Mayo 13 de 2008
Estos son los jefes paramilitares que se quedan en Colombia
Sus nombres forman parte también del listado integrado por 3.284 postulados en Justicia y Paz, según la Fiscalía, y de los 639 presos por por paramilitarismo.
Iván Roberto Duque 'Ernesto Baez'
"Ernesto Báez" es el alias de Iván Roberto Duque Gaviria, quien de líder político en la región del Magdalena Medio pasó a jefe paramilitar del denominado bloque central Bolívar (Bcb). Nació hace 53 años en el municipio caldense de Aguadas y fue el gestor de dos movimientos políticos: la Asociación de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (Acdegam) y el Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena) ante de entrar a al clandestinidad como asesor político de las Auc al mando de Carlos Castaño. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo investiga por su presunta relación con varios cargamentos de cocaína incautados en ese país. En Colombia tiene una condena de 13 años por conformación de grupos paramilitares, incluso, el embajador de Estados Unidos en Colombia no descartó que su gobierno solicite en extradición a Ernesto Báez, detenido en ese penal, y quien reconoció ser el dueño del dinero decomisado.
Freddy Rendón Herrera, alias 'El alemán'
También conocido con los alias de 'José Alfredo Berrio', 'Fredy Enrique Rendón Henao' o 'Puma 4', fue el último de los grandes jefes paramilitares que desmovilizó. A su cargo estuvo el bloque 'Elmer Cárdenas' de las A.c.c.u. Siempre ha intentado que lo desliguen de cualquier vínculo con el narcotráfico y en sus versiones ha negado haber utilizado testaferros para manejar su fortuna a pesar de haber tenido influencia en el Golfo de Urabá, una de las rutas clave para enviar drogas al exterior. Al jefe para se le acusa del despojo de inmensas extensiones para sembrar palma. Según él, en 1998 viajó al Mundial de Fútbol en Francia e incluso ingresó a Estados Unidos llevando una visa con su propio nombre y que cruzó por lo menos dos veces más la frontera sin problema.
Ramón Isaza, 'El viejo'
Su grupo paramilitar operó por casi tres décadas en el Magdalena Medio y tuvo como centro de operaciones la ciudad caldense de La Dorada. En sus intervenciones en las sesiones de Justicia y Paz dijo que en 1977, combatió a la guerrilla al lado del Ejército como informante. Su misión era la de obtener datos sobre las guerrillas del Magdalena Medio y reportarlos a las unidades de inteligencia de una brigada en Puerto Berrío. También salió a combatir a la subversión con el Ejército, armado y uniformado como un militar. Por su labor recibió 30 mil pesos de la época, como pago de sus servicios contra la guerrilla.
Rodrigo Pérez Alzate, 'Julian Bolívar'
El ex jefe militar del Bloque Central Bolívar también conocido con el alias de 'Lorenzo González Quinchía', ha entregado a la Fiscalía una lista de 700 personas, entre ganaderos y finqueros quienes supuestamente colaboraron con la causa de las autodefensas. Ha sido nombrado en reiteradas ocasiones de haber favorecido intereses de políticos de la región que dominaba y haber facilitado la labor proselitista de los que presuntamente eran adeptos a este grupo irregular. En el en el debate del paramilitarismo en Antioquia, el senador Gustavo Petro hizo mención a su nombre al indicar que fue uno de los cabecillas de las denominadas Convivir en Antioquia y que fueron avaladas por el hoy presidente Álvaro Uribe.
Luis Eduardo Cifuentes, 'El Águila'
Antes de ingresar a las autodefensas era militante de las juventudes comunistas en Yacopí, el municipio de Cundinamarca donde nació, aseguró el desmovilizado jefe 'para' en su versión ante Justicia y Paz. También aseguró que, a principios de los 80, llegaron los paramilitares a esa población y amenazaron con matarlo a él y a otros compañeros. Según el 'Águila', todos fueron a hablar con los 'paras', a él lo convenció su discurso y decidió trabajar con ellos. Aclaró que el mando en el grupo era compartido y solo en el 2002 se convirtió en el jefe del bloque. Dijo además que los 'paras' que lideraba eran pobres y siempre tuvieron apoyo de militares.
Ever Veloza García, 'H.H.'
El ex jefe de los Bloque Bananero y Calima de las Auc entre los años de 1995 y 2004 aceptó haber planeado la muerte de su antiguo jefe, Carlos Castaño, uno de los fundadores de las Auc. También es conocido como 'Hernán Hernández o el 'Mono Veloza'. Veloza y está solicitado por una corte de Nueva York por narcotráfico, aunque siempre ha asegurado que fue un simple comandante militar de la organización y nunca ha sido narco, a pesar de haber sido requerido por sus jefes para cobrar impuestos a los narcotraficantes que operaban en la zona de Urabá, lugar al que llegó con el bloque por petición de los cultivadores de banano de la zona. Igualmente aceptó conocer a grandes capos de la mafia, como Diego León Montoya y 'Capachivo'.
Edward Cobos Téllez, alias 'Diego Vecino'
El jefe desmovilizado del bloque Montes de María señaló que su papel era político y no militar en ese grupo paramilitar. El encargado de ocupar militarmente varias zonas de Sucre, fue el desaparecido líder paramilitar, Rodrigo Mercado Peluffo, alias 'Cadena'. Reconoció ante la Corte Suprema de Justicia que el objetivo de las autodefensas era crear un proyecto político local, regional y nacional y admitió que los ex líderes de esa organización ilegal le entregaron apoyo a líderes políticos de la costa atlántica y de otras zonas del país. Según su versión, los grupos de autodefensas hicieron presencia militar en varios municipios de Sucre, y luego penetraron la vida política y social de la región, a través de líderes comunitarios que hacían trabajo con la población campesina.
Edgar Ignacio Fierro, alias 'Don Antonio'
Es el hombre del computador que destapó la presencia del paramilitarismo en diferentes entidades de la Costa Atlántica. Considerado la mano derecha del extraditado ex jefe paramilitar del bloque norte, Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'. Además, fue condenado anticipadamente a 16 años de prisión por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla por homicidio agravado del abogado Pedro Pérez Orozco, ex secretario de Gobierno de Barranquilla y defensor público, fue asesinado en la capital del Atlántico el 3 de octubre de 2005.
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martes, 20 de mayo de 2008
Mayo 14 de 2008
Extradición de 'paras' impide esclarecer sus crímenes: Comisión Interamericana de Derechos Humanos
"Afecta -además- la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación" por sus crímenes, agrega la CIDH.
"La extradición impedirá la investigación y el juzgamiento de graves crímenes", "cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad" e "interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares", de acuerdo con el organismo hemisférico.
El siguiente es el texto del comunicado:
Washington, 14 de mayo de 2008 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la extradición de líderes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que limita seriamente el esclarecimiento de graves crímenes perpetrados durante el conflicto armado en Colombia.
El martes 13 de mayo, el Estado informó sobre la extradición a los Estados Unidos de 14 líderes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, "Jorge 40" y "Don Berna" para ser juzgados por delitos de narcotráfico. Las personas extraditadas se habían acogido a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, destinada al juzgamiento de los crímenes cometidos contra la población civil por miembros de grupos armados al margen de la ley en Colombia.
La Comisión observa que esta extradición afecta la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares. La extradición impide la investigación y el juzgamiento de graves crímenes por las vías establecidas por la Ley de Justicia y Paz en Colombia y por los procedimientos criminales ordinarios de la justicia colombiana. También cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto y limita el acceso a la reparación del daño causado. Asimismo, este acto interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares.
La CIDH ha dado estrecho seguimiento al proceso de desmovilización en Colombia desde su inicio, con base a un mandato del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a sus competencias conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este marco, ha expresado en numerosas oportunidades la importancia de que el Estado garantice el derecho de las víctimas del conflicto armado a la verdad, la justicia y la reparación.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
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Extradición de 'paras' impide esclarecer sus crímenes: Comisión Interamericana de Derechos Humanos
"Afecta -además- la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación" por sus crímenes, agrega la CIDH.
"La extradición impedirá la investigación y el juzgamiento de graves crímenes", "cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad" e "interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares", de acuerdo con el organismo hemisférico.
El siguiente es el texto del comunicado:
Washington, 14 de mayo de 2008 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la extradición de líderes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que limita seriamente el esclarecimiento de graves crímenes perpetrados durante el conflicto armado en Colombia.
El martes 13 de mayo, el Estado informó sobre la extradición a los Estados Unidos de 14 líderes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, "Jorge 40" y "Don Berna" para ser juzgados por delitos de narcotráfico. Las personas extraditadas se habían acogido a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, destinada al juzgamiento de los crímenes cometidos contra la población civil por miembros de grupos armados al margen de la ley en Colombia.
