Comitiva partió a buscar cuerpos. Mindefensa y la supuesta muerte de Acacio
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Conflicto armado
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El rey de los falsos positivos!
La comisión que rescatará los cuerpos de los 11 diputados colombianos muertos en junio, cuando permanecían como rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), partió este lunes a las 5H30 locales (10H30 GMT), desde la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle de Cauca, de donde era oriundos los fallecidos. Por otro lado, sospechosamente, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, da por ‘cierta’ la muerte de un comandante de las Farc al otro extremo del país.
[TeleSUR/ANNCOL]
La comisión que rescatará los cuerpos de los 11 diputados colombianos muertos en junio, cuando permanecían como rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), partió este lunes a las 5H30 locales (10H30 GMT), desde la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle de Cauca, de donde era oriundos los fallecidos
El ex ministro colombiano Álvaro Leiva, en compañía de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), partió a las 5H30 (10H30 GMT) locales desde la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suoreste), para rescatar los cadáveres de los 11 diputados muertos en junio pasado mientras permanecían como rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"La comisión ya salió desde la ciudad de Cali a recoger los cuerpos sin vida de los 11 diputados", informó Germán Cardozo, asesor de Leiva, quien advirtió que no se sabe el tiempo que tardarán pues "hay muchas consideraciones con respecto a la zona".
La misión también la integran tres médicos forenses extranjeros y un delegado de la Procuraduría, en representación de los familiares de los diputados, además de Leiva, cuya participación fue solicitada por el grupo armado.
El domingo pasado, las FARC anunciaron en un comunicado que entregaron a la CICR las coordenadas geográficas del sitio donde se encontraban los cuerpos sin vida de los ex parlamentarios vallecaucanos.
"Es una operación compleja. Tenemos garantías del Gobierno y las Farc. Pero el tiempo depende de condiciones y la situación en el terreno. Haremos todo lo posible para que familias puedan terminar esa espera", dijo el domingo Nicolás Von Arx, delegado del CICR.
Los rescatistas cuentan con garantías tanto del gobierno como del grupo armado para llevar a cabo su tarea. De hecho, el Ejército y la Policía instalaron controles en las vías de acceso a Corinto, en Valle del Cauca, luegar donde el presidente Uribe dijo el jueves pasado, que entregarían los cuerpos.
Larga espera para los familiares
"Lo que esperamos es que esto sea lo más pronto posible, que no se dilate (...) Esperamos a nuestros familiares, lo que siga será otro capítulo amargo", dijo Fabiola Perdomo, viuda del diputado Juan Carlos Narváez.
"Nos estamos preparando para lo que viene que va a ser lo más difícil, lo más complicado, pero al mismo tiempo eso nos da tranquilidad porque al menos sabemos que vamos a cerrar este capítulo triste en la historia de la familia, en la historia del Valle del Cauca y del país y poder tener un sitio donde hacerles el duelo, llorarlos, llevarles una flor y recordar a estos héroes de la patria", añadió Perdomo.
De los 12 diputados vallecaucanos que permanecían retenidos por las FARC desde abril de 2002, 11 murieron el pasado 18 de junio en el suroeste del país suramericano.
Mientras las FARC aseguran que las muertes se dieron en medio de "fuego cruzado" con un grupo armado sin identificar , el gobierno sostiene que fueron asesinados por los rebeldes.
A mediados de agosto, la agencia de noticias Inter Press Service (IPS), publicó una controvertida investigación donde asegura que la muerte de los diputados pudo producirse por el enfrentamiento entre los rebeldes que custodiaban a los rehenes y un Comando Jungla, un grupo élite del Ejército colombiano. El reportaje coincide con la versión inicial de las FARC.
Otro falso positivo de Santos?
Es la norma en la administración Uribe&Santos. Bombas aquí allá y acullá. Según el General Padilla, comandante de las FF.MM y su jefe el ministro Juan Manuel Santos, el guerrillero de las Farc, Tomás Medina Caracas, conocido cariñosamente como 'El Negro Acacio' habría muerto en combate con no se sabe quienes. Mientras unos dicen que fue el DAS más la Policía otros escriben que el éxito le pertenece a las Fuerzas Especiales de la Omega, destinadas a exterminar a las Farc dentro del ‘Plan Consolidación’continuación del fracasado ‘Plan Patriota’.
En las guerras hay muertos, sin duda. Sin embargo, sospechosamente, mientras una organización internacional se tiene que apersonar para rescatar los cadáveres de los diputados, el gobierno uribista se afana al otro extremo del país en mostrar resultados y desviar la atención de los hechos y pormenores de cómo murieron los 11 asambleistas.
Es de resaltar que el CICR no confía para nada en los organismos de seguridad del estado colombiano. Recibidas las coordenadas y ubicación de los cuerpos, la Cruz Roja no soltó la más minima pista. De seguro habría –el gobierno de Bogotá- saboteado la entrega de los cuerpos a los forenses.
www.anncol.org
jueves, 6 de septiembre de 2007
Tiempos de crisis en el partido de La U
Tiempos de crisis en el partido de La U por los avales otorgados a candidatos sospechosos
El principal bastión del gobierno en el Congreso está en crisis por los avales de Carlos García, su presidente, a candidatos inhabilitados o señalados de tener vínculos con los paramilitares. ¿Quiénes son esos aspirantes que están bajo la lupa?
Por Élber Gutiérrez Roa
Decir que el Partido de la U está dividido o en crisis no parece novedoso. Desde su gestación misma como colectivo salieron a flote las tremendas diferencias entre los sectores políticos que lo integran y analistas de todas las tendencias advirtieron sobre los riesgos de meter en un mismo saco a dirigentes con tan profundas diferencias conceptuales en torno a la política. Nada tenían en común, se dijo entonces, los viejos caciques con los sectores renovadores, ni los denunciantes de la infiltración paramilitar con los señalados de beneficiarse de ella, ni los defensores del uribismo por convicción con quienes llegaron en paracaídas a la bancada.
Cada nueva tormenta en el partido insignia del presidente Álvaro Uribe parece ser definitiva. Desde las peleas de Juan Manuel Santos, en sus épocas de coordinador de la bancada, con congresistas reacios a obedecer sus instrucciones, como Zulema Jattin. O desde la asamblea del 25 de noviembre de 2006, en la que el senador Carlos García se hizo a la presidencia del partido con el apoyo del fallecido senador Luis Guillermo Vélez y en contra del de Martha Lucía Ramírez, Gina Parody, Armando Benedetti y Nicolás Uribe. Se dijo entonces que el partido podría sobrevivir pese al cisma, pero no de por vida.
La nueva pelea parece ser ese momento definitivo. No se trata ya de un grupo disidente acusando a las directivas de burlar el reglamento e imponer presidente. El Consejo Electoral ya le dio el aval a dicha elección y, aunque la división persiste, hasta el bando perdedor reconoce que se equivocó por falta de manejo de eso que los congresistas de vieja data llaman “la mecánica política”.
En esta ocasión lo que está en juego es la razón de ser misma del partido, que por un lado se inclina por el pragmatismo electoral y por el otro privilegia los criterios éticos antes que los votos.
Según el grupo de los “disidentes”, García está abusando de su poder y violando los estatutos para conceder avales a personas salpicadas por el escándalo de la infiltración paramilitar en la política. García sostiene que mientras no le demuestren que las personas señaladas tienen condena judicial, no está obligado a excluirlas de los listados de candidatos para las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles.
Según la senadora Parody, no se puede permitir que un partido que se autoproclama como la nueva opción política siga reivindicando relaciones entre política y grupos armados ilegales. Su molestia se debe al aval concedido por García a la candidatura de Alfonso López Cossio para la gobernación de Bolívar. López Cossio fue llamado a declarar por la Corte en el proceso por la parapolítica para que explique por qué asistió a una reunión con las AUC del sur de Bolívar, en 2004. Parody también señala a López Cossio de ser aliado de Carlos Alfonso López, hijo de Enilse López, ‘La Gata’, polémica empresaria del chance a quien la Fiscalía puso en prisión por enriquecimiento ilícito.
Pero los avales controversiales de García no terminan ahí. También le dio vía libre a la candidatura de Jorge (‘Tuto’) Barraza Farak a la gobernación de Sucre. La reacción no se hizo esperar. Desde dentro y fuera del partido hubo cuestionamientos al candidato y a quien le permitió la inscripción. Incluso dirigentes como Julio César Guerra Tulena, ex presidente del Congreso, enviaron cartas al propio García para deplorar el aval a Barraza. En la misiva de Guerra, fechada el 13 de agosto, se hace énfasis en que Barraza fue suplente del senador Álvaro García Romero, hoy llamado a juicio como determinador de la masacre de Macayepo (Bolívar) y por sus nexos con las autodefensas.
Otro apoyo cuestionado es el brindado a Reynaldo Mora Valderrama para la alcaldía de Astrea, Cesar. El candidato es padre de Reynaldo Mora Crespo, reinsertado del Bloque Norte de las AUC.
A García le asiste razón cuando dice que sus candidatos no han sido condenados y que las responsabilidades penales son individuales. Lo que no le queda bien es salir a decir que sus contradictores “ante la falta de ideas” le montaron una persecución.
El tema de los avales debe ser preocupación principal para los presidentes de los partidos. En el caso del liberalismo, por ejemplo, el ex presidente César Gaviria adoptó una medida especial y ha vetado candidaturas de personas con supuestos nexos con paramilitares, incluso si dichos nexos no han sido causa de condena judicial. Gaviria ejerció su derecho al veto y decidió prevenir en vez de curar. García, parece preferir el riesgo derivado de su pragmatismo.
Como si fuera poco con la tormenta por la parapolítica, García también debe resolver el futuro de 25 candidatos avalados por el Partido de La U que figuran en el listado de inhabilitados de la Procuraduría. Entre ellos figuran tres candidatos a alcaldías (Hemel de Jesús Leal, José Fernando Suárez y Hernando Suárez), 15 aspirantes a Concejos y siete a ediles.
Los candidatos cuestionados para Concejos son Edwin Fernando Villegas, Fabricio Torres, Gilman Maldonado Grajales, Jesús Aurelio Díaz, Jhony Castaño, Jorge Antonio Villegas, Jorge Enrique Solano, Jorge Luis Castillo, José Favier Ortiz, Luis Eduardo Jurado, Miguel Darío Calderón, Óber Antonio Benítez, Olivo Ariza, Pedro Jacob Pacheco y Víctor Jesús Arévalo. Los que buscan llegar a ediles, Alain Flórez, Carlos Arturo Zapata, Luis Guillermo Cardona, Óscar Antonio Torres, Pedro Ignacio Toro, Yesid Dávila y Sergio Iván Gallego. Casi todos tienen inhabilidad por sentencia condenatoria por delito doloso.
No la tiene fácil el presidente de La U, quien por ahora se da el lujo de imponer candidatos pese a las advertencias de las autoridades y sus compañeros de bancada. Su apuesta es muy arriesgada. No sólo se arriesga a perder las elecciones con candidatos cuestionados sino que, aun ganando, se expone al escenario de demandas futuras contra las credenciales de los inhabilitados o de los escándalos contra los que hayan tenido vínculos con las AUC.
El principal bastión del gobierno en el Congreso está en crisis por los avales de Carlos García, su presidente, a candidatos inhabilitados o señalados de tener vínculos con los paramilitares. ¿Quiénes son esos aspirantes que están bajo la lupa?
Por Élber Gutiérrez Roa
Decir que el Partido de la U está dividido o en crisis no parece novedoso. Desde su gestación misma como colectivo salieron a flote las tremendas diferencias entre los sectores políticos que lo integran y analistas de todas las tendencias advirtieron sobre los riesgos de meter en un mismo saco a dirigentes con tan profundas diferencias conceptuales en torno a la política. Nada tenían en común, se dijo entonces, los viejos caciques con los sectores renovadores, ni los denunciantes de la infiltración paramilitar con los señalados de beneficiarse de ella, ni los defensores del uribismo por convicción con quienes llegaron en paracaídas a la bancada.
Cada nueva tormenta en el partido insignia del presidente Álvaro Uribe parece ser definitiva. Desde las peleas de Juan Manuel Santos, en sus épocas de coordinador de la bancada, con congresistas reacios a obedecer sus instrucciones, como Zulema Jattin. O desde la asamblea del 25 de noviembre de 2006, en la que el senador Carlos García se hizo a la presidencia del partido con el apoyo del fallecido senador Luis Guillermo Vélez y en contra del de Martha Lucía Ramírez, Gina Parody, Armando Benedetti y Nicolás Uribe. Se dijo entonces que el partido podría sobrevivir pese al cisma, pero no de por vida.
La nueva pelea parece ser ese momento definitivo. No se trata ya de un grupo disidente acusando a las directivas de burlar el reglamento e imponer presidente. El Consejo Electoral ya le dio el aval a dicha elección y, aunque la división persiste, hasta el bando perdedor reconoce que se equivocó por falta de manejo de eso que los congresistas de vieja data llaman “la mecánica política”.
En esta ocasión lo que está en juego es la razón de ser misma del partido, que por un lado se inclina por el pragmatismo electoral y por el otro privilegia los criterios éticos antes que los votos.
Según el grupo de los “disidentes”, García está abusando de su poder y violando los estatutos para conceder avales a personas salpicadas por el escándalo de la infiltración paramilitar en la política. García sostiene que mientras no le demuestren que las personas señaladas tienen condena judicial, no está obligado a excluirlas de los listados de candidatos para las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles.
Según la senadora Parody, no se puede permitir que un partido que se autoproclama como la nueva opción política siga reivindicando relaciones entre política y grupos armados ilegales. Su molestia se debe al aval concedido por García a la candidatura de Alfonso López Cossio para la gobernación de Bolívar. López Cossio fue llamado a declarar por la Corte en el proceso por la parapolítica para que explique por qué asistió a una reunión con las AUC del sur de Bolívar, en 2004. Parody también señala a López Cossio de ser aliado de Carlos Alfonso López, hijo de Enilse López, ‘La Gata’, polémica empresaria del chance a quien la Fiscalía puso en prisión por enriquecimiento ilícito.
Pero los avales controversiales de García no terminan ahí. También le dio vía libre a la candidatura de Jorge (‘Tuto’) Barraza Farak a la gobernación de Sucre. La reacción no se hizo esperar. Desde dentro y fuera del partido hubo cuestionamientos al candidato y a quien le permitió la inscripción. Incluso dirigentes como Julio César Guerra Tulena, ex presidente del Congreso, enviaron cartas al propio García para deplorar el aval a Barraza. En la misiva de Guerra, fechada el 13 de agosto, se hace énfasis en que Barraza fue suplente del senador Álvaro García Romero, hoy llamado a juicio como determinador de la masacre de Macayepo (Bolívar) y por sus nexos con las autodefensas.
Otro apoyo cuestionado es el brindado a Reynaldo Mora Valderrama para la alcaldía de Astrea, Cesar. El candidato es padre de Reynaldo Mora Crespo, reinsertado del Bloque Norte de las AUC.
A García le asiste razón cuando dice que sus candidatos no han sido condenados y que las responsabilidades penales son individuales. Lo que no le queda bien es salir a decir que sus contradictores “ante la falta de ideas” le montaron una persecución.
