Capturado el alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo
Por el homicidio del abogado Alfredo Enrique Flórez, señalado por el mandatario local como auxiliar de la guerrilla, fue detenido este viernes Suárez Corzo en el palacio municipal de esta ciudad
El testimonio del ex paramilitar Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, y las investigaciones de la Fiscalía delataron al actual alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, detenido este viernes por el asesinato del abogado Alfredo Enrique Flórez , quien se desempeñaba como asesor de la Alcaldía de esta ciudad hace cuatro años.
En mayo pasado ‘El Iguano’, quien trabajaba con Salvatore Mancuso en el Bloque Catatumbo de las autodefensas, dijo ante un juez de Justicia y Paz en Barranquilla que cuando era candidato a la alcaldía, Suárez le pidió a esta organización “neutralizar” a dos personas cercanas a la guerrilla de las Farc.
De acuerdo con la versión del desmovilizado, la idea era que el grupo paramilitar debería tener participación en la Secretaría de Tránsito de Cúcuta, siempre y cuando Suárez fuera elegido alcalde en el 2004.
Según un comunicado de la Fiscalía General, Ramiro Suárez está sindicado como “presunto determinador del homicidio agravado de Alfredo Enrique Flórez”, quien a su vez era la esposo de Ana María Flórez, ex directora seccional de Fiscalías de Norte de Santander, quien tiene una orden de captura por nexos con paramilitares.
Por esta razón, el CTI de la Fiscalía llegó esta mañana a la sede de la alcaldía de la capital nortesantandereana en busca del mandatario, para hacer efectiva una medida de aseguramiento de detención preventiva, sin beneficio de excarcelación, proferida por un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH basado en pruebas testimoniales directas, en pruebas trasladadas y en inspecciones judiciales.
Curiosamente, decenas de personas se agolpaban a las afueras de la sede del alcalde para protestar por la medida, pues consideran que Suárez Corzo ha sido uno de los pocos que ha modernizado esta ciudad.
Corzo ya había sido capturado en 2004 por concierto para delinquir agravado. En ese entonces, quien lo delató fue un miembro de las AUC llamado Jonathan Sepúlveda.
“El capturado tiene conocimiento de una reunión entre un comandante con el alias ‘Andrés’ o ‘El Gato’, un agente de la Ponal (Policía Nacional) de apellido Soto y el candidato a la alcaldía Ramiro Suárez Corzo. Asegurando que el agente de apellido Soto es el enlace principal con los comandantes y Suárez Corzo (...) por intermedio de éste (Martín Soto), Ramiro Suárez mantiene la comunicación con ‘El Gato’ y la organización AUC, y es así como se coordinan algunos trabajos delictivos, como las muertes del doctor Enrique Flórez y el candidato a la Gobernación de Norte de Santander Tirso Vélez”, decía uno de los apartes del informe que rindió ante las autoridades el capturado (ver Artículos Relacionados). Sin embargo, la investigación precluyó en marzo del año siguiente, por falta de pruebas.
Publicado en www.semana.com
sábado, 8 de septiembre de 2007
Perdón y olvido
Perdón y olvido
Enviado por elturbion el Dom, 26/08/2007 - 11:31am. Opinión
Por: Juan Diego García
No transcurre un día sin que nuevos acontecimientos vengan a dar la razón a quienes han criticado la manera como el gobierno colombiano trata la cuestión del paramilitarismo. Desde los que señalan las debilidades jurídicas y políticas de la Ley de justicia y paz, con sus limitaciones clamorosas de medios y personal para someter a juicio a varios miles de supuestos desmovilizados, hasta quienes abiertamente le niegan a dicha política el propósito efectivo de acabar con la extrema derecha y acusan a Uribe Vélez de haberse aprovechado de quienes ahora le cobran sus servicios y le someten a un chantaje permanente y público.
Ahora, el presidente colombiano pretende convertir a los 'paras' en delincuentes políticos, mediante la figura jurídica de la sedición, pasando entonces de ser simples bandidos a convertirse en opositores ilegales del Estado. La reacción nacional ha sido inmediata: tras un agrio enfrentamiento con el Poder Judicial y el rechazo generalizado de la opinión pública, a Uribe no le queda sino el respaldo irrestricto de su bancada mayoritaria en un Parlamento desprestigiado y profundamente afectado por el escándalo de la 'parapolítica'. Si una nueva ley convierte a los paramilitares en sediciosos, éstos devienen automáticamente en actores políticos y sus actos adquieren la naturaleza de la conducta desinteresada, altruista y sin ánimo de lucro personal que se asocia comúnmente con el delito de sedición. El sedicioso es ilegal, sin duda, pero puede alegar una cierta legitimidad.
Pero todo se opone al deseo presidencial. Nada respalda la idea de un paramilitarismo políticamente opuesto al Estado e inspirado por motivaciones ajenas al beneficio personal o de grupo, que son, precisamente, las características del delito político de la sedición.
Para comenzar, los 'paras' justifican su existencia, precisamente, como auxiliares del Estado en su lucha contra la guerrilla y no como una fuerza opuesta al sistema: mal se puede aducir ahora que son luchadores políticos levantados en insurgencia contra el Estado. Más aún, la extrema derecha armada ha sido promovida, principalmente, desde el gobierno y la clase dominante y, aun en los casos de surgimiento espontáneo, siempre ha habido connivencia con el poder político y económico y entusiasmado apoyo de determinados sectores de la población. El Estado es responsable en unos casos por acción y en otros por omisión, y sólo una idea retorcida e interesada permitiría afirmar que los paramilitares nacen como una fuerza contra el Estado y el sistema. Las huestes armadas de la extrema derecha han sido un complemento -incómodo para los más puritanos- o un mal necesario -para los más cínicos-, pero en ningún caso enemigos del Estado.
Tampoco concurre la condición del desprendimiento personal y la inspiración altruista que va asociada a la figura de la sedición. Equivocados o no, los sediciosos no buscan el beneficio individual, no devengan un salario por su participación en la revuelta, alegan buscar el bien común y estar inspirados en una determinada ideología. Los 'paras' confiesan un anticomunismo feroz y se declaran abiertos defensores de la civilización occidental, cristiana y capitalista pero no actúan de manera desinteresada. Sus combatientes rasos ganan una mensualidad muy superior al salario mínimo y tienen derecho de saqueo -que practican con enorme entusiasmo, incluyendo las violaciones y otros delitos contra las personas-, todo lo cual anula la supuesta inspiración altruista de su compromiso. Ni hablar de los jefes medios y altos del paramilitarismo, que han amasado fortunas enormes al calor de la guerra, apropiándose de tierras, ganados y otros bienes, extorsionando sin medida y practicando a gran escala el tráfico de sustancias psicotrópicas ilegales. Además, su presencia en las instituciones públicas les ha permitido -mediante el terror- hacerse con buena parte del presupuesto de municipios y regiones enteras. Nada de esto se armoniza con la figura del sedicioso. En realidad, coincide plenamente con la conducta del mercenario o 'soldado de fortuna', quien también alega 'ideales' semejantes para lucrarse de la guerra.
La ayuda de los 'paras' a las autoridades –desbordadas, dicen, por la acción guerrillera- se hace mediante prácticas que violan gravemente las mismas leyes colombianas y resultan incompatibles con cualquier norma del Derecho Internacional Humanitario: secuestro y desaparición de civiles, robo y extorsión, masacres, ejecuciones extrajudiciales, etnocidio -contra minorías negras e indígenas-, terrorismo contra poblaciones enteras y contra dirigentes y activistas sociales, desplazamiento forzado de millones de campesinos -entre tres y seis millones, según la fuente-, torturas, vejaciones de todo tipo -incluido el descuartizamiento de sus víctimas-, allanamientos, intimidación y un largo etcétera del que son responsables directos y autores materiales. Unas prácticas, entonces, difícilmente asociables con los delitos conexos o asociados a la sedición y carentes por completo de carácter político.
