El huevo de la serpiente
En Puerto Boyacá se expandió la guerrilla, nacieron las autodefensas, se refugiaron los narcos, surgió la para-política y se instauró la tolerancia de la sociedad hacia la violencia y la impunidad. Por Armando Neira, Editor de Semana.com
“En este pueblo no ha pasado nada”, dice doña Rosaura García mientras descansa en una mecedora arrullada por las aguas mansas del río Magdalena.
-¿Y esos cuentos que dicen que aquí han matado a mucha gente?
-“Son historias, leyendas. La gente que le gusta hablar y se inventa todo. Mire no más: de mi esposo y de mis hijos han venido hasta mi casa a decirme cosas terribles. ¡Gente incrédula! Yo sé que ellos están bien y van a regresar”.
¿Volverán? ¿Están vivos? ¿Yacen en una fosa? Es mejor no alterar la ilusión de la septuagenaria mujer que, como muchos de los habitantes de Puerto Boyacá, insiste en comparar su tierra con el paraíso y callar de su pasado reciente tan cercano al infierno.
Por este municipio del Magdalena Medio y ubicado en el corazón del país –a tres horas de Medellín y a cuatro de Bogotá– han pasado todos los protagonistas de la violencia en Colombia. Aquí brotaron las guerrillas, nacieron las autodefensas, se entrenaron los sicarios, arribaron los mercenarios extranjeros, se refugiaron los narcos, surgió la para-política y, al final, se instauró la tolerancia hacia la violencia y la impunidad. En un tiempo tan breve y de acontecimientos tan delirantes, se entiende que no faltara quien le diera la razón a doña Rosaura García: “Son historias, leyendas”.
Reconstruir la historia es difícil porque a muchos se los llevó la violencia, mientras a otros, como al viejo paramilitar Ramón Isaza, repentinamente les dio alzheimer: “Le pido comprensión. He perdido la memoria –aseguró hace unos días ante un juez de Justicia y Paz–. Sí recuerdo es que todo lo que hice lo hice contra las Farc y si volviera a nacer, lo volvería a hacer”.
Y es que hasta hace un poco más de tres décadas este era el hábitat natural de las Farc. Los guerrilleros se movían como pez en el agua en este escenario. La mayor parte de sus combatientes eran campesinos humildes que además recibían el abrazo del entonces organizado Partido Comunista. Controlaban el Concejo Municipal, y sus líderes ejercían un trabajo de masas que llegaba a los confines de las veredas más lejanas. Impartían justicia con tan buen criterio, que muchos los venían como a una especie de guardia rural.
Uno de los dirigentes era el profesor Gentil Duarte, que en su época era una de las personas más apreciadas del puerto. Corría la década de los 70 y él, como comandante del frente IX de las Farc, iba de caserío en caserío a explicar su revolución. “Nosotros dejábamos que los trabajadores fueran a escucharlos no sólo porque el profesor era muy buena persona, sino porque nadie les creía que fueran a hacer una revolución descamisados y en alpargatas”, le dijo a SEMANA uno de los sobrevivientes de la violencia de este pueblo, un nonagenario ganadero que pidió mantener su nombre en reserva.
Y aunque hoy es increíble imaginar unos campesinos colombianos cantando a los cuatro vientos la Internacional Socialista, esa era la realidad aquí en los años 70. Todos iban felices a sus marchas, con banderas rojas en las que brillaban la hoz y el martillo.
La revolución era una fiesta hasta que a Duarte le llegó, desde Uribe, Meta, una orden perentoria: “Consiga plata como sea para comprar armas de verdad”. Las Farc creían que la toma del poder estaba a la vuelta de la esquina. Con el tiempo, las exigencias crecieron y Duarte perdió los estribos. Aumentó las cuotas a los campesinos y exigió ‘vacunas’ a los ganaderos, a lo que muchos se negaron. En 1981 corrió la primera gota de sangre inocente. Las Farc secuestraron al ganadero Alejandro Núñez. Lo mataron y dejaron su cadáver a merced de los gallinazos.
“Yo fui y le dije a mi compadre: o nos organizamos o nos joden”, recuerda el viejo ganadero. Compraron escopetas, afilaron machetes y decidieron combatir. Entre los campesinos que se sumaron a estos incipientes grupos de defensa campesina estaba un hombre apasionado por la música, que daba serenatas: Ramón Isaza. Otros de los fundadores eran los líderes campesinos Gonzalo Pérez y su hijo Henry. A ellos se sumó Pablo Emilio Guarín, representante a la Cámara del Partido Liberal. Aunque por entonces el término de para-política no formaba parte del léxico nacional, había quedado sellado el pacto entre un grupo armado y un dirigente de un partido político legal.
En cuestión de días, esta ardiente región se llenó de un odio inimaginable. Paradójicamente, esto ocurría mientras en el resto del país Belisario Betancur (1982-1986) impulsaba los diálogos con la guerrilla, juraba que durante su gobierno no se iba a derramar una gota de sangre y a lo largo y ancho de Colombia se pintaban millones de palomitas de paz.
¿Por qué pasó ese horror? Entre otras cosas, porque en este pueblo, que por entonces tenía 30.000 habitantes, coincidieron los más diversos dirigentes políticos, comerciantes, miembros de la Iglesia y del Ejército, a quienes los unía su rechazo absoluto a cualquier cosa que oliera a izquierda. Algunos de los propietarios de los mejores predios pertenecían a miembros de Tradición, Familia y Propiedad, que organizaba fogosas marchas contra los comunistas; los militares del Batallón de Infantería Número 3 Bárbula, de la XIV Brigada, llegaron con una rígida formación en la Doctrina de la Seguridad Nacional que, en términos sencillos, se proponía exterminar como fuera la amenaza comunista. Y el empresariado creía que se iba a acabar la propiedad privada. La Texas Petroleum Company, que durante años explotó los ricos campos petroleros de la zona, no vaciló en prestar la sede de la compañía para que todos los anticomunistas decidieran qué hacer. En cuestión de meses se formó el huevo de la serpiente que cambió el país para siempre.
Con la dirigencia unida, ahora se necesitaban las armas. El Ejército entregó las primeras a la naciente autodefensa. La edición de agosto de 1987 del periódico Puerto Rojo dice: “Las armas se adquieren en la Brigada XIV, indudablemente por todas las personas que las necesiten...”. ‘Luis Ramírez’, uno de los más sangrientos jefes de las autodefensas de la época, dijo en la televisión en su momento: “Nosotros lo que hicimos fue unirnos a las Fuerzas Armadas de Colombia”. “Las autodefensas de hoy son oficiales, creadas por el gobierno y el Ejército. Por eso las llamamos paramilitares”, respondió entonces el máximo ideólogo de las Farc, Jacobo Arenas.
En el batallón Bárbula los campesinos recibieron instrucciones militares para ir a pelear contra la guerrilla, como lo ratificó recientemente Ramón Isaza. El romántico cantante ahora sólo tenía voz para la muerte. Así quiso que todos sus herederos siguieran su ejemplo. Seis de sus ocho hijos son caracterizados jefes paras.
Las Farc no se quedaron atrás y de los cánticos y consignas proletarias pasaron a las masacres. Un vistazo a los periódicos refleja el horror de lo que pasó en la década de los 80 en Puerto Boyacá y sus alrededores: “Los cadáveres bajan por el río como troncos a la deriva. Navegan tan putrefactos y desfigurados y son tantos, que el comandante de la base fluvial de Barrancabermeja y varios alcaldes de pueblos ribereños decidieron no recoger más muertos del río”, escribió Germán Santamaría en El Tiempo.
Y Gabriel García Márquez, en El Espectador: “Los distraídos habitantes de las ciudades hemos comprendido que el infierno no está más allá de la muerte –como nos lo enseñaron en el catecismo–,sino a sólo cuatro horas por carretera de los cumpleaños de corbata negra y los torneos retóricos y las fiestas de bodas medievales de las sabanas de Bogotá”.
“Fue horrible, recuerda el nonagenario ganadero, pero ganamos, no dejamos ni un solo guerrillero en Puerto Boyacá. Por eso levantamos el muro con orgullo”. Se refiere al muro que hoy está a la entrada del pueblo: “Bienvenido a Puerto Boyacá. Tierra de paz y progreso. Capital Antisubversiva de Colombia”.
Mientras la fuerza de la violencia aumentaba, al puerto llegaban paramilitares de otras partes. Por ejemplo, Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, uno de los ideólogos de las AUC. Vino a Puerto Boyacá y fundó el movimiento Morena, en otro intento de los grupos armados de extrema derecha de allanar el camino para hacer política.
De un momento a otro, ese ejército victorioso de autodefensas, compuesto por campesinos convertidos en guerreros sanguinarios, se encontró además con la financiación de los capos de la droga: José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el ‘Mexicano’, y Pablo Escobar Gaviria hicieron su aparición y convirtieron a esos muchachos en sus ejércitos rurales. Fundaron en este escenario las escuelas de sicarios. El ‘Mexicano’, aliado con Isaza, trajo al mercenario israelí Yair Klein para organizar un ejército privado con el que se propuso exterminar la Unión Patriótica, ejecutar masacres a lo largo y ancho del país y amedrentar al Estado. De aquí salieron algunos de los asesinos de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán, así como varios de los autores de las masacres de La Rochela y Segovia.
Esta coyuntura se presentó, entre otras razones, porque el pueblo tiene una ubicación que está sintetizada en la carta de presentación para atraer turistas: “Puerto Boyacá, cerca de todo”. En efecto, aquí se abre paso hacia los Santanderes, Caldas, Antioquia y Cundinamarca.
Al tiempo que los asesinos salían en sus camionetas a disparar, aquí y en los pueblos adyacentes se vivían días de asombro y delirio. Por ejemplo, en Puerto Triunfo, a una hora en carretera de Puerto Boyacá, Pablo Escobar dictaba las leyes. Inclusive, Virginia Vallejo, la diva del momento de la televisión colombiana, sobrevolaba estas tierras en helicópteros privados junto al capo. El más fogoso e inteligente líder del liberalismo, Alberto Santofimio, navegaba también por las aguas del Magdalena en lujosas lanchas junto a Escobar, como lo testimonian varias fotos. Y mientras los símbolos sexuales del país se paseaban por aquí, los presidenciables les hacían venia a los capos del narcotráfico, la población estaba extasiada ante el surgimiento del nuevo paraíso donde había jirafas, hipopótamos, leones, leopardos y avestruces. Eran tales el exceso y el derroche, que personas humildes como doña Rosaura García se negaban a creer: “Son historias, leyendas”.
