Ocho puntos incluye reforma a la justicia presentada por el Gobierno a presidentes de las Cortes
Foto: Ministerio del Interior
En la presentación de la reforma estuvieron (de izq. a der.) Hernando Torres, Fabio Valencia, Francisco Ricaurte, Enrique Gil, Édgar Sanabria, y Humberto Sierra.
Habría doble instancia para juzgar a congresistas y en pérdida de investidura. Ejecutivo quiere ser el que terne al Procurador, pero ofrece no hacerlo con magistrados.
El ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, se reunió con los presidentes de las altas cortes y les mostró las cartas del Gobierno. En esencia, el Ejecutivo ofrece soltar algunas de sus atribuciones, pero también ganar algunas que prometen polémica.
En el tema de la doble instancia en la reforma, anticipado por EL TIEMPO hace dos semanas, le da oídos a un viejo reclamo de los congresistas: que supuestamente tienen menos garantías procesales que el resto de colombianos, porque no tienen una instancia superior a la que reclamar cuando son condenados.
Hoy, en los procesos penales y en los de pérdida de investidura hay una sola decisión; en la Sala Penal de la Corte Suprema y en el Consejo de Estado, respectivamente.
¿Qué propone el Gobierno? Que la primera instancia en los casos penales la haga el Tribunal Superior de Bogotá y que la segunda sea la Sala Penal de la Corte Suprema. Otra alternativa sería que la primera instancia la haga la Sala Penal y la apelación sea competencia de la Sala Plena, que tiene 23 magistrados.
En el caso de pérdidas de investidura, la propuesta es que un primer juzgamiento lo haga el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la apelación llegue a la Sala Plena del Consejo de Estado.
Otro cambio fundamental en las investigaciones contra funcionarios con fuero sería quitarle esa función a la criticada Comisión de Acusación y pasarla al Fiscal General. El Congreso seguiría con la facultad de acusar y juzgar.
Cortes elegirían a los suyos
Otro de los cambios que propuso el Gobierno es que el Procurador salga de una terna que quede exclusivamente en manos del Presidente de la República, como ya sucede con el Fiscal General.
Así mismo, plantea ampliar los períodos del que tanto este cargo, como el Fiscal y el Contralor aumenten los períodos.
En una especie de contrapartida, el Ejecutivo se declara partidario de que todas las elecciones de magistrados se hagan internamente en las Cortes (el mecanismo de cooptación). En teoría, el Gobierno soltaría una atribución clave: la de postular a tres de los magistrados de la Corte Constitucional.
Ótra 'zanahoria' que ofreció el Ministro es ampliar el período de los magistrados hasta doce años (están en 8) y que la edad de retiro forzoso pase de 65 a 70 años. Se planteó, además, que los magistrados lleguen al cargo con mínimo 45 años de edad y 20 o más años de experiencia. Hoy, los presidentes de las cortes Suprema y Constitucional promedian la cuarta década.
El Gobierno revive su vieja idea de reducir el Consejo Superior de la Judicatura.
La Sala Administrativa de esa corporación, que se encarga de manejar presupuestos y distribuir personal, estaría compuesta por los tres presidentes de las cortes y un magistrado más elegido por ellos. Esta sala elegiría un gerente de la Rama. La Judicatura se quedaría solo con la Sala Disciplinaria, que juzga a jueces, fiscales y abogados.
"¿Cuál es el propósito de la reforma? Autonomía e independencia", dijo el ministro Valencia después de la reunión.
Discusiones serán intensas
Desde ya se anticipa que el trámite de la reforma, que tocaría decenas de artículos de la Carta del 91, será intenso.
En esencia, el juzgamiento de congresistas y la pérdida de investidura quedó en cabeza de los magistrados porque se suponía que el fuero evitaba que funcionarios de menor rango pudieran presionar a los miembros del Congreso con investigaciones.
