¿Por qué el gobierno tomó la súbita decisión?
La extradición masiva no herirá de muerte los procesos de Justicia y Paz ni de parapolítica, pero sí se puede obstaculizar la verdad que empieza a aflorar.
Fecha: 05/13/2008 -
La primera razón y la más obvia del por qué hasta ahora el gobierno se hastió con estos jefes paramilitares y los extraditó tiene que ver con el simple y llano hecho de que, a su juicio, seguían delinquiendo desde la cárcel. Eso sólo es motivo suficiente para extraditarlos porque incumplieron el requisito básico de la Ley de Justicia y Paz.
Y por la misma razón el primer efecto práctico de la extradición de los 14 paramilitares es que dejarán de delinquir en Colombia. Y en ese sentido hay aplauso general al presidente Álvaro Uribe. No deja de resultar paradójico, sin embargo, que el gobierno de la Seguridad Democrática, que se precia de tener control sobre todo el territorio nacional, revele con esta medida que no era capaz de controlar a estos jefes en las propias cárceles.
Pero ese no fue el único motivo. Dijo el presidente Uribe en su alocución que también consideraba que los ex jefes paramilitares no habían colaborado en nada con la reparación a las víctimas, pues habían sido reacios a entregar bienes y a revelar sus testaferros. En efecto, los avances en esa materia han sido muy escasos. La otra razón que adujo el Presidente fue el hecho de que no estaban contando la verdad o la estaban contando distorsionada, salpicando inocentes y culpables a la vez.
¿Y de las víctimas qué?
“Con esta extradición, Colombia y EEUU serán mejores países".
Y la parapolítica...
Los hombres de Giraldo
Cómo siguieron delinquiendo
Respeto la decisión del gobierno pero los procesos continuan: Mario Iguarán
Así se ganaron el pasaje a Estados Unidos
Tendrán garantías las víctimas: William Bronwfield
Extradición masiva de paramilitares
En alocución presidencial, Álvaro Uribe sustenta la extradición de los jefes paramilitares
Es también realista decir que no todos estaban colaborando con la justicia. El proceso de Justicia y Paz, creado a partir de una controvertida ley aprobada hace tres años, cojeaba en muchos aspectos y uno de ellos era la poca colaboración de algunos jefes paramilitares. A pesar del esfuerzo casi titánico de la Fiscalía por hacerlo avanzar (ya van alrededor de 1.300 versiones libres recibidas y más de 5.000 hechos delictivos esclarecidos en esas audiencias), muchos de los jefes ahora extraditados duraron meses echando discursos vacíos, tratando de justificar sus crímenes atroces, e intentaron contar la menor verdad posible.
También sabe la opinión pública que no todos los que quedaron finalmente cobijados bajo Justicia y Paz eran realmente jefes paramilitares. Personajes como Manuel Torregrosa (vinculado al narcotráfico en el Magdalena y Guajira) y Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, era narcos pura sangre y la Fiscalía siempre consideró que al postularlos en Justicia y Paz, el gobierno les metió un embuchado. Por eso estos narcos no podían colaborar con el esclarecimiento de la verdad del paramilitarismo en Colombia ¿Cómo podrían si nunca pertenecieron a este? Y la otra paradoja: para qué el gobierno los postuló a Justicia y Paz, a sabiendas que eran narcos, y ahora en cambio ordena extraditarlos?
Que siguieron delinquiendo, que no estaban colaborando con justicia y paz, que no estaban entregando bienes, que estaban contando verdades manipuladas… todas son razones valederas. La pregunta que surge es si todo esto venía pasando desde hace meses ¿por qué hasta ahora, en pleno escándalo de la parapolítica, decidió el Presidente tomar esta sorpresiva y radical medida?
Una razón puede ser simplemente que el gobierno no pudo controlar más sus actividades delictivas, que estas se salieron de madre y la decisión tenía que ser tajante. La segunda, que era una manera de poner distancia con el paramilitarismo, justo después de que los voceros oficiales propusieran disolver el uribismo, hoy tan manchado por posibles vínculos con paramilitares. La paraextradición masiva lanza el mensaje de que el Presidente nada les debe y tampoco les teme.
La tercera razón es más suspicaz. De un solo golpe maestro, el gobierno mata varios pájaros: los que siguen delinquiendo, los que pudieron tener vínculos demasiado cercanos con uribistas connotados y los que querían ahora sí hablar. El caso que deja más dudas es el de Jorge 40, quien había anunciado hacía dos o tres semanas, que en su siguiente versión libre iba a contar lo que sabía sobre crímenes a sindicalistas, a indígenas y sobre masacres. Algo similar estaba pasando con Don Berna, que sólo en las últimas semanas había empezado a colaborar.
¿Se acaban la parapolítica y la Justicia y Paz?
A primera hora de la mañana se oyeron voces en el sentido de que con la masiva extradición se le ponía un freno significativo al proceso de la parapolítica que ya tiene a 67 congresistas investigados y a 31 de ellos en la cárcel. También que la verdad que estaba conduciendo a las víctimas a encontrar a sus seres queridos y a conocer por qué los mataron y dónde estaban, quedará truncada y el valioso proceso abortado prematuramente.
Los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos salieron a decir que el proceso con los paramilitares no se iba a truncar porque Estados Unidos prestaría total colaboración para que se siga el proceso de Justicia y Paz; es decir, los fiscales podrán viajar a Estados Unidos a escuchar sus versiones libres, y si entregan o les decomisan bienes estos irán a dar al Fondo de Reparación de víctimas.
En este caso, del dicho al hecho habrá trecho. Los costos de seguir con las audiencias, y luego con el juicio, serían altísimos, y salvo que Estados Unidos resuelva asumirlos en su totalidad, no se ve cómo se van a solventar. Hoy la Fiscalía se ve a gatas para conseguir el dinero para transmitir una audiencia en Medellín vía microondas a un salón de víctimas que está en Caucasia.
Tampoco es fácil reproducir a la distancia y con fiscales estadounidenses, la dinámica que se estaba dando en el proceso colombiano en la cual, por el enorme conocimiento de cada bloque que tenían los fiscales y por la presencia física de las víctimas en las audiencias, los acusados terminaban contando más de lo que estaba en sus planes. Y eso que hasta ahora la mayoría estaba en versiones libres. Era de esperar que en la etapa de juicio contaran bastante más.
El incentivo central de la Ley de Justicia y Paz, salir libres en corto tiempo, pierde ahora gran parte de su eficacia. Ya no saldrán libres sino después de muchos años. ¿Entonces para qué colaborar con la justicia?
Con todo y eso, los 15 que extraditaron, incluyendo a Macaco, no van a hacer tan grande diferencia. Falta aún recibirles en versión libre las confesiones a 2.000 desmovilizados, y falta también finalizar el proceso con los otros 1200 que ya han dado sus versiones libres. Por eso la búsqueda de fosas continuará (los que en realidad tienen la información son los mandos medios), la gran mayoría de las audiencias podrán continuar y la reparación –que es lo más débil del proceso — no cambiará demasiado para mal o para bien.