Mientras tanto, la sangría continuaba. Cuando ya mataron al guerrillero, al comunista, al simpatizante, al profesor, al periodista, al médico, al homosexual, a todo el que se les atravesaba y ya no tenían nadie más a quien matar, empezaron a matarse entre ellos mismos.
A Pablo Guarín, que se vanagloriaba de sus acciones paramilitares en los recintos del Congreso ante la mirada silenciosa de la dirigencia del Partido Liberal, lo asesinaron en una carretera, en 1987. Gonzalo Pérez fue abatido en julio de 1991 por un patrullero de las autodefensas que había cometido una falta y al que él mismo iba a matar, aunque muchos juraron que fue un encargo de Escobar. A Henry, 12 días después de la muerte de su padre, lo encontraron en el atrio de la iglesia con una veintena de hombres desarmados. Los disparos se confundieron con la pólvora que señalaba el comienzo de las fiestas del pueblo.
Entonces apareció otro hombre de revólver caliente: Ariel Otero. Tomó el liderazgo de los paras y anunció, a través de una emisora, que se vengaría de Escobar Gaviria. El capo le ganó la partida y lo mató seis meses después. Isaza, entre tanto, entró a una guerra frontal también con Escobar, por Puerto Triunfo, donde los visitantes alucinaban con el naciente edén.
“Nos gusta el billete y odiamos a los comunistas. ¿Por qué peleamos?”, preguntó el ‘Mexicano’. Algunos de los sobrevivientes aprendieron la lección. Ahora dominan algunos de los hombres que o bien son narcos o paras, o todo al mismo tiempo. Es el caso de Víctor Rafael Triana, ‘Botalón’, quien, según un informe del Programa Presidencial para los Derechos Humanos, “perteneció a la estructura de Rodríguez Gacha” y el sábado 28 de enero de 2006 se desmovilizó como miembro de las AUC, en medio de una cabalgata con 150 jinetes escoltados por 75 camionetas burbuja.
Hoy nadie en este pueblo habla de violencia, todos dicen que es un remanso de paz. Muchos lo dicen por temor, y otros, por convicción. En un país que hoy se llena de horror por el hallazgo de las fosas comunes y donde los políticos con nexos dudosos van a la cárcel, aquí, en cambio, muchos creen, al menos de labios para fuera, que “en este pueblo no ha pasado nada”.
sábado, 1 de septiembre de 2007
Calma chicha
La campaña electoral en el sur del Cesar se libra en medio de una nueva guerra por el negocio de la droga proveniente del Catatumbo y el sur de Bolívar.
Amedia mañana, como si fuera una película, ocurre una escena frenética en la plaza central de Aguachica: llegan raudas dos camionetas con vidrios oscuros. De ellas baja un grupo de hombres armados y una mujer a la que protegen. Se trata de la alcaldesa Luz Irina Pérez, quien llega a trabajar a las 10 de la mañana. Su ingreso parece más el operativo de rescate de un secuestrado que el inicio de la jornada laboral de un funcionario.
Los habitantes de este pueblo, a quienes llaman morrocoyeros, ven la escena desde hace más de un año. Y ahora se repite con la mayoría de los aspirantes a la Alcaldía, al Concejo y a la Asamblea. Carros blindados, escoltas y chalecos antibalas, sin importar los más de 35 grados de temperatura, se confunden con las coloridas vallas de las campañas y las melodías que los cantantes vallenatos han compuesto por encargo de los políticos y que retumban a toda hora en las puertas de las sedes de las campañas y en los carros que recorren todo el municipio.
Ese ambiente festivo se frenó, pero no del todo, en plena fiesta del cumpleaños de Aguachica, cuando asesinaron al líder político Anuar Yaver Cortés. El pleno de la dirigencia liberal, partido al que pertenecía Yaver, anunció que retiraría a todos sus candidatos, y José Luis Urón, el presidente del directorio departamental, recordó que desde junio está denunciando un plan para asesinar a los dirigentes liberales en el departamento. "Pero faltó un muerto para que miraran al Cesar", dijo. Abandonaron la idea de retirarse luego de que el gobierno les ofreció mayor seguridad.
Paradójicamente, la situación de zozobra hoy tiene unidos a liberales y conservadores, que por años tuvieron enconadas diferencias políticas, pero que ahora lucen como minoría frente a las nuevas fuerzas políticas en el departamento. Son los únicos que admiten las amenazas y los seguimientos, en contraste con los candidatos de otros grupos políticos que aseguran que no hay riesgo ni amenazas, como lo han reiterado en diferentes reuniones. Según el registrador municipal, Pablo Gómez, desde comienzo de año han realizado seis comités de seguimiento electoral y en ninguno de ellos se escucharon voces intimidadas. Él asegura que "no es miedo sino prevención originada en la historia de violencia del pueblo".
Este optimismo desconoce la realidad en la que ha vivido la región en los últimos años. Aguachica es el eje de la violencia en el sur del Cesar. Fue el municipio donde se encontraron el Bloque Central Bolívar y el Bloque Norte de las autodefensas y decidieron mandar ambos. Así era en las elecciones de los últimos 10 años, cuando los políticos debían tener la venia de estos grupos armados para participar y, una vez elegidos, estaban obligados a rendir cuentas.
La guerra de hoy en el sur del Cesar tiene una razón: se rompió el acuerdo que durante años mantuvieron los líderes del Bloque Norte y el BCB para el manejo de la droga que proviene del sur de Bolívar y del Catatumbo. Luego de la desmovilización, los mellizos Mejía Múnera se quedaron con la parte que controlaba el Bloque Norte de 'Jorge 40'. Al parecer, eso no le cayó muy bien al BCB, liderado por alias 'Macaco', y después de intentos de acuerdo, la guerra se declaró. En el centro quedó Aguachica. El personero, David Ramos, asegura que los muertos por esos días, entre marzo y junio, llegaron a 60. Hubo días en que se contaron hasta siete.
Con la campaña electoral todo pareciera indicar que la guerra de narcos está asomando su cabeza en la política.
Días antes de su crimen, Yaver Cortés le reclamó a un noticiero de Radio Guatapurí, por difundir una información según la cual su precandidatura liberal a la Alcaldía era apoyada por las Águilas Negras. "Con esta información ustedes me están poniendo una lápida en el pecho", dijo Yaver en ese momento. Hoy muchos dicen que la sentencia se cumplió. Las autoridades militares de la zona se apartan de esa hipótesis y dicen que al parecer el atentado no iba contra el dirigente liberal, sino contra su acompañante.
No hay claridad aún sobre el crimen. Mientras tanto, el pasado jueves la candidata a la Asamblea de Cesar por el Partido Conservador, Jacqueline Galván Lobo, por poco es asesinada en una calle llena de gente en Aguachica. Mientras compraba un obsequio, unos hombres en una motocicleta intentaron infructuosamente alcanzarla con sus armas. Unos vecinos le avisaron y la salvaron.
Es un ataque más contra los conservadores. El candidato a la Alcaldía por ese partido, Alfredo Vega, denunció ante el gobierno que varios hombres lo perseguían para matarlo. "Hay una orden de asesinar políticos morrocoyeros", dijo recientemente, frente a varias autoridades nacionales, en el lanzamiento del programa del Gobierno Voto Limpio. Hoy hace parte del programa de protección del Ministerio del Interior y hace su campaña protegido por seis escoltas. Según dijo Vega a Votebien, quienes intentan matarlo son actores políticos."Hay candidatos que hacen alianzas con el diablo y el demonio para poder hacerse con el poder".
Otro de los candidatos, que pidió que se omitiera su nombre, asegura que "se recrudeció la violencia de manera tenebrosa. Hasta ahora, se estaban matando sólo entre ellos". Pero con el crimen de Yaver Cortés cambió el panorama y parece que metió la guerra de los grupos emergentes en el predio de los políticos. Antes de que comenzara la campaña electoral, la guerra había pasado de lado. Incluso, el debate pintaba más político y apasionado, como suelen defender sus ideas los dirigentes de esta zona del país. De ahí que estén inscritos siete candidatos a la Alcaldía y 140 al Concejo.
La pregunta es ¿por qué la guerra de los narcos se metió con la política? "Las campañas son más bien empresas electorales. No es una puja de ideas sino de financiación", asegura Moisés Álvarez, coordinador del núcleo del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.
Para el registrador municipal, por lo menos hay garantías electorales. Pero eso no es suficiente. Las medidas de seguridad van más allá de los chalecos blindados e implican el control de las actividades de los narcotraficantes. Los aspirantes y los ciudadanos tienen derecho a una campaña con garantías de seguridad y en la que se pueda hacer proselitismo a partir de las ideas.
La campaña electoral en el sur del Cesar se libra en medio de una nueva guerra por el negocio de la droga proveniente del Catatumbo y el sur de Bolívar.
Amedia mañana, como si fuera una película, ocurre una escena frenética en la plaza central de Aguachica: llegan raudas dos camionetas con vidrios oscuros. De ellas baja un grupo de hombres armados y una mujer a la que protegen. Se trata de la alcaldesa Luz Irina Pérez, quien llega a trabajar a las 10 de la mañana. Su ingreso parece más el operativo de rescate de un secuestrado que el inicio de la jornada laboral de un funcionario.
Los habitantes de este pueblo, a quienes llaman morrocoyeros, ven la escena desde hace más de un año. Y ahora se repite con la mayoría de los aspirantes a la Alcaldía, al Concejo y a la Asamblea. Carros blindados, escoltas y chalecos antibalas, sin importar los más de 35 grados de temperatura, se confunden con las coloridas vallas de las campañas y las melodías que los cantantes vallenatos han compuesto por encargo de los políticos y que retumban a toda hora en las puertas de las sedes de las campañas y en los carros que recorren todo el municipio.