Los paramilitares colombianos ni siquiera pueden alegar en su favor haber tenido que soportar la dura prueba de la lucha irregular y los rigores de la clandestinidad, que tanto afectan a revolucionarios y sediciosos. La insurgencia guerrillera no ha sido su objetivo directo y apenas han penetrado en las tupidas selvas del país en busca de sus odiados enemigos de la guerrilla. En realidad, se limitan a operar en los poblados y caseríos de las zonas guerrilleras y en las áreas urbanas, haciendo víctimas entre civiles desarmados que, en su opinión, eran simpatizantes de la guerrilla o directos aliados de la subversión. Los narcoparamilitares han vivido sin sobresaltos destacables, contando con la protección de las autoridades y, en caso de detención, tratados a cuerpo de rey, como bien mostraba un reciente documental del canal oficial de la televisión española (RTVE).
Cuando resultan demasiado incómodos, sencillamente 'fallecen' para ir a descansar discretamente en los Estados Unidos, Israel, Canadá o Europa. Así lo denuncian algunas organizaciones humanitarias y lo confirman las propias confesiones ante la justicia de algunos 'paras' destacados. Si se convierten en un riesgo grave para el proyecto paramilitar, una mano oportuna pone fin a sus vidas y anula el peligro de que hablen los que tanto saben.
Ahora, en un patético llamamiento, Uribe Vélez solicita a su mayoría parlamentaria que retuerzan una vez más la legislación vigente y conviertan a los paramilitares en delincuentes políticos, dando así un marco legal presentable al perdón y olvido. Una ley nueva que dificulte la oposición de los juristas -los de Colombia son especialmente rigurosos, tradicionalistas y formales- y pase el tamiz de los más exigentes. Todo con tal de poder cumplir con aquellos a quienes tanto debe.
Para compensar el estropicio, el presidente colombiano sorprende con nuevas propuesta a la guerrilla para que se avenga a un proceso de negociación, pero en términos mucho más restrictivos que los anteriores, que ya han sido rechazados por los insurgentes. Presa del nerviosismo que se ha generalizado en éste, su quinto año de gobierno, Álvaro Uribe parece dar palos de ciego. El estilo pendenciero del Primer Mandatario tampoco contribuye a mejorar la atmósfera propiciando algún acercamiento. Sus salidas inesperadas cambian de un día para otro la dirección de su política, desorientando a propios y ajenos: hoy promete sangre y fuego, y la liquidación final de la guerrilla, y mañana dice tender la mano a los insurgentes con propuestas que a éstos más les parecen provocaciones que sinceros deseos de dialogar.
Uribe no escucha ya ni a los suyos y se empeña en desconocer la realidad del conflicto: en arranques de dudosa lírica, en sus discursos exaltados se refiere a los guerrilleros con los peores epítetos posibles, mientras califica a los paramilitares de 'muchachos' equivocados a los cuales, por arte de sus deseos y compromisos, quiere ahora convertir en delincuentes políticos, cuando todas las evidencias indican lo contrario.
Para cualquiera que no comparta la teoría de la generación espontánea este acontecimiento suscita interrogantes de todo tipo. ¿Cómo explicar que una democracia como la colombiana, supuestamente modelo para el continente, genere en su seno un fenómeno tan monstruoso como el paramilitarismo? ¿Qué clase dirigente tiene Colombia que crea y tolera un fenómeno social tan perverso? ¿A qué intereses nacionales y extranjeros responde la ultraderecha colombiana? Por estos interrogantes habría que comenzar para el necesario establecimiento de unas responsabilidades que, sin ninguna duda, van mucho más allá de los personajes siniestros que constituyen las mal llamadas 'autodefensas' y a quienes Uribe Vélez desea convertir ahora en delincuentes políticos.
Publicado en www.elturbion.modep.org
Enviado por elturbion el Dom, 26/08/2007 - 11:31am. Opinión
Por: Juan Diego García
No transcurre un día sin que nuevos acontecimientos vengan a dar la razón a quienes han criticado la manera como el gobierno colombiano trata la cuestión del paramilitarismo. Desde los que señalan las debilidades jurídicas y políticas de la Ley de justicia y paz, con sus limitaciones clamorosas de medios y personal para someter a juicio a varios miles de supuestos desmovilizados, hasta quienes abiertamente le niegan a dicha política el propósito efectivo de acabar con la extrema derecha y acusan a Uribe Vélez de haberse aprovechado de quienes ahora le cobran sus servicios y le someten a un chantaje permanente y público.
Ahora, el presidente colombiano pretende convertir a los 'paras' en delincuentes políticos, mediante la figura jurídica de la sedición, pasando entonces de ser simples bandidos a convertirse en opositores ilegales del Estado. La reacción nacional ha sido inmediata: tras un agrio enfrentamiento con el Poder Judicial y el rechazo generalizado de la opinión pública, a Uribe no le queda sino el respaldo irrestricto de su bancada mayoritaria en un Parlamento desprestigiado y profundamente afectado por el escándalo de la 'parapolítica'. Si una nueva ley convierte a los paramilitares en sediciosos, éstos devienen automáticamente en actores políticos y sus actos adquieren la naturaleza de la conducta desinteresada, altruista y sin ánimo de lucro personal que se asocia comúnmente con el delito de sedición. El sedicioso es ilegal, sin duda, pero puede alegar una cierta legitimidad.
Pero todo se opone al deseo presidencial. Nada respalda la idea de un paramilitarismo políticamente opuesto al Estado e inspirado por motivaciones ajenas al beneficio personal o de grupo, que son, precisamente, las características del delito político de la sedición.
Para comenzar, los 'paras' justifican su existencia, precisamente, como auxiliares del Estado en su lucha contra la guerrilla y no como una fuerza opuesta al sistema: mal se puede aducir ahora que son luchadores políticos levantados en insurgencia contra el Estado. Más aún, la extrema derecha armada ha sido promovida, principalmente, desde el gobierno y la clase dominante y, aun en los casos de surgimiento espontáneo, siempre ha habido connivencia con el poder político y económico y entusiasmado apoyo de determinados sectores de la población. El Estado es responsable en unos casos por acción y en otros por omisión, y sólo una idea retorcida e interesada permitiría afirmar que los paramilitares nacen como una fuerza contra el Estado y el sistema. Las huestes armadas de la extrema derecha han sido un complemento -incómodo para los más puritanos- o un mal necesario -para los más cínicos-, pero en ningún caso enemigos del Estado.
Tampoco concurre la condición del desprendimiento personal y la inspiración altruista que va asociada a la figura de la sedición. Equivocados o no, los sediciosos no buscan el beneficio individual, no devengan un salario por su participación en la revuelta, alegan buscar el bien común y estar inspirados en una determinada ideología. Los 'paras' confiesan un anticomunismo feroz y se declaran abiertos defensores de la civilización occidental, cristiana y capitalista pero no actúan de manera desinteresada. Sus combatientes rasos ganan una mensualidad muy superior al salario mínimo y tienen derecho de saqueo -que practican con enorme entusiasmo, incluyendo las violaciones y otros delitos contra las personas-, todo lo cual anula la supuesta inspiración altruista de su compromiso. Ni hablar de los jefes medios y altos del paramilitarismo, que han amasado fortunas enormes al calor de la guerra, apropiándose de tierras, ganados y otros bienes, extorsionando sin medida y practicando a gran escala el tráfico de sustancias psicotrópicas ilegales. Además, su presencia en las instituciones públicas les ha permitido -mediante el terror- hacerse con buena parte del presupuesto de municipios y regiones enteras. Nada de esto se armoniza con la figura del sedicioso. En realidad, coincide plenamente con la conducta del mercenario o 'soldado de fortuna', quien también alega 'ideales' semejantes para lucrarse de la guerra.