Es decir, el proceso de Justicia y Paz continuará tal vez ni mejor ni peor, sino con las fallas con las que nació. Se trató de un proceso de dejación de armas, con el único interés de bajarle la fiebre a la violencia que producía una federación de autodefensas y se logró reducir el número de masacres y desactivar el poderoso cartel de la muerte de las Auc. Pero en términos de desmotar las máquinas delictivas detrás de estos personajes se fracasó, y el gobierno ahora tuvo que darse por vencido y entregar a casi todos los principales jefes con los que firmó el acuerdo de paz de Ralito a que sean juzgados por Estados Unidos.
SEMANA dialogó con fuentes de la Fiscalía y de la Corte Suprema para determinar el impacto que la extradición puede tener sobre los procesos de parapolítica, y en ambos organismos consideran que la extradición no trunca lo que están adelantando. En el caso de la Corte, por ejemplo, los paramilitares extraditados ya han dado sus respectivas versiones sobre los políticos. Y cualquier otra declaración podría tomarse en Estados Unidos, tal y como se ha hecho con testigos como ‘Pitirri’, el primer ‘ventilador’ de la parapolítica, a quien los magistrados visitan en Canadá para ampliar su declaración.
Lo que sí deja al descubierto la masiva extradición es la verdad de este proceso: el Gobierno al extraditarlos de cierta manera admite que no se negoció con paramilitares que actuaban en comunidades agobiadas por la guerrilla, sino con narcotraficantes que armaron sus ejércitos para su beneficio particular. Con Con el agravante, además, de que en la mesa de negociación no se trató para nada el tema del narcotráfico.
www.semana.com
martes, 20 de mayo de 2008
Mayo 9 de 2008
Salvatore Mancuso confirmó que 'paras' pagaban por información sobre naves de la Armada
Foto: EL TIEMPO
El máximo jefe de los 'paras'en el norte del país, Salvatore Mancuso.Sin embargo, hace pocas semanas, el jefe paramilitar negó, ante el fiscal que lleva el caso del almirante Gabriel Arango Bacci, que esa información la hubieran obtenido a través del oficial.
"Nunca me enteré de algún vínculo del señor Arango con las autodefensas", dijo Mancuso.
Arango Bacci fue retirado del servicio el año pasado en medio del escándalo por la supuesta infiltración de los narcos en la Marina.
Mancuso, le dijo a un fiscal delegado ante la Corte Suprema que 'Boliche', hoy acogido al sistema de Protección de Testigos en E.U. y cuyo verdadero nombre es Jorge Luis Hernández Villazón, le confirmó que "pagaba un dinero para que le dieran información que les permitiera evadir los cercos que hubiese por las rutas que utilizaban para narcotraficar".
'Boliche' es el narco que, según uno de los testigos del proceso, Jaime Alberto Pérez Charris, asistió a una reunión con Arango en Santa Marta.
El almirante asegura que se trata de un invento de un testigo poco confiable. Su defensa dice que como para la época de la que habla el testigo (entre el 2000 y el 2001) Arango estaba asignado a la Casa Militar (encargada de la seguridad del Presidente de la República), los registros de sus movimientos quedaron en los archivos de Palacio.
Mancuso, como lo hizo al menos otro ex 'para' confirmó que miembros de la Fuerza Pública les colaboraban a las Auc y a los narcos 'purasangre' para mover sus negocios.
Aseguró que a 'Boliche' "se le entregaba la droga en algún sitio previamente acordado y de ahí en adelante era responsabilidad de él" ver cómo la sacaba del país.
"Él decía que obtenía información respecto a la ubicación de los barcos y de las rutas y hora de vuelo de los aviones que controlaban la Costa, pero no dijo como la obtenía", señaló el ex jefe 'para'.
También aseguró que 'Boliche' no era un contacto exclusivo de los 'paras' sino que trabajaba para varios grupos de narcos y que incluso hubo cargamentos en los que un porcentaje menor de la droga era de las Auc y la mayor parte de 'Boliche'.
Mancuso contó que las Auc tenían un personaje conocido como 'Cholo', que se encargaba del contacto "no solo con la Armada, sino con todas las Fuerzas Militares" y que le reportaba directamente a Carlos Castaño. Ese papel, agregó, lo cumplió más tarde el asesinado militar ( r) y ex Auc Andrés Angarita.
Ahora, la Fiscalía espera la declaración de 'Jorge 40' y no descarta enviar una comisión a E.U. para hablar con 'Boliche', que está colaborando con autoridades de ese país. En los próximos días definirá la situación de Arango, cuya defensa había solicitado la preclusión del proceso.
Del 'Resistencia Tayrona', el otro que dio pistas
La posible filtración de dineros del narcotráfico en la Armada Nacional para obtener información sobre la ubicación de los buques colombianos, británicos y estadounidenses en las aguas del Mar Caribe, fue también mencionada en el proceso de Justicia y Paz por el desmovilizado Martín Peñaranda Osorio, alias 'El Burro', ex militante del 'Resistencia Tayrona'.
El hombre declaró: "Ellos (los narcos) pedían permiso en cualquier tienda o negocio de la región que tuviera teléfono, instalaban el fax, y en cuestión de minutos tenían un reporte en dos o tres páginas con los mapas", reveló.
REDACCIÓN JUSTICIA
www.eltiempo.com
Salvatore Mancuso confirmó que 'paras' pagaban por información sobre naves de la Armada
Foto: EL TIEMPO
El máximo jefe de los 'paras'en el norte del país, Salvatore Mancuso.Sin embargo, hace pocas semanas, el jefe paramilitar negó, ante el fiscal que lleva el caso del almirante Gabriel Arango Bacci, que esa información la hubieran obtenido a través del oficial.
"Nunca me enteré de algún vínculo del señor Arango con las autodefensas", dijo Mancuso.
Arango Bacci fue retirado del servicio el año pasado en medio del escándalo por la supuesta infiltración de los narcos en la Marina.
Mancuso, le dijo a un fiscal delegado ante la Corte Suprema que 'Boliche', hoy acogido al sistema de Protección de Testigos en E.U. y cuyo verdadero nombre es Jorge Luis Hernández Villazón, le confirmó que "pagaba un dinero para que le dieran información que les permitiera evadir los cercos que hubiese por las rutas que utilizaban para narcotraficar".
'Boliche' es el narco que, según uno de los testigos del proceso, Jaime Alberto Pérez Charris, asistió a una reunión con Arango en Santa Marta.
El almirante asegura que se trata de un invento de un testigo poco confiable. Su defensa dice que como para la época de la que habla el testigo (entre el 2000 y el 2001) Arango estaba asignado a la Casa Militar (encargada de la seguridad del Presidente de la República), los registros de sus movimientos quedaron en los archivos de Palacio.
Mancuso, como lo hizo al menos otro ex 'para' confirmó que miembros de la Fuerza Pública les colaboraban a las Auc y a los narcos 'purasangre' para mover sus negocios.
Aseguró que a 'Boliche' "se le entregaba la droga en algún sitio previamente acordado y de ahí en adelante era responsabilidad de él" ver cómo la sacaba del país.
"Él decía que obtenía información respecto a la ubicación de los barcos y de las rutas y hora de vuelo de los aviones que controlaban la Costa, pero no dijo como la obtenía", señaló el ex jefe 'para'.
También aseguró que 'Boliche' no era un contacto exclusivo de los 'paras' sino que trabajaba para varios grupos de narcos y que incluso hubo cargamentos en los que un porcentaje menor de la droga era de las Auc y la mayor parte de 'Boliche'.