Ese ambiente festivo se frenó, pero no del todo, en plena fiesta del cumpleaños de Aguachica, cuando asesinaron al líder político Anuar Yaver Cortés. El pleno de la dirigencia liberal, partido al que pertenecía Yaver, anunció que retiraría a todos sus candidatos, y José Luis Urón, el presidente del directorio departamental, recordó que desde junio está denunciando un plan para asesinar a los dirigentes liberales en el departamento. "Pero faltó un muerto para que miraran al Cesar", dijo. Abandonaron la idea de retirarse luego de que el gobierno les ofreció mayor seguridad.
Paradójicamente, la situación de zozobra hoy tiene unidos a liberales y conservadores, que por años tuvieron enconadas diferencias políticas, pero que ahora lucen como minoría frente a las nuevas fuerzas políticas en el departamento. Son los únicos que admiten las amenazas y los seguimientos, en contraste con los candidatos de otros grupos políticos que aseguran que no hay riesgo ni amenazas, como lo han reiterado en diferentes reuniones. Según el registrador municipal, Pablo Gómez, desde comienzo de año han realizado seis comités de seguimiento electoral y en ninguno de ellos se escucharon voces intimidadas. Él asegura que "no es miedo sino prevención originada en la historia de violencia del pueblo".
Este optimismo desconoce la realidad en la que ha vivido la región en los últimos años. Aguachica es el eje de la violencia en el sur del Cesar. Fue el municipio donde se encontraron el Bloque Central Bolívar y el Bloque Norte de las autodefensas y decidieron mandar ambos. Así era en las elecciones de los últimos 10 años, cuando los políticos debían tener la venia de estos grupos armados para participar y, una vez elegidos, estaban obligados a rendir cuentas.
La guerra de hoy en el sur del Cesar tiene una razón: se rompió el acuerdo que durante años mantuvieron los líderes del Bloque Norte y el BCB para el manejo de la droga que proviene del sur de Bolívar y del Catatumbo. Luego de la desmovilización, los mellizos Mejía Múnera se quedaron con la parte que controlaba el Bloque Norte de 'Jorge 40'. Al parecer, eso no le cayó muy bien al BCB, liderado por alias 'Macaco', y después de intentos de acuerdo, la guerra se declaró. En el centro quedó Aguachica. El personero, David Ramos, asegura que los muertos por esos días, entre marzo y junio, llegaron a 60. Hubo días en que se contaron hasta siete.
Con la campaña electoral todo pareciera indicar que la guerra de narcos está asomando su cabeza en la política.
Días antes de su crimen, Yaver Cortés le reclamó a un noticiero de Radio Guatapurí, por difundir una información según la cual su precandidatura liberal a la Alcaldía era apoyada por las Águilas Negras. "Con esta información ustedes me están poniendo una lápida en el pecho", dijo Yaver en ese momento. Hoy muchos dicen que la sentencia se cumplió. Las autoridades militares de la zona se apartan de esa hipótesis y dicen que al parecer el atentado no iba contra el dirigente liberal, sino contra su acompañante.
No hay claridad aún sobre el crimen. Mientras tanto, el pasado jueves la candidata a la Asamblea de Cesar por el Partido Conservador, Jacqueline Galván Lobo, por poco es asesinada en una calle llena de gente en Aguachica. Mientras compraba un obsequio, unos hombres en una motocicleta intentaron infructuosamente alcanzarla con sus armas. Unos vecinos le avisaron y la salvaron.
Es un ataque más contra los conservadores. El candidato a la Alcaldía por ese partido, Alfredo Vega, denunció ante el gobierno que varios hombres lo perseguían para matarlo. "Hay una orden de asesinar políticos morrocoyeros", dijo recientemente, frente a varias autoridades nacionales, en el lanzamiento del programa del Gobierno Voto Limpio. Hoy hace parte del programa de protección del Ministerio del Interior y hace su campaña protegido por seis escoltas. Según dijo Vega a Votebien, quienes intentan matarlo son actores políticos."Hay candidatos que hacen alianzas con el diablo y el demonio para poder hacerse con el poder".
Otro de los candidatos, que pidió que se omitiera su nombre, asegura que "se recrudeció la violencia de manera tenebrosa. Hasta ahora, se estaban matando sólo entre ellos". Pero con el crimen de Yaver Cortés cambió el panorama y parece que metió la guerra de los grupos emergentes en el predio de los políticos. Antes de que comenzara la campaña electoral, la guerra había pasado de lado. Incluso, el debate pintaba más político y apasionado, como suelen defender sus ideas los dirigentes de esta zona del país. De ahí que estén inscritos siete candidatos a la Alcaldía y 140 al Concejo.
La pregunta es ¿por qué la guerra de los narcos se metió con la política? "Las campañas son más bien empresas electorales. No es una puja de ideas sino de financiación", asegura Moisés Álvarez, coordinador del núcleo del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.
Para el registrador municipal, por lo menos hay garantías electorales. Pero eso no es suficiente. Las medidas de seguridad van más allá de los chalecos blindados e implican el control de las actividades de los narcotraficantes. Los aspirantes y los ciudadanos tienen derecho a una campaña con garantías de seguridad y en la que se pueda hacer proselitismo a partir de las ideas.
En 2007 han sido asesinados 54 dirigentes políticos
Agosto 26 de 2007 -
En 2007 han sido asesinados 54 dirigentes políticos y candidatos a cargos de elección popular
Aunque la violencia política se ha reducido en 25% con relación al mismo periodo de la campaña pasada, el número de atentados contra dirigentes políticos aumentó frente a lo ocurrido en el 2003.
Eso admitió la viceministra del Interior, María Isabel Nieto, quien aclaró que en la campaña electoral de ese año (2003), para esta misma fecha hubo 78 muertes. Y si bien las 54 ocurridas en el 2007 no todas son de candidatos, lo que sí es evidente es que estas van en aumento.
En los últimos 15 días, por ejemplo, fue asesinado Ramiro Rodríguez, candidato de Convergencia Ciudadana al Concejo de Garzón (Huila). Los dos candidatos a la Alcaldía de Cereté (Córdoba), Rafael Chica y Alfonso de la Espriella Burgos, denunciaron amenazas de muerte.
También en el Huila, fue asesinado Javier Andrade, quien aspiraba a su reelección como concejal de Íquira, y el 16 de agosto murió en un atentado el candidato liberal a la Alcaldía de Aguachica (Cesar), Anuar Yáver Cortés. Este hecho provocó una dura reacción del liberalismo que estuvo al borde de marginarse de la contienda electoral en ese departamento.
Todos en riesgo
Son pocas las zonas del país que escapan a esta escalada de violencia que afecta de manera indiscriminada a candidatos y dirigentes de casi todas las vertientes políticas.
Del Partido Conservador han muerto seis candidatos a concejos en Meta, Arauca, Valle, Caquetá y Chocó.
Y el Polo Democrático elaboró un mapa de riesgo con base en las amenazas recibidas por sus aspirantes en 18 departamentos.
El Comité de Seguimiento Electoral, que evalúa la situación de riesgo, ha detectado 37 municipios del país con alta probabilidad de ser objeto de presiones y amenazas contra candidatos.
La Misión de Observación Electoral (MOE), prepara un informe sobre el tema que se hará público en los próximos días.
Hasta el pasado 24 de agosto, información preliminar de la MOE, da cuenta de 11 asesinatos, 6 secuestros y 47 amenazas a candidatos de diferentes partidos en distintas regiones del país.
Durante la reunión de la Comisión de Seguimiento Electoral, realizada el jueves pasado, los partidos le insistieron al Gobierno en la necesidad extremar las medidas y pidieron garantías reales para poder hacer una campaña sin contratiempos en todos los municipios del país.
La viceministra Nieto dijo que el Gobierno hace todo lo posible, pero admitió que, "lo que no podemos decir es que no van a matar a un candidato más"
"Se requiere apoyo de ellos, los candidatos también tienen que autoprotegerse y acatar las recomendaciones de las autoridades. El Gobierno no tiene la capacidad de ponerles escolta y un carro blindado a todos los candidatos", agregó.
Atentado dejó dos muertos y tres heridos
Este mismo domingo por la noche se conoció que dos personas murieron en un establecimiento público en el parque La Florida de La Jagua de Ibirico (Cesar), cuando dos hombres llegaron en una moto: uno se bajó y disparó de manera indiscriminada contra todos los presentes.
Los dos muertos son Leonardo Muriel, de 33 años, oriundo del departamento del Tolima; y Jorge Peñalosa Martín, quienes junto a otras personas celebraban el éxito del desfile político desarrollado por la campaña a la Alcaldía de La Jagua por el Partido Liberal de Alfonso Palacios.
Resultaron heridos Benjamín Molina, candidato liberal al Concejo de La Jagua; Cristóbal Peña y otra persona que no fue identificada por las autoridades.
El comandante de la Policía en el Cesar, Coronel José Edgar Cepeda Ayala, descartó la posibilidad de un eventual atentado contra el candidato Palacios o el aspirante al Concejo herido.
Sin embargo, Palacios asegura que la acción violenta sì tiene algo que ver con su candidatura por la proximidad del lugar donde ocurrió el doble crimen a su sede política y "porque además el candidato al Concejo herido es de mi lista inscrita ante la Registraduría", aseguró.
En 2007 han sido asesinados 54 dirigentes políticos y candidatos a cargos de elección popular
Aunque la violencia política se ha reducido en 25% con relación al mismo periodo de la campaña pasada, el número de atentados contra dirigentes políticos aumentó frente a lo ocurrido en el 2003.
Eso admitió la viceministra del Interior, María Isabel Nieto, quien aclaró que en la campaña electoral de ese año (2003), para esta misma fecha hubo 78 muertes. Y si bien las 54 ocurridas en el 2007 no todas son de candidatos, lo que sí es evidente es que estas van en aumento.
