresas que durante años han aparecido ante los ojos de la justicia y la opinión pública como respetadas industrias legales pero que, gracias a la información que descubrieron en el portátil, ahora se sabe que son fachadas y empresas que ha utilizado por años 'Chupeta' para lavar millones de dólares. "La importancia del computador es que confirma la versión de varios colaboradores de la justicia y apoya la información contra su organización delictiva y la fortaleza es que identifica la red de contactos del capo, lo que podría facilitar otras 20 extradiciones", sostuvo el general Óscar Naranjo, director de la Policía.
Un video que poseen las autoridades contiene el testimonio clave del informante que le dio a la DEA el portátil de 'Chupeta'. El testigo dice que fue suboficial de la Armada de Colombia y que conoció a Ramírez Abadía en la cárcel de Palmira y se unió a su organización cuando salió de prisión. 'Chupeta', quien estuvo en la Escuela Naval de Cadetes en su época de juventud, confiaba en el hombre ciegamente y dejó en sus manos el manejo de toda su información financiera de los últimos ocho años. El hombre comenzó a conocer del capo no sólo su habilidad con los números sino su trayectoria criminal y su perfil violento. Sabía que varios de sus hombres de confianza habían sido asesinados por saber demasiado sobre él. Y pensó que algún día él correría la misma suerte de ser asesinado por su propio jefe. Decidió salir del país y se acogió al programa de Protección de Testigos de la justicia norteamericana, a la que le dio todos los secretos de Ramírez Abadía.
Sangre y muerte
La pasión de 'Chupeta' por el dinero y la vida extravagante no tenía límites. Tampoco su sed de venganza. Las autoridades le atribuyen innumerables ajustes de cuentas, cuyo episodio más macabro fue haber ordenado la ejecución de 35 familiares, socios, abogados y colaboradores del extraditado Víctor Patiño Fómeque, en retaliación por haberlo acusado ante las autoridades norteamericanas, según el relato de su madre, Deisy Fómeque, que divulgó SEMANA en 2002.
En el bajo mundo sostienen que 'Chupeta' terminó apropiándose de la fortuna de Patiño. Esa guerra sangrienta lo posicionó en el norte del Valle en donde logró comprar conciencias, sobornar a la justicia, utilizar testaferros para ocultar sus propiedades y enterrar parte de su fortuna. Sin embargo, a pesar de que le encontraron 60 millones de dólares encaletados y la Fiscalía le había confiscado millones en bienes, el capo vivía a sus anchas en Brasil, país que se ha convertido en el epicentro para el tráfico de la droga.
Narcolujos
Aparte de su mansión y de sus lujosos carros blindados, 'Chupeta' tenía en Brasil una hacienda ganadera a 20 kilómetros de la población de Pouso Alegre (Minas Gerais), en donde había levantado siete construcciones, una casa principal con seis suites, una vista maravillosa a 10 lagos que utilizaba para la cría de peces y seis lujosas cabañas alrededor de una piscina estilo jacuzzi, con tobogán.
Su habilidad para crear empresas quedó demostrada también en territorio brasileño. Logró comprar inmuebles, principalmente hoteles y mansiones, empresas reconocidas, costosos vehículos y una casa en la playa que pretendía vender por 1,5 millones de dólares. Pero la más sorprendente y lo que realmente condujo a su captura fue la forma como se las ingenió para ocultar los bienes que iba comprando. Convenció a muchas familias pobres para que sus bienes figuraran a nombre de ellas, y las autoridades brasileñas fueron detectando la compra de muchos inmuebles a nombre de nuevos ricos que dentro de la investigación fue arrojando como resultado que se trataba de una red de testaferros de un hombre que fungía ser sólo un vendedor de carros. Ese era 'Chupeta'. Por eso la investigación lleva el nombre de 'Operación Harapos'. ?
Todos quieren a 'Chupeta'
Ramírez Abadía permanece detenido en la Policía federal de Brasil. Su vecino de celda es el astro de la selección Colombia Freddy Rincón, quien está preso por lavado de activos y a la espera de ser extraditado a Panamá. Lo más probable es que esta semana, 'Chupeta' sea trasladado a la Penitenciaría Federal de Campo Grande, cerca de la población Amarato Groso, en donde está recluido Luis Fernando da Costa, más conocido como 'Fernandinho' Beira-Mar, poderoso jefe del narcotráfico en Brasil y capturado en 2001 por el Ejército en las selvas del Vichada en donde movía el negocio de la coca con las Farc.
Ahora, todas las autoridades quieren a 'Chupeta'. "Queremos que sea extraditado directamente a Estados Unidos", dijo Richard Mei, vocero de prensa de la DEA en Brasilia. No obstante, el fiscal general, Mario Iguarán, sostuvo que no es procedente enviarlo a territorio norteamericano, aunque mencionó otros instrumentos de asistencia jurídica internacional. Pero la batalla legal se complicó. Será el Supremo Tribunal Federal de Brasil el que decidirá si cumple primero su condena en el país por falsedad en documentos públicos y lavado de dinero, por los que podría pagar penas de prisión de entre cinco y 15 años.
Con la captura de 'Chupeta', quedó demostrado que a pesar de su habilidad para cambiar constantemente su rostro, no pudo cambiar su voz ni sus huellas dactilares. Y su gran equivocación fue la de vivir como un mafioso a la vieja usanza, es decir, no haber aprendido la lección de que las excentricidades, los excesos y la soberbia que produce el dinero ilegal son la perdición de los narcotraficantes. Pero, aparentemente, eso a 'Chupeta' no le importaba
Publicado en www.semana.com
El Chupeta
Por: Juan Diego García (especial para ARGENPRESS.info
16/08/2007
La captura en Brasil del buscado narcotraficante colombiano conocido como “Chupeta” será sin duda un enorme éxito para los funcionarios policiales que han participado en la operación pero tiene al mismo tiempo una lectura menos optimista: a pesar de la muerte o prisión de los grandes jefes de estas mafias el fenómeno se reproduce indefinidamente y habrá sido cosa de horas hasta que las familias mafiosas de Cali hayan reemplazado a este siniestro personaje por otro igual o peor.
Que las cosas ocurran de esta manera solo se explica porque la llamada guerra contra el narcotráfico se está perdiendo a pesar de los ingentes recursos de todo tipo que se han invertido. En parte, porque las estrategias son equivocadas; en parte, porque los objetivos reales son otros, y en parte porque el mismo orden social es el mejor caldo de cultivo para estas actividades, de suerte que mientras no se emprendan cambios significativos el tráfico ilegal de sustancias alucinógenas no va a cesar. De hecho, después de tantos años de combate al narcotráfico el balance no puede ser más desalentador si nos atenemos a las cifras de producción y consumo que registran los organismos internacionales concernientes.
Lo primero que salta a la vista es la enorme debilidad e impotencia del Estado frente a la mafia de las drogas no tanto por la falta de recursos sino por la infiltración profunda del narcotráfico en las instituciones de policía y justicia. Los casos de Colombia o México resultan paradigmáticos pero no son los únicos afectados ni el fenómeno se presenta solamente en los países pobres del planeta.
El escándalo más reciente destapa los vínculos de la misma oficina de reclutamiento del ejército colombiano con un grupo mafioso precisamente de Cali, al cual se le ofrecían especialistas en protección, después de minucioso estudio de hojas de vida, la entrevista de rigor y el “pase” de las filas de las fuerzas armadas a la delincuencia organizada. También un juez aparece implicado en la puesta en libertad del mayor cabecilla del escándalo, desmintiendo la versión oficial que se escuda en la conocida teoría de la “manzana podrida”. Una “teoría” ya insostenible dada la reiteración y la extensión de los escándalos que llevan a pensar que aunque esta versión oficial fuese cierta, estos “casos aislados” resultan ya suficientes para paralizar y anular la acción de la justicia. Y al paso que avanzan los acontecimientos no está lejano el momento en que sea necesario decretar que la cesta está podrida y tan solo algunas manzanas son salvables.
Pero no es solo la impotencia de los instrumentos estatales; también se falla en el enfoque global, pues en lugar de emprender acciones decididas contra los principales protagonistas el combate se dirige a el eslabón más débil: el campesino pobre que produce la materia prima. Es aparentemente inexplicable que las Operaciones “Colombia” – iniciada por Clinton y Pastrana Arango- y las sucesivas extensiones de este inmenso y millonario operativo no solo tengan un carácter casi exclusivamente militar sino que se reducen a fumigar, provocar desplazamientos de población, amedrentar y perseguir comunidades enteras en aquellas áreas que se suponen las mayores productoras de hoja de coca y amapola. Contrasta tanta dedicación con los esfuerzos muy inferiores destinados a perseguir laboratorios, interceptar los medios de transporte de la droga, incautar envíos y sobre todo, poner coto al inmenso tráfico de dineros ilegales, que ya como depósitos bancarios, ya como inversiones directas, constituyen un porcentaje decisivo de la economía nacional e igualan o superan las remesas enviadas por los emigrantes. Seguramente que los campesinos pobres de la frontera agrícola del país apenas cuentan con apoyos sociales y políticos; no parece ser el caso, sin embargo, de las mafias, tan bien incrustadas en todo el entramado social del país. Esta sería una de las razones principales para decidirse a combatir ante todo al eslabón más débil de la cadena.