La Comisión observa que esta extradición afecta la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares. La extradición impide la investigación y el juzgamiento de graves crímenes por las vías establecidas por la Ley de Justicia y Paz en Colombia y por los procedimientos criminales ordinarios de la justicia colombiana. También cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto y limita el acceso a la reparación del daño causado. Asimismo, este acto interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares.
La CIDH ha dado estrecho seguimiento al proceso de desmovilización en Colombia desde su inicio, con base a un mandato del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a sus competencias conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este marco, ha expresado en numerosas oportunidades la importancia de que el Estado garantice el derecho de las víctimas del conflicto armado a la verdad, la justicia y la reparación.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
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Mayo 13 de 2008
Extradición de 14 jefes 'paras' se comenzó a planear desde que 'Macaco' fue enviado a E.U.
Una vez envió a 'Macaco', el presidente Uribe comenzó a planear la extradición de los 14 ex jefes de las Auc entregados a E.U. ayer.
Información relacionada
El presidente Uribe sintió que esa situación era evidente cuando una tutela del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado frenó transitoriamente el envío de 'Macaco' a Estados Unidos, y tres días después
"No voy a admitir que unos criminales pongan al Estado contra la pared", dijo Uribe enfadado durante un encuentro con sus asesores. Con su equipo jurídico acordaron trabajar en dos direcciones: preparar un decreto reglamentario (el 1364, del 25 de abril) para recuperar la competencia de retirar las postulaciones a Justicia y Paz (lo cual lo habilitaba automáticamente para extraditar, obviando el condicionamiento de la Corte); y articular la resolución mediante la cual se haría la extradición de 'Macaco'.
Tan pronto supo que el Consejo Superior de la Judicatura le había restaurado la facultad de enviar a 'Macaco' a E.U., ordenó que la extradición se hiciera de esa misma noche. Y al mismo tiempo comenzó a hacer consultas con cinco personas clave para enviar a los 14 ex jefes 'paras', cuya extradición había sido autorizada por la Corte: el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos; el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo; el secretario jurídico, Edmundo del Castillo; el ministro del Interior, Carlos Holguín; y el director de la Policía, Oscar Naranjo.
El compromiso fue que nadie más sería informado sobre las consultas en marcha, para garantizar el éxito de la operación. Las consultas jurídicas comprometían contactar a la Fiscalía, que debía instrumentar parte de la operación, y a las autoridades estadounidenses. Todo se cumplió con absoluto sigilo.
El hecho de que algunos de los jefes paras fueran sindicados de asesinar sindicalistas y que ahora fueran extraditados, también pesó en la decisión, pues era una buena señal para quienes tenían que decidir la aprobación del TLC.
A las seis de la tarde de ayer se comenzaron a elaborar las resoluciones en el Ministerio del Interior. De ahí los documentos salieron para la firma de Uribe, a eso de las 8 de la noche, y llevados a la Fiscalía y de ahí al Inpec.
La hora cero
Los oficiales enviados a las diferentes cárceles no conocían la operación. Su ingreso a los penales se produjo después de la medianoche y solo fueron informados de su objetivo cuando se encontraban dentro de las prisiones.
El operativo había comenzado a las 11:30 de la mañana del lunes, en la sede de la Dijín en Bogotá. Tres comandos élite de la Policía, cada uno con medio centenar de hombres, salieron del moderno edificio blanco del occidente de Bogotá con un solo dato sobre su misión: que sería "histórica para el país".
Dos de los grupos salieron hacia el aeropuerto de Catam, donde los esperaban dos aviones SuperKing-200 contratados por la embajada de E.U. Hacia el mediodía, una de las aeronaves despegó hacia Barranquilla y la otra rumbo a Medellín. El grupo que se quedó en Bogotá fue trasladado a las instalaciones de la Sijín.
Por seguridad, a todos les retiraron los celulares.
Los únicos que sabían que iban a las cárceles de los 'paras' eran los tres coroneles que comandaban los grupos.Hacia la 1 de la madrugada, con poca diferencia de tiempo entre las tres ciudades, los agentes abordaron camionetas y motos. Esa fue la comitiva que se apareció en las cárceles La Modelo en Barranquilla, la de máxima seguridad de Itagüí y la Picota de Bogotá. El sueño de los internos se rompió por el repentino despliegue de fuerza.
En ese momento los tres oficiales al mando atendieron una llamada y cada uno recibió la lista con los nombres de los ex jefes 'paras' que debían trasladar. La sorpresa fue total, cuenta un oficial de la Policía, cuando los ex 'paras' fueron notificados sobre la decisión del Gobierno de extraditarlos. Tuvieron la oportunidad de llamar a sus familias.
El silencio profundo que mantuvieron en los dos aviones que los transportaron desde Medellín y Barranquilla hacia el aeropuerto de Catam se acabó cuando pisaron el frío suelo bogotano y se reencontraron en una sala de la DEA con los tres que estaban en la capital.
Los internos de La Picota llegaron a las 2:15 de la madrugada al aeropuerto de Catam. El avión procedente de Barranquilla aterrizó a las 3:30, y el de Medellín, a las 5:15.
Después de las 5:30 de la madrugada, comenzaron a subir al avión de la DEA que los llevaría a Estados Unidos.
Los extraditados
Eduardo Vengoechea
Alias 'El flaco'.
Cargos: producir y distribuir cocaína.
Corte: Distrito de Columbia.
Juan Carlos Sierra
Alias 'El tuso'
Cargos: Septiembre del 2002.
Producir y distribuir cocaína a E.U.
Corte: Distrito de Columbia.
Martín Peñaranda
Cargos: producir y distribuir cocaína a E.U.
Corte: Distrito de Columbia
Salvatore Mancuso
Ex jefe del bloque Catatumbo.
Cargos: importar y distribuir coca. Proceso de septiembre del 2002
Corte que lo juzga. la del Distrito de Columbia (Washington).
Edwin Gómez, 'Pobre Mello'
Cargos: producir y distribuir cocaína a E.U.
Corte: Distrito de Columbia.
Ramiro 'Cuco' Vanoy
Ex jefe del bloque Mineros.
Cargos: Noviembre de 1999. Narcotráfico y lavado de activos.
Corte: Distrito Sur de Florida.
Diego Arroyave, 'El primo'
Cargos: Concierto para respaldar a una organización terrorista.
Corte: Distrito Sur de Texas.
Rodrigo Tovar, 'Jorge 40'
Ex jefe del bloque Norte.
Cargos: producir y distribuir cocaína a E.U.
Corte: Distrito de Columbia.
Manuel Torregrosa
Cargos: Mayo de 2007. Producir y distribuir cocaína a E.U. Extinción de sus bienes de ser hallado culpable.
Corte: Distrito Medio de Florida
Hernán Giraldo
Ex jefe del Resistencia Tayrona.
Cargos: producir y distribuir cocaína a E.U. Extinción de sus bienes de ser hallado culpable.
Corte: Distrito de Columbia.
Diego Bejarano, 'Don Berna'
Ex jefe del Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Tolová.
Cargos:Tráfico y lavado de activos.
Acusado en julio del 2004.
Corte: Distrito Sur de Nueva York.
Fcisco. Zuluaga, 'Gordolindo'
Cargos: Noviembre de 1999. Narcotráfico y lavado de activos
Corte: Distrito Sur de Florida.
Guillermo Pérez Alzate
Cargos: Marzo del 2002. Producir y distribuir cocaína a E.U. Corte: Distrito Medio de Florida.
Nodier Giraldo Giraldo
Cargos: Marzo del 2002. Producir y distribuir cocaína a E.U. Corte: Distrito de Columbia.
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Extradición de 14 jefes 'paras' se comenzó a planear desde que 'Macaco' fue enviado a E.U.
Una vez envió a 'Macaco', el presidente Uribe comenzó a planear la extradición de los 14 ex jefes de las Auc entregados a E.U. ayer.
Información relacionada
El presidente Uribe sintió que esa situación era evidente cuando una tutela del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado frenó transitoriamente el envío de 'Macaco' a Estados Unidos, y tres días después
"No voy a admitir que unos criminales pongan al Estado contra la pared", dijo Uribe enfadado durante un encuentro con sus asesores. Con su equipo jurídico acordaron trabajar en dos direcciones: preparar un decreto reglamentario (el 1364, del 25 de abril) para recuperar la competencia de retirar las postulaciones a Justicia y Paz (lo cual lo habilitaba automáticamente para extraditar, obviando el condicionamiento de la Corte); y articular la resolución mediante la cual se haría la extradición de 'Macaco'.