El tema de los avales debe ser preocupación principal para los presidentes de los partidos. En el caso del liberalismo, por ejemplo, el ex presidente César Gaviria adoptó una medida especial y ha vetado candidaturas de personas con supuestos nexos con paramilitares, incluso si dichos nexos no han sido causa de condena judicial. Gaviria ejerció su derecho al veto y decidió prevenir en vez de curar. García, parece preferir el riesgo derivado de su pragmatismo.
Como si fuera poco con la tormenta por la parapolítica, García también debe resolver el futuro de 25 candidatos avalados por el Partido de La U que figuran en el listado de inhabilitados de la Procuraduría. Entre ellos figuran tres candidatos a alcaldías (Hemel de Jesús Leal, José Fernando Suárez y Hernando Suárez), 15 aspirantes a Concejos y siete a ediles.
Los candidatos cuestionados para Concejos son Edwin Fernando Villegas, Fabricio Torres, Gilman Maldonado Grajales, Jesús Aurelio Díaz, Jhony Castaño, Jorge Antonio Villegas, Jorge Enrique Solano, Jorge Luis Castillo, José Favier Ortiz, Luis Eduardo Jurado, Miguel Darío Calderón, Óber Antonio Benítez, Olivo Ariza, Pedro Jacob Pacheco y Víctor Jesús Arévalo. Los que buscan llegar a ediles, Alain Flórez, Carlos Arturo Zapata, Luis Guillermo Cardona, Óscar Antonio Torres, Pedro Ignacio Toro, Yesid Dávila y Sergio Iván Gallego. Casi todos tienen inhabilidad por sentencia condenatoria por delito doloso.
No la tiene fácil el presidente de La U, quien por ahora se da el lujo de imponer candidatos pese a las advertencias de las autoridades y sus compañeros de bancada. Su apuesta es muy arriesgada. No sólo se arriesga a perder las elecciones con candidatos cuestionados sino que, aun ganando, se expone al escenario de demandas futuras contra las credenciales de los inhabilitados o de los escándalos contra los que hayan tenido vínculos con las AUC.
La confesión de Fernandinho
A P T U R A
La confesión de Fernandinho
El capo brasileño de la droga reveló cómo las Farc están metidas hasta el cuello en el negocio del narcotráfico.
Fecha: 05/28/2001 -991
Lentamente comenzo a soltar la lengua. Lo hizo sentado en una cómoda silla de una enorme y sofocante sala y frente a seis investigadores que habían seguido su rastro durante dos años. Puso sólo una condición para hablar: que ninguna de sus palabras podía ser judicializada ante un fiscal. De lo contrario permanecería mudo. Segundos después comenzó su confesión. Lo hizo a lo largo de dos horas. Pausadamente. A veces con largos intervalos de silencio. Contestando cada una de las mil preguntas que brotaban entre el humo de los cigarrillos que se apagaban y se encendían. “Las Farc son la guerrilla más rica y más poderosa del mundo. Sus jefes viven como cualquier millonario capitalista: buenas mujeres, buena comida y buen licor”.
Así comenzó el relato de Luis Fernando da Costa, más conocido como Fernandinho Beira Mar. El capo brasileño que cayó en manos de las Fuerzas de Despliegue Rápido del Ejército colombiano el sábado pasado en las selvas del Guaviare. El hombre que dio origen a uno de los golpes más exitosos del Ejército dentro de la conocida operación ‘Gato Negro’. Durante dos años el Ejército estuvo tras sus pasos. Lo comenzaron a seguir desde las propias favelas de Rio de Janeiro, donde Fernandinho montó su imperio. Luego los investigadores pasaron por Asunción, Paraguay, el epicentro de sus negocios internacionales. Y posteriormente en Colombia. Primero en Bogotá, a donde llegó con su familia y se instaló como un próspero comerciante. Más tarde en Miraflores, Caquetá, uno de los centros de negocios más grandes del narcotráfico. Y los últimos seis meses siguieron su rastro en el corregimiento de Barrancominas, Guainía.
“En Colombia no se mueve un kilo de coca sin la autorización de las Farc”, señaló Fernandinho esa tarde de sábado ante el grupo de hombres que le interrogaba extrajudicialmente. Y él, más que nadie, sabía de lo que estaba hablando. Durante más de 10 años mantuvo una estrecha relación de negocios con las Farc. Primero lo hizo a través de intermediarios que viajaban desde Brasil o Paraguay para concretar los negocios de la compra de grandes cantidades de cocaína. Y durante los dos últimos años esos negocios los llevó a cabo personalmente después de huir de su país ante el asedio de las autoridades. A mediados de 1996 un juez brasileño lo condenó a 12 años de prisión por narcotráfico. Pero en marzo de 1997 se fugó de la cárcel de la Segunda División Especializada de Operaciones Especiales del estado de Minas Gerais.
En los siguientes dos años su nombre estuvo en boca de jueces que le abrieron una serie de expedientes por el tráfico de drogas hacia Europa utilizando aviones militares de la Fuerza Aérea de Brasil. Un escándalo que se llevó por delante a varios de los más importantes oficiales de esa nación. Razón suficiente para dejar a su país a finales de 1999. “Estaba viviendo en Bogotá pero la Interpol me ubicó rápidamente. Entonces pedí una cita con el secretariado de las Farc. Allá hablé con el ‘Mono Jojoy’ y le dije que las cosas se estaban complicando. Que le tenía una propuesta, que me diera protección con mi gente para comenzar a manejar el negocio directamente desde la selva”. Fue así como unas semanas después Fernandinho se fue a vivir a Miraflores, Guaviare.
“El secretariado le dio la orden al ‘Negro Acacio’ para que se encargara de mi tema. Desde ese momento tuve su protección y los negocios los llevaba a cabo con el segundo comandante del frente 16. Un hombre conocido como ‘Juan Bolas”. Para ese momento los hombres de Inteligencia del Ejército y la Policía conocían buena parte de los negocios de Fernandinho. Se sabía que las autoridades de Brasil habían ofrecido una recompensa de 50.000 dólares a quien diera información sobre su paradero. Y que un juez lo había condenado a 24 años de prisión por delitos de narcotráfico. Igualmente, en Paraguay se le seguía una minuciosa investigación y las autoridades lo señalaban de ser el autor intelectual del asesinato de los narcotraficantes Ezequiel Morel Escobar, Ramón Cristóbal Morel y Joao Morel.
Como pez en el agua
“Yo soy apenas un peón en el negocio del narcotráfico en Brasil y Paraguay. Yo enviaba la droga y por cada kilo me pagaban 3.000 dólares. Esa droga después salía para Europa vía Surinam, Ghana, Holanda”, relató Fernandinho ante los agentes de Inteligencia que seguían con expectativa cada una de sus palabras. Pero Fernandinho era más que un peón en el negocio de las drogas. De acuerdo con las autoridades de Brasil Fernandinho controlaba el 60 por ciento del mercado de drogas de Rio de Janeiro. Se movía como pez en el agua entre la alta oficialidad de la Fuerza Aérea de Brasil. A mediados de 1999 la Policía antinarcóticos de ese país decomisó 33 kilos de coca en una aeronave de la Fuerza Aérea Brasileña que tenían como destino final el sur de Francia. A lo largo de la investigación se descubrieron otros nexos.
Uno de ellos era con el teniente coronel Pablo Sergio Pereira de Oliveira. El alto oficial transportaba un cargamento de coca rumbo a Las Palmas, España, cuando fue detenido por las autoridades de Brasil. “El negocio para las Farc es muy bueno. Ganan por todas partes. Por cada kilo que está listo para transportar se les pagan 500 dólares. Por cada vuelo que despegaba de la pista de Barrancominas, se les cancelaban 15.000 dólares”, relató extrajudicialmente Fernandinho. “A las Farc les llegué a pagar entre 10 y 12 millones de dólares al mes. Y cada mes sacábamos entre 18 y 20 toneladas de droga.
Había que hacerlo con una flotilla de aviones. Cada avión transportaba entre 700 kilos y una tonelada de coca”, dijo Fernandinho ante los investigadores. Esas cifras estaban corroboradas en los documentos que le fueron incautados a lo largo de su persecución en territorio colombiano. Especialmente el pasado 17 de febrero cuando las Fuerzas de Despliegue Rápido, al mando del general Carlos Fracica, pusieron en marcha la operación ‘Gato Negro’.
Más de 5.000 soldados preparados para la guerra se internaron en las selvas del Guaviare en busca del imperio de Fernandinho y del Bloque Oriental de las Farc. Más de 150 laboratorios para el procesamiento de coca fueron destruidos. Cerca de 50 laboratorios de cristalización de la misma también fueron encontrados por los soldados.
La operación ‘Gato Negro’ permitió descubrir el principal centro de acopio de cocaína que estaban manejando las Farc a través del comandante del frente 16 conocido como el ‘Negro Acacio’. Y descubrieron que los negocios de esa droga se hacía directamente con Fernando da Costa, el hombre que estaban buscando desde hacía dos años. El capo brasileño que se había asentado en esa inhóspita región del país para sacar más de 200 toneladas de coca cada año, que eran enviadas a Rio de Janeiro y Paraguay para luego ser transportadas a Europa y Asia, donde cada kilo se vendía a 160.000 dólares.
En Barrancominas
“El principal centro de acopio de droga es Barrancominas. Allá llega toda la droga que mandan los distintos grupos de las Farc. A veces hay sobreoferta y los pilotos tienen que trabajar mucho para sacarla toda. A cada piloto se le pagan 25.000 dólares por viaje y al copiloto 5.000. Otra poquita de plata se le paga a los controladores para que no pongan problema con la salida de los aviones”, cuenta. Cuando los hombres de la Fuerza de Despliegue Rápido entraron a Barrancominas, en febrero pasado, Fernandinho se encontraba en ese lugar. Junto con ‘Juan Bolas’ y un grupo de guerrilleros y hombres de seguridad de Fernandinho emprendieron la huida amparados por la selva del Guainía. Pero esta vez no tuvo tanta suerte.
Un soldado alcanzó a divisarlo entre los matorrales. El resultado fueron tres graves heridas de fusil. Una en su hombro derecho, otra de refilón en la mano derecha, y una tercera a la altura de la cadera. “Parte de los negocios del pago de la droga a las Farc se hizo con armamento. La última entrega fue hace muy poco tiempo. Tres mil fusiles y tres y medio millones de cartuchos que fueron traídos desde Paraguay”, les contó Fernandinho a los investigadores. Desde febrero pasado las Fuerzas de Despliegue Rápido del Ejército se acantonaron en el corregimiento de Barrancominas. Y lentamente comenzaron a descubrir que en ese pueblo construido en un paraje de la enorme selva del Guaviare, se manejaba un multimillonario negocio en la transacción de droga entre las Farc y el capo brasileño Fernando da Silva. El centro de los negocios era un jardín infantil conocido como Casa Verde, pegado a la pista de aterrizaje. Las Farc aislaron el sector tres kilómetros a la redonda del pueblo.
En la ‘cava’, ubicada a sólo tres kilómetros de la pista aérea, estaba el centro de acopio de la droga. En una enorme bodega se almacenaba toda la coca procedente de los frentes que componen el Bloque Nororiental, al mando de ‘Grannobles’, hermano del ‘Mono Jojoy’. El control de los negocios le fue entregado a tres guerrilleros, encabezados por ‘Juan Bolas’. Los agentes de Inteligencia del Ejército descubrieron que la mitad del pago de la droga que salía rumbo a Brasil se hacía con armamento. La otra mitad, que era en dólares, se le entregaba directamente al ‘Negro Acacio’. Igualmente, que la comercialización de las 20 toneladas de droga que salían al mes de Barrancominas se hacía en Holanda. “Las armas se traían de Paraguay. Allá se conseguían más baratas. Con droga se compraron las armas que llegaron de Jordania.
Los peruanos permanecieron mucho tiempo en Barrancominas a la espera de que se les cancelara la totalidad de ese negocio”, relató Fernandinho en sus dos largas horas de conversación con los investigadores. Los hombres de Inteligencia del Ejército que estuvieron al frente del caso de Fernandinho tienen documentos que demuestran que el año pasado Da Costa trajo más de 10.000 fusiles AK 47 y más de 5.000 cajas de municiones. También tienen en claro que el negocio de la droga no era sólo de oferta y demanda sino que la mitad de la droga que salía rumbo a Europa era de las Farc y la otra mitad de la organización de Fernandinho. “Aquí en la selva se montaron laboratorios especiales para cristalizar la coca. Era más rentable por la cantidad que llegaba a las bodegas donde se almacenaba. Para poderla sacar de verdad se necesitaba una buena flotilla de aviones”, agregó Fernandinho. Sus últimos días en la selva fueron muy difíciles. Las heridas se le comenzaron a infectar y no había manera de que recibiera atención médica. En la selva estuvo acompañado de sus tres escoltas personales y de dos guerrilleros.
Con ellos fue capturado el sábado pasado. La conversación con los investigadores ha llegado a su fin. Su extenso relato quedó consignado en audio y video. Para las autoridades será la prueba reina que demuestre hasta qué punto las Farc están metidas en el negocio de la droga. De comprobarse esta acusación, necesariamente el proceso de paz con las Farc se verá afectado, sobre todo por el impacto que ello tendría ante la comunidad internacional. Si las Farc son traficantes de gran escala, ¿cómo justificar que se puede negociar con ellos como una fuerza política? Si, como dicen los investigadores militares, no son frentes aislados los que se han metido de lleno en el negocio de exportar drogas, sino que es el propio secretariado el que da las órdenes, entonces ¿qué tan creíble es que estén tomando el proceso de paz en serio? Son las grandes preguntas que arroja el caso Fernandinho y que no podrá eludir por más tiempo el gobierno de Andrés Pastrana, no sólo ante la comunidad internacional sino ante los propios ciudadanos.
La confesión de Fernandinho
El capo brasileño de la droga reveló cómo las Farc están metidas hasta el cuello en el negocio del narcotráfico.
Fecha: 05/28/2001 -991
Lentamente comenzo a soltar la lengua. Lo hizo sentado en una cómoda silla de una enorme y sofocante sala y frente a seis investigadores que habían seguido su rastro durante dos años. Puso sólo una condición para hablar: que ninguna de sus palabras podía ser judicializada ante un fiscal. De lo contrario permanecería mudo. Segundos después comenzó su confesión. Lo hizo a lo largo de dos horas. Pausadamente. A veces con largos intervalos de silencio. Contestando cada una de las mil preguntas que brotaban entre el humo de los cigarrillos que se apagaban y se encendían. “Las Farc son la guerrilla más rica y más poderosa del mundo. Sus jefes viven como cualquier millonario capitalista: buenas mujeres, buena comida y buen licor”.
Así comenzó el relato de Luis Fernando da Costa, más conocido como Fernandinho Beira Mar. El capo brasileño que cayó en manos de las Fuerzas de Despliegue Rápido del Ejército colombiano el sábado pasado en las selvas del Guaviare. El hombre que dio origen a uno de los golpes más exitosos del Ejército dentro de la conocida operación ‘Gato Negro’. Durante dos años el Ejército estuvo tras sus pasos. Lo comenzaron a seguir desde las propias favelas de Rio de Janeiro, donde Fernandinho montó su imperio. Luego los investigadores pasaron por Asunción, Paraguay, el epicentro de sus negocios internacionales. Y posteriormente en Colombia. Primero en Bogotá, a donde llegó con su familia y se instaló como un próspero comerciante. Más tarde en Miraflores, Caquetá, uno de los centros de negocios más grandes del narcotráfico. Y los últimos seis meses siguieron su rastro en el corregimiento de Barrancominas, Guainía.