La Rama, además, tiene sus propias ideas. En algunas cortes se plantea, dado que la reelección modificó el sistema de pesos y contrapresos ideado por la Constitución, que se abra el debate sobre la elección del Fiscal General. Las salas plenas analizarán la propuesta.
www.eltiempo.com
sábado, 19 de julio de 2008
Canciller francés elogió a facilitadores de diálogos con las Farc criticados por Colombia
Bernard Kouchner calificó como "personas excepcionales" a los emisarios francés Noël Saez y suizo Jean-Pierre Gontard, a quienes el Gobierno colombiano retiró del proceso por que no confiaba en ellos.
Kouchner afirmó en rueda de prensa que "hasta el momento" el Gobierno colombiano no le ha informado oficialmente que ya no quería la mediación de Francia y manifestó que no existe "ninguna pelea" con Bogotá.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, acusó a Gontard de haber llevado un dinero para las Farcs en 2001 y 2003, razón por la cual la Fiscalía lo llamó a indagatoria. El gobierno suizo pidió al colombiano "dejar de atacar" a su mediador.
"Jean-Pierre Gontard es un hombre que conozco desde hace 20 años. Jean-Pierre Gontard, Noël Saez, son personas excepcionales. Las defenderé hasta el final", afirmó Kouchner.
"Fueron allá (en la selva colombiana) veinte veces arriesgando sus vidas", subrayó.
Saez, que viajó en el avión presidencial francés que llevó a Ingrid Betancourt a Francia con su familia, había confirmado a la AFP que junto con Gontard se entrevistó con "un hombre de confianza" del jefe de las Farc, Alfonso Cano, poco antes de la liberación de los rehenes.
Kouchner afirmó que tenía "las mejores relaciones" con el gobierno colombiano, y que este no notificó que ya no quería mediación.
"Estamos a su disposición (...). Seguiremos jugando nuestro papel llamando la atención sobre los rehenes que siguen presos", agregó.
AFP
www.semana.com
Bernard Kouchner calificó como "personas excepcionales" a los emisarios francés Noël Saez y suizo Jean-Pierre Gontard, a quienes el Gobierno colombiano retiró del proceso por que no confiaba en ellos.
Kouchner afirmó en rueda de prensa que "hasta el momento" el Gobierno colombiano no le ha informado oficialmente que ya no quería la mediación de Francia y manifestó que no existe "ninguna pelea" con Bogotá.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, acusó a Gontard de haber llevado un dinero para las Farcs en 2001 y 2003, razón por la cual la Fiscalía lo llamó a indagatoria. El gobierno suizo pidió al colombiano "dejar de atacar" a su mediador.
"Jean-Pierre Gontard es un hombre que conozco desde hace 20 años. Jean-Pierre Gontard, Noël Saez, son personas excepcionales. Las defenderé hasta el final", afirmó Kouchner.
"Fueron allá (en la selva colombiana) veinte veces arriesgando sus vidas", subrayó.
Saez, que viajó en el avión presidencial francés que llevó a Ingrid Betancourt a Francia con su familia, había confirmado a la AFP que junto con Gontard se entrevistó con "un hombre de confianza" del jefe de las Farc, Alfonso Cano, poco antes de la liberación de los rehenes.
Kouchner afirmó que tenía "las mejores relaciones" con el gobierno colombiano, y que este no notificó que ya no quería mediación.
"Estamos a su disposición (...). Seguiremos jugando nuestro papel llamando la atención sobre los rehenes que siguen presos", agregó.
AFP
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¿Quién le teme a 'H.H.'?
Extraditar a ‘H. H.’ ahora significaría negarles a las víctimas la verdad que merecen, y dejaría al gobierno en la orilla de los que no quieren la verdad
Por María Jimena Duzán
Fecha: 07/12/2008 -1367
No entiendo cuáles pueden ser las razones que tiene el gobierno del presidente Uribe para insistir en agilizar la extradición de 'H. H.', si es el único jefe paramilitar que está contando la verdad que sus temibles pares nos han negado a los colombianos.