No menos escandalosa resulta la actitud de los países que apoyan estas “operaciones”. En particular- pero no solo- los Estados Unidos, quienes asumen como correcta la estrategia de “golpear en origen” (si no hay producción no hay consumo) mientras resultan remisos incurables a la hora de ejecutar sus propios controles. Si asumieran su responsabilidad, en los países ricos se controlaría la venta de los llamados “precursores químicos”, indispensables para elaborar las drogas y que solo producen algunos países desarrollados; se afanarían sinceramente por terminar el tráfico de armas, equipos de transporte y sofisticados sistemas de comunicación destinados a las mafias del narcotráfico. Tampoco parece que exista una diligencia destacada en controlar los flujos del dinero producto del tráfico de drogas. Algunos analistas calculan que a países productores –como Colombia- tan solo llega un porcentaje pequeño (¿5%?) del monto total de las transacciones mientras en bancos, empresas y paraísos fiscales del Occidente rico se queda la parte de león del narcotráfico, haciendo bueno el refrán según el cual “el dinero no huele”.
No es posible conseguir vencer a las mafias de la droga si el orden social imperante resulta ser el mejor caldo de cultivo para su nacimiento y expansión. La pobreza de muchos en zonas marginales del campo y la ciudad constituye la mejor aliada del empresario mafioso a la hora de incitar a estos colectivos a participar en estas actividades ilegales. En la pobreza extrema recluta el narcotráfico sus peones y soldados. En la desesperanza de los llamados “sectores medios” se produce el cuerpo de administrativos y directores de la empresa delictiva; de esos sectores sale “Chupeta”, descrito por la policía como “culto, educado y todo un caballero”. Mientras tanto, en las clases altas se produce la discreta vinculación, la tolerancia calculada, la apertura de la puerta trasera para que estos nuevos ricos ingresen en la sociedad. Si el lema de los tiempos no es otro que el “enriquecerse a cualquier precio”, si la vieja ética del trabajo duro, la honradez, el gasto sistemático, la inversión productiva y la sobriedad - la versión criolla del calvinismo - se abandona en favor del “todo vale con tal de triunfar” no debe extrañar lo inútil que resulta combatir una actividad que propicia el rápido enriquecimiento, la casi total impunidad, el triunfo seguro, el boato, el derroche y una vida “a la americana” (símbolo del mayor prestigio), es decir, que tan bien coincide con el mensaje que recibe toda la sociedad y se expone como el ideal para estas y futuras generaciones.
La clase dominante colombiana tiene evidentemente la principal responsabilidad y de nada valen los intentos de eludirla atribuyéndola a todos, de la misma forma que ahora se quiere diluir en cada colombiano la culpa no solo del narcotráfico sino del paramilitarismo.
En el caso colombiano la cuestión se complica aún más por el empeño de las autoridades de convertir la guerra contra las drogas en una guerra contra los insurgentes, considerados un cartel más (el “mayor del mundo” según Washington). De hecho, los recursos militares (más del 90%) del Plan Colombia y sus continuaciones se dedican fundamentalmente a combatir guerrilleros, eludiendo el camino de la negociación política y la salida pacífica de un conflicto armado con claras raíces sociales y políticas. Como resultado, los operativos se concentran en las áreas de influencia de las guerrillas pero apenas tocan las zonas de control paramilitar, en las cuales florece frenéticamente el narcotráfico. Toda una paradoja si se piensa que el vínculo de narcotráfico y paramilitarismo no solo es evidente sino reconocido por ellos mismos; sus principales cabecillas tienen juicios pendientes en Estados Unidos por tráfico de estupefacientes y están solicitados en extradición, mientras no se conoce de captura alguna de droga perteneciente a la guerrilla, que reconoce “cobrar impuestos” a todas las actividades económicas en las regiones bajo su control - incluida la producción de materia prima para la elaboración de la droga- pero niega rotundamente que plante, produzca o comercialice el producto.
El resultado ha sido pobre para la estrategia de Uribe Vélez: ni ha conseguido éxitos destacables en la lucha contra el tráfico de drogas, ni consigue debilitar al movimiento guerrillero
En realidad, y echando mano de la experiencia, parece más probable que las mafias de la droga terminen siendo asumidas en el orden social que exterminadas por la acción de las autoridades. Se disolverán ellas mismas en la medida en que su condición de grandes capitalistas les reserve un puesto en el sistema. De hecho, han tenido y tienen una enorme influencia política, manipulando a su antojo muchas leyes y promoviendo otras en su favor; han infiltrado las instituciones públicas en una medida tan grave que las paraliza; hacen presencia activa en la economía del país y en su vida social y demuestran no solo un enorme sentido de los negocios sino una capacidad enorme para reproducirse y mantenerse.
No será sin embargo la primera vez que la parte mafiosa del capitalismo termine por integrarse en el sistema. Primero de forma discreta, por la puerta trasera; luego, tras algunas generaciones, por la pomposa entrada principal, con todos los honores. Aquellos que no entienden estas reglas de juego suelen cometer el error de querer entrar de inmediato, haciendo gala de su mal gusto y altanería, tratando de cobrar con torpeza todos los favores que le deben políticos, jueces, obispos, policías y empresarios. Estos son los incautos que deliran de grandeza y de convierten en estorbo para los mismos intereses generales de la mafia. Eso es el “Chupeta”, uno más que irá (si no escapa) a purgar sus delitos de por vida en una cárcel gringa, mientras los listos saben que haciendo las cosas bien pueden esperar que si no sus hijos, al menos si sus nietos lleguen inclusive a la presidencia de la república, como confesaba cierto traficante irlandés que de haber vivido algunos años más hubiese alcanzado a ver cumplido su sueño.
Oublicado en www.segenpre.info
Por: Juan Diego García (especial para ARGENPRESS.info
16/08/2007
La captura en Brasil del buscado narcotraficante colombiano conocido como “Chupeta” será sin duda un enorme éxito para los funcionarios policiales que han participado en la operación pero tiene al mismo tiempo una lectura menos optimista: a pesar de la muerte o prisión de los grandes jefes de estas mafias el fenómeno se reproduce indefinidamente y habrá sido cosa de horas hasta que las familias mafiosas de Cali hayan reemplazado a este siniestro personaje por otro igual o peor.
Que las cosas ocurran de esta manera solo se explica porque la llamada guerra contra el narcotráfico se está perdiendo a pesar de los ingentes recursos de todo tipo que se han invertido. En parte, porque las estrategias son equivocadas; en parte, porque los objetivos reales son otros, y en parte porque el mismo orden social es el mejor caldo de cultivo para estas actividades, de suerte que mientras no se emprendan cambios significativos el tráfico ilegal de sustancias alucinógenas no va a cesar. De hecho, después de tantos años de combate al narcotráfico el balance no puede ser más desalentador si nos atenemos a las cifras de producción y consumo que registran los organismos internacionales concernientes.
Lo primero que salta a la vista es la enorme debilidad e impotencia del Estado frente a la mafia de las drogas no tanto por la falta de recursos sino por la infiltración profunda del narcotráfico en las instituciones de policía y justicia. Los casos de Colombia o México resultan paradigmáticos pero no son los únicos afectados ni el fenómeno se presenta solamente en los países pobres del planeta.
El escándalo más reciente destapa los vínculos de la misma oficina de reclutamiento del ejército colombiano con un grupo mafioso precisamente de Cali, al cual se le ofrecían especialistas en protección, después de minucioso estudio de hojas de vida, la entrevista de rigor y el “pase” de las filas de las fuerzas armadas a la delincuencia organizada. También un juez aparece implicado en la puesta en libertad del mayor cabecilla del escándalo, desmintiendo la versión oficial que se escuda en la conocida teoría de la “manzana podrida”. Una “teoría” ya insostenible dada la reiteración y la extensión de los escándalos que llevan a pensar que aunque esta versión oficial fuese cierta, estos “casos aislados” resultan ya suficientes para paralizar y anular la acción de la justicia. Y al paso que avanzan los acontecimientos no está lejano el momento en que sea necesario decretar que la cesta está podrida y tan solo algunas manzanas son salvables.
Pero no es solo la impotencia de los instrumentos estatales; también se falla en el enfoque global, pues en lugar de emprender acciones decididas contra los principales protagonistas el combate se dirige a el eslabón más débil: el campesino pobre que produce la materia prima. Es aparentemente inexplicable que las Operaciones “Colombia” – iniciada por Clinton y Pastrana Arango- y las sucesivas extensiones de este inmenso y millonario operativo no solo tengan un carácter casi exclusivamente militar sino que se reducen a fumigar, provocar desplazamientos de población, amedrentar y perseguir comunidades enteras en aquellas áreas que se suponen las mayores productoras de hoja de coca y amapola. Contrasta tanta dedicación con los esfuerzos muy inferiores destinados a perseguir laboratorios, interceptar los medios de transporte de la droga, incautar envíos y sobre todo, poner coto al inmenso tráfico de dineros ilegales, que ya como depósitos bancarios, ya como inversiones directas, constituyen un porcentaje decisivo de la economía nacional e igualan o superan las remesas enviadas por los emigrantes. Seguramente que los campesinos pobres de la frontera agrícola del país apenas cuentan con apoyos sociales y políticos; no parece ser el caso, sin embargo, de las mafias, tan bien incrustadas en todo el entramado social del país. Esta sería una de las razones principales para decidirse a combatir ante todo al eslabón más débil de la cadena.