Mancuso contó que las Auc tenían un personaje conocido como 'Cholo', que se encargaba del contacto "no solo con la Armada, sino con todas las Fuerzas Militares" y que le reportaba directamente a Carlos Castaño. Ese papel, agregó, lo cumplió más tarde el asesinado militar ( r) y ex Auc Andrés Angarita.
Ahora, la Fiscalía espera la declaración de 'Jorge 40' y no descarta enviar una comisión a E.U. para hablar con 'Boliche', que está colaborando con autoridades de ese país. En los próximos días definirá la situación de Arango, cuya defensa había solicitado la preclusión del proceso.
Del 'Resistencia Tayrona', el otro que dio pistas
La posible filtración de dineros del narcotráfico en la Armada Nacional para obtener información sobre la ubicación de los buques colombianos, británicos y estadounidenses en las aguas del Mar Caribe, fue también mencionada en el proceso de Justicia y Paz por el desmovilizado Martín Peñaranda Osorio, alias 'El Burro', ex militante del 'Resistencia Tayrona'.
El hombre declaró: "Ellos (los narcos) pedían permiso en cualquier tienda o negocio de la región que tuviera teléfono, instalaban el fax, y en cuestión de minutos tenían un reporte en dos o tres páginas con los mapas", reveló.
REDACCIÓN JUSTICIA
www.eltiempo.com
Los secretos de la guerrilla colombiana
Los papeles de las FARC acusan a Chávez
El ordenador de Raúl Reyes revela la colaboración del presidente con la guerrilla
MAITE RICO (ENVIADA ESPECIAL) - Bogotá - 10/05/2008
Vota Resultado 3 votos Comentarios - 280
Documentos en poder de EL PAÍS extraídos del ordenador de Raúl Reyes -el número dos de las FARC muerto en un ataque el 1 de marzo-, revelan que el presidente venezolano, Hugo Chávez, financió y armó a la guerrilla colombiana y le pidió que adiestrara a grupos afines al chavismo en la lucha armada. Este artículo es el primero de una serie.
El pasado 8 de noviembre, Hugo Chávez recibía en Caracas a Luciano Marín, alias Iván Márquez, dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El motivo: impulsar el acuerdo humanitario con Colombia para canjear a 44 secuestrados por 500 guerrilleros presos. Eso fue la parte pública. Pero hubo otra reunión secreta. En ella, el presidente venezolano "aprobó sin pestañear la solicitud" de 300 millones de dólares [194 millones de euros] hecha por la guerrilla marxista. Además, se diseñó un plan para recibir en la región venezolana del Orinoco el armamento enviado a las FARC por dos traficantes australianos y se puso en marcha un mecanismo de coordinación entre la guerrilla y el Ejército venezolano, al más alto nivel.
Caracas niega los vínculos con la insurgencia
Correos incautados en el ordenador de Raúl Reyes
DOCUMENTO (DOC - 1,16Mb) - 10-05-2008
La noticia en otros webs
webs en español
en otros idiomas
El 8 de noviembre de 2007 se oficializó la relación en el palacio de Miraflores "
"[Chávez] aprobó sin pestañear dar 300 millones de dólares", dice un guerrillero
La mediación por los rehenes reforzó la alianza con Caracas
Chávez ofreció al grupo armado una participación en el negocio petrolero
Así lo cuenta el propio Iván a sus compañeros del Secretariado de las FARC en un correo datado el 12 de noviembre de 2007. El mensaje está en uno de los ordenadores incautados a Raúl Reyes, número dos de la guerrilla muerto el pasado 1 de marzo en el ataque colombiano contra su campamento en Ecuador. Bogotá ha pedido a Interpol que certifique la autenticidad de los ordenadores. Las conclusiones se harán públicas la próxima semana.
Aquella reunión en el Palacio de Miraflores oficializó una relación que se había desarrollado desde el año 2000 con intermediarios y se había concretado en el suministro puntual de armamento a cambio del entrenamiento prestado por las FARC a miembros del Partido Comunista y otros grupos afines al chavismo en sus campamentos en suelo venezolano.
Dos hombres muy cercanos a Chávez encabezaban hasta esa fecha los contactos: el general Hugo Carvajal, jefe de la Inteligencia Militar, y el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, actual ministro del Interior. Los interlocutores de la guerrilla en Venezuela eran Iván Márquez y Rodrigo Granda, alias Ricardo.
Así, en un correo del 4 de enero de 2007, Iván explica que el general Carvajal y el general Alcalá les van a hacer llegar "la próxima semana bazucas [lanzagranadas] de gran potencia, de los cuales 10 serán para Timo [Timochenko, otro comandante guerrillero en la zona fronteriza] y 10 para acá". El general Alcalá, además, iba a hacerse cargo del puerto de Maracaibo, "una gran ventaja" para el "desembarque de carga". Todo apunta a que se trata de Cliver Alcalá, destacado en el Estado del Zulia, cuya capital es Maracaibo.
El envío se materializa días más tarde: "Los aparatos que hemos recibido con Timo son cohetes antitanque de 85 mm., 2 tubos y 21 cargas. El amigo dice que tienen más de 1.000 cargas, y que próximamente nos harán llegar otras más", escribe Iván el 20 de enero. El general Carvajal se ha comprometido "a traer un ofertante de armas de Panamá", mientras que el general Alcalá les hace saber que "los jefes de las Brigadas fronterizas tienen toda la disposición" para colaborar con ellos.
Asediadas por la aviación colombiana, las FARC buscan misiles antiaéreos. En marzo de 2007, Timochenko escribe que sus amigos de la inteligencia venezolana les ofrecen "piezas para construirlos y garantizan el viaje para enviar a un propio al Medio Oriente a realizar un curso en el manejo de cohetes".
Los correos intercambiados entre los miembros del Secretariado de las FARC constituyen una preciosa bitácora de las relaciones con Venezuela, no exentas de roces. Sin embargo, la decisión de Álvaro Uribe de permitir la mediación de Hugo Chávez en la negociación de un acuerdo humanitario con la guerrilla, en agosto de 2007, tuvo un efecto que el presidente colombiano no había calculado: el fortalecimiento de la alianza con la guerrilla. "Las FARC siempre habían buscado un encuentro directo con Chávez, pero él era renuente", dice un analista de la inteligencia colombiana. "Hasta la reunión en Miraflores, que puso en marcha una estrategia conjunta".
Chávez considera su papel de mediador como "un asunto de proyección geopolítica de trascendencia", en palabras de su ministro del Interior. En efecto, un éxito en ese campo (por ejemplo, la liberación de Ingrid Betancourt) reforzaría su imagen internacional y nacional. En juego está el referéndum sobre la reforma constitucional (que perdió en diciembre de 2007) y su papel como líder continental. La guerrilla lo sabe y se aprovecha: usa el canje como un paraguas para lograr de Chávez no sólo proyección internacional y su exclusión de la lista de organizaciones terroristas de la UE, sino fondos y armas para el "Plan Estratégico", que no es otra cosa que la hoja de ruta para la toma del poder.