En los últimos 15 días, por ejemplo, fue asesinado Ramiro Rodríguez, candidato de Convergencia Ciudadana al Concejo de Garzón (Huila). Los dos candidatos a la Alcaldía de Cereté (Córdoba), Rafael Chica y Alfonso de la Espriella Burgos, denunciaron amenazas de muerte.
También en el Huila, fue asesinado Javier Andrade, quien aspiraba a su reelección como concejal de Íquira, y el 16 de agosto murió en un atentado el candidato liberal a la Alcaldía de Aguachica (Cesar), Anuar Yáver Cortés. Este hecho provocó una dura reacción del liberalismo que estuvo al borde de marginarse de la contienda electoral en ese departamento.
Todos en riesgo
Son pocas las zonas del país que escapan a esta escalada de violencia que afecta de manera indiscriminada a candidatos y dirigentes de casi todas las vertientes políticas.
Del Partido Conservador han muerto seis candidatos a concejos en Meta, Arauca, Valle, Caquetá y Chocó.
Y el Polo Democrático elaboró un mapa de riesgo con base en las amenazas recibidas por sus aspirantes en 18 departamentos.
El Comité de Seguimiento Electoral, que evalúa la situación de riesgo, ha detectado 37 municipios del país con alta probabilidad de ser objeto de presiones y amenazas contra candidatos.
La Misión de Observación Electoral (MOE), prepara un informe sobre el tema que se hará público en los próximos días.
Hasta el pasado 24 de agosto, información preliminar de la MOE, da cuenta de 11 asesinatos, 6 secuestros y 47 amenazas a candidatos de diferentes partidos en distintas regiones del país.
Durante la reunión de la Comisión de Seguimiento Electoral, realizada el jueves pasado, los partidos le insistieron al Gobierno en la necesidad extremar las medidas y pidieron garantías reales para poder hacer una campaña sin contratiempos en todos los municipios del país.
La viceministra Nieto dijo que el Gobierno hace todo lo posible, pero admitió que, "lo que no podemos decir es que no van a matar a un candidato más"
"Se requiere apoyo de ellos, los candidatos también tienen que autoprotegerse y acatar las recomendaciones de las autoridades. El Gobierno no tiene la capacidad de ponerles escolta y un carro blindado a todos los candidatos", agregó.
Atentado dejó dos muertos y tres heridos
Este mismo domingo por la noche se conoció que dos personas murieron en un establecimiento público en el parque La Florida de La Jagua de Ibirico (Cesar), cuando dos hombres llegaron en una moto: uno se bajó y disparó de manera indiscriminada contra todos los presentes.
Los dos muertos son Leonardo Muriel, de 33 años, oriundo del departamento del Tolima; y Jorge Peñalosa Martín, quienes junto a otras personas celebraban el éxito del desfile político desarrollado por la campaña a la Alcaldía de La Jagua por el Partido Liberal de Alfonso Palacios.
Resultaron heridos Benjamín Molina, candidato liberal al Concejo de La Jagua; Cristóbal Peña y otra persona que no fue identificada por las autoridades.
El comandante de la Policía en el Cesar, Coronel José Edgar Cepeda Ayala, descartó la posibilidad de un eventual atentado contra el candidato Palacios o el aspirante al Concejo herido.
Sin embargo, Palacios asegura que la acción violenta sì tiene algo que ver con su candidatura por la proximidad del lugar donde ocurrió el doble crimen a su sede política y "porque además el candidato al Concejo herido es de mi lista inscrita ante la Registraduría", aseguró.
.jpg)
Las FARC no entregaremos a los prisioneros en Venezuela"
26.08.2007 | Clarin.com | Zona
ENTREVISTA EXCLUSIVA CON EL SEGUNDO COMANDANTE DE LA GUERRILLA COLOMBIANA
"Las FARC no entregaremos a los prisioneros en Venezuela"
Raúl Reyes hizo esa advertencia, hoy clave, aunque agradeció la mediación de Chávez, quien había ofrecido una zona de despeje en su país. El jefe guerrillero insistió en que Colombia debe abrir un área para el intercambio.
Imprimir
Pablo Biffi
El "comandante" Raúl Reyes es el número dos de las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y uno de los siete miembros del Secretariado del Estado Mayor, conducido por el mítico Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo, quien lleva casi 60 años en la clandestinidad. Creadas en 1964, las FARC se definen marxistas leninistas y "campesinas y bolivarianas". En una entrevista exclusiva con Clarín en un campamento transitorio montado para el encuentro con este diario en la selva del sur de Colombia, Reyes dio la bienvenida al aporte del venezolano Hugo Chávez para un canje de unos 50 rehenes -entre ellos la ex candidata Ingrid Betancourt- por 400 guerrilleros presos. Pero aclaró que no aceptan entregar a sus prisioneros en Venezuela, tal como propuso el líder bolivariano quien el viernes se reunirá en Bogotá con su colega Alvaro Uribe. "El está haciendo su aporte y lo agradecemos. Nosotros pensamos que es un inicio, es un nuevo impulso, un nuevo oxígeno que se le puede dar al tema del intercambio humanitario. Pero seguimos sosteniendo que el canje, por ser un problema derivado del conflicto interno, debe solucionarse en Colombia. No vamos a entregar prisioneros en Venezuela", dijo.
Con 30 años dentro de la organización -el grupo cuenta con alrededor de 17.000 hombres en armas-, un pasado vinculado al Partido Comunista y como concejal de un pueblo en Caquetá, Reyes tiene tres hijos de un matrimonio en la vida civil -cuando era Luis Edgar Devia Silva- y dice estar "cerquita de los 60 años". Para el líder guerrillero, Ingrid Betancourt no está en carácter de "secuestrada" desde febrero de 2002, sino como "prisionera política, por ser parte de un régimen que nosotros combatimos". A lo largo de un día, Clarín compartió con Reyes un extenso diálogo en el que negó los vínculos de las FARC con el narcotráfico y rechazó que sean una organización terrorista.
-¿Por qué es tan difícil un acuerdo humanitario para liberar rehenes que algunos ya llevan 10 años prisioneros?
-Es que este gobierno no tiene la más mínima intención de hacerlo. Las FARC han insistido desde hace más de 5 años para conseguir el acuerdo, un canje entre unos 50 rehenes y 400 presos guerrilleros. Y hay que recordar que en los diálogos de paz con el gobierno de Andrés Pastrana liberamos unilateralmente a más de 300 soldados y policías. Y sólo obtuvimos la liberación de 14 guerrilleros enfermos. El resto de los rehenes que teníamos quedaron en nuestro poder para buscar un acuerdo humanitario.
-¿Por qué insisten en el despeje militar de dos municipios de 800 kilómetros cuadrados, Florida y Pradera, para el canje?
-Cuando asumió este gobierno en 2002 le propusimos el despeje de dos municipios en Caquetá, que eran San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá. Pero Uribe dijo que proponíamos esos sitios porque las FARC se sentían acosadas militarmente y querían recuperar terreno. Nosotros dijimos entonces: bueno, que sean otros así el gobierno no cree que queremos sacar ventaja.
-¿Pero no se puede hacer de otra manera el intercambio?
-No, no se puede hacer de ninguna manera porque las FARC no tienen la más mínima confianza en los representantes de Uribe, porque es un gobierno ilegítimo, narco paramilitar, un gobierno que no tiene un interés distinto al de la guerra. Además, pensamos que es poca cosa desmilitarizar dos municipios por 45 días para un acuerdo de tanta envergadura.
-Pero el gobierno insiste en que no desmilitarizará y Uds., que sin desmilitarización no hay canje ¿Cómo se sale de esa trampa?
-Pensamos que de esto se sale con la presión nacional e internacional, para sensibilizar a Uribe que entienda que la única forma de llegar al acuerdo es desmilitarizando los municipios. No es Uribe el que ha hecho la propuesta, son las FARC las que la hicieron. Por eso es que hemos valorado muchísimo el papel que jugaron y juegan Francia, Suiza y España buscando el acuerdo. Pero la política de Uribe es la del rescate por la fuerza, sin importarle lo que les pase a los prisioneros, ya que él lo que quiere es mostrar resultados en la ejecución del Plan Patriota y el Plan Colombia financiados por Estados Unidos, y demostrar que está derrotando a las FARC.
-¿No le parece que es un juego de fuerza entre gobierno y FARC usando a los rehenes?
-Lo que pasa es que en Colombia hay un conflicto interno, una confrontación de más de 43 años sólo con las FARC, donde el Estado ha querido acabar con la guerrilla. Cada presidente utilizó cantidad de hombres y de recursos en buscar liquidar a las FARC. No lo lograron. Hemos crecido y hoy tenemos presencia en todo el país. Esto hace que la clase gobernante se preocupe.
-Insisto ¿No es un juego de fuerza con los rehenes de por medio?
-Es que el gobierno quiere hacerle creer al país y al mundo que nos está derrotando y que nos va hacer negociar bajo presión. Nosotros estamos fuertes y no negociamos bajo presión.
-Hace unos meses el gobierno liberó un centenar de guerrilleros y por pedido del presidente francés se liberó al "canciller" de las FARC Rodrigo Granda. Se esperaba un gesto recíproco de ustedes como dejar libre a Ingrid Betancourt, pero no hubo nada.
-Es que fue un hecho unilateral del gobierno en el marco de una campaña mediática para tapar el escándalo de la "parapolítica" que lo complica, y no producto de una negociación. Y en cuanto a la liberación de Granda, nosotros agradecimos el gesto del presidente Nicolas Sarkozy. Pero tampoco hubo un compromiso de las FARC con Sarkozy para que Granda fuera liberado.
-¿Pero no hubiera sido importante liberar a Ingrid o a Clara Rojas y su hijo de tres años, que nació en cautiverio?
-El problema del acuerdo humanitario deriva del conflicto interno colombiano y cualquier acuerdo debe hacerse en Colombia. Cualquier intervención en favor del canje es provechosa. Pero quienes deciden son el gobierno de Bogotá y las FARC.
-Chávez ofreció su país y una zona despejada para el canje ¿Aceptarían hacerlo en Venezuela?
