Las águilas negras apunta a los jóvenes
Los nuevos grupos paramilitares están disputándose el control de actividades ilegales como expendios de alucinógenos, casas de prostitución, tráfico de armas y droga a través de la frontera. El caso de lo que ocurre en Cúcuta se puede replicar peligrosamente en el resto del país.
Por Agencia de Prensa IPC
En los barrios de Cúcuta y en algunos municipios vecinos a la capital nortesantandereana, los jóvenes corren riesgos si llevan el cabello largo, están tatuados o se adornan con piercing y si están en las calles después de las 10 de la noche. Sobre ellos vuelan las Águilas Negras, un grupo armado emergente asociado al paramilitarismo que ejerce estricto control social desde comienzos de este año.
Quienes se atreven a hablar de la situación, la califican como una “bomba de tiempo” a punto de estallar. Y es que al “sobrevuelo” constante de las Águilas Negras se le suman el incremento de los asesinatos por sicariato y las denuncias reiteradas de organizaciones defensoras de derechos humanos sobre casos de reclutamiento de jóvenes.
Cifras oficiales demuestran que Cúcuta experimenta un aumento en los homicidios, al pasar de 259 entre enero y septiembre de 2006 a 327 en el mismo período de este año, situación que no se registraba desde el año 2002, época en que los bloques Catatumbo y Frontera de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) incrementaron su accionar en el oriente del país.
Para diversas organizaciones no gubernamentales nortesantandereanas, el incremento de muertes violentas coincide con la aparición de nuevos grupos emergentes como las denominadas ‘Águilas Negras’, que estarían disputándose el control de actividades ilegales como expendios de alucinógenos, casas de prostitución, tráfico de armas y droga, a través de la frontera, con pequeños grupos delincuenciales y mandos medios desmovilizados de las AUC.
La lista negra
La presencia de las llamadas Águilas Negras ya había sido advertida a mediados del presente año, cuando hicieron circular una ‘lista negra’ en varios barrios de la ciudadela Juan Atalaya, como Belén, Barrio Nuevo, Camilo Daza y Cuberos, a través de la cual anunciaban el inicio de un gran campaña de ‘limpieza social’.
Varios de los allí señalados debieron abandonar sus hogares. Los que quedaron simplemente acataron las órdenes tácitas que impuso el nuevo grupo armado ilegal. Toques de queda, principalmente para los más jóvenes, cobros a comerciantes y habitantes por concepto de vigilancia y un silencio generalizado constituyen el pan de cada día en los barrios de la populosa ciudadela, localidad compuesta por más de 140 barrios y donde habitan cerca de 350.000 personas.
“Ellos son los que vigilan que nadie robe ni consuma vicio en las calles. A los pelados les dicen que es mejor que no estén tarde en la noche porque, como dicen ellos: ¿qué tiene que hacer un pelado de bien después de las 10 de noche en la calle?”, responde un habitante de Barrio Nuevo, en pleno corazón de la Comuna 9, al ser consultado por la Agencia de Prensa IPC sobre la presencia de las llamadas Águilas Negras.
Frontera caliente
Situaciones semejantes se viven también en municipios del área metropolitana como Villa del Rosario. En la Parada, pleno sector fronterizo con Venezuela, las intimidaciones son aun más severas, al punto de que una organización que adelantaba trabajo con la comunidad debió suspender sus procesos comunitarios debido a un delicado incidente.
“Un día llegamos al salón donde hacíamos el trabajo con la comunidad y las paredes estaban pintadas con letreros que decían: ‘fuera sapos de aquí’. Decidimos parar el proceso por un tiempo para no poner en riesgo a nuestros funcionarios”, dijo el líder social, quien no quiso dar más detalles al respecto.
La población juvenil vive su propio calvario. En julio pasado, ‘Jota’, un joven de 19 años de la localidad, recibió fuertes amenazas por parte de las Águilas Negras, que lo acusaron de drogadicto debido a su apariencia personal, en la que sobresale el pelo largo, los tatuajes en ambos brazos y los piercing que lleva en orejas y cejas.
‘Jota’ debió salir de la ciudad, junto con varios amigos suyos sobre los que pesaba la misma amenaza. Hace pocos días él regresó a su casa, pues, como él mismo dice: “yo no he hecho nada malo”; sin embargo, afirma que su vida ya no es la misma.
“Mis amigos no quieren volver porque les da miedo. Yo salgo poco, me tocó cambiar de ‘look’ para evitar problemas y me siento sólo en mi propia tierra”, relata.
El tesoro en disputa
Norte de Santander se ha convertido en un fortín para las Águilas Negras, grupo emergente surgido luego de la desmovilización del Bloque Catatumbo, comandado por el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Diversas investigaciones señalan que sólo en este departamento está integrado por más de 300 hombres, un buen porcentaje de los cuales tiene asiento en los barrios de Cúcuta, sobre todo en la ciudadela Juan Atalaya.
Para algunos investigadores sociales consultados por la Agencia de Prensa IPC, la presencia cada vez más fuerte de este grupo armado ilegal en la capital nortesantandereana podría responder a un factor estratégico: recuperar el corredor natural El Catatumbo-Cúcuta-Venezuela, utilizado por los hombres de Mancuso como fuente inagotable de financiación.
Desde finales de la década de los 90, los hombres del Bloque Catatumbo consolidaron una fuerte red de narcotráfico que iniciaba con el dominio sobre los cultivos de hoja de coca ubicados en municipios como El Tarra, Teorama, La Gabarra y Tibú; pasando por el control sobre la vía que une a dichos municipios con la ciudad de Cúcuta y de ésta con las localidades de Ureña, Capacho y San Antonio del Táchira, en Venezuela, hasta donde llegaba la droga para ser enviada a las Antillas caribeñas, Estados Unidos y Europa.
La misma ruta fue utilizada para el transporte de armas procedentes del vecino país. Además, los paramilitares llegaron a controlar actividades económicas tan importantes como el cambio de divisa (bolívares, pesos colombianos y dólares) y el comercio de gasolina.
En una ciudad como Cúcuta, la venta de gasolina al menudeo a través de las famosas ‘pimpinas’ puede significar ingresos superiores a 100 millones de pesos diarios, si se tiene en cuenta que un galón de gasolina en Venezuela cuesta alrededor de 350 pesos colombianos, y ésta se comercializa en las calles entre 3.500 y 4.000 pesos.
“Era un negocio redondo. Les entraba plata por todos lados”, explica Gerardo Rincón, presidente del Comité Permanente para los Derechos Humanos de Norte de Santander, quien no duda en afirmar que el recrudecimiento de la violencia en la capital nortesantandereana obedezca a disputas por el control de ese “gran tesoro” entre mandos medios que quedaron como “cabos sueltos” luego de la desmovilización del Bloque Catatumbo, y las llamadas Águilas Negras.
Presencia extraña
Los hechos así parecen confirmarlo. Según Rincón, en los últimos meses se ha registrado un alto número de asesinatos de desmovilizados de las AUC en extrañas circunstancias. Paralelo a esto, líderes de Tibú y La Gabarra vienen denunciando la llegada de hombres de Antioquia, que están copando territorios y negocios (como el control de los cultivos de coca) que antes eran de las AUC.
Los mismos líderes han denunciado el reclutamiento de jóvenes, bien para trabajar como raspachines o bien como informantes. “Hay mucha gente que viene de Tarso, Ituango y Támesis. A los pelados les están ofreciendo trabajo como raspachines y varios me han dicho que les están dando celulares de gama alta, y que les pagan 5.000 pesos por foto que tomen de gente extraña”, relata una fuente consultada por la Agencia de Prensa IPC.
Ahora, ¿por qué la preocupación entre los habitantes de Cúcuta por lo que suceda en el Catatumbo? En Juan Atalaya saben que esa es la puerta de entrada a la capital y de ahí a la Costa Norte y el interior del país, lo que significa que los nuevos grupos armados ilegales no vacilarán en someter a fuerzas contrarias, como ocurrió en el pasado para no perder su dominio.
En Juan de Atalaya aún recuerdan la lucha frontal que libraron milicias de la guerrilla y grupos paramilitares, entre los años 2000 y 2002, que causó gran afectación entre la población civil. De ahí que cada día sea aún mayor la preocupación por lo que ocurre en la actualidad, pues no quieren el retorno de aquellos días amargos.
Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
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www.ipc.org.co
miércoles, 21 de noviembre de 2007
Colombia: plazo a mediación de Chávez
Colombia: plazo a mediación de Chávez
Hernando Salazar
Bogotá
El gobierno colombiano decidió ponerle plazo hasta el 31 de diciembre próximo a la mediación del presidente venezolano, Hugo Chávez, para buscar un acuerdo humanitario con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que permita la liberación de medio centenar de secuestrados.