No menos escandalosa resulta la actitud de los países que apoyan estas “operaciones”. En particular- pero no solo- los Estados Unidos, quienes asumen como correcta la estrategia de “golpear en origen” (si no hay producción no hay consumo) mientras resultan remisos incurables a la hora de ejecutar sus propios controles. Si asumieran su responsabilidad, en los países ricos se controlaría la venta de los llamados “precursores químicos”, indispensables para elaborar las drogas y que solo producen algunos países desarrollados; se afanarían sinceramente por terminar el tráfico de armas, equipos de transporte y sofisticados sistemas de comunicación destinados a las mafias del narcotráfico. Tampoco parece que exista una diligencia destacada en controlar los flujos del dinero producto del tráfico de drogas. Algunos analistas calculan que a países productores –como Colombia- tan solo llega un porcentaje pequeño (¿5%?) del monto total de las transacciones mientras en bancos, empresas y paraísos fiscales del Occidente rico se queda la parte de león del narcotráfico, haciendo bueno el refrán según el cual “el dinero no huele”.
No es posible conseguir vencer a las mafias de la droga si el orden social imperante resulta ser el mejor caldo de cultivo para su nacimiento y expansión. La pobreza de muchos en zonas marginales del campo y la ciudad constituye la mejor aliada del empresario mafioso a la hora de incitar a estos colectivos a participar en estas actividades ilegales. En la pobreza extrema recluta el narcotráfico sus peones y soldados. En la desesperanza de los llamados “sectores medios” se produce el cuerpo de administrativos y directores de la empresa delictiva; de esos sectores sale “Chupeta”, descrito por la policía como “culto, educado y todo un caballero”. Mientras tanto, en las clases altas se produce la discreta vinculación, la tolerancia calculada, la apertura de la puerta trasera para que estos nuevos ricos ingresen en la sociedad. Si el lema de los tiempos no es otro que el “enriquecerse a cualquier precio”, si la vieja ética del trabajo duro, la honradez, el gasto sistemático, la inversión productiva y la sobriedad - la versión criolla del calvinismo - se abandona en favor del “todo vale con tal de triunfar” no debe extrañar lo inútil que resulta combatir una actividad que propicia el rápido enriquecimiento, la casi total impunidad, el triunfo seguro, el boato, el derroche y una vida “a la americana” (símbolo del mayor prestigio), es decir, que tan bien coincide con el mensaje que recibe toda la sociedad y se expone como el ideal para estas y futuras generaciones.
La clase dominante colombiana tiene evidentemente la principal responsabilidad y de nada valen los intentos de eludirla atribuyéndola a todos, de la misma forma que ahora se quiere diluir en cada colombiano la culpa no solo del narcotráfico sino del paramilitarismo.
En el caso colombiano la cuestión se complica aún más por el empeño de las autoridades de convertir la guerra contra las drogas en una guerra contra los insurgentes, considerados un cartel más (el “mayor del mundo” según Washington). De hecho, los recursos militares (más del 90%) del Plan Colombia y sus continuaciones se dedican fundamentalmente a combatir guerrilleros, eludiendo el camino de la negociación política y la salida pacífica de un conflicto armado con claras raíces sociales y políticas. Como resultado, los operativos se concentran en las áreas de influencia de las guerrillas pero apenas tocan las zonas de control paramilitar, en las cuales florece frenéticamente el narcotráfico. Toda una paradoja si se piensa que el vínculo de narcotráfico y paramilitarismo no solo es evidente sino reconocido por ellos mismos; sus principales cabecillas tienen juicios pendientes en Estados Unidos por tráfico de estupefacientes y están solicitados en extradición, mientras no se conoce de captura alguna de droga perteneciente a la guerrilla, que reconoce “cobrar impuestos” a todas las actividades económicas en las regiones bajo su control - incluida la producción de materia prima para la elaboración de la droga- pero niega rotundamente que plante, produzca o comercialice el producto.
El resultado ha sido pobre para la estrategia de Uribe Vélez: ni ha conseguido éxitos destacables en la lucha contra el tráfico de drogas, ni consigue debilitar al movimiento guerrillero
En realidad, y echando mano de la experiencia, parece más probable que las mafias de la droga terminen siendo asumidas en el orden social que exterminadas por la acción de las autoridades. Se disolverán ellas mismas en la medida en que su condición de grandes capitalistas les reserve un puesto en el sistema. De hecho, han tenido y tienen una enorme influencia política, manipulando a su antojo muchas leyes y promoviendo otras en su favor; han infiltrado las instituciones públicas en una medida tan grave que las paraliza; hacen presencia activa en la economía del país y en su vida social y demuestran no solo un enorme sentido de los negocios sino una capacidad enorme para reproducirse y mantenerse.
No será sin embargo la primera vez que la parte mafiosa del capitalismo termine por integrarse en el sistema. Primero de forma discreta, por la puerta trasera; luego, tras algunas generaciones, por la pomposa entrada principal, con todos los honores. Aquellos que no entienden estas reglas de juego suelen cometer el error de querer entrar de inmediato, haciendo gala de su mal gusto y altanería, tratando de cobrar con torpeza todos los favores que le deben políticos, jueces, obispos, policías y empresarios. Estos son los incautos que deliran de grandeza y de convierten en estorbo para los mismos intereses generales de la mafia. Eso es el “Chupeta”, uno más que irá (si no escapa) a purgar sus delitos de por vida en una cárcel gringa, mientras los listos saben que haciendo las cosas bien pueden esperar que si no sus hijos, al menos si sus nietos lleguen inclusive a la presidencia de la república, como confesaba cierto traficante irlandés que de haber vivido algunos años más hubiese alcanzado a ver cumplido su sueño.
Oublicado en www.segenpre.info
Pacto con Ernesto Báez enreda a cuatro congresistas de Santander
Pacto con Ernesto Báez enreda a cuatro congresistas de Santander
La Corte Suprema indaga los alcances del ‘acuerdo de Puerto Berrío’, suscrito por Luis Alberto Gil, Óscar Reyes, Alfonso Riaño y José Manuel Herrera en la misma época del Pacto de Ralito.
Por Élber Gutiérrez Roa
El nombre del senador Luis Alberto Gil comenzó a sonar en el escándalo por la infiltración paramilitar en la política desde antes de que la Corte Suprema de Justicia vinculara formalmente a los 14 congresistas que hoy están presos por dichos hechos.
Sonó cuando su movimiento, Convergencia Ciudadana, comenzó a expandirse velozmente ante el asombro de sus rivales de patio en Santander. Volvió a aparecer en octubre de 2004, cuando el senador Hugo Serrano lo acusó de tener nexos con el Bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefensas y cuando el senador Gustavo Petro denunció la infiltración paramilitar en las elecciones para gobernador de ese departamento. Estuvo en el ojo del huracán en 2006, cuando el senador Germán Vargas Lleras lo denunció por hacer proselitismo con un morral cargado de fajos de dinero. Y dio de qué hablar a comienzos de 2006, cuando el presidente Álvaro Uribe lo expulsó de la bancada uribista y pidió a la Fiscalía que investigara el origen de sus recursos.
Pese a tantos rumores, Gil se las había arreglado para pasar desapercibido gracias a un muy bajo perfil en su labor como congresista, en abierto contraste con la bonanza económica de sus campañas. Una y otra vez repitió que si alguien poseía pruebas en su contra tenía que presentarlas ante la autoridad competente y no en pocas ocasiones dijo que nunca le probarían nada porque Dios estaba de su parte.
Sus argumentos religiosos parecieron funcionarle hasta el 25 de julio pasado, cuando la Corte les abrió investigación preliminar a él y sus colegas Óscar Reyes, Alfonso Riaño y José Manuel Herrera, todos de Convergencia Ciudadana. Gil trató de salir del paso alegando que la medida fue tomada con base en un anónimo enviado al alto tribunal.
Pero este martes su situación se complicó aún más gracias a una nueva revelación de Petro, el mismo congresista que hace tres años lo puso a defenderse por su supuesta cercanía con los paras. Según el legislador del Polo Democrático, Gil y otros congresistas asistieron a una reunión con alias Ernesto Báez para hacer una alianza en la que los primeros recibirían apoyo económico y facilidades para hacer campaña política, mientras el segundo se beneficiaría con decisiones de los nuevos elegidos. La cita se habría realizado por la misma época del Pacto de Ralito de 2001, en el que 28 líderes de la Costa Atlántica y los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Don Berna, Jorge 40 y Báez acordaron “refundar la Patria”.
Petro se abstuvo de revelar los nombres de los demás asistentes al encuentro, pero indicó que éste se cumplió en Puerto Berrío, Antioquia. “Los demás nombres los debe decir Báez, quien se comprometió, mediante la ley de justicia y paz, a contar la verdad sobre sus acciones en el paramilitarismo”, indicó el senador opositor.
Aunque el presidente de la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Gómez Quintero, no quiso referirse al caso para respetar la reserva sumarial, Semana.com estableció que el tribunal posee el documento mencionado por Petro y que indaga tanto su autenticidad como las consecuencias del mismo. Extraoficialmente también se conoció que los otros tres congresistas de Convergencia llamados a indagatoria por la corte habrían asistido a la reunión, pero que no serían los únicos.
La vinculación de Gil y los suyos al proceso por la parapolítica –en el que han sido mencionados medio centenar de dirigentes políticos y que tiene tras las rejas a buenas parte de la bancada uribista en el Congreso- se convierte así en una nueva arista para los investigadores, a los que mucho se les ha hablado, sin pruebas contundentes hasta el momento, sobre supuestas irregularidades en empresas en las que el Congresista tiene intereses, tales como la Corporación Televisiva Ciudadana de Santander, la Fundación Integral para la Salud y la Educación Comunitaria del Magisterio y la administradora de riesgos profesionales y EPS Sol Salud.