Para quienes no saben, 'H. H.' es el jefe paramilitar que acaba de entregarle a la Fiscalía el testamento de Carlos Castaño; el mismo que fue testigo de la "pacificación de Urabá", en momentos en que el gobernador de Antioquia se llamaba Álvaro Uribe, y el mismo que confesó el asesinato de por lo menos 1.500 colombianos entre 1994 y 1997, cuando fue jefe del bloque bananeros de Urabá. 'H.H.' ha sido el primer jefe paramilitar en hablar de los empresarios bananeros que se parapetaron en el paramilitarismo y ha prometido que hará lo mismo con los azucareros dueños de los ingenios que los apoyaron cuando él fue jefe del bloque Calima, entre 1997 y 2001.
En sus versiones libres ha sido el primero en poner en evidencia cómo las Convivir sirvieron de plataforma legal para el fortalecimiento de los grupos paramilitares en Urabá y cómo a su amparo despojaron a los campesinos de sus tierras. Eso sucedió con la Convivir Papagallo, liderada por Raúl Hasbún, otro personaje nefasto, recientemente capturado por la Fiscalía. Por si esto fuera poco, 'H. H.' es el único jefe paramilitar que ha revelado los nombres de militares vivos -no difuntos- que habrían formado parte activa de ese proyecto paramilitar.
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A pesar de todo lo anterior y de que este temible sujeto ha ido mucho más allá de lo que contó Mancuso antes de que lo extraditaran, y a pesar de que aún no ha contado ni una quinta parte de lo que ha prometido y de que ni siquiera ha sido imputado por la Fiscalía, el gobierno insiste en agilizar los trámites de su extradición. Cuentan que en la arrodillada que se pegaron el presidente Uribe y el presidente de la Corte Suprema de Justicia la semana pasada, no sólo se rezaron las tres aves marías de rigor. El acercamiento también sirvió para que Uribe deslizara al oído del magistrado Ricaurte la urgencia de que el alto tribunal rindiera rápidamente concepto favorable para proceder a la extradición de 'H. H.'.
Extraditarlo en estos momentos significaría negarles a las víctimas la verdad que merecen y dejaría al gobierno Uribe del otro lado, es decir, en la orilla de los gobiernos que no quieren la verdad.
No obstante, para el gobierno las cosas son más simples: a pesar de que el señor esté contando verdades, 'H. H.' no está en Justicia y Paz porque fue capturado y no se desmovilizó voluntariamente. Qué importa que en otros casos el gobierno haya sido más comprensivo con personas que no lo merecían, como el 'Tuso' Sierra, pariente de Mario Uribe, quien primero fue postulado, después fue sacado de la lista y luego apareció dentro del grupo de beneficiados por la Ley de Justicia y Paz. Esa no es la única incoherencia del gobierno en este terreno. Esta administración sigue sosteniendo que los 14 jefes paramilitares que fueron extraditados siguen en la Ley de Justicia y Paz, a pesar de que se argumentó su envío por el incumplimiento de los pactos. En cambio, a 'H. H.', que sí está contándolo todo, el gobierno insiste en no considerarlo dentro de la Ley de Justicia y Paz y en buscar su pronta extradición. La aplicación de esta ley se está convirtiendo en una farsa del tamaño de un elefante. ¿Quién entiende?
Ojalá la Corte Suprema mantenga la cordura y se sostenga en la posición que sentó en su último pronunciamiento e insista en que cualquier extradición de paramilitares se debe surtir una vez se haya cumplido a las víctimas. Extraditar a 'H. H:' en estos momentos y montarlo al avión rumbo a Estados Unidos antes de que nos lo cuente todo no sólo sería una bofetada a las víctimas que tanto han esperado la verdad, sino que daría pie a la tesis de que este gobierno está extraditando a los jefes paramilitares no porque incumplen los pactos, sino porque empiezan a hablar.
Otro tanto se puede decir de las extradiciones que ya se empezaron a tramitar de 'César' y 'Gafas', los dos carceleros de las Farc. Estas se deberían surtir una vez estos hayan pagado por los crímenes cometidos contra los colombianos, y no a la inversa, porque una vez que se suban al avión, las posibilidades de que se imparta justicia por los crímenes cometidos en Colombia se esfuma. Eso es lo que está pasando ya con los 14 jefes extraditados. La tan anunciada cooperación judicial no está funcionando y hasta el propio embajador Brownsfield ha pasado de la euforia al pesimismo al afirmar que "empiezan momentos complicados".