"Las FARC utilizan a Chávez", dicen fuentes colombianas. En febrero de 2008, en el curso de una reunión secreta en Barinas, Chávez (que aparece ya en los correos con el seudónimo de Ángel) asegura que tiene listos los primeros 50 millones de dólares. "Nos ofreció la posibilidad de un negocio en el que nosotros recibimos una cuota de petróleo para comercializar en el exterior, lo cual nos dejaría una jugosa utilidad", escriben Iván y Ricardo. El gerente de PDVSA [la petrolera estatal] está presente. Chávez se muestra exultante. Les organiza una cita con autoridades de Bielorrusia para conseguir armamento en el mercado negro. Y ofrece pagar con fondos de PDVSA los abogados de Simón Trinidad, comandante de las FARC juzgado en EE UU por secuestro y narcotráfico. Veinte días más tarde, el Ejército colombiano ataca el campamento de Raúl Reyes.
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Los papeles de las FARC acusan a Chávez
El ordenador de Raúl Reyes revela la colaboración del presidente con la guerrilla
MAITE RICO (ENVIADA ESPECIAL) - Bogotá - 10/05/2008
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Documentos en poder de EL PAÍS extraídos del ordenador de Raúl Reyes -el número dos de las FARC muerto en un ataque el 1 de marzo-, revelan que el presidente venezolano, Hugo Chávez, financió y armó a la guerrilla colombiana y le pidió que adiestrara a grupos afines al chavismo en la lucha armada. Este artículo es el primero de una serie.
El pasado 8 de noviembre, Hugo Chávez recibía en Caracas a Luciano Marín, alias Iván Márquez, dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El motivo: impulsar el acuerdo humanitario con Colombia para canjear a 44 secuestrados por 500 guerrilleros presos. Eso fue la parte pública. Pero hubo otra reunión secreta. En ella, el presidente venezolano "aprobó sin pestañear la solicitud" de 300 millones de dólares [194 millones de euros] hecha por la guerrilla marxista. Además, se diseñó un plan para recibir en la región venezolana del Orinoco el armamento enviado a las FARC por dos traficantes australianos y se puso en marcha un mecanismo de coordinación entre la guerrilla y el Ejército venezolano, al más alto nivel.
Caracas niega los vínculos con la insurgencia
Correos incautados en el ordenador de Raúl Reyes
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El 8 de noviembre de 2007 se oficializó la relación en el palacio de Miraflores "
"[Chávez] aprobó sin pestañear dar 300 millones de dólares", dice un guerrillero
La mediación por los rehenes reforzó la alianza con Caracas
Chávez ofreció al grupo armado una participación en el negocio petrolero
Así lo cuenta el propio Iván a sus compañeros del Secretariado de las FARC en un correo datado el 12 de noviembre de 2007. El mensaje está en uno de los ordenadores incautados a Raúl Reyes, número dos de la guerrilla muerto el pasado 1 de marzo en el ataque colombiano contra su campamento en Ecuador. Bogotá ha pedido a Interpol que certifique la autenticidad de los ordenadores. Las conclusiones se harán públicas la próxima semana.
Aquella reunión en el Palacio de Miraflores oficializó una relación que se había desarrollado desde el año 2000 con intermediarios y se había concretado en el suministro puntual de armamento a cambio del entrenamiento prestado por las FARC a miembros del Partido Comunista y otros grupos afines al chavismo en sus campamentos en suelo venezolano.
Dos hombres muy cercanos a Chávez encabezaban hasta esa fecha los contactos: el general Hugo Carvajal, jefe de la Inteligencia Militar, y el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, actual ministro del Interior. Los interlocutores de la guerrilla en Venezuela eran Iván Márquez y Rodrigo Granda, alias Ricardo.
Así, en un correo del 4 de enero de 2007, Iván explica que el general Carvajal y el general Alcalá les van a hacer llegar "la próxima semana bazucas [lanzagranadas] de gran potencia, de los cuales 10 serán para Timo [Timochenko, otro comandante guerrillero en la zona fronteriza] y 10 para acá". El general Alcalá, además, iba a hacerse cargo del puerto de Maracaibo, "una gran ventaja" para el "desembarque de carga". Todo apunta a que se trata de Cliver Alcalá, destacado en el Estado del Zulia, cuya capital es Maracaibo.
El envío se materializa días más tarde: "Los aparatos que hemos recibido con Timo son cohetes antitanque de 85 mm., 2 tubos y 21 cargas. El amigo dice que tienen más de 1.000 cargas, y que próximamente nos harán llegar otras más", escribe Iván el 20 de enero. El general Carvajal se ha comprometido "a traer un ofertante de armas de Panamá", mientras que el general Alcalá les hace saber que "los jefes de las Brigadas fronterizas tienen toda la disposición" para colaborar con ellos.
Asediadas por la aviación colombiana, las FARC buscan misiles antiaéreos. En marzo de 2007, Timochenko escribe que sus amigos de la inteligencia venezolana les ofrecen "piezas para construirlos y garantizan el viaje para enviar a un propio al Medio Oriente a realizar un curso en el manejo de cohetes".
Los correos intercambiados entre los miembros del Secretariado de las FARC constituyen una preciosa bitácora de las relaciones con Venezuela, no exentas de roces. Sin embargo, la decisión de Álvaro Uribe de permitir la mediación de Hugo Chávez en la negociación de un acuerdo humanitario con la guerrilla, en agosto de 2007, tuvo un efecto que el presidente colombiano no había calculado: el fortalecimiento de la alianza con la guerrilla. "Las FARC siempre habían buscado un encuentro directo con Chávez, pero él era renuente", dice un analista de la inteligencia colombiana. "Hasta la reunión en Miraflores, que puso en marcha una estrategia conjunta".
Chávez considera su papel de mediador como "un asunto de proyección geopolítica de trascendencia", en palabras de su ministro del Interior. En efecto, un éxito en ese campo (por ejemplo, la liberación de Ingrid Betancourt) reforzaría su imagen internacional y nacional. En juego está el referéndum sobre la reforma constitucional (que perdió en diciembre de 2007) y su papel como líder continental. La guerrilla lo sabe y se aprovecha: usa el canje como un paraguas para lograr de Chávez no sólo proyección internacional y su exclusión de la lista de organizaciones terroristas de la UE, sino fondos y armas para el "Plan Estratégico", que no es otra cosa que la hoja de ruta para la toma del poder.
"Las FARC utilizan a Chávez", dicen fuentes colombianas. En febrero de 2008, en el curso de una reunión secreta en Barinas, Chávez (que aparece ya en los correos con el seudónimo de Ángel) asegura que tiene listos los primeros 50 millones de dólares. "Nos ofreció la posibilidad de un negocio en el que nosotros recibimos una cuota de petróleo para comercializar en el exterior, lo cual nos dejaría una jugosa utilidad", escriben Iván y Ricardo. El gerente de PDVSA [la petrolera estatal] está presente. Chávez se muestra exultante. Les organiza una cita con autoridades de Bielorrusia para conseguir armamento en el mercado negro. Y ofrece pagar con fondos de PDVSA los abogados de Simón Trinidad, comandante de las FARC juzgado en EE UU por secuestro y narcotráfico. Veinte días más tarde, el Ejército colombiano ataca el campamento de Raúl Reyes.
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Mayo 9 de 2008
Una bruja fue clave en la caída de hombre fuerte de las Farc en Buenaventura
Gustavo Arbeláez, alias 'Santiago', uno de los jefes guerrilleros de las Farc más buscados en el suroccidente del país, consideraba a la mujer, de 39 años, como su amuleto.