Pese a las insistentes versiones sobre nexos de Gil con las autodefensas, lo más cerca que la justicia había estado de él hasta esta semana eran unas investigaciones que la Fiscalía abrió en de 2005 contra dos militantes de su grupo político: Armando Quiñónez, alcalde de Rionegro, Santander, y Fredy Álvarez, concejal del mismo municipio. A ambos se les vinculó por relaciones con grupos de autodefensas.
Los votos de Convergencia
El inusitado crecimiento de los votos de convergencia Ciudadana le ha permitido al senador Gil darse varios lujos electorales como el de ser expulsado y convocado nuevamente al redil del uribismo o el de sobrevivir políticamente pese a las permanentes acusaciones del senador Serrano.
El ritmo de crecimiento de su partido comenzó en las elecciones de Congreso de 2002, cuando el de Gil era aún un colectivo regional. En las votaciones para Congreso de ese año obtuvo 161 mil votos en Santander: 90 mil para Senado y 70 mil para Cámara de Representantes.
Gil obtuvo curul en Senado siendo el puesto 14 entre los candidatos más votados del país, con 82.053 sufragios. En la Cámara de Representantes por Santander obtuvo dos de las siete casillas por proveer. La de José Manuel Herrera (uno de los políticos llamados a indagatoria por la Corte) y la de Jaime Durán. Gracias a ese resultado se quedaron por fuera verdaderos pesos pesados de la política local como los ex congresistas Juana Bazán (serpista), Gerardo Tamayo y Jorge Humberto Mantilla.
En las elecciones de gobernación, del año siguiente, accedió al control del departamento gracias los 300 mil votos que logró su candidato, Hugo Heliodoro Aguilar. Ese mismo año Convergencia se hizo a 21 alcaldías y se convirtió en el noveno partido más votado del país. Entre otras, logró las de municipios con históricas alteraciones de orden público y fuerte presencia paramilitar como Arauca (Arauca), Puerto Wilches (Santander), Carepa (Antioquia), Puerto Boyacá y Muzo, Boyacá.
También triunfó en siete curules para las asambleas (cuatro en Santander, una en Tolima, una en Huila y una en Vaupés) y sacó 317 concejales, 143 de ellos en Santander.
Su más reciente medición en las urnas fue en las elecciones de Congreso de 2006 en las que su partido se convirtió en la sexta votación más alta del país, con 566 mil apoyos y subió a siete curules en el Senado. En su orden lograron casilla Gil, el polémico senador vallecaucano Juan Carlos Martínez Sinisterra , Oscar Josué Reyes (también llamado a indagatoria por la Corte), Luis Eduardo Vives (preso por la parapolítica), Carlos Barriga, Gabriel Acosta y Samuel Arrieta.
Para la Cámara subió de dos a tres curules a través de Alfonso Riaño, José Manuel Herrera y Edgar Gómez. Riaño, el otro congresista del partido llamado por la Corte, obtuvo enormes mayorías en los municipios santandereanos aledaños a Puerto Berrío, el escenario de la reunión con Báez. De su mano, Convergencia se hizo al triunfo en municipios como Landazuri y en algunos, como Cimitarra, alcanzó el 77% de los votos del partido, que a su vez barrió a los demás.
Paras en Puerto Berrío
Puerto Berrío es uno de los municipios más grandes del Magdalena Medio y tiene vital importancia en la geografía de la violencia nacional. Como Santa fe de Ralito, es uno de los lugares en donde mayor presencia histórica han tenido las autodefensas. Fue controlado durante muchos años por el Bloque Central Bolívar, del que hacía parte Ernesto Báez.
Colonizado desde la primera mitad del siglo XX, Puerto Berrío reunió en 1.184 kilómetros cuadrados buena parte de la poderosa dirigencia ganadera del país (el municipio fue desarrollado a partir de la ganadería extensiva y del ferrocarril), una importante presencia de grupos de izquierda (alimentados desde los años 50 por la llegada de nuevos campesinos desplazados por la Violencia), guerrilla (allí operaba el frente IV de las Farc) y narcotraficantes dedicados a los negocios de la marihuana y la cocaína. Según la revista Alternativa # 44, de agosto de 1975, para esa época algunos narcos como Jaime Builes ya se habían instalado en el municipio en busca de latifundios.
En medio de este compendio de actores surgió el Movimiento de Renovación Nacional, Morena, un grupo político de extrema derecha en el que militó Báez cuando todavía no tenía apodo y se hacía llamar Iván Roberto Duque, por su nombre de pila. Morena se extendió por el Magdalena Medio, que posteriormente fueron controlando los paramilitares: Puerto Berrío y Puerto Triunfo (Antioquia), Cimitarra (Santander), Puerto Boyacá (Boyacá), La Dorada (Caldas) y Puerto Salgar (Cundinamarca).
Eran las épocas del Estatuto de Seguridad del gobierno Turbay, en cuyo primer año, según cifras oficiales, hubo más de 60 mil detenidos en todo el país por supuestos vínculos con terroristas. La arremetida contra las Farc fue especialmente fuerte en Puerto Berrío, en donde comenzaron a desaparecer sindicalistas, dirigentes políticos y líderes sociales. Uno de los primeras y más sonados crímenes de esta etapa fue el de Darío Apango, a quien oficialmente reportaron como víctima de un paro cardíaco. En realidad, el vicepresidente del concejo fue arrastrado por el pueblo, torturado y su cuerpo apareció con los brazos despellejados, sin pulmones y sin vísceras. Por este caso el Tribunal contencioso administrativo de Antioquia condenó a la Nación y la obligó a indemnizar a los familiares de la víctima.
Ese fue solo el inicio de una larga cadena de desapariciones, torturas, secuestros y masacres producidas bajo el telón de la pacificación de la zona. Mientras el frente IV de las Farc daba origen al XI -que masificó el boleteo, el secuestro y la extorsión-, los ganaderos, con el apoyo de algunos miembros de las Fuerzas Militares, definieron la creación de un escuadrón de 100 hombres armados para proteger el Magdalena Medio. Según el pacto, firmado en enero de 1982, cada ganadero tenía que aportar entre uno y tres hombres o el equivalente a sus sueldos.
Al mismo tiempo comenzaron a trabajar en la zona los hombres del grupo delincuencial creado por los narcos del Valle, Medellín, la Costa y Bogotá para liberar a Martha Nieves Ochoa –del clan Ochoa Vásquez- de su secuestro a manos del M-19. El reducto criminal pasó a la historia como el MAS, que significaba “muerte a secuestradores”.
El último ingrediente para el coctel de violencia que vivió el municipio fue la llegada de la XIV Brigada, que inicialmente tenía sede en Cimitarra (Santander) y que fue reubicada para ayudar en la lucha contrainsurgente. A la postre, la brigada sería comandada por el general Farouk Yanine Díaz.
De poco servían las marchas a favor de la paz lideradas por la ciudadanía. Tampoco ayudaban las de iniciativa oficial, como aquella que, en 1983, coordinó el presidente Belisario Betancur y que contó con la presencia de sus ministros de Gobierno, Justicia y Educación, así como del comisionado de paz.
En el municipio, que para entonces tenía 30 mil habitantes, se hablaba de 30 muertos cada fin de semana a manos de los paramilitares y de una población de 10 secuestrados, por los cuales la guerrilla pedía hasta 12 millones de pesos. Al final de la guerra, el Partido Comunista pasó de tener 1.382 líderes en el municipio, durante 1982, a desaparecer completamente del mapa político dos años después.
En ese ambiente se fue gestando el poder de Báez, el ex comandante de autodefensas de voz ronca y sindicado de narcotráfico que logró el reconocimiento de desmovilizado durante la primera administración del presidente Álvaro Uribe. El mismo que, meses después de la reunión con Gil, presidió una manifestación pública en Barrancabermeja para pedirle a la gente que votara al Senado por Carlos Clavijo, candidato del partido del ministro Óscar Iván Zuluaga y la senadora Adriana Gutiérrez, quienes se formaron políticamente en el Magdalena Medio. El mismo que aceptó haberse reunido, en su condición de jefe de autodefensas, con varios candidatos políticos para hablar sobre apoyos electorales. Y el mismo a quien el país vio por televisión ingresar hace tres años al Congreso a decir que Colombia está en deuda con las AUC por su gran aporte a la preservación de la democracia.
Publicado en www.semana.com
La Corte Suprema indaga los alcances del ‘acuerdo de Puerto Berrío’, suscrito por Luis Alberto Gil, Óscar Reyes, Alfonso Riaño y José Manuel Herrera en la misma época del Pacto de Ralito.
Por Élber Gutiérrez Roa
El nombre del senador Luis Alberto Gil comenzó a sonar en el escándalo por la infiltración paramilitar en la política desde antes de que la Corte Suprema de Justicia vinculara formalmente a los 14 congresistas que hoy están presos por dichos hechos.
Sonó cuando su movimiento, Convergencia Ciudadana, comenzó a expandirse velozmente ante el asombro de sus rivales de patio en Santander. Volvió a aparecer en octubre de 2004, cuando el senador Hugo Serrano lo acusó de tener nexos con el Bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefensas y cuando el senador Gustavo Petro denunció la infiltración paramilitar en las elecciones para gobernador de ese departamento. Estuvo en el ojo del huracán en 2006, cuando el senador Germán Vargas Lleras lo denunció por hacer proselitismo con un morral cargado de fajos de dinero. Y dio de qué hablar a comienzos de 2006, cuando el presidente Álvaro Uribe lo expulsó de la bancada uribista y pidió a la Fiscalía que investigara el origen de sus recursos.