La ayuda de los 'paras' a las autoridades –desbordadas, dicen, por la acción guerrillera- se hace mediante prácticas que violan gravemente las mismas leyes colombianas y resultan incompatibles con cualquier norma del Derecho Internacional Humanitario: secuestro y desaparición de civiles, robo y extorsión, masacres, ejecuciones extrajudiciales, etnocidio -contra minorías negras e indígenas-, terrorismo contra poblaciones enteras y contra dirigentes y activistas sociales, desplazamiento forzado de millones de campesinos -entre tres y seis millones, según la fuente-, torturas, vejaciones de todo tipo -incluido el descuartizamiento de sus víctimas-, allanamientos, intimidación y un largo etcétera del que son responsables directos y autores materiales. Unas prácticas, entonces, difícilmente asociables con los delitos conexos o asociados a la sedición y carentes por completo de carácter político.
Los paramilitares colombianos ni siquiera pueden alegar en su favor haber tenido que soportar la dura prueba de la lucha irregular y los rigores de la clandestinidad, que tanto afectan a revolucionarios y sediciosos. La insurgencia guerrillera no ha sido su objetivo directo y apenas han penetrado en las tupidas selvas del país en busca de sus odiados enemigos de la guerrilla. En realidad, se limitan a operar en los poblados y caseríos de las zonas guerrilleras y en las áreas urbanas, haciendo víctimas entre civiles desarmados que, en su opinión, eran simpatizantes de la guerrilla o directos aliados de la subversión. Los narcoparamilitares han vivido sin sobresaltos destacables, contando con la protección de las autoridades y, en caso de detención, tratados a cuerpo de rey, como bien mostraba un reciente documental del canal oficial de la televisión española (RTVE).
Cuando resultan demasiado incómodos, sencillamente 'fallecen' para ir a descansar discretamente en los Estados Unidos, Israel, Canadá o Europa. Así lo denuncian algunas organizaciones humanitarias y lo confirman las propias confesiones ante la justicia de algunos 'paras' destacados. Si se convierten en un riesgo grave para el proyecto paramilitar, una mano oportuna pone fin a sus vidas y anula el peligro de que hablen los que tanto saben.
Ahora, en un patético llamamiento, Uribe Vélez solicita a su mayoría parlamentaria que retuerzan una vez más la legislación vigente y conviertan a los paramilitares en delincuentes políticos, dando así un marco legal presentable al perdón y olvido. Una ley nueva que dificulte la oposición de los juristas -los de Colombia son especialmente rigurosos, tradicionalistas y formales- y pase el tamiz de los más exigentes. Todo con tal de poder cumplir con aquellos a quienes tanto debe.
Para compensar el estropicio, el presidente colombiano sorprende con nuevas propuesta a la guerrilla para que se avenga a un proceso de negociación, pero en términos mucho más restrictivos que los anteriores, que ya han sido rechazados por los insurgentes. Presa del nerviosismo que se ha generalizado en éste, su quinto año de gobierno, Álvaro Uribe parece dar palos de ciego. El estilo pendenciero del Primer Mandatario tampoco contribuye a mejorar la atmósfera propiciando algún acercamiento. Sus salidas inesperadas cambian de un día para otro la dirección de su política, desorientando a propios y ajenos: hoy promete sangre y fuego, y la liquidación final de la guerrilla, y mañana dice tender la mano a los insurgentes con propuestas que a éstos más les parecen provocaciones que sinceros deseos de dialogar.
Uribe no escucha ya ni a los suyos y se empeña en desconocer la realidad del conflicto: en arranques de dudosa lírica, en sus discursos exaltados se refiere a los guerrilleros con los peores epítetos posibles, mientras califica a los paramilitares de 'muchachos' equivocados a los cuales, por arte de sus deseos y compromisos, quiere ahora convertir en delincuentes políticos, cuando todas las evidencias indican lo contrario.
Para cualquiera que no comparta la teoría de la generación espontánea este acontecimiento suscita interrogantes de todo tipo. ¿Cómo explicar que una democracia como la colombiana, supuestamente modelo para el continente, genere en su seno un fenómeno tan monstruoso como el paramilitarismo? ¿Qué clase dirigente tiene Colombia que crea y tolera un fenómeno social tan perverso? ¿A qué intereses nacionales y extranjeros responde la ultraderecha colombiana? Por estos interrogantes habría que comenzar para el necesario establecimiento de unas responsabilidades que, sin ninguna duda, van mucho más allá de los personajes siniestros que constituyen las mal llamadas 'autodefensas' y a quienes Uribe Vélez desea convertir ahora en delincuentes políticos.
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Septiembre 8 de 2007 -
Comisión del CICR ya tiene indicaciones de dónde estarían cuerpos de los otros seis ex diputados
Ayer, el delegado del Comité en el suroccidente, Nicolás Von Arx, confirmó que ya fueron encontrados cinco cadáveres en el sitio que corresponde a las coordenadas entregadas por las Farc.
"Esto es positivo y los familiares están viendo las bondades de la misión humanitaria", dijo el defensor del Pueblo del Valle, Andrés Santamaría, a quien el delegado del CICR entregó la información a las 4:30 p.m. de ayer.La intención del organismo humanitario es tener todos los restos para trasladarlos a Cali en un solo viaje.
"Esperemos que todo salga bien y ojalá se den las condiciones para avanzar en los términos establecidos. De generarse un atraso en la operación, aspiramos a que el Gobierno Nacional autorice un nuevo plazo por el bienestar de las familias que llevan cinco días de espera", dijo el Defensor del Valle acerca del ultimátum fijado por el Gobierno hasta el domingo para las labores de búsqueda.
También el gobernador Angelino Garzón le solicitó al presidente Álvaro Uribe que retire el ultimátum. "Hay que reconocer el duro trabajo que viene realizando el Comité en una zona donde llueve día y noche, donde han tenido que abrir tres kilómetros de trocha por selva. Se trata de recuperar cadáveres con todas las técnicas que permitan conocer la verdad", dijo Garzón.
Por supuesto, los familiares de los ex diputados se se unieron a la solicitud. "Le pedimos (al Presidente) que deje terminar al CICR las labores, que no haya plazos definitivos", afirmó John Jairo Hoyos, hijo del diputado Jairo Hoyos.
Cali
Comisión del CICR ya tiene indicaciones de dónde estarían cuerpos de los otros seis ex diputados
Ayer, el delegado del Comité en el suroccidente, Nicolás Von Arx, confirmó que ya fueron encontrados cinco cadáveres en el sitio que corresponde a las coordenadas entregadas por las Farc.
"Esto es positivo y los familiares están viendo las bondades de la misión humanitaria", dijo el defensor del Pueblo del Valle, Andrés Santamaría, a quien el delegado del CICR entregó la información a las 4:30 p.m. de ayer.La intención del organismo humanitario es tener todos los restos para trasladarlos a Cali en un solo viaje.
"Esperemos que todo salga bien y ojalá se den las condiciones para avanzar en los términos establecidos. De generarse un atraso en la operación, aspiramos a que el Gobierno Nacional autorice un nuevo plazo por el bienestar de las familias que llevan cinco días de espera", dijo el Defensor del Valle acerca del ultimátum fijado por el Gobierno hasta el domingo para las labores de búsqueda.