Al mismo tiempo, el gobierno de Bogotá dijo que el presidente Álvaro Uribe solo estaría dispuesto a reunirse con Manuel Marulanda, el máximo jefe de las FARC, cuando este grupo haya liberado a todos los secuestrados en su poder.
Los anuncios fueron hechos en Bogotá por el Alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo.
Fuentes de la presidencia colombiana le dijeron a BBC Mundo que el comunicado leído por Restrepo es una respuesta a las declaraciones que dio Chávez a su llegada a París y a la no aparición de nuevas pruebas de supervivencia de los secuestrados.
Las FARC piden un canje de guerrilleros presos por políticos, policías y militares que llevan varios años en poder de ese grupo.
Al llegar a Paris, para reunirse con su colega francés, Nicolás Sarkozy, Chávez declaró a los periodistas que Uribe le habría dicho que estaría dispuesto a asistir a una reunión suya con el máximo jefe de las FARC, Manuel Marulanda.
Las condiciones de Uribe
El comunicado leído por el comisionado Restrepo señala que el pasado 9 de noviembre, en Santiago de Chile, Uribe le dijo en "secreto" a Chávez que él sí estaría dispuesto a asistir a una reunión entre el presidente venezolano y Marulanda, pero "siempre y cuando se hubiesen liberado previamente todos los secuestrados en poder de las Farc y la reunión fuera en el marco de un proceso de paz exitoso".
El comunicado agrega que "el Presidente Uribe le dijo al Presidente Chávez que este proceso de mediación debía tener un límite en el tiempo, con lo cual estuvo de acuerdo el Presidente Chávez. Hoy piensa el Gobierno que el límite debe ser el mes de diciembre".
Uno de los principales temas a tratar entre Sarkozy y Chávez serán las gestiones para la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, quien también es ciudadana francesa.
Betancourt fue secuestrada en febrero de 2002 por guerrilleros de las FARC en el departamento del Caquetá, en el sur de Colombia
Aunque recientemente Chávez recibió en Caracas a Iván Márquez, miembro del secretariado de las FARC, y la guerrilla anunció la entrega de pruebas de supervivencia de los secuestrados, estas siguen aparecer.
Preocupación
Entre tanto, el comunicado de la Presidencia de Colombia produjo preocupación entre los familiares de los políticos secuestrados por las FARC.
...El Presidente Uribe le dijo al Presidente Chávez que este proceso de mediación debía tener un límite en el tiempo, con lo cual estuvo de acuerdo el Presidente Chávez...
Comunicado del gobierno colombiano
El congresista Mauricio Lizcano, presidente de la comisión de paz de la Cámara de Representantes, le dijo a BBC Mundo que "es importante ponerle límites a la mediación (de Chávez), pero el 31 de diciembre es un plazo muy corto".
"El gobierno colombiano tiene que ser más coherente y no puede dejarle toda la responsabilidad a Chávez sin moverse un centímetro", añadió el congresista, quien es hijo del ex representante a la Cámara Oscar Lizcano, secuestrado en 2001.
Lizcano reconoció que el anuncio de las FARC de nuevas pruebas de supervivencia, que no se conocen, "no deja un buen sabor".
"No tener las pruebas significa que la intermediación no es tan efectiva. Las pruebas son un elemento fundamental para generar confianza y tranquilidad a los familiares", añadió Lizcano.
Decisión "grave"
Por su parte, Ángela de Pérez, esposa del ex senador Luis Eladio Pérez, le dijo a BBC Mundo que le parece "muy grave" el comunicado del presidente Uribe.
"Poner un plazo del 31 de diciembre es atravesar un palo en la rueda a las posibilidades de libertad de nuestros familiares", dijo la señora de Pérez.
Poner un plazo del 31 de diciembre es atravesar un palo en la rueda a las posibilidades de libertad de nuestros familiares
Ángela de Pérez, esposa de uno de los secuestrados
Según ella, "si en tan corto plazo no se han logrado pruebas de supervivencia, menos se podrá negociar un acuerdo humanitario".
"Como vocera de Luis Eladio Pérez, y quien fui a pedirle al presidente de Venezuela que mediara en un acuerdo humanitario, voy a solicitarle a Chávez que continúe sus gestiones", agregó.
Pérez concluyó que las FARC tienen que hacer llegar pruebas de supervivencia, "porque sin ellas es muy difícil que se avance hacia a un acuerdo humanitario".
La decisión de Colombia se conoce en momentos en que el profesor Gustavo Moncayo, conocido como el caminante por la paz, emprendió este lunes en Bogotá un recorrido a pie hacia Caracas.
El maestro es el padre del agente de la policía Pablo Emilio Moncayo, quien en diciembre próximo cumplirá diez años de haber caído en poder de las FARC.
Nota de BBCMundo.com:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/latin_america/newsid_7102000/7102919.stm
Publicada: 2007/11/20 02:44:35 GMT
© BBC MMVII
Hernando Salazar
Bogotá
El gobierno colombiano decidió ponerle plazo hasta el 31 de diciembre próximo a la mediación del presidente venezolano, Hugo Chávez, para buscar un acuerdo humanitario con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que permita la liberación de medio centenar de secuestrados.
Al mismo tiempo, el gobierno de Bogotá dijo que el presidente Álvaro Uribe solo estaría dispuesto a reunirse con Manuel Marulanda, el máximo jefe de las FARC, cuando este grupo haya liberado a todos los secuestrados en su poder.
Los anuncios fueron hechos en Bogotá por el Alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo.
Fuentes de la presidencia colombiana le dijeron a BBC Mundo que el comunicado leído por Restrepo es una respuesta a las declaraciones que dio Chávez a su llegada a París y a la no aparición de nuevas pruebas de supervivencia de los secuestrados.
Las FARC piden un canje de guerrilleros presos por políticos, policías y militares que llevan varios años en poder de ese grupo.
Al llegar a Paris, para reunirse con su colega francés, Nicolás Sarkozy, Chávez declaró a los periodistas que Uribe le habría dicho que estaría dispuesto a asistir a una reunión suya con el máximo jefe de las FARC, Manuel Marulanda.
Las condiciones de Uribe
El comunicado leído por el comisionado Restrepo señala que el pasado 9 de noviembre, en Santiago de Chile, Uribe le dijo en "secreto" a Chávez que él sí estaría dispuesto a asistir a una reunión entre el presidente venezolano y Marulanda, pero "siempre y cuando se hubiesen liberado previamente todos los secuestrados en poder de las Farc y la reunión fuera en el marco de un proceso de paz exitoso".
El comunicado agrega que "el Presidente Uribe le dijo al Presidente Chávez que este proceso de mediación debía tener un límite en el tiempo, con lo cual estuvo de acuerdo el Presidente Chávez. Hoy piensa el Gobierno que el límite debe ser el mes de diciembre".
Uno de los principales temas a tratar entre Sarkozy y Chávez serán las gestiones para la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, quien también es ciudadana francesa.
Betancourt fue secuestrada en febrero de 2002 por guerrilleros de las FARC en el departamento del Caquetá, en el sur de Colombia
Aunque recientemente Chávez recibió en Caracas a Iván Márquez, miembro del secretariado de las FARC, y la guerrilla anunció la entrega de pruebas de supervivencia de los secuestrados, estas siguen aparecer.
Preocupación
Entre tanto, el comunicado de la Presidencia de Colombia produjo preocupación entre los familiares de los políticos secuestrados por las FARC.
...El Presidente Uribe le dijo al Presidente Chávez que este proceso de mediación debía tener un límite en el tiempo, con lo cual estuvo de acuerdo el Presidente Chávez...
Comunicado del gobierno colombiano
El congresista Mauricio Lizcano, presidente de la comisión de paz de la Cámara de Representantes, le dijo a BBC Mundo que "es importante ponerle límites a la mediación (de Chávez), pero el 31 de diciembre es un plazo muy corto".
"El gobierno colombiano tiene que ser más coherente y no puede dejarle toda la responsabilidad a Chávez sin moverse un centímetro", añadió el congresista, quien es hijo del ex representante a la Cámara Oscar Lizcano, secuestrado en 2001.
Lizcano reconoció que el anuncio de las FARC de nuevas pruebas de supervivencia, que no se conocen, "no deja un buen sabor".
"No tener las pruebas significa que la intermediación no es tan efectiva. Las pruebas son un elemento fundamental para generar confianza y tranquilidad a los familiares", añadió Lizcano.
