Carlos Castaño ordenó a sus hombres provocar 'mil bajas al enemigo' en 15 días, reveló 'Jorge 40'
El ex jefe paramilitar, en su declaración de ayer ante Justicia y Paz, dio detalles de una de las masacres más sangrientas de la Costa: la de Playón de Orozco (Magdalena), donde murieron 30 personas.
La matanza, ocurrida el 9 de enero de 1999, estuvo enmarcada, según dijo, por la directriz de Castaño.
"Ninguno estuvo de acuerdo con esa orden, pero la dio y había que cumplirla. La masacre la ejecutaron hombres bajo mi mando", relató.
La orden, según '40', fue interpretada por otros jefes de las Auc como una retaliación contra las Farc porque el 28 de diciembre de 1998 se tomaron a sangre y fuego el campamento madre de los 'paras' en el Nudo del Paramillo, donde estaba Castaño.
Al admitir su responsabilidad, '40' se volvió a meter, como el martes, con el ex presidente Belisario Betancur. "Acepto estos hechos aplicando la cadena de mando, que ojalá también llegue al presidente Betancur con relación al Palacio de Justicia".
Habló de la creación, en junio de 1999, del movimiento "político-militar Clamor Campesino Caribe (C-3)". Debía eliminar a políticos que según las Auc fueran corruptos. Duró poco, según afirmó '40', porque el llamado 'Grupo de los 6' que asesoraba a Castaño le recomendó desarticularlo.
BARRANQUILLA
www.eltiempo.com
martes, 26 de febrero de 2008
Confirman muerte de presunto financiero de frente de FARC
EFE
El Universal
Bogotá, Colombia
Miércoles 20 de febrero de 2008
La fuerza militar conjunta conformada en Colombia dio muerte a Isidro Cárdenas Moreno durante un combate
La fuerza militar conjunta conformada en Colombia para perseguir al mando central de las FARC dio muerte en combate al presunto financiero del frente 53 de esta guerrilla, Isidro Cárdenas Moreno, informaron hoy fuentes castrenses de Bogotá.
La Armada Nacional precisó que Cárdenas fue abatido en Filo Gallineto, paraje rural de Uribe, localidad en el departamento del Meta, por tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, responsable del llamado Plan Patriota contra la comandancia rebelde.
El presunto financiero era conocido con el alias de "Loco Anderson" y también ejercía como tercer cabecilla del frente 53, agregó la fuente.
La Armada dijo que Cárdenas era el responsable de mantener los suministros de materiales de guerra y médicos para la organización, lo mismo que de la coordinación de las operaciones de extorsión en Villavicencio, la capital del Meta, y otras localidades de este departamento.
La localidad de los combates sirvió de enclave a los siete miembros del mando central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hasta diciembre de 1990, cuando una operación aérea de bombardeos los desalojó de allí.
EFE
El Universal
Bogotá, Colombia
Miércoles 20 de febrero de 2008
La fuerza militar conjunta conformada en Colombia dio muerte a Isidro Cárdenas Moreno durante un combate
La fuerza militar conjunta conformada en Colombia para perseguir al mando central de las FARC dio muerte en combate al presunto financiero del frente 53 de esta guerrilla, Isidro Cárdenas Moreno, informaron hoy fuentes castrenses de Bogotá.
La Armada Nacional precisó que Cárdenas fue abatido en Filo Gallineto, paraje rural de Uribe, localidad en el departamento del Meta, por tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, responsable del llamado Plan Patriota contra la comandancia rebelde.
El presunto financiero era conocido con el alias de "Loco Anderson" y también ejercía como tercer cabecilla del frente 53, agregó la fuente.
La Armada dijo que Cárdenas era el responsable de mantener los suministros de materiales de guerra y médicos para la organización, lo mismo que de la coordinación de las operaciones de extorsión en Villavicencio, la capital del Meta, y otras localidades de este departamento.
La localidad de los combates sirvió de enclave a los siete miembros del mando central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hasta diciembre de 1990, cuando una operación aérea de bombardeos los desalojó de allí.
Detenidos 39 guerrilleros, nueve de ellos extraditables, en una redada contra las FARC
Detenidos 39 guerrilleros, nueve de ellos extraditables, en una redada contra las FARC
La detención desmantela una red de tráfico de droga a los Estados Unidos
EFE - Bogotá - 20/02/2008
Las autoridades de Colombia han detenido a 39 presuntos rebeldes o colaboradores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), nueve de ellos reclamados en extradición por Estados Unidos, en una acción contra la red logística de uno de los frentes de esa guerrilla, informaron este martes los responsables de la redada.
La llamada Operación Alianza quedó completada tras una fase inicial realizada hace una semana y que terminó con ocho arrestos, tres de ellos de extraditables. Los otros seis reclamados por Estados Unidos "por los delitos de apoyo a grupos terroristas y conspiración para toma de rehenes norteamericanos", señaló la Fiscalía General. Es la primera vez que Washington reclama a colombianos bajo el primer cargo, que está relacionado con el segundo, vinculado al secuestro de los tres estadounidenses que las FARC tienen en el grupo de 44 cautivos canjeables por insurgentes presos.
La redada fue realizada de manera conjunta por el Ejército, la fiscalía, la central de inteligencia y la policía de Colombia, y contó con el apoyo de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
El fiscal general, Mario Iguarán, destacó en una conferencia de prensa que la red financiaba la compra de suministros a los rebeldes con operaciones de narcotráfico a EE UU. La droga era enviada a ese país por rutas que pasaban por Brasil, Venezuela y Surinam, según la investigación de las autoridades colombianas, que establecieron que, con el dinero obtenido, la red compraba material de intendencia, equipos médicos y de comunicación, armas, ordenadores y medicinas.
La red pertenecía al primer frente de las FARC, según confirmó el comandante del Ejército, general Mario Montoya, quien compareció ante la prensa junto a la directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal), María del Pilar Hurtado, y el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), coronel César Augusto Pinzón
www.elpais.com
La detención desmantela una red de tráfico de droga a los Estados Unidos
EFE - Bogotá - 20/02/2008
Las autoridades de Colombia han detenido a 39 presuntos rebeldes o colaboradores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), nueve de ellos reclamados en extradición por Estados Unidos, en una acción contra la red logística de uno de los frentes de esa guerrilla, informaron este martes los responsables de la redada.
La llamada Operación Alianza quedó completada tras una fase inicial realizada hace una semana y que terminó con ocho arrestos, tres de ellos de extraditables. Los otros seis reclamados por Estados Unidos "por los delitos de apoyo a grupos terroristas y conspiración para toma de rehenes norteamericanos", señaló la Fiscalía General. Es la primera vez que Washington reclama a colombianos bajo el primer cargo, que está relacionado con el segundo, vinculado al secuestro de los tres estadounidenses que las FARC tienen en el grupo de 44 cautivos canjeables por insurgentes presos.
La redada fue realizada de manera conjunta por el Ejército, la fiscalía, la central de inteligencia y la policía de Colombia, y contó con el apoyo de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
El fiscal general, Mario Iguarán, destacó en una conferencia de prensa que la red financiaba la compra de suministros a los rebeldes con operaciones de narcotráfico a EE UU. La droga era enviada a ese país por rutas que pasaban por Brasil, Venezuela y Surinam, según la investigación de las autoridades colombianas, que establecieron que, con el dinero obtenido, la red compraba material de intendencia, equipos médicos y de comunicación, armas, ordenadores y medicinas.
La red pertenecía al primer frente de las FARC, según confirmó el comandante del Ejército, general Mario Montoya, quien compareció ante la prensa junto a la directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal), María del Pilar Hurtado, y el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), coronel César Augusto Pinzón
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Pacto con el diablo
Pacto con el diablo
SEMANA revela documentos recién desclasificados en Washington que dejan en evidencia la relación de la CIA con los nacientes grupos paramilitares colombianos.
Diego Fernando Murillo Bejarano, 'Don Berna', es un hombre de pocas palabras y de miles de secretos. Son pocas las cosas que han salido de su boca, a pesar de que él ha sido uno de los protagonistas de la historia de violencia de Colombia en las tres últimas décadas. En efecto, en las audiencias públicas de Justicia y Paz no resuelve los interrogantes; en los frecuentes escándalos de los comandantes presos en la cárcel de Itagüí se refugia en el silencio; como en el pasado lo hizo cuando impuso su ley en Santa Fe Ralito en calidad de inspector general de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y muchos años atrás, cuando era un fiel, discreto y eficiente sicario de la familia Castaño. En esas tareas fue testigo de la creación de los Pepes, una coalición del mundo del hampa cuyo único fin era cazar vivo o muerto al capo Pablo Emilio Escobar Gaviria.
SEMANA tuvo acceso a una serie de documentos secretos de varias agencias de seguridad y diplomáticos de Estados Unidos en los que queda en evidencia la participación de entidades de ese país en el objetivo de acabar a Escobar . El hecho adquiere hoy una singular importancia porque aquella fuerza a la que se le dio ese impulso tuvo una metamorfosis hasta convertirse en las bandas de paramilitares que el propio Washington califica ahora como "terroristas" y de cuyos jefes reclama "la extradición".
¿Cómo ocurrió todo esto? El cuento es el siguiente: Tras las huellas de Escobar no sólo iban los gatilleros del bajo mundo. Simultáneamente, las autoridades legales también lo buscaban. El presidente de la República, César Gaviria Trujillo, guardaba entre ceja y ceja a Escobar. No sólo tenía un deber constitucional de dar con su paradero, sino que lo motivaba una obligación moral, pues se lo había prometido en la tumba de Luis Carlos Galán Sarmiento, su líder asesinado por la mafia. Gaviria creó para esta misión el Bloque de Búsqueda, un grupo elite de las Fuerzas Armadas. Su iniciativa contó de inmediato con el respaldo del gobierno de Estados Unidos. En ese entonces, el embajador en Bogotá, Morris Busby, prometía en público que el capo, más temprano que tarde caería. Era común ver la llegada a los aeropuertos de Bogotá y Medellín de hombres del Departamento Antidrogas Estadounidense (DEA) y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que se sumaban al Bloque de Búsqueda.