También el gobernador Angelino Garzón le solicitó al presidente Álvaro Uribe que retire el ultimátum. "Hay que reconocer el duro trabajo que viene realizando el Comité en una zona donde llueve día y noche, donde han tenido que abrir tres kilómetros de trocha por selva. Se trata de recuperar cadáveres con todas las técnicas que permitan conocer la verdad", dijo Garzón.
Por supuesto, los familiares de los ex diputados se se unieron a la solicitud. "Le pedimos (al Presidente) que deje terminar al CICR las labores, que no haya plazos definitivos", afirmó John Jairo Hoyos, hijo del diputado Jairo Hoyos.
Cali
Siete orquestas de rock abrirán el domingo la Semana por la Paz en Bogotá
Septiembre 8 de 2007 -
Siete orquestas de rock abrirán el domingo la Semana por la Paz en Bogotá
Monojet, Equipoligero, Opensight, Peso Neto, 5y1Gato, Bhang, La 45 y César López y su Orquesta Neutral prenderán la fiesta desde el mediodía en el parque de Lourdes, en Chapinero.
César López es el creador de la 'escopetarra', una guitarra fabricada con el armazón de uno de los fusiles que hasta hace poco empuñaba algún miembro de los grupos armados ilegales. Este año, la Semana por la Paz llevará el lema: "La verdad vence a la impunidad. La verdad, fuerza de la paz".
El evento central de la programación es el Primer Encuentro de Madres por la Vida. A esta cita, según los organizadores, acudirán 300 madres víctimas de la violencia, provenientes de todas las regiones del país. También estarán algunas familiares de personalidades asesinadas, como el gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y el humorista Jaime Garzón y la mamá de la fórmula presidencial de Ingrid Betancourt, Clara Rojas, secuestrada por las Farc.
Ellas participarán en las mesas de trabajo en el Club de Ejecutivos y encabezarán un acto simbólico programado para el mediodía del miércoles en la Plaza de Bolívar. En esa jornada, las madres tejerán sobre un gran mapa de Colombia, el Mapa de la Memoria con las fotos de sus hijos muertos, desaparecidos o secuestrados.
Así mismo, se realizarán talleres y se dictarán conferencias sobre temas como el abuso sexual, la trata de blancas, la violencia intrafamiliar y el conflicto en las escuelas.
Además, habrá desfiles de comparsas y talleres y jornadas culturales con niños y jóvenes en Antioquia, Guajira, Risaralda, Caldas y Valle, entre otros.
Publicado en www.eltiempo.com
Siete orquestas de rock abrirán el domingo la Semana por la Paz en Bogotá
Monojet, Equipoligero, Opensight, Peso Neto, 5y1Gato, Bhang, La 45 y César López y su Orquesta Neutral prenderán la fiesta desde el mediodía en el parque de Lourdes, en Chapinero.
César López es el creador de la 'escopetarra', una guitarra fabricada con el armazón de uno de los fusiles que hasta hace poco empuñaba algún miembro de los grupos armados ilegales. Este año, la Semana por la Paz llevará el lema: "La verdad vence a la impunidad. La verdad, fuerza de la paz".
El evento central de la programación es el Primer Encuentro de Madres por la Vida. A esta cita, según los organizadores, acudirán 300 madres víctimas de la violencia, provenientes de todas las regiones del país. También estarán algunas familiares de personalidades asesinadas, como el gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y el humorista Jaime Garzón y la mamá de la fórmula presidencial de Ingrid Betancourt, Clara Rojas, secuestrada por las Farc.
Ellas participarán en las mesas de trabajo en el Club de Ejecutivos y encabezarán un acto simbólico programado para el mediodía del miércoles en la Plaza de Bolívar. En esa jornada, las madres tejerán sobre un gran mapa de Colombia, el Mapa de la Memoria con las fotos de sus hijos muertos, desaparecidos o secuestrados.
Así mismo, se realizarán talleres y se dictarán conferencias sobre temas como el abuso sexual, la trata de blancas, la violencia intrafamiliar y el conflicto en las escuelas.
Además, habrá desfiles de comparsas y talleres y jornadas culturales con niños y jóvenes en Antioquia, Guajira, Risaralda, Caldas y Valle, entre otros.
Publicado en www.eltiempo.com
Recuperan cinco cadáveres de diputados muertos en cautiverio
Recuperan cinco cadáveres de diputados muertos en cautiverio
AP
El Universal
Cali, Colombia
Viernes 07 de septiembre de 2007
Advierte gobierno colombiano que no prolongará después del domingo la suspensión de las operaciones militares adoptada para realizar la entrega de los restos; aún faltan seis cuerpos por recuperar
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirmó el viernes la recuperación de cinco cadáveres de los 11 ex diputados regionales que murieron en cautiverio, mientras que el gobierno advirtió que no prolongará después del domingo la suspensión de las operaciones militares adoptada para realizar esas tareas.
``Ya tenemos en nuestro poder cinco cuerpos, cuatro hoy (viernes) y uno el jueves``, dijo Carlos Ríos, asesor de prensa del CICR. ``Todo va muy bien y tenemos muy buenas posibilidades``.
Mas temprano Barbara Hintermann, jefe de la delegación de la CICR, dijo en entrevista con la radio W que el primer cadáver fue encontrado en el mismo lugar señalado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La CICR no ha identificado el cuerpo y no pudo confirmar si se trata de uno de los diputados ya que esa tarea corresponde a una comisión internacional de médicos forenses que todavía no ha examinado los restos.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, advirtió que el congelamiento de las operaciones militares en la zona donde la CICR adelanta las operaciones para recuperar los cadáveres vencería el domingo.
``Más allá del domingo nos va a parecer muy difícil mantenerlo porque no podemos paralizar indefinidamente las operaciones militares en esa zona``, dijo Santos a la radio W.
Según Santos, la guerrilla estaría aprovechando esa parálisis para ``reorganizarse en esa zona, que es muy caliente (donde existen muchos combates)``.
Yves Heller, portavoz de la CICR, dijo a la AP que ``es muy difícil poner una fecha (para la recuperación de los cuerpos), por la situación en el terreno y la situación climática... si es necesario volveremos a pedir una extensión``.
En Cali, los familiares de los ex diputados seguían a la espera de información de la CICR y criticaron la decisión del gobierno de dar un plazo hasta el domingo para el retorno de los cuerpos.
Fabiola Perdomo, viuda de uno de los ex diputados y quien se ha convertido en portavoz de los familiares de los ex legisladores, criticó la decisión del gobierno y aseguró que las fuerzas militares deberían mantener el congelamiento hasta que se recuperen los cuerpos.
``El gobierno no logró proteger la vida de ellos. Ahora lo mínimo que puede hacer es ayudarnos para que regresen sus cuerpos``, dijo.
Los familiares esperan desde el lunes pasado el retorno de los cadáveres de los ex diputados, que fueron secuestrados por las FARC en el 2002 cuando un grupo de guerrilleros se hizo pasar por militares y evacuó la asamblea regional para llevarse a los ex legisladores.
Las FARC informaron sobre la muerte de los 11 ex diputados a finales de junio pasado y aseguraron que perecieron en medio de combates con un grupo armado que no identificó. El gobierno primero acusó a las FARC de ejecutar a sangre fría a los ex diputados, y luego dijo que murieron en medio de un confuso combate entre dos frentes de las FARC.
El caso enlutó al país y atizó el debate sobre un posible acuerdo humanitario que supondría la liberación de unos 45 rehenes de las FARC a cambio de la excarcelación de centenares de guerrilleros.