La extradición no se puede convertir en un instrumento para sepultar la verdad ni para invisibilizar la justicia colombiana.
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Extraditar a ‘H. H.’ ahora significaría negarles a las víctimas la verdad que merecen, y dejaría al gobierno en la orilla de los que no quieren la verdad
Por María Jimena Duzán
Fecha: 07/12/2008 -1367
No entiendo cuáles pueden ser las razones que tiene el gobierno del presidente Uribe para insistir en agilizar la extradición de 'H. H.', si es el único jefe paramilitar que está contando la verdad que sus temibles pares nos han negado a los colombianos.
Para quienes no saben, 'H. H.' es el jefe paramilitar que acaba de entregarle a la Fiscalía el testamento de Carlos Castaño; el mismo que fue testigo de la "pacificación de Urabá", en momentos en que el gobernador de Antioquia se llamaba Álvaro Uribe, y el mismo que confesó el asesinato de por lo menos 1.500 colombianos entre 1994 y 1997, cuando fue jefe del bloque bananeros de Urabá. 'H.H.' ha sido el primer jefe paramilitar en hablar de los empresarios bananeros que se parapetaron en el paramilitarismo y ha prometido que hará lo mismo con los azucareros dueños de los ingenios que los apoyaron cuando él fue jefe del bloque Calima, entre 1997 y 2001.
En sus versiones libres ha sido el primero en poner en evidencia cómo las Convivir sirvieron de plataforma legal para el fortalecimiento de los grupos paramilitares en Urabá y cómo a su amparo despojaron a los campesinos de sus tierras. Eso sucedió con la Convivir Papagallo, liderada por Raúl Hasbún, otro personaje nefasto, recientemente capturado por la Fiscalía. Por si esto fuera poco, 'H. H.' es el único jefe paramilitar que ha revelado los nombres de militares vivos -no difuntos- que habrían formado parte activa de ese proyecto paramilitar.
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A pesar de todo lo anterior y de que este temible sujeto ha ido mucho más allá de lo que contó Mancuso antes de que lo extraditaran, y a pesar de que aún no ha contado ni una quinta parte de lo que ha prometido y de que ni siquiera ha sido imputado por la Fiscalía, el gobierno insiste en agilizar los trámites de su extradición. Cuentan que en la arrodillada que se pegaron el presidente Uribe y el presidente de la Corte Suprema de Justicia la semana pasada, no sólo se rezaron las tres aves marías de rigor. El acercamiento también sirvió para que Uribe deslizara al oído del magistrado Ricaurte la urgencia de que el alto tribunal rindiera rápidamente concepto favorable para proceder a la extradición de 'H. H.'.
Extraditarlo en estos momentos significaría negarles a las víctimas la verdad que merecen y dejaría al gobierno Uribe del otro lado, es decir, en la orilla de los gobiernos que no quieren la verdad.
No obstante, para el gobierno las cosas son más simples: a pesar de que el señor esté contando verdades, 'H. H.' no está en Justicia y Paz porque fue capturado y no se desmovilizó voluntariamente. Qué importa que en otros casos el gobierno haya sido más comprensivo con personas que no lo merecían, como el 'Tuso' Sierra, pariente de Mario Uribe, quien primero fue postulado, después fue sacado de la lista y luego apareció dentro del grupo de beneficiados por la Ley de Justicia y Paz. Esa no es la única incoherencia del gobierno en este terreno. Esta administración sigue sosteniendo que los 14 jefes paramilitares que fueron extraditados siguen en la Ley de Justicia y Paz, a pesar de que se argumentó su envío por el incumplimiento de los pactos. En cambio, a 'H. H.', que sí está contándolo todo, el gobierno insiste en no considerarlo dentro de la Ley de Justicia y Paz y en buscar su pronta extradición. La aplicación de esta ley se está convirtiendo en una farsa del tamaño de un elefante. ¿Quién entiende?