Paralelamente, en sus haciendas, los entonces miembros de la familia Castaño buscaban apoyo para enfrentar a su rival. Fidel y Vicente eran los líderes de esa causa a la que sumaron a su hermano menor, Carlos, y al otro poderoso clan de la época, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, que dirigían el cartel de Cali. Era frecuente que en las noches, cuando se decía que Escobar estaba en determinada finca, llegaran camionetas blindadas, con los vidrios oscuros, en las que era prácticamente imposible determinar la identidad de sus ocupantes: ¿eran del Bloque de Búsqueda legal? o ¿del improvisado combo de los Pepes? ¿trabajaban en conjunto? Las respuestas a estas preguntas hasta ahora han sido un misterio. Durante muchos años se especuló sobre los lazos que en 1993 estableció la CIA con los Pepes para dar de baja a Escobar. Con la misión de saber la verdad, son muchas las organizaciones que han exigido correr todos los velos. El caso ha sido motivo incluso hasta de libros que se han convertido en best seller. El investigador Michel Bowden, en su libro Matando a Pablo, sugirió en varios apartes las conexiones que existieron entre la CIA y la DEA con el grupo criminal que combatió a Escobar.
En este proceso por aclarar aquellos años aciagos, The National Security Archive, una fundación privada sin fines de lucro cuyo objetivo es el de poner a la disposición del público en general documentos recientemente desclasificados por el Gobierno Federal de Estados Unidos, decidió tomar todas las piezas para armar el rompecabezas. Michael Evans le dijo a SEMANA que, valiéndose del Acta de Libertad de Información (Foia), una herramienta jurídica para desclasificar documentos secretos, tiene una rica información que "son la evidencia más definitiva que se ha desclasificado hasta hoy" y que le permite afirmar que "vincula la ayuda norteamericana de seguridad a una organización paramilitar terrorista de Colombia".
Según Evans, contando con estos archivos hasta ahora bajo llave en Estados Unidos, queda claro que el Bloque de Búsqueda fue apoyado por ese país "para localizar el narcotraficante fugitivo Pablo Escobar, compartía la inteligencia con Fidel Castaño".
Por si esto fuera poco, esta afirmación está sustentada en otro hecho también muy grave. En el resultado de un trabajo de espionaje de Estados Unidos al gobierno de Colombia. "La nueva evidencia también ilumina el papel en las operaciones y los reportes que producían sobre el mismo gobierno colombiano. Estados Unidos monitoreaba con mucho esmero las reuniones entre el Presidente de Colombia y sus altos funcionarios de la seguridad". Es decir, que al tiempo que le ayudaba al presidente Gaviria, se le espiaba en todos sus movimientos. Entre los documentos desclasificados existe uno procedente de la embajada a través de "un cable diplomático" de fecha agosto de 1993: 'Desenredando la trama de intrigas de los Pepes'. Este revela que agentes de Estados Unidos "vigilaban el círculo íntimo del Presidente colombiano".
La información más importante en el cable se atribuye a 'Palo', una fuente al parecer de la CIA. Según éste, el fiscal Gustavo de Greiff había dicho a la embajada que tenía "una nueva, muy buena (información que) mostraba los vínculos entre importantes miembros de la Policía encargados de la captura de Pablo Escobar Gaviria (el 'Bloque de Búsqueda') con varias actividades criminales y violaciones de los derechos humanos cometidas por los Pepes".
El cable describe, además, una serie de reuniones entre altos funcionarios colombianos sobre el tema de los Pepes en febrero de 1993. "En una reunión, según la información envíada por 'Palo', el director de la Policía Nacional de Colombia, general Miguel Antonio Gómez Padilla, dijo 'que había ordenado a un alto oficial de inteligencia de la PNC mantener contacto con Fidel Castaño, líder paramilitar de Los Pepes, para recopilar información de inteligencia'".
Unos días después, la fuente 'Palo' reportó que el presidente colombiano, César Gaviria, ordenó cesar la cooperación de inteligencia con los Pepes, y mandó al comandante de inteligencia de la PNC, Luis Enrique Montenegro Rico, "a 'pasar la voz' que los Pepes se deben disolver inmediatamente". Montenegro, según la fuente, "no era un miembro de los Pepes, pero como comandante de la inteligencia policíaca conocía algunos de los miembros, y estaba consciente de sus actividades".
El hecho de que Gaviria decidió entregar su mensaje a los Pepes a través de uno de sus altos comandantes policíacos también fue "significativo", según la embajada de Estados Unidos en Bogotá, como un claro indicio de que "el Presidente creía que las Policías estaban en contacto con los Pepes".
The National Security Archive -que publicará esta semana en su página web toda esta información- dice que entre los documentos se encuentra un informe de la embajada, un mes después de la muerte de Escobar, que alerta sobre el hecho de que "cualquier evidencia de la complicidad entre (el cartel de) Cali y la Policía en las actividades de los Pepes habría sido seriamente dañina a la credibilidad del Bloque en sus esfuerzos en contra de Escobar". Así que la Embajada reportó en el cable 'Trama de intrigas' que el Presidente Gaviria "tiene que manejar el asunto de una manera que saque a los otros perseguidores, pero, al mismo tiempo, sin ir a desacreditar los esfuerzos policíacos contra Escobar".
Tras la muerte de Escobar, los hombres del bajo mundo que se le habían enfrentando se reorganizaron y revitalizaron su músculo militar. Así, por ejemplo, los hermanos Castaño. En mayo de 1994, sólo cinco meses antes de la disolución del Bloque, la rama de inteligencia del Departamento de Estado de Estados Unidos llamaba a Fidel Castaño un 'super drug-thug' (gran capo de la droga) y "uno de los criminales más despiadados de todo Colombia" que "podría hacerse un nuevo Escobar". Según el informe, Castaño "es más feroz que Escobar, tiene mayor capacidad militar y puede contar con sus hermanos antiguerrilleros en el Ejército colombiano y en la Policía Nacional". Los mismos que le ayudaron a matar a Escobar.
Poco a poco todos los protagonistas de esta historia fueron desapareciendo en un relato de violencia sin fin. Fidel fue asesinado, Carlos fue muerto por orden de su propio hermano Vicente, de quien no existe rastro. Uno de los pocos sobrevivientes es 'Don Berna', el silencioso jefe paramilitar que empezó como fiel gatillero de esa familia. Él sí sabe hasta qué punto Estados Unidos les dio el impulso a estos hombres para que formaran la máquina más poderosa de matar de la historia reciente: el paramilitarismo. Puede que 'Don Berna' guarde silencio o se lleve toda la información que le sirva para negociar en Estados Unidos, a donde está a punto de ser extraditado.
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SEMANA revela documentos recién desclasificados en Washington que dejan en evidencia la relación de la CIA con los nacientes grupos paramilitares colombianos.
Diego Fernando Murillo Bejarano, 'Don Berna', es un hombre de pocas palabras y de miles de secretos. Son pocas las cosas que han salido de su boca, a pesar de que él ha sido uno de los protagonistas de la historia de violencia de Colombia en las tres últimas décadas. En efecto, en las audiencias públicas de Justicia y Paz no resuelve los interrogantes; en los frecuentes escándalos de los comandantes presos en la cárcel de Itagüí se refugia en el silencio; como en el pasado lo hizo cuando impuso su ley en Santa Fe Ralito en calidad de inspector general de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y muchos años atrás, cuando era un fiel, discreto y eficiente sicario de la familia Castaño. En esas tareas fue testigo de la creación de los Pepes, una coalición del mundo del hampa cuyo único fin era cazar vivo o muerto al capo Pablo Emilio Escobar Gaviria.
SEMANA tuvo acceso a una serie de documentos secretos de varias agencias de seguridad y diplomáticos de Estados Unidos en los que queda en evidencia la participación de entidades de ese país en el objetivo de acabar a Escobar . El hecho adquiere hoy una singular importancia porque aquella fuerza a la que se le dio ese impulso tuvo una metamorfosis hasta convertirse en las bandas de paramilitares que el propio Washington califica ahora como "terroristas" y de cuyos jefes reclama "la extradición".
¿Cómo ocurrió todo esto? El cuento es el siguiente: Tras las huellas de Escobar no sólo iban los gatilleros del bajo mundo. Simultáneamente, las autoridades legales también lo buscaban. El presidente de la República, César Gaviria Trujillo, guardaba entre ceja y ceja a Escobar. No sólo tenía un deber constitucional de dar con su paradero, sino que lo motivaba una obligación moral, pues se lo había prometido en la tumba de Luis Carlos Galán Sarmiento, su líder asesinado por la mafia. Gaviria creó para esta misión el Bloque de Búsqueda, un grupo elite de las Fuerzas Armadas. Su iniciativa contó de inmediato con el respaldo del gobierno de Estados Unidos. En ese entonces, el embajador en Bogotá, Morris Busby, prometía en público que el capo, más temprano que tarde caería. Era común ver la llegada a los aeropuertos de Bogotá y Medellín de hombres del Departamento Antidrogas Estadounidense (DEA) y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que se sumaban al Bloque de Búsqueda.
Paralelamente, en sus haciendas, los entonces miembros de la familia Castaño buscaban apoyo para enfrentar a su rival. Fidel y Vicente eran los líderes de esa causa a la que sumaron a su hermano menor, Carlos, y al otro poderoso clan de la época, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, que dirigían el cartel de Cali. Era frecuente que en las noches, cuando se decía que Escobar estaba en determinada finca, llegaran camionetas blindadas, con los vidrios oscuros, en las que era prácticamente imposible determinar la identidad de sus ocupantes: ¿eran del Bloque de Búsqueda legal? o ¿del improvisado combo de los Pepes? ¿trabajaban en conjunto? Las respuestas a estas preguntas hasta ahora han sido un misterio. Durante muchos años se especuló sobre los lazos que en 1993 estableció la CIA con los Pepes para dar de baja a Escobar. Con la misión de saber la verdad, son muchas las organizaciones que han exigido correr todos los velos. El caso ha sido motivo incluso hasta de libros que se han convertido en best seller. El investigador Michel Bowden, en su libro Matando a Pablo, sugirió en varios apartes las conexiones que existieron entre la CIA y la DEA con el grupo criminal que combatió a Escobar.
En este proceso por aclarar aquellos años aciagos, The National Security Archive, una fundación privada sin fines de lucro cuyo objetivo es el de poner a la disposición del público en general documentos recientemente desclasificados por el Gobierno Federal de Estados Unidos, decidió tomar todas las piezas para armar el rompecabezas. Michael Evans le dijo a SEMANA que, valiéndose del Acta de Libertad de Información (Foia), una herramienta jurídica para desclasificar documentos secretos, tiene una rica información que "son la evidencia más definitiva que se ha desclasificado hasta hoy" y que le permite afirmar que "vincula la ayuda norteamericana de seguridad a una organización paramilitar terrorista de Colombia".