-Yo quiero agradecer a través de Clarín al presidente Chávez por ese gesto, por esa generosidad, por ese sentido de solidaridad con Colombia, y con los familiares de los prisioneros, y las FARC. Pero es necesario aquí recordar que el presidente Chávez hace esta oferta después de que la senadora Piedad Córdoba, del Partido Liberal y opositora a Uribe, le pidiera que contribuyera con el acuerdo. Y él está haciendo su aporte, que nosotros pensamos que es un inicio, un nuevo impulso que se le puede dar a este tema del intercambio humanitario. Pero seguimos sosteniendo que, por ser un problema derivado del conflicto interno, el canje debe solucionarse en Colombia.
-¿Entonces ustedes rechazan entregar rehenes en Venezuela?
-Sí, nosotros lo que seguimos solicitando es la desmilitarización de Pradera y Florida y le pediríamos al presidente Chávez que, dado su peso político, contribuya para que se logre ese despeje que nos lleve a sentar a las partes a una mesa y concertar el acuerdo que ponga fin al cautiverio de los prisioneros.
-¿Van a negociar en Venezuela?
-Sí, nosotros no tenemos problemas en dialogar en cualquier sitio, pero la entrega de prisioneros debe ser en Colombia.
-¿No es un acto demencial tener personas retenidas durante tanto tiempo como Betancourt, que lleva más de 5 años en manos de las FARC?
-Para nosotros en ningún caso hay secuestro, porque se trata del resultado de una confrontación del pueblo en armas, las guerrillas revolucionarias en Colombia, y un Estado que tiene una ramificación en los tres poderes, Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Los soldados en nuestro poder son prisioneros de guerra y el resto prisioneros políticos. En el grupo que nosotros denominamos "canjeables", está Ingrid Betancourt, una candidata a la presidencia y antes senadora, pero del sistema que combatimos. Por eso no es una secuestrada.
-¿Y en el caso de los tres estadounidenses que tienen desde febrero de 2003?
-Ellos son agentes norteamericanos. Las FARC no los fueron a capturar en Washington, Nueva York, Texas o Boston, sino que los tomó prisioneros en territorio colombiano cuando hacían espionaje en nuestro país.
-El gobierno y Estados Unidos dicen que eran contratistas civiles...
-Esa es la gran mentira. Eran agentes que hacían espionaje en Colombia, violando nuestra soberanía, violando nuestra independencia. Pese a ello, los incluimos entre los canjeables y aspiramos a liberarlos una vez que sean liberados los camaradas Simón Trinidad y Sonia, presos en Estados Unidos y todos los guerrilleros y guerrilleras que tenemos en las cárceles de Colombia.
-¿Por qué toman como rehenes a empresarios?
-No. ¿Cuáles empresarios?
-¿No hay empresarios?
-Que yo conozca, no. Y si hay es porque ellos no han pagado el impuesto de nuestra Ley 02, que es un impuesto que cobran las FARC a los empresarios, que son los mismos que financian la guerra contra el pueblo colombiano. Hay muchos que pagan ese impuesto sin necesidad de hacerlos prisioneros y otros que no lo pagan. Y como no lo hacen entonces los hacemos prisioneros. Esos no están incluidos dentro del paquete de canjeables porque una vez que paguen la deuda con la organización quedan libres.
-¿Cuánto tienen que pagar?
-El 10 por ciento de las utilidades que obtengan cada año.
-Usted habló de Simón Trinidad y Sonia, presos en EE.UU. ¿Cree posible una negociación con Washington para canjear a ellos por los tres estadounidenses?
-Habría que ver en qué términos, pero nosotros no tendríamos problemas, en la medida en que se haga a través del gobierno colombiano. En definitiva, Uribe no es más que un empleado de ellos y hace lo que le mandan.
-¿No es un mito eso?
-No, eso es real.
-¿Cómo se manifiesta?
-Los mismos norteamericanos lo reconocen. Es una realidad que se expresa en que ellos saben perfectamente quién es Uribe y sin embargo lo apoyan a sabiendas de su pasado bastante oscuro de paramilitar, de narcotraficante. Lo apoyan a pesar de conocer el fraude que ha hecho siempre, la compra de votos, a pesar de conocer quiénes estuvieron en las listas con él y de dónde vienen sus votos. Y lo acompañan a pesar de las mentiras que les dice diariamente con supuestos triunfos que no tiene. Le han dado mucho dinero para el Plan Colombia, y no les ha podido mostrar los resultados que se comprometió a entregarles. El les ofreció acabar con las FARC muy rápido en su primer gobierno, se comprometió también a rescatar a sus prisioneros sin necesidad del acuerdo. Tampoco lo logró.
-Nunca quedó claro cómo murieron el 18 de junio los 11 diputados en poder de las FARC ¿Qué pasó realmente?
-Dijimos que una fuerza no determinada causó la muerte de los diputados. Hasta hoy no hemos podido identificar qué ocurrió.
-¿Por que?
-Porque en la región donde estaban los 11 diputados hay confrontación permanente, porque hay todo tipo de fuerzas, como el ejército oficial, la policía, los paramilitares al servicio del Estado, bandas de delincuentes armadas por los narcotraficantes. Por eso las FARC no quisieron aventurarse a responsabilizar a ninguna fuerza de ese lamentable suceso.
-El gobierno dice que ustedes los asesinaron.
-Eso no es cierto. Es parte de la campaña mediática.
-¿Pero no hay responsabilidad en las FARC? Porque ustedes tienen la responsabilidad por la vida de los rehenes.
-Claro que hubo fallas en la seguridad. Hubo fallas de nuestra gente, que tenía la responsabilidad de cuidar a los prisioneros.
ENTREVISTA EXCLUSIVA CON EL SEGUNDO COMANDANTE DE LA GUERRILLA COLOMBIANA
"Las FARC no entregaremos a los prisioneros en Venezuela"
Raúl Reyes hizo esa advertencia, hoy clave, aunque agradeció la mediación de Chávez, quien había ofrecido una zona de despeje en su país. El jefe guerrillero insistió en que Colombia debe abrir un área para el intercambio.
Imprimir
Pablo Biffi
El "comandante" Raúl Reyes es el número dos de las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y uno de los siete miembros del Secretariado del Estado Mayor, conducido por el mítico Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo, quien lleva casi 60 años en la clandestinidad. Creadas en 1964, las FARC se definen marxistas leninistas y "campesinas y bolivarianas". En una entrevista exclusiva con Clarín en un campamento transitorio montado para el encuentro con este diario en la selva del sur de Colombia, Reyes dio la bienvenida al aporte del venezolano Hugo Chávez para un canje de unos 50 rehenes -entre ellos la ex candidata Ingrid Betancourt- por 400 guerrilleros presos. Pero aclaró que no aceptan entregar a sus prisioneros en Venezuela, tal como propuso el líder bolivariano quien el viernes se reunirá en Bogotá con su colega Alvaro Uribe. "El está haciendo su aporte y lo agradecemos. Nosotros pensamos que es un inicio, es un nuevo impulso, un nuevo oxígeno que se le puede dar al tema del intercambio humanitario. Pero seguimos sosteniendo que el canje, por ser un problema derivado del conflicto interno, debe solucionarse en Colombia. No vamos a entregar prisioneros en Venezuela", dijo.
Con 30 años dentro de la organización -el grupo cuenta con alrededor de 17.000 hombres en armas-, un pasado vinculado al Partido Comunista y como concejal de un pueblo en Caquetá, Reyes tiene tres hijos de un matrimonio en la vida civil -cuando era Luis Edgar Devia Silva- y dice estar "cerquita de los 60 años". Para el líder guerrillero, Ingrid Betancourt no está en carácter de "secuestrada" desde febrero de 2002, sino como "prisionera política, por ser parte de un régimen que nosotros combatimos". A lo largo de un día, Clarín compartió con Reyes un extenso diálogo en el que negó los vínculos de las FARC con el narcotráfico y rechazó que sean una organización terrorista.
-¿Por qué es tan difícil un acuerdo humanitario para liberar rehenes que algunos ya llevan 10 años prisioneros?
-Es que este gobierno no tiene la más mínima intención de hacerlo. Las FARC han insistido desde hace más de 5 años para conseguir el acuerdo, un canje entre unos 50 rehenes y 400 presos guerrilleros. Y hay que recordar que en los diálogos de paz con el gobierno de Andrés Pastrana liberamos unilateralmente a más de 300 soldados y policías. Y sólo obtuvimos la liberación de 14 guerrilleros enfermos. El resto de los rehenes que teníamos quedaron en nuestro poder para buscar un acuerdo humanitario.
-¿Por qué insisten en el despeje militar de dos municipios de 800 kilómetros cuadrados, Florida y Pradera, para el canje?
-Cuando asumió este gobierno en 2002 le propusimos el despeje de dos municipios en Caquetá, que eran San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá. Pero Uribe dijo que proponíamos esos sitios porque las FARC se sentían acosadas militarmente y querían recuperar terreno. Nosotros dijimos entonces: bueno, que sean otros así el gobierno no cree que queremos sacar ventaja.
-¿Pero no se puede hacer de otra manera el intercambio?
-No, no se puede hacer de ninguna manera porque las FARC no tienen la más mínima confianza en los representantes de Uribe, porque es un gobierno ilegítimo, narco paramilitar, un gobierno que no tiene un interés distinto al de la guerra. Además, pensamos que es poca cosa desmilitarizar dos municipios por 45 días para un acuerdo de tanta envergadura.
-Pero el gobierno insiste en que no desmilitarizará y Uds., que sin desmilitarización no hay canje ¿Cómo se sale de esa trampa?
-Pensamos que de esto se sale con la presión nacional e internacional, para sensibilizar a Uribe que entienda que la única forma de llegar al acuerdo es desmilitarizando los municipios. No es Uribe el que ha hecho la propuesta, son las FARC las que la hicieron. Por eso es que hemos valorado muchísimo el papel que jugaron y juegan Francia, Suiza y España buscando el acuerdo. Pero la política de Uribe es la del rescate por la fuerza, sin importarle lo que les pase a los prisioneros, ya que él lo que quiere es mostrar resultados en la ejecución del Plan Patriota y el Plan Colombia financiados por Estados Unidos, y demostrar que está derrotando a las FARC.