Ojalá la Corte Suprema mantenga la cordura y se sostenga en la posición que sentó en su último pronunciamiento e insista en que cualquier extradición de paramilitares se debe surtir una vez se haya cumplido a las víctimas. Extraditar a 'H. H:' en estos momentos y montarlo al avión rumbo a Estados Unidos antes de que nos lo cuente todo no sólo sería una bofetada a las víctimas que tanto han esperado la verdad, sino que daría pie a la tesis de que este gobierno está extraditando a los jefes paramilitares no porque incumplen los pactos, sino porque empiezan a hablar.
Otro tanto se puede decir de las extradiciones que ya se empezaron a tramitar de 'César' y 'Gafas', los dos carceleros de las Farc. Estas se deberían surtir una vez estos hayan pagado por los crímenes cometidos contra los colombianos, y no a la inversa, porque una vez que se suban al avión, las posibilidades de que se imparta justicia por los crímenes cometidos en Colombia se esfuma. Eso es lo que está pasando ya con los 14 jefes extraditados. La tan anunciada cooperación judicial no está funcionando y hasta el propio embajador Brownsfield ha pasado de la euforia al pesimismo al afirmar que "empiezan momentos complicados".
La extradición no se puede convertir en un instrumento para sepultar la verdad ni para invisibilizar la justicia colombiana.
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“¿Si los desmovilizados son sólo delincuentes comunes, de qué proceso de paz estamos hablando?”: Caramagna
El jefe de la Misión de la OEA para acompañar el proceso de desmovilización paramilitar, Sergio Caramagna, dice, entre otras cosas, que es necesario resolver la situación legal de los 19 mil ex paramilitares. Rescató lo mejor del proceso de Justicia y Paz, pero advirtió sobre los riesgos.
Por María Teresa Ronderos y Andrea Peña
Fecha: 07/14/2008 -
Sergio Caramagna no ha dado muchas entrevistas desde que llegó a Colombia hace cinco años, cuando el Secretario General de la OEA, César Gaviria, le encomendó la difícil misión de acompañar, seguir y evaluar el desarrollo del inédito proceso que había emprendido Colombia para conseguir la desmovilización y desarme de los paramilitares.
Optó por una estrategia que busca mayor efectividad como facilitador de los procesos y como garante de los derechos de las víctimas, que alto perfil. Y le ha rendido frutos. La entidad que dirige, la Misión de la OEA de Acompañamiento al Proceso de Desmovilización y Desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia, más conocida como MAPP-OEA, con un equipo de 120 personas distribuidas en Bogotá y ocho regionales, es reconocida hoy por víctimas, fiscales de Justicia y Paz, comisionados, y defensores, entre otros actores de este proceso.
Muchos de ellos aseguran que esta Misión ha sido clave, pues les ha dado confianza a las víctimas para que se animen a participar, ha servido de garantía a miles de funcionarios valientes, empeñados en desmotar la amenaza paramilitar, y ha provisto al país de una mirada externa, que le ayuda a identificar los riesgos, pero también a valorar los logros.
Días después de que la MAPP-OEA había entregado su informe número 11 sobre la evolución del proceso con las Auc y cuando la Ley de Justicia y Paz está a punto de cumplir tres años, María Teresa Ronderos y Andrea Peña de Semana.com hablaron con Caramagna, en una franca y larga conversación en la cual destacó lo mejor del proceso y lo que aún falta por resolver. Estos son los principales apartes.
Semana.com: Después del seguimiento en terreno por casi cinco años que ha realizado su Misión al proceso de desmovilización y desarme de las AUC, ¿cree que ha valido la pena?
Sergio Caramagna: Definitivamente sí. Abrió los espacios y las oportunidades para que la sociedad colombiana se conozca a sí misma, se conecte con su gente y para saber lo que aconteció en estos años terribles de presencia paramilitar. El proceso ha llevado a miles de víctimas no sólo a encontrar a sus seres queridos desaparecidos, a comenzar a conocer la verdad, sino incluso, muchos se han reconocido como víctimas porque ni siquiera eran conscientes de esta condición; la violencia era parte de su cotidianidad. La calidad humana de colombianos y colombianas que hemos encontrado entre la gente del común, entre los funcionarios de las regiones, es impresionante. Y además se está haciendo un esfuerzo titánico de justicia. La Ley de Justicia y Paz ha incentivado a decenas de paramilitares, sobre todo los mandos medios, a confesar delitos que nunca se habían investigado ni esclarecido.