Según Evans, contando con estos archivos hasta ahora bajo llave en Estados Unidos, queda claro que el Bloque de Búsqueda fue apoyado por ese país "para localizar el narcotraficante fugitivo Pablo Escobar, compartía la inteligencia con Fidel Castaño".
Por si esto fuera poco, esta afirmación está sustentada en otro hecho también muy grave. En el resultado de un trabajo de espionaje de Estados Unidos al gobierno de Colombia. "La nueva evidencia también ilumina el papel en las operaciones y los reportes que producían sobre el mismo gobierno colombiano. Estados Unidos monitoreaba con mucho esmero las reuniones entre el Presidente de Colombia y sus altos funcionarios de la seguridad". Es decir, que al tiempo que le ayudaba al presidente Gaviria, se le espiaba en todos sus movimientos. Entre los documentos desclasificados existe uno procedente de la embajada a través de "un cable diplomático" de fecha agosto de 1993: 'Desenredando la trama de intrigas de los Pepes'. Este revela que agentes de Estados Unidos "vigilaban el círculo íntimo del Presidente colombiano".
La información más importante en el cable se atribuye a 'Palo', una fuente al parecer de la CIA. Según éste, el fiscal Gustavo de Greiff había dicho a la embajada que tenía "una nueva, muy buena (información que) mostraba los vínculos entre importantes miembros de la Policía encargados de la captura de Pablo Escobar Gaviria (el 'Bloque de Búsqueda') con varias actividades criminales y violaciones de los derechos humanos cometidas por los Pepes".
El cable describe, además, una serie de reuniones entre altos funcionarios colombianos sobre el tema de los Pepes en febrero de 1993. "En una reunión, según la información envíada por 'Palo', el director de la Policía Nacional de Colombia, general Miguel Antonio Gómez Padilla, dijo 'que había ordenado a un alto oficial de inteligencia de la PNC mantener contacto con Fidel Castaño, líder paramilitar de Los Pepes, para recopilar información de inteligencia'".
Unos días después, la fuente 'Palo' reportó que el presidente colombiano, César Gaviria, ordenó cesar la cooperación de inteligencia con los Pepes, y mandó al comandante de inteligencia de la PNC, Luis Enrique Montenegro Rico, "a 'pasar la voz' que los Pepes se deben disolver inmediatamente". Montenegro, según la fuente, "no era un miembro de los Pepes, pero como comandante de la inteligencia policíaca conocía algunos de los miembros, y estaba consciente de sus actividades".
El hecho de que Gaviria decidió entregar su mensaje a los Pepes a través de uno de sus altos comandantes policíacos también fue "significativo", según la embajada de Estados Unidos en Bogotá, como un claro indicio de que "el Presidente creía que las Policías estaban en contacto con los Pepes".
The National Security Archive -que publicará esta semana en su página web toda esta información- dice que entre los documentos se encuentra un informe de la embajada, un mes después de la muerte de Escobar, que alerta sobre el hecho de que "cualquier evidencia de la complicidad entre (el cartel de) Cali y la Policía en las actividades de los Pepes habría sido seriamente dañina a la credibilidad del Bloque en sus esfuerzos en contra de Escobar". Así que la Embajada reportó en el cable 'Trama de intrigas' que el Presidente Gaviria "tiene que manejar el asunto de una manera que saque a los otros perseguidores, pero, al mismo tiempo, sin ir a desacreditar los esfuerzos policíacos contra Escobar".
Tras la muerte de Escobar, los hombres del bajo mundo que se le habían enfrentando se reorganizaron y revitalizaron su músculo militar. Así, por ejemplo, los hermanos Castaño. En mayo de 1994, sólo cinco meses antes de la disolución del Bloque, la rama de inteligencia del Departamento de Estado de Estados Unidos llamaba a Fidel Castaño un 'super drug-thug' (gran capo de la droga) y "uno de los criminales más despiadados de todo Colombia" que "podría hacerse un nuevo Escobar". Según el informe, Castaño "es más feroz que Escobar, tiene mayor capacidad militar y puede contar con sus hermanos antiguerrilleros en el Ejército colombiano y en la Policía Nacional". Los mismos que le ayudaron a matar a Escobar.
Poco a poco todos los protagonistas de esta historia fueron desapareciendo en un relato de violencia sin fin. Fidel fue asesinado, Carlos fue muerto por orden de su propio hermano Vicente, de quien no existe rastro. Uno de los pocos sobrevivientes es 'Don Berna', el silencioso jefe paramilitar que empezó como fiel gatillero de esa familia. Él sí sabe hasta qué punto Estados Unidos les dio el impulso a estos hombres para que formaran la máquina más poderosa de matar de la historia reciente: el paramilitarismo. Puede que 'Don Berna' guarde silencio o se lleve toda la información que le sirva para negociar en Estados Unidos, a donde está a punto de ser extraditado.
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Los Baby sicarios
Los Baby sicarios
En Pereira y Dosquebradas se gesta una aterradora mafia integrada por niños, muy similar al fenómeno de Los Maras en Salvador.
El pasado 31 de diciembre, Juan, más conocido como La Chinga, no recibió el acostumbrado abrazo de feliz año; a cambió, sintió el hormigueo de tres balazos, dos en la espalda y uno en la cintura. Media hora antes de ese atentado, en el populoso barrio San Judas de Dosquebradas, La Chinga dejó mudo a un hombre al que llaman El Diablo. De una puñalada le atravesó el cuello y destrozó sus cuerdas vocales.
Pero El Diablo y sus amigos no son el único problema de Juan. Su vida es una amenaza desde hace cuatro años cuando empezó a fumar marihuana, aspirar perico y hasta heroína, atormentado por el asesinato de su hermano. Con su pandilla, Los Melenos, la misma que nutre de droga al sector, conoció el mundo del hampa, el poder de las armas y la mirada de la muerte. El retrato de la ´Parca´ lo persigue desde el 2004, cuando por primera vez y junto a su combo, atracaron a un hombre y no contentos con robarlo, lo degollaron. La escena se repitió cuatro veces esa misma semana; el botín para Juan después de la repartición: $20.000, "Duele cargarse con tres muñecos (muertos), por esa marañita; pero es que esos manes se aletiaban (rehusaban)", confesó con ironía delante de su abuela, una mujer obesa y sonrisa desdentada. La ternura de la anciana se desvaneció con la escalofriante confesión de su nieto de 17 años de edad. Ella solo atinó a tapar el rostro con sus manos.
La vida de este menor es un libreto. Su mamá lo abandonó hace varios años y de su padre no tiene rastro alguno. Su hogar lo sostienen rebanadas de mango que diariamente vende su abuelo al frente de uno de los colegios oficiales de Pereira. El rancho en el que viven es un completo milagro de la ingeniería; son 30 metros cuadrados para distribuir una sala, cocina y habitaciones donde duermen ocho personas, entre tías y primos. Como si fuera poco, en el mismo sector donde habita, ya se rumora que él será el próximo muerto, "Hoy está tranquilo porque el barrio está lleno de ley (policías), pero ellos algún día se irán y a la Chinga le van a caer porque las culebras (problemas) se arreglan en el hueco (La tumba)", confesó otro pandillero del San Judas y quien pidió omitir su nombre.
Un kilómetro más hacia el norte de ese sector, están los barrios El Martillo y San Diego; allí vive Andrés, más conocido como el Chinga 2; otro menor de escasos 13 años de edad que también fue criado por su abuela; su juguete consentido es "Ruñiño¨, un revólver calibre 38 cuyo cañón es más largo que sus piernas. Con él, se entretiene, se defiende y trabaja. Dice quererlo más que a su novia de 15 años. Aunque advierte que es un novato en el negocio del ´martilleo´ ( sicariato), las víctimas de su trabajo no se pueden sumar con los dedos de la mano. Por cada crimen recibe $500.000. Chinga 2 es respaldado por las bandas El Caleño y Coreano. A su habilidad sicarial se suma otra inhata: su belleza; ojos claros, cejas delineadas y piel tierna son su herramienta de trabajo para otro ´negocio´ que niega por pudor. Muchas veces se convierte en el objeto sexual de hombres mayores que pagan por sus servicios.
Guerra de niños
Juan y Andrés comparten los mismos sueños, ninguno; en cambio, sí muchas desgracias. No se conocen pero se odian. Ambos son menores sicarios, viven en la misma ciudad de paredes de barro, techos de zinc y calles empolvadas. Se pelean a muerte el dominio territorial de sus barrios para mantener intacto el negocio de la droga. Los dos iniciaron como campaneros al servicio de las 52 bandas dedicadas al narcotráfico que existen en Dosquebradas y trece en Pereira y hoy están inmersos en una guerra que además acorraló a miles de civiles inocentes. Esa pelea sin cuartel sólo en enero de este año cobró la vida de 50 personas entre pandilleros e inocentes. Dicha cifra, en concepto de las autoridades policiales es tolerable, por cuanto en el mismo periodo de 2007 el número de crímenes fue de 51 casos. "Cualquier tienda o billar donde se encuentren grupos de jóvenes, es un hervidero; a comienzos de año lanzaron una granada en uno de esos establecimientos, hubo cuatro muertos y cinco heridos, entre ellos inocentes", explicó un tendero del barrio San Diego de Dosquebradas.
Sorprende que tras esos delitos se encuentran menores de hasta 9 años de edad. Al comienzo son campaneros, distribuidores de droga o abastecedores de armas y munición. Cuando cumplen 13 años, su función se eleva a la de sicarios que son ´exportados´ hacia ciudades vecinas como Cartago, en el Valle, Manizales y Chinchiná en Caldas y los municipios de La Virginia y Santa Rosa en Risaralda; las ganancias son irrisorias pero el prestigio dentro del grupo e incalculable.
Luis Carlos Leal, Defensor del Pueblo de Risaralda, aseguró a SEMANA que "Hay aproximadamente 200 menores de edad que hacen parte de esas bandas y con distintas funciones". Advierte, que la situación es insostenible y como tal requiere acciones inmediatas de fondo, que van desde programas de reconstrucción del tejido social hasta grandes inversiones en materia de infraestructura.