“En Colombia no se mueve un kilo de coca sin la autorización de las Farc”, señaló Fernandinho esa tarde de sábado ante el grupo de hombres que le interrogaba extrajudicialmente. Y él, más que nadie, sabía de lo que estaba hablando. Durante más de 10 años mantuvo una estrecha relación de negocios con las Farc. Primero lo hizo a través de intermediarios que viajaban desde Brasil o Paraguay para concretar los negocios de la compra de grandes cantidades de cocaína. Y durante los dos últimos años esos negocios los llevó a cabo personalmente después de huir de su país ante el asedio de las autoridades. A mediados de 1996 un juez brasileño lo condenó a 12 años de prisión por narcotráfico. Pero en marzo de 1997 se fugó de la cárcel de la Segunda División Especializada de Operaciones Especiales del estado de Minas Gerais.
En los siguientes dos años su nombre estuvo en boca de jueces que le abrieron una serie de expedientes por el tráfico de drogas hacia Europa utilizando aviones militares de la Fuerza Aérea de Brasil. Un escándalo que se llevó por delante a varios de los más importantes oficiales de esa nación. Razón suficiente para dejar a su país a finales de 1999. “Estaba viviendo en Bogotá pero la Interpol me ubicó rápidamente. Entonces pedí una cita con el secretariado de las Farc. Allá hablé con el ‘Mono Jojoy’ y le dije que las cosas se estaban complicando. Que le tenía una propuesta, que me diera protección con mi gente para comenzar a manejar el negocio directamente desde la selva”. Fue así como unas semanas después Fernandinho se fue a vivir a Miraflores, Guaviare.
“El secretariado le dio la orden al ‘Negro Acacio’ para que se encargara de mi tema. Desde ese momento tuve su protección y los negocios los llevaba a cabo con el segundo comandante del frente 16. Un hombre conocido como ‘Juan Bolas”. Para ese momento los hombres de Inteligencia del Ejército y la Policía conocían buena parte de los negocios de Fernandinho. Se sabía que las autoridades de Brasil habían ofrecido una recompensa de 50.000 dólares a quien diera información sobre su paradero. Y que un juez lo había condenado a 24 años de prisión por delitos de narcotráfico. Igualmente, en Paraguay se le seguía una minuciosa investigación y las autoridades lo señalaban de ser el autor intelectual del asesinato de los narcotraficantes Ezequiel Morel Escobar, Ramón Cristóbal Morel y Joao Morel.
Como pez en el agua
“Yo soy apenas un peón en el negocio del narcotráfico en Brasil y Paraguay. Yo enviaba la droga y por cada kilo me pagaban 3.000 dólares. Esa droga después salía para Europa vía Surinam, Ghana, Holanda”, relató Fernandinho ante los agentes de Inteligencia que seguían con expectativa cada una de sus palabras. Pero Fernandinho era más que un peón en el negocio de las drogas. De acuerdo con las autoridades de Brasil Fernandinho controlaba el 60 por ciento del mercado de drogas de Rio de Janeiro. Se movía como pez en el agua entre la alta oficialidad de la Fuerza Aérea de Brasil. A mediados de 1999 la Policía antinarcóticos de ese país decomisó 33 kilos de coca en una aeronave de la Fuerza Aérea Brasileña que tenían como destino final el sur de Francia. A lo largo de la investigación se descubrieron otros nexos.
Uno de ellos era con el teniente coronel Pablo Sergio Pereira de Oliveira. El alto oficial transportaba un cargamento de coca rumbo a Las Palmas, España, cuando fue detenido por las autoridades de Brasil. “El negocio para las Farc es muy bueno. Ganan por todas partes. Por cada kilo que está listo para transportar se les pagan 500 dólares. Por cada vuelo que despegaba de la pista de Barrancominas, se les cancelaban 15.000 dólares”, relató extrajudicialmente Fernandinho. “A las Farc les llegué a pagar entre 10 y 12 millones de dólares al mes. Y cada mes sacábamos entre 18 y 20 toneladas de droga.
Había que hacerlo con una flotilla de aviones. Cada avión transportaba entre 700 kilos y una tonelada de coca”, dijo Fernandinho ante los investigadores. Esas cifras estaban corroboradas en los documentos que le fueron incautados a lo largo de su persecución en territorio colombiano. Especialmente el pasado 17 de febrero cuando las Fuerzas de Despliegue Rápido, al mando del general Carlos Fracica, pusieron en marcha la operación ‘Gato Negro’.
Más de 5.000 soldados preparados para la guerra se internaron en las selvas del Guaviare en busca del imperio de Fernandinho y del Bloque Oriental de las Farc. Más de 150 laboratorios para el procesamiento de coca fueron destruidos. Cerca de 50 laboratorios de cristalización de la misma también fueron encontrados por los soldados.
La operación ‘Gato Negro’ permitió descubrir el principal centro de acopio de cocaína que estaban manejando las Farc a través del comandante del frente 16 conocido como el ‘Negro Acacio’. Y descubrieron que los negocios de esa droga se hacía directamente con Fernando da Costa, el hombre que estaban buscando desde hacía dos años. El capo brasileño que se había asentado en esa inhóspita región del país para sacar más de 200 toneladas de coca cada año, que eran enviadas a Rio de Janeiro y Paraguay para luego ser transportadas a Europa y Asia, donde cada kilo se vendía a 160.000 dólares.
En Barrancominas
“El principal centro de acopio de droga es Barrancominas. Allá llega toda la droga que mandan los distintos grupos de las Farc. A veces hay sobreoferta y los pilotos tienen que trabajar mucho para sacarla toda. A cada piloto se le pagan 25.000 dólares por viaje y al copiloto 5.000. Otra poquita de plata se le paga a los controladores para que no pongan problema con la salida de los aviones”, cuenta. Cuando los hombres de la Fuerza de Despliegue Rápido entraron a Barrancominas, en febrero pasado, Fernandinho se encontraba en ese lugar. Junto con ‘Juan Bolas’ y un grupo de guerrilleros y hombres de seguridad de Fernandinho emprendieron la huida amparados por la selva del Guainía. Pero esta vez no tuvo tanta suerte.
Un soldado alcanzó a divisarlo entre los matorrales. El resultado fueron tres graves heridas de fusil. Una en su hombro derecho, otra de refilón en la mano derecha, y una tercera a la altura de la cadera. “Parte de los negocios del pago de la droga a las Farc se hizo con armamento. La última entrega fue hace muy poco tiempo. Tres mil fusiles y tres y medio millones de cartuchos que fueron traídos desde Paraguay”, les contó Fernandinho a los investigadores. Desde febrero pasado las Fuerzas de Despliegue Rápido del Ejército se acantonaron en el corregimiento de Barrancominas. Y lentamente comenzaron a descubrir que en ese pueblo construido en un paraje de la enorme selva del Guaviare, se manejaba un multimillonario negocio en la transacción de droga entre las Farc y el capo brasileño Fernando da Silva. El centro de los negocios era un jardín infantil conocido como Casa Verde, pegado a la pista de aterrizaje. Las Farc aislaron el sector tres kilómetros a la redonda del pueblo.
En la ‘cava’, ubicada a sólo tres kilómetros de la pista aérea, estaba el centro de acopio de la droga. En una enorme bodega se almacenaba toda la coca procedente de los frentes que componen el Bloque Nororiental, al mando de ‘Grannobles’, hermano del ‘Mono Jojoy’. El control de los negocios le fue entregado a tres guerrilleros, encabezados por ‘Juan Bolas’. Los agentes de Inteligencia del Ejército descubrieron que la mitad del pago de la droga que salía rumbo a Brasil se hacía con armamento. La otra mitad, que era en dólares, se le entregaba directamente al ‘Negro Acacio’. Igualmente, que la comercialización de las 20 toneladas de droga que salían al mes de Barrancominas se hacía en Holanda. “Las armas se traían de Paraguay. Allá se conseguían más baratas. Con droga se compraron las armas que llegaron de Jordania.
Los peruanos permanecieron mucho tiempo en Barrancominas a la espera de que se les cancelara la totalidad de ese negocio”, relató Fernandinho en sus dos largas horas de conversación con los investigadores. Los hombres de Inteligencia del Ejército que estuvieron al frente del caso de Fernandinho tienen documentos que demuestran que el año pasado Da Costa trajo más de 10.000 fusiles AK 47 y más de 5.000 cajas de municiones. También tienen en claro que el negocio de la droga no era sólo de oferta y demanda sino que la mitad de la droga que salía rumbo a Europa era de las Farc y la otra mitad de la organización de Fernandinho. “Aquí en la selva se montaron laboratorios especiales para cristalizar la coca. Era más rentable por la cantidad que llegaba a las bodegas donde se almacenaba. Para poderla sacar de verdad se necesitaba una buena flotilla de aviones”, agregó Fernandinho. Sus últimos días en la selva fueron muy difíciles. Las heridas se le comenzaron a infectar y no había manera de que recibiera atención médica. En la selva estuvo acompañado de sus tres escoltas personales y de dos guerrilleros.
Con ellos fue capturado el sábado pasado. La conversación con los investigadores ha llegado a su fin. Su extenso relato quedó consignado en audio y video. Para las autoridades será la prueba reina que demuestre hasta qué punto las Farc están metidas en el negocio de la droga. De comprobarse esta acusación, necesariamente el proceso de paz con las Farc se verá afectado, sobre todo por el impacto que ello tendría ante la comunidad internacional. Si las Farc son traficantes de gran escala, ¿cómo justificar que se puede negociar con ellos como una fuerza política? Si, como dicen los investigadores militares, no son frentes aislados los que se han metido de lleno en el negocio de exportar drogas, sino que es el propio secretariado el que da las órdenes, entonces ¿qué tan creíble es que estén tomando el proceso de paz en serio? Son las grandes preguntas que arroja el caso Fernandinho y que no podrá eludir por más tiempo el gobierno de Andrés Pastrana, no sólo ante la comunidad internacional sino ante los propios ciudadanos.
Mindefensa dice que las autoridades destruyeron ‘el bunker’ de las Farc,
Mindefensa dice que las autoridades destruyeron ‘el bunker’ de las Farc, en el corazón de la selva
Juan Manuel Santos aseguró que además de la muerte de Tomás Medina Caracas, alias ‘El Negro Acacio’, el grupo armado ilegal perdió la base desde donde se coordinaba el tráfico de drogas. El funcionario dice que no se verá el cadáver del guerrillero muerto.
A las 4 y 39 de la mañana del pasado sábado comenzó el bombardeo. A orillas del río Guaviare, entre San José y Barrancominas, miembros de la Fudra con el apoyo de aviones Tucano de la Fuerza Aérea dieron en el blanco: el campamento de Tomás Medina Caracas, alias el ‘Negro Acacio’, amo y señor del tráfico de armas y droga en el suroriente del país y uno de los miembros más importantes de las Farc.
Las operaciones duraron tres meses. Dice el comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla de León, que la penetración a la organización guerrillera llegó hasta tal punto que se logró ubicar el sitio exacto conde ‘El Negro’ e integrantes del frente 16 de las Farc se encontraban. Durante el ataque murieron 17 subversivos, entre ellos Medina Caracas. Sin embargo, un hombre conocido con el alias de ‘Cepillo’ al parecer sacó del área su cadáver, el de su jefe de seguridad y el del radio operador. Los otros 14 fueron recuperados por los militares que estaban en el lugar.
“Tenemos fuentes de inteligencia que nos confirman de manera clara y contundente la muerte de este hombre y creo que es lo más importante para nosotros. Si no tuviéramos la certeza de que era el ‘Negro Acacio’, no lo estaríamos diciendo al mundo”, dijo el ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, durante una rueda de prensa en Bogotá en la que se dijo que los cuerpos que se encontraron serán llevados hasta San José del Guaviare o Villavicencio.
Esta fue una maniobra conjunta en la que participaron el Ejército, la Fuerza de Tarea Omega (encargada del 'Plan Consolidación'), la Armada Nacional, la FAC, la Policía y el DAS.
¿Quién era Tomás Medina Caracas, alias el 'Negro Acacio', el guerrillero al que fuentes del Ejército dicen le dieron muerte en las últimas horas en el departamento del Vichada? Con 42 años de edad, el 'Negro Acacio', era el mayor proveedor de base de coca para los carteles de la droga colombianos y últimamente los mexicanos. Se calcula que bajo su control estaba el 80 por ciento de la base de coca del país. Su apodo servía de pasaporte para los compradores al por mayor de la base de coca, que debían vesar ríos y selvas del corazón del Guainía infestados de retenes de la guerrilla. “Cuando a usted lo detienen en un retén guerrillo no es sino que diga el nombre del 'Negro' y lo dejan pasar”', dijo un comprador de drogas de la zona.
El 'Negro' era la caja registradora de las Farc y sus actividades cubrían una cadena tan amplia de la producción y venta de la coca que los militares creían que las Farc ya no podían seguir sosteniendo el trillado argumento de que la guerrilla era simplemente una recaudadora de impuestos del narcotráfico.
De origen caucano, el 'Negro Acacio' ingresó a las Farc en mayo de 1987 cuando tenía 22 años. Fue profesor de la escuela pública de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, cerca de la vereda Mary López, donde nació. Bajo el nombre de 'Arturo Guevara' se enroló en las Farc apadrinado por 'Iván Márquez', miembro del estado mayor de ese grupo subversivo, según consta en su hoja de solicitud de ingreso. Pero fue el 'Mono Jojoy' quien lo bautizó como el 'Negro Acacio' en honor a uno de los héroes de la revolución cubana.
No eran pocos los antecedentes judiciales contra el ‘Negro Acacio’: sobre él recaía una solicitud de extradición emitida por un juez de Estados Unidos. Tenía 23 órdenes de captura emitidas por la Fiscalía y una circular roja emitidqa por la Interpol. En Colombia estaba acusado de narcotráfico, concierto para delinquir, secuestro, tortura, homicidio agravado, terrorismo, extorsión y hurto calificado.
Hasta el 2001, se reunió con Fernando da Costa, alias ‘Fernandinho’, un poderoso narcotraficante nacido en Brasil con quien negociaba en las selvas del Vichada, en límites con Brasil y Venezuela, para negociar cocaína a cambio de armas. Ese mismo año se realizó la operación ‘Gato Negro’ que terminó con la captura de ‘Fernandinho’ y de la que escapó Tomás Medina Caracas. (Ver Artículos Relacionados)
En los años siguientes se inició una casería a muerte. En 2003, durante una operación denominada “Zorro” en el Vichada, murieron en combate 30 personas de frente 16. Después, en enero de 2005, durante operación Unicornio, en el mismo departamento murieron 3 presuntos guerrilleros cercanos al ‘Negro Acacio’. Y en octubre siguiente, durante la operación Troya fueron muertos 15 subversivos, entre ellos cinco comandante de esa estructura (uno de ellos, hermano de Medina Caracas).
El capo guerrillero
Los dos primeros años de la 'carrera militar' de 'Acacio' -1988 y1989- fueron bastante tormentosos, aun para la misma organización guerrillera, según fue anotado en los registros individuales que las Farc llevan de sus combatientes. En la hoja de vida de 'Acacio', incautada hace poco por las autoridades, aparecen anotaciones hechas por su jefe en mayo de 1988 en las que afirma que Medina Caracas “se deja llevar por la emoción. Ordenó arle bala a una casa sin saber quién estaba ahí y mató a una viejita”. En otro de los apartes el comandante de 'Acacio' registraba que "no maneja bien las relaciones internas y las órdenes Fue el responsable de la bomba del Castillo en donde murieron varios civiles".