Pese a tantos rumores, Gil se las había arreglado para pasar desapercibido gracias a un muy bajo perfil en su labor como congresista, en abierto contraste con la bonanza económica de sus campañas. Una y otra vez repitió que si alguien poseía pruebas en su contra tenía que presentarlas ante la autoridad competente y no en pocas ocasiones dijo que nunca le probarían nada porque Dios estaba de su parte.
Sus argumentos religiosos parecieron funcionarle hasta el 25 de julio pasado, cuando la Corte les abrió investigación preliminar a él y sus colegas Óscar Reyes, Alfonso Riaño y José Manuel Herrera, todos de Convergencia Ciudadana. Gil trató de salir del paso alegando que la medida fue tomada con base en un anónimo enviado al alto tribunal.
Pero este martes su situación se complicó aún más gracias a una nueva revelación de Petro, el mismo congresista que hace tres años lo puso a defenderse por su supuesta cercanía con los paras. Según el legislador del Polo Democrático, Gil y otros congresistas asistieron a una reunión con alias Ernesto Báez para hacer una alianza en la que los primeros recibirían apoyo económico y facilidades para hacer campaña política, mientras el segundo se beneficiaría con decisiones de los nuevos elegidos. La cita se habría realizado por la misma época del Pacto de Ralito de 2001, en el que 28 líderes de la Costa Atlántica y los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Don Berna, Jorge 40 y Báez acordaron “refundar la Patria”.
Petro se abstuvo de revelar los nombres de los demás asistentes al encuentro, pero indicó que éste se cumplió en Puerto Berrío, Antioquia. “Los demás nombres los debe decir Báez, quien se comprometió, mediante la ley de justicia y paz, a contar la verdad sobre sus acciones en el paramilitarismo”, indicó el senador opositor.
Aunque el presidente de la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Gómez Quintero, no quiso referirse al caso para respetar la reserva sumarial, Semana.com estableció que el tribunal posee el documento mencionado por Petro y que indaga tanto su autenticidad como las consecuencias del mismo. Extraoficialmente también se conoció que los otros tres congresistas de Convergencia llamados a indagatoria por la corte habrían asistido a la reunión, pero que no serían los únicos.
La vinculación de Gil y los suyos al proceso por la parapolítica –en el que han sido mencionados medio centenar de dirigentes políticos y que tiene tras las rejas a buenas parte de la bancada uribista en el Congreso- se convierte así en una nueva arista para los investigadores, a los que mucho se les ha hablado, sin pruebas contundentes hasta el momento, sobre supuestas irregularidades en empresas en las que el Congresista tiene intereses, tales como la Corporación Televisiva Ciudadana de Santander, la Fundación Integral para la Salud y la Educación Comunitaria del Magisterio y la administradora de riesgos profesionales y EPS Sol Salud.
Pese a las insistentes versiones sobre nexos de Gil con las autodefensas, lo más cerca que la justicia había estado de él hasta esta semana eran unas investigaciones que la Fiscalía abrió en de 2005 contra dos militantes de su grupo político: Armando Quiñónez, alcalde de Rionegro, Santander, y Fredy Álvarez, concejal del mismo municipio. A ambos se les vinculó por relaciones con grupos de autodefensas.
Los votos de Convergencia
El inusitado crecimiento de los votos de convergencia Ciudadana le ha permitido al senador Gil darse varios lujos electorales como el de ser expulsado y convocado nuevamente al redil del uribismo o el de sobrevivir políticamente pese a las permanentes acusaciones del senador Serrano.
El ritmo de crecimiento de su partido comenzó en las elecciones de Congreso de 2002, cuando el de Gil era aún un colectivo regional. En las votaciones para Congreso de ese año obtuvo 161 mil votos en Santander: 90 mil para Senado y 70 mil para Cámara de Representantes.
Gil obtuvo curul en Senado siendo el puesto 14 entre los candidatos más votados del país, con 82.053 sufragios. En la Cámara de Representantes por Santander obtuvo dos de las siete casillas por proveer. La de José Manuel Herrera (uno de los políticos llamados a indagatoria por la Corte) y la de Jaime Durán. Gracias a ese resultado se quedaron por fuera verdaderos pesos pesados de la política local como los ex congresistas Juana Bazán (serpista), Gerardo Tamayo y Jorge Humberto Mantilla.
En las elecciones de gobernación, del año siguiente, accedió al control del departamento gracias los 300 mil votos que logró su candidato, Hugo Heliodoro Aguilar. Ese mismo año Convergencia se hizo a 21 alcaldías y se convirtió en el noveno partido más votado del país. Entre otras, logró las de municipios con históricas alteraciones de orden público y fuerte presencia paramilitar como Arauca (Arauca), Puerto Wilches (Santander), Carepa (Antioquia), Puerto Boyacá y Muzo, Boyacá.
También triunfó en siete curules para las asambleas (cuatro en Santander, una en Tolima, una en Huila y una en Vaupés) y sacó 317 concejales, 143 de ellos en Santander.
Su más reciente medición en las urnas fue en las elecciones de Congreso de 2006 en las que su partido se convirtió en la sexta votación más alta del país, con 566 mil apoyos y subió a siete curules en el Senado. En su orden lograron casilla Gil, el polémico senador vallecaucano Juan Carlos Martínez Sinisterra , Oscar Josué Reyes (también llamado a indagatoria por la Corte), Luis Eduardo Vives (preso por la parapolítica), Carlos Barriga, Gabriel Acosta y Samuel Arrieta.
Para la Cámara subió de dos a tres curules a través de Alfonso Riaño, José Manuel Herrera y Edgar Gómez. Riaño, el otro congresista del partido llamado por la Corte, obtuvo enormes mayorías en los municipios santandereanos aledaños a Puerto Berrío, el escenario de la reunión con Báez. De su mano, Convergencia se hizo al triunfo en municipios como Landazuri y en algunos, como Cimitarra, alcanzó el 77% de los votos del partido, que a su vez barrió a los demás.
Paras en Puerto Berrío
Puerto Berrío es uno de los municipios más grandes del Magdalena Medio y tiene vital importancia en la geografía de la violencia nacional. Como Santa fe de Ralito, es uno de los lugares en donde mayor presencia histórica han tenido las autodefensas. Fue controlado durante muchos años por el Bloque Central Bolívar, del que hacía parte Ernesto Báez.
Colonizado desde la primera mitad del siglo XX, Puerto Berrío reunió en 1.184 kilómetros cuadrados buena parte de la poderosa dirigencia ganadera del país (el municipio fue desarrollado a partir de la ganadería extensiva y del ferrocarril), una importante presencia de grupos de izquierda (alimentados desde los años 50 por la llegada de nuevos campesinos desplazados por la Violencia), guerrilla (allí operaba el frente IV de las Farc) y narcotraficantes dedicados a los negocios de la marihuana y la cocaína. Según la revista Alternativa # 44, de agosto de 1975, para esa época algunos narcos como Jaime Builes ya se habían instalado en el municipio en busca de latifundios.
En medio de este compendio de actores surgió el Movimiento de Renovación Nacional, Morena, un grupo político de extrema derecha en el que militó Báez cuando todavía no tenía apodo y se hacía llamar Iván Roberto Duque, por su nombre de pila. Morena se extendió por el Magdalena Medio, que posteriormente fueron controlando los paramilitares: Puerto Berrío y Puerto Triunfo (Antioquia), Cimitarra (Santander), Puerto Boyacá (Boyacá), La Dorada (Caldas) y Puerto Salgar (Cundinamarca).
Eran las épocas del Estatuto de Seguridad del gobierno Turbay, en cuyo primer año, según cifras oficiales, hubo más de 60 mil detenidos en todo el país por supuestos vínculos con terroristas. La arremetida contra las Farc fue especialmente fuerte en Puerto Berrío, en donde comenzaron a desaparecer sindicalistas, dirigentes políticos y líderes sociales. Uno de los primeras y más sonados crímenes de esta etapa fue el de Darío Apango, a quien oficialmente reportaron como víctima de un paro cardíaco. En realidad, el vicepresidente del concejo fue arrastrado por el pueblo, torturado y su cuerpo apareció con los brazos despellejados, sin pulmones y sin vísceras. Por este caso el Tribunal contencioso administrativo de Antioquia condenó a la Nación y la obligó a indemnizar a los familiares de la víctima.
Ese fue solo el inicio de una larga cadena de desapariciones, torturas, secuestros y masacres producidas bajo el telón de la pacificación de la zona. Mientras el frente IV de las Farc daba origen al XI -que masificó el boleteo, el secuestro y la extorsión-, los ganaderos, con el apoyo de algunos miembros de las Fuerzas Militares, definieron la creación de un escuadrón de 100 hombres armados para proteger el Magdalena Medio. Según el pacto, firmado en enero de 1982, cada ganadero tenía que aportar entre uno y tres hombres o el equivalente a sus sueldos.
Al mismo tiempo comenzaron a trabajar en la zona los hombres del grupo delincuencial creado por los narcos del Valle, Medellín, la Costa y Bogotá para liberar a Martha Nieves Ochoa –del clan Ochoa Vásquez- de su secuestro a manos del M-19. El reducto criminal pasó a la historia como el MAS, que significaba “muerte a secuestradores”.