Sin duda el mayor referente sobre la participación de niños en actos delictivos, se encuentra en El Marceliano, el centro de rehabilitación de Pereira. "Tenemos capacidad para atender a 200 niños y siempre estamos copados; en su gran mayoría son adolescentes provenientes de zonas deprimidas de Pereira y Dosquebradas y muchos de ellos reincidentes", explicó un ex funcionario del instituto. A esa cifra se suman las que manejan las autoridades en todo el Departamento. De acuerdo con estadísticas suministradas por la Policía de Risaralda, el año anterior fueron capturados 943 menores involucrados en toda clase de delitos, incluidos homicidios; es decir, 46 casos más que los registrados en 2006. A enero de este año la cifra de menores capturados es de 67 casos, trece menos que en 2007.
Poderes oscuros
La atomización de bandas criminales en esas dos ciudades de Risaralda y la participación de menores en el esquema delictivo, tiene con los pelos de punta a las propias autoridades e investigadores sociales de la región. Incluso, algunos ya se atreven a comparar el problema con el vivido en la comuna Trece de Medellín y otros encuentran alguna similitud con el fenómeno de Los Maras, que afectó a Centro América, especialmente países como El Salvador.
Para Eisenhower D´janón, presidente del colegio de Jueces de Paz de Dosquebradas, la situación, que se extiende a Pereira, tiene perturbadores similares a los detectados en la capital antioqueña. "Es indudable admitir la presencia de fuerzas oscuras que alimentan la actitud delincuencial de los jóvenes, en otras palabras, estamos reconociendo que es el narcotráfico a través de organizaciones mafiosas, el motor de este fenómeno", dijo a SEMANA.
Sus palabras tienen eco si analizamos la denuncia que hace un par de semanas hizo el diputado conservador Julio César Londoño, al advertir públicamente la presencia de hombres de civil, armados con fusiles, custodiando las zonas deprimidas de Dosquebradas, "No tengo más detalles del hecho, pero mis fuentes que no son oficiales, me merecen la mayor credibilidad", dijo a SEMANA el asambleísta.
Sumado a ello, el mapa delictivo de Pereira y Dosquebradas registra varios sectores con problemas de orden público, influenciados por grupos paramilitares emergentes del bloque Héroes del Sur, desmovilizado en Guática Risaralda y milicias urbanas de la guerrilla de las Farc y el ELN, tal como consta en un documento de inteligencia . Sin embargo, lo más significativo de ese mapa delincuencial radica en que todo ese esquema delictivo desemboca en una sola organización criminal conocida como La Cordillera y que hace parte de la estructura mafiosa del narco Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ´Macaco´, hoy preso en Cómbita. Cabe recordar que Macaco es oriundo de Dosquebradas e incluso su hermano Roberto, fue concejal hasta hace un par de años y su nombre sonó como aspirante a la alcaldía de esa localidad.
A través de La Cordillera no sólo se maneja la comercialización de coca y el expendio de basuco en las denominadas ollas, sino que además se coordina el negocio de las oficinas de cobro, jóvenes prepagos y el boleteo de comerciantes. "Muchos transportadores reconocen que deben pagar vacunas para acceder a zonas como Villa Santana, La Estación y Cuba en Pereira, o los barrios Camilo Torres, San Diego, El Martillo, entre otros, en Dosquebradas", dijo un comerciante de Pereira a quien recientemente le secuestraron la moto y debió pagar un millón de pesos por su rescate. De acuerdo con informes de entidades cívicas que estudian el tema, esa amalgama de negocios ilícitos mueven cerca de $300 millones mensuales.
Varios pandilleros aseguraron a SEMANA que la guerra se agudizó porque recientemente hubo un amotinamiento en varias zonas, patrocinado por líderes que decían desconocer el mando de La Cordillera y advertían seguir la línea de los denominados Rastrojos, organización criminal al servicio del recién asesinado capo Wílber Varela, alias ´Jabón´. Consultado sobre el tema el coronel Fernando Chinchilla, comandante encargado de la policía en Risaralda, reconoció la existencia del problema en torno a pandillas que se pelean el dominio de las ollas, pero descartó que tras ese fenómeno se encuentren organizaciones criminales de talla mayor, "Creemos que se trata de una pelea local entre pequeños jefes de bandas, a raíz de las capturas recientes de cabecillas de La Cordillera, tales como alias Lucas y Perra Flaca", dijo el oficial, tras precisar que en los últimos tres años han sido aprehendidos 183 integrantes de esa organización e incautados más de cien kilos de coca y una tonelada de marihuana.
Hijos del abandono
Sin duda el referente más reciente sobre la magnitud del fenómeno de las pandillas en Dosquebradas y Pereira, corrió por cuenta del corto metraje `La Gorra` y que fue producido por los propios habitantes de ambas ciudades. El video de 50 minutos y con una inversión de $30 millones, será vendido en formato DVD y relata con actores naturales, la crudeza y naturaleza de un conflicto en el que los niños son los protagonistas y víctimas.
Sin embargo, más allá de conocer los hilos criminales que se esconden tras el fenómeno pandillero, la descomposición familiar es quizás una de las más crudas conclusiones a la que llegan expertos en el tema. Guillermo Garner, investigador del Observatorio de la Convivencia de la Universidad Tecnológica de Pereira, UTP, aseguró que la mayoría de esos adolescentes involucrados en pandillas, provienen de hogares donde la crianza se le encomendó en el mejor de los casos, a los abuelos, "A ello súmele que el entorno social en el que se encuentran esas criaturas, está influenciado por grupos ilegales", explicó a SEMANA el catedrático.
Esa tesis la refuerza Macdonald Muñoz, investigador social que trabaja con fundaciones de la región, al comparar el problema con el de Los Maras, ocurrido en el Salvador, tras la llegada de jóvenes hijos de mujeres que habían emigrado hacia los Estados Unidos, en busca de nuevas oportunidades, "Si bien no podemos decir que nuestros pandilleros en su mayoría son hijos de madres que viajaron al exterior, sí es fácil encontrar en ellos motivaciones similares como la necesidad de empleo, problemas culturales de fondo y la mala utilización del tiempo libre", explicó a SEMANA. No obstante, cifras que maneja la Asociación América - España, Solidaridad y Cooperación, entidad enfocada a facilitar la integración social, cultural y laboral de latinoamericanos en Europa, permiten deducir que igualmente esas dos ciudades del Eje Cafetero, concentran el mayor porcentaje de emigrantes dentro de una encuesta que realizaron en 2007, con 5.981 personas, de las cuales 3.880 correspondieron a la región. Concluye el estudio que el 60% de los viajeros son mujeres y el 23% de ese universo, dejará a sus hijos a cargo de los abuelos.
Sin importar la causa del fenómeno pandillero, que sin duda será tema de agenda paras las autoridades locales y nacionales, lo único cierto por ahora es que en Pereira y Dosquebradas se gesta una de las escuelas de sicarios más sorprendentes del país, donde sus alumnos no saben leer y escribir pero no fallan a la hora de disparar, como le ocurre a Juan y Andrés
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En Pereira y Dosquebradas se gesta una aterradora mafia integrada por niños, muy similar al fenómeno de Los Maras en Salvador.
El pasado 31 de diciembre, Juan, más conocido como La Chinga, no recibió el acostumbrado abrazo de feliz año; a cambió, sintió el hormigueo de tres balazos, dos en la espalda y uno en la cintura. Media hora antes de ese atentado, en el populoso barrio San Judas de Dosquebradas, La Chinga dejó mudo a un hombre al que llaman El Diablo. De una puñalada le atravesó el cuello y destrozó sus cuerdas vocales.
Pero El Diablo y sus amigos no son el único problema de Juan. Su vida es una amenaza desde hace cuatro años cuando empezó a fumar marihuana, aspirar perico y hasta heroína, atormentado por el asesinato de su hermano. Con su pandilla, Los Melenos, la misma que nutre de droga al sector, conoció el mundo del hampa, el poder de las armas y la mirada de la muerte. El retrato de la ´Parca´ lo persigue desde el 2004, cuando por primera vez y junto a su combo, atracaron a un hombre y no contentos con robarlo, lo degollaron. La escena se repitió cuatro veces esa misma semana; el botín para Juan después de la repartición: $20.000, "Duele cargarse con tres muñecos (muertos), por esa marañita; pero es que esos manes se aletiaban (rehusaban)", confesó con ironía delante de su abuela, una mujer obesa y sonrisa desdentada. La ternura de la anciana se desvaneció con la escalofriante confesión de su nieto de 17 años de edad. Ella solo atinó a tapar el rostro con sus manos.
La vida de este menor es un libreto. Su mamá lo abandonó hace varios años y de su padre no tiene rastro alguno. Su hogar lo sostienen rebanadas de mango que diariamente vende su abuelo al frente de uno de los colegios oficiales de Pereira. El rancho en el que viven es un completo milagro de la ingeniería; son 30 metros cuadrados para distribuir una sala, cocina y habitaciones donde duermen ocho personas, entre tías y primos. Como si fuera poco, en el mismo sector donde habita, ya se rumora que él será el próximo muerto, "Hoy está tranquilo porque el barrio está lleno de ley (policías), pero ellos algún día se irán y a la Chinga le van a caer porque las culebras (problemas) se arreglan en el hueco (La tumba)", confesó otro pandillero del San Judas y quien pidió omitir su nombre.
Un kilómetro más hacia el norte de ese sector, están los barrios El Martillo y San Diego; allí vive Andrés, más conocido como el Chinga 2; otro menor de escasos 13 años de edad que también fue criado por su abuela; su juguete consentido es "Ruñiño¨, un revólver calibre 38 cuyo cañón es más largo que sus piernas. Con él, se entretiene, se defiende y trabaja. Dice quererlo más que a su novia de 15 años. Aunque advierte que es un novato en el negocio del ´martilleo´ ( sicariato), las víctimas de su trabajo no se pueden sumar con los dedos de la mano. Por cada crimen recibe $500.000. Chinga 2 es respaldado por las bandas El Caleño y Coreano. A su habilidad sicarial se suma otra inhata: su belleza; ojos claros, cejas delineadas y piel tierna son su herramienta de trabajo para otro ´negocio´ que niega por pudor. Muchas veces se convierte en el objeto sexual de hombres mayores que pagan por sus servicios.