Decisión "grave"
Por su parte, Ángela de Pérez, esposa del ex senador Luis Eladio Pérez, le dijo a BBC Mundo que le parece "muy grave" el comunicado del presidente Uribe.
"Poner un plazo del 31 de diciembre es atravesar un palo en la rueda a las posibilidades de libertad de nuestros familiares", dijo la señora de Pérez.
Poner un plazo del 31 de diciembre es atravesar un palo en la rueda a las posibilidades de libertad de nuestros familiares
Ángela de Pérez, esposa de uno de los secuestrados
Según ella, "si en tan corto plazo no se han logrado pruebas de supervivencia, menos se podrá negociar un acuerdo humanitario".
"Como vocera de Luis Eladio Pérez, y quien fui a pedirle al presidente de Venezuela que mediara en un acuerdo humanitario, voy a solicitarle a Chávez que continúe sus gestiones", agregó.
Pérez concluyó que las FARC tienen que hacer llegar pruebas de supervivencia, "porque sin ellas es muy difícil que se avance hacia a un acuerdo humanitario".
La decisión de Colombia se conoce en momentos en que el profesor Gustavo Moncayo, conocido como el caminante por la paz, emprendió este lunes en Bogotá un recorrido a pie hacia Caracas.
El maestro es el padre del agente de la policía Pablo Emilio Moncayo, quien en diciembre próximo cumplirá diez años de haber caído en poder de las FARC.
Nota de BBCMundo.com:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/latin_america/newsid_7102000/7102919.stm
Publicada: 2007/11/20 02:44:35 GMT
© BBC MMVII
El Caribe se pellizca
El Caribe se pellizca
La para-política ha llevado al Caribe a la peor crisis de su historia. Un grupo de líderes se la juega por salvar su región.
Vientos distintos a los acostumbrados soplan por estos días en la costa. Después de que el ciclón de la para-política dejó devastada la precaria institucionalidad que existía, los coletazos de la violencia han dejado una cicatriz imborrable en su geografía y la racha de malos gobiernos han sumido en la pobreza a la mayoría de la población, esta región acaba de poner el primer ladrillo de lo que podría ser un mejor futuro.
Cuando hace exactamente un año los titulares de prensa anunciaban las primeras capturas de congresistas de esa región del país por sus vínculos con los paramilitares, hoy, sobre los escombros que dejó esa nefasta alianza, un grupo de líderes políticos, intelectuales, empresariales y cívicos, selló la firma de un manifiesto para sacar adelante su región.
En medio de la mirada expectante pero entusiasta de muchos costeños, los alcaldes electos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, el actual gobernador del Atlántico y gobernadores electos del mismo departamento, las Cámaras de Comercio, los rectores de las principales universidades, los medios de comunicación más importantes, los más insignes representantes de los gremios y los más respetados académicos, lanzaron el proyecto 'Compromiso Caribe'.
El escándalo de la para-política había ocultado una realidad social explosiva y estaba desviando el verdadero debate. El proceso y las investigaciones por parte de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía dieron pie para que se escucharan voces regionales que hablaban de una siniestra "conspiración" de los cachacos del centro contra la región caribe. Se buscaba remover así las fibras del regionalismo, pero las evidencias que saltaron a los medios de comunicación hicieron perder peso a la "conspiración", que acabó siendo un raquítico argumento populista.
No era la primera vez que tal argumento se esgrimía desde sectores de la política, precisamente aquellos que han estado más comprometidos en las maniobras del clientelismo, la corrupción administrativa y, en últimas, con las actividades criminales del paramilitarismo.
La para-política había empezado a tachonar con relieves el mapa de los departamentos de la costa Caribe. Poco a poco extendería su mancha hacia otras zonas del país. Por ello se llegó a hablar del proyecto paramilitar clandestino de "fabricar" un líder que, desde la costa y a corto plazo, podría presentarse al país como una alternativa presidencial.
Si varios políticos ya habían suscrito un acuerdo en Ralito para "refundar la patria" con los paramilitares, resultaba coherente con esta pretensión que buscaran, además, llegar a la Presidencia. Al fin y al cabo, los grupos paramilitares estaban en su vertiginoso proceso de expansión, tenían control territorial, tenían capturado el Estado en varias regiones, se financiaban del narcotráfico o de los zarpazos a las finanzas públicas, y contaban con miles de funcionarios y decenas de alcaldes, gobernadores y congresistas a su servicio.
Pero mientras la política se corrompía aun más en las garras de los grupos armados, en las universidades y centros de estudio del Caribe, o desde los sectores limpios de la política regional -también arrinconados por el avance paramilitar- se estaban madurando diagnósticos y propuestas distintas al maniqueísmo regionalista que provoca disputas irracionales entre costeños y cachacos. Mientras mucho político se reunía con los jefes paras y sellaban pactos, en otros sectores había líderes que estaban produciendo en silencio corrientes de pensamiento y opinión que apuestan por un cambio de rumbo. En muchos casos, corriendo el riesgo de estar en la mira de la alianza que las fuerzas ilegales estaban sellando con administraciones locales y regionales. Porque nadie desconocía la influencia que los tentáculos del paramilitarismo tenía en las universidades de Atlántico, Magdalena y Córdoba, donde no escasearon los docentes y estudiantes asesinados, y de la guerra a muerte que se declaró a profesionales de las ciencias sociales, investigadores de la cultura y dirigentes políticos.
Algo estaba cambiando, así fuera en la actitud y el compromiso, para que gremios y empresarios de nuevo cuño reclamaran a la academia el diagnóstico de las realidades de la región caribe y se mostraran preocupados por un presente de monstruosas desigualdades sociales y de inciertas soluciones de futuro.
El panorama, más allá de la crisis de la para-política, es patético. La región caribe, esa parte de la geografía colombiana que muchos llaman aún 'Costa Atlántica', es una región que comprende ocho departamentos, con una extensión total de 132.288 kilómetros cuadrados. En esa región vive la quinta parte de la población del país (más de nueve millones de personas). Una población que sigue creciendo, pues la región tiene las tasas de crecimiento demográfico más altas del país.
Sin embargo, en 2004, los índices de pobreza eran superiores al 60 por ciento. Según el Bienestar Familiar, 30 por ciento de los niños de la costa tiene déficit de aprendizaje por desnutrición. Otros estudios dejan cifras igualmente preocupantes: el gasto social en la costa es muy inferior que en el resto del país. Por ejemplo, mientras en el país el 16 por ciento de la población tiene las necesidades básicas insatisfechas, en el Caribe esa cifra sube a 33 por ciento de los hogares.
Esta bomba de tiempo fue motivo de reflexión hace algunos días, cuando varios de los nuevos gobernantes electos se reunieron con empresarios e intelectuales para buscarle soluciones a la grave situación de la región. Las conclusiones de este encuentro, conocidas como 'Compromiso Caribe', pueden ser el primer paso para convertir la crisis en oportunidad.
Lo que salió a flote en este documento fue la evidencia de un profundo desequilibrio en las relaciones de las regiones, no sólo la del Caribe, con el Estado central. Se señala también la rica acumulación de capital cultural y artístico de la región. Hoy día, no hay costeño que no esté seguro de la contribución que la región ha hecho a Colombia en todos los órdenes de la cultura y las artes y en la universalización de muchas de sus expresiones populares. Pero hay una preocupante asimetría en lo que significa el desarrollo, la libertad y la calidad de vida de la gente entre la región caribe y otras regiones del país.
¿Qué es el Compromiso Caribe?
Cuando en los años 80 Medellín parecía sucumbir ante la égida diabólica de Pablo Escobar y el cartel de Medellín, que todo lo habían contaminado, un grupo de líderes decidió alimentar los liderazgos positivos y sacar adelante la ciudad. Empresarios, medios de comunicación, líderes cívicos se pusieron en la otra orilla, para mirar al futuro. Algo similar es lo que podría resultar del compromiso que acaban de firmar los líderes de la región caribe.
Esta vez, la iniciativa del acuerdo surgió de varios intelectuales, pero a ella se han vinculado activamente empresarios y otros sectores sociales. "Es una respuesta decantada desde sectores de la academia y la cultura a la profunda crisis política que han vivido los departamentos de la costa en las últimas décadas y que llegaron hasta a golpear la autoestima regional", le dijo a SEMANA Gustavo Bell Lemus, ex vicepresidente de Colombia y ahora director del diario El Heraldo de Barranquilla. "Se trata de dejar atrás el manido discurso regionalista para asumir una nueva visión y concepción de la Región Caribe (…)".