El presidente Alvaro Uribe rechaza la exigencia de la guerrilla de que despeje un territorio de 800 kilómetros cuadrados.
Las esperanzas de los familiares para que se logre el acuerdo se han vuelto a encender desde que el presidente venezolano Hugo Chávez anunció que mediaría para lograr una aproximación entre las dos partes.
Publicado en www.eluniversal.com.mx
AP
El Universal
Cali, Colombia
Viernes 07 de septiembre de 2007
Advierte gobierno colombiano que no prolongará después del domingo la suspensión de las operaciones militares adoptada para realizar la entrega de los restos; aún faltan seis cuerpos por recuperar
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirmó el viernes la recuperación de cinco cadáveres de los 11 ex diputados regionales que murieron en cautiverio, mientras que el gobierno advirtió que no prolongará después del domingo la suspensión de las operaciones militares adoptada para realizar esas tareas.
``Ya tenemos en nuestro poder cinco cuerpos, cuatro hoy (viernes) y uno el jueves``, dijo Carlos Ríos, asesor de prensa del CICR. ``Todo va muy bien y tenemos muy buenas posibilidades``.
Mas temprano Barbara Hintermann, jefe de la delegación de la CICR, dijo en entrevista con la radio W que el primer cadáver fue encontrado en el mismo lugar señalado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La CICR no ha identificado el cuerpo y no pudo confirmar si se trata de uno de los diputados ya que esa tarea corresponde a una comisión internacional de médicos forenses que todavía no ha examinado los restos.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, advirtió que el congelamiento de las operaciones militares en la zona donde la CICR adelanta las operaciones para recuperar los cadáveres vencería el domingo.
``Más allá del domingo nos va a parecer muy difícil mantenerlo porque no podemos paralizar indefinidamente las operaciones militares en esa zona``, dijo Santos a la radio W.
Según Santos, la guerrilla estaría aprovechando esa parálisis para ``reorganizarse en esa zona, que es muy caliente (donde existen muchos combates)``.
Yves Heller, portavoz de la CICR, dijo a la AP que ``es muy difícil poner una fecha (para la recuperación de los cuerpos), por la situación en el terreno y la situación climática... si es necesario volveremos a pedir una extensión``.
En Cali, los familiares de los ex diputados seguían a la espera de información de la CICR y criticaron la decisión del gobierno de dar un plazo hasta el domingo para el retorno de los cuerpos.
Fabiola Perdomo, viuda de uno de los ex diputados y quien se ha convertido en portavoz de los familiares de los ex legisladores, criticó la decisión del gobierno y aseguró que las fuerzas militares deberían mantener el congelamiento hasta que se recuperen los cuerpos.
``El gobierno no logró proteger la vida de ellos. Ahora lo mínimo que puede hacer es ayudarnos para que regresen sus cuerpos``, dijo.
Los familiares esperan desde el lunes pasado el retorno de los cadáveres de los ex diputados, que fueron secuestrados por las FARC en el 2002 cuando un grupo de guerrilleros se hizo pasar por militares y evacuó la asamblea regional para llevarse a los ex legisladores.
Las FARC informaron sobre la muerte de los 11 ex diputados a finales de junio pasado y aseguraron que perecieron en medio de combates con un grupo armado que no identificó. El gobierno primero acusó a las FARC de ejecutar a sangre fría a los ex diputados, y luego dijo que murieron en medio de un confuso combate entre dos frentes de las FARC.
El caso enlutó al país y atizó el debate sobre un posible acuerdo humanitario que supondría la liberación de unos 45 rehenes de las FARC a cambio de la excarcelación de centenares de guerrilleros.
El presidente Alvaro Uribe rechaza la exigencia de la guerrilla de que despeje un territorio de 800 kilómetros cuadrados.
Las esperanzas de los familiares para que se logre el acuerdo se han vuelto a encender desde que el presidente venezolano Hugo Chávez anunció que mediaría para lograr una aproximación entre las dos partes.
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Así fue la infiltración paramilitar de la política en Colombia
Así fue la infiltración paramilitar de la política en Colombia
Vea el texto completo de la investigación que la corporación Nuevo Arco Iris presentó este jueves en Bogotá sobre la extensión del poder de las autodefensas a la esfera pública regional y nacional.
Por León Valencia Agudelo, Corporación Nuevo Arco Iris
La Corporación Nuevo Arco Iris, con el auspicio de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional, ASDI, adelantó un proyecto de investigación y debate público entre finales de 2004 y mediados de 2006 sobre el fenómeno del paramilitarismo y las negociaciones de Santa Fe de Ralito para obtener la desmovilización de las AUC. El proyecto elaboró monografías regionales sobre la forma como los diferentes frentes de las AUC lograron dominio e influencia en Medellín, Córdoba, Sucre, El Magdalena Grande, Cundinamarca y Bogotá, Valle, Catatumbo y Norte de Santander, Casanare y Meta, lo mismo que los efectos de la violencia de esta organización sobre los grupos indígenas. Esta labor estuvo en manos de reconocidos investigadores, algunos de ellos regionales, y contó con la colaboración de centros de estudios de las universidades de Antioquia, Valle y Magdalena.
También se hizo un seguimiento de prensa, documentos oficiales y eventos públicos sobre el tema. El proyecto realizó foros de discusión con representantes del gobierno, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, MAPP / OEA, de la sociedad civil, del cuerpo diplomático, y de agencias y organismos internacionales. Además, se realizaron entrevistas a los propios actores del proceso de negociación por parte de un equipo central de investigación con sede en Bogotá.
La dirección de la investigación estuvo a cargo de Mauricio Romero y León Valencia, y este libro es el resultado de parte de ese trabajo, el cual presenta un testimonio de la expansión de algunos de los frentes que conformaron esa organización ilegal armada y de la forma como los intereses de los políticos confluyeron con los de los paramilitares en diversas regiones. El libro espera contribuir al entendimiento de ese fenómeno que tanto daño le hizo a la sociedad colombiana y a sus instituciones, no obstante sectores poderosos e influyentes los consideren “salvadores”, con los cuales el país tiene una deuda por haberle ganado territorio a la guerrilla que también se proyectaba amenazante en el mismo momento. El análisis de los diferentes artículos indica que el período 1997-2002 fue crítico en el crecimiento y expansión de los diferentes frentes de las AUC, en particular en la costa caribe, el pie de monte llanero, el sur-occidente, occidente y el centro del país. En donde esas fuerzas fueron bautizadas como bloque Norte, Catatumbo, Centauros, Vencedores de Arauca, Calima, Pacífico, Cacique Nutibara y Capital, entre otros, y sin considerar tal vez al mayor de todos, el Central Bolívar.
Esa concurrencia de expansión y crecimiento en el período mencionado, indica que más allá del carácter federativo y heterogéneo de las AUC y la existencia de una estructura de mando nacional inestable, con diversidad de intereses y propósitos, y en donde cada grupo actuaba de acuerdo con intereses particulares y locales, esos diferentes componentes también seguían un plan nacional de ampliación de su influencia y dominio. Eso es lo que se deduce de las lecturas de las monografías regionales y del capítulo de la parapolítica. Semejante coincidencia en el tiempo de ese esfuerzo de despliegue militar y control político local y regional no parece fortuita. Hay que recordar que mientras ocurría la expansión territorial de las AUC se llevaban a cabo unas difíciles negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana y las FARC, y la zona desmilitarizada del Caguán estaba en funcionamiento, frente a la cual los jefes de las AUC eran unos de los más encarnizados críticos. Constituyó esa ampliación de la influencia territorial y política de las AUC una respuesta a la negociación con las FARC y a la zona de despegue del Caguán? Hay indicios en los diferentes capítulos para pensar que en parte fue así y a un costo en vidas y sufrimiento desmesurado.