Guerra de niños
Juan y Andrés comparten los mismos sueños, ninguno; en cambio, sí muchas desgracias. No se conocen pero se odian. Ambos son menores sicarios, viven en la misma ciudad de paredes de barro, techos de zinc y calles empolvadas. Se pelean a muerte el dominio territorial de sus barrios para mantener intacto el negocio de la droga. Los dos iniciaron como campaneros al servicio de las 52 bandas dedicadas al narcotráfico que existen en Dosquebradas y trece en Pereira y hoy están inmersos en una guerra que además acorraló a miles de civiles inocentes. Esa pelea sin cuartel sólo en enero de este año cobró la vida de 50 personas entre pandilleros e inocentes. Dicha cifra, en concepto de las autoridades policiales es tolerable, por cuanto en el mismo periodo de 2007 el número de crímenes fue de 51 casos. "Cualquier tienda o billar donde se encuentren grupos de jóvenes, es un hervidero; a comienzos de año lanzaron una granada en uno de esos establecimientos, hubo cuatro muertos y cinco heridos, entre ellos inocentes", explicó un tendero del barrio San Diego de Dosquebradas.
Sorprende que tras esos delitos se encuentran menores de hasta 9 años de edad. Al comienzo son campaneros, distribuidores de droga o abastecedores de armas y munición. Cuando cumplen 13 años, su función se eleva a la de sicarios que son ´exportados´ hacia ciudades vecinas como Cartago, en el Valle, Manizales y Chinchiná en Caldas y los municipios de La Virginia y Santa Rosa en Risaralda; las ganancias son irrisorias pero el prestigio dentro del grupo e incalculable.
Luis Carlos Leal, Defensor del Pueblo de Risaralda, aseguró a SEMANA que "Hay aproximadamente 200 menores de edad que hacen parte de esas bandas y con distintas funciones". Advierte, que la situación es insostenible y como tal requiere acciones inmediatas de fondo, que van desde programas de reconstrucción del tejido social hasta grandes inversiones en materia de infraestructura.
Sin duda el mayor referente sobre la participación de niños en actos delictivos, se encuentra en El Marceliano, el centro de rehabilitación de Pereira. "Tenemos capacidad para atender a 200 niños y siempre estamos copados; en su gran mayoría son adolescentes provenientes de zonas deprimidas de Pereira y Dosquebradas y muchos de ellos reincidentes", explicó un ex funcionario del instituto. A esa cifra se suman las que manejan las autoridades en todo el Departamento. De acuerdo con estadísticas suministradas por la Policía de Risaralda, el año anterior fueron capturados 943 menores involucrados en toda clase de delitos, incluidos homicidios; es decir, 46 casos más que los registrados en 2006. A enero de este año la cifra de menores capturados es de 67 casos, trece menos que en 2007.
Poderes oscuros
La atomización de bandas criminales en esas dos ciudades de Risaralda y la participación de menores en el esquema delictivo, tiene con los pelos de punta a las propias autoridades e investigadores sociales de la región. Incluso, algunos ya se atreven a comparar el problema con el vivido en la comuna Trece de Medellín y otros encuentran alguna similitud con el fenómeno de Los Maras, que afectó a Centro América, especialmente países como El Salvador.
Para Eisenhower D´janón, presidente del colegio de Jueces de Paz de Dosquebradas, la situación, que se extiende a Pereira, tiene perturbadores similares a los detectados en la capital antioqueña. "Es indudable admitir la presencia de fuerzas oscuras que alimentan la actitud delincuencial de los jóvenes, en otras palabras, estamos reconociendo que es el narcotráfico a través de organizaciones mafiosas, el motor de este fenómeno", dijo a SEMANA.
Sus palabras tienen eco si analizamos la denuncia que hace un par de semanas hizo el diputado conservador Julio César Londoño, al advertir públicamente la presencia de hombres de civil, armados con fusiles, custodiando las zonas deprimidas de Dosquebradas, "No tengo más detalles del hecho, pero mis fuentes que no son oficiales, me merecen la mayor credibilidad", dijo a SEMANA el asambleísta.
Sumado a ello, el mapa delictivo de Pereira y Dosquebradas registra varios sectores con problemas de orden público, influenciados por grupos paramilitares emergentes del bloque Héroes del Sur, desmovilizado en Guática Risaralda y milicias urbanas de la guerrilla de las Farc y el ELN, tal como consta en un documento de inteligencia . Sin embargo, lo más significativo de ese mapa delincuencial radica en que todo ese esquema delictivo desemboca en una sola organización criminal conocida como La Cordillera y que hace parte de la estructura mafiosa del narco Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ´Macaco´, hoy preso en Cómbita. Cabe recordar que Macaco es oriundo de Dosquebradas e incluso su hermano Roberto, fue concejal hasta hace un par de años y su nombre sonó como aspirante a la alcaldía de esa localidad.
A través de La Cordillera no sólo se maneja la comercialización de coca y el expendio de basuco en las denominadas ollas, sino que además se coordina el negocio de las oficinas de cobro, jóvenes prepagos y el boleteo de comerciantes. "Muchos transportadores reconocen que deben pagar vacunas para acceder a zonas como Villa Santana, La Estación y Cuba en Pereira, o los barrios Camilo Torres, San Diego, El Martillo, entre otros, en Dosquebradas", dijo un comerciante de Pereira a quien recientemente le secuestraron la moto y debió pagar un millón de pesos por su rescate. De acuerdo con informes de entidades cívicas que estudian el tema, esa amalgama de negocios ilícitos mueven cerca de $300 millones mensuales.
Varios pandilleros aseguraron a SEMANA que la guerra se agudizó porque recientemente hubo un amotinamiento en varias zonas, patrocinado por líderes que decían desconocer el mando de La Cordillera y advertían seguir la línea de los denominados Rastrojos, organización criminal al servicio del recién asesinado capo Wílber Varela, alias ´Jabón´. Consultado sobre el tema el coronel Fernando Chinchilla, comandante encargado de la policía en Risaralda, reconoció la existencia del problema en torno a pandillas que se pelean el dominio de las ollas, pero descartó que tras ese fenómeno se encuentren organizaciones criminales de talla mayor, "Creemos que se trata de una pelea local entre pequeños jefes de bandas, a raíz de las capturas recientes de cabecillas de La Cordillera, tales como alias Lucas y Perra Flaca", dijo el oficial, tras precisar que en los últimos tres años han sido aprehendidos 183 integrantes de esa organización e incautados más de cien kilos de coca y una tonelada de marihuana.
Hijos del abandono
Sin duda el referente más reciente sobre la magnitud del fenómeno de las pandillas en Dosquebradas y Pereira, corrió por cuenta del corto metraje `La Gorra` y que fue producido por los propios habitantes de ambas ciudades. El video de 50 minutos y con una inversión de $30 millones, será vendido en formato DVD y relata con actores naturales, la crudeza y naturaleza de un conflicto en el que los niños son los protagonistas y víctimas.
Sin embargo, más allá de conocer los hilos criminales que se esconden tras el fenómeno pandillero, la descomposición familiar es quizás una de las más crudas conclusiones a la que llegan expertos en el tema. Guillermo Garner, investigador del Observatorio de la Convivencia de la Universidad Tecnológica de Pereira, UTP, aseguró que la mayoría de esos adolescentes involucrados en pandillas, provienen de hogares donde la crianza se le encomendó en el mejor de los casos, a los abuelos, "A ello súmele que el entorno social en el que se encuentran esas criaturas, está influenciado por grupos ilegales", explicó a SEMANA el catedrático.
Esa tesis la refuerza Macdonald Muñoz, investigador social que trabaja con fundaciones de la región, al comparar el problema con el de Los Maras, ocurrido en el Salvador, tras la llegada de jóvenes hijos de mujeres que habían emigrado hacia los Estados Unidos, en busca de nuevas oportunidades, "Si bien no podemos decir que nuestros pandilleros en su mayoría son hijos de madres que viajaron al exterior, sí es fácil encontrar en ellos motivaciones similares como la necesidad de empleo, problemas culturales de fondo y la mala utilización del tiempo libre", explicó a SEMANA. No obstante, cifras que maneja la Asociación América - España, Solidaridad y Cooperación, entidad enfocada a facilitar la integración social, cultural y laboral de latinoamericanos en Europa, permiten deducir que igualmente esas dos ciudades del Eje Cafetero, concentran el mayor porcentaje de emigrantes dentro de una encuesta que realizaron en 2007, con 5.981 personas, de las cuales 3.880 correspondieron a la región. Concluye el estudio que el 60% de los viajeros son mujeres y el 23% de ese universo, dejará a sus hijos a cargo de los abuelos.
Sin importar la causa del fenómeno pandillero, que sin duda será tema de agenda paras las autoridades locales y nacionales, lo único cierto por ahora es que en Pereira y Dosquebradas se gesta una de las escuelas de sicarios más sorprendentes del país, donde sus alumnos no saben leer y escribir pero no fallan a la hora de disparar, como le ocurre a Juan y Andrés
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Las FARC rechazan la mediación de España y la Iglesia
Las FARC rechazan la mediación de España y la Iglesia
El 'castigo' a Madrid puede ser una concesión al venezolano Hugo Chávez
PILAR LOZANO - Bogotá - 15/02/2008
Ni España, ni la Iglesia. La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) rechaza a ambos como mediadores para logar un acuerdo humanitario que ponga fin a la pesadilla que viven 44 secuestrados canjeables por guerrilleros presos.
La Iglesia católica y España eran, junto a Francia y Suiza, los únicos que contaban con el aval del presidente colombiano, Álvaro Uribe, para establecer contacto con las FARC, después de que el mandatario desautorizara a su homólogo venezolano, Hugo Chávez, en esta labor.
La descalificación la anunció el portavoz de los insurgentes, Rául Reyes, en declaraciones a través de Internet a la agencia de noticias cubana Prensa Latina. Según el comandante insurgente, España y la Iglesia se "autoexcluyeron" al tomar partido a favor del Gobierno de Uribe.
En diciembre pasado, pocos días después de hacerse públicas las pruebas de supervivencia de varios canjeables ?en una de ellas aparecía, demacrada y triste, la ex candidata presidencial colombo-francesa Ingrid Betancourt?, Uribe aceptó la propuesta de la Iglesia de una zona de encuentro para negociar el canje.
Las condiciones las puso él: cualquier zona del país, 150 kilómetros cuadrados, en zona despoblada y sin fuerza pública. Poco después, aceptó también la participación de los tres países amigos, que en 2005 habían propuesto una zona similar de 180 kilómetros en los municipios que la guerrilla exige desmilitarizar: Pradera y Florida.