En la misma dirección se ha expresado Alberto Abello Vives, cofundador y ex director del 'Observatorio del Caribe', hoy decano de economía de la Universidad Tecnológica de Bolívar: "el Compromiso Caribe refleja la profunda insatisfacción con el estado de la región, con su economía y con su baja capacidad de generar empleos de calidad, con las administraciones públicas y con los altos niveles de corrupción".
Por su parte, el historiador Adolfo Meisel Roca, que dirige la sede del Banco de la República en Cartagena y ha estudiado como pocos la situación económica del Caribe, dice que "el Compromiso Caribe llega en un momento en que la región quiere voltear una de las páginas más oscuras de su Historia".
Pero la percepción de Meisel va más allá y coincide con la de Bell, Eduardo Verano de la Rosa y otros muchos: "La costa expresa la voluntad de ejercer de múltiples maneras un liderazgo nacional." ¿Nada más? No, mucho más, se puede deducir por la intención que ninguno de ellos oculta: después de más de un siglo, Colombia no ha vuelto a tener un Presidente costeño.
Meisel insiste en un vacío de liderazgo producido "por la quemazón de la para-política, pero también de un relevo generacional que probablemente se va a acelerar."
¿Es el 'Compromiso Caribe' el motor de esa aceleración? Es posible. Pero la situación no es fácil y se han perdido muchos años para el desarrollo de la región. En su columna de El Tiempo, el historiador y profesor de la Universidad de Oxford Eduardo Posada Carbó reprodujo y comentó un estudio realizado por Meisel y cuyas conclusiones son alarmantes. En ellas se revela, por ejemplo, que la costa caribe ha tenido un crecimiento económico en los últimos 50 años al 1 por ciento, el mismo ritmo que África Subsahariana, que es una de las regiones más pobres del mundo. Ese mismo crecimiento es apenas la mitad de lo que crecen las demás regiones del país, cuyo promedio es del 2 por ciento anual en las últimas décadas. El mismo estudio demuestra cómo en el largo plazo las regiones ricas tienden a hacerse más ricas, y las pobres, a empeorar. Lo cual es un pésimo indicador para el Caribe.
Toda esta mezcla explosiva de lo social, lo político y lo económico, con un ingrediente adicional: que para el desarrollo de la costa, según los estudios, en el corto plazo el mercado, por sí solo, no va a cerrar la brechas regionales. De allí que la reducción de las desigualdades tenga que venir de políticas de Estado "integradas a las otras políticas públicas y enfocadas sobre todo en invertir en capital humano: educación, salud y nutrición".
En ese mismo espíritu, uno de los puntos pactados por los firmantes del Compromiso Caribe es convertir en política de Estado la reducción de las enormes disparidades regionales en el ingreso. Uno de los aspectos que empezaría a materializar esta idea es la creación de un fondo de compensación regional que haga más justa la repartición del gasto público, y así los colombianos, no importa de qué región sean, puedan tener más acceso a los bienes y servicios del Estado.
Otras metas trazadas tienen que ver con mejorar la productividad de la región, que es estratégica para el comercio globalizado. En concreto se busca fortalecer el aparato productivo de la región caribe; avanzar en el mediano plazo en la erradicación de la desnutrición de la población infantil de 0 a 4 años; eliminar el analfabetismo y darle prioridad a la educación sobre las restantes inversiones, buscando universalizar la educación secundaria, fortaleciendo la educación bilingüe. Todo ello en un espíritu de fortalecer el sentimiento regional.
La agenda parece ajustada a las necesidades del Caribe, pero, a pesar de la buenas intenciones y del entusiasmo, llevarla a la práctica no será tan fácil.
¿Quién liderará este proceso en el largo plazo? ¿Le camina la gente de la costa a esta iniciativa? ¿Se pueden conciliar estos ideales con los intereses particulares de cada político o sector? ¿Podrán estos nuevos líderes que piensan en el bien común y el largo plazo imponerse sobre las poderosas mafias que han gobernado por tantos años esa bella región del país? ¿Fueron los inesperados resultados en las elecciones de Cartagena y Atlántico la semilla del cambio en la política costeña? ¿Podrá el Caribe colombiano trazarse un norte común como región para aprovechar su ubicación estratégica para el comercio en un mundo globalizado y de libre comercio?
Si bien proponerse una agenda de futuro es un primer paso urgente y necesario, es esencial que otros factores de poder sean convocados y se comprometan, no en la retórica, de palabra, sino en la acción. Como en el caso de Medellín, hace 20 años, los empresarios juegan un papel esencial. En una región con una ubicación geográfica tan privilegiada, si se elevan los niveles de productividad y el talento humano, se puede recuperar en poco tiempo las décadas perdidas. Y junto a los empresarios, una nueva clase política, confiable y dispuesta a trabajar para el largo plazo.
En esta especie de manifiesto que firmaron estos notables líderes regionales se señala la necesidad de "superar la fragilidad de las instituciones regionales y mejorar la calidad de las administraciones locales" mediante la erradicación de la corrupción. En este punto, la declaración es tajante: "promovemos la condena social a la corrupción por los perversos efectos (que tiene) sobre la legitimidad del Estado y el demérito de lo público." Este es el reto más grande. El de reivindicar la política en una región que para la mayoría de la población ha sido un símbolo de saqueo, clientelismo y corrupción.
Las pasadas elecciones del 28 de octubre registraron triunfos inesperados en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Significaron un duro golpe a la política tradicional: Judith Pinedo, Álex Char y Juan Pablo Díaz Granados salieron elegidos alcaldes de sus respectivas ciudades y, contra todo pronóstico, Eduardo Verano de la Rosa se hizo con la Gobernación del Atlántico. Es posible que en estas ciudades estuviera asomando ya la cabeza el voto de opinión, indispensable en todo cambio de rumbo político. A pocos días de estos hechos alentadores en la política regional, se hacía público el manifiesto más serio y coherente para salvar la región caribe de su grave crisis. Había pasado exactamente un año desde el día en que la Corte Suprema de Justicia promulgó orden de captura contra los primeros para-políticos. Pero, más allá de esta irónica coincidencia, había nacido, en el corazón de una clase dirigente renovada, una inusitada fortaleza para recuperar la autoestima. Y ese es el verdadero primer paso para cambiar la cosas.
Semana.com ©2000.
La para-política ha llevado al Caribe a la peor crisis de su historia. Un grupo de líderes se la juega por salvar su región.
Vientos distintos a los acostumbrados soplan por estos días en la costa. Después de que el ciclón de la para-política dejó devastada la precaria institucionalidad que existía, los coletazos de la violencia han dejado una cicatriz imborrable en su geografía y la racha de malos gobiernos han sumido en la pobreza a la mayoría de la población, esta región acaba de poner el primer ladrillo de lo que podría ser un mejor futuro.
Cuando hace exactamente un año los titulares de prensa anunciaban las primeras capturas de congresistas de esa región del país por sus vínculos con los paramilitares, hoy, sobre los escombros que dejó esa nefasta alianza, un grupo de líderes políticos, intelectuales, empresariales y cívicos, selló la firma de un manifiesto para sacar adelante su región.
En medio de la mirada expectante pero entusiasta de muchos costeños, los alcaldes electos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, el actual gobernador del Atlántico y gobernadores electos del mismo departamento, las Cámaras de Comercio, los rectores de las principales universidades, los medios de comunicación más importantes, los más insignes representantes de los gremios y los más respetados académicos, lanzaron el proyecto 'Compromiso Caribe'.
El escándalo de la para-política había ocultado una realidad social explosiva y estaba desviando el verdadero debate. El proceso y las investigaciones por parte de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía dieron pie para que se escucharan voces regionales que hablaban de una siniestra "conspiración" de los cachacos del centro contra la región caribe. Se buscaba remover así las fibras del regionalismo, pero las evidencias que saltaron a los medios de comunicación hicieron perder peso a la "conspiración", que acabó siendo un raquítico argumento populista.
No era la primera vez que tal argumento se esgrimía desde sectores de la política, precisamente aquellos que han estado más comprometidos en las maniobras del clientelismo, la corrupción administrativa y, en últimas, con las actividades criminales del paramilitarismo.
La para-política había empezado a tachonar con relieves el mapa de los departamentos de la costa Caribe. Poco a poco extendería su mancha hacia otras zonas del país. Por ello se llegó a hablar del proyecto paramilitar clandestino de "fabricar" un líder que, desde la costa y a corto plazo, podría presentarse al país como una alternativa presidencial.