El último ingrediente para el coctel de violencia que vivió el municipio fue la llegada de la XIV Brigada, que inicialmente tenía sede en Cimitarra (Santander) y que fue reubicada para ayudar en la lucha contrainsurgente. A la postre, la brigada sería comandada por el general Farouk Yanine Díaz.
De poco servían las marchas a favor de la paz lideradas por la ciudadanía. Tampoco ayudaban las de iniciativa oficial, como aquella que, en 1983, coordinó el presidente Belisario Betancur y que contó con la presencia de sus ministros de Gobierno, Justicia y Educación, así como del comisionado de paz.
En el municipio, que para entonces tenía 30 mil habitantes, se hablaba de 30 muertos cada fin de semana a manos de los paramilitares y de una población de 10 secuestrados, por los cuales la guerrilla pedía hasta 12 millones de pesos. Al final de la guerra, el Partido Comunista pasó de tener 1.382 líderes en el municipio, durante 1982, a desaparecer completamente del mapa político dos años después.
En ese ambiente se fue gestando el poder de Báez, el ex comandante de autodefensas de voz ronca y sindicado de narcotráfico que logró el reconocimiento de desmovilizado durante la primera administración del presidente Álvaro Uribe. El mismo que, meses después de la reunión con Gil, presidió una manifestación pública en Barrancabermeja para pedirle a la gente que votara al Senado por Carlos Clavijo, candidato del partido del ministro Óscar Iván Zuluaga y la senadora Adriana Gutiérrez, quienes se formaron políticamente en el Magdalena Medio. El mismo que aceptó haberse reunido, en su condición de jefe de autodefensas, con varios candidatos políticos para hablar sobre apoyos electorales. Y el mismo a quien el país vio por televisión ingresar hace tres años al Congreso a decir que Colombia está en deuda con las AUC por su gran aporte a la preservación de la democracia.
Publicado en www.semana.com
Gotas para la memoria
A cinco años del gobierno Uribe
Gotas para la memoria
Por: Reinaldo Spitaletta (especial para ARGENPRESS.info)
Les propongo un ejercicio de memoria. Vamos a recordar algunos aspectos de los cinco años de un gobierno experto en demagogia y en manipulaciones. Este régimen de exclusiones tiene como punta de lanza una especie de príncipe feudal, rodeado de bufones y otros cortesanos con exceso de zalema.
Recordemos, por ejemplo, a aquel señor del poncho y el sombrero que en su primera campaña electoral repudiaba la reelección y luego, con ganas de poder, aupado por el imperio y la oligarquía (¿por qué esta categoría casi ha desaparecido de los análisis políticos colombianos?), se montó en ella. Y ahí sigue cabalgando, sobre las desgracias y enajenaciones del pueblo colombiano.
Primero fue la propaganda. Sus áulicos lo proclamaron el mesías. Y él se creyó el cuento. 'Quien no está conmigo, está contra mí', decía con sus actitudes autoritarias y con sus ansias de imponer un pensamiento único. Recordemos que en su primer cuatrienio, con habilidades de 'hechicero', creó una 'realidad virtual', en la cual él, omnipotente, parecía una virgen de la inmaculada. Sin mancha, pese a todos los escándalos. Efecto teflón lo llamaron.
Eran los tiempos de los calculados diminutivos (peajito social, impuesticos, gotitas homeopáticas), de los eufemismos ('flexibilización laboral' para ocultar despidos masivos) y de un lenguaje lleno de disfraces, que ni en el Halloween. Creó así una especie de irrealidad para que los de abajo no sintieran la exclusión ni las inequidades. Incluso llegó a tapar estadísticas. Hasta un director del Dane renunció cuando el gobierno se opuso a que revelara una encuesta sobre victimización.
Enmascaró las palabras para hacer creer a los habitantes de un país de desasosiegos y miserias que moraban en una arcadia, un lugar de cucaña y armonías pastoriles. Apeló entonces a la grandilocuencia, a la emotividad. Había que hablar de patria y justicia y libertad y seguridad democrática y otras abstracciones. Los medios las replicaban y de eso modo se daba la falsa impresión de bienestar colectivo.
Y quienes osaran cuestionar su demagogia y desmontarle el sainete eran calificados de 'terroristas' o 'enemigos de la democracia'. Una de las tácticas uribistas de esos tiempos fue intentar desterrar las categorías de 'izquierda' y 'derecha', porque, según el presidente, había una 'democracia profunda' que no podía tener adversarios, pues serían 'antidemocráticos'. ¿Si se acuerdan? Quería borrar a la oposición.
La treta de embozar el lenguaje propició la negación de un conflicto interno armado en Colombia. Y entre las teatralidades uribistas estuvo la de mandar a un delincuente a dormir en una lujosa suite de un hotel de Bogotá. A los discrepantes de su régimen los calificaba de 'comunistas disfrazados', que para eso es el macartismo.
El 5 de agosto de 2004, en Arauca, a tres dirigentes sindicales los sacaron de una casa y los ejecutaron extrajudicialmente. El informe oficial dijo que habían sido dados de baja tres 'terroristas'. La verdad era otra: los obreros fueron fusilados. Aparte de los recortes a los derechos laborales, también durante aquel período se incorporaron intimidaciones contra los trabajadores agremiados.
Entre tanto, se satanizó la protesta popular, se asesinaron profesores como Alfredo Correa de Andreis, se calificaron de 'salvajes' a los que se pronunciaron en las calles de Cartagena contra el TLC. La salud de los colombianos se deterioró, se cerraron hospitales, se otorgaron gabelas a las promotoras privadas al tiempo que al Seguro Social se le expidió certificado de defunción.
En estos cinco años, el crecimiento económico se concentró en monopolios y corporaciones transnacionales. El gobierno ha privilegiado una plutocracia, que tiene a varios de sus miembros dedicados al agio entre los más ricos del planeta, mientras aumenta el número de pobres e indigentes, de desempleados y desplazados.
El espectáculo protagonizado por el gobierno ante los magnates estadounidenses para que le aprueben el TLC ha sido indigno y vergonzoso. Ya no solo los besamanos son para Bush y su corte neoconservadora, sino para los demócratas. Lo peor: un arrodillamiento para un tratado comercial que arruinará más a la mayoría de colombianos.
Los escándalos de la parapolítica (o del parauribismo, según un senador de izquierda) tienen encartados a seguidores del presidente, al tiempo que Uribe insiste en que se declare sediciosa a toda una turba de criminales del paramilitarismo. Para ello ya comenzó a presionar a la Corte Suprema de Justicia, en un abierto desafío a las instituciones.
En cinco años de mal gobierno el país sigue siendo un reino de desigualdades y desmanes. Los desheredados, que sin embargo ya reanudan movimientos de desobediencia civil, son cada vez más. Y cada vez avanzan en el conocimiento de un régimen autoritario, favorecedor de minorías, y son capaces de enfrentar y desenmascarar la demagogia y las manipulaciones presidenciales. El mandatario, cada día más arrebatado, tendrá que aumentar su dosis de gotitas tranquilizantes.
Publicado en www.argenpress.info
Gotas para la memoria
Por: Reinaldo Spitaletta (especial para ARGENPRESS.info)
Les propongo un ejercicio de memoria. Vamos a recordar algunos aspectos de los cinco años de un gobierno experto en demagogia y en manipulaciones. Este régimen de exclusiones tiene como punta de lanza una especie de príncipe feudal, rodeado de bufones y otros cortesanos con exceso de zalema.
Recordemos, por ejemplo, a aquel señor del poncho y el sombrero que en su primera campaña electoral repudiaba la reelección y luego, con ganas de poder, aupado por el imperio y la oligarquía (¿por qué esta categoría casi ha desaparecido de los análisis políticos colombianos?), se montó en ella. Y ahí sigue cabalgando, sobre las desgracias y enajenaciones del pueblo colombiano.
Primero fue la propaganda. Sus áulicos lo proclamaron el mesías. Y él se creyó el cuento. 'Quien no está conmigo, está contra mí', decía con sus actitudes autoritarias y con sus ansias de imponer un pensamiento único. Recordemos que en su primer cuatrienio, con habilidades de 'hechicero', creó una 'realidad virtual', en la cual él, omnipotente, parecía una virgen de la inmaculada. Sin mancha, pese a todos los escándalos. Efecto teflón lo llamaron.
Eran los tiempos de los calculados diminutivos (peajito social, impuesticos, gotitas homeopáticas), de los eufemismos ('flexibilización laboral' para ocultar despidos masivos) y de un lenguaje lleno de disfraces, que ni en el Halloween. Creó así una especie de irrealidad para que los de abajo no sintieran la exclusión ni las inequidades. Incluso llegó a tapar estadísticas. Hasta un director del Dane renunció cuando el gobierno se opuso a que revelara una encuesta sobre victimización.
Enmascaró las palabras para hacer creer a los habitantes de un país de desasosiegos y miserias que moraban en una arcadia, un lugar de cucaña y armonías pastoriles. Apeló entonces a la grandilocuencia, a la emotividad. Había que hablar de patria y justicia y libertad y seguridad democrática y otras abstracciones. Los medios las replicaban y de eso modo se daba la falsa impresión de bienestar colectivo.
Y quienes osaran cuestionar su demagogia y desmontarle el sainete eran calificados de 'terroristas' o 'enemigos de la democracia'. Una de las tácticas uribistas de esos tiempos fue intentar desterrar las categorías de 'izquierda' y 'derecha', porque, según el presidente, había una 'democracia profunda' que no podía tener adversarios, pues serían 'antidemocráticos'. ¿Si se acuerdan? Quería borrar a la oposición.