El no a la Iglesia ha sido calificado de "previsible" por varios analistas: "La Iglesia se inhabilitó al hacerse portavoz de una propuesta oficial", asegura el politólogo León Valencia. "Era previsible; llevaban tiempo evadiendo el contacto con las FARC", opina el experto en seguridad Alfredo Rangel.
Pero lo que muchos califican de inaceptable es el rechazo a España. Rangel recuerda que este país dio un espaldarazo significativo a Uribe en su reciente viaje a Europa, pero también lo hizo Francia. Por eso ve detrás de este rechazo la sombra de Chávez y las tensiones que ha tenido recientemente con el Gobierno de Madrid.
Valencia coincide y asegura que "todo pasa por Caracas". Por eso, muchos consideran a Hugo Chávez el único que tiene las llaves para liberar a los secuestrados en manos de las FARC.
Interlocución política
Algunos analistas manejan más hipótesis: las FARC seguirán entregando con cuentagotas a sus secuestrados civiles a la comunidad internacional. Unos, serán enviados a Chávez ?ya entregaron dos el pasado 10 de enero y se espera la liberación de otros tres ex congresistas en los próximos días?; Ingrid Betancourt, al presidente francés, Nicolas Sarkozy, y los contratistas estadounidenses, a representantes de Washington. ¿A cambio de qué? Valencia responde: "De interlocución política".
En su entrevista con Prensa Latina, el guerrillero Reyes aseguró que la propuesta de Chávez para que se reconozca el estatus de beligerancia a las FARC "es el mejor aporte político conocido hasta hoy para beneficio del acuerdo humanitario y de la búsqueda de la paz".
www.elpais.com
El 'castigo' a Madrid puede ser una concesión al venezolano Hugo Chávez
PILAR LOZANO - Bogotá - 15/02/2008
Ni España, ni la Iglesia. La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) rechaza a ambos como mediadores para logar un acuerdo humanitario que ponga fin a la pesadilla que viven 44 secuestrados canjeables por guerrilleros presos.
La Iglesia católica y España eran, junto a Francia y Suiza, los únicos que contaban con el aval del presidente colombiano, Álvaro Uribe, para establecer contacto con las FARC, después de que el mandatario desautorizara a su homólogo venezolano, Hugo Chávez, en esta labor.
La descalificación la anunció el portavoz de los insurgentes, Rául Reyes, en declaraciones a través de Internet a la agencia de noticias cubana Prensa Latina. Según el comandante insurgente, España y la Iglesia se "autoexcluyeron" al tomar partido a favor del Gobierno de Uribe.
En diciembre pasado, pocos días después de hacerse públicas las pruebas de supervivencia de varios canjeables ?en una de ellas aparecía, demacrada y triste, la ex candidata presidencial colombo-francesa Ingrid Betancourt?, Uribe aceptó la propuesta de la Iglesia de una zona de encuentro para negociar el canje.
Las condiciones las puso él: cualquier zona del país, 150 kilómetros cuadrados, en zona despoblada y sin fuerza pública. Poco después, aceptó también la participación de los tres países amigos, que en 2005 habían propuesto una zona similar de 180 kilómetros en los municipios que la guerrilla exige desmilitarizar: Pradera y Florida.
El no a la Iglesia ha sido calificado de "previsible" por varios analistas: "La Iglesia se inhabilitó al hacerse portavoz de una propuesta oficial", asegura el politólogo León Valencia. "Era previsible; llevaban tiempo evadiendo el contacto con las FARC", opina el experto en seguridad Alfredo Rangel.
Pero lo que muchos califican de inaceptable es el rechazo a España. Rangel recuerda que este país dio un espaldarazo significativo a Uribe en su reciente viaje a Europa, pero también lo hizo Francia. Por eso ve detrás de este rechazo la sombra de Chávez y las tensiones que ha tenido recientemente con el Gobierno de Madrid.
Valencia coincide y asegura que "todo pasa por Caracas". Por eso, muchos consideran a Hugo Chávez el único que tiene las llaves para liberar a los secuestrados en manos de las FARC.
Interlocución política
Algunos analistas manejan más hipótesis: las FARC seguirán entregando con cuentagotas a sus secuestrados civiles a la comunidad internacional. Unos, serán enviados a Chávez ?ya entregaron dos el pasado 10 de enero y se espera la liberación de otros tres ex congresistas en los próximos días?; Ingrid Betancourt, al presidente francés, Nicolas Sarkozy, y los contratistas estadounidenses, a representantes de Washington. ¿A cambio de qué? Valencia responde: "De interlocución política".
En su entrevista con Prensa Latina, el guerrillero Reyes aseguró que la propuesta de Chávez para que se reconozca el estatus de beligerancia a las FARC "es el mejor aporte político conocido hasta hoy para beneficio del acuerdo humanitario y de la búsqueda de la paz".
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sábado, 16 de febrero de 2008
El lío de los títulos colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó
El lío de los títulos colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó
En la ruta de los Castaño
La mano del narcotráfico y del paramilitarismo está presente en el desarrollo de la industria palmicultora en la zona del Urabá chocoano. En la región hoy se viven tensos momentos por las investigaciones de la Fiscalía.
Norbey Quevedo H. / Juan David Laverde P.
sábado, 16 de febrero de 2008
A la representante legal del Consejo Comunitario de Curvaradó (Chocó), Ligia María Chaverra, la quieren matar. Desde septiembre de 2003, esta anciana agricultora, líder de la resistencia contra la ocupación de los terrenos que fueron adjudicados a su gente en 2000 como títulos colectivos, es un blanco móvil en la tensa confrontación que hoy se vive en el Urabá chocoano por cuenta de la extensión de cultivos de palma de aceite infiltrados por el paramilitarismo y el narcotráfico.
Manuel Denis Blandón, ex representante legal del Consejo Comunitario de Jiguamiandó (Chocó), también esquiva la muerte por defender su comunidad y por haber promovido zonas humanitarias y de biodiversidad en medio de la guerra a muerte que libran el Estado y las Farc, en el dramático presente de una región convulsionada que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había advertido desde 2003 y que hoy trata de restaurar la Fiscalía investigando cómo fueron ocupadas las tierras de las comunidades chocoanas con la mano larga de las autodefensas.
Una estratégica labor de despojo agrario en el Urabá chocoano, liderado por Vicente Castaño, Freddy Rendón Henao y otros jefes de las autodefensas, con el propósito de extender en estas áreas rurales del municipio de Belén de Bajirá y otras comunidades vecinas, el rentable proyecto empresarial de la palma de aceite. El negocio de moda para producir biodiesel –que se perfila como el combustible del siglo XXI–, que el Gobierno apoya decididamente en todo el país, pero que en el departamento del Chocó, por mano rapaz, terminó por convertirse en un polvorín a punto de estallar.
Desde las escrituras
Trece empresas hoy invierten en palma de aceite en las cuencas de Jiguamiandó y Curvaradó. Tres constituidas en Barranquilla, Santa Marta y San Jacinto (Bolívar), dos de Medellín, una de Apartadó y siete más de la región. En una entrevista a la revista Semana en 2005, el fugitivo jefe paramilitar Vicente Castaño, aceptó también su presencia: “Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos”. Una mínima revisión de las escrituras de constitución de esas empresas palmicultoras, dejan advertir su mano sigilosa y otras sorpresas judiciales.
Por ejemplo, tres años después del desplazamiento forzado a que fueron sometidas las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó en 1997, en la Cámara de Comercio de Barranquilla se constituyó la empresa Unión de Cultivadores de Palma de Aceite de Urabá (Urapalma). Entre los accionistas, compareciendo a su nombre y en representación de Construcciones Unidas Ltda., con un capital de $225 millones, apareció el empresario barranquillero Alberto Zúñiga Caballero. En la compañía Palmas de Urabá (Palmura), constituida en Santa Marta en 2003, vuelve a aparecer Zúñiga Caballero y varios de sus familiares como los socios principales.
En torno a la familia Zúñiga Caballero, desde los años 80, existe documentación judicial que relaciona a uno de sus integrantes, Julio César Zúñiga Caballero, con el tráfico de estupefacientes. De hecho, el 24 de marzo de 2005, en desarrollo de la Operación Patria, la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía ocupó 56 propiedades de su núcleo familiar, entre ellas varias inmobiliarias, empresas oleaginosas o estaciones de servicio en la Costa Atlántica, en cuyas actas de registro de fundadores también aparecen algunos socios de las Palmeras de Urabá.
Otro caso representativo de los ambiguos orígenes de la explotación de palma de aceite en el Urabá chocoano, lo constituye la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba), un predio de 1.000 hectáreas ubicado en el poblado de Caño Manso, ubicado en la cuenca del Río Curvaradó, que el antiguo Incora le otorgó a René Palacios en 1992, pero que 10 años después apareció, primero convertido en un organismo para la defensa gremial de los campesinos y casi simultáneamente como objeto de una peculiar compraventa en la única notaría de Carepa (Antioquia), que se llevó a cabo el 14 de diciembre de 2002.
Ese día compareció Hugo Fenel Bernal Molano, natural de Medellín, en calidad de vendedor del predio que diez meses antes le había comprado a René Palacios, y Sor Teresa Gómez Álvarez, vecina de Riosucio (Chocó) y natural de Amalfi (Antioquia), en calidad de compradora y representante legal de la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba). El negocio se cerró en $100 millones y hoy cobra importancia porque vendedor y compradora están comprometidos en investigaciones judiciales y Asoprobeba sigue desempeñando un papel activo en la compra de tierras y extensión de cultivos de palma de aceite en el Chocó.
Dos nombres clave
De Hugo Fenel Bernal Molano se tienen noticias judiciales desde los años 90, cuando fue retirado de las Fuerzas Militares por comprobados nexos con el capo de capos Pablo Escobar Gaviria. Desde hace unos años una Corte Federal de E.U. lo requería por delitos de narcotráfico y lavado de activos, ofreciendo cinco millones de dólares por su captura. Volvió a la palestra pública como uno de los extraditables a quienes le fueron borrados sus antecedentes en el DAS por acción del ex jefe de informática y testigo estelar de la parapolítica, Rafael García. El 5 de marzo de 2007 fue capturado en el municipio de Valencia (Córdoba).
En cuanto a Sor Teresa Gómez Álvarez, su historia está ligada a las entrañas del paramilitarismo. Casada con Manuel Gil, hermano medio de Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil, y suegra de alias Monoleche, jefe paramilitar hoy preso en la cárcel de Itagüi, trascendió por primera vez en abril de 1998 cuando la Fiscalía allanó el parqueadero Padilla ubicado en Medellín y descubrió la telaraña financiera de las autodefensas. Entre 70 disquetes con información de 16 cuentas bancarias en Montería y dos empresas de papel con multimillonarios giros de dinero, apareció la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor).