Tan pronto supo que el Consejo Superior de la Judicatura le había restaurado la facultad de enviar a 'Macaco' a E.U., ordenó que la extradición se hiciera de esa misma noche. Y al mismo tiempo comenzó a hacer consultas con cinco personas clave para enviar a los 14 ex jefes 'paras', cuya extradición había sido autorizada por la Corte: el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos; el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo; el secretario jurídico, Edmundo del Castillo; el ministro del Interior, Carlos Holguín; y el director de la Policía, Oscar Naranjo.
El compromiso fue que nadie más sería informado sobre las consultas en marcha, para garantizar el éxito de la operación. Las consultas jurídicas comprometían contactar a la Fiscalía, que debía instrumentar parte de la operación, y a las autoridades estadounidenses. Todo se cumplió con absoluto sigilo.
El hecho de que algunos de los jefes paras fueran sindicados de asesinar sindicalistas y que ahora fueran extraditados, también pesó en la decisión, pues era una buena señal para quienes tenían que decidir la aprobación del TLC.
A las seis de la tarde de ayer se comenzaron a elaborar las resoluciones en el Ministerio del Interior. De ahí los documentos salieron para la firma de Uribe, a eso de las 8 de la noche, y llevados a la Fiscalía y de ahí al Inpec.
La hora cero
Los oficiales enviados a las diferentes cárceles no conocían la operación. Su ingreso a los penales se produjo después de la medianoche y solo fueron informados de su objetivo cuando se encontraban dentro de las prisiones.
El operativo había comenzado a las 11:30 de la mañana del lunes, en la sede de la Dijín en Bogotá. Tres comandos élite de la Policía, cada uno con medio centenar de hombres, salieron del moderno edificio blanco del occidente de Bogotá con un solo dato sobre su misión: que sería "histórica para el país".
Dos de los grupos salieron hacia el aeropuerto de Catam, donde los esperaban dos aviones SuperKing-200 contratados por la embajada de E.U. Hacia el mediodía, una de las aeronaves despegó hacia Barranquilla y la otra rumbo a Medellín. El grupo que se quedó en Bogotá fue trasladado a las instalaciones de la Sijín.
Por seguridad, a todos les retiraron los celulares.
Los únicos que sabían que iban a las cárceles de los 'paras' eran los tres coroneles que comandaban los grupos.Hacia la 1 de la madrugada, con poca diferencia de tiempo entre las tres ciudades, los agentes abordaron camionetas y motos. Esa fue la comitiva que se apareció en las cárceles La Modelo en Barranquilla, la de máxima seguridad de Itagüí y la Picota de Bogotá. El sueño de los internos se rompió por el repentino despliegue de fuerza.
En ese momento los tres oficiales al mando atendieron una llamada y cada uno recibió la lista con los nombres de los ex jefes 'paras' que debían trasladar. La sorpresa fue total, cuenta un oficial de la Policía, cuando los ex 'paras' fueron notificados sobre la decisión del Gobierno de extraditarlos. Tuvieron la oportunidad de llamar a sus familias.
El silencio profundo que mantuvieron en los dos aviones que los transportaron desde Medellín y Barranquilla hacia el aeropuerto de Catam se acabó cuando pisaron el frío suelo bogotano y se reencontraron en una sala de la DEA con los tres que estaban en la capital.
Los internos de La Picota llegaron a las 2:15 de la madrugada al aeropuerto de Catam. El avión procedente de Barranquilla aterrizó a las 3:30, y el de Medellín, a las 5:15.
Después de las 5:30 de la madrugada, comenzaron a subir al avión de la DEA que los llevaría a Estados Unidos.
Los extraditados
Eduardo Vengoechea
Alias 'El flaco'.
Cargos: producir y distribuir cocaína.
Corte: Distrito de Columbia.
Juan Carlos Sierra
Alias 'El tuso'
Cargos: Septiembre del 2002.
Producir y distribuir cocaína a E.U.
Corte: Distrito de Columbia.
Martín Peñaranda
Cargos: producir y distribuir cocaína a E.U.
Corte: Distrito de Columbia
Salvatore Mancuso
Ex jefe del bloque Catatumbo.
Cargos: importar y distribuir coca. Proceso de septiembre del 2002
Corte que lo juzga. la del Distrito de Columbia (Washington).
Edwin Gómez, 'Pobre Mello'
Cargos: producir y distribuir cocaína a E.U.
Corte: Distrito de Columbia.
Ramiro 'Cuco' Vanoy
Ex jefe del bloque Mineros.
Cargos: Noviembre de 1999. Narcotráfico y lavado de activos.
Corte: Distrito Sur de Florida.
Diego Arroyave, 'El primo'
Cargos: Concierto para respaldar a una organización terrorista.
Corte: Distrito Sur de Texas.
Rodrigo Tovar, 'Jorge 40'
Ex jefe del bloque Norte.
Cargos: producir y distribuir cocaína a E.U.
Corte: Distrito de Columbia.
Manuel Torregrosa
Cargos: Mayo de 2007. Producir y distribuir cocaína a E.U. Extinción de sus bienes de ser hallado culpable.
Corte: Distrito Medio de Florida
Hernán Giraldo
Ex jefe del Resistencia Tayrona.
Cargos: producir y distribuir cocaína a E.U. Extinción de sus bienes de ser hallado culpable.
Corte: Distrito de Columbia.
Diego Bejarano, 'Don Berna'
Ex jefe del Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Tolová.
Cargos:Tráfico y lavado de activos.
Acusado en julio del 2004.
Corte: Distrito Sur de Nueva York.
Fcisco. Zuluaga, 'Gordolindo'
Cargos: Noviembre de 1999. Narcotráfico y lavado de activos
Corte: Distrito Sur de Florida.
Guillermo Pérez Alzate
Cargos: Marzo del 2002. Producir y distribuir cocaína a E.U. Corte: Distrito Medio de Florida.
Nodier Giraldo Giraldo
Cargos: Marzo del 2002. Producir y distribuir cocaína a E.U. Corte: Distrito de Columbia.
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Mayo 13 de 2008
Ex jefes paramilitares extraditados continuarán en la Ley de Justicia y Paz
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'Paras' extraditados seguían delinquiendo e incumplían compromisos de ley de Justicia y Paz: Uribe ¿Tras extradición de jefes paramilitares habrá verdad, justicia y reparación? El ministro Carlos Holguín aseguró que en las resoluciones que autorizaron los envíos se dice que las autoridades de E.U. deben garantizar que sigan las versiones libres y los procesos normales.
"Lo que le corresponde a la Fiscalía es continuar con el proceso judicial propiamente dicho. Vamos a seguir insistiendo, valiéndonos de la cooperación internacional, para que nuestros fiscales, los representantes de las víctimas y los testigos, puedan asistir a las versiones que componen el proceso de Justicia y Paz, valiéndonos de la cooperación internacional, entre otras, con la asistencia judicial de los E.U, vamos a continuar insistiendo en la verdad, la justicia y la reparación", dijo el Fiscal.
Iguarán advirtió que son cerca de 6 mil hechos confesados por los paramilitares, "los cuales el 95 por ciento estaban en la impunidad. Más de mil 450 cadáveres entregados a los familiares, que nos han dado la satisfacción en medio de ese entorno tan doloroso de los familiares, de sacarlos de esa tortura psicológica. Están por entregarse más de 400 mil millones en bienes.
El Fiscal señaló, en la rendición de cuentas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que no conocía los motivos de la extradición de los 13 jefes paramilitares y un narcotraficante, pero que respeta y acata la decisión del gobierno.
"Frente a la decisión del Gobierno Nacional de extraditar varios miembros de las autodefensas, la Fiscalía debe señalar que acata la decisión porque somos respetuosos de esa autonomía, de esa competencia, de esa potestad, de esa discrecionalidad que tiene el Gobierno Nacional para, incluso, orientar esos procesos de paz desde el punto de vista político", dijo Iguarán.
Añadió que: "Sin conocer los motivos de la extradición, tenemos que ser respetuosos de la autonomía del Gobierno Nacional, conscientes que lidera desde el punto de vista político todo este proceso, pues Justicia y Paz es un proceso jurídico-político. Nosotros continuaremos insistiendo en los resultados que nos ha mostrado Justicia y Paz".
Colaboración con la justicia
Lo que está por verse es qué tan dispuestos están los 'paras', pues los delitos de narcotráfico y terrorismo por los que fueron extraditados podrían darles hasta 60 años de prisión en el país del norte. ¿Cuál sería su motivación para entregar bienes y confesar?