Otro aspecto importante que surge de la lectura de los textos del libro es el del comportamiento de las agencias estatales encargadas de la seguridad durante esa expansión paramilitar. En cada uno de los casos presentados hay una cierta forma de delegación de la fuerza a los grupos paramilitares, o una tolerancia frente a su operación o una incapacidad para combatirlos por parte de la fuerza pública que resulta desconcertante. Qué pasó realmente en ese período de cinco años en relación con las autoridades militares y de policía que no actuaron frente a la expansión de las AUC, la cual estaba masacrando a la población más pobre e indefensa? Aquí hay un vacío que es necesario aclarar para que esta circunstancia no se vuelva a repetir. Por momentos los hechos presentados llevarían a pensar, junto con los sectores más críticos de las fuerzas militares, que hubo una política deliberada para dejar actuar a los diferentes frentes de las AUC, pero esto sería una respuesta muy fácil. La pregunta sigue abierta y es urgente responderla.
El colapso del funcionamiento estatal y de los mecanismos de representación política en las regiones fue otra dimensión del dominio territorial de las AUC. Esta situación fue particularmente grave en el Meta, Magdalena, Sucre y Cesar, por citar algunos departamentos, y señala la dimensión de ese entramado social que apoyó a las AUC, el cual incluyó sectores económicos, fuerzas de seguridad y grupos políticos, que junto con el narcotráfico desestabilizaron la débil democracia y el endeble Estado de derecho que la Constitución de 1991 había ofrecido como una posibilidad en diferentes regiones.
Sólo queda agradecerle a ASDI la financiación para llevar a cabo este proyecto, a los amigas y amigos que colaboraron con la Corporación Nuevo Arco Iris en la realización de este propósito y a los lectores y lectoras del libro por su interés en conocer tan oscuro y dramático período de la historia reciente de Colombia. No hay que dudar que el conocimiento de lo sucedido ofrecerá aprendizajes y evitará que se repita la historia, por lo menos en el futuro cercano.
Publicado en www.semana.com
Vea el texto completo de la investigación que la corporación Nuevo Arco Iris presentó este jueves en Bogotá sobre la extensión del poder de las autodefensas a la esfera pública regional y nacional.
Por León Valencia Agudelo, Corporación Nuevo Arco Iris
La Corporación Nuevo Arco Iris, con el auspicio de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional, ASDI, adelantó un proyecto de investigación y debate público entre finales de 2004 y mediados de 2006 sobre el fenómeno del paramilitarismo y las negociaciones de Santa Fe de Ralito para obtener la desmovilización de las AUC. El proyecto elaboró monografías regionales sobre la forma como los diferentes frentes de las AUC lograron dominio e influencia en Medellín, Córdoba, Sucre, El Magdalena Grande, Cundinamarca y Bogotá, Valle, Catatumbo y Norte de Santander, Casanare y Meta, lo mismo que los efectos de la violencia de esta organización sobre los grupos indígenas. Esta labor estuvo en manos de reconocidos investigadores, algunos de ellos regionales, y contó con la colaboración de centros de estudios de las universidades de Antioquia, Valle y Magdalena.
También se hizo un seguimiento de prensa, documentos oficiales y eventos públicos sobre el tema. El proyecto realizó foros de discusión con representantes del gobierno, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, MAPP / OEA, de la sociedad civil, del cuerpo diplomático, y de agencias y organismos internacionales. Además, se realizaron entrevistas a los propios actores del proceso de negociación por parte de un equipo central de investigación con sede en Bogotá.
La dirección de la investigación estuvo a cargo de Mauricio Romero y León Valencia, y este libro es el resultado de parte de ese trabajo, el cual presenta un testimonio de la expansión de algunos de los frentes que conformaron esa organización ilegal armada y de la forma como los intereses de los políticos confluyeron con los de los paramilitares en diversas regiones. El libro espera contribuir al entendimiento de ese fenómeno que tanto daño le hizo a la sociedad colombiana y a sus instituciones, no obstante sectores poderosos e influyentes los consideren “salvadores”, con los cuales el país tiene una deuda por haberle ganado territorio a la guerrilla que también se proyectaba amenazante en el mismo momento. El análisis de los diferentes artículos indica que el período 1997-2002 fue crítico en el crecimiento y expansión de los diferentes frentes de las AUC, en particular en la costa caribe, el pie de monte llanero, el sur-occidente, occidente y el centro del país. En donde esas fuerzas fueron bautizadas como bloque Norte, Catatumbo, Centauros, Vencedores de Arauca, Calima, Pacífico, Cacique Nutibara y Capital, entre otros, y sin considerar tal vez al mayor de todos, el Central Bolívar.
Esa concurrencia de expansión y crecimiento en el período mencionado, indica que más allá del carácter federativo y heterogéneo de las AUC y la existencia de una estructura de mando nacional inestable, con diversidad de intereses y propósitos, y en donde cada grupo actuaba de acuerdo con intereses particulares y locales, esos diferentes componentes también seguían un plan nacional de ampliación de su influencia y dominio. Eso es lo que se deduce de las lecturas de las monografías regionales y del capítulo de la parapolítica. Semejante coincidencia en el tiempo de ese esfuerzo de despliegue militar y control político local y regional no parece fortuita. Hay que recordar que mientras ocurría la expansión territorial de las AUC se llevaban a cabo unas difíciles negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana y las FARC, y la zona desmilitarizada del Caguán estaba en funcionamiento, frente a la cual los jefes de las AUC eran unos de los más encarnizados críticos. Constituyó esa ampliación de la influencia territorial y política de las AUC una respuesta a la negociación con las FARC y a la zona de despegue del Caguán? Hay indicios en los diferentes capítulos para pensar que en parte fue así y a un costo en vidas y sufrimiento desmesurado.
Otro aspecto importante que surge de la lectura de los textos del libro es el del comportamiento de las agencias estatales encargadas de la seguridad durante esa expansión paramilitar. En cada uno de los casos presentados hay una cierta forma de delegación de la fuerza a los grupos paramilitares, o una tolerancia frente a su operación o una incapacidad para combatirlos por parte de la fuerza pública que resulta desconcertante. Qué pasó realmente en ese período de cinco años en relación con las autoridades militares y de policía que no actuaron frente a la expansión de las AUC, la cual estaba masacrando a la población más pobre e indefensa? Aquí hay un vacío que es necesario aclarar para que esta circunstancia no se vuelva a repetir. Por momentos los hechos presentados llevarían a pensar, junto con los sectores más críticos de las fuerzas militares, que hubo una política deliberada para dejar actuar a los diferentes frentes de las AUC, pero esto sería una respuesta muy fácil. La pregunta sigue abierta y es urgente responderla.
El colapso del funcionamiento estatal y de los mecanismos de representación política en las regiones fue otra dimensión del dominio territorial de las AUC. Esta situación fue particularmente grave en el Meta, Magdalena, Sucre y Cesar, por citar algunos departamentos, y señala la dimensión de ese entramado social que apoyó a las AUC, el cual incluyó sectores económicos, fuerzas de seguridad y grupos políticos, que junto con el narcotráfico desestabilizaron la débil democracia y el endeble Estado de derecho que la Constitución de 1991 había ofrecido como una posibilidad en diferentes regiones.