Si varios políticos ya habían suscrito un acuerdo en Ralito para "refundar la patria" con los paramilitares, resultaba coherente con esta pretensión que buscaran, además, llegar a la Presidencia. Al fin y al cabo, los grupos paramilitares estaban en su vertiginoso proceso de expansión, tenían control territorial, tenían capturado el Estado en varias regiones, se financiaban del narcotráfico o de los zarpazos a las finanzas públicas, y contaban con miles de funcionarios y decenas de alcaldes, gobernadores y congresistas a su servicio.
Pero mientras la política se corrompía aun más en las garras de los grupos armados, en las universidades y centros de estudio del Caribe, o desde los sectores limpios de la política regional -también arrinconados por el avance paramilitar- se estaban madurando diagnósticos y propuestas distintas al maniqueísmo regionalista que provoca disputas irracionales entre costeños y cachacos. Mientras mucho político se reunía con los jefes paras y sellaban pactos, en otros sectores había líderes que estaban produciendo en silencio corrientes de pensamiento y opinión que apuestan por un cambio de rumbo. En muchos casos, corriendo el riesgo de estar en la mira de la alianza que las fuerzas ilegales estaban sellando con administraciones locales y regionales. Porque nadie desconocía la influencia que los tentáculos del paramilitarismo tenía en las universidades de Atlántico, Magdalena y Córdoba, donde no escasearon los docentes y estudiantes asesinados, y de la guerra a muerte que se declaró a profesionales de las ciencias sociales, investigadores de la cultura y dirigentes políticos.
Algo estaba cambiando, así fuera en la actitud y el compromiso, para que gremios y empresarios de nuevo cuño reclamaran a la academia el diagnóstico de las realidades de la región caribe y se mostraran preocupados por un presente de monstruosas desigualdades sociales y de inciertas soluciones de futuro.
El panorama, más allá de la crisis de la para-política, es patético. La región caribe, esa parte de la geografía colombiana que muchos llaman aún 'Costa Atlántica', es una región que comprende ocho departamentos, con una extensión total de 132.288 kilómetros cuadrados. En esa región vive la quinta parte de la población del país (más de nueve millones de personas). Una población que sigue creciendo, pues la región tiene las tasas de crecimiento demográfico más altas del país.
Sin embargo, en 2004, los índices de pobreza eran superiores al 60 por ciento. Según el Bienestar Familiar, 30 por ciento de los niños de la costa tiene déficit de aprendizaje por desnutrición. Otros estudios dejan cifras igualmente preocupantes: el gasto social en la costa es muy inferior que en el resto del país. Por ejemplo, mientras en el país el 16 por ciento de la población tiene las necesidades básicas insatisfechas, en el Caribe esa cifra sube a 33 por ciento de los hogares.
Esta bomba de tiempo fue motivo de reflexión hace algunos días, cuando varios de los nuevos gobernantes electos se reunieron con empresarios e intelectuales para buscarle soluciones a la grave situación de la región. Las conclusiones de este encuentro, conocidas como 'Compromiso Caribe', pueden ser el primer paso para convertir la crisis en oportunidad.
Lo que salió a flote en este documento fue la evidencia de un profundo desequilibrio en las relaciones de las regiones, no sólo la del Caribe, con el Estado central. Se señala también la rica acumulación de capital cultural y artístico de la región. Hoy día, no hay costeño que no esté seguro de la contribución que la región ha hecho a Colombia en todos los órdenes de la cultura y las artes y en la universalización de muchas de sus expresiones populares. Pero hay una preocupante asimetría en lo que significa el desarrollo, la libertad y la calidad de vida de la gente entre la región caribe y otras regiones del país.
¿Qué es el Compromiso Caribe?
Cuando en los años 80 Medellín parecía sucumbir ante la égida diabólica de Pablo Escobar y el cartel de Medellín, que todo lo habían contaminado, un grupo de líderes decidió alimentar los liderazgos positivos y sacar adelante la ciudad. Empresarios, medios de comunicación, líderes cívicos se pusieron en la otra orilla, para mirar al futuro. Algo similar es lo que podría resultar del compromiso que acaban de firmar los líderes de la región caribe.
Esta vez, la iniciativa del acuerdo surgió de varios intelectuales, pero a ella se han vinculado activamente empresarios y otros sectores sociales. "Es una respuesta decantada desde sectores de la academia y la cultura a la profunda crisis política que han vivido los departamentos de la costa en las últimas décadas y que llegaron hasta a golpear la autoestima regional", le dijo a SEMANA Gustavo Bell Lemus, ex vicepresidente de Colombia y ahora director del diario El Heraldo de Barranquilla. "Se trata de dejar atrás el manido discurso regionalista para asumir una nueva visión y concepción de la Región Caribe (…)".
En la misma dirección se ha expresado Alberto Abello Vives, cofundador y ex director del 'Observatorio del Caribe', hoy decano de economía de la Universidad Tecnológica de Bolívar: "el Compromiso Caribe refleja la profunda insatisfacción con el estado de la región, con su economía y con su baja capacidad de generar empleos de calidad, con las administraciones públicas y con los altos niveles de corrupción".
Por su parte, el historiador Adolfo Meisel Roca, que dirige la sede del Banco de la República en Cartagena y ha estudiado como pocos la situación económica del Caribe, dice que "el Compromiso Caribe llega en un momento en que la región quiere voltear una de las páginas más oscuras de su Historia".
Pero la percepción de Meisel va más allá y coincide con la de Bell, Eduardo Verano de la Rosa y otros muchos: "La costa expresa la voluntad de ejercer de múltiples maneras un liderazgo nacional." ¿Nada más? No, mucho más, se puede deducir por la intención que ninguno de ellos oculta: después de más de un siglo, Colombia no ha vuelto a tener un Presidente costeño.
Meisel insiste en un vacío de liderazgo producido "por la quemazón de la para-política, pero también de un relevo generacional que probablemente se va a acelerar."
¿Es el 'Compromiso Caribe' el motor de esa aceleración? Es posible. Pero la situación no es fácil y se han perdido muchos años para el desarrollo de la región. En su columna de El Tiempo, el historiador y profesor de la Universidad de Oxford Eduardo Posada Carbó reprodujo y comentó un estudio realizado por Meisel y cuyas conclusiones son alarmantes. En ellas se revela, por ejemplo, que la costa caribe ha tenido un crecimiento económico en los últimos 50 años al 1 por ciento, el mismo ritmo que África Subsahariana, que es una de las regiones más pobres del mundo. Ese mismo crecimiento es apenas la mitad de lo que crecen las demás regiones del país, cuyo promedio es del 2 por ciento anual en las últimas décadas. El mismo estudio demuestra cómo en el largo plazo las regiones ricas tienden a hacerse más ricas, y las pobres, a empeorar. Lo cual es un pésimo indicador para el Caribe.
Toda esta mezcla explosiva de lo social, lo político y lo económico, con un ingrediente adicional: que para el desarrollo de la costa, según los estudios, en el corto plazo el mercado, por sí solo, no va a cerrar la brechas regionales. De allí que la reducción de las desigualdades tenga que venir de políticas de Estado "integradas a las otras políticas públicas y enfocadas sobre todo en invertir en capital humano: educación, salud y nutrición".
En ese mismo espíritu, uno de los puntos pactados por los firmantes del Compromiso Caribe es convertir en política de Estado la reducción de las enormes disparidades regionales en el ingreso. Uno de los aspectos que empezaría a materializar esta idea es la creación de un fondo de compensación regional que haga más justa la repartición del gasto público, y así los colombianos, no importa de qué región sean, puedan tener más acceso a los bienes y servicios del Estado.
Otras metas trazadas tienen que ver con mejorar la productividad de la región, que es estratégica para el comercio globalizado. En concreto se busca fortalecer el aparato productivo de la región caribe; avanzar en el mediano plazo en la erradicación de la desnutrición de la población infantil de 0 a 4 años; eliminar el analfabetismo y darle prioridad a la educación sobre las restantes inversiones, buscando universalizar la educación secundaria, fortaleciendo la educación bilingüe. Todo ello en un espíritu de fortalecer el sentimiento regional.
La agenda parece ajustada a las necesidades del Caribe, pero, a pesar de la buenas intenciones y del entusiasmo, llevarla a la práctica no será tan fácil.
¿Quién liderará este proceso en el largo plazo? ¿Le camina la gente de la costa a esta iniciativa? ¿Se pueden conciliar estos ideales con los intereses particulares de cada político o sector? ¿Podrán estos nuevos líderes que piensan en el bien común y el largo plazo imponerse sobre las poderosas mafias que han gobernado por tantos años esa bella región del país? ¿Fueron los inesperados resultados en las elecciones de Cartagena y Atlántico la semilla del cambio en la política costeña? ¿Podrá el Caribe colombiano trazarse un norte común como región para aprovechar su ubicación estratégica para el comercio en un mundo globalizado y de libre comercio?