'Santiago' la visitaba para que lo protegiera con sus velas y tambores en las oscuras ceremonias de 'cruzados', los hombres a los que supuestamente no les entran las balas.
Claudia y Santiago estaban juntos cuando fueron detenidos este jueves por un comando especial de la Policía y la Armada en el hotel Guateque del caserío La Bocana en Buenaventura (Valle). Y la mejor manera que hallaron las autoridades para dar con el hombre que reemplazó a Milton Sierra Gómez, 'JJ', el jefe guerrillero que en junio del 2007 murió abatido en una operación de la Armada, fue seguirle los pasos a su bruja.
Tras la muerte de 'J.J', dice la Policía, Claudia viajó a Cuba y allí estuvo por cuatro meses con los maestros de la santería. La Policía indaga si los recursos del viaje y su mantenimiento en Cuba habrían salido de las arcas del propio Arbeláez, un guerrillero conocido en la región por sus dos debilidades: las mujeres y las ciencias ocultas.
'Claudita' reunía esas dos características. Además de manejar la santería y el esoterismo, también mantenía una relación sentimental con 'Santiago'. Y algo más, es la madre de una joven de 17 años que también tenía un nexo amoroso con el jefe guerrillero.
"'Santiago' las invitó a Buenaventura. Decía que estaba desesperado por verlas y planearon el encuentro", reveló uno de los investigadores que participaron en la operación.
Captura de película
El miércoles pasado, tal y como acordaron con 'Santiago', la bruja y su hija salieron de Cali hacia el caluroso puerto en el Pacífico con cinco millones de pesos que el jefe guerrillero les hizo llegar para los gastos de transporte y del hotel donde se iban a encontrar.
Los movimientos del guerrillero, que se movía por tierra y por los esteros del Pacífico, fueron seguidos incluso desde un avión que sobrevoló a miles de metros de altura, siempre detrás de la lancha en la que se movía su objetivo.
La cacería a 'Santiago' también se logró porque hombres y mujeres de inteligencia se habían infiltrado en el puerto como turistas para seguir de cerca los pasos del jefe guerrillero. Con esa fachada lograron despistar a las redes de informantes que ya en otras ocasiones habían frustrado la captura.
Ya solo faltaba dar el golpe. Desde la noche del miércoles un grupo del Comando de Operaciones Especiales (Copes) de la Policía y fuerzas de la Armada coordinaron el ingreso a la cabaña donde 'Santiago' la pasaba con las dos mujeres.
Para despistar a su grupo de seguridad, integrado por siete guerrilleros, los policías infiltrados armaron una fiesta en las cabañas y empezaron a repartir trago. Así se facilitó la entrada del Copes por la parte delantera mientras la Armada impedía la fuga por la parte posterior del hotel, que da al mar. Buzos de la Marina llegaron hasta la playa del hotel, donde tres guerrilleros esperaban a su jefe.
En medio de la operación, fueron los únicos que lograron escapar.
Cuando los uniformados entraron el jefe guerrillero no puso resistencia. Estaba consumiendo licor con las dos mujeres. Al parecer también estaba bajo los efectos de estupefacientes. Le encontraron 156 millones de pesos en efectivo. "Esa era su caja menor", dijo el director de la policía, general Óscar Naranjo.
'Claudia' y su hija fueron retenidas y trasladadas al Comando de la Policía en Cali mientras las autoridades establecen su situación jurídica.
El guerrillero tenía ocho órdenes de captura por terrorismo, secuestro, narcotráfico, homicidio y rebelión.
Lo señalan como coautor del secuestro de los diputados del Valle y de un atentado con explosivos en abril del 2007 en la Policía Metropolitana de la capital del Valle.
Así fue el rastreo a 'Santiago'
El 30 de enero del 2008 'Santiago' estableció contacto con el 'Indio', el responsable de las comunicaciones en la columna móvil Miller Perdomo del Comando Conjunto de Occidente para planear un atentado en el Valle.
El 25 de febrero del 2008 se estableció que o coordinaba la adquisión de material bélico y la movilización de guerrilleros en la zona.
El 12 de febrero del 2008 la Policía interceptó comunicaciones de 'Santiago' con Duberney Cabrera, 'Narices', segundo jefe del Frente Manuel Cepeda. Hablaron de nuevo sobre atentados.
El 12 de diciembre del 2007 el jefe guerrillero entregó instrucciones a otros subversivos sobre explosivos que debían conseguirle.
REDACCIÓN JUSTICIA
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Una bruja fue clave en la caída de hombre fuerte de las Farc en Buenaventura
Gustavo Arbeláez, alias 'Santiago', uno de los jefes guerrilleros de las Farc más buscados en el suroccidente del país, consideraba a la mujer, de 39 años, como su amuleto.
'Santiago' la visitaba para que lo protegiera con sus velas y tambores en las oscuras ceremonias de 'cruzados', los hombres a los que supuestamente no les entran las balas.
Claudia y Santiago estaban juntos cuando fueron detenidos este jueves por un comando especial de la Policía y la Armada en el hotel Guateque del caserío La Bocana en Buenaventura (Valle). Y la mejor manera que hallaron las autoridades para dar con el hombre que reemplazó a Milton Sierra Gómez, 'JJ', el jefe guerrillero que en junio del 2007 murió abatido en una operación de la Armada, fue seguirle los pasos a su bruja.
Tras la muerte de 'J.J', dice la Policía, Claudia viajó a Cuba y allí estuvo por cuatro meses con los maestros de la santería. La Policía indaga si los recursos del viaje y su mantenimiento en Cuba habrían salido de las arcas del propio Arbeláez, un guerrillero conocido en la región por sus dos debilidades: las mujeres y las ciencias ocultas.
'Claudita' reunía esas dos características. Además de manejar la santería y el esoterismo, también mantenía una relación sentimental con 'Santiago'. Y algo más, es la madre de una joven de 17 años que también tenía un nexo amoroso con el jefe guerrillero.
"'Santiago' las invitó a Buenaventura. Decía que estaba desesperado por verlas y planearon el encuentro", reveló uno de los investigadores que participaron en la operación.
Captura de película
El miércoles pasado, tal y como acordaron con 'Santiago', la bruja y su hija salieron de Cali hacia el caluroso puerto en el Pacífico con cinco millones de pesos que el jefe guerrillero les hizo llegar para los gastos de transporte y del hotel donde se iban a encontrar.
Los movimientos del guerrillero, que se movía por tierra y por los esteros del Pacífico, fueron seguidos incluso desde un avión que sobrevoló a miles de metros de altura, siempre detrás de la lancha en la que se movía su objetivo.
La cacería a 'Santiago' también se logró porque hombres y mujeres de inteligencia se habían infiltrado en el puerto como turistas para seguir de cerca los pasos del jefe guerrillero. Con esa fachada lograron despistar a las redes de informantes que ya en otras ocasiones habían frustrado la captura.
Ya solo faltaba dar el golpe. Desde la noche del miércoles un grupo del Comando de Operaciones Especiales (Copes) de la Policía y fuerzas de la Armada coordinaron el ingreso a la cabaña donde 'Santiago' la pasaba con las dos mujeres.