El comportamiento de 'Acacio' hizo que los comandantes tomaran la decisión de alejarlo de la zona donde operaba, el Magdalena Medio, y optaron por enviarlo a otra región en donde ocasionara menos problemas. Fue así como en 1990 'Acacio' fue asignado al frente 16 de la Farc, que operaba en el oriente del Meta, parte de Vichada y Guaviare. Con lo que muy pocos contaban, incluso los mismos comandantes guerrilleros, es que justamente ese traslado convertiría a 'Acacio' en lo que era hasta este domingo: el hombre más importante dentro de la estructura financiera y logística de las Farc.
El frente 16 estaba bajo el mando de Josué Eliseo Prieto, alias 'Esteban González'. En los últimos cuatro años este comandante guerrillero logró consolidar al frente 16 como la columna vertebral de las finanzas de las Farc. Según los organismos de Inteligencia del Estado, 'Esteban González' le reportó a las Farc ingresos entre 1996 y 1998 por cerca de 15 millones de dólares producto, principalmente, del narcotráfico. Desde 1992 el 'Negro Acacio' era la mano derecha y el hombre de confianza de González. Entre los dos lograron consolidar la misión que en 1997 les encomendó el 'Mono Jojoy' directamente: establecer contactos internacionales para el intercambio de droga, armas, municiones y material de apoyo logístico.
El gran salto
La carrera del 'Negro Acacio' dio un gran salto en mayo del año 1999 al ser nombrado como comandante del frente 16 tras la muerte de González durante un operativo del Ejército en el Vichada.
Desde entonces el 'Negro Acacio' no sólo había cumplido, sino que había superado la misión que le encomendaron las Farc hace varios años a él y a 'Esteban González'. Primero solucionó el problema de la debilidad del pie de fuerza, dando entrenamiento militar básico a los dueños y trabajadores de los laboratorios de procesamiento de coca que funcionan a lo largo del río Guaviare. De esa manera los 150 guerrilleros que componían el frente 16 recibieron un refuerzo de unos 1.500 colaboradores armados y organizados como anillos de seguridad.
En segundo lugar, y esta medida aparentemente fue la jugada maestra que lo convirtió en el hombre cash de las Farc y uno de los 'consentidos del secretariado': consolidó los centros de acopio, donde se unificaba la producción de los laboratorios. Con la población en su bolsillo y la producción de la zona bajo su control, el frente 16 se hizo a un servicio de inteligencia insuperable. De allí que cuando en San José del Guaviare se inicia un operativo militar, la voz de alarma corre cientos de kilómetros y llega a Barrancominas, a orillas del río Guaviare.
Llegó el poder de los fusiles
Barrancominas, un corregimiento de unos 1.000 habitantes, estaba prácticamente bajo el control de
Juan Manuel Santos aseguró que además de la muerte de Tomás Medina Caracas, alias ‘El Negro Acacio’, el grupo armado ilegal perdió la base desde donde se coordinaba el tráfico de drogas. El funcionario dice que no se verá el cadáver del guerrillero muerto.
A las 4 y 39 de la mañana del pasado sábado comenzó el bombardeo. A orillas del río Guaviare, entre San José y Barrancominas, miembros de la Fudra con el apoyo de aviones Tucano de la Fuerza Aérea dieron en el blanco: el campamento de Tomás Medina Caracas, alias el ‘Negro Acacio’, amo y señor del tráfico de armas y droga en el suroriente del país y uno de los miembros más importantes de las Farc.
Las operaciones duraron tres meses. Dice el comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla de León, que la penetración a la organización guerrillera llegó hasta tal punto que se logró ubicar el sitio exacto conde ‘El Negro’ e integrantes del frente 16 de las Farc se encontraban. Durante el ataque murieron 17 subversivos, entre ellos Medina Caracas. Sin embargo, un hombre conocido con el alias de ‘Cepillo’ al parecer sacó del área su cadáver, el de su jefe de seguridad y el del radio operador. Los otros 14 fueron recuperados por los militares que estaban en el lugar.
“Tenemos fuentes de inteligencia que nos confirman de manera clara y contundente la muerte de este hombre y creo que es lo más importante para nosotros. Si no tuviéramos la certeza de que era el ‘Negro Acacio’, no lo estaríamos diciendo al mundo”, dijo el ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, durante una rueda de prensa en Bogotá en la que se dijo que los cuerpos que se encontraron serán llevados hasta San José del Guaviare o Villavicencio.
Esta fue una maniobra conjunta en la que participaron el Ejército, la Fuerza de Tarea Omega (encargada del 'Plan Consolidación'), la Armada Nacional, la FAC, la Policía y el DAS.
¿Quién era Tomás Medina Caracas, alias el 'Negro Acacio', el guerrillero al que fuentes del Ejército dicen le dieron muerte en las últimas horas en el departamento del Vichada? Con 42 años de edad, el 'Negro Acacio', era el mayor proveedor de base de coca para los carteles de la droga colombianos y últimamente los mexicanos. Se calcula que bajo su control estaba el 80 por ciento de la base de coca del país. Su apodo servía de pasaporte para los compradores al por mayor de la base de coca, que debían vesar ríos y selvas del corazón del Guainía infestados de retenes de la guerrilla. “Cuando a usted lo detienen en un retén guerrillo no es sino que diga el nombre del 'Negro' y lo dejan pasar”', dijo un comprador de drogas de la zona.
El 'Negro' era la caja registradora de las Farc y sus actividades cubrían una cadena tan amplia de la producción y venta de la coca que los militares creían que las Farc ya no podían seguir sosteniendo el trillado argumento de que la guerrilla era simplemente una recaudadora de impuestos del narcotráfico.
De origen caucano, el 'Negro Acacio' ingresó a las Farc en mayo de 1987 cuando tenía 22 años. Fue profesor de la escuela pública de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, cerca de la vereda Mary López, donde nació. Bajo el nombre de 'Arturo Guevara' se enroló en las Farc apadrinado por 'Iván Márquez', miembro del estado mayor de ese grupo subversivo, según consta en su hoja de solicitud de ingreso. Pero fue el 'Mono Jojoy' quien lo bautizó como el 'Negro Acacio' en honor a uno de los héroes de la revolución cubana.
No eran pocos los antecedentes judiciales contra el ‘Negro Acacio’: sobre él recaía una solicitud de extradición emitida por un juez de Estados Unidos. Tenía 23 órdenes de captura emitidas por la Fiscalía y una circular roja emitidqa por la Interpol. En Colombia estaba acusado de narcotráfico, concierto para delinquir, secuestro, tortura, homicidio agravado, terrorismo, extorsión y hurto calificado.
Hasta el 2001, se reunió con Fernando da Costa, alias ‘Fernandinho’, un poderoso narcotraficante nacido en Brasil con quien negociaba en las selvas del Vichada, en límites con Brasil y Venezuela, para negociar cocaína a cambio de armas. Ese mismo año se realizó la operación ‘Gato Negro’ que terminó con la captura de ‘Fernandinho’ y de la que escapó Tomás Medina Caracas. (Ver Artículos Relacionados)
En los años siguientes se inició una casería a muerte. En 2003, durante una operación denominada “Zorro” en el Vichada, murieron en combate 30 personas de frente 16. Después, en enero de 2005, durante operación Unicornio, en el mismo departamento murieron 3 presuntos guerrilleros cercanos al ‘Negro Acacio’. Y en octubre siguiente, durante la operación Troya fueron muertos 15 subversivos, entre ellos cinco comandante de esa estructura (uno de ellos, hermano de Medina Caracas).
El capo guerrillero
Los dos primeros años de la 'carrera militar' de 'Acacio' -1988 y1989- fueron bastante tormentosos, aun para la misma organización guerrillera, según fue anotado en los registros individuales que las Farc llevan de sus combatientes. En la hoja de vida de 'Acacio', incautada hace poco por las autoridades, aparecen anotaciones hechas por su jefe en mayo de 1988 en las que afirma que Medina Caracas “se deja llevar por la emoción. Ordenó arle bala a una casa sin saber quién estaba ahí y mató a una viejita”. En otro de los apartes el comandante de 'Acacio' registraba que "no maneja bien las relaciones internas y las órdenes Fue el responsable de la bomba del Castillo en donde murieron varios civiles".
El comportamiento de 'Acacio' hizo que los comandantes tomaran la decisión de alejarlo de la zona donde operaba, el Magdalena Medio, y optaron por enviarlo a otra región en donde ocasionara menos problemas. Fue así como en 1990 'Acacio' fue asignado al frente 16 de la Farc, que operaba en el oriente del Meta, parte de Vichada y Guaviare. Con lo que muy pocos contaban, incluso los mismos comandantes guerrilleros, es que justamente ese traslado convertiría a 'Acacio' en lo que era hasta este domingo: el hombre más importante dentro de la estructura financiera y logística de las Farc.
El frente 16 estaba bajo el mando de Josué Eliseo Prieto, alias 'Esteban González'. En los últimos cuatro años este comandante guerrillero logró consolidar al frente 16 como la columna vertebral de las finanzas de las Farc. Según los organismos de Inteligencia del Estado, 'Esteban González' le reportó a las Farc ingresos entre 1996 y 1998 por cerca de 15 millones de dólares producto, principalmente, del narcotráfico. Desde 1992 el 'Negro Acacio' era la mano derecha y el hombre de confianza de González. Entre los dos lograron consolidar la misión que en 1997 les encomendó el 'Mono Jojoy' directamente: establecer contactos internacionales para el intercambio de droga, armas, municiones y material de apoyo logístico.
El gran salto
La carrera del 'Negro Acacio' dio un gran salto en mayo del año 1999 al ser nombrado como comandante del frente 16 tras la muerte de González durante un operativo del Ejército en el Vichada.
Desde entonces el 'Negro Acacio' no sólo había cumplido, sino que había superado la misión que le encomendaron las Farc hace varios años a él y a 'Esteban González'. Primero solucionó el problema de la debilidad del pie de fuerza, dando entrenamiento militar básico a los dueños y trabajadores de los laboratorios de procesamiento de coca que funcionan a lo largo del río Guaviare. De esa manera los 150 guerrilleros que componían el frente 16 recibieron un refuerzo de unos 1.500 colaboradores armados y organizados como anillos de seguridad.
En segundo lugar, y esta medida aparentemente fue la jugada maestra que lo convirtió en el hombre cash de las Farc y uno de los 'consentidos del secretariado': consolidó los centros de acopio, donde se unificaba la producción de los laboratorios. Con la población en su bolsillo y la producción de la zona bajo su control, el frente 16 se hizo a un servicio de inteligencia insuperable. De allí que cuando en San José del Guaviare se inicia un operativo militar, la voz de alarma corre cientos de kilómetros y llega a Barrancominas, a orillas del río Guaviare.
Llegó el poder de los fusiles
Barrancominas, un corregimiento de unos 1.000 habitantes, estaba prácticamente bajo el control de
Chávez mediará con las FARC; Uribe lo aprueba
Chávez mediará con las FARC; Uribe lo aprueba
María Pérez-Plá
El Universal
Sábado 01 de septiembre de 2007
El presidente venezolano Hugo Chávez anunció que su par colombiano Álvaro Uribe lo autorizó para recibir en su país a un emisario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
BOGOTÁ.— El presidente venezolano Hugo Chávez anunció que su par colombiano Álvaro Uribe lo autorizó para recibir en su país a un emisario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para avanzar en gestiones de un acuerdo que permita liberar a decenas de rehenes de esa guerrilla.
Los gobernantes sostuvieron un encuentro en esta capital tras el que Chávez dijo sentirse “muy optimista” en el papel que asumió como gestor de ese acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC, quienes llevan años en posiciones intransigentes sobre las condiciones para emprender una negociación.
“No ha sido un contacto directo con Manuel Marulanda, pero estoy seguro que el mensaje que envié le llegó a él y el que me llegó a mí viene de él. Eso me da certeza de que hemos comenzado por la vía adecuada, hay que hablar con los jefes directamente”, dijo Hugo Chávez refiriéndose a que la comunicación que recibió de las FARC la pasada madrugada vino del máximo dirigente de la guerrilla.
Chávez se trasladó en la mañana de ayer desde el aeropuerto militar de Bogotá hasta la hacienda presidencial Hato Grande, a unos 50 kilómetros de la capital, en un convoy de 15 camionetas y dos ambulancias bajo un impresionante dispositivo de seguridad.
La recepción por parte de Uribe a una comitiva integrada además por los principales ministros de Venezuela fue más que calurosa y distendida. Después de pasear por el recinto, los mandatarios y sus equipos se reunieron más de seis horas, almuerzo incluido. Finalmente, y con cinco horas de retraso frente a lo programado, ambos presidentes concedieron una extensa rueda de prensa al aire libre cuando ya caía la noche y arreciaba el frío en el altiplano andino.
La espera mereció la pena, al menos para los familiares de los 45 secuestrados por las FARC que se beneficiarían de un Acuerdo Humanitario donde serían intercambiados por unos 500 guerrilleros presos.
“Adelanto que antes de llegar hoy (viernes) a Bogotá hicimos un gran esfuerzo por obtener una respuesta directa de las FARC y llegó a última hora de esta madrugada”, explicó Chávez, a lo que añadió que no podía adelantar detalles pues consideraba que la prudencia era fundamental para el éxito de la tarea en la que se embarcó hace algo más de dos semanas con el respaldo absoluto de Uribe.
Las negociaciones entre el gobierno y las FARC se encuentran estancadas por la exigencia del grupo insurgente de desmilitarizar dos municipios que ocupan unos 800 kilómetros cuadrados, algo a lo que Uribe se niega rotundamente.
Chávez también ofreció ayer el territorio venezolano para las reuniones entre delegados del gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se realizan desde el 2005 en Cuba y que están estancadas.
Esperanza de familiares
Al otro lado de la ciudad, Doña Magdalena, madre del policía Elkin Hernández, secuestrado hace nueve años, llevaba ya varias horas esperando el resultado de la cumbre presidencial. “Estoy muy alegre y con mucho positivismo porque se está viendo que sí se puede hacer algo, así no sea este año, ojalá que nos los regresen para el próximo”. Doña Magdalena, cuyos ojos se aguaron cuando oyó hablar a Chávez, no pudo compartir este momento con su marido, pues mientras tanto, él esperaba en la puerta de la embajada venezolana con otros familiares de secuestrados la llegada del mandatario.
Otra madre que acogió la noticia con alegría fue Yolanda Pulecio, cuya hija, Ingrid Betancourt, lleva cinco años en la selva: “Me parece superpositivo. La venida de Chávez ha sido muy importante, pues dijo varias cosas que nos abren un camino”.
Las comitivas aprovecharon la reunión para tratar otros temas de interés bilateral como la inauguración, el próximo 12 de octubre, del gasoducto que unirá a los dos países y sería el primer paso hacia toda América Latina. Firmaron convenios de infraestructura y suministro de combustible y Chávez aseguró su presencia en una próxima reunión con todos los presidentes del grupo de la CAN. (Con información de AP y EFE)
María Pérez-Plá
El Universal
Sábado 01 de septiembre de 2007
El presidente venezolano Hugo Chávez anunció que su par colombiano Álvaro Uribe lo autorizó para recibir en su país a un emisario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
BOGOTÁ.— El presidente venezolano Hugo Chávez anunció que su par colombiano Álvaro Uribe lo autorizó para recibir en su país a un emisario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para avanzar en gestiones de un acuerdo que permita liberar a decenas de rehenes de esa guerrilla.