Si bien proponerse una agenda de futuro es un primer paso urgente y necesario, es esencial que otros factores de poder sean convocados y se comprometan, no en la retórica, de palabra, sino en la acción. Como en el caso de Medellín, hace 20 años, los empresarios juegan un papel esencial. En una región con una ubicación geográfica tan privilegiada, si se elevan los niveles de productividad y el talento humano, se puede recuperar en poco tiempo las décadas perdidas. Y junto a los empresarios, una nueva clase política, confiable y dispuesta a trabajar para el largo plazo.
En esta especie de manifiesto que firmaron estos notables líderes regionales se señala la necesidad de "superar la fragilidad de las instituciones regionales y mejorar la calidad de las administraciones locales" mediante la erradicación de la corrupción. En este punto, la declaración es tajante: "promovemos la condena social a la corrupción por los perversos efectos (que tiene) sobre la legitimidad del Estado y el demérito de lo público." Este es el reto más grande. El de reivindicar la política en una región que para la mayoría de la población ha sido un símbolo de saqueo, clientelismo y corrupción.
Las pasadas elecciones del 28 de octubre registraron triunfos inesperados en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Significaron un duro golpe a la política tradicional: Judith Pinedo, Álex Char y Juan Pablo Díaz Granados salieron elegidos alcaldes de sus respectivas ciudades y, contra todo pronóstico, Eduardo Verano de la Rosa se hizo con la Gobernación del Atlántico. Es posible que en estas ciudades estuviera asomando ya la cabeza el voto de opinión, indispensable en todo cambio de rumbo político. A pocos días de estos hechos alentadores en la política regional, se hacía público el manifiesto más serio y coherente para salvar la región caribe de su grave crisis. Había pasado exactamente un año desde el día en que la Corte Suprema de Justicia promulgó orden de captura contra los primeros para-políticos. Pero, más allá de esta irónica coincidencia, había nacido, en el corazón de una clase dirigente renovada, una inusitada fortaleza para recuperar la autoestima. Y ese es el verdadero primer paso para cambiar la cosas.
Semana.com ©2000.
Deja seis muertos ataque de las FARC en zona cocalera de Colombia
Agencias / La Jornada On Line
Los rebeldes llegaron primero la comunidad de Buenos Aires donde dieron muerte a tres de sus habitantes, después en la aldea de Caño Tigre ultimaron a otras personas, informó la policía.
Bogotá. Al menos seis civiles murieron hoy sábado en una incursión de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a la región del Guaviare, en el suroriente del país, informó la policía.
Los guerrilleros llegaron primero al caserío de Buenos Aires, donde tras recorrer la zona, dieron muerte a tres de sus habitantes, dijeron este sábado testigos a autoridades policiales del sector.
Posteriormente, los integrantes de las FARC se desplazaron a la aldea de Caño Tigre, 500 kilómetros al suroriente de Bogotá, donde abrieron fuego contra otras tres personas, precisaron las fuentes.
Según los primeros informes, los cuerpos de dos de los campesinos muertos en el ataque fueron llevados por los rebeldes en su repliegue hacia la selva.
Las autoridades investigan si la acción armada está relacionada con el enfrentamiento que mantienen las FARC y grupos paramilitares por el control militar de esa región cocalera colombiana.
Agencias / La Jornada On Line
Los rebeldes llegaron primero la comunidad de Buenos Aires donde dieron muerte a tres de sus habitantes, después en la aldea de Caño Tigre ultimaron a otras personas, informó la policía.
Bogotá. Al menos seis civiles murieron hoy sábado en una incursión de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a la región del Guaviare, en el suroriente del país, informó la policía.
Los guerrilleros llegaron primero al caserío de Buenos Aires, donde tras recorrer la zona, dieron muerte a tres de sus habitantes, dijeron este sábado testigos a autoridades policiales del sector.
Posteriormente, los integrantes de las FARC se desplazaron a la aldea de Caño Tigre, 500 kilómetros al suroriente de Bogotá, donde abrieron fuego contra otras tres personas, precisaron las fuentes.
Según los primeros informes, los cuerpos de dos de los campesinos muertos en el ataque fueron llevados por los rebeldes en su repliegue hacia la selva.
Las autoridades investigan si la acción armada está relacionada con el enfrentamiento que mantienen las FARC y grupos paramilitares por el control militar de esa región cocalera colombiana.
La frontera de Colombia con Ecuador, cada vez más ‘caliente’
La frontera de Colombia con Ecuador, cada vez más ‘caliente’
En las últimas horas, agentes de la Policía del vecino país dispararon sus armas de fuego, en un incidente con comerciantes colombianos que habían pasado la frontera para traer contrabando. El hecho se suma a la insólita afirmación del ministro de Defensa de Ecuador: “Al norte, no limitamos con Colombia sino con las Farc”. ¿Qué está pasando? Informe Especial de Semana.com
Por César Paredes
La situación en la frontera con Ecuador no da síntomas de mejoría. Al contrario, es raro la semana que pasa sin que ocurra algo grave. En las últimas horas, los televidentes colombianos se sorprendieron al ver las imágenes que emitió el Canal RCN y en la que se veía a policías ecuatorianos disparándo sus armas para dispersar a los comerciantes que trasladaban mercancía de contrabando de la provincia de El Carchi y se negaban a entregarla. En la misma escena, las autoridades de ese país atravesaban el río que divide a los dos países en persecución de los nacionales. El hecho se produjo en el momento en que aún no se disipa la polémica por las explosivas declaraciones del ministro de Defensa de Ecuador Wellington Sandoval, que había cuestionado la soberanía colombiana al decir que las fronteras de su país, en el norte, no eran con Colombia sino con las Farc y el ELN. La declaración es aún más grave si se tiene en cuenta que su similar de Colombia, Juan Manuel Santos, reveló que hace poco tiempo cuando los dos funcionarios tuvieron una cumbre no le mostró ninguna preocupación al respecto sino que, al contrario, alabó los esfuerzos de las autoridades por imponer el orden en tan conflictivo lugar.
Pero los problemas en las frontera tienen sus antecedentes. Las denuncias del pasado 2 de noviembre de pobladores de Yanamarum de Santa Rosa, en Sucumbíos, frontera colombo-ecuatoriana, revivieron las preocupaciones sobre los problemas de esta región, que trascienden a la esfera diplomática. Los ecuatorianos aseguraron que aeronaves colombianas sobrevolaron el territorio, atravesaron la frontera, y desde allí dispararon a objetivos en Colombia. En esta incursión habrían dejado huellas de impactos de balas en algunas de las casas de los pobladores.
El jueves de la semana pasada, la Comisión Binacional Fronteriza (Combifron), integrada por autoridades militares de Colombia y Ecuador, se reunió en el lado colombiano del Puente Internacional, con el fin de estudiar las evidencias para determinar si hubo una incursión de aeronaves colombianas en ese territorio.
Sin embargo, como ha sucedido en otras ocasiones, las versiones resultan disímiles y revelan las tensiones, producto de la presión que ejerce el conflicto colombiano, que con los países vecinos pueden surgir. Por un lado las autoridades colombianas entregaron un reporte cartográfico que niega el sobrevuelo en territorio ecuatoriano y los radares ecuatorianos no registraron ninguna incursión. Por otro las declaraciones del lunes a Ecuadoradio del Ministro de Defensa del vecino país, al asegurar que el gobierno de Colombia no tiene soberanía en su frontera y por eso Ecuador limita con las Farc y el ELN, dejan ver el inconformismo por las medidas de seguridad en esa región. El canciller colombiano Fernando Araújo reaccionó diciendo que las Fuerzas Militares mantienen un combate “frontal” y “decisivo” contra el terrorismo respetando las fronteras y no quiso responder a las declaraciones de Sandoval para no entrar en debates que pueden afectar las relaciones con Ecuador que calificó de “excelentes”.
Con esta, según el diario ecuatoriano El Comercio, son cinco las denuncias de incursiones militares en el vecino país desde agosto del año pasado. En las cuatro ocasiones anteriores se comprobó la responsabilidad de Colombia que hasta ahora no ha cumplido con el compromiso de las indemnizaciones por los daños causados.
También hay quejas de incursiones de otros grupos armados. “Para el gobierno ecuatoriano hay una molestia profunda, porque desconoce de dónde provienen esas incursiones. Unas veces puede ser la guerrilla, otras los paramilitares. Pero el tema central es la falta de coordinación entre las Fuerzas Militares de ambos países”, explicó Grace Jaramillo, profesora de relaciones exteriores de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador.