-¿No le parece que es un juego de fuerza entre gobierno y FARC usando a los rehenes?
-Lo que pasa es que en Colombia hay un conflicto interno, una confrontación de más de 43 años sólo con las FARC, donde el Estado ha querido acabar con la guerrilla. Cada presidente utilizó cantidad de hombres y de recursos en buscar liquidar a las FARC. No lo lograron. Hemos crecido y hoy tenemos presencia en todo el país. Esto hace que la clase gobernante se preocupe.
-Insisto ¿No es un juego de fuerza con los rehenes de por medio?
-Es que el gobierno quiere hacerle creer al país y al mundo que nos está derrotando y que nos va hacer negociar bajo presión. Nosotros estamos fuertes y no negociamos bajo presión.
-Hace unos meses el gobierno liberó un centenar de guerrilleros y por pedido del presidente francés se liberó al "canciller" de las FARC Rodrigo Granda. Se esperaba un gesto recíproco de ustedes como dejar libre a Ingrid Betancourt, pero no hubo nada.
-Es que fue un hecho unilateral del gobierno en el marco de una campaña mediática para tapar el escándalo de la "parapolítica" que lo complica, y no producto de una negociación. Y en cuanto a la liberación de Granda, nosotros agradecimos el gesto del presidente Nicolas Sarkozy. Pero tampoco hubo un compromiso de las FARC con Sarkozy para que Granda fuera liberado.
-¿Pero no hubiera sido importante liberar a Ingrid o a Clara Rojas y su hijo de tres años, que nació en cautiverio?
-El problema del acuerdo humanitario deriva del conflicto interno colombiano y cualquier acuerdo debe hacerse en Colombia. Cualquier intervención en favor del canje es provechosa. Pero quienes deciden son el gobierno de Bogotá y las FARC.
-Chávez ofreció su país y una zona despejada para el canje ¿Aceptarían hacerlo en Venezuela?
-Yo quiero agradecer a través de Clarín al presidente Chávez por ese gesto, por esa generosidad, por ese sentido de solidaridad con Colombia, y con los familiares de los prisioneros, y las FARC. Pero es necesario aquí recordar que el presidente Chávez hace esta oferta después de que la senadora Piedad Córdoba, del Partido Liberal y opositora a Uribe, le pidiera que contribuyera con el acuerdo. Y él está haciendo su aporte, que nosotros pensamos que es un inicio, un nuevo impulso que se le puede dar a este tema del intercambio humanitario. Pero seguimos sosteniendo que, por ser un problema derivado del conflicto interno, el canje debe solucionarse en Colombia.
-¿Entonces ustedes rechazan entregar rehenes en Venezuela?
-Sí, nosotros lo que seguimos solicitando es la desmilitarización de Pradera y Florida y le pediríamos al presidente Chávez que, dado su peso político, contribuya para que se logre ese despeje que nos lleve a sentar a las partes a una mesa y concertar el acuerdo que ponga fin al cautiverio de los prisioneros.
-¿Van a negociar en Venezuela?
-Sí, nosotros no tenemos problemas en dialogar en cualquier sitio, pero la entrega de prisioneros debe ser en Colombia.
-¿No es un acto demencial tener personas retenidas durante tanto tiempo como Betancourt, que lleva más de 5 años en manos de las FARC?
-Para nosotros en ningún caso hay secuestro, porque se trata del resultado de una confrontación del pueblo en armas, las guerrillas revolucionarias en Colombia, y un Estado que tiene una ramificación en los tres poderes, Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Los soldados en nuestro poder son prisioneros de guerra y el resto prisioneros políticos. En el grupo que nosotros denominamos "canjeables", está Ingrid Betancourt, una candidata a la presidencia y antes senadora, pero del sistema que combatimos. Por eso no es una secuestrada.
-¿Y en el caso de los tres estadounidenses que tienen desde febrero de 2003?
-Ellos son agentes norteamericanos. Las FARC no los fueron a capturar en Washington, Nueva York, Texas o Boston, sino que los tomó prisioneros en territorio colombiano cuando hacían espionaje en nuestro país.
-El gobierno y Estados Unidos dicen que eran contratistas civiles...
-Esa es la gran mentira. Eran agentes que hacían espionaje en Colombia, violando nuestra soberanía, violando nuestra independencia. Pese a ello, los incluimos entre los canjeables y aspiramos a liberarlos una vez que sean liberados los camaradas Simón Trinidad y Sonia, presos en Estados Unidos y todos los guerrilleros y guerrilleras que tenemos en las cárceles de Colombia.
-¿Por qué toman como rehenes a empresarios?
-No. ¿Cuáles empresarios?
-¿No hay empresarios?
-Que yo conozca, no. Y si hay es porque ellos no han pagado el impuesto de nuestra Ley 02, que es un impuesto que cobran las FARC a los empresarios, que son los mismos que financian la guerra contra el pueblo colombiano. Hay muchos que pagan ese impuesto sin necesidad de hacerlos prisioneros y otros que no lo pagan. Y como no lo hacen entonces los hacemos prisioneros. Esos no están incluidos dentro del paquete de canjeables porque una vez que paguen la deuda con la organización quedan libres.
-¿Cuánto tienen que pagar?
-El 10 por ciento de las utilidades que obtengan cada año.
-Usted habló de Simón Trinidad y Sonia, presos en EE.UU. ¿Cree posible una negociación con Washington para canjear a ellos por los tres estadounidenses?
-Habría que ver en qué términos, pero nosotros no tendríamos problemas, en la medida en que se haga a través del gobierno colombiano. En definitiva, Uribe no es más que un empleado de ellos y hace lo que le mandan.
-¿No es un mito eso?
-No, eso es real.
-¿Cómo se manifiesta?
-Los mismos norteamericanos lo reconocen. Es una realidad que se expresa en que ellos saben perfectamente quién es Uribe y sin embargo lo apoyan a sabiendas de su pasado bastante oscuro de paramilitar, de narcotraficante. Lo apoyan a pesar de conocer el fraude que ha hecho siempre, la compra de votos, a pesar de conocer quiénes estuvieron en las listas con él y de dónde vienen sus votos. Y lo acompañan a pesar de las mentiras que les dice diariamente con supuestos triunfos que no tiene. Le han dado mucho dinero para el Plan Colombia, y no les ha podido mostrar los resultados que se comprometió a entregarles. El les ofreció acabar con las FARC muy rápido en su primer gobierno, se comprometió también a rescatar a sus prisioneros sin necesidad del acuerdo. Tampoco lo logró.
-Nunca quedó claro cómo murieron el 18 de junio los 11 diputados en poder de las FARC ¿Qué pasó realmente?
-Dijimos que una fuerza no determinada causó la muerte de los diputados. Hasta hoy no hemos podido identificar qué ocurrió.
-¿Por que?
-Porque en la región donde estaban los 11 diputados hay confrontación permanente, porque hay todo tipo de fuerzas, como el ejército oficial, la policía, los paramilitares al servicio del Estado, bandas de delincuentes armadas por los narcotraficantes. Por eso las FARC no quisieron aventurarse a responsabilizar a ninguna fuerza de ese lamentable suceso.
-El gobierno dice que ustedes los asesinaron.
-Eso no es cierto. Es parte de la campaña mediática.
-¿Pero no hay responsabilidad en las FARC? Porque ustedes tienen la responsabilidad por la vida de los rehenes.
-Claro que hubo fallas en la seguridad. Hubo fallas de nuestra gente, que tenía la responsabilidad de cuidar a los prisioneros.
Situación electoral en el departamento del Cesar, un departamento dominado por clanes
Agosto 25 de 2007 -
Situación electoral en el departamento del Cesar, un departamento dominado por clanes
La falta de una oferta amplia y pluralista les abrió la puerta a familias que terminaron en alianzas cuestionables y crearon una de las crisis políticas más duras que ha vivido el departamento.
Después de dibujar el panorama electoral del Cesar en las elecciones a Gobernación y Asamblea de la última década, se puede afirmar que en este departamento no se desarrolla un régimen de competencia electoral.
El Partido Liberal ha sido el protagonista de las diferentes contiendas examinadas, convirtiendo al Cesar en un territorio con un régimen de partido único.
Existen tres características que permiten determinar el carácter competitivo de unas elecciones: la existencia de una oferta amplia y plural de opciones políticas; cuando el elector confía en que su voto tiene poder de decisión y elecciones regulares y periódicas.
En el caso del Cesar -a punto de cumplir 40 años de existencia como ente regional-, el abanico de opciones políticas es absolutamente reducido. La herencia de fortines y la repartición del electorado dentro de las mismas familias, han sido característica permanente.
Es importante destacar que los niveles de participación, que alcanzan un promedio de 54 por ciento, son superiores a la media nacional. Podría ser el resultado de una participación activa por un interés propio de la cultura política cesarense o porque la incidencia de grupos armados, como los paramilitares, tradicionalmente asociados a la presión sobre la población, han hecho que el electorado acuda a las urnas para favorecer a sus padrinos políticos.
El alto porcentaje de votos en blanco, nulos y las tarjetas no marcadas, acentuados en las elecciones del 2003, es una manifestación de inconformidad del electorado frente a las opciones u ofertas políticas para los comicios.
En el 2003, cuando sólo se presentó un candidato para la Gobernación del Cesar, dado que los otros dos aspirantes se retiraron (Christian Moreno y Abraham Romero) debido a las "particulares condiciones de intolerancia", la cifra del 47,18 por ciento de los sufragantes que no apoyaron la única opción, evidenció el inconformismo del electorado.
En cuanto a la segunda característica, resulta difícil que el voto incida en la conformación de una estructura política, cuando el sistema es tan cerrado y excluyente, que de por sí impide la transformación.
Otro elemento importante para el análisis, es la credibilidad en la institucionalidad. En este sentido y analizando las condiciones particulares del territorio objeto de estudio, se identifican dos actores que influyen y sientan las bases de lo que se podría considerar la institucionalidad de la región.