Sólo queda agradecerle a ASDI la financiación para llevar a cabo este proyecto, a los amigas y amigos que colaboraron con la Corporación Nuevo Arco Iris en la realización de este propósito y a los lectores y lectoras del libro por su interés en conocer tan oscuro y dramático período de la historia reciente de Colombia. No hay que dudar que el conocimiento de lo sucedido ofrecerá aprendizajes y evitará que se repita la historia, por lo menos en el futuro cercano.
Publicado en www.semana.com
jueves, 6 de septiembre de 2007
Farc: “No hay democracia donde hay miseria, ni hay paz donde hay opresión
Farc: “No hay democracia donde hay miseria, ni hay paz donde hay opresión”
[ANNCOL]
Para conocimiento de todos los gobiernos y lectores en general publicamos esta misiva conocida por ANNCOL en el día de hoy, jueves 6 de septiembre.
[Carta abierta]
Reciban, señores representantes de los gobiernos del mundo, un saludo bolivariano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo.
En esta ocasión nos dirigimos a ustedes, Presidentes, Primeros Ministros y Jefes de Estado, con la finalidad de invitarlos a contribuir en la construcción de la Paz con Justicia Social para Colombia mediante el reconocimiento del estatus de beligerancia que nuestra organización guerrillera, las FARC- EP, ha ido conquistando a través de estos más de cuarenta años de resistencia y lucha por los derechos del pueblo colombiano.
Creemos, como revolucionarios que somos, en la posibilidad de encontrar una salida política a esta guerra que desangra a Colombia. De parte nuestra hay, ténganlo por seguro, la más absoluta disposición para el diálogo y el entendimiento. Nuestros planteamientos revolucionarios nos indican que sólo con la participación de todos los colombianos y todas las colombianas podremos transformar a nuestra patria doliente en una donde florezcan la convivencia pacífica y la libertad.
Nuestra vocación de paz sigue incólume, pues somos una organización político militar alzada en armas contra el despotismo de quienes piensan que gobernar se reduce al innoble acto de reprimir salvajemente las expresiones de inconformidad que surgen, inevitablemente, a raíz del hambre y la miseria impuestas a las mayorías populares. Somos pueblo en armas; somos el ejército de ese pueblo que, inspirado en el ejemplo del Libertador Simón Bolívar, se ha levantado contra la violenta clase gobernante de nuestro país en procura de mejoras profundas a la vida de los colombianos.
Pero nuestra voluntad de paz para Colombia ha topado, una y otra vez, contra el obstáculo de una cúpula guerrerista enquistada en el poder. Esa cúpula, apoyada financiera y militarmente por los Estados Unidos, está encabezada el día de hoy por el actual presidente Álvaro Uribe Vélez, quien ha llegado, incluso, al extremo de legalizar a los paramilitares -despiadados asesinos de miles de colombianos- con tal de conservar el poder y los beneficios económicos que éste le reporta (incluyendo, por supuesto, el negocio del narcotráfico). El llamado escándalo de la narco-para-política está a la orden del día en nuestro país, al grado que puede escucharse a uno de los mayores asesinos de colombianos indefensos, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, reclamar privilegios por haber cometido sus atrocidades en defensa del Estado. Y quién lo puede negar: el paramilitarismo y el narcotráfico están en las entrañas del Establecimiento y son la esencia misma del actual gobierno.
Ministros, militares de alto rango –activos y retirados-, legisladores, empresarios, ganaderos, embajadores, todos con las manos manchadas de sangre inocente; todos cerrando filas en torno al lucro personal y el poder, único horizonte de su labor política.
Es necesario, hoy más que nunca, que los gobiernos del mundo, bajo los principios del respeto a la autodeterminación y la soberanía nacional, tomen cartas en el asunto. Nosotros y nosotras, hombres y mujeres que hacemos parte de las FARC- EP, aportamos diariamente todos nuestros esfuerzos en alcanzar la solución política de este conflicto, al igual que todos los colombianos que luchan sin descanso, desde todas las trincheras de la vida diaria, por la paz con justicia social.
La participación de la Comunidad Internacional en la búsqueda de una paz verdadera para Colombia –una paz apoyada, necesariamente, en la justicia social- debe ser, creemos, cada vez más decidida y firme. No podemos permitir que triunfe el unilateralismo del actual gobierno estadounidense. No podemos permitir que en su delirio imperial, George W. Bush y los señores de la guerra arrastren al mundo a una crisis más profunda que todas las que conocemos en la historia de la humanidad. No podemos permitir, tampoco, que George W.Bush siga enviando apoyo militar y financiero al gobierno de Uribe y los narco-paramilitares en nuestro país. Es necesario tomar medidas multilaterales para evitar que se repitan episodios vergonzosos para la humanidad: nuevos holocaustos cometidos contra los pueblos del mundo en nombre de la “democracia occidental”.
No hay democracia donde hay miseria, ni hay paz donde hay opresión. Es ahora cuando debe ser escuchada la voz de los pueblos; y la voz del pueblo colombiano es clara y firme: queremos paz con justicia social, no queremos más guerra fratricida, no queremos que el imperialismo estadounidense decida lo que sólo compete a los colombianos y a las colombianas decidir.
Es gracias al apoyo de los Estados Unidos que hoy puede sostenerse en pie la política represiva de Uribe llamada Seguridad Democrática. Bajo el pretexto de que la “democracia” se encuentra bajo amenaza del “terrorismo” en Colombia, Uribe y sus allegados ocultan la verdadera dimensión del conflicto. Quizá valdría la pena invertir la máxima de los propagandistas del régimen uribista y así tendríamos una explicación más cercana para explicar los temores que han llevado a quienes gobiernan a tornarse cada vez más represivos y sanguinarios: es el terrorismo el que actualmente está amenazado por la democracia. Del lado de la democracia verdadera estamos la insurgencia armada, el movimiento revolucionario y democrático que crece y se fortalece al resguardo de la clandestinidad, así como el movimiento popular de masas; del lado del terrorismo están los narco-paramilitares en el poder, ejerciendo el Terrorismo de Estado y cobrando una cuota de sangre cada vez más alta a nuestro pueblo.
Por eso, señores representantes de los gobiernos del mundo, es que creemos que tarde o temprano las cosas volverán a ser llamadas por su nombre, y el denigrante y absurdo adjetivo de “terroristas” que hoy nos endilgan la Casa Blanca y el gobierno de Uribe será revertido, con toda justicia, contra quienes hoy se amparan en eso para negar de manera necia y absurda la existencia del conflicto social y armado en nuestro país. Nosotros somos una organización político militar, alzada en armas en contra de la violencia oficial y en busca de transformaciones sociales profundas que permitan el crecimiento económico, político y social de nuestro pueblo, hacia la Nueva Colombia, la Patria Grande y el Socialismo.
Ese carácter de fuerza revolucionaria que se perfila como opción de poder, es decir, de fuerza beligerante, nos ha sido reconocido en más de una ocasión -y por la vía de los hechos- por distintos gobiernos nacionales con quienes hemos entablado diálogos (los más recientes durante el periodo de Andrés Pastrana, 1998- 2002), así como por los gobiernos de los países que han jugado el papel de garantes o facilitadores en dichos procesos. En todo momento hemos demostrado cumplir sobradamente con los requerimientos para que nos sea otorgado el estatus de Beligerancia.
Somos un Ejército Revolucionario con una jerarquía de mandos estable y visible, con un proyecto político revolucionario; nos erigimos como opción de poder político y, sobre todo, tenemos propuestas claras para emprender un proceso de reconciliación entre los colombianos y reconstruir nuestra patria desde la voluntad popular.
Estamos seguros que su colaboración con la paz para Colombia será un gesto de dimensiones históricas para la paz mundial.