Los gobernantes sostuvieron un encuentro en esta capital tras el que Chávez dijo sentirse “muy optimista” en el papel que asumió como gestor de ese acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC, quienes llevan años en posiciones intransigentes sobre las condiciones para emprender una negociación.
“No ha sido un contacto directo con Manuel Marulanda, pero estoy seguro que el mensaje que envié le llegó a él y el que me llegó a mí viene de él. Eso me da certeza de que hemos comenzado por la vía adecuada, hay que hablar con los jefes directamente”, dijo Hugo Chávez refiriéndose a que la comunicación que recibió de las FARC la pasada madrugada vino del máximo dirigente de la guerrilla.
Chávez se trasladó en la mañana de ayer desde el aeropuerto militar de Bogotá hasta la hacienda presidencial Hato Grande, a unos 50 kilómetros de la capital, en un convoy de 15 camionetas y dos ambulancias bajo un impresionante dispositivo de seguridad.
La recepción por parte de Uribe a una comitiva integrada además por los principales ministros de Venezuela fue más que calurosa y distendida. Después de pasear por el recinto, los mandatarios y sus equipos se reunieron más de seis horas, almuerzo incluido. Finalmente, y con cinco horas de retraso frente a lo programado, ambos presidentes concedieron una extensa rueda de prensa al aire libre cuando ya caía la noche y arreciaba el frío en el altiplano andino.
La espera mereció la pena, al menos para los familiares de los 45 secuestrados por las FARC que se beneficiarían de un Acuerdo Humanitario donde serían intercambiados por unos 500 guerrilleros presos.
“Adelanto que antes de llegar hoy (viernes) a Bogotá hicimos un gran esfuerzo por obtener una respuesta directa de las FARC y llegó a última hora de esta madrugada”, explicó Chávez, a lo que añadió que no podía adelantar detalles pues consideraba que la prudencia era fundamental para el éxito de la tarea en la que se embarcó hace algo más de dos semanas con el respaldo absoluto de Uribe.
Las negociaciones entre el gobierno y las FARC se encuentran estancadas por la exigencia del grupo insurgente de desmilitarizar dos municipios que ocupan unos 800 kilómetros cuadrados, algo a lo que Uribe se niega rotundamente.
Chávez también ofreció ayer el territorio venezolano para las reuniones entre delegados del gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se realizan desde el 2005 en Cuba y que están estancadas.
Esperanza de familiares
Al otro lado de la ciudad, Doña Magdalena, madre del policía Elkin Hernández, secuestrado hace nueve años, llevaba ya varias horas esperando el resultado de la cumbre presidencial. “Estoy muy alegre y con mucho positivismo porque se está viendo que sí se puede hacer algo, así no sea este año, ojalá que nos los regresen para el próximo”. Doña Magdalena, cuyos ojos se aguaron cuando oyó hablar a Chávez, no pudo compartir este momento con su marido, pues mientras tanto, él esperaba en la puerta de la embajada venezolana con otros familiares de secuestrados la llegada del mandatario.
Otra madre que acogió la noticia con alegría fue Yolanda Pulecio, cuya hija, Ingrid Betancourt, lleva cinco años en la selva: “Me parece superpositivo. La venida de Chávez ha sido muy importante, pues dijo varias cosas que nos abren un camino”.
Las comitivas aprovecharon la reunión para tratar otros temas de interés bilateral como la inauguración, el próximo 12 de octubre, del gasoducto que unirá a los dos países y sería el primer paso hacia toda América Latina. Firmaron convenios de infraestructura y suministro de combustible y Chávez aseguró su presencia en una próxima reunión con todos los presidentes del grupo de la CAN. (Con información de AP y EFE)
María Pérez-Plá
El Universal
Sábado 01 de septiembre de 2007
El presidente venezolano Hugo Chávez anunció que su par colombiano Álvaro Uribe lo autorizó para recibir en su país a un emisario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
BOGOTÁ.— El presidente venezolano Hugo Chávez anunció que su par colombiano Álvaro Uribe lo autorizó para recibir en su país a un emisario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para avanzar en gestiones de un acuerdo que permita liberar a decenas de rehenes de esa guerrilla.
Los gobernantes sostuvieron un encuentro en esta capital tras el que Chávez dijo sentirse “muy optimista” en el papel que asumió como gestor de ese acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC, quienes llevan años en posiciones intransigentes sobre las condiciones para emprender una negociación.
“No ha sido un contacto directo con Manuel Marulanda, pero estoy seguro que el mensaje que envié le llegó a él y el que me llegó a mí viene de él. Eso me da certeza de que hemos comenzado por la vía adecuada, hay que hablar con los jefes directamente”, dijo Hugo Chávez refiriéndose a que la comunicación que recibió de las FARC la pasada madrugada vino del máximo dirigente de la guerrilla.
Chávez se trasladó en la mañana de ayer desde el aeropuerto militar de Bogotá hasta la hacienda presidencial Hato Grande, a unos 50 kilómetros de la capital, en un convoy de 15 camionetas y dos ambulancias bajo un impresionante dispositivo de seguridad.
La recepción por parte de Uribe a una comitiva integrada además por los principales ministros de Venezuela fue más que calurosa y distendida. Después de pasear por el recinto, los mandatarios y sus equipos se reunieron más de seis horas, almuerzo incluido. Finalmente, y con cinco horas de retraso frente a lo programado, ambos presidentes concedieron una extensa rueda de prensa al aire libre cuando ya caía la noche y arreciaba el frío en el altiplano andino.
La espera mereció la pena, al menos para los familiares de los 45 secuestrados por las FARC que se beneficiarían de un Acuerdo Humanitario donde serían intercambiados por unos 500 guerrilleros presos.
“Adelanto que antes de llegar hoy (viernes) a Bogotá hicimos un gran esfuerzo por obtener una respuesta directa de las FARC y llegó a última hora de esta madrugada”, explicó Chávez, a lo que añadió que no podía adelantar detalles pues consideraba que la prudencia era fundamental para el éxito de la tarea en la que se embarcó hace algo más de dos semanas con el respaldo absoluto de Uribe.
Las negociaciones entre el gobierno y las FARC se encuentran estancadas por la exigencia del grupo insurgente de desmilitarizar dos municipios que ocupan unos 800 kilómetros cuadrados, algo a lo que Uribe se niega rotundamente.
Chávez también ofreció ayer el territorio venezolano para las reuniones entre delegados del gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se realizan desde el 2005 en Cuba y que están estancadas.
Esperanza de familiares
Al otro lado de la ciudad, Doña Magdalena, madre del policía Elkin Hernández, secuestrado hace nueve años, llevaba ya varias horas esperando el resultado de la cumbre presidencial. “Estoy muy alegre y con mucho positivismo porque se está viendo que sí se puede hacer algo, así no sea este año, ojalá que nos los regresen para el próximo”. Doña Magdalena, cuyos ojos se aguaron cuando oyó hablar a Chávez, no pudo compartir este momento con su marido, pues mientras tanto, él esperaba en la puerta de la embajada venezolana con otros familiares de secuestrados la llegada del mandatario.
Otra madre que acogió la noticia con alegría fue Yolanda Pulecio, cuya hija, Ingrid Betancourt, lleva cinco años en la selva: “Me parece superpositivo. La venida de Chávez ha sido muy importante, pues dijo varias cosas que nos abren un camino”.
Las comitivas aprovecharon la reunión para tratar otros temas de interés bilateral como la inauguración, el próximo 12 de octubre, del gasoducto que unirá a los dos países y sería el primer paso hacia toda América Latina. Firmaron convenios de infraestructura y suministro de combustible y Chávez aseguró su presencia en una próxima reunión con todos los presidentes del grupo de la CAN. (Con información de AP y EFE)
María Pérez-Plá
El Universal
Sábado 01 de septiembre de 2007
El presidente venezolano Hugo Chávez anunció que su par colombiano Álvaro Uribe lo autorizó para recibir en su país a un emisario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
BOGOTÁ.— El presidente venezolano Hugo Chávez anunció que su par colombiano Álvaro Uribe lo autorizó para recibir en su país a un emisario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para avanzar en gestiones de un acuerdo que permita liberar a decenas de rehenes de esa guerrilla.
Los gobernantes sostuvieron un encuentro en esta capital tras el que Chávez dijo sentirse “muy optimista” en el papel que asumió como gestor de ese acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC, quienes llevan años en posiciones intransigentes sobre las condiciones para emprender una negociación.
“No ha sido un contacto directo con Manuel Marulanda, pero estoy seguro que el mensaje que envié le llegó a él y el que me llegó a mí viene de él. Eso me da certeza de que hemos comenzado por la vía adecuada, hay que hablar con los jefes directamente”, dijo Hugo Chávez refiriéndose a que la comunicación que recibió de las FARC la pasada madrugada vino del máximo dirigente de la guerrilla.
Chávez se trasladó en la mañana de ayer desde el aeropuerto militar de Bogotá hasta la hacienda presidencial Hato Grande, a unos 50 kilómetros de la capital, en un convoy de 15 camionetas y dos ambulancias bajo un impresionante dispositivo de seguridad.
La recepción por parte de Uribe a una comitiva integrada además por los principales ministros de Venezuela fue más que calurosa y distendida. Después de pasear por el recinto, los mandatarios y sus equipos se reunieron más de seis horas, almuerzo incluido. Finalmente, y con cinco horas de retraso frente a lo programado, ambos presidentes concedieron una extensa rueda de prensa al aire libre cuando ya caía la noche y arreciaba el frío en el altiplano andino.
La espera mereció la pena, al menos para los familiares de los 45 secuestrados por las FARC que se beneficiarían de un Acuerdo Humanitario donde serían intercambiados por unos 500 guerrilleros presos.
“Adelanto que antes de llegar hoy (viernes) a Bogotá hicimos un gran esfuerzo por obtener una respuesta directa de las FARC y llegó a última hora de esta madrugada”, explicó Chávez, a lo que añadió que no podía adelantar detalles pues consideraba que la prudencia era fundamental para el éxito de la tarea en la que se embarcó hace algo más de dos semanas con el respaldo absoluto de Uribe.
Las negociaciones entre el gobierno y las FARC se encuentran estancadas por la exigencia del grupo insurgente de desmilitarizar dos municipios que ocupan unos 800 kilómetros cuadrados, algo a lo que Uribe se niega rotundamente.
Chávez también ofreció ayer el territorio venezolano para las reuniones entre delegados del gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se realizan desde el 2005 en Cuba y que están estancadas.
Esperanza de familiares
Al otro lado de la ciudad, Doña Magdalena, madre del policía Elkin Hernández, secuestrado hace nueve años, llevaba ya varias horas esperando el resultado de la cumbre presidencial. “Estoy muy alegre y con mucho positivismo porque se está viendo que sí se puede hacer algo, así no sea este año, ojalá que nos los regresen para el próximo”. Doña Magdalena, cuyos ojos se aguaron cuando oyó hablar a Chávez, no pudo compartir este momento con su marido, pues mientras tanto, él esperaba en la puerta de la embajada venezolana con otros familiares de secuestrados la llegada del mandatario.
Otra madre que acogió la noticia con alegría fue Yolanda Pulecio, cuya hija, Ingrid Betancourt, lleva cinco años en la selva: “Me parece superpositivo. La venida de Chávez ha sido muy importante, pues dijo varias cosas que nos abren un camino”.
Las comitivas aprovecharon la reunión para tratar otros temas de interés bilateral como la inauguración, el próximo 12 de octubre, del gasoducto que unirá a los dos países y sería el primer paso hacia toda América Latina. Firmaron convenios de infraestructura y suministro de combustible y Chávez aseguró su presencia en una próxima reunión con todos los presidentes del grupo de la CAN. (Con información de AP y EFE)
sábado, 1 de septiembre de 2007
Uribe es el jefe del ocultamiento (Parte I)
Sobre el paramilitarismo y la parapolítica en Colombia
Uribe es el jefe del ocultamiento (Parte I)
Por: POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
Fecha publicación:29/08/2007
No hay colombiano que en público no exprese estar a favor de que cesen todas las violencias que desangran a Colombia. Y parece haber coincidencia en torno a que la justicia transicional debe ser un pilar de cualquier proceso de paz que se adelante, que la reparación de las víctimas debe ser otra de las condiciones y que los comprometidos con los actos violentos deben contar toda la verdad sobre lo ocurrido, como requisitos para hacerse beneficiarios de la generosidad de la sociedad para con ellos. En especial, la verdad aparece como el primer elemento en que deben sustentarse los otros dos, para contribuir con la efectiva erradicación de todos los factores que conforman el poder de los violentos y acercar el momento en que las contradicciones económicas, sociales y políticas entre los colombianos se afronten sin apelar a los instrumentos de la guerra. Pero también es cierto que estas coincidencias no existieron desde el inicio del proceso de paz del presidente Alvaro Uribe Vélez con los grupos paramilitares y que puede demostrarse, como se hará en este texto, que el gobierno no solo no ha sido consecuente con sus afirmaciones en torno a la importancia de que se conozca toda la verdad sobre dichos grupos y sobre sus vínculos con los diversos poderes dominantes en el país, sino que ha puesto su enorme poder para manipularla y ocultarla.
El calibre del horror
Desde el inicio del proceso de paz de Alvaro Uribe Vélez con los paramilitares -proceso que los beneficiará al reducir la penas probables de hasta 60 años de cárcel a máximo ocho de reclusión en condiciones especiales de favorabilidad- el Presidente y sus partidarios se han negado a reconocer el paramilitarismo como la peor de las actividades criminales, porque ella es, por definición, ejecutada con la participación directa de dirigentes del Estado o con el respaldo o la complicidad de estos, violando el que se supone es el fin primordial de cualquier organización estatal: mantener en sus manos el monopolio sobre las armas y la fuerza, bajo el supuesto de que las normas y su cumplimiento también aseguran que dicha prerrogativa se ejerce con sujeción a precisas reglamentaciones y a rigurosos controles constitucionales y legales. Y se trata de una toma del poder del Estado de grandes proporciones, puesto que tiene bastante que ver con el desplazamiento de sus lares de cerca de tres millones de colombianos (865.000 entre 2002 y 2005), con decenas de miles de asesinatos (incluidos los de tres candidatos a la Presidencia de la República, ocho congresistas y centenares de alcaldes, diputados de los departamentos y concejales de los municipios), entre 2,6 y 6,8 millones de hectáreas de tierras rurales arrebatadas a campesinos y empresarios, enormes negocios de narcotráfico y la acumulación de descomunales fortunas por parte de los jefes de esas organizaciones. En el caso de la persecución a los sindicalistas colombianos, entre 1991 y 2006 van 1.113 asesinados, 70 desaparecidos y 896 desplazados, para un total, contando otros delitos, de 3.388 víctimas, cifras que han convertido los derechos laborales de los trabajadores colombianos en una ficción, mediante el brutal expediente de haber hecho del país el más peligroso en el mundo para ejercer las actividades sindicales.