El ministro Holguín dice que si siguen en Justicia y Paz se salvarían de la Corte Penal, un fantasma que los ha rondado desde siempre. La entrega de bienes y la confesión haría parte de los acuerdos a los que podrían llegar con la justicia de E.U., si bien tradicionalmente ese país solo se ha interesado por las confesiones que tienen que ver con narcotráfico y la entrega de rutas
El futuro de la Ley de Justicia y Paz
Fuentes de la Fiscalía explicaron que quedan 3.280 postulados en la Ley de Justicia y Paz de los cuales quedan cerca de 2.000 para ser escuchados en las versiones ante los fiscales.
"Esa es la base de los paramilitares, ellos saben sobre todos las acciones criminales que cometieron durante años estos grupos ilegales, saben de masacres, desplazamientos, secuestros, extorsiones y sobre los desaparecidos en distintas zonas del país", explicó EL TEIMPO uno de los investigadores.
Los fiscales esperan que estos hombres cuenten la verdad al país y colaboren con la información para la entrega de fosas y que los familiares de las víctimas sepan sobre la suerte de sus seres queridos.
Ahora, los paramilitares que quedan deben satisfacer los requisitos para que no sean expulsados de la Ley de Justicia y Paz y deberán afrontar de manera individual sus procesos de verdad, justicia y reparación y sino quedarían expuestos a perder los beneficios y que sus procesos pasen a manos de la justicia ordinaria donde afrontarían penas hasta de 40 años de prisión.
En cuanto a los jefes paramilitares extraditados, la Fiscalía revisará los mecanismos de cooperación judicial para enviar comisiones judiciales a los Estados Unidos y poder continuar sus versiones para el esclarecimiento de los hechos.
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Ex jefes paramilitares extraditados continuarán en la Ley de Justicia y Paz
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'Paras' extraditados seguían delinquiendo e incumplían compromisos de ley de Justicia y Paz: Uribe ¿Tras extradición de jefes paramilitares habrá verdad, justicia y reparación? El ministro Carlos Holguín aseguró que en las resoluciones que autorizaron los envíos se dice que las autoridades de E.U. deben garantizar que sigan las versiones libres y los procesos normales.
"Lo que le corresponde a la Fiscalía es continuar con el proceso judicial propiamente dicho. Vamos a seguir insistiendo, valiéndonos de la cooperación internacional, para que nuestros fiscales, los representantes de las víctimas y los testigos, puedan asistir a las versiones que componen el proceso de Justicia y Paz, valiéndonos de la cooperación internacional, entre otras, con la asistencia judicial de los E.U, vamos a continuar insistiendo en la verdad, la justicia y la reparación", dijo el Fiscal.
Iguarán advirtió que son cerca de 6 mil hechos confesados por los paramilitares, "los cuales el 95 por ciento estaban en la impunidad. Más de mil 450 cadáveres entregados a los familiares, que nos han dado la satisfacción en medio de ese entorno tan doloroso de los familiares, de sacarlos de esa tortura psicológica. Están por entregarse más de 400 mil millones en bienes.
El Fiscal señaló, en la rendición de cuentas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que no conocía los motivos de la extradición de los 13 jefes paramilitares y un narcotraficante, pero que respeta y acata la decisión del gobierno.
"Frente a la decisión del Gobierno Nacional de extraditar varios miembros de las autodefensas, la Fiscalía debe señalar que acata la decisión porque somos respetuosos de esa autonomía, de esa competencia, de esa potestad, de esa discrecionalidad que tiene el Gobierno Nacional para, incluso, orientar esos procesos de paz desde el punto de vista político", dijo Iguarán.
Añadió que: "Sin conocer los motivos de la extradición, tenemos que ser respetuosos de la autonomía del Gobierno Nacional, conscientes que lidera desde el punto de vista político todo este proceso, pues Justicia y Paz es un proceso jurídico-político. Nosotros continuaremos insistiendo en los resultados que nos ha mostrado Justicia y Paz".
Colaboración con la justicia
Lo que está por verse es qué tan dispuestos están los 'paras', pues los delitos de narcotráfico y terrorismo por los que fueron extraditados podrían darles hasta 60 años de prisión en el país del norte. ¿Cuál sería su motivación para entregar bienes y confesar?
El ministro Holguín dice que si siguen en Justicia y Paz se salvarían de la Corte Penal, un fantasma que los ha rondado desde siempre. La entrega de bienes y la confesión haría parte de los acuerdos a los que podrían llegar con la justicia de E.U., si bien tradicionalmente ese país solo se ha interesado por las confesiones que tienen que ver con narcotráfico y la entrega de rutas
El futuro de la Ley de Justicia y Paz
Fuentes de la Fiscalía explicaron que quedan 3.280 postulados en la Ley de Justicia y Paz de los cuales quedan cerca de 2.000 para ser escuchados en las versiones ante los fiscales.
"Esa es la base de los paramilitares, ellos saben sobre todos las acciones criminales que cometieron durante años estos grupos ilegales, saben de masacres, desplazamientos, secuestros, extorsiones y sobre los desaparecidos en distintas zonas del país", explicó EL TEIMPO uno de los investigadores.
Los fiscales esperan que estos hombres cuenten la verdad al país y colaboren con la información para la entrega de fosas y que los familiares de las víctimas sepan sobre la suerte de sus seres queridos.
Ahora, los paramilitares que quedan deben satisfacer los requisitos para que no sean expulsados de la Ley de Justicia y Paz y deberán afrontar de manera individual sus procesos de verdad, justicia y reparación y sino quedarían expuestos a perder los beneficios y que sus procesos pasen a manos de la justicia ordinaria donde afrontarían penas hasta de 40 años de prisión.
En cuanto a los jefes paramilitares extraditados, la Fiscalía revisará los mecanismos de cooperación judicial para enviar comisiones judiciales a los Estados Unidos y poder continuar sus versiones para el esclarecimiento de los hechos.
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Y la parapolítica...
¿Qué va a pasar con las investigaciones de los parapolíticos y cuáles son los nuevos retos de la justicia colombiana para conocer la verdad?
Fecha: 05/13/2008 -
Algunos de los testigos principales de las alianzas fraguadas por políticos con grupos de autodefensas fueron sacados sorpresivamente de sus cárceles esta madrugada para ser extraditados masivamente a los Estados Unidos. Los ex jefes paramilitares, que serán juzgados en cortes estadounidenses por los delitos de narcotráfico y lavado de activos, están entre las fuentes más importantes del proceso de investigación llevado a cabo en Colombia por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, conocido en los medios como parapolítica.
El escenario que se vislumbra no es el más favorable para seguir conociendo la verdad sobre cómo los paramilitares se aliaron con concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, congresistas y otros funcionarios públicos, en una estrategia conjunta, para controlar territorios y rutas de narcotráfico, obtener rentas del Estado e incidir en las elecciones.
La extradición de los 14 ex paramilitares se da cuando la crisis del Congreso, de mayoría uribista, había llegado a su punto más álgido tocando las fibras más cercanas al Presidente: 67 congresistas son investigados por parapolítica, de los cuales 31 están en la cárcel; la Fiscalía había dictado medida de aseguramiento al primo segundo del Presidente, el ex senador Mario Uribe; y la Corte abrió investigación a Carlos García (presidente del Partido de la U, que promueve la reelección) y a la presidenta del senado, Nancy Patricia Gutiérrez.
Es incierto cuánto más algunos de estos ex paramilitares, principalmente Jorge 40, Don Berna, el Tuso Sierra y Hernán Giraldo, le hubieran contado a la justicia sobre sus vínculos con los políticos si hubieran seguido en el proceso de Justicia y Paz en Colombia. También es incierto saber si lo que irían a contar ahora sería la verdad, o serían simplemente versiones cuidadosamente seleccionadas para atacar a uno u otro político.
Sin embargo, es innegable que, si en algún momento del proceso quisieran revelar nuevos episodios sobre sus cómplices políticos o empresariales y contar la verdad, con la extradición esa posibilidad quedará gravemente obstaculizada. Por eso algunos analistas han reaccionado muy negativamente a la decisión presidencial.
“Yo creo que hoy, 13 de mayo la verdad sobre la parapolítica se enterró”, fue lo que dijo la analista e investigadora Claudia López, quien con sus denuncias contribuyó en buena parte para que el proceso de investigación se abriera. López explicó que los paramilitares extraditados eran muy importantes para el proceso, pues de sus testimonios dependía la absolución o condena de congresistas incursos en este proceso.
La investigadora admitió que la decisión del Presidente de extraditar a los paramilitares fue muy difícil de tomar, pero dijo que era más difícil pasar a los paramilitares a la justicia ordinaria si se comprobaba que continuaban delinquiendo desde las cárceles.