Agradecemos de antemano su atención y esperamos haber expuesto con claridad nuestras ideas.
Reciban un respetuoso saludo.
Atentamente,
Raúl Reyes
Jefe de la Comisión Internacional
Montañas de Colombia, Septiembre de 2007
[ANNCOL]
Para conocimiento de todos los gobiernos y lectores en general publicamos esta misiva conocida por ANNCOL en el día de hoy, jueves 6 de septiembre.
[Carta abierta]
Reciban, señores representantes de los gobiernos del mundo, un saludo bolivariano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo.
En esta ocasión nos dirigimos a ustedes, Presidentes, Primeros Ministros y Jefes de Estado, con la finalidad de invitarlos a contribuir en la construcción de la Paz con Justicia Social para Colombia mediante el reconocimiento del estatus de beligerancia que nuestra organización guerrillera, las FARC- EP, ha ido conquistando a través de estos más de cuarenta años de resistencia y lucha por los derechos del pueblo colombiano.
Creemos, como revolucionarios que somos, en la posibilidad de encontrar una salida política a esta guerra que desangra a Colombia. De parte nuestra hay, ténganlo por seguro, la más absoluta disposición para el diálogo y el entendimiento. Nuestros planteamientos revolucionarios nos indican que sólo con la participación de todos los colombianos y todas las colombianas podremos transformar a nuestra patria doliente en una donde florezcan la convivencia pacífica y la libertad.
Nuestra vocación de paz sigue incólume, pues somos una organización político militar alzada en armas contra el despotismo de quienes piensan que gobernar se reduce al innoble acto de reprimir salvajemente las expresiones de inconformidad que surgen, inevitablemente, a raíz del hambre y la miseria impuestas a las mayorías populares. Somos pueblo en armas; somos el ejército de ese pueblo que, inspirado en el ejemplo del Libertador Simón Bolívar, se ha levantado contra la violenta clase gobernante de nuestro país en procura de mejoras profundas a la vida de los colombianos.
Pero nuestra voluntad de paz para Colombia ha topado, una y otra vez, contra el obstáculo de una cúpula guerrerista enquistada en el poder. Esa cúpula, apoyada financiera y militarmente por los Estados Unidos, está encabezada el día de hoy por el actual presidente Álvaro Uribe Vélez, quien ha llegado, incluso, al extremo de legalizar a los paramilitares -despiadados asesinos de miles de colombianos- con tal de conservar el poder y los beneficios económicos que éste le reporta (incluyendo, por supuesto, el negocio del narcotráfico). El llamado escándalo de la narco-para-política está a la orden del día en nuestro país, al grado que puede escucharse a uno de los mayores asesinos de colombianos indefensos, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, reclamar privilegios por haber cometido sus atrocidades en defensa del Estado. Y quién lo puede negar: el paramilitarismo y el narcotráfico están en las entrañas del Establecimiento y son la esencia misma del actual gobierno.
Ministros, militares de alto rango –activos y retirados-, legisladores, empresarios, ganaderos, embajadores, todos con las manos manchadas de sangre inocente; todos cerrando filas en torno al lucro personal y el poder, único horizonte de su labor política.
Es necesario, hoy más que nunca, que los gobiernos del mundo, bajo los principios del respeto a la autodeterminación y la soberanía nacional, tomen cartas en el asunto. Nosotros y nosotras, hombres y mujeres que hacemos parte de las FARC- EP, aportamos diariamente todos nuestros esfuerzos en alcanzar la solución política de este conflicto, al igual que todos los colombianos que luchan sin descanso, desde todas las trincheras de la vida diaria, por la paz con justicia social.
La participación de la Comunidad Internacional en la búsqueda de una paz verdadera para Colombia –una paz apoyada, necesariamente, en la justicia social- debe ser, creemos, cada vez más decidida y firme. No podemos permitir que triunfe el unilateralismo del actual gobierno estadounidense. No podemos permitir que en su delirio imperial, George W. Bush y los señores de la guerra arrastren al mundo a una crisis más profunda que todas las que conocemos en la historia de la humanidad. No podemos permitir, tampoco, que George W.Bush siga enviando apoyo militar y financiero al gobierno de Uribe y los narco-paramilitares en nuestro país. Es necesario tomar medidas multilaterales para evitar que se repitan episodios vergonzosos para la humanidad: nuevos holocaustos cometidos contra los pueblos del mundo en nombre de la “democracia occidental”.
No hay democracia donde hay miseria, ni hay paz donde hay opresión. Es ahora cuando debe ser escuchada la voz de los pueblos; y la voz del pueblo colombiano es clara y firme: queremos paz con justicia social, no queremos más guerra fratricida, no queremos que el imperialismo estadounidense decida lo que sólo compete a los colombianos y a las colombianas decidir.
Es gracias al apoyo de los Estados Unidos que hoy puede sostenerse en pie la política represiva de Uribe llamada Seguridad Democrática. Bajo el pretexto de que la “democracia” se encuentra bajo amenaza del “terrorismo” en Colombia, Uribe y sus allegados ocultan la verdadera dimensión del conflicto. Quizá valdría la pena invertir la máxima de los propagandistas del régimen uribista y así tendríamos una explicación más cercana para explicar los temores que han llevado a quienes gobiernan a tornarse cada vez más represivos y sanguinarios: es el terrorismo el que actualmente está amenazado por la democracia. Del lado de la democracia verdadera estamos la insurgencia armada, el movimiento revolucionario y democrático que crece y se fortalece al resguardo de la clandestinidad, así como el movimiento popular de masas; del lado del terrorismo están los narco-paramilitares en el poder, ejerciendo el Terrorismo de Estado y cobrando una cuota de sangre cada vez más alta a nuestro pueblo.
Por eso, señores representantes de los gobiernos del mundo, es que creemos que tarde o temprano las cosas volverán a ser llamadas por su nombre, y el denigrante y absurdo adjetivo de “terroristas” que hoy nos endilgan la Casa Blanca y el gobierno de Uribe será revertido, con toda justicia, contra quienes hoy se amparan en eso para negar de manera necia y absurda la existencia del conflicto social y armado en nuestro país. Nosotros somos una organización político militar, alzada en armas en contra de la violencia oficial y en busca de transformaciones sociales profundas que permitan el crecimiento económico, político y social de nuestro pueblo, hacia la Nueva Colombia, la Patria Grande y el Socialismo.
Ese carácter de fuerza revolucionaria que se perfila como opción de poder, es decir, de fuerza beligerante, nos ha sido reconocido en más de una ocasión -y por la vía de los hechos- por distintos gobiernos nacionales con quienes hemos entablado diálogos (los más recientes durante el periodo de Andrés Pastrana, 1998- 2002), así como por los gobiernos de los países que han jugado el papel de garantes o facilitadores en dichos procesos. En todo momento hemos demostrado cumplir sobradamente con los requerimientos para que nos sea otorgado el estatus de Beligerancia.
Somos un Ejército Revolucionario con una jerarquía de mandos estable y visible, con un proyecto político revolucionario; nos erigimos como opción de poder político y, sobre todo, tenemos propuestas claras para emprender un proceso de reconciliación entre los colombianos y reconstruir nuestra patria desde la voluntad popular.
Estamos seguros que su colaboración con la paz para Colombia será un gesto de dimensiones históricas para la paz mundial.
Agradecemos de antemano su atención y esperamos haber expuesto con claridad nuestras ideas.
Reciban un respetuoso saludo.
Atentamente,
Raúl Reyes
Jefe de la Comisión Internacional
Montañas de Colombia, Septiembre de 2007
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