Para despistar a su grupo de seguridad, integrado por siete guerrilleros, los policías infiltrados armaron una fiesta en las cabañas y empezaron a repartir trago. Así se facilitó la entrada del Copes por la parte delantera mientras la Armada impedía la fuga por la parte posterior del hotel, que da al mar. Buzos de la Marina llegaron hasta la playa del hotel, donde tres guerrilleros esperaban a su jefe.
En medio de la operación, fueron los únicos que lograron escapar.
Cuando los uniformados entraron el jefe guerrillero no puso resistencia. Estaba consumiendo licor con las dos mujeres. Al parecer también estaba bajo los efectos de estupefacientes. Le encontraron 156 millones de pesos en efectivo. "Esa era su caja menor", dijo el director de la policía, general Óscar Naranjo.
'Claudia' y su hija fueron retenidas y trasladadas al Comando de la Policía en Cali mientras las autoridades establecen su situación jurídica.
El guerrillero tenía ocho órdenes de captura por terrorismo, secuestro, narcotráfico, homicidio y rebelión.
Lo señalan como coautor del secuestro de los diputados del Valle y de un atentado con explosivos en abril del 2007 en la Policía Metropolitana de la capital del Valle.
Así fue el rastreo a 'Santiago'
El 30 de enero del 2008 'Santiago' estableció contacto con el 'Indio', el responsable de las comunicaciones en la columna móvil Miller Perdomo del Comando Conjunto de Occidente para planear un atentado en el Valle.
El 25 de febrero del 2008 se estableció que o coordinaba la adquisión de material bélico y la movilización de guerrilleros en la zona.
El 12 de febrero del 2008 la Policía interceptó comunicaciones de 'Santiago' con Duberney Cabrera, 'Narices', segundo jefe del Frente Manuel Cepeda. Hablaron de nuevo sobre atentados.
El 12 de diciembre del 2007 el jefe guerrillero entregó instrucciones a otros subversivos sobre explosivos que debían conseguirle.
REDACCIÓN JUSTICIA
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Sigue tensión entre partidos uribistas y gobierno
Una reunión en la que se pretendía hacer borrón y cuenta nueva, tras las polémicas declaraciones del comisionado Luis Carlos Restrepo, terminó con agarrón entre éste y el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda.
Fecha: 05/08/2008 -
Después de cuatro horas de reunión en la Casa de Nariño, los partidos uribistas y Luis Carlos Restrepo no limaron las asperezas provocadas por una polémica declaración del Alto Comisionado de Paz el pasado fin de semana.
El Comisionado propuso la disolución de los partidos uribistas por considerar que éstos se estaban beneficiando de la popularidad del presidente Álvaro Uribe. La coalición de gobierno reaccionó con disgusto.
Por eso, el presidente Uribe quiso reunirlos para hacer un borrón y cuenta nueva y recuperar la armonía en la relación entre el gobierno y su bancada. Aunque el encuentro tenía un carácter privado, se han conocido sorprendentes detalles.
Según trascendió, a la cita llegaron la presidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez; el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda; el presidente de Convergencia Ciudadana, Samuel Arrieta, y los voceros en el Senado de Alas Equipo Colombia y Cambio Radical. Del partido de La U no fue nadie.
Los asistentes esperaban que Restrepo les ofreciera disculpas, pero lo que hizo fue confirmar su posición que, según ha dicho, no es en nombre del gobierno sino personal.
Además, el Comisionado explicó que con sus declaraciones pretendía incentivar la reflexión sobre la actual situación política del país y resaltar positivamente la vitalidad con que los partidos gobiernistas han respondido y la forma como han asumido el debate al respecto. E insistió que nunca quiso ofender a los partidos.
A renglón seguido, llamó a los congresistas a trabajar de manera conjunta en temas políticos y relacionados con la paz. Y propuso hacer consultas internas en los movimientos para conocer si están dispuestos a seguir o no con la existencia de los mismos.
Tras escuchar la propuesta, el senador conservador Cepeda se levantó de la mesa y dijo que no le interesaba discutir temas políticos con el Comisionado, que no le satisfacían sus explicaciones y salió del recinto. La misma insatisfacción expresó Arrieta de Convergencia Ciudadana. A juzgar por la actitud de dos de los presidentes de partidos de la bancada uribista en el Congreso y por la ausencia del partido de La U, se mantiene la distancia entre el gobierno y su coalición tras las declaraciones de Restrepo.
El presidente Uribe ya se había retirado cuando sucedió el altercado.
www.semana.com
Una reunión en la que se pretendía hacer borrón y cuenta nueva, tras las polémicas declaraciones del comisionado Luis Carlos Restrepo, terminó con agarrón entre éste y el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda.
Fecha: 05/08/2008 -
Después de cuatro horas de reunión en la Casa de Nariño, los partidos uribistas y Luis Carlos Restrepo no limaron las asperezas provocadas por una polémica declaración del Alto Comisionado de Paz el pasado fin de semana.
El Comisionado propuso la disolución de los partidos uribistas por considerar que éstos se estaban beneficiando de la popularidad del presidente Álvaro Uribe. La coalición de gobierno reaccionó con disgusto.
Por eso, el presidente Uribe quiso reunirlos para hacer un borrón y cuenta nueva y recuperar la armonía en la relación entre el gobierno y su bancada. Aunque el encuentro tenía un carácter privado, se han conocido sorprendentes detalles.
Según trascendió, a la cita llegaron la presidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez; el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda; el presidente de Convergencia Ciudadana, Samuel Arrieta, y los voceros en el Senado de Alas Equipo Colombia y Cambio Radical. Del partido de La U no fue nadie.
Los asistentes esperaban que Restrepo les ofreciera disculpas, pero lo que hizo fue confirmar su posición que, según ha dicho, no es en nombre del gobierno sino personal.
Además, el Comisionado explicó que con sus declaraciones pretendía incentivar la reflexión sobre la actual situación política del país y resaltar positivamente la vitalidad con que los partidos gobiernistas han respondido y la forma como han asumido el debate al respecto. E insistió que nunca quiso ofender a los partidos.
A renglón seguido, llamó a los congresistas a trabajar de manera conjunta en temas políticos y relacionados con la paz. Y propuso hacer consultas internas en los movimientos para conocer si están dispuestos a seguir o no con la existencia de los mismos.
Tras escuchar la propuesta, el senador conservador Cepeda se levantó de la mesa y dijo que no le interesaba discutir temas políticos con el Comisionado, que no le satisfacían sus explicaciones y salió del recinto. La misma insatisfacción expresó Arrieta de Convergencia Ciudadana. A juzgar por la actitud de dos de los presidentes de partidos de la bancada uribista en el Congreso y por la ausencia del partido de La U, se mantiene la distancia entre el gobierno y su coalición tras las declaraciones de Restrepo.
El presidente Uribe ya se había retirado cuando sucedió el altercado.
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Crece escándalo por Yidispolítica
La Corte Suprema envió copias para que sean investigados los funcionarios señalados por la parlamentaria Yidis Medina de haberle ofrecido prebendas para que votara la reelección.
Fecha: 05/08/2008 -
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia envió copias este jueves a la Fiscalía, al Consejo Superior de la Judicatura, y la Comisión de Acusaciones de la Cámara, para que de acuerdo a sus competencias investiguen a los funcionarios y ex funcionarios que han sido nombrados por la ex representante santandereana Yidis Medina, por el presunto delito de cohecho.