El senador Gustavo Petro dijo en entrevista con Semana.com que con la extradición de los paramilitares el proceso de investigación de la parapolítica se queda sin los testigos importantes, y se dificulta la consecución de otros. “Esta decisión es un duro golpe contra la Verdad. No se impide el acceso a la verdad, porque existen mecanismos para acceder a ella, pero sí es mucho más difícil”.
Con la decisión, el Ejecutivo hizo expresa su facultad de postular y revocar postulaciones a la Ley de Justicia y Paz, en la que estaban los paramilitares. Esta facultad fue reclamada el pasado 25 de abril, cuando expidió el decreto 1364, mediante el cual ratificó su convicción de que tiene el derecho de retirar la postulación a los desmovilizados que incumplan con los compromisos de no volver a delinquir.
El decreto fue la reacción a la tutela fallada por el Consejo Seccional de Cundinamarca a favor del movimiento de víctimas Movice para impedir la extradición de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Éste tribunal consideró que los derechos de las víctimas estaban por encima de los reclamos por delitos de narcotráfico que son los que reclama la justicia estadounidense.
El Ejecutivo demandó la tutela y el Consejo Superior de la Judicatura (organismo judicial que tiene la mayoría de magistrados nombrados por el gobierno), falló a su favor considerándola improcedente. En cuestión de horas se efectuó la extradición de Macaco.
“La mayoría de los magistrados le deben su cargo a Uribe. Angelino Lizcano, el actual presidente, es amigo cercano a los parapolíticos, que fueron quienes lo eligieron. Con esto se demuestra que el gobierno capturó el Consejo Superior de la Judicatura e interfirió en los procesos penales contra sus amigos. Estamos frente a un endurecimiento del régimen que tiene por objetivo la reelección del presidente Uribe y detener los procesos que estaban develando los paramilitares con sus versiones libres”, dijo Petro.
El decreto que es una reglamentación de la Ley de Justicia y Paz contraría además la jurisprudencia que al respecto han sentado la Corte Suprema. La Fiscalía en varios casos le ha solicitado que le permita retirar un postulado del gobierno al proceso de Justicia y Paz, como sucedió en el caso de Torregrosa, extraditado en el grupo de esta mañana. En este y otros casos, la Corte ha respondido que no pueden ser retirados de Justicia y Paz, salvo por un fallo de un Magistrado de Justicia y Paz, sólo hasta cuando el proceso inicie la etapa de juicio.
En otras palabras, la Corte ha dicho que el gobierno no puede hacer justicia y decidir con base en algunas pruebas acusatorias que alguien es culpable y por tanto sacarlo del proceso de Justicia y Paz. Este es un terreno gris aún por definirse. Pero mientras tanto, y con el decreto vigente, el gobierno actuó en su derecho.
¿Qué hacer?
Los analistas coinciden en que la dificultad para avanzar en las investigaciones por parapolítica va a ser mayor. Los trámites de la justicia, debido a la distancia y a que hay intereses encontrados en la agenda de los tribunales colombianos y estadounidenses (en Colombia la justicia daba prioridad a las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad, en Estados Unidos la prioridad la tendrá el narcotráfico), van a ser más costosos y van a tener más trabas.
Para el investigador León Valencia, de la Corporación Nuevo Arco Iris, este escenario que se abre para las investigaciones por parapolítica implica nuevos retos a la justicia colombiana pues tendrá que arreglárselas para tener acceso a los paratestigos.
La analista López recalcó en que los ex jefes paramilitares no tienen ningún incentivo para colaborar con la justicia colombiana y la justicia de Estados Unidos no tiene la obligación de exigir delaciones sobre las alianzas con políticos.
Sin embargo, Valencia no cree que el proceso se haya enterrado, como lo auguró la investigadora, pero sí que va a ser más difícil. Por esa razón sugirió: “Debemos alentar los mecanismos de cooperación de la justicia, en lugar de ser pesimistas. Las cortes, la Fiscalía y la sociedad civil tienen un nuevo reto, pues el obstáculo se multiplicó”.
Otro elemento que podrá ayudar a que éstos paramilitares extraditados sigan confesando sus vínculos con cómplices de sus regiones desde Estados Unidos es el hecho de que si no lo hacen, y salen de Justicia y Paz, la suerte que les espere después de cumplir condena en las cáceles gringas sea aún peor. La justicia colombiana puede imponerles toda la pena por los delitos de lesa humanidad que alcanzaron ya a confesar. En su defecto, la Corte Penal Internacional puede juzgarlos como criminales de guerra que son.
Quedan abiertas muchas preguntas sobre qué va a pasar con la parapolítica. Si bien, el proceso en Colombia estaba muy lento, y los testimonios de los paramilitares sobre sus alianzas con políticos eran manejados de acuerdo a las intereses de los primeros, la actuación de los hoy extraditados podía ser importante para conocer la verdad.
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¿Qué va a pasar con las investigaciones de los parapolíticos y cuáles son los nuevos retos de la justicia colombiana para conocer la verdad?
Fecha: 05/13/2008 -
Algunos de los testigos principales de las alianzas fraguadas por políticos con grupos de autodefensas fueron sacados sorpresivamente de sus cárceles esta madrugada para ser extraditados masivamente a los Estados Unidos. Los ex jefes paramilitares, que serán juzgados en cortes estadounidenses por los delitos de narcotráfico y lavado de activos, están entre las fuentes más importantes del proceso de investigación llevado a cabo en Colombia por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, conocido en los medios como parapolítica.
El escenario que se vislumbra no es el más favorable para seguir conociendo la verdad sobre cómo los paramilitares se aliaron con concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, congresistas y otros funcionarios públicos, en una estrategia conjunta, para controlar territorios y rutas de narcotráfico, obtener rentas del Estado e incidir en las elecciones.
La extradición de los 14 ex paramilitares se da cuando la crisis del Congreso, de mayoría uribista, había llegado a su punto más álgido tocando las fibras más cercanas al Presidente: 67 congresistas son investigados por parapolítica, de los cuales 31 están en la cárcel; la Fiscalía había dictado medida de aseguramiento al primo segundo del Presidente, el ex senador Mario Uribe; y la Corte abrió investigación a Carlos García (presidente del Partido de la U, que promueve la reelección) y a la presidenta del senado, Nancy Patricia Gutiérrez.
Es incierto cuánto más algunos de estos ex paramilitares, principalmente Jorge 40, Don Berna, el Tuso Sierra y Hernán Giraldo, le hubieran contado a la justicia sobre sus vínculos con los políticos si hubieran seguido en el proceso de Justicia y Paz en Colombia. También es incierto saber si lo que irían a contar ahora sería la verdad, o serían simplemente versiones cuidadosamente seleccionadas para atacar a uno u otro político.
Sin embargo, es innegable que, si en algún momento del proceso quisieran revelar nuevos episodios sobre sus cómplices políticos o empresariales y contar la verdad, con la extradición esa posibilidad quedará gravemente obstaculizada. Por eso algunos analistas han reaccionado muy negativamente a la decisión presidencial.
“Yo creo que hoy, 13 de mayo la verdad sobre la parapolítica se enterró”, fue lo que dijo la analista e investigadora Claudia López, quien con sus denuncias contribuyó en buena parte para que el proceso de investigación se abriera. López explicó que los paramilitares extraditados eran muy importantes para el proceso, pues de sus testimonios dependía la absolución o condena de congresistas incursos en este proceso.
La investigadora admitió que la decisión del Presidente de extraditar a los paramilitares fue muy difícil de tomar, pero dijo que era más difícil pasar a los paramilitares a la justicia ordinaria si se comprobaba que continuaban delinquiendo desde las cárceles.
El senador Gustavo Petro dijo en entrevista con Semana.com que con la extradición de los paramilitares el proceso de investigación de la parapolítica se queda sin los testigos importantes, y se dificulta la consecución de otros. “Esta decisión es un duro golpe contra la Verdad. No se impide el acceso a la verdad, porque existen mecanismos para acceder a ella, pero sí es mucho más difícil”.
Con la decisión, el Ejecutivo hizo expresa su facultad de postular y revocar postulaciones a la Ley de Justicia y Paz, en la que estaban los paramilitares. Esta facultad fue reclamada el pasado 25 de abril, cuando expidió el decreto 1364, mediante el cual ratificó su convicción de que tiene el derecho de retirar la postulación a los desmovilizados que incumplan con los compromisos de no volver a delinquir.
El decreto fue la reacción a la tutela fallada por el Consejo Seccional de Cundinamarca a favor del movimiento de víctimas Movice para impedir la extradición de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Éste tribunal consideró que los derechos de las víctimas estaban por encima de los reclamos por delitos de narcotráfico que son los que reclama la justicia estadounidense.