Esta fundación fue creada en marzo de 1991 por los hermanos Castaño Gil como una entidad sin ánimo de lucro para establecer contactos con ganaderos y políticos de la región a fin de facilitar entrega de tierras a los campesinos. En calidad de representante legal fue designada Sor Teresa Gómez Álvarez. Según información del periódico El Nuevo Herald de E.U., en 2001, Funpazcor se transformó en una empresa de fachada para la adquisición de tierras, tráfico de armas y lavado de activos. No obstante, las investigaciones judiciales del caso Funpazcor, en su mayoría terminaron archivadas durante la gestión del ex fiscal Luis Camilo Osorio.
Por eso Sor Teresa Gómez Álvarez reapareció en el Urabá y, en calidad de representante legal de Asoprobeba, en 2003 suscribió contratos de comodato con campesinos convertidos en cordones de protección familiar para nuevas tareas de apropiación ilegal de tierras. Para junio de 2001, la Cámara de Comercio de Urabá ya no registra su representación legal en la asociación, pero su nombre vuelve a relacionarse como sindicada del asesinato de la líder campesina Yolanda Izquierdo, ocurrido el 31 de enero de 2007, en medio de sus reclamos sobre la propiedad de tierras parceladas por los hermanos Castaño en el departamento de Córdoba.
Las reuniones
A pesar de estos antecedentes, Asoprobeba sigue participando en reuniones con representantes del Estado y los organismos de control para discutir la problemática de las tierras, los desplazamientos y los linderos de los títulos legítimos. Por ejemplo, en la vereda Santa María del municipio de Belén de Bajirá, el 8 de junio de 2007, a solicitud de los repobladores de Asoprobeba, se adelantó una reunión para discutir sobre propiedad de tierras y a ella acudieron el director regional del Incoder, el personero de Riosucio, el vocero de Codechocó y hasta el coordinador del programa presidencial Acción Social en Urabá, Luis Mario Gaviria Vélez.
Este último funcionario, hermano del asesor presidencial José Obdulio Gaviria, llegó como coordinador de Acción Social en Urabá en marzo de 2004 y desde entonces ha cumplido una activa labor para resolver los conflictos de titulación de tierras, retorno y reubicación de campesinos desplazados, seguridad alimentaria y obras de infraestructura del Estado. En su gestión, por fuerza de las circunstancias y las tensiones sociales en la región, también ha tenido que participar en reuniones para buscar aproximaciones entre las empresas palmicultoras y los campesinos que reclaman sus tierras.
Según lo documentó la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en carta enviada el pasado 12 de febrero a la Vicepresidencia, los Ministerios del Interior y Medio Ambiente y los titulares de los organismos de investigación y control, el pasado 7 de febrero, en Bogotá, Luis Mario Gaviria se reunió con las empresas palmicultoras que hoy están investigadas por la Fiscalía por los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir y usurpación de tierras, a fin de propiciar un acuerdo para que parte del territorio colectivo que hoy está sembrado ilegalmente con palma de aceite, sea entregado a los trabajadores de las empresas.
La citada asociación Asoprobeba, junto con la Corporación de Desarrollo y Vida del Darién (Cordesvida) y otras Ong del Urabá hacen parte del conglomerado llamado Alianza Colombiana Sin Hambre, organización asentada en San Pedro de Urabá que, según informaciones periodísticas, es el mecanismo a través del cual Vicente Castaño y sus segundos inciden en las comunidades del Bajo Atrato chocoano. Según el Colectivo Justicia y Paz, uno de sus promotores, a través de Cordesvida, es el ex alcalde de Chigorodó, Amador Caicedo, hoy procesado por apropiación ilegal de tierras.
Con esta clase de evidencias, cobra plena vigencia el comentario manifestado por el jefe paramilitar Carlos Mauricio García, alías Rodrigo Franco o Doble Cero, en septiembre de 2003, meses antes de ser asesinado por sus propios compañeros de armas: “Los proyectos de palma africana del sur el eje bananero de Urabá, chorrean sangre, miseria y corrupción. La forma en que han sido adquiridas las tierras y el dinero supuestamente prestado por entidades de fomento agroindustrial, hacen parte de una cadena de lavado de dineros del narcotráfico, testaferrato, desplazamiento forzado, muerte y violencia”.
Desde esa misma época ya lo había advertido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dos años después, en junio de 2005 lo hizo también la Defensoría del Pueblo. Lo tuvieron siempre claro el Incoder y Codechocó, pero dichas evidencias no fueron óbice para que las empresas palmicultoras fueran beneficiarias de créditos del Banco Agrario y Finagro por valor superior a los $10 mil millones. Sólo después de que el Consejo de Estado en agosto de 2007 aclaró que los títulos colectivos no podían sustituirse por otras formas de acceso a la tierra, el Ministerio de Agricultura pidió la intervención de la Fiscalía y denunció la apropiación de tierras en Urabá.
En diciembre de 2007, la Fiscalía ordenó vincular mediante indagatoria a 23 representantes legales de las empresas palmicultoras, y se han compulsado copias para investigar a funcionarios públicos que facilitaron acciones ilegales con los títulos de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó. Entre los llamados a comparecer ante la justicia aparecen Jaime Sierra Moreno y Antonio Zúñiga Caballero, dos de los representantes del gremio de los palmeros que desde mediados de 2005 sostuvieron activa interlocución con el Estado para resolver el conflicto de los territorios colectivos en Urabá.
Una de tales reuniones, como aparece documentado, tuvo lugar el 25 de mayo y, a nombre del Gobierno, participó el consejero presidencial Carlos Franco, quien envió un minucioso reporte a la Vicepresidencia, los Ministerios de Agricultura, Defensa e Interior, la gerencia del Incoder y las autoridades militares y de policía en Urabá, para avanzar en el esclarecimiento de los títulos colectivos. Paradójicamente y según se lee en el oficio, entre los cuatro representantes del gremio de los palmeros concurrió Ignacio Guzmán, quien desde el 10 de octubre de 2002 oficiaba como embajador de Colombia en México.
Su hoja de vida lo califica como activo defensor de los cultivos de palma de aceite, presidió la Asociación de Empresarios Exitosos por la Paz que apoyó la siembra de la palma de aceite, fue compañero de lista del ex senador Mario Uribe para la legislatura de 1986-1990, fundador del proyecto Primero Antioquia que llevó a Álvaro Uribe a la Gobernación del departamento, gobernador encargado en 17 ocasiones, director encargado de Corpourabá y desde el pasado 6 de agosto de 2007 desempeña funciones como cónsul en Miami. Hoy el diplomático está alejado del problema que judicialmente afrontan los palmicultores de Urabá por la acción de la Fiscalía.
Dos de los representantes legales de las palmeras ya rindieron indagatoria. Javier Daza Pretel de Urapalma e Iván Patiño Patiño de Palmas S.A. Tendrán que hacerlo también los representantes de Palmas de Curvaradó, Palmas del Atrato, Palmura, La Tukeka, Selva Húmeda e Inversiones Fregni Ochoa. Pero mientras la Fiscalía esclarece qué pasó en Urabá con los títulos colectivos, las empresas palmicultoras, los grupos paramilitares y el narcotráfico, ya hay una acción urgente para que el Estado no se vuelva a equivocar: urge proteger la vida de María Ligia Chaverra y Manuel Denis Blandón, los líderes negros de Jiguamiandó y Curvaradó.
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En la ruta de los Castaño
La mano del narcotráfico y del paramilitarismo está presente en el desarrollo de la industria palmicultora en la zona del Urabá chocoano. En la región hoy se viven tensos momentos por las investigaciones de la Fiscalía.
Norbey Quevedo H. / Juan David Laverde P.
sábado, 16 de febrero de 2008
A la representante legal del Consejo Comunitario de Curvaradó (Chocó), Ligia María Chaverra, la quieren matar. Desde septiembre de 2003, esta anciana agricultora, líder de la resistencia contra la ocupación de los terrenos que fueron adjudicados a su gente en 2000 como títulos colectivos, es un blanco móvil en la tensa confrontación que hoy se vive en el Urabá chocoano por cuenta de la extensión de cultivos de palma de aceite infiltrados por el paramilitarismo y el narcotráfico.
Manuel Denis Blandón, ex representante legal del Consejo Comunitario de Jiguamiandó (Chocó), también esquiva la muerte por defender su comunidad y por haber promovido zonas humanitarias y de biodiversidad en medio de la guerra a muerte que libran el Estado y las Farc, en el dramático presente de una región convulsionada que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había advertido desde 2003 y que hoy trata de restaurar la Fiscalía investigando cómo fueron ocupadas las tierras de las comunidades chocoanas con la mano larga de las autodefensas.
Una estratégica labor de despojo agrario en el Urabá chocoano, liderado por Vicente Castaño, Freddy Rendón Henao y otros jefes de las autodefensas, con el propósito de extender en estas áreas rurales del municipio de Belén de Bajirá y otras comunidades vecinas, el rentable proyecto empresarial de la palma de aceite. El negocio de moda para producir biodiesel –que se perfila como el combustible del siglo XXI–, que el Gobierno apoya decididamente en todo el país, pero que en el departamento del Chocó, por mano rapaz, terminó por convertirse en un polvorín a punto de estallar.
Desde las escrituras
Trece empresas hoy invierten en palma de aceite en las cuencas de Jiguamiandó y Curvaradó. Tres constituidas en Barranquilla, Santa Marta y San Jacinto (Bolívar), dos de Medellín, una de Apartadó y siete más de la región. En una entrevista a la revista Semana en 2005, el fugitivo jefe paramilitar Vicente Castaño, aceptó también su presencia: “Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos”. Una mínima revisión de las escrituras de constitución de esas empresas palmicultoras, dejan advertir su mano sigilosa y otras sorpresas judiciales.
Por ejemplo, tres años después del desplazamiento forzado a que fueron sometidas las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó en 1997, en la Cámara de Comercio de Barranquilla se constituyó la empresa Unión de Cultivadores de Palma de Aceite de Urabá (Urapalma). Entre los accionistas, compareciendo a su nombre y en representación de Construcciones Unidas Ltda., con un capital de $225 millones, apareció el empresario barranquillero Alberto Zúñiga Caballero. En la compañía Palmas de Urabá (Palmura), constituida en Santa Marta en 2003, vuelve a aparecer Zúñiga Caballero y varios de sus familiares como los socios principales.