Con esta medida se busca que sean investigados, entre otros, el ministro de la protección social Diego Palacio, el entonces ministro del Interior y hoy embajador en Italia, Sabas Pretelt de la Vega, el ex viceministro del Interior Luis Hernando Angarita, y Alberto Velásquez Echeverri, quien era el secretario general de la Presidencia de la República durante el tiempo en que se habría cometido el delito.
Según las denuncias de Medina, estos funcionarios ofrecieron prebendas burocráticas a ella y a otro representante a la Cámara, Teodolindo Avendaño, para que cambiaran su voto en favor de la aprobación de la reforma constitucional que permitía reelegir al Presidente.
Hoy también la revista Cambio publicó los recibos de consignación en cuentas de Avendaño, que presuntamente comprueban los pagos que le hicieron por su voto favorable.
La Sala Penal también compulsó copias para que sea investigado Iván Días Mateus, el congresista del que Medina fue suplente, y los abogados Clara María González y Álvaro Montoya, quienes oficiaron como defensores de Medina.
Corte Suprema dicta medida de aseguramiento contra Yidis Medina
Las copias enviadas a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes harán parte del expediente en el caso de la denuncia por cohecho que hizo el senador del Polo Luis Carlos Avellaneda en contra del presidente Uribe el pasado 29 de abril.
Este jueves la Corte Suprema además dictó medida de aseguramiento sin beneficio de ex carcelación de la ex representante Yidis Medina después de que ella misma reconociera que recibió beneficios por votar positivamente el proyecto de reelección inmediata, que permitió el segundo periodo consecutivo del presidente Álvaro Uribe. Con esta medida, Medina deberá permanecer en la cárcel del Buen Pastor, donde se encuentra detenida.
La ex congresista se entregó a las autoridades el pasado 29 de abril luego de que la Corte Suprema ordenara su captura por el delito de cohecho que habría cometido al votar positivamente el acto legislativo que permitió la reelección inmediata a cambio de prebendas del gobierno. Medina aceptó los cargos y se acogió a sentencia anticipada.
La pena del delito de cohecho oscila entre cinco y nueve años de cárcel, 65 salarios mínimos y la prohibición a ocupar cargos públicos por seis años. Sin embargo, a Medina puede resultarle una condena menos severa debido a que aceptó sus cargos y está colaborando con la justicia.
El Ministro de Protección Social Diego Palacio ha expresado, a través de medios de comunicación, su intención de responder ante las acusaciones de Medina. Por su parte el Fiscal General Mario Iguarán se declaró impedido para investigar a Sabas Pretelt, ya que Iguarán era Viceministro de Justicia cuando Pretelt era ministro del Interior.
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La Corte Suprema envió copias para que sean investigados los funcionarios señalados por la parlamentaria Yidis Medina de haberle ofrecido prebendas para que votara la reelección.
Fecha: 05/08/2008 -
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia envió copias este jueves a la Fiscalía, al Consejo Superior de la Judicatura, y la Comisión de Acusaciones de la Cámara, para que de acuerdo a sus competencias investiguen a los funcionarios y ex funcionarios que han sido nombrados por la ex representante santandereana Yidis Medina, por el presunto delito de cohecho.
Con esta medida se busca que sean investigados, entre otros, el ministro de la protección social Diego Palacio, el entonces ministro del Interior y hoy embajador en Italia, Sabas Pretelt de la Vega, el ex viceministro del Interior Luis Hernando Angarita, y Alberto Velásquez Echeverri, quien era el secretario general de la Presidencia de la República durante el tiempo en que se habría cometido el delito.
Según las denuncias de Medina, estos funcionarios ofrecieron prebendas burocráticas a ella y a otro representante a la Cámara, Teodolindo Avendaño, para que cambiaran su voto en favor de la aprobación de la reforma constitucional que permitía reelegir al Presidente.
Hoy también la revista Cambio publicó los recibos de consignación en cuentas de Avendaño, que presuntamente comprueban los pagos que le hicieron por su voto favorable.
La Sala Penal también compulsó copias para que sea investigado Iván Días Mateus, el congresista del que Medina fue suplente, y los abogados Clara María González y Álvaro Montoya, quienes oficiaron como defensores de Medina.
Corte Suprema dicta medida de aseguramiento contra Yidis Medina
Las copias enviadas a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes harán parte del expediente en el caso de la denuncia por cohecho que hizo el senador del Polo Luis Carlos Avellaneda en contra del presidente Uribe el pasado 29 de abril.
Este jueves la Corte Suprema además dictó medida de aseguramiento sin beneficio de ex carcelación de la ex representante Yidis Medina después de que ella misma reconociera que recibió beneficios por votar positivamente el proyecto de reelección inmediata, que permitió el segundo periodo consecutivo del presidente Álvaro Uribe. Con esta medida, Medina deberá permanecer en la cárcel del Buen Pastor, donde se encuentra detenida.
La ex congresista se entregó a las autoridades el pasado 29 de abril luego de que la Corte Suprema ordenara su captura por el delito de cohecho que habría cometido al votar positivamente el acto legislativo que permitió la reelección inmediata a cambio de prebendas del gobierno. Medina aceptó los cargos y se acogió a sentencia anticipada.
La pena del delito de cohecho oscila entre cinco y nueve años de cárcel, 65 salarios mínimos y la prohibición a ocupar cargos públicos por seis años. Sin embargo, a Medina puede resultarle una condena menos severa debido a que aceptó sus cargos y está colaborando con la justicia.
El Ministro de Protección Social Diego Palacio ha expresado, a través de medios de comunicación, su intención de responder ante las acusaciones de Medina. Por su parte el Fiscal General Mario Iguarán se declaró impedido para investigar a Sabas Pretelt, ya que Iguarán era Viceministro de Justicia cuando Pretelt era ministro del Interior.
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Ya no brilla la estrella del ejército
El coronel Hernán Mejía Gutiérrez y tres militares permanecerán recluidos mientras se termina de investigar su presunta vinculación con grupos paramilitares y varios homicidios. Ya son 32 los militares de este batallón investigados por falsos positivos, entre otros delitos.
Fecha: 05/07/2008 -
La Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra el coronel Hernán Mejía Gutiérrez y el teniente coronel José Pastor Ruiz Mahecha por los presuntos delitos de concierto para delinquir, conformación de grupos armados al margen de la ley y homicidio. La misma orden cobija al sargento primero Aureliano Quejada y al suboficial retirado Efraín Andrade Perea. Los militares permanecerán recluidos en una guarnición militar en Bogotá. Con ellos, serían 32 militares del Batallón la Popa en Valledupar que están siendo investigados por varios delitos, pero principalmente, por falsos positivos.
La investigación contra estos oficiales se inició hace un poco más de un año, cuando el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, anunció en una rueda de prensa en Tolemaida en enero de 2007, que el Coronel Mejía Gutiérrez sería relevado de su cargo por las denuncias de un ex suboficial, que fue su escolta. El ex suboficial afirmaba que el Coronel, quien gozaba de una excelente reputación en las filas del ejército, había cometido varios asesinatos en un afán por mostrar bajas como comandante en esa región y había realizado alianzas con el Bloque Norte de las AUC. La gravedad de las denuncias del ex suboficial hicieron que el caso se trasladara de inmediato a la Fiscalía.