La treta de embozar el lenguaje propició la negación de un conflicto interno armado en Colombia. Y entre las teatralidades uribistas estuvo la de mandar a un delincuente a dormir en una lujosa suite de un hotel de Bogotá. A los discrepantes de su régimen los calificaba de 'comunistas disfrazados', que para eso es el macartismo.
El 5 de agosto de 2004, en Arauca, a tres dirigentes sindicales los sacaron de una casa y los ejecutaron extrajudicialmente. El informe oficial dijo que habían sido dados de baja tres 'terroristas'. La verdad era otra: los obreros fueron fusilados. Aparte de los recortes a los derechos laborales, también durante aquel período se incorporaron intimidaciones contra los trabajadores agremiados.
Entre tanto, se satanizó la protesta popular, se asesinaron profesores como Alfredo Correa de Andreis, se calificaron de 'salvajes' a los que se pronunciaron en las calles de Cartagena contra el TLC. La salud de los colombianos se deterioró, se cerraron hospitales, se otorgaron gabelas a las promotoras privadas al tiempo que al Seguro Social se le expidió certificado de defunción.
En estos cinco años, el crecimiento económico se concentró en monopolios y corporaciones transnacionales. El gobierno ha privilegiado una plutocracia, que tiene a varios de sus miembros dedicados al agio entre los más ricos del planeta, mientras aumenta el número de pobres e indigentes, de desempleados y desplazados.
El espectáculo protagonizado por el gobierno ante los magnates estadounidenses para que le aprueben el TLC ha sido indigno y vergonzoso. Ya no solo los besamanos son para Bush y su corte neoconservadora, sino para los demócratas. Lo peor: un arrodillamiento para un tratado comercial que arruinará más a la mayoría de colombianos.
Los escándalos de la parapolítica (o del parauribismo, según un senador de izquierda) tienen encartados a seguidores del presidente, al tiempo que Uribe insiste en que se declare sediciosa a toda una turba de criminales del paramilitarismo. Para ello ya comenzó a presionar a la Corte Suprema de Justicia, en un abierto desafío a las instituciones.
En cinco años de mal gobierno el país sigue siendo un reino de desigualdades y desmanes. Los desheredados, que sin embargo ya reanudan movimientos de desobediencia civil, son cada vez más. Y cada vez avanzan en el conocimiento de un régimen autoritario, favorecedor de minorías, y son capaces de enfrentar y desenmascarar la demagogia y las manipulaciones presidenciales. El mandatario, cada día más arrebatado, tendrá que aumentar su dosis de gotitas tranquilizantes.
Publicado en www.argenpress.info
Corrupción hasta el tuétano
Corrupción hasta el tuétano
La infiltración de la mafia en el Ejército del Valle es más profunda de lo que se cree y explica en parte por qué el narcotráfico se tomó el departamento sin encontrar mayor resistencia.
Diego Montoya, 'Don Diego', logró lo que todo capo sueña: poner a su servicio a los hombres que tenían la misión de combatirlo. Lo que la investigación de la Fiscalía ha demostrado a medida que avanza es que 'Don Diego' no compró a estos oficiales a cambio de favores puntuales, sino que muchos de ellos pertenecían a su organización. Eran parte de la mafia y pusieron sus cargos en el Ejército al servicio de ésta. Batallones, planes de guerra, logística, comunicaciones y quién sabe cuántos recursos más se usaron para proteger las rutas de entrada de insumos y salida de cocaína, para reforzar la actuación de 'Los Machos', grupo de sicarios de Montoya, y para evitar que otros organismos de seguridad dieran con el paradero del capo más buscado por Colombia y Estados Unidos. Tantos serían los beneficios que recibían estos militares, que ni la recompensa de cinco millones de dólares que se ofrece por su cabeza los tentó.
La masacre de Jamundí ocurrida el año pasado fue la primera alerta sobre el nivel de infiltración que tenía la Tercera Brigada. La investigación judicial arrojó suficientes indicios de que el coronel Bayron Carvajal estaba al servicio del narcotráfico. Como ha sido usual, las Fuerzas Militares manejaron este caso como un asunto aislado, como el de una manzana podrida, el de un individuo que, seducido por el dinero, se dejó corromper. No como parte de una red extensa.
Vino a ser la investigación iniciada por la inteligencia del Ejército en marzo, que ya involucra a 12 oficiales, la que está demostrando que la infiltración es profunda y masiva.
Preocupa por ejemplo que haya sido capturado el que fue jefe de operaciones de la Tercera Brigada hasta junio, coronel Javier Escobar. Este oficial era el encargado de movilizar tropas; y como parte del Estado Mayor de la Brigada, conocía todos los planes militares y tenía acceso a la inteligencia. Lo que hacía imposible que algún día 'Don Diego' o sus hombres fueran atrapados.
La captura de otros dos oficiales activos la semana pasada produce escalofrío. Uno de ellos es el mayor Carlos Alberto Gil Londoño, comandante de un batallón de contraguerrilla adscrito a la Fuerza Especial Conjunta del Darién, unidad que se creó hace dos años para combatir a 'Los Machos' (de Montoya) y 'Los Rastrojos' (de Wilber Varela), que tenían en el Cañón del Garrapatas una guerra que dejó más de 500 muertos. Es decir, pusieron al ratón a cuidar el queso. Gil ya había levantado las sospechas de mucha gente en el Valle cuando en febrero se conoció la noticia de que sus tropas habían liberado al capitán Leonardo Nur, quien supuestamente había estado secuestrado y encadenado por cuatro años. Nadie le creyó, aunque el comandante del Ejército, general Mario Montoya, lo presentó como un mártir ante la televisión.
El otro oficial capturado es el coronel Álvaro Quijano, quien acababa de asumir el mando de un batallón de contraguerrilla en otra Brigada, y quien había sido jefe de las Fuerzas Especiales en el Valle. Junto a ellos hay otros cuatro mayores, cuatro capitanes, un teniente, tres suboficiales y dos civiles. Ese panorama demuestra que esta es la infiltración más grave que se haya conocido en el país.
Corrupción en la zona más crítica
Que buena parte de la Tercera Brigada estuviera al servicio de la mafia explica en buena medida la crítica situación de seguridad que ha vivido esta región en los últimos meses, y los pobres resultados del Ejército. Nariño, Cauca, Valle son los departamentos a los que se han trasladado el narcotráfico, las bandas emergentes, y también las operaciones de la guerrilla. El crecimiento del poder de estos grupos en poco tiempo es increíble. Las propias cifras del Ejército hablan de siete grupos. 'Los Machos' y 'Los Rastrojos' tienen cada uno 600 hombres..
La infiltración de 'Don Diego' afecta toda la región y sabotea los esfuerzos que hacen otros organismos del gobierno en la lucha contra el narcotráfico. Con los militares a su servicio, 'Don Diego' construyó una verdadera autopista en la montaña que le permitía embarcar la droga rápida y seguramente. Controlaba a los oficiales que tenían como tarea buscar sus laboratorios en el Cañón del Garrapatas. Por supuesto, no hay muchos resultados. La Tercera División registra este año apenas una tonelada de cocaína decomisada. Y los laboratorios destruidos solían ser lugares abandonados. También resultaba curioso que en los decomisos de armas y prendas militares que se les hicieron a 'Los Machos' siempre había piezas de los Batallones Vencedores de Cartago y Palacé de Buga.
Según la Fiscalía, 'Don Diego' también tenía en su nómina a Bayron Carvajal, que era el comandante del Batallón de Alta Montaña de Jamundí. Esta unidad controla la ruta que comunica al norte del Valle con Buenaventura. Entonces el traslado de la coca estaba prácticamente garantizado. Fuentes de la Policía le informaron a SEMANA que por lo menos dos oficiales de esa institución escribieron informes para denunciar que este Batallón mantenía corredores de seguridad en los que no dejaba ingresar otras fuerzas del orden, con el pretexto de que estaban en operativos, que nunca existieron.
La complicidad de estos oficiales con el narcotráfico ha tenido enorme impacto en la crisis que viven Buenaventura y el resto del Pacífico. Si los narcos logran 'coronar' la salida al mar, es aun más complicado detenerlos. Fuentes oficiales le aseguraron a SEMANA que esta situación ha hecho difícil la coordinación de la Armada y la Policía con el Ejército en la región. A pesar de que el Valle es uno de los sitios donde más consejos de seguridad se realizan, este año ha sido crítico, especialmente con las muertes y ajustes de cuentas en Buenaventura, y la violencia que no cesa en el norte del Valle.
¿Siguen generales?
La investigación que llevan conjuntamente la Fiscalía y el Ejército está lejos de finalizar y los investigadores cada vez parecen encontrar nuevas vetas. SEMANA conoció que al menos un general está siendo investigado por haberse reunido con emisarios de 'Don Diego', y que la DEA está aportando pruebas (grabaciones) de otros altos oficiales que mantenían comunicación con los hombres del capo. De los ocho oficiales que tenían orden de captura, siete ya han sido capturados. Sólo el mayor William Ortegón sigue prófugo. Tres de estos oficiales habían sido retirados de la institución con medidas discrecionales, a principios de junio. El viernes pasado también fue relevado de su cargo el general Hernando Pérez, comandante de la Tercera División. Aunque oficialmente se dijo que su traslado fue de rutina, otras versiones advierten que Pérez podría salir salpicado en este escándalo y el cambio se hizo para facilitar la investigación.