En carta dirigida al presidente Uribe por Kenneth Roth, presidente de Human Rights Watch (2 de mayo de 2007), en respuesta a explicaciones oficiales, se refutan las afirmaciones del gobierno de Colombia sobre los supuestos “grandes avances” en el control de la violencia contra los sindicalistas y se explican otras realidades que la propaganda oficial dice que se han modificado:
“Su carta afirma que tan sólo 25 sindicalistas fueron asesinados en el 2006 en Colombia, y que, hasta el momento, este año sólo ha sido asesinado un sindicalista en Colombia. Sin embargo, la única manera de generar estas cifras artificialmente reducidas es excluyendo a los profesores sindicalizados de la categoría de sindicalistas. De hecho, de acuerdo a las cifras oficiales de su propio gobierno, si se incluye a los profesores sindicalizados, 58 sindicalistas fueron asesinados el año pasado, un incremento sustancial con relación a los 40 asesinados del año anterior (…) en realidad, los índices actuales de asesinatos de sindicalistas son similares a aquellos que fueron comunes en 1998 y 1999 (…) El número de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército, por ejemplo, se está incrementando considerablemente -un hecho que su propio Ministro de Defensa admitió en una reunión conmigo y otros colegas. Las Naciones Unidas tienen una lista de más de 150 casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles perpetradas por el ejército en todo el país en los últimos dos años”.
El gran poder del paramilitarismo en el Estado colombiano se ilustra también con el resultado de las investigaciones -que apenas empiezan- de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, las cuales han llevado a que estén presos o prófugos catorce senadores y representantes a la Cámara, dos gobernadores, seis alcaldes y quince ex congresistas, ex gobernadores y ex alcaldes. Además, está encarcelado por graves cargos de complicidad con los paramilitares Jorge Noguera, quien fuera nada menos que director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la policía secreta que le responde directamente al presidente de la República. Y la Fundación Arco Iris, en investigación respaldada por el gobierno de Suecia, concluyó que, en 2002, en las regiones con fuerte presencia paramilitar fueron elegidos 28 senadores con sus fórmulas de Cámara y que en las elecciones locales del año siguiente los electos en esas mismas zonas sumaron 285 alcaldes, 6 gobernadores de departamento y 3.500 concejales de municipios. La misma investigación concluyó que, en 2006, 83 senadores y representantes (de un total de 268) fueron elegidos en dichas áreas. Entonces no se cae en una exageración cuando en Colombia se habla de la parapolítica y los parapolíticos para describir las relaciones entre estas organizaciones armadas ilegales y muchos dirigentes políticos.
Parapolíticos y parauribistas
Pero la cabal comprensión del fenómeno exige conocer la militancia política de los legalmente acusados por sus vínculos con el paramilitarismo. Los datos dicen que trece de los catorce congresistas presos o prófugos son uribistas, es decir, partidarios del presidente Alvaro Uribe Vélez. También es un hombre del Presidente, como es obvio, el jefe de su policía secreta. Son uribistas los dos gobernadores y los seis alcaldes encarcelados, al igual que casi todos los otros quince altos dirigentes políticos recluidos en las cárceles. Y militan en fuerzas uribistas el 87 por ciento de los 83 congresistas señalados por la Fundación Arco Iris, estadísticas que llevaron a acuñar el término de parauribismo para calificar mejor lo que ocurre y que les concede la razón a los medios de comunicación que en Estados Unidos hablan del paragate.
No fue por una arbitrariedad, entonces, que Patrick Leahy, senador del Partido Demócrata de Estados Unidos, expresó su convencimiento acerca de las relaciones entre los paramilitares y el gobierno de Colombia, posición que sin duda es una de las razones de la determinación de su partido de detener en el Congreso recursos para el Plan Colombia y de no tramitar la aprobación del TLC entre los dos países, hasta tanto la administración de Alvaro Uribe no dé pruebas fehacientes de un cambio en la actitud gubernamental con respecto a los asesinatos de los sindicalistas colombianos y en las relaciones entre el Estado, el paramilitarismo y los parapolíticos. El senador Leahy dijo:
“Esto confirma las preocupaciones que muchos han tenido por varios años, que los paramilitares han infiltrado el establecimiento económico y político de la sociedad colombiana. Y debería provocar una pausa para determinar con quién es que estamos tratando” (El Tiempo, 19 de febrero de 2007). “Durante años mucha gente le insistió al gobierno que tomara medidas más fuertes contra los paras, cuando era obvio que adquirían más poder y riqueza (…) Lo que dije es que el gobierno no es simplemente una víctima. También permitió que los paramilitares florecieran, algunas veces actuando junto a ellos, otras, estimulándolos (...) Los arrestos son el comienzo. Pero si el gobierno es serio en cortar sus vínculos con el paramilitarismo debe dedicar muchos más recursos y personal a la investigación” (El Tiempo, 4 de marzo de 2007).
Y de especial gravedad ha sido la cada vez más abierta opinión del Presidente tendiente a justificar los horrores de los paramilitares y a solicitar la benevolencia de la sociedad para con ellos. En su discurso del 20 de julio pasado, ante el Congreso en pleno, Alvaro Uribe fue capaz de afirmar:
“No puede ser que impere el ánimo benigno en relación con la guerrilla y la cólera de vindicta con los paramilitares”.
El silencio del Presidente
A pesar de la contundencia de los hechos y del tiempo transcurrido, todavía Alvaro Uribe no les ha dado ninguna explicación a los colombianos acerca de por qué tantos importantes amigos políticos suyos -que pasan de cien si se suman los presos, prófugos, sindicados e investigados- resultaron ser parapolíticos ni por qué quienes le pusieron una votación enorme para elegirlo Presidente, y a los que él, a su vez, respaldó entregándoles a sus partidarios cargos en el gobierno nacional, terminaron involucrados en esas actividades criminales, las cuales, sin la menor duda, incluyeron la coacción a los electores en su beneficio personal, en el de sus organizaciones políticas y en el del actual jefe del Estado. Los votos obtenidos en 2006 por los congresistas uribistas hasta ahora presos y prófugos alcanzan los 624.580.
Entre los hechos no explicados debidamente por Alvaro Uribe está el notable impulso que él, como gobernador del departamento de Antioquia entre 1995 y 1997, les dio a las Convivir, unas organizaciones conformadas por propietarios rurales que jugaron un papel clave en la justificación y organización de lo que luego se llamaría el paramilitarismo. De acuerdo con Jorge Humberto Botero, quien fuera hasta diciembre de 2006 ministro de Comercio de la administración Uribe, “A nadie debe sorprender que el fenómeno paramilitar tenga una dimensión política. En sus albores, en los años noventa, se manifestaba en las autodefensas (los paramilitares)… estos grupos armados tuvieron, en aquella época, una dimensión legal, las ‘Convivir’” (El Espectador.com, 9 de febrero de 2007).
Manipulaciones desde el principio
El presidente Uribe y sus partidarios han dicho que es por sus iniciativas, como la llamada Ley de Justicia y Paz -Ley 975 del 25 de julio de 2005, que se supone debe acabar con el fenómeno paramilitar-, que se están conociendo e investigando penalmente las relaciones entre dirigentes políticos y paramilitares. Pero ello no es cierto, como puede comprobarse de diferentes maneras.
Primero, porque la Corte Suprema de Justicia, que ha sido la que ha llevado el peso de las investigaciones y las decisiones, no actúa bajo las órdenes del poder Ejecutivo. Incluso, hay que poner en duda el efectivo respeto del gobierno por el principio de separación de los poderes cuando se iniciaba este proceso, pues fue evidente que el Ejecutivo volcó todo el peso de su influencia para que se designara como fiscal a Mario Iguarán, hasta ese momento viceministro de Justicia del presidente Uribe, con el obvio propósito de tener un fiscal amigo. Y tampoco es ejemplarizante que el anterior fiscal, Luís Camilo Osorio, con graves acusaciones por su complicidad o por lo menos negligencia en relación con el paramilitarismo cuando desempeñó ese cargo, sea hoy embajador de Colombia ante la República de México.
Segundo, porque desde que se inició el proceso de paz con los paramilitares era conocido que la Fiscalía no tendría la capacidad para atender los miles de complejos procesos que le llegarían (ya van 2.800 a su cargo, y eso que 28.000 de los paramilitares que se desmovilizaron hoy andan en libertad y no tendrán que darle ningún tipo de explicación a la justicia). A pesar de ello, el gobierno no le ha aumentado los recursos para que pueda atender sus nuevas responsabilidades, luego de cuatro años desde el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, cuando la cúpula paramilitar se comprometió a desmovilizar sus tropas, y dos años desde la aprobación de la ley diseñada en su beneficio. Al decir del jefe de la sección encargada por la Fiscalía, esta tiene solo 23 fiscales y 150 investigadores para atender por lo menos 2.800 casos, y solo dos de los jefes paramilitares comprometidos han anunciado que declararán sobre 2.567 asesinatos, además de los otros delitos cometidos. Es tal el riesgo de que el proceso termine en una farsa, en el sentido de que lo único que se cumpla de la ley sea la rebaja de las penas, que el editorial de El Tiempo del 24 de junio de 2007, titulado “¿Colapso anunciado?”, alertó al respecto:
“So pena de que colapse el proceso, el Gobierno y las autoridades judiciales están en mora de agarrar este toro por lo cuernos y dictar medidas de emergencia. Resulta urgente asignar más fiscales, investigadores y presupuesto (…) Si esto no sucede, el país tendrá que contentarse con saber solo lo que los jefes paramilitares quieran contar, en medio del mar de inconsistencias y contradicciones que ya salen a flote. Y, en este caso, no habrá justicia, ni verdad, ni reparación, ni mucho menos reconciliación, que fueron precisamente los objetivos de este controvertido proceso con las Auc (los paramilitares)”.
Y tercero, la primera propuesta del gobierno sobre la ley que beneficiaría a los jefes paramilitares es bien diferente a la que a la postre se aprobó en el Congreso y, en especial, a aquella que le dio el pase la Corte Constitucional. Porque inicialmente los paramilitares no tenían que pagar ninguna pena, ni siquiera la menor, para redimir sus crímenes, así como tampoco se les exigía narrar la verdad sobre sus actividades criminales para hacerse merecedores de los beneficios legales otorgados. Fue por presiones nacionales e internacionales que las mayorías uribistas en el Senado y la Cámara de Representantes -que son del orden del 70 por ciento- tuvieron que incluir periodos de reclusión para poder disfrutar de los beneficios de la ley, y eso que no los definieron en cárceles sino en establecimientos especiales. Y si hoy esas gabelas tienen que ganárselas declarando la verdad sobre los crímenes cometidos, no fue porque así lo exigiera la norma aprobada, sino porque ello lo determinó mediante sentencia la Corte Constitucional, la cual, en esa misma decisión, también declaró ilegal el artículo que convertía en sediciosos a los paramilitares, con el fin de hacerlos acreedores a las ventajas de que gozan en Colombia los delincuentes políticos, incluida la posibilidad de ser cobijados por indultos y amnistías. El desagrado del gobierno en relación con la sentencia de la Corte Constitucional que modificó la Ley de Justicia y Paz lo expresó el ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega: “Estoy preocupadísimo y perplejo”. “Y luego, tras advertir su acatamiento a regañadientes al Estado de derecho, agregó en tono resignado: ‘Ahora hay que pedir la ayuda de Dios’” (El Espectador, 21 de mayo de 2006.) ¡La ayuda de Dios porque los paramilitares tendrían que declarar sobre sus delitos y porque no iban a poder ampararse bajo la figura de la sedición! Por su parte, uno de los senadores uribistas que hoy está tras las rejas por sus vínculos con el paramilitarismo exclamó: “La ley de justicia queda sirviendo para nada” (Ibíd).
Entre las cosas que deberán esclarecerse está la relativa a quién cooptó a quién. Porque según el fiscal, Mario Iguarán: “No fueron las autodefensas (los paramilitares) las que reclutaron a la clase política, sino fue la clase política la que reclutó a las autodefensas”, afirmación que inmediata y curiosamente rechazó el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, al decir que “son indebidas esas generalizaciones” (Caracol Radio, 15 de marzo de 2007.
Incluso lo mucho que se ufanan Alvaro Uribe y sus partidarios sobre el “gran” éxito de la ley de Justicia y Paz, porque con ella -dicen- se desmovilizaron 30.915 paramilitares, silencia verdades al respecto. Aun cuando en la cuentas del gobierno aparecen como desmovilizadas esas tropas, las armas entregadas apenas sumaron 17.540, el encargado de la reinserción a la vida civil de esos combatientes, Frank Pearl, informó que no tiene ninguna noticia sobre 4.731 de ellos (El Tiempo, 13 de febrero de 2007), hubo grupos paramilitares que no se acogieron a la Ley y volvieron a sus actividades ilegales muchos de los que se comprometieron a salirse de ellas, todo lo cual ayuda a explicar por qué la OEA calcula en 3.200 el número de nuevos paramilitares. Y seguramente no es posible encontrar un solo colombiano que exprese su convencimiento acerca de que los jefes paramilitares que se acogieron a las normas que los favorecen hayan efectivamente cesado todo vínculo con los instrumentos de coacción que se comprometieron a abandonar. No es sorprendente, entonces, que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el 5 de marzo de 2007, informara: “Resulta de especial preocupación el hecho de que numerosos integrantes de los cuadros medios del paramilitarismo no se desmovilizaron o han vuelto a armarse y dirigen nuevos grupos armados ilegales que han ido surgiendo en distintas partes del país. Las características de éstos revelan una fuerte compenetración con el crimen organizado y el narcotráfico. Preocupa a la Alta Comisionada el hecho de que sigan en pie estructuras políticas y económicas creadas por paramilitares en varias entidades territoriales y diversos sectores sociales.
“Se recibieron quejas sobre casos en los cuales la libertad de opinión y de expresión se vio afectada por las condiciones de riesgo en que desarrollan su labor quienes opinan o informan sobre temas relacionados con el proceso de desmovilización de los paramilitares y la actuación de servidores públicos comprometidos en actos de violencia o corrupción, o con el paramilitarismo. Casos de esta índole se dieron en Bogotá, Atlántico, Bolívar, Santander, Sucre, Córdoba, Magdalena, Arauca, Antioquia, Cauca y Valle.
La laxitud del Presidente y del uribismo
La actitud laxa del presidente Uribe y de las organizaciones políticas uribistas con respecto a dirigentes políticos que tenían vínculos con los paramilitares puede documentarse de muchas maneras. A tanto llegaron las cosas, que la propia Embajada de Estados Unidos en Bogotá tuvo que ejercer presiones para que se desvinculara de dichas colectividades políticas a algunos congresistas que aspiraban a reelegirse en las elecciones de 2006 y para que Alvaro Uribe solicitara que fuera investigado uno de esos partidos. Pero una vez pasadas las elecciones y asegurada la reelección del Presidente, el ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, se encargó de desnudar la farsa, según lo explicó en el periódico El Tiempo del 9 de julio de 2006:
“- ¿Qué va a pasar con las personas que fueron expulsadas del uribismo y fueron elegidas en el Congreso? - El gobierno siempre respetó las decisiones de los partidos. Ellos tienen la facultad de ver con quién trabajan o no en sus organizaciones. Una vez elegidos, todos los congresistas tienen el mismo respeto y aprecio del gobierno colombiano. - ¿Aceptarán la ayuda de los parlamentarios a los que el gobierno pidió investigar? - El Presidente no tomó partido. Cuando conoció las denuncias hizo lo que todo buen demócrata: pidió que las investigara la Fiscalía. Si alguien tiene credencial de congresistas, a esa persona hay que respetarla. Y, como ministro, trabajaré con cada uno de ellos. Si están en la oposición, para entenderme con ellos. Y si no, para que nos apoyen con entusiasmo en la aprobación de los proyectos. El apoyo de todos los congresistas es bienvenido” (El Tiempo, 9 de julio de 2006).