Pero esta es sólo una parte del problema surgido a raíz de la lucha antidrogas y contrainsurgente que sostienen las Fuerzas Militares colombianas en la frontera con el vecino país. En el mismo plano se encuentran los reclamos de Quito por la aspersión aérea y el tema de los refugiados. El gobierno ecuatoriano ha manifestado quejas reiteradas por los costos que genera la fumigación con glifosato, en términos de salubridad. A la par la cantidad de desplazados que buscan refugio en Ecuador ha aumentado a lo largo de los 586 kilómetros de frontera, tema que ha cobrado suma importancia para la política exterior de ese país.
Para Jaramillo, la tesis de Sandoval no pretende un cuestionamiento a la soberanía del gobierno colombiano, sino específicamente a la “falta de ocupación real de las Fuerzas Militares colombianas en la zona”. Lo que en otras palabras podría ser la ausencia del ejercicio de la soberanía.
El reclamo no es nuevo. Quito se ha mostrado constantemente preocupado por el problema fronterizo debido a la presión que ejerce el conflicto colombiano en ese país. Sin embargo, lo que Jaramillo prevé es que los incidentes diplomáticos seguirán presentándose porque no existe un deseo binacional de acordar soluciones sobre un problema que ya sobrepasó las fronteras. A esto se suma el nuevo incidente relacionado con el contrabando, un tema que hasta ahora poco se había mencionado en la agenda diplomática (Ver artículo relacionado: El Rumichaca de los pobres).
En las últimas horas, agentes de la Policía del vecino país dispararon sus armas de fuego, en un incidente con comerciantes colombianos que habían pasado la frontera para traer contrabando. El hecho se suma a la insólita afirmación del ministro de Defensa de Ecuador: “Al norte, no limitamos con Colombia sino con las Farc”. ¿Qué está pasando? Informe Especial de Semana.com
Por César Paredes
La situación en la frontera con Ecuador no da síntomas de mejoría. Al contrario, es raro la semana que pasa sin que ocurra algo grave. En las últimas horas, los televidentes colombianos se sorprendieron al ver las imágenes que emitió el Canal RCN y en la que se veía a policías ecuatorianos disparándo sus armas para dispersar a los comerciantes que trasladaban mercancía de contrabando de la provincia de El Carchi y se negaban a entregarla. En la misma escena, las autoridades de ese país atravesaban el río que divide a los dos países en persecución de los nacionales. El hecho se produjo en el momento en que aún no se disipa la polémica por las explosivas declaraciones del ministro de Defensa de Ecuador Wellington Sandoval, que había cuestionado la soberanía colombiana al decir que las fronteras de su país, en el norte, no eran con Colombia sino con las Farc y el ELN. La declaración es aún más grave si se tiene en cuenta que su similar de Colombia, Juan Manuel Santos, reveló que hace poco tiempo cuando los dos funcionarios tuvieron una cumbre no le mostró ninguna preocupación al respecto sino que, al contrario, alabó los esfuerzos de las autoridades por imponer el orden en tan conflictivo lugar.
Pero los problemas en las frontera tienen sus antecedentes. Las denuncias del pasado 2 de noviembre de pobladores de Yanamarum de Santa Rosa, en Sucumbíos, frontera colombo-ecuatoriana, revivieron las preocupaciones sobre los problemas de esta región, que trascienden a la esfera diplomática. Los ecuatorianos aseguraron que aeronaves colombianas sobrevolaron el territorio, atravesaron la frontera, y desde allí dispararon a objetivos en Colombia. En esta incursión habrían dejado huellas de impactos de balas en algunas de las casas de los pobladores.
El jueves de la semana pasada, la Comisión Binacional Fronteriza (Combifron), integrada por autoridades militares de Colombia y Ecuador, se reunió en el lado colombiano del Puente Internacional, con el fin de estudiar las evidencias para determinar si hubo una incursión de aeronaves colombianas en ese territorio.
Sin embargo, como ha sucedido en otras ocasiones, las versiones resultan disímiles y revelan las tensiones, producto de la presión que ejerce el conflicto colombiano, que con los países vecinos pueden surgir. Por un lado las autoridades colombianas entregaron un reporte cartográfico que niega el sobrevuelo en territorio ecuatoriano y los radares ecuatorianos no registraron ninguna incursión. Por otro las declaraciones del lunes a Ecuadoradio del Ministro de Defensa del vecino país, al asegurar que el gobierno de Colombia no tiene soberanía en su frontera y por eso Ecuador limita con las Farc y el ELN, dejan ver el inconformismo por las medidas de seguridad en esa región. El canciller colombiano Fernando Araújo reaccionó diciendo que las Fuerzas Militares mantienen un combate “frontal” y “decisivo” contra el terrorismo respetando las fronteras y no quiso responder a las declaraciones de Sandoval para no entrar en debates que pueden afectar las relaciones con Ecuador que calificó de “excelentes”.
Con esta, según el diario ecuatoriano El Comercio, son cinco las denuncias de incursiones militares en el vecino país desde agosto del año pasado. En las cuatro ocasiones anteriores se comprobó la responsabilidad de Colombia que hasta ahora no ha cumplido con el compromiso de las indemnizaciones por los daños causados.
También hay quejas de incursiones de otros grupos armados. “Para el gobierno ecuatoriano hay una molestia profunda, porque desconoce de dónde provienen esas incursiones. Unas veces puede ser la guerrilla, otras los paramilitares. Pero el tema central es la falta de coordinación entre las Fuerzas Militares de ambos países”, explicó Grace Jaramillo, profesora de relaciones exteriores de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador.
Pero esta es sólo una parte del problema surgido a raíz de la lucha antidrogas y contrainsurgente que sostienen las Fuerzas Militares colombianas en la frontera con el vecino país. En el mismo plano se encuentran los reclamos de Quito por la aspersión aérea y el tema de los refugiados. El gobierno ecuatoriano ha manifestado quejas reiteradas por los costos que genera la fumigación con glifosato, en términos de salubridad. A la par la cantidad de desplazados que buscan refugio en Ecuador ha aumentado a lo largo de los 586 kilómetros de frontera, tema que ha cobrado suma importancia para la política exterior de ese país.
Para Jaramillo, la tesis de Sandoval no pretende un cuestionamiento a la soberanía del gobierno colombiano, sino específicamente a la “falta de ocupación real de las Fuerzas Militares colombianas en la zona”. Lo que en otras palabras podría ser la ausencia del ejercicio de la soberanía.
El reclamo no es nuevo. Quito se ha mostrado constantemente preocupado por el problema fronterizo debido a la presión que ejerce el conflicto colombiano en ese país. Sin embargo, lo que Jaramillo prevé es que los incidentes diplomáticos seguirán presentándose porque no existe un deseo binacional de acordar soluciones sobre un problema que ya sobrepasó las fronteras. A esto se suma el nuevo incidente relacionado con el contrabando, un tema que hasta ahora poco se había mencionado en la agenda diplomática (Ver artículo relacionado: El Rumichaca de los pobres).
Familiares de 387 personas que fueron víctimas de las AUC instauran una millonaria demanda contra la multinacional Chiquita Brands
Familiares de 387 personas que fueron víctimas de las AUC instauran una millonaria demanda contra la multinacional Chiquita Brands
Un grupo de familiares de personas que fueron masacradas por los paramilitares consideran que la empresa debe indemnizarlos con cerca de 8.000 millones de dólares por haber patrocinado a los escuadrones de la muertes en particular en Urabá.
Los familiares de las víctimas de los paramilitares quieren llevar sus reclamos fuera de las fronteras donde, muchos de ellos consideran tendrán más éxitos pues consideran que en Colombia la reparación no surtirá efectos reales. La última acción es una demanda multimillonaria. Víctimas del sangriento conflicto civil en Colombia entablaron en las últimas horas una demanda por casi 8.000 millones de dólares contra la importadora de bananas Chiquita Brands International Inc., por hacer pagos a un grupo paramilitar acusado de millares de asesinatos.
La demanda, presentada ante un tribunal de distrito en Manhattan, acusa a la compañía de complicidad en centenares de asesinatos por entregar dinero a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), uno de los grupos paramilitares más temibles de la nación suramericana.
Entre los demandantes hay familiares de 387 personas que se cree fueron asesinadas por las AUC. El gobierno de Estados Unidos designó a las AUC como un grupo terrorista en septiembre de 2001.
Las familias han exigido a Chiquita el pago de 7.860 millones de dólares por daños y perjuicios.