Por una parte, los gamonales y familias políticas, y por otra, las organizaciones al margen de la ley, específicamente los paramilitares, quienes han generado una alianza que gira en torno a la obtención y permanencia en el poder, produciendo así lo que podríamos denominar una "para-institucionalidad". Dentro de este marco se producen transformaciones profundamente relevantes a nivel social, se relativiza lo que es legal, lo que es legítimo y por ende hay una transformación evidente de la institucionalidad.
Podemos concluir entonces que el Cesar es uno de los territorios del país en los que se puede observar más de cerca y por medio de referentes reales, la deplorable condición 'para-democrática' que afecta hoy en día, no solo la conciencia interna de un país, sino también su imagen internacional.
En qué ha cambiado la política de ayer y la de hoy en el Cesar
El cambio es de rostros, de intereses, más no de medios, pues la
intimidación ya empezó y no se descarta su continuación.
Se siguen tejiendo todavía las coaliciones, siguen los acuerdos políticos en el interior y entre partidos que dependen más del tamaño de la chequera que de los programas o de lealtades o disciplinas partidistas.
Nadie se ha pronunciado sobre los programas de gobierno, no se debaten ni siquiera en el interior de los propios partidos.
Los mensajes de los candidatos son vacíos, no dicen nada: por ejemplo, la de de Arturo Calderón dice simplemente: Conoce al Cesar, mientras que la de Jaime Murgas dice un poco más: Tiene mucho más que ofrecerle al Cesar.
Estas campañas serán más costosas que las anteriores y habrá mucho dinero recorriendo los caminos del Cesar.
La mínima inversión prevista de una campaña es de alrededor de 4.000 millones de pesos. Se prevén inversiones de más de 10 veces esta cifra, por parte de un solo movimiento.
Seguirá la intervención paramilitar en la política, pero más disimulada, con más dinero de por medio que armas.
Se reconoce que hay hoy más seguridad en las vías y calles del Cesar, lo que garantiza una mejor movilización de los candidatos, pero con el crimen de Yaver Cortés se volvió a prender la alarma.
Con este atentado se prendió el estado de alerta en la política, que muchos pretendieron desconocer. La clase política del Cesar y la oposición no descartan nuevos actos intimidatorios e incluso muertes selectivas. La política del Cesar seguirá enturbiada.
Para la Gobernación del Cesar hay más alternativa de escogencia de candidato que el periodo pasado, pues esta vez se inscribieron varios candidatos de los principales partidos y movimientos, mientras que para aquellas hubo uno solo.
Se observa en la mayoría de los candidatos el afán de poder sin vocación de servicio, tanto en alcaldías como gobernación.
En juego...
La adjudicación del Chance. Actualmente quien tiene el manejo del juego en el Cesar es la familia del candidato a la gobernación Arturo Calderón.
Regalías del carbón. Actualmente, el Cesar es el segundo departamento que más recursos recibe por este concepto después de La Guajira. Es el plato más apetecido de los aspirantes a la gobernación.
Las concesiones dadas a 20- 30 años a firmas particulares, por ejemplo las de alumbrado público en los municipios.
Las contrataciones en materia de obras públicas, especialmente para pavimentación de vías, pues generan un margen de ganancia para los contratistas hasta del 50 por ciento.
Situación electoral en el departamento del Cesar, un departamento dominado por clanes
La falta de una oferta amplia y pluralista les abrió la puerta a familias que terminaron en alianzas cuestionables y crearon una de las crisis políticas más duras que ha vivido el departamento.
Después de dibujar el panorama electoral del Cesar en las elecciones a Gobernación y Asamblea de la última década, se puede afirmar que en este departamento no se desarrolla un régimen de competencia electoral.
El Partido Liberal ha sido el protagonista de las diferentes contiendas examinadas, convirtiendo al Cesar en un territorio con un régimen de partido único.
Existen tres características que permiten determinar el carácter competitivo de unas elecciones: la existencia de una oferta amplia y plural de opciones políticas; cuando el elector confía en que su voto tiene poder de decisión y elecciones regulares y periódicas.
En el caso del Cesar -a punto de cumplir 40 años de existencia como ente regional-, el abanico de opciones políticas es absolutamente reducido. La herencia de fortines y la repartición del electorado dentro de las mismas familias, han sido característica permanente.
Es importante destacar que los niveles de participación, que alcanzan un promedio de 54 por ciento, son superiores a la media nacional. Podría ser el resultado de una participación activa por un interés propio de la cultura política cesarense o porque la incidencia de grupos armados, como los paramilitares, tradicionalmente asociados a la presión sobre la población, han hecho que el electorado acuda a las urnas para favorecer a sus padrinos políticos.
El alto porcentaje de votos en blanco, nulos y las tarjetas no marcadas, acentuados en las elecciones del 2003, es una manifestación de inconformidad del electorado frente a las opciones u ofertas políticas para los comicios.
En el 2003, cuando sólo se presentó un candidato para la Gobernación del Cesar, dado que los otros dos aspirantes se retiraron (Christian Moreno y Abraham Romero) debido a las "particulares condiciones de intolerancia", la cifra del 47,18 por ciento de los sufragantes que no apoyaron la única opción, evidenció el inconformismo del electorado.
En cuanto a la segunda característica, resulta difícil que el voto incida en la conformación de una estructura política, cuando el sistema es tan cerrado y excluyente, que de por sí impide la transformación.
Otro elemento importante para el análisis, es la credibilidad en la institucionalidad. En este sentido y analizando las condiciones particulares del territorio objeto de estudio, se identifican dos actores que influyen y sientan las bases de lo que se podría considerar la institucionalidad de la región.
Por una parte, los gamonales y familias políticas, y por otra, las organizaciones al margen de la ley, específicamente los paramilitares, quienes han generado una alianza que gira en torno a la obtención y permanencia en el poder, produciendo así lo que podríamos denominar una "para-institucionalidad". Dentro de este marco se producen transformaciones profundamente relevantes a nivel social, se relativiza lo que es legal, lo que es legítimo y por ende hay una transformación evidente de la institucionalidad.
Podemos concluir entonces que el Cesar es uno de los territorios del país en los que se puede observar más de cerca y por medio de referentes reales, la deplorable condición 'para-democrática' que afecta hoy en día, no solo la conciencia interna de un país, sino también su imagen internacional.
En qué ha cambiado la política de ayer y la de hoy en el Cesar
El cambio es de rostros, de intereses, más no de medios, pues la
intimidación ya empezó y no se descarta su continuación.
Se siguen tejiendo todavía las coaliciones, siguen los acuerdos políticos en el interior y entre partidos que dependen más del tamaño de la chequera que de los programas o de lealtades o disciplinas partidistas.
Nadie se ha pronunciado sobre los programas de gobierno, no se debaten ni siquiera en el interior de los propios partidos.
Los mensajes de los candidatos son vacíos, no dicen nada: por ejemplo, la de de Arturo Calderón dice simplemente: Conoce al Cesar, mientras que la de Jaime Murgas dice un poco más: Tiene mucho más que ofrecerle al Cesar.
Estas campañas serán más costosas que las anteriores y habrá mucho dinero recorriendo los caminos del Cesar.
La mínima inversión prevista de una campaña es de alrededor de 4.000 millones de pesos. Se prevén inversiones de más de 10 veces esta cifra, por parte de un solo movimiento.
Seguirá la intervención paramilitar en la política, pero más disimulada, con más dinero de por medio que armas.
Se reconoce que hay hoy más seguridad en las vías y calles del Cesar, lo que garantiza una mejor movilización de los candidatos, pero con el crimen de Yaver Cortés se volvió a prender la alarma.
Con este atentado se prendió el estado de alerta en la política, que muchos pretendieron desconocer. La clase política del Cesar y la oposición no descartan nuevos actos intimidatorios e incluso muertes selectivas. La política del Cesar seguirá enturbiada.
Para la Gobernación del Cesar hay más alternativa de escogencia de candidato que el periodo pasado, pues esta vez se inscribieron varios candidatos de los principales partidos y movimientos, mientras que para aquellas hubo uno solo.
Se observa en la mayoría de los candidatos el afán de poder sin vocación de servicio, tanto en alcaldías como gobernación.
En juego...
La adjudicación del Chance. Actualmente quien tiene el manejo del juego en el Cesar es la familia del candidato a la gobernación Arturo Calderón.
Regalías del carbón. Actualmente, el Cesar es el segundo departamento que más recursos recibe por este concepto después de La Guajira. Es el plato más apetecido de los aspirantes a la gobernación.
Las concesiones dadas a 20- 30 años a firmas particulares, por ejemplo las de alumbrado público en los municipios.
Las contrataciones en materia de obras públicas, especialmente para pavimentación de vías, pues generan un margen de ganancia para los contratistas hasta del 50 por ciento.
Agosto 25 de 2007 -
Cuatro cargamentos de cocaína y varias grabaciones telefónicas enredan a 'Macaco'
Los envíos fueron identificados y las comunicaciones registradas en un lapso de 9 meses, que inicia desde comienzos de este año y que tuvo como punto crítico el escándalo de las 'chuzadas', en mayo.
En ese mes, se destaparon las interceptaciones de la Policía a los 'paras' y a algunas personas que se comunicaron con Ralito. Uno de los mayores temores de los investigadores del caso de narcotráfico que sacó a Carlos Mario Jiménez (alias 'Macaco') del proceso de paz era que el ex jefe del Bloque Central Bolívar se silenciara.
Eso fue, precisamente, lo que pasó por unas semanas. Jiménez y sus contactos dejaron de hablar por radio y por teléfono, pues había quedado en evidencia que la cárcel de Itagüí estaba entre las zonas que monitoreaba la inteligencia del Estado.
Para esa época los sabuesos del DAS y la Policía completaban cinco meses de investigación contra 'Macaco', el desmovilizado jefe de unos 5 mil 'paras' que el año pasado se acogió a los beneficios de la ley de Justicia y Paz.
Los cargamentos
En el expediente había grabaciones y testimonios de informantes que daban cuenta de que el jefe 'para', desde el penal antioqueño, coordinaba una organización de al menos 12 personas que enviaba cocaína a Estados Unidos (E.U.) a través del Caribe.