El Ejecutivo demandó la tutela y el Consejo Superior de la Judicatura (organismo judicial que tiene la mayoría de magistrados nombrados por el gobierno), falló a su favor considerándola improcedente. En cuestión de horas se efectuó la extradición de Macaco.
“La mayoría de los magistrados le deben su cargo a Uribe. Angelino Lizcano, el actual presidente, es amigo cercano a los parapolíticos, que fueron quienes lo eligieron. Con esto se demuestra que el gobierno capturó el Consejo Superior de la Judicatura e interfirió en los procesos penales contra sus amigos. Estamos frente a un endurecimiento del régimen que tiene por objetivo la reelección del presidente Uribe y detener los procesos que estaban develando los paramilitares con sus versiones libres”, dijo Petro.
El decreto que es una reglamentación de la Ley de Justicia y Paz contraría además la jurisprudencia que al respecto han sentado la Corte Suprema. La Fiscalía en varios casos le ha solicitado que le permita retirar un postulado del gobierno al proceso de Justicia y Paz, como sucedió en el caso de Torregrosa, extraditado en el grupo de esta mañana. En este y otros casos, la Corte ha respondido que no pueden ser retirados de Justicia y Paz, salvo por un fallo de un Magistrado de Justicia y Paz, sólo hasta cuando el proceso inicie la etapa de juicio.
En otras palabras, la Corte ha dicho que el gobierno no puede hacer justicia y decidir con base en algunas pruebas acusatorias que alguien es culpable y por tanto sacarlo del proceso de Justicia y Paz. Este es un terreno gris aún por definirse. Pero mientras tanto, y con el decreto vigente, el gobierno actuó en su derecho.
¿Qué hacer?
Los analistas coinciden en que la dificultad para avanzar en las investigaciones por parapolítica va a ser mayor. Los trámites de la justicia, debido a la distancia y a que hay intereses encontrados en la agenda de los tribunales colombianos y estadounidenses (en Colombia la justicia daba prioridad a las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad, en Estados Unidos la prioridad la tendrá el narcotráfico), van a ser más costosos y van a tener más trabas.
Para el investigador León Valencia, de la Corporación Nuevo Arco Iris, este escenario que se abre para las investigaciones por parapolítica implica nuevos retos a la justicia colombiana pues tendrá que arreglárselas para tener acceso a los paratestigos.
La analista López recalcó en que los ex jefes paramilitares no tienen ningún incentivo para colaborar con la justicia colombiana y la justicia de Estados Unidos no tiene la obligación de exigir delaciones sobre las alianzas con políticos.
Sin embargo, Valencia no cree que el proceso se haya enterrado, como lo auguró la investigadora, pero sí que va a ser más difícil. Por esa razón sugirió: “Debemos alentar los mecanismos de cooperación de la justicia, en lugar de ser pesimistas. Las cortes, la Fiscalía y la sociedad civil tienen un nuevo reto, pues el obstáculo se multiplicó”.
Otro elemento que podrá ayudar a que éstos paramilitares extraditados sigan confesando sus vínculos con cómplices de sus regiones desde Estados Unidos es el hecho de que si no lo hacen, y salen de Justicia y Paz, la suerte que les espere después de cumplir condena en las cáceles gringas sea aún peor. La justicia colombiana puede imponerles toda la pena por los delitos de lesa humanidad que alcanzaron ya a confesar. En su defecto, la Corte Penal Internacional puede juzgarlos como criminales de guerra que son.
Quedan abiertas muchas preguntas sobre qué va a pasar con la parapolítica. Si bien, el proceso en Colombia estaba muy lento, y los testimonios de los paramilitares sobre sus alianzas con políticos eran manejados de acuerdo a las intereses de los primeros, la actuación de los hoy extraditados podía ser importante para conocer la verdad.
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Y la parapolítica...
¿Qué va a pasar con las investigaciones de los parapolíticos y cuáles son los nuevos retos de la justicia colombiana para conocer la verdad?
Fecha: 05/13/2008 -
Algunos de los testigos principales de las alianzas fraguadas por políticos con grupos de autodefensas fueron sacados sorpresivamente de sus cárceles esta madrugada para ser extraditados masivamente a los Estados Unidos. Los ex jefes paramilitares, que serán juzgados en cortes estadounidenses por los delitos de narcotráfico y lavado de activos, están entre las fuentes más importantes del proceso de investigación llevado a cabo en Colombia por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, conocido en los medios como parapolítica.
El escenario que se vislumbra no es el más favorable para seguir conociendo la verdad sobre cómo los paramilitares se aliaron con concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, congresistas y otros funcionarios públicos, en una estrategia conjunta, para controlar territorios y rutas de narcotráfico, obtener rentas del Estado e incidir en las elecciones.
La extradición de los 14 ex paramilitares se da cuando la crisis del Congreso, de mayoría uribista, había llegado a su punto más álgido tocando las fibras más cercanas al Presidente: 67 congresistas son investigados por parapolítica, de los cuales 31 están en la cárcel; la Fiscalía había dictado medida de aseguramiento al primo segundo del Presidente, el ex senador Mario Uribe; y la Corte abrió investigación a Carlos García (presidente del Partido de la U, que promueve la reelección) y a la presidenta del senado, Nancy Patricia Gutiérrez.
Es incierto cuánto más algunos de estos ex paramilitares, principalmente Jorge 40, Don Berna, el Tuso Sierra y Hernán Giraldo, le hubieran contado a la justicia sobre sus vínculos con los políticos si hubieran seguido en el proceso de Justicia y Paz en Colombia. También es incierto saber si lo que irían a contar ahora sería la verdad, o serían simplemente versiones cuidadosamente seleccionadas para atacar a uno u otro político.
Sin embargo, es innegable que, si en algún momento del proceso quisieran revelar nuevos episodios sobre sus cómplices políticos o empresariales y contar la verdad, con la extradición esa posibilidad quedará gravemente obstaculizada. Por eso algunos analistas han reaccionado muy negativamente a la decisión presidencial.
“Yo creo que hoy, 13 de mayo la verdad sobre la parapolítica se enterró”, fue lo que dijo la analista e investigadora Claudia López, quien con sus denuncias contribuyó en buena parte para que el proceso de investigación se abriera. López explicó que los paramilitares extraditados eran muy importantes para el proceso, pues de sus testimonios dependía la absolución o condena de congresistas incursos en este proceso.
La investigadora admitió que la decisión del Presidente de extraditar a los paramilitares fue muy difícil de tomar, pero dijo que era más difícil pasar a los paramilitares a la justicia ordinaria si se comprobaba que continuaban delinquiendo desde las cárceles.
El senador Gustavo Petro dijo en entrevista con Semana.com que con la extradición de los paramilitares el proceso de investigación de la parapolítica se queda sin los testigos importantes, y se dificulta la consecución de otros. “Esta decisión es un duro golpe contra la Verdad. No se impide el acceso a la verdad, porque existen mecanismos para acceder a ella, pero sí es mucho más difícil”.
Con la decisión, el Ejecutivo hizo expresa su facultad de postular y revocar postulaciones a la Ley de Justicia y Paz, en la que estaban los paramilitares. Esta facultad fue reclamada el pasado 25 de abril, cuando expidió el decreto 1364, mediante el cual ratificó su convicción de que tiene el derecho de retirar la postulación a los desmovilizados que incumplan con los compromisos de no volver a delinquir.
El decreto fue la reacción a la tutela fallada por el Consejo Seccional de Cundinamarca a favor del movimiento de víctimas Movice para impedir la extradición de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Éste tribunal consideró que los derechos de las víctimas estaban por encima de los reclamos por delitos de narcotráfico que son los que reclama la justicia estadounidense.
El Ejecutivo demandó la tutela y el Consejo Superior de la Judicatura (organismo judicial que tiene la mayoría de magistrados nombrados por el gobierno), falló a su favor considerándola improcedente. En cuestión de horas se efectuó la extradición de Macaco.
“La mayoría de los magistrados le deben su cargo a Uribe. Angelino Lizcano, el actual presidente, es amigo cercano a los parapolíticos, que fueron quienes lo eligieron. Con esto se demuestra que el gobierno capturó el Consejo Superior de la Judicatura e interfirió en los procesos penales contra sus amigos. Estamos frente a un endurecimiento del régimen que tiene por objetivo la reelección del presidente Uribe y detener los procesos que estaban develando los paramilitares con sus versiones libres”, dijo Petro.