Michael Mitchell, vocero de Chiquita, dijo que la compañía, con sede en Cincinnati, luchará en el tribunal para evitar la demanda civil.
La compañía bananera admitió que su ex subsidiaria, Banadex, pagó cerca de 1,7 millones de dólares entre 1997 y 2004 a las AUC.
Chiquita también efectuó pagos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), a fin de proteger sus operaciones más rentables en zonas bananeras.
Chiquita alertó voluntariamente sobre los acuerdos al Departamento de Justicia en abril de 2003. Ya llevaba por ese entonces 15 años realizando los pagos.
Chiquita ha dicho que no tenía otra opción que aceptar la extorsión de la AUC y de la guerrilla.
“Reiteramos que Chiquita y sus empleados eran víctimas, y que las acciones adoptadas por la compañía tuvieron como motivación proteger las vidas de nuestros empleados y de sus familias”, dijo Mitchell.
CON INFORMACIÓN DE AP
Un grupo de familiares de personas que fueron masacradas por los paramilitares consideran que la empresa debe indemnizarlos con cerca de 8.000 millones de dólares por haber patrocinado a los escuadrones de la muertes en particular en Urabá.
Los familiares de las víctimas de los paramilitares quieren llevar sus reclamos fuera de las fronteras donde, muchos de ellos consideran tendrán más éxitos pues consideran que en Colombia la reparación no surtirá efectos reales. La última acción es una demanda multimillonaria. Víctimas del sangriento conflicto civil en Colombia entablaron en las últimas horas una demanda por casi 8.000 millones de dólares contra la importadora de bananas Chiquita Brands International Inc., por hacer pagos a un grupo paramilitar acusado de millares de asesinatos.
La demanda, presentada ante un tribunal de distrito en Manhattan, acusa a la compañía de complicidad en centenares de asesinatos por entregar dinero a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), uno de los grupos paramilitares más temibles de la nación suramericana.
Entre los demandantes hay familiares de 387 personas que se cree fueron asesinadas por las AUC. El gobierno de Estados Unidos designó a las AUC como un grupo terrorista en septiembre de 2001.
Las familias han exigido a Chiquita el pago de 7.860 millones de dólares por daños y perjuicios.
Michael Mitchell, vocero de Chiquita, dijo que la compañía, con sede en Cincinnati, luchará en el tribunal para evitar la demanda civil.
La compañía bananera admitió que su ex subsidiaria, Banadex, pagó cerca de 1,7 millones de dólares entre 1997 y 2004 a las AUC.
Chiquita también efectuó pagos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), a fin de proteger sus operaciones más rentables en zonas bananeras.
Chiquita alertó voluntariamente sobre los acuerdos al Departamento de Justicia en abril de 2003. Ya llevaba por ese entonces 15 años realizando los pagos.
Chiquita ha dicho que no tenía otra opción que aceptar la extorsión de la AUC y de la guerrilla.
“Reiteramos que Chiquita y sus empleados eran víctimas, y que las acciones adoptadas por la compañía tuvieron como motivación proteger las vidas de nuestros empleados y de sus familias”, dijo Mitchell.
CON INFORMACIÓN DE AP
Mis relaciones con políticos son públicas; las del Polo con la guerrilla, clandestinas: Álvaro Uribe
Noviembre 17 de 2007
Mis relaciones con políticos son públicas; las del Polo con la guerrilla, clandestinas: Álvaro Uribe
Se refirió así al video publicado en la página del partido de izquierda, en el que el mandatario, durante su campaña política para la presidencia en 2001, comparte tarima con dos 'parapolíticos'.
En llamada a Radio Caracol, Uribe reconoció que Carlos Clavijo y Rocío Arias lo apoyaron en su aspiración presidencial, pero que esto siempre fue público (ver video) y que ambos eran personajes reconocidos en la sociedad del Magdalena Medio.
"Mis relaciones con los políticos siempre han sido públicas, las ha conocido la opinión, a diferencia de las relaciones de algunos integrantes con el Polo que son clandestinas, esa es la diferencia", dijo el mandatario.
En el mismo sentido, un comunicado de la Casa de Nariño hizo énfasis en que este gobierno es el que ha desmantelado el paramilitarismo.
El martes pasado, Rocío Arias aseguró en su indagatoria ante un fiscal que tanto ella como Carlos Clavijo, el del movimiento 'No al Despeje', fueron financiados por las Auc y se acogió a sentencia anticipada.
Clavijo, ganadero del Magdalena Medio, se conoció nacionalmente cuando hizo una campaña contra el despeje para el Eln en el sur de Bolívar, a finales del gobierno de Andrés Pastrana.
Cuando fue senador, en fórmula con Rocío Arias, se habló de sus supuestos vínculos con 'paras'.
En otro video de octubre del 2001, Iván Roberto Duque, 'Ernesto Báez', invita a líderes de Barranca a votar por Clavijo, como candidato de las Auc.
El Polo responde
Por su parte, el senador del Polo Gustavo Petro, que también fue entrevistado por Caracol Radio, dijo que esta vinculación del Polo con las Farc es una muestra más del malestar que ese partido le causa al Presidente.
"Él quiere ocultar las evidencias con calumnias. -afirmó Petro- Las evidencias indican que la tercera parte de las bancadas de gobierno en el Congreso están sindicadas de paramilitarismo. Las evidencias indican que él mismo se paró en las tarimas a pedirle a los colombianos que votaran por esas personas sindicadas de paramilitarismo".
El senador desestimó el argumento de que todas las manifestaciones políticas de Uribe fueran públicas, y aseguró que también hacía reuniones a puerta cerrada donde participaban paramilitares, como, según él, lo demuestra un video grabado en Barrancabermeja y que fue revelado por Noticias Uno
"El Presidente como los presidentes de los partidos deberían pedirle perdón a la sociedad colombiana por haber llevado al Congreso, a hacer leyes, a voceros del narcotráfico y paramilitarismo genocidas de este país", finalizó.
Mis relaciones con políticos son públicas; las del Polo con la guerrilla, clandestinas: Álvaro Uribe
Se refirió así al video publicado en la página del partido de izquierda, en el que el mandatario, durante su campaña política para la presidencia en 2001, comparte tarima con dos 'parapolíticos'.
En llamada a Radio Caracol, Uribe reconoció que Carlos Clavijo y Rocío Arias lo apoyaron en su aspiración presidencial, pero que esto siempre fue público (ver video) y que ambos eran personajes reconocidos en la sociedad del Magdalena Medio.
"Mis relaciones con los políticos siempre han sido públicas, las ha conocido la opinión, a diferencia de las relaciones de algunos integrantes con el Polo que son clandestinas, esa es la diferencia", dijo el mandatario.
En el mismo sentido, un comunicado de la Casa de Nariño hizo énfasis en que este gobierno es el que ha desmantelado el paramilitarismo.
El martes pasado, Rocío Arias aseguró en su indagatoria ante un fiscal que tanto ella como Carlos Clavijo, el del movimiento 'No al Despeje', fueron financiados por las Auc y se acogió a sentencia anticipada.
Clavijo, ganadero del Magdalena Medio, se conoció nacionalmente cuando hizo una campaña contra el despeje para el Eln en el sur de Bolívar, a finales del gobierno de Andrés Pastrana.
Cuando fue senador, en fórmula con Rocío Arias, se habló de sus supuestos vínculos con 'paras'.
En otro video de octubre del 2001, Iván Roberto Duque, 'Ernesto Báez', invita a líderes de Barranca a votar por Clavijo, como candidato de las Auc.
El Polo responde
Por su parte, el senador del Polo Gustavo Petro, que también fue entrevistado por Caracol Radio, dijo que esta vinculación del Polo con las Farc es una muestra más del malestar que ese partido le causa al Presidente.
"Él quiere ocultar las evidencias con calumnias. -afirmó Petro- Las evidencias indican que la tercera parte de las bancadas de gobierno en el Congreso están sindicadas de paramilitarismo. Las evidencias indican que él mismo se paró en las tarimas a pedirle a los colombianos que votaran por esas personas sindicadas de paramilitarismo".
El senador desestimó el argumento de que todas las manifestaciones políticas de Uribe fueran públicas, y aseguró que también hacía reuniones a puerta cerrada donde participaban paramilitares, como, según él, lo demuestra un video grabado en Barrancabermeja y que fue revelado por Noticias Uno
"El Presidente como los presidentes de los partidos deberían pedirle perdón a la sociedad colombiana por haber llevado al Congreso, a hacer leyes, a voceros del narcotráfico y paramilitarismo genocidas de este país", finalizó.
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