Uno de ellos, de 750 kilos, iba en una lancha 'go fast'. En ella se encontró información de otros cargamentos y sus propietarios.
El testimonio de uno de los detenidos en esta operación ha sido clave en el proceso contra 'Macaco', que el viernes fue trasladado, con 'don Berna', a la cárcel de Cómbita. Allí espera una solicitud de extradición a E.U.
"Toda la investigación compromete directamente a Carlos Mario Jiménez. No hay duda de que él, a pesar del compromiso que adoptó al desmovilizarse, seguía delinquiendo", dijo una alta fuente que estuvo al tanto de la investigación y del traslado del poderoso jefe paramilitar.
Las grabaciones
Entre las evidencias más certeras contra él están al menos 50 interceptaciones de comunicaciones con allegados, entre ellos otro importante desmovilizado cuyo nombre no ha sido revelado para no entorpecer la investigación.
"La panela (la droga) está en casa. Sin contratiempos"; "nos pusimos la corona" y: "ya llegó la mercancía. No hubo problemas", son algunas de las claves que usaron. Coinciden con informes sobre embarques de coca que llegaron al exterior.
A mediados de julio, cuando 'Macaco' volvió a hablar por celular con sus hombres, comenzó a cerrarse el cerco.
Por esos días, un alto oficial le dijo a EL TIEMPO que la Policía y el DAS estaban pendientes de una última prueba para presentarle al Gobierno un informe contundente: que 'Macaco' le estaba haciendo conejo al proceso y que seguía manejando el narcotráfico desde su celda.
Eso pasó esta semana. El jueves, ya con la decisión de sacar a Jiménez de Justicia y Paz, el presidente Álvaro Uribe se esforzó para evitar que el operativo del traslado no se filtrara. Todo fue tan secreto que los agentes del DAS que viajaron a Itagüí hasta último momento creían que iban a hacer un allanamiento en Envigado.
"El Gobierno no va a dejar que el proceso pierda credibilidad", dijo una alta fuente.
Agregó que la amenaza de los 'paras', hace un mes, de no seguir asistiendo a sus confesiones ante los fiscales de Justicia y Paz ya había creado el convencimiento en la Casa de Nariño de que había que enviar un mensaje de fortaleza y seriedad en la negociación.
Sobre las 2 de la mañana del viernes los detectives supieron cuál era la misión. A esa hora se reportaron a Palacio. Y 40 minutos después, cuando el país y los otros jefes 'paras' dormían, le reportaron al Presidente que tenían en sus manos a "los dos personajes": 'Macaco' y 'don Berna'
Hermano de 'Macaco', importante político de Risaralda
Roberto Jiménez Naranjo, hermano del jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, 'Macaco', tuvo que desistir de su aspiración a la Alcaldía de Dosquebradas (Risaralda). Los fuertes señalamientos de que su hermano estaría detrás de la campaña lo obligaron a dejar la política y hoy está dedicado a los proyectos productivos de los desmovilizados.
Por esta razón 'Macaco' le dijo a este diario en julio pasado que "odiaba la política". La Corte Suprema y la Fiscalía, sin embargo, indagan a varios políticos risaraldenses, al gobernador de ese departamento, y a los senadores Habib Merheg, de Colombia Viva, y Germán Aguirre, del Partido Liberal, por presuntos arreglos con el gran poder del 'Central Bolívar'.
Otro que ha sido cuestionado es el ex diputado Mario Marín Hincapié, quien aspiraba a ser el candidato del liberalismo a la Gobernación.
Los políticos han dicho que no tienen ningún tipo de vínculo con 'Macaco'.
El jefe 'para' aseguró que los asuntos políticos del 'Central Bolívar' eran responsabilidad de 'Ernesto Báez'.
Los ojos de la justicia están puestos sobre otros 'paras'
'Jorge 40'. La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía lo señalan de haber mentido en las investigaciones de la 'parapolítica'.
Hernán Giraldo Serna. El jefe de los 'paras' de la Sierra, como '40', también se expone a ir a la justicia ordinaria por mentirle a la Corte Suprema.
Freddy Rendón, el 'Alemán'. Fue el último jefe 'para' en desmovilizarse. Su hermano, 'don Mario', sigue operando en Urabá, donde el 'Alemán' tenía su feudo.
Salvatore Mancuso. Decomisos de cocaína de la mafia calabresa, en Europa, podrían enredarlo con narcos tras su desmovilización.
Cuatro cargamentos de cocaína y varias grabaciones telefónicas enredan a 'Macaco'
Los envíos fueron identificados y las comunicaciones registradas en un lapso de 9 meses, que inicia desde comienzos de este año y que tuvo como punto crítico el escándalo de las 'chuzadas', en mayo.
En ese mes, se destaparon las interceptaciones de la Policía a los 'paras' y a algunas personas que se comunicaron con Ralito. Uno de los mayores temores de los investigadores del caso de narcotráfico que sacó a Carlos Mario Jiménez (alias 'Macaco') del proceso de paz era que el ex jefe del Bloque Central Bolívar se silenciara.
Eso fue, precisamente, lo que pasó por unas semanas. Jiménez y sus contactos dejaron de hablar por radio y por teléfono, pues había quedado en evidencia que la cárcel de Itagüí estaba entre las zonas que monitoreaba la inteligencia del Estado.
Para esa época los sabuesos del DAS y la Policía completaban cinco meses de investigación contra 'Macaco', el desmovilizado jefe de unos 5 mil 'paras' que el año pasado se acogió a los beneficios de la ley de Justicia y Paz.
Los cargamentos
En el expediente había grabaciones y testimonios de informantes que daban cuenta de que el jefe 'para', desde el penal antioqueño, coordinaba una organización de al menos 12 personas que enviaba cocaína a Estados Unidos (E.U.) a través del Caribe.
Uno de ellos, de 750 kilos, iba en una lancha 'go fast'. En ella se encontró información de otros cargamentos y sus propietarios.
El testimonio de uno de los detenidos en esta operación ha sido clave en el proceso contra 'Macaco', que el viernes fue trasladado, con 'don Berna', a la cárcel de Cómbita. Allí espera una solicitud de extradición a E.U.
"Toda la investigación compromete directamente a Carlos Mario Jiménez. No hay duda de que él, a pesar del compromiso que adoptó al desmovilizarse, seguía delinquiendo", dijo una alta fuente que estuvo al tanto de la investigación y del traslado del poderoso jefe paramilitar.
Las grabaciones
Entre las evidencias más certeras contra él están al menos 50 interceptaciones de comunicaciones con allegados, entre ellos otro importante desmovilizado cuyo nombre no ha sido revelado para no entorpecer la investigación.
"La panela (la droga) está en casa. Sin contratiempos"; "nos pusimos la corona" y: "ya llegó la mercancía. No hubo problemas", son algunas de las claves que usaron. Coinciden con informes sobre embarques de coca que llegaron al exterior.
A mediados de julio, cuando 'Macaco' volvió a hablar por celular con sus hombres, comenzó a cerrarse el cerco.
Por esos días, un alto oficial le dijo a EL TIEMPO que la Policía y el DAS estaban pendientes de una última prueba para presentarle al Gobierno un informe contundente: que 'Macaco' le estaba haciendo conejo al proceso y que seguía manejando el narcotráfico desde su celda.
Eso pasó esta semana. El jueves, ya con la decisión de sacar a Jiménez de Justicia y Paz, el presidente Álvaro Uribe se esforzó para evitar que el operativo del traslado no se filtrara. Todo fue tan secreto que los agentes del DAS que viajaron a Itagüí hasta último momento creían que iban a hacer un allanamiento en Envigado.
"El Gobierno no va a dejar que el proceso pierda credibilidad", dijo una alta fuente.
Agregó que la amenaza de los 'paras', hace un mes, de no seguir asistiendo a sus confesiones ante los fiscales de Justicia y Paz ya había creado el convencimiento en la Casa de Nariño de que había que enviar un mensaje de fortaleza y seriedad en la negociación.
Sobre las 2 de la mañana del viernes los detectives supieron cuál era la misión. A esa hora se reportaron a Palacio. Y 40 minutos después, cuando el país y los otros jefes 'paras' dormían, le reportaron al Presidente que tenían en sus manos a "los dos personajes": 'Macaco' y 'don Berna'
Hermano de 'Macaco', importante político de Risaralda
Roberto Jiménez Naranjo, hermano del jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, 'Macaco', tuvo que desistir de su aspiración a la Alcaldía de Dosquebradas (Risaralda). Los fuertes señalamientos de que su hermano estaría detrás de la campaña lo obligaron a dejar la política y hoy está dedicado a los proyectos productivos de los desmovilizados.
Por esta razón 'Macaco' le dijo a este diario en julio pasado que "odiaba la política". La Corte Suprema y la Fiscalía, sin embargo, indagan a varios políticos risaraldenses, al gobernador de ese departamento, y a los senadores Habib Merheg, de Colombia Viva, y Germán Aguirre, del Partido Liberal, por presuntos arreglos con el gran poder del 'Central Bolívar'.
Otro que ha sido cuestionado es el ex diputado Mario Marín Hincapié, quien aspiraba a ser el candidato del liberalismo a la Gobernación.
Los políticos han dicho que no tienen ningún tipo de vínculo con 'Macaco'.
El jefe 'para' aseguró que los asuntos políticos del 'Central Bolívar' eran responsabilidad de 'Ernesto Báez'.
Los ojos de la justicia están puestos sobre otros 'paras'
'Jorge 40'. La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía lo señalan de haber mentido en las investigaciones de la 'parapolítica'.
Hernán Giraldo Serna. El jefe de los 'paras' de la Sierra, como '40', también se expone a ir a la justicia ordinaria por mentirle a la Corte Suprema.
Freddy Rendón, el 'Alemán'. Fue el último jefe 'para' en desmovilizarse. Su hermano, 'don Mario', sigue operando en Urabá, donde el 'Alemán' tenía su feudo.
Salvatore Mancuso. Decomisos de cocaína de la mafia calabresa, en Europa, podrían enredarlo con narcos tras su desmovilización.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)