En torno a la familia Zúñiga Caballero, desde los años 80, existe documentación judicial que relaciona a uno de sus integrantes, Julio César Zúñiga Caballero, con el tráfico de estupefacientes. De hecho, el 24 de marzo de 2005, en desarrollo de la Operación Patria, la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía ocupó 56 propiedades de su núcleo familiar, entre ellas varias inmobiliarias, empresas oleaginosas o estaciones de servicio en la Costa Atlántica, en cuyas actas de registro de fundadores también aparecen algunos socios de las Palmeras de Urabá.
Otro caso representativo de los ambiguos orígenes de la explotación de palma de aceite en el Urabá chocoano, lo constituye la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba), un predio de 1.000 hectáreas ubicado en el poblado de Caño Manso, ubicado en la cuenca del Río Curvaradó, que el antiguo Incora le otorgó a René Palacios en 1992, pero que 10 años después apareció, primero convertido en un organismo para la defensa gremial de los campesinos y casi simultáneamente como objeto de una peculiar compraventa en la única notaría de Carepa (Antioquia), que se llevó a cabo el 14 de diciembre de 2002.
Ese día compareció Hugo Fenel Bernal Molano, natural de Medellín, en calidad de vendedor del predio que diez meses antes le había comprado a René Palacios, y Sor Teresa Gómez Álvarez, vecina de Riosucio (Chocó) y natural de Amalfi (Antioquia), en calidad de compradora y representante legal de la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba). El negocio se cerró en $100 millones y hoy cobra importancia porque vendedor y compradora están comprometidos en investigaciones judiciales y Asoprobeba sigue desempeñando un papel activo en la compra de tierras y extensión de cultivos de palma de aceite en el Chocó.
Dos nombres clave
De Hugo Fenel Bernal Molano se tienen noticias judiciales desde los años 90, cuando fue retirado de las Fuerzas Militares por comprobados nexos con el capo de capos Pablo Escobar Gaviria. Desde hace unos años una Corte Federal de E.U. lo requería por delitos de narcotráfico y lavado de activos, ofreciendo cinco millones de dólares por su captura. Volvió a la palestra pública como uno de los extraditables a quienes le fueron borrados sus antecedentes en el DAS por acción del ex jefe de informática y testigo estelar de la parapolítica, Rafael García. El 5 de marzo de 2007 fue capturado en el municipio de Valencia (Córdoba).
En cuanto a Sor Teresa Gómez Álvarez, su historia está ligada a las entrañas del paramilitarismo. Casada con Manuel Gil, hermano medio de Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil, y suegra de alias Monoleche, jefe paramilitar hoy preso en la cárcel de Itagüi, trascendió por primera vez en abril de 1998 cuando la Fiscalía allanó el parqueadero Padilla ubicado en Medellín y descubrió la telaraña financiera de las autodefensas. Entre 70 disquetes con información de 16 cuentas bancarias en Montería y dos empresas de papel con multimillonarios giros de dinero, apareció la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor).
Esta fundación fue creada en marzo de 1991 por los hermanos Castaño Gil como una entidad sin ánimo de lucro para establecer contactos con ganaderos y políticos de la región a fin de facilitar entrega de tierras a los campesinos. En calidad de representante legal fue designada Sor Teresa Gómez Álvarez. Según información del periódico El Nuevo Herald de E.U., en 2001, Funpazcor se transformó en una empresa de fachada para la adquisición de tierras, tráfico de armas y lavado de activos. No obstante, las investigaciones judiciales del caso Funpazcor, en su mayoría terminaron archivadas durante la gestión del ex fiscal Luis Camilo Osorio.
Por eso Sor Teresa Gómez Álvarez reapareció en el Urabá y, en calidad de representante legal de Asoprobeba, en 2003 suscribió contratos de comodato con campesinos convertidos en cordones de protección familiar para nuevas tareas de apropiación ilegal de tierras. Para junio de 2001, la Cámara de Comercio de Urabá ya no registra su representación legal en la asociación, pero su nombre vuelve a relacionarse como sindicada del asesinato de la líder campesina Yolanda Izquierdo, ocurrido el 31 de enero de 2007, en medio de sus reclamos sobre la propiedad de tierras parceladas por los hermanos Castaño en el departamento de Córdoba.
Las reuniones
A pesar de estos antecedentes, Asoprobeba sigue participando en reuniones con representantes del Estado y los organismos de control para discutir la problemática de las tierras, los desplazamientos y los linderos de los títulos legítimos. Por ejemplo, en la vereda Santa María del municipio de Belén de Bajirá, el 8 de junio de 2007, a solicitud de los repobladores de Asoprobeba, se adelantó una reunión para discutir sobre propiedad de tierras y a ella acudieron el director regional del Incoder, el personero de Riosucio, el vocero de Codechocó y hasta el coordinador del programa presidencial Acción Social en Urabá, Luis Mario Gaviria Vélez.
Este último funcionario, hermano del asesor presidencial José Obdulio Gaviria, llegó como coordinador de Acción Social en Urabá en marzo de 2004 y desde entonces ha cumplido una activa labor para resolver los conflictos de titulación de tierras, retorno y reubicación de campesinos desplazados, seguridad alimentaria y obras de infraestructura del Estado. En su gestión, por fuerza de las circunstancias y las tensiones sociales en la región, también ha tenido que participar en reuniones para buscar aproximaciones entre las empresas palmicultoras y los campesinos que reclaman sus tierras.
Según lo documentó la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en carta enviada el pasado 12 de febrero a la Vicepresidencia, los Ministerios del Interior y Medio Ambiente y los titulares de los organismos de investigación y control, el pasado 7 de febrero, en Bogotá, Luis Mario Gaviria se reunió con las empresas palmicultoras que hoy están investigadas por la Fiscalía por los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir y usurpación de tierras, a fin de propiciar un acuerdo para que parte del territorio colectivo que hoy está sembrado ilegalmente con palma de aceite, sea entregado a los trabajadores de las empresas.
La citada asociación Asoprobeba, junto con la Corporación de Desarrollo y Vida del Darién (Cordesvida) y otras Ong del Urabá hacen parte del conglomerado llamado Alianza Colombiana Sin Hambre, organización asentada en San Pedro de Urabá que, según informaciones periodísticas, es el mecanismo a través del cual Vicente Castaño y sus segundos inciden en las comunidades del Bajo Atrato chocoano. Según el Colectivo Justicia y Paz, uno de sus promotores, a través de Cordesvida, es el ex alcalde de Chigorodó, Amador Caicedo, hoy procesado por apropiación ilegal de tierras.
Con esta clase de evidencias, cobra plena vigencia el comentario manifestado por el jefe paramilitar Carlos Mauricio García, alías Rodrigo Franco o Doble Cero, en septiembre de 2003, meses antes de ser asesinado por sus propios compañeros de armas: “Los proyectos de palma africana del sur el eje bananero de Urabá, chorrean sangre, miseria y corrupción. La forma en que han sido adquiridas las tierras y el dinero supuestamente prestado por entidades de fomento agroindustrial, hacen parte de una cadena de lavado de dineros del narcotráfico, testaferrato, desplazamiento forzado, muerte y violencia”.
Desde esa misma época ya lo había advertido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dos años después, en junio de 2005 lo hizo también la Defensoría del Pueblo. Lo tuvieron siempre claro el Incoder y Codechocó, pero dichas evidencias no fueron óbice para que las empresas palmicultoras fueran beneficiarias de créditos del Banco Agrario y Finagro por valor superior a los $10 mil millones. Sólo después de que el Consejo de Estado en agosto de 2007 aclaró que los títulos colectivos no podían sustituirse por otras formas de acceso a la tierra, el Ministerio de Agricultura pidió la intervención de la Fiscalía y denunció la apropiación de tierras en Urabá.
En diciembre de 2007, la Fiscalía ordenó vincular mediante indagatoria a 23 representantes legales de las empresas palmicultoras, y se han compulsado copias para investigar a funcionarios públicos que facilitaron acciones ilegales con los títulos de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó. Entre los llamados a comparecer ante la justicia aparecen Jaime Sierra Moreno y Antonio Zúñiga Caballero, dos de los representantes del gremio de los palmeros que desde mediados de 2005 sostuvieron activa interlocución con el Estado para resolver el conflicto de los territorios colectivos en Urabá.
Una de tales reuniones, como aparece documentado, tuvo lugar el 25 de mayo y, a nombre del Gobierno, participó el consejero presidencial Carlos Franco, quien envió un minucioso reporte a la Vicepresidencia, los Ministerios de Agricultura, Defensa e Interior, la gerencia del Incoder y las autoridades militares y de policía en Urabá, para avanzar en el esclarecimiento de los títulos colectivos. Paradójicamente y según se lee en el oficio, entre los cuatro representantes del gremio de los palmeros concurrió Ignacio Guzmán, quien desde el 10 de octubre de 2002 oficiaba como embajador de Colombia en México.
Su hoja de vida lo califica como activo defensor de los cultivos de palma de aceite, presidió la Asociación de Empresarios Exitosos por la Paz que apoyó la siembra de la palma de aceite, fue compañero de lista del ex senador Mario Uribe para la legislatura de 1986-1990, fundador del proyecto Primero Antioquia que llevó a Álvaro Uribe a la Gobernación del departamento, gobernador encargado en 17 ocasiones, director encargado de Corpourabá y desde el pasado 6 de agosto de 2007 desempeña funciones como cónsul en Miami. Hoy el diplomático está alejado del problema que judicialmente afrontan los palmicultores de Urabá por la acción de la Fiscalía.
Dos de los representantes legales de las palmeras ya rindieron indagatoria. Javier Daza Pretel de Urapalma e Iván Patiño Patiño de Palmas S.A. Tendrán que hacerlo también los representantes de Palmas de Curvaradó, Palmas del Atrato, Palmura, La Tukeka, Selva Húmeda e Inversiones Fregni Ochoa. Pero mientras la Fiscalía esclarece qué pasó en Urabá con los títulos colectivos, las empresas palmicultoras, los grupos paramilitares y el narcotráfico, ya hay una acción urgente para que el Estado no se vuelva a equivocar: urge proteger la vida de María Ligia Chaverra y Manuel Denis Blandón, los líderes negros de Jiguamiandó y Curvaradó.
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