Entre los analistas que han denunciado la alcahuetería de Alvaro Uribe frente a las andanzas de los parapolíticos, resaltan las opiniones de César Gaviria Trujillo, ex presidente de la República, jefe único del Partido Liberal y ex secretario general de la OEA:
“Uribe ha sido laxo con los paramilitares” (El Espectador, 4 de febrero de 2007). “El presidente no usó todos los mecanismos que tenía para averiguar por las fechorías de muchas personas sobre las cuales ya había información de que podrían estar vinculados con el paramilitarismo. No la usó para que sus amigos pudieran hacer sus listas” (El Tiempo, 19 de noviembre de 2006). “En la campaña le pedí al Presidente que dijera que no quería ningún tipo de apoyo de sectores vinculados al paramilitarismo. Lo dije muchas veces. Infortunadamente, fracasé en conseguir respuesta… el Presidente ha debido decir de manera expresa que él no quería apoyo paramilitar” (El Tiempo, 19 de noviembre de 2006). “El presidente tuvo una actitud pasiva ante el tema de los congresistas vinculados con los paras. No se puede poner de espectador y mucho menos hacerse el de la vista gorda” (Cambio, 20 de noviembre de 2006). “El Presidente y el gobierno deberían anunciar que van a contribuir con toda su capacidad de investigación en el proceso que ha iniciado la Corte y que el DAS, la policía y la inteligencia militar contribuirán” (El Tiempo, 19 de noviembre de 2006).
Uribe es el jefe del ocultamiento (Parte I)
Por: POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
Fecha publicación:29/08/2007
No hay colombiano que en público no exprese estar a favor de que cesen todas las violencias que desangran a Colombia. Y parece haber coincidencia en torno a que la justicia transicional debe ser un pilar de cualquier proceso de paz que se adelante, que la reparación de las víctimas debe ser otra de las condiciones y que los comprometidos con los actos violentos deben contar toda la verdad sobre lo ocurrido, como requisitos para hacerse beneficiarios de la generosidad de la sociedad para con ellos. En especial, la verdad aparece como el primer elemento en que deben sustentarse los otros dos, para contribuir con la efectiva erradicación de todos los factores que conforman el poder de los violentos y acercar el momento en que las contradicciones económicas, sociales y políticas entre los colombianos se afronten sin apelar a los instrumentos de la guerra. Pero también es cierto que estas coincidencias no existieron desde el inicio del proceso de paz del presidente Alvaro Uribe Vélez con los grupos paramilitares y que puede demostrarse, como se hará en este texto, que el gobierno no solo no ha sido consecuente con sus afirmaciones en torno a la importancia de que se conozca toda la verdad sobre dichos grupos y sobre sus vínculos con los diversos poderes dominantes en el país, sino que ha puesto su enorme poder para manipularla y ocultarla.
El calibre del horror
Desde el inicio del proceso de paz de Alvaro Uribe Vélez con los paramilitares -proceso que los beneficiará al reducir la penas probables de hasta 60 años de cárcel a máximo ocho de reclusión en condiciones especiales de favorabilidad- el Presidente y sus partidarios se han negado a reconocer el paramilitarismo como la peor de las actividades criminales, porque ella es, por definición, ejecutada con la participación directa de dirigentes del Estado o con el respaldo o la complicidad de estos, violando el que se supone es el fin primordial de cualquier organización estatal: mantener en sus manos el monopolio sobre las armas y la fuerza, bajo el supuesto de que las normas y su cumplimiento también aseguran que dicha prerrogativa se ejerce con sujeción a precisas reglamentaciones y a rigurosos controles constitucionales y legales. Y se trata de una toma del poder del Estado de grandes proporciones, puesto que tiene bastante que ver con el desplazamiento de sus lares de cerca de tres millones de colombianos (865.000 entre 2002 y 2005), con decenas de miles de asesinatos (incluidos los de tres candidatos a la Presidencia de la República, ocho congresistas y centenares de alcaldes, diputados de los departamentos y concejales de los municipios), entre 2,6 y 6,8 millones de hectáreas de tierras rurales arrebatadas a campesinos y empresarios, enormes negocios de narcotráfico y la acumulación de descomunales fortunas por parte de los jefes de esas organizaciones. En el caso de la persecución a los sindicalistas colombianos, entre 1991 y 2006 van 1.113 asesinados, 70 desaparecidos y 896 desplazados, para un total, contando otros delitos, de 3.388 víctimas, cifras que han convertido los derechos laborales de los trabajadores colombianos en una ficción, mediante el brutal expediente de haber hecho del país el más peligroso en el mundo para ejercer las actividades sindicales.
En carta dirigida al presidente Uribe por Kenneth Roth, presidente de Human Rights Watch (2 de mayo de 2007), en respuesta a explicaciones oficiales, se refutan las afirmaciones del gobierno de Colombia sobre los supuestos “grandes avances” en el control de la violencia contra los sindicalistas y se explican otras realidades que la propaganda oficial dice que se han modificado:
“Su carta afirma que tan sólo 25 sindicalistas fueron asesinados en el 2006 en Colombia, y que, hasta el momento, este año sólo ha sido asesinado un sindicalista en Colombia. Sin embargo, la única manera de generar estas cifras artificialmente reducidas es excluyendo a los profesores sindicalizados de la categoría de sindicalistas. De hecho, de acuerdo a las cifras oficiales de su propio gobierno, si se incluye a los profesores sindicalizados, 58 sindicalistas fueron asesinados el año pasado, un incremento sustancial con relación a los 40 asesinados del año anterior (…) en realidad, los índices actuales de asesinatos de sindicalistas son similares a aquellos que fueron comunes en 1998 y 1999 (…) El número de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército, por ejemplo, se está incrementando considerablemente -un hecho que su propio Ministro de Defensa admitió en una reunión conmigo y otros colegas. Las Naciones Unidas tienen una lista de más de 150 casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles perpetradas por el ejército en todo el país en los últimos dos años”.
El gran poder del paramilitarismo en el Estado colombiano se ilustra también con el resultado de las investigaciones -que apenas empiezan- de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, las cuales han llevado a que estén presos o prófugos catorce senadores y representantes a la Cámara, dos gobernadores, seis alcaldes y quince ex congresistas, ex gobernadores y ex alcaldes. Además, está encarcelado por graves cargos de complicidad con los paramilitares Jorge Noguera, quien fuera nada menos que director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la policía secreta que le responde directamente al presidente de la República. Y la Fundación Arco Iris, en investigación respaldada por el gobierno de Suecia, concluyó que, en 2002, en las regiones con fuerte presencia paramilitar fueron elegidos 28 senadores con sus fórmulas de Cámara y que en las elecciones locales del año siguiente los electos en esas mismas zonas sumaron 285 alcaldes, 6 gobernadores de departamento y 3.500 concejales de municipios. La misma investigación concluyó que, en 2006, 83 senadores y representantes (de un total de 268) fueron elegidos en dichas áreas. Entonces no se cae en una exageración cuando en Colombia se habla de la parapolítica y los parapolíticos para describir las relaciones entre estas organizaciones armadas ilegales y muchos dirigentes políticos.
Parapolíticos y parauribistas
Pero la cabal comprensión del fenómeno exige conocer la militancia política de los legalmente acusados por sus vínculos con el paramilitarismo. Los datos dicen que trece de los catorce congresistas presos o prófugos son uribistas, es decir, partidarios del presidente Alvaro Uribe Vélez. También es un hombre del Presidente, como es obvio, el jefe de su policía secreta. Son uribistas los dos gobernadores y los seis alcaldes encarcelados, al igual que casi todos los otros quince altos dirigentes políticos recluidos en las cárceles. Y militan en fuerzas uribistas el 87 por ciento de los 83 congresistas señalados por la Fundación Arco Iris, estadísticas que llevaron a acuñar el término de parauribismo para calificar mejor lo que ocurre y que les concede la razón a los medios de comunicación que en Estados Unidos hablan del paragate.
No fue por una arbitrariedad, entonces, que Patrick Leahy, senador del Partido Demócrata de Estados Unidos, expresó su convencimiento acerca de las relaciones entre los paramilitares y el gobierno de Colombia, posición que sin duda es una de las razones de la determinación de su partido de detener en el Congreso recursos para el Plan Colombia y de no tramitar la aprobación del TLC entre los dos países, hasta tanto la administración de Alvaro Uribe no dé pruebas fehacientes de un cambio en la actitud gubernamental con respecto a los asesinatos de los sindicalistas colombianos y en las relaciones entre el Estado, el paramilitarismo y los parapolíticos. El senador Leahy dijo:
“Esto confirma las preocupaciones que muchos han tenido por varios años, que los paramilitares han infiltrado el establecimiento económico y político de la sociedad colombiana. Y debería provocar una pausa para determinar con quién es que estamos tratando” (El Tiempo, 19 de febrero de 2007). “Durante años mucha gente le insistió al gobierno que tomara medidas más fuertes contra los paras, cuando era obvio que adquirían más poder y riqueza (…) Lo que dije es que el gobierno no es simplemente una víctima. También permitió que los paramilitares florecieran, algunas veces actuando junto a ellos, otras, estimulándolos (...) Los arrestos son el comienzo. Pero si el gobierno es serio en cortar sus vínculos con el paramilitarismo debe dedicar muchos más recursos y personal a la investigación” (El Tiempo, 4 de marzo de 2007).
Y de especial gravedad ha sido la cada vez más abierta opinión del Presidente tendiente a justificar los horrores de los paramilitares y a solicitar la benevolencia de la sociedad para con ellos. En su discurso del 20 de julio pasado, ante el Congreso en pleno, Alvaro Uribe fue capaz de afirmar:
“No puede ser que impere el ánimo benigno en relación con la guerrilla y la cólera de vindicta con los paramilitares”.
El silencio del Presidente
A pesar de la contundencia de los hechos y del tiempo transcurrido, todavía Alvaro Uribe no les ha dado ninguna explicación a los colombianos acerca de por qué tantos importantes amigos políticos suyos -que pasan de cien si se suman los presos, prófugos, sindicados e investigados- resultaron ser parapolíticos ni por qué quienes le pusieron una votación enorme para elegirlo Presidente, y a los que él, a su vez, respaldó entregándoles a sus partidarios cargos en el gobierno nacional, terminaron involucrados en esas actividades criminales, las cuales, sin la menor duda, incluyeron la coacción a los electores en su beneficio personal, en el de sus organizaciones políticas y en el del actual jefe del Estado. Los votos obtenidos en 2006 por los congresistas uribistas hasta ahora presos y prófugos alcanzan los 624.580.
Entre los hechos no explicados debidamente por Alvaro Uribe está el notable impulso que él, como gobernador del departamento de Antioquia entre 1995 y 1997, les dio a las Convivir, unas organizaciones conformadas por propietarios rurales que jugaron un papel clave en la justificación y organización de lo que luego se llamaría el paramilitarismo. De acuerdo con Jorge Humberto Botero, quien fuera hasta diciembre de 2006 ministro de Comercio de la administración Uribe, “A nadie debe sorprender que el fenómeno paramilitar tenga una dimensión política. En sus albores, en los años noventa, se manifestaba en las autodefensas (los paramilitares)… estos grupos armados tuvieron, en aquella época, una dimensión legal, las ‘Convivir’” (El Espectador.com, 9 de febrero de 2007).
Manipulaciones desde el principio
El presidente Uribe y sus partidarios han dicho que es por sus iniciativas, como la llamada Ley de Justicia y Paz -Ley 975 del 25 de julio de 2005, que se supone debe acabar con el fenómeno paramilitar-, que se están conociendo e investigando penalmente las relaciones entre dirigentes políticos y paramilitares. Pero ello no es cierto, como puede comprobarse de diferentes maneras.
Primero, porque la Corte Suprema de Justicia, que ha sido la que ha llevado el peso de las investigaciones y las decisiones, no actúa bajo las órdenes del poder Ejecutivo. Incluso, hay que poner en duda el efectivo respeto del gobierno por el principio de separación de los poderes cuando se iniciaba este proceso, pues fue evidente que el Ejecutivo volcó todo el peso de su influencia para que se designara como fiscal a Mario Iguarán, hasta ese momento viceministro de Justicia del presidente Uribe, con el obvio propósito de tener un fiscal amigo. Y tampoco es ejemplarizante que el anterior fiscal, Luís Camilo Osorio, con graves acusaciones por su complicidad o por lo menos negligencia en relación con el paramilitarismo cuando desempeñó ese cargo, sea hoy embajador de Colombia ante la República de México.
Segundo, porque desde que se inició el proceso de paz con los paramilitares era conocido que la Fiscalía no tendría la capacidad para atender los miles de complejos procesos que le llegarían (ya van 2.800 a su cargo, y eso que 28.000 de los paramilitares que se desmovilizaron hoy andan en libertad y no tendrán que darle ningún tipo de explicación a la justicia). A pesar de ello, el gobierno no le ha aumentado los recursos para que pueda atender sus nuevas responsabilidades, luego de cuatro años desde el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, cuando la cúpula paramilitar se comprometió a desmovilizar sus tropas, y dos años desde la aprobación de la ley diseñada en su beneficio. Al decir del jefe de la sección encargada por la Fiscalía, esta tiene solo 23 fiscales y 150 investigadores para atender por lo menos 2.800 casos, y solo dos de los jefes paramilitares comprometidos han anunciado que declararán sobre 2.567 asesinatos, además de los otros delitos cometidos. Es tal el riesgo de que el proceso termine en una farsa, en el sentido de que lo único que se cumpla de la ley sea la rebaja de las penas, que el editorial de El Tiempo del 24 de junio de 2007, titulado “¿Colapso anunciado?”, alertó al respecto:
“So pena de que colapse el proceso, el Gobierno y las autoridades judiciales están en mora de agarrar este toro por lo cuernos y dictar medidas de emergencia. Resulta urgente asignar más fiscales, investigadores y presupuesto (…) Si esto no sucede, el país tendrá que contentarse con saber solo lo que los jefes paramilitares quieran contar, en medio del mar de inconsistencias y contradicciones que ya salen a flote. Y, en este caso, no habrá justicia, ni verdad, ni reparación, ni mucho menos reconciliación, que fueron precisamente los objetivos de este controvertido proceso con las Auc (los paramilitares)”.