S: Pero la visión de algunos organismos internacionales es más pesimista…
S.C.: A Colombia muchas veces le están exigiendo demasiado, sin tener en cuenta lo sucedido en otro procesos. En Bosnia se juzgaron 90 criminales de guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la que hubo millones de muertos, apenas se jugaron a 150 jefes nazis. ¡Aquí se está intentando juzgar a más de 3.000!
S: ¿Y cuáles cree que son los obstáculos que enfrenta hoy este proceso?
S.C.: Para las diferentes instituciones involucradas, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría, Acción Social, etc., ha sido un reto lograr articularse para realizar las actividades relacionadas con el proceso de Justicia y Paz. El Comité Interinstitucional que se creó para coordinar acciones se reúne con cierta periodicidad, pero aún así se repiten tareas. También, en las regiones a veces hace falta trabajar más en la articulación entre las distintas entidades entre sí y entre estas, y el nivel nacional.
S: ¿Qué tan grave es que no se le haya resuelto la situación jurídica de 19.000 de los 31.000 desmovilizados?
S.C.: Es un problema urgente de resolver. Al ser considerados como delincuentes comunes, según lo han interpretado distintas entidades basadas en un fallo de la Corte Suprema de Justicia, los deja desprotegidos frente a las ofertas de bandas delictivas para que vuelvan a delinquir. Ellos son ex integrantes de una organización armada en proceso de reinserción civil, que abandonaron las armas como producto de un acuerdo político. ¿Si fueran sólo delincuentes, entonces de cuál proceso de paz estamos hablando? ¿Para qué una misión de acompañamiento? ¿Para acompañar delincuentes comunes? Podría quedar en tela de juicio incluso, el derecho de las víctimas. Es necesario que las entidades de justicia se pongan de acuerdo y busquen una solución.
S: En el informe de ustedes que entregaron la semana pasada, señalan otra preocupación grave frente al proceso: están matando a muchos reinsertados… ¿por qué los matan?
S.C.: Hasta abril de 2008 la Policía Nacional registraba la muerte de 860 desmovilizados, todas víctimas de homicidio. A algunos, porque volvieron a delinquir y al estar inmersos en ese mundo caen en disputas internas. Muchos otros porque se han negado a formar parte de las bandas emergentes que les han dicho que vuelvan a las andadas. En Córdoba, Barranquilla, Cesar, el Magdalena Medio y en Urabá han sido muertos desmovilizados que se negaron a hacer parte de las bandas emergentes y de otros grupos similares. Otros casos, merecen, a nuestro juicio, una investigación más a fondo. Debería ahondarse en la posible responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública en algunos sitios puntuales del territorio. Por suerte, estas investigaciones están en curso y ya están arrojando resultados importantes.
S: ¿Son esas bandas, nuevos paramilitares?
S.C.: A veces, desde Bogotá, se le da demasiada importancia a los rótulos, y sin conocer, se especula sobre esto. Lo mismo que se especula sobre qué quieren las víctimas sin haber hablado con una sola de ellas. Hay de todo. La gente muchas veces identifica a los mismos que estaban antes, y que no se desmovilizaron. Pero la diferencia es que las bandas de ahora están, por lo general, dedicadas sólo al narcotráfico y al delito y que, al contrario de los “señores de la guerra” de antes, con vínculos con políticos y empresarios locales, buscan pasar desapercibidos. Además ya no hay político o empresario que quiera verse relacionado con esas bandas, pues corre el riesgo de perder toda credibilidad. Las elecciones de 2007 mostraron, que por lo menos en algunos departamentos, la gente rechazó a quienes percibía como amigos de paramilitares. Además las bandas emergentes no tienen comportamientos contrainsurgentes, quizás con la excepción de Nariño. Es más, en muchos lugares, como el Bajo Cauca, Urabá, Catatumbo, Llanos Orientales, sus jefes están haciendo negocios con la guerrilla. Y si va al límite entre Cauca y Nariño, le será difícil distinguir entre los del Eln y los Rastrojos.