Las consecuencias de esta situación no deben ser sólo judiciales. Se requieren ajustes institucionales de fondo por lo menos en dos aspectos: la contrainteligencia y el control interno. ¿No tuvo la contrainteligencia ningún indicio de que algo grave pasaba, ni siquiera después de la masacre de Jamundí? Y en cuanto a las investigaciones dentro del Ejército, estas no asustan a nadie, pues casi nunca son concluyentes. La investigación sobre el caso del capitán Nur no logró esclarecer el extraño episodio. Muy a pesar de que otras agencias de inteligencia han concluido que Nur trabajaba para 'Los Machos' y su rescate habría sido una tarea para 'Don Diego'.
Lo que queda claro, hasta ahora, es que algo muy grave estaba pasando en la Tercera División, desde hace tiempo, y que los mecanismos de alerta se demoraron mucho tiempo en funcionar. Una División que actúa en una zona como el Pacífico, que se convirtió en el último tiempo en el centro de gravedad de la guerra, tanto contra las Farc como contra las bandas emergentes y el narcotráfico. ¿Cómo logrará el alto mando militar recuperar la confianza de la gente del Valle en el Ejército? ¿Qué medidas tomarán para que esto no ocurra más?
Tan profunda como fue la infiltración deberán ser sin duda las medidas para evitar que se repita.
Publicado en www.semana.com
Semana.com ©2000.
La infiltración de la mafia en el Ejército del Valle es más profunda de lo que se cree y explica en parte por qué el narcotráfico se tomó el departamento sin encontrar mayor resistencia.
Diego Montoya, 'Don Diego', logró lo que todo capo sueña: poner a su servicio a los hombres que tenían la misión de combatirlo. Lo que la investigación de la Fiscalía ha demostrado a medida que avanza es que 'Don Diego' no compró a estos oficiales a cambio de favores puntuales, sino que muchos de ellos pertenecían a su organización. Eran parte de la mafia y pusieron sus cargos en el Ejército al servicio de ésta. Batallones, planes de guerra, logística, comunicaciones y quién sabe cuántos recursos más se usaron para proteger las rutas de entrada de insumos y salida de cocaína, para reforzar la actuación de 'Los Machos', grupo de sicarios de Montoya, y para evitar que otros organismos de seguridad dieran con el paradero del capo más buscado por Colombia y Estados Unidos. Tantos serían los beneficios que recibían estos militares, que ni la recompensa de cinco millones de dólares que se ofrece por su cabeza los tentó.
La masacre de Jamundí ocurrida el año pasado fue la primera alerta sobre el nivel de infiltración que tenía la Tercera Brigada. La investigación judicial arrojó suficientes indicios de que el coronel Bayron Carvajal estaba al servicio del narcotráfico. Como ha sido usual, las Fuerzas Militares manejaron este caso como un asunto aislado, como el de una manzana podrida, el de un individuo que, seducido por el dinero, se dejó corromper. No como parte de una red extensa.
Vino a ser la investigación iniciada por la inteligencia del Ejército en marzo, que ya involucra a 12 oficiales, la que está demostrando que la infiltración es profunda y masiva.
Preocupa por ejemplo que haya sido capturado el que fue jefe de operaciones de la Tercera Brigada hasta junio, coronel Javier Escobar. Este oficial era el encargado de movilizar tropas; y como parte del Estado Mayor de la Brigada, conocía todos los planes militares y tenía acceso a la inteligencia. Lo que hacía imposible que algún día 'Don Diego' o sus hombres fueran atrapados.
La captura de otros dos oficiales activos la semana pasada produce escalofrío. Uno de ellos es el mayor Carlos Alberto Gil Londoño, comandante de un batallón de contraguerrilla adscrito a la Fuerza Especial Conjunta del Darién, unidad que se creó hace dos años para combatir a 'Los Machos' (de Montoya) y 'Los Rastrojos' (de Wilber Varela), que tenían en el Cañón del Garrapatas una guerra que dejó más de 500 muertos. Es decir, pusieron al ratón a cuidar el queso. Gil ya había levantado las sospechas de mucha gente en el Valle cuando en febrero se conoció la noticia de que sus tropas habían liberado al capitán Leonardo Nur, quien supuestamente había estado secuestrado y encadenado por cuatro años. Nadie le creyó, aunque el comandante del Ejército, general Mario Montoya, lo presentó como un mártir ante la televisión.
El otro oficial capturado es el coronel Álvaro Quijano, quien acababa de asumir el mando de un batallón de contraguerrilla en otra Brigada, y quien había sido jefe de las Fuerzas Especiales en el Valle. Junto a ellos hay otros cuatro mayores, cuatro capitanes, un teniente, tres suboficiales y dos civiles. Ese panorama demuestra que esta es la infiltración más grave que se haya conocido en el país.
Corrupción en la zona más crítica
Que buena parte de la Tercera Brigada estuviera al servicio de la mafia explica en buena medida la crítica situación de seguridad que ha vivido esta región en los últimos meses, y los pobres resultados del Ejército. Nariño, Cauca, Valle son los departamentos a los que se han trasladado el narcotráfico, las bandas emergentes, y también las operaciones de la guerrilla. El crecimiento del poder de estos grupos en poco tiempo es increíble. Las propias cifras del Ejército hablan de siete grupos. 'Los Machos' y 'Los Rastrojos' tienen cada uno 600 hombres..
La infiltración de 'Don Diego' afecta toda la región y sabotea los esfuerzos que hacen otros organismos del gobierno en la lucha contra el narcotráfico. Con los militares a su servicio, 'Don Diego' construyó una verdadera autopista en la montaña que le permitía embarcar la droga rápida y seguramente. Controlaba a los oficiales que tenían como tarea buscar sus laboratorios en el Cañón del Garrapatas. Por supuesto, no hay muchos resultados. La Tercera División registra este año apenas una tonelada de cocaína decomisada. Y los laboratorios destruidos solían ser lugares abandonados. También resultaba curioso que en los decomisos de armas y prendas militares que se les hicieron a 'Los Machos' siempre había piezas de los Batallones Vencedores de Cartago y Palacé de Buga.
Según la Fiscalía, 'Don Diego' también tenía en su nómina a Bayron Carvajal, que era el comandante del Batallón de Alta Montaña de Jamundí. Esta unidad controla la ruta que comunica al norte del Valle con Buenaventura. Entonces el traslado de la coca estaba prácticamente garantizado. Fuentes de la Policía le informaron a SEMANA que por lo menos dos oficiales de esa institución escribieron informes para denunciar que este Batallón mantenía corredores de seguridad en los que no dejaba ingresar otras fuerzas del orden, con el pretexto de que estaban en operativos, que nunca existieron.
La complicidad de estos oficiales con el narcotráfico ha tenido enorme impacto en la crisis que viven Buenaventura y el resto del Pacífico. Si los narcos logran 'coronar' la salida al mar, es aun más complicado detenerlos. Fuentes oficiales le aseguraron a SEMANA que esta situación ha hecho difícil la coordinación de la Armada y la Policía con el Ejército en la región. A pesar de que el Valle es uno de los sitios donde más consejos de seguridad se realizan, este año ha sido crítico, especialmente con las muertes y ajustes de cuentas en Buenaventura, y la violencia que no cesa en el norte del Valle.
¿Siguen generales?
La investigación que llevan conjuntamente la Fiscalía y el Ejército está lejos de finalizar y los investigadores cada vez parecen encontrar nuevas vetas. SEMANA conoció que al menos un general está siendo investigado por haberse reunido con emisarios de 'Don Diego', y que la DEA está aportando pruebas (grabaciones) de otros altos oficiales que mantenían comunicación con los hombres del capo. De los ocho oficiales que tenían orden de captura, siete ya han sido capturados. Sólo el mayor William Ortegón sigue prófugo. Tres de estos oficiales habían sido retirados de la institución con medidas discrecionales, a principios de junio. El viernes pasado también fue relevado de su cargo el general Hernando Pérez, comandante de la Tercera División. Aunque oficialmente se dijo que su traslado fue de rutina, otras versiones advierten que Pérez podría salir salpicado en este escándalo y el cambio se hizo para facilitar la investigación.
Las consecuencias de esta situación no deben ser sólo judiciales. Se requieren ajustes institucionales de fondo por lo menos en dos aspectos: la contrainteligencia y el control interno. ¿No tuvo la contrainteligencia ningún indicio de que algo grave pasaba, ni siquiera después de la masacre de Jamundí? Y en cuanto a las investigaciones dentro del Ejército, estas no asustan a nadie, pues casi nunca son concluyentes. La investigación sobre el caso del capitán Nur no logró esclarecer el extraño episodio. Muy a pesar de que otras agencias de inteligencia han concluido que Nur trabajaba para 'Los Machos' y su rescate habría sido una tarea para 'Don Diego'.
Lo que queda claro, hasta ahora, es que algo muy grave estaba pasando en la Tercera División, desde hace tiempo, y que los mecanismos de alerta se demoraron mucho tiempo en funcionar. Una División que actúa en una zona como el Pacífico, que se convirtió en el último tiempo en el centro de gravedad de la guerra, tanto contra las Farc como contra las bandas emergentes y el narcotráfico. ¿Cómo logrará el alto mando militar recuperar la confianza de la gente del Valle en el Ejército? ¿Qué medidas tomarán para que esto no ocurra más?
Tan profunda como fue la infiltración deberán ser sin duda las medidas para evitar que se repita.
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