Y tercero, la primera propuesta del gobierno sobre la ley que beneficiaría a los jefes paramilitares es bien diferente a la que a la postre se aprobó en el Congreso y, en especial, a aquella que le dio el pase la Corte Constitucional. Porque inicialmente los paramilitares no tenían que pagar ninguna pena, ni siquiera la menor, para redimir sus crímenes, así como tampoco se les exigía narrar la verdad sobre sus actividades criminales para hacerse merecedores de los beneficios legales otorgados. Fue por presiones nacionales e internacionales que las mayorías uribistas en el Senado y la Cámara de Representantes -que son del orden del 70 por ciento- tuvieron que incluir periodos de reclusión para poder disfrutar de los beneficios de la ley, y eso que no los definieron en cárceles sino en establecimientos especiales. Y si hoy esas gabelas tienen que ganárselas declarando la verdad sobre los crímenes cometidos, no fue porque así lo exigiera la norma aprobada, sino porque ello lo determinó mediante sentencia la Corte Constitucional, la cual, en esa misma decisión, también declaró ilegal el artículo que convertía en sediciosos a los paramilitares, con el fin de hacerlos acreedores a las ventajas de que gozan en Colombia los delincuentes políticos, incluida la posibilidad de ser cobijados por indultos y amnistías. El desagrado del gobierno en relación con la sentencia de la Corte Constitucional que modificó la Ley de Justicia y Paz lo expresó el ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega: “Estoy preocupadísimo y perplejo”. “Y luego, tras advertir su acatamiento a regañadientes al Estado de derecho, agregó en tono resignado: ‘Ahora hay que pedir la ayuda de Dios’” (El Espectador, 21 de mayo de 2006.) ¡La ayuda de Dios porque los paramilitares tendrían que declarar sobre sus delitos y porque no iban a poder ampararse bajo la figura de la sedición! Por su parte, uno de los senadores uribistas que hoy está tras las rejas por sus vínculos con el paramilitarismo exclamó: “La ley de justicia queda sirviendo para nada” (Ibíd).
Entre las cosas que deberán esclarecerse está la relativa a quién cooptó a quién. Porque según el fiscal, Mario Iguarán: “No fueron las autodefensas (los paramilitares) las que reclutaron a la clase política, sino fue la clase política la que reclutó a las autodefensas”, afirmación que inmediata y curiosamente rechazó el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, al decir que “son indebidas esas generalizaciones” (Caracol Radio, 15 de marzo de 2007.
Incluso lo mucho que se ufanan Alvaro Uribe y sus partidarios sobre el “gran” éxito de la ley de Justicia y Paz, porque con ella -dicen- se desmovilizaron 30.915 paramilitares, silencia verdades al respecto. Aun cuando en la cuentas del gobierno aparecen como desmovilizadas esas tropas, las armas entregadas apenas sumaron 17.540, el encargado de la reinserción a la vida civil de esos combatientes, Frank Pearl, informó que no tiene ninguna noticia sobre 4.731 de ellos (El Tiempo, 13 de febrero de 2007), hubo grupos paramilitares que no se acogieron a la Ley y volvieron a sus actividades ilegales muchos de los que se comprometieron a salirse de ellas, todo lo cual ayuda a explicar por qué la OEA calcula en 3.200 el número de nuevos paramilitares. Y seguramente no es posible encontrar un solo colombiano que exprese su convencimiento acerca de que los jefes paramilitares que se acogieron a las normas que los favorecen hayan efectivamente cesado todo vínculo con los instrumentos de coacción que se comprometieron a abandonar. No es sorprendente, entonces, que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el 5 de marzo de 2007, informara: “Resulta de especial preocupación el hecho de que numerosos integrantes de los cuadros medios del paramilitarismo no se desmovilizaron o han vuelto a armarse y dirigen nuevos grupos armados ilegales que han ido surgiendo en distintas partes del país. Las características de éstos revelan una fuerte compenetración con el crimen organizado y el narcotráfico. Preocupa a la Alta Comisionada el hecho de que sigan en pie estructuras políticas y económicas creadas por paramilitares en varias entidades territoriales y diversos sectores sociales.
“Se recibieron quejas sobre casos en los cuales la libertad de opinión y de expresión se vio afectada por las condiciones de riesgo en que desarrollan su labor quienes opinan o informan sobre temas relacionados con el proceso de desmovilización de los paramilitares y la actuación de servidores públicos comprometidos en actos de violencia o corrupción, o con el paramilitarismo. Casos de esta índole se dieron en Bogotá, Atlántico, Bolívar, Santander, Sucre, Córdoba, Magdalena, Arauca, Antioquia, Cauca y Valle.
La laxitud del Presidente y del uribismo
La actitud laxa del presidente Uribe y de las organizaciones políticas uribistas con respecto a dirigentes políticos que tenían vínculos con los paramilitares puede documentarse de muchas maneras. A tanto llegaron las cosas, que la propia Embajada de Estados Unidos en Bogotá tuvo que ejercer presiones para que se desvinculara de dichas colectividades políticas a algunos congresistas que aspiraban a reelegirse en las elecciones de 2006 y para que Alvaro Uribe solicitara que fuera investigado uno de esos partidos. Pero una vez pasadas las elecciones y asegurada la reelección del Presidente, el ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, se encargó de desnudar la farsa, según lo explicó en el periódico El Tiempo del 9 de julio de 2006:
“- ¿Qué va a pasar con las personas que fueron expulsadas del uribismo y fueron elegidas en el Congreso? - El gobierno siempre respetó las decisiones de los partidos. Ellos tienen la facultad de ver con quién trabajan o no en sus organizaciones. Una vez elegidos, todos los congresistas tienen el mismo respeto y aprecio del gobierno colombiano. - ¿Aceptarán la ayuda de los parlamentarios a los que el gobierno pidió investigar? - El Presidente no tomó partido. Cuando conoció las denuncias hizo lo que todo buen demócrata: pidió que las investigara la Fiscalía. Si alguien tiene credencial de congresistas, a esa persona hay que respetarla. Y, como ministro, trabajaré con cada uno de ellos. Si están en la oposición, para entenderme con ellos. Y si no, para que nos apoyen con entusiasmo en la aprobación de los proyectos. El apoyo de todos los congresistas es bienvenido” (El Tiempo, 9 de julio de 2006).
Entre los analistas que han denunciado la alcahuetería de Alvaro Uribe frente a las andanzas de los parapolíticos, resaltan las opiniones de César Gaviria Trujillo, ex presidente de la República, jefe único del Partido Liberal y ex secretario general de la OEA:
“Uribe ha sido laxo con los paramilitares” (El Espectador, 4 de febrero de 2007). “El presidente no usó todos los mecanismos que tenía para averiguar por las fechorías de muchas personas sobre las cuales ya había información de que podrían estar vinculados con el paramilitarismo. No la usó para que sus amigos pudieran hacer sus listas” (El Tiempo, 19 de noviembre de 2006). “En la campaña le pedí al Presidente que dijera que no quería ningún tipo de apoyo de sectores vinculados al paramilitarismo. Lo dije muchas veces. Infortunadamente, fracasé en conseguir respuesta… el Presidente ha debido decir de manera expresa que él no quería apoyo paramilitar” (El Tiempo, 19 de noviembre de 2006). “El presidente tuvo una actitud pasiva ante el tema de los congresistas vinculados con los paras. No se puede poner de espectador y mucho menos hacerse el de la vista gorda” (Cambio, 20 de noviembre de 2006). “El Presidente y el gobierno deberían anunciar que van a contribuir con toda su capacidad de investigación en el proceso que ha iniciado la Corte y que el DAS, la policía y la inteligencia militar contribuirán” (El Tiempo, 19 de noviembre de 2006).
Agosto 29 de 2007 -
Ejército atacó campamento de Carlos Antonio Lozada, jefe de milicias de las Farc
El guerrillero, que fue negociador de ese grupo armado en los diálogos con el gobierno Pastrana, habría resultado herido. Su computador está en manos del Ejército desde finales de julio.
Lozada, que estructuró en 1995 todo el esquema miliciano de la guerrilla, que fue negociador de las Farc en el proceso con el gobierno de Andrés Pastrana y es uno de los tres voceros designados por 'Manuel Marulanda' para el intercambio humanitario, se ha movido los tres últimos años entre Uribe y el área del Guayabero, en la zona de La Macarena.
Después de la muerte de alias el 'Campesino', el pasado 15 de julio, la Fudra logró llegar hasta el campamento de Lozada, en inmediaciones del río Guayabero. Allí, el guerrillero, que hace parte del estado mayor del bloque Oriental, Embo, estaba reunido con otros subversivos de importancia.
El combate fue tan repentino que no le dio tiempo a Lozada y a sus hombres de llevarse sus pertenencias. Tres guerrilleros murieron y Lozada huyó, pero al parecer herido, según lo confirmaron a EL TIEMPO fuentes de diferentes sectores.
Cae jefe del PC3 en Bogotá
Este diario confirmó que uno de los muertos es alias 'Cristobal', el hombre que comandaba en Bogotá el Partido Comunista Clandestino Colombiano, PC3, y quien había hecho parte de los comités temáticos en los diálogos de paz.
Después del combate y en medio de su fuga, los guerrilleros no pudieron recuperar el cadáver de 'Cristobal' . Lozada dejó abandonado su computador personal, que está en manos de la Fuerza de Tarea Omega que lidera el 'Plan Consolidación'.
También quedaron documentos, su equipo de campaña y objetos personales.
Al respecto, los organismos de inteligencia señalan que aún no se tiene una confirmación de inteligencia técnica o humana de que Lozada estuviera en graves condiciones de salud. "Sin embargo han llegado los rumores", agregó una fuente en Bogotá.
Sobre la muerte de 'Cristobal', la misma fuente señaló que su cuerpo fue identificado por un desmovilizado que conoció al guerrillero en la Universidad Nacional, cuando era profesor.
El resto de los datos y averiguaciones se mantienen en reserva para no entorpecer las operaciones.
La muerte de este ideólogo y jefe de las Farc se suma a otros golpes dados por las Fuerzas Militares como el de 'JJ', jefe del frente 'Manuel Cepeda Vargas' en el Valle.
De profesor universitario a jefe del 'PC3'
Alias 'Diego Cristobal' se inició dentro de las Farc como activista en reuniones en Bogotá con diferentes sectores y luego reclutó estudiantes desde su trabajo como profesor en las universidades Nacional y Libre, según los informes que han entregado varios desmovilizados al Ejército.
Durante la zona de despeje, en el Caguán, hizo parte de los comités temáticos del grupo guerrillero.
En el 2004, cuando Carlos Antonio Lozada y Marbel Zamora, 'Chucho', se internan en La Julia (Meta), 'Cristobal queda al frente de las milicias urbanas en Bogotá y posteriormente, por orden del 'Mono Jojoy' se encarga de la coordinación del 'PC3'.
La clave del 'Mono Jojoy'
Carlos Antonio Lozada Gallo, oriundo de Bogotá y con formación académica en el exterior, fue uno de los hombres de la 'cosecha' de Jorge Briceño Suárez, alias el 'Mono Jojoy'.
Inicialmente militó en las juventudes comunistas y algunas organizaciones de izquierda, pero sus ideas lo llevaron a ingresar a las Farc, donde los conocimientos adquiridos en Rusia le dieron la responsabilidad de armar las Milicias Bolivarianas.
Su primer golpe fue la toma a la estación de Policía de Kennedy en la capital, en 1996. Luego vinieron otras acciones que le dieron estatus dentro de las Farc.
Así, en el 2000 es nombrado integrante de los Comités Temáticos de los diálogos de paz y hace por lo menos tres años apareció en la terna de voceros de las Farc para el intercambio humanitario, al lado de 'Fabián Ramírez' y 'Felipe Rincón'.
Carlos Antonio Lozada tuvo que salir de Cundinamarca en el año 2003, cuando el Ejército lanzó la operación 'Libertad Uno', que golpeó no solo los frentes de las Farc, sino las estructuras de las milicias en los municipios del departamento.
REDACCIÓN JUSTICIA
Ejército atacó campamento de Carlos Antonio Lozada, jefe de milicias de las Farc
El guerrillero, que fue negociador de ese grupo armado en los diálogos con el gobierno Pastrana, habría resultado herido. Su computador está en manos del Ejército desde finales de julio.
Lozada, que estructuró en 1995 todo el esquema miliciano de la guerrilla, que fue negociador de las Farc en el proceso con el gobierno de Andrés Pastrana y es uno de los tres voceros designados por 'Manuel Marulanda' para el intercambio humanitario, se ha movido los tres últimos años entre Uribe y el área del Guayabero, en la zona de La Macarena.
Después de la muerte de alias el 'Campesino', el pasado 15 de julio, la Fudra logró llegar hasta el campamento de Lozada, en inmediaciones del río Guayabero. Allí, el guerrillero, que hace parte del estado mayor del bloque Oriental, Embo, estaba reunido con otros subversivos de importancia.
El combate fue tan repentino que no le dio tiempo a Lozada y a sus hombres de llevarse sus pertenencias. Tres guerrilleros murieron y Lozada huyó, pero al parecer herido, según lo confirmaron a EL TIEMPO fuentes de diferentes sectores.
Cae jefe del PC3 en Bogotá
Este diario confirmó que uno de los muertos es alias 'Cristobal', el hombre que comandaba en Bogotá el Partido Comunista Clandestino Colombiano, PC3, y quien había hecho parte de los comités temáticos en los diálogos de paz.
Después del combate y en medio de su fuga, los guerrilleros no pudieron recuperar el cadáver de 'Cristobal' . Lozada dejó abandonado su computador personal, que está en manos de la Fuerza de Tarea Omega que lidera el 'Plan Consolidación'.
También quedaron documentos, su equipo de campaña y objetos personales.
Al respecto, los organismos de inteligencia señalan que aún no se tiene una confirmación de inteligencia técnica o humana de que Lozada estuviera en graves condiciones de salud. "Sin embargo han llegado los rumores", agregó una fuente en Bogotá.
Sobre la muerte de 'Cristobal', la misma fuente señaló que su cuerpo fue identificado por un desmovilizado que conoció al guerrillero en la Universidad Nacional, cuando era profesor.
El resto de los datos y averiguaciones se mantienen en reserva para no entorpecer las operaciones.
La muerte de este ideólogo y jefe de las Farc se suma a otros golpes dados por las Fuerzas Militares como el de 'JJ', jefe del frente 'Manuel Cepeda Vargas' en el Valle.
De profesor universitario a jefe del 'PC3'
Alias 'Diego Cristobal' se inició dentro de las Farc como activista en reuniones en Bogotá con diferentes sectores y luego reclutó estudiantes desde su trabajo como profesor en las universidades Nacional y Libre, según los informes que han entregado varios desmovilizados al Ejército.
Durante la zona de despeje, en el Caguán, hizo parte de los comités temáticos del grupo guerrillero.
En el 2004, cuando Carlos Antonio Lozada y Marbel Zamora, 'Chucho', se internan en La Julia (Meta), 'Cristobal queda al frente de las milicias urbanas en Bogotá y posteriormente, por orden del 'Mono Jojoy' se encarga de la coordinación del 'PC3'.
La clave del 'Mono Jojoy'
Carlos Antonio Lozada Gallo, oriundo de Bogotá y con formación académica en el exterior, fue uno de los hombres de la 'cosecha' de Jorge Briceño Suárez, alias el 'Mono Jojoy'.
Inicialmente militó en las juventudes comunistas y algunas organizaciones de izquierda, pero sus ideas lo llevaron a ingresar a las Farc, donde los conocimientos adquiridos en Rusia le dieron la responsabilidad de armar las Milicias Bolivarianas.
Su primer golpe fue la toma a la estación de Policía de Kennedy en la capital, en 1996. Luego vinieron otras acciones que le dieron estatus dentro de las Farc.
Así, en el 2000 es nombrado integrante de los Comités Temáticos de los diálogos de paz y hace por lo menos tres años apareció en la terna de voceros de las Farc para el intercambio humanitario, al lado de 'Fabián Ramírez' y 'Felipe Rincón'.
Carlos Antonio Lozada tuvo que salir de Cundinamarca en el año 2003, cuando el Ejército lanzó la operación 'Libertad Uno', que golpeó no solo los frentes de las Farc, sino las estructuras de las milicias en los municipios del departamento.
REDACCIÓN JUSTICIA
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