S: ¿Usted cree que la fuerza pública ha hecho bien su trabajo para detener estas bandas?
S.C.: Parte de la propaganda que vendieron los paramilitares es que cuando ellos se desmovilizaran, iban a venir los guerrilleros a recuperar los vacíos dejados. Eso no sucedió. Es el Estado, con Ejército, con Policía, el que ha llenado el vacío en gran parte del país. Hoy, por ejemplo, la gente del Catatumbo, en Tibú, La Gabarra, Las Mercedes respira otro ambiente. Ya no viven con el miedo de antes. Cada vez la Fuerza Pública está haciendo un trabajo más cercano a la gente. Por ejemplo, cuando vimos que en las cifras del 2007, un alto porcentaje de los miembros de las bandas emergentes dados de baja por la Fuerza Pública eran NN, hicimos sonar la alarma. Se dedicaron a mejorar y este año apenas el 10 por ciento lo son, los demás están identificados. Así mismo, se sacó una directiva que prohibió que la Fuerza Pública incorporara desmovilizados a las redes de cooperantes, pues vimos que esto los estaba devolviendo al conflicto.
S: ¿También ustedes señalan en el informe preocupación con la seguridad de las víctimas?
S.C.: El Estado colombiano ha hecho esfuerzos para garantizar su protección. Es importante que se hayan asignado casi 18 mil millones de pesos a la Policía para la protección de víctimas y comunidades que le corresponden a dicha institución. De todas formas, hay zonas en las que las víctimas todavía tienen temor de hablar y no denuncian los hechos que conocen. Es innegable que hay zonas donde las bandas de delincuentes tienen mucho poder como en el Bajo Cauca antioqueño, en San Martín, Cesar; en el Sur de Bolívar, en la Costa Pacífica nariñense en Puerto Asís, Putumayo, entre otros.
S: ¿Usted cree que la extradición a 14 líderes paramilitares dejará a muchas víctimas sin saber la verdad y sin reparación?
S.C.: Mire, sumamos los delitos confesados por los 14 extraditados y entre todos sumaban poco más de 2.000. Gran parte de la verdad la conocen las segundas y terceras líneas porque ellos cometieron los delitos con sus propias manos y saben exactamente cómo y dónde fue y a quiénes persiguieron y fueron sus víctimas. La Fiscalía aún tiene un trabajo grande para que las víctimas, que estaban asistiendo a las versiones libres, lo sigan haciendo y sepan ahora a cuáles de estas diligencias deben ir.
S: ¿Qué hay de la restitución de tierras y la entrega de bienes a las víctimas?
S.C.: Es un tema difícil. Hasta el momento se han entregado e identificado bienes por un valor 8 mil 160 millones de pesos. Eso decimos en el informe del Secretario General. Nosotros hacemos una verificación en el tema de tierras en término generales y en ese sentido nos preocupa enormemente este tema en términos de las reparaciones y la verdad.
S: ¿Cuál cree usted ha sido el aporte de la MAPP-OEA en este proceso?
S.C.: Sería mejor que fueran los colombianos y colombianas y sus instituciones los que juzgaran nuestro desempeño. Pero, en términos generales, creo que siendo esta la primera experiencia que tiene Colombia de un organismo internacional con un mandato de largo plazo como veedor y acompañante de un proceso de paz, hemos tratado se ser un mecanismo de confianza para todos los actores involucrados. En especial para las víctimas, quienes nos han dicho muchas veces que no se sienten solas porque hemos podido tener la flexibilidad necesaria, aún con poca gente, para acompañarlas en sus gestiones, en las audiencias, escuchar sus miedos, sus esperanzas.
S: ¿Un nuevo reto para la MAPP-OEA?
S.C.: Haremos mucho énfasis en la vinculación con víctimas y comunidades, donde la línea divisoria