Recién llegó Mejía al batallón, conformó un grupo especial con 14 militares que se llegó a conocer como el grupo Zarpazo, de reacción rápida y que sospechosamente, cada vez que salía a realizar operaciones producía bajas. Entre 2002 y 2004, mientras Mejía estuvo a cargo del batallón también aumentaron los asesinatos de los indígenas kankuamos en la zona (Solo en el primer semestre de 2003 murieron 53). Los kankuamos denunciaron al Batallón de Artillería 2 La Popa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como responsables de varias de esas muertes.
Uno de los casos que está investigando la Fiscalía es el del asesinato de 18 supuestos guerrilleros del Eln en octubre del 2002, que en realidad resultaron siendo paramilitares. Los cadáveres aparecieron vestidos de camuflado y con brazaletes del Eln, pero en los calzoncillos tenían las iniciales de AUC. Además, cuando se produjo la muerte de estos supuestos guerrilleros, los familiares de las víctimas denunciaron que era mentira que ellos pertenecían a la guerrilla.
Según testigos de este caso, al parecer se trató de una especie de purga interna dentro del grupo 'Mártires del Cacique de Upar ' orquestada entre el Coronel Mejía y el jefe paramilitar David Hernández, o alias 39, quien era un amigo de infancia de Mejía, según el ex escolta del coronel. Hernández fue asesinado posteriormente por orden de Jorge 40, pero Mejía y sus tropas fueron los responsables de haber dado de baja al jefe paramilitar.
Ése no es el único caso de homicidio por el cual es investigado Mejía y algunos de sus hombres. La muerte de dos supuestos guerrilleros en el batallón en junio de 2002, que pretendían entrar al campamento, sin armas, y fueron capturados, torturados y luego asesinados también está siendo investigada como otro caso de falsos positivos.
El ex suboficial también confesó que él y el Coronel Mejía estuvieron presentes en una reunión con todos los jefes paramilitares del Bloque Norte: 'Jorge 40', el señor Hernán Giraldo, 'Tolemaida', 'Omega' y '39'. Según el testigo, ese día pactaron entre Mejía y Jorge 40 que él iba a recibir un sueldo de 30 millones mensuales a cambio de que el ejército no se metiera con las autodefensas en la zona. En su testimonio, Mejía le habría entregado fusiles Galil a 39 y a sus hombres para que lo ayudara con los falsos positivos.
El ex escolta también denunció que todas estas muertes se hicieron con la complicidad de la Fiscalía de Valledupar, específicamente con la fiscal Alix Cecilia Daza Martínez, quien durante varios años fue juez superior de Valledupar y que, a pesar de haber dejado de ejercer por mucho tiempo su profesión, fue nombrada por el fiscal Luis Camilo Osorio como directora de Fiscalías de Valledupar. Todavía no se conoce si Daza Martínez será llamada a indagatoria por su presunta colaboración en estos crímenes.
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El coronel Hernán Mejía Gutiérrez y tres militares permanecerán recluidos mientras se termina de investigar su presunta vinculación con grupos paramilitares y varios homicidios. Ya son 32 los militares de este batallón investigados por falsos positivos, entre otros delitos.
Fecha: 05/07/2008 -
La Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra el coronel Hernán Mejía Gutiérrez y el teniente coronel José Pastor Ruiz Mahecha por los presuntos delitos de concierto para delinquir, conformación de grupos armados al margen de la ley y homicidio. La misma orden cobija al sargento primero Aureliano Quejada y al suboficial retirado Efraín Andrade Perea. Los militares permanecerán recluidos en una guarnición militar en Bogotá. Con ellos, serían 32 militares del Batallón la Popa en Valledupar que están siendo investigados por varios delitos, pero principalmente, por falsos positivos.
La investigación contra estos oficiales se inició hace un poco más de un año, cuando el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, anunció en una rueda de prensa en Tolemaida en enero de 2007, que el Coronel Mejía Gutiérrez sería relevado de su cargo por las denuncias de un ex suboficial, que fue su escolta. El ex suboficial afirmaba que el Coronel, quien gozaba de una excelente reputación en las filas del ejército, había cometido varios asesinatos en un afán por mostrar bajas como comandante en esa región y había realizado alianzas con el Bloque Norte de las AUC. La gravedad de las denuncias del ex suboficial hicieron que el caso se trasladara de inmediato a la Fiscalía.
Recién llegó Mejía al batallón, conformó un grupo especial con 14 militares que se llegó a conocer como el grupo Zarpazo, de reacción rápida y que sospechosamente, cada vez que salía a realizar operaciones producía bajas. Entre 2002 y 2004, mientras Mejía estuvo a cargo del batallón también aumentaron los asesinatos de los indígenas kankuamos en la zona (Solo en el primer semestre de 2003 murieron 53). Los kankuamos denunciaron al Batallón de Artillería 2 La Popa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como responsables de varias de esas muertes.
Uno de los casos que está investigando la Fiscalía es el del asesinato de 18 supuestos guerrilleros del Eln en octubre del 2002, que en realidad resultaron siendo paramilitares. Los cadáveres aparecieron vestidos de camuflado y con brazaletes del Eln, pero en los calzoncillos tenían las iniciales de AUC. Además, cuando se produjo la muerte de estos supuestos guerrilleros, los familiares de las víctimas denunciaron que era mentira que ellos pertenecían a la guerrilla.
Según testigos de este caso, al parecer se trató de una especie de purga interna dentro del grupo 'Mártires del Cacique de Upar ' orquestada entre el Coronel Mejía y el jefe paramilitar David Hernández, o alias 39, quien era un amigo de infancia de Mejía, según el ex escolta del coronel. Hernández fue asesinado posteriormente por orden de Jorge 40, pero Mejía y sus tropas fueron los responsables de haber dado de baja al jefe paramilitar.
Ése no es el único caso de homicidio por el cual es investigado Mejía y algunos de sus hombres. La muerte de dos supuestos guerrilleros en el batallón en junio de 2002, que pretendían entrar al campamento, sin armas, y fueron capturados, torturados y luego asesinados también está siendo investigada como otro caso de falsos positivos.
El ex suboficial también confesó que él y el Coronel Mejía estuvieron presentes en una reunión con todos los jefes paramilitares del Bloque Norte: 'Jorge 40', el señor Hernán Giraldo, 'Tolemaida', 'Omega' y '39'. Según el testigo, ese día pactaron entre Mejía y Jorge 40 que él iba a recibir un sueldo de 30 millones mensuales a cambio de que el ejército no se metiera con las autodefensas en la zona. En su testimonio, Mejía le habría entregado fusiles Galil a 39 y a sus hombres para que lo ayudara con los falsos positivos.
El ex escolta también denunció que todas estas muertes se hicieron con la complicidad de la Fiscalía de Valledupar, específicamente con la fiscal Alix Cecilia Daza Martínez, quien durante varios años fue juez superior de Valledupar y que, a pesar de haber dejado de ejercer por mucho tiempo su profesión, fue nombrada por el fiscal Luis Camilo Osorio como directora de Fiscalías de Valledupar. Todavía no se conoce si Daza Martínez será llamada a indagatoria por su presunta colaboración en estos crímenes.
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