El decreto que es una reglamentación de la Ley de Justicia y Paz contraría además la jurisprudencia que al respecto han sentado la Corte Suprema. La Fiscalía en varios casos le ha solicitado que le permita retirar un postulado del gobierno al proceso de Justicia y Paz, como sucedió en el caso de Torregrosa, extraditado en el grupo de esta mañana. En este y otros casos, la Corte ha respondido que no pueden ser retirados de Justicia y Paz, salvo por un fallo de un Magistrado de Justicia y Paz, sólo hasta cuando el proceso inicie la etapa de juicio.
En otras palabras, la Corte ha dicho que el gobierno no puede hacer justicia y decidir con base en algunas pruebas acusatorias que alguien es culpable y por tanto sacarlo del proceso de Justicia y Paz. Este es un terreno gris aún por definirse. Pero mientras tanto, y con el decreto vigente, el gobierno actuó en su derecho.
¿Qué hacer?
Los analistas coinciden en que la dificultad para avanzar en las investigaciones por parapolítica va a ser mayor. Los trámites de la justicia, debido a la distancia y a que hay intereses encontrados en la agenda de los tribunales colombianos y estadounidenses (en Colombia la justicia daba prioridad a las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad, en Estados Unidos la prioridad la tendrá el narcotráfico), van a ser más costosos y van a tener más trabas.
Para el investigador León Valencia, de la Corporación Nuevo Arco Iris, este escenario que se abre para las investigaciones por parapolítica implica nuevos retos a la justicia colombiana pues tendrá que arreglárselas para tener acceso a los paratestigos.
La analista López recalcó en que los ex jefes paramilitares no tienen ningún incentivo para colaborar con la justicia colombiana y la justicia de Estados Unidos no tiene la obligación de exigir delaciones sobre las alianzas con políticos.
Sin embargo, Valencia no cree que el proceso se haya enterrado, como lo auguró la investigadora, pero sí que va a ser más difícil. Por esa razón sugirió: “Debemos alentar los mecanismos de cooperación de la justicia, en lugar de ser pesimistas. Las cortes, la Fiscalía y la sociedad civil tienen un nuevo reto, pues el obstáculo se multiplicó”.
Otro elemento que podrá ayudar a que éstos paramilitares extraditados sigan confesando sus vínculos con cómplices de sus regiones desde Estados Unidos es el hecho de que si no lo hacen, y salen de Justicia y Paz, la suerte que les espere después de cumplir condena en las cáceles gringas sea aún peor. La justicia colombiana puede imponerles toda la pena por los delitos de lesa humanidad que alcanzaron ya a confesar. En su defecto, la Corte Penal Internacional puede juzgarlos como criminales de guerra que son.
Quedan abiertas muchas preguntas sobre qué va a pasar con la parapolítica. Si bien, el proceso en Colombia estaba muy lento, y los testimonios de los paramilitares sobre sus alianzas con políticos eran manejados de acuerdo a las intereses de los primeros, la actuación de los hoy extraditados podía ser importante para conocer la verdad.
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¿Qué va a pasar con las investigaciones de los parapolíticos y cuáles son los nuevos retos de la justicia colombiana para conocer la verdad?
Fecha: 05/13/2008 -
Algunos de los testigos principales de las alianzas fraguadas por políticos con grupos de autodefensas fueron sacados sorpresivamente de sus cárceles esta madrugada para ser extraditados masivamente a los Estados Unidos. Los ex jefes paramilitares, que serán juzgados en cortes estadounidenses por los delitos de narcotráfico y lavado de activos, están entre las fuentes más importantes del proceso de investigación llevado a cabo en Colombia por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, conocido en los medios como parapolítica.
El escenario que se vislumbra no es el más favorable para seguir conociendo la verdad sobre cómo los paramilitares se aliaron con concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, congresistas y otros funcionarios públicos, en una estrategia conjunta, para controlar territorios y rutas de narcotráfico, obtener rentas del Estado e incidir en las elecciones.
La extradición de los 14 ex paramilitares se da cuando la crisis del Congreso, de mayoría uribista, había llegado a su punto más álgido tocando las fibras más cercanas al Presidente: 67 congresistas son investigados por parapolítica, de los cuales 31 están en la cárcel; la Fiscalía había dictado medida de aseguramiento al primo segundo del Presidente, el ex senador Mario Uribe; y la Corte abrió investigación a Carlos García (presidente del Partido de la U, que promueve la reelección) y a la presidenta del senado, Nancy Patricia Gutiérrez.
Es incierto cuánto más algunos de estos ex paramilitares, principalmente Jorge 40, Don Berna, el Tuso Sierra y Hernán Giraldo, le hubieran contado a la justicia sobre sus vínculos con los políticos si hubieran seguido en el proceso de Justicia y Paz en Colombia. También es incierto saber si lo que irían a contar ahora sería la verdad, o serían simplemente versiones cuidadosamente seleccionadas para atacar a uno u otro político.
Sin embargo, es innegable que, si en algún momento del proceso quisieran revelar nuevos episodios sobre sus cómplices políticos o empresariales y contar la verdad, con la extradición esa posibilidad quedará gravemente obstaculizada. Por eso algunos analistas han reaccionado muy negativamente a la decisión presidencial.
“Yo creo que hoy, 13 de mayo la verdad sobre la parapolítica se enterró”, fue lo que dijo la analista e investigadora Claudia López, quien con sus denuncias contribuyó en buena parte para que el proceso de investigación se abriera. López explicó que los paramilitares extraditados eran muy importantes para el proceso, pues de sus testimonios dependía la absolución o condena de congresistas incursos en este proceso.
La investigadora admitió que la decisión del Presidente de extraditar a los paramilitares fue muy difícil de tomar, pero dijo que era más difícil pasar a los paramilitares a la justicia ordinaria si se comprobaba que continuaban delinquiendo desde las cárceles.
El senador Gustavo Petro dijo en entrevista con Semana.com que con la extradición de los paramilitares el proceso de investigación de la parapolítica se queda sin los testigos importantes, y se dificulta la consecución de otros. “Esta decisión es un duro golpe contra la Verdad. No se impide el acceso a la verdad, porque existen mecanismos para acceder a ella, pero sí es mucho más difícil”.
Con la decisión, el Ejecutivo hizo expresa su facultad de postular y revocar postulaciones a la Ley de Justicia y Paz, en la que estaban los paramilitares. Esta facultad fue reclamada el pasado 25 de abril, cuando expidió el decreto 1364, mediante el cual ratificó su convicción de que tiene el derecho de retirar la postulación a los desmovilizados que incumplan con los compromisos de no volver a delinquir.
El decreto fue la reacción a la tutela fallada por el Consejo Seccional de Cundinamarca a favor del movimiento de víctimas Movice para impedir la extradición de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Éste tribunal consideró que los derechos de las víctimas estaban por encima de los reclamos por delitos de narcotráfico que son los que reclama la justicia estadounidense.
El Ejecutivo demandó la tutela y el Consejo Superior de la Judicatura (organismo judicial que tiene la mayoría de magistrados nombrados por el gobierno), falló a su favor considerándola improcedente. En cuestión de horas se efectuó la extradición de Macaco.
“La mayoría de los magistrados le deben su cargo a Uribe. Angelino Lizcano, el actual presidente, es amigo cercano a los parapolíticos, que fueron quienes lo eligieron. Con esto se demuestra que el gobierno capturó el Consejo Superior de la Judicatura e interfirió en los procesos penales contra sus amigos. Estamos frente a un endurecimiento del régimen que tiene por objetivo la reelección del presidente Uribe y detener los procesos que estaban develando los paramilitares con sus versiones libres”, dijo Petro.
El decreto que es una reglamentación de la Ley de Justicia y Paz contraría además la jurisprudencia que al respecto han sentado la Corte Suprema. La Fiscalía en varios casos le ha solicitado que le permita retirar un postulado del gobierno al proceso de Justicia y Paz, como sucedió en el caso de Torregrosa, extraditado en el grupo de esta mañana. En este y otros casos, la Corte ha respondido que no pueden ser retirados de Justicia y Paz, salvo por un fallo de un Magistrado de Justicia y Paz, sólo hasta cuando el proceso inicie la etapa de juicio.
En otras palabras, la Corte ha dicho que el gobierno no puede hacer justicia y decidir con base en algunas pruebas acusatorias que alguien es culpable y por tanto sacarlo del proceso de Justicia y Paz. Este es un terreno gris aún por definirse. Pero mientras tanto, y con el decreto vigente, el gobierno actuó en su derecho.
¿Qué hacer?
Los analistas coinciden en que la dificultad para avanzar en las investigaciones por parapolítica va a ser mayor. Los trámites de la justicia, debido a la distancia y a que hay intereses encontrados en la agenda de los tribunales colombianos y estadounidenses (en Colombia la justicia daba prioridad a las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad, en Estados Unidos la prioridad la tendrá el narcotráfico), van a ser más costosos y van a tener más trabas.
Para el investigador León Valencia, de la Corporación Nuevo Arco Iris, este escenario que se abre para las investigaciones por parapolítica implica nuevos retos a la justicia colombiana pues tendrá que arreglárselas para tener acceso a los paratestigos.
La analista López recalcó en que los ex jefes paramilitares no tienen ningún incentivo para colaborar con la justicia colombiana y la justicia de Estados Unidos no tiene la obligación de exigir delaciones sobre las alianzas con políticos.
Sin embargo, Valencia no cree que el proceso se haya enterrado, como lo auguró la investigadora, pero sí que va a ser más difícil. Por esa razón sugirió: “Debemos alentar los mecanismos de cooperación de la justicia, en lugar de ser pesimistas. Las cortes, la Fiscalía y la sociedad civil tienen un nuevo reto, pues el obstáculo se multiplicó”.
Otro elemento que podrá ayudar a que éstos paramilitares extraditados sigan confesando sus vínculos con cómplices de sus regiones desde Estados Unidos es el hecho de que si no lo hacen, y salen de Justicia y Paz, la suerte que les espere después de cumplir condena en las cáceles gringas sea aún peor. La justicia colombiana puede imponerles toda la pena por los delitos de lesa humanidad que alcanzaron ya a confesar. En su defecto, la Corte Penal Internacional puede juzgarlos como criminales de guerra que son.
Quedan abiertas muchas preguntas sobre qué va a pasar con la parapolítica. Si bien, el proceso en Colombia estaba muy lento, y los testimonios de los paramilitares sobre sus alianzas con políticos eran manejados de acuerdo a las intereses de los primeros, la actuación de los hoy extraditados podía ser importante para conocer la verdad.
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JUSTICIA Y PAZ
Extradición masiva de paramilitares
El gobierno decidió extraditar a 14 paramilitares, entre ellos a los principales jefes de las AUC que estaban dentro del proceso de Justicia y Paz. El operativo comenzó ayer a la media noche. Se espera un pronunciamiento oficial del gobierno por su sorpresiva decisión.
Fecha: 05/13/2008 -
Anoche, el gobierno decidió extraditar sorpresivamente a los principales jefes desmovilizados de las autodefensas. En total son 14, que se encontraban en distintas cárceles del país como desmovilizados del proceso de Justicia y Paz: Salvatore Mancuso, Francisco Javier Zuluaga alias Gordolindo, Diego Fernando Murillo Bejarano alias Don Berna, Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40, Hernán Giraldo Serna, Nodier Giraldo Giraldo, Eduardo Enrique Vengoechea, Ramiro Vanoy alias Cuco, Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Juan Carlos Sierra Ramírez alias el Tuso, Martín Peñaranda Osorio, Edwin Mauricio Gómez Luna alias El Mello, y Diego Alberto Luis Arroyave. A último momento el Ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, dijo que también sería incluido en este operativo Manuel Enrique Torregrosa, alias Chang, quien iba a ser extraditado el jueves.
El operativo, al parecer, comenzó a las 12 de la noche. Los jefes desmovilizados empezaron a ser trasladados desde Barranquilla, Itaguí y la cárcel de la Picota, en Bogotá hasta el aeropuerto militar de Catam en la capital del país. Allí estaban esperándolos hombres de la DEA para llevarlos a Washington, Houston, Miami y Nueva York, distritos donde los jefes paramilitares enfrentan cargos por narcotráfico.
El gobierno aún no ha hecho un pronunciamiento oficial sobre la decisión de extraditar súbitamente y de forma masiva a estos hombres. Sin embargo, desde hace varios días se esperaba la decisión del gobierno para extraditar a “Don Berna”, bajo el argumento de que este había continuado delinquiendo.
Los líderes paramilitares que estaban en Itagüí fueron llevados, en la madrugada de este martes, al aeropuerto de Ríonegro, para enviarlos a Estados Unidos. Fotos AFP
Los abogados de algunos de los jefes paramilitares dijeron que sus clientes desconocían que iban a ser extraditados, y argumentan que muchos de ellos habían manifestado recientemente que querían continuar dentro del proceso de Justicia y Paz. Algunos abogados afirmaron esta mañana que el gobierno busca salirse por la tangente con esta medida, justo cuando los desmovilizados jefes como Don Berna, habían empezado a confesar crímenes que implicaban la colaboración y participación del ejército en varios crímenes, como el de la masacre de San José de Apartadó. Otro de los abogados afirmó que era una estrategia del gobierno para contrarrestar el accionar de la Corte en el proceso de la parapolítica.
El traslado de los jefes paramilitares puede ser una forma de evitar los problemas de seguridad en las cárceles donde se encontraban recluidos y su ingerencia en el rearme de nuevos grupos armados en distintas regiones del país. Pero su extradición también puede ser una obstrucción al proceso de verdad, justicia y reparación con las víctimas, que se convirtió en tema de un álgido debate desde que se conoció la decisión de extraditar a Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. A pesar de que se tiene previsto que los jefes paras continúen sus versiones libres vía satélite desde Estados Unidos, su extradición es por delitos de narcotráfico, y no por los crímenes que cometieron como paramilitares y por los cuales deben reparar a las víctimas
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Extradición masiva de paramilitares
El gobierno decidió extraditar a 14 paramilitares, entre ellos a los principales jefes de las AUC que estaban dentro del proceso de Justicia y Paz. El operativo comenzó ayer a la media noche. Se espera un pronunciamiento oficial del gobierno por su sorpresiva decisión.
Fecha: 05/13/2008 -
Anoche, el gobierno decidió extraditar sorpresivamente a los principales jefes desmovilizados de las autodefensas. En total son 14, que se encontraban en distintas cárceles del país como desmovilizados del proceso de Justicia y Paz: Salvatore Mancuso, Francisco Javier Zuluaga alias Gordolindo, Diego Fernando Murillo Bejarano alias Don Berna, Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40, Hernán Giraldo Serna, Nodier Giraldo Giraldo, Eduardo Enrique Vengoechea, Ramiro Vanoy alias Cuco, Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Juan Carlos Sierra Ramírez alias el Tuso, Martín Peñaranda Osorio, Edwin Mauricio Gómez Luna alias El Mello, y Diego Alberto Luis Arroyave. A último momento el Ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, dijo que también sería incluido en este operativo Manuel Enrique Torregrosa, alias Chang, quien iba a ser extraditado el jueves.
El operativo, al parecer, comenzó a las 12 de la noche. Los jefes desmovilizados empezaron a ser trasladados desde Barranquilla, Itaguí y la cárcel de la Picota, en Bogotá hasta el aeropuerto militar de Catam en la capital del país. Allí estaban esperándolos hombres de la DEA para llevarlos a Washington, Houston, Miami y Nueva York, distritos donde los jefes paramilitares enfrentan cargos por narcotráfico.
El gobierno aún no ha hecho un pronunciamiento oficial sobre la decisión de extraditar súbitamente y de forma masiva a estos hombres. Sin embargo, desde hace varios días se esperaba la decisión del gobierno para extraditar a “Don Berna”, bajo el argumento de que este había continuado delinquiendo.
Los líderes paramilitares que estaban en Itagüí fueron llevados, en la madrugada de este martes, al aeropuerto de Ríonegro, para enviarlos a Estados Unidos. Fotos AFP
Los abogados de algunos de los jefes paramilitares dijeron que sus clientes desconocían que iban a ser extraditados, y argumentan que muchos de ellos habían manifestado recientemente que querían continuar dentro del proceso de Justicia y Paz. Algunos abogados afirmaron esta mañana que el gobierno busca salirse por la tangente con esta medida, justo cuando los desmovilizados jefes como Don Berna, habían empezado a confesar crímenes que implicaban la colaboración y participación del ejército en varios crímenes, como el de la masacre de San José de Apartadó. Otro de los abogados afirmó que era una estrategia del gobierno para contrarrestar el accionar de la Corte en el proceso de la parapolítica.
El traslado de los jefes paramilitares puede ser una forma de evitar los problemas de seguridad en las cárceles donde se encontraban recluidos y su ingerencia en el rearme de nuevos grupos armados en distintas regiones del país. Pero su extradición también puede ser una obstrucción al proceso de verdad, justicia y reparación con las víctimas, que se convirtió en tema de un álgido debate desde que se conoció la decisión de extraditar a Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. A pesar de que se tiene previsto que los jefes paras continúen sus versiones libres vía satélite desde Estados Unidos, su extradición es por delitos de narcotráfico, y no por los crímenes que cometieron como paramilitares y por los cuales deben reparar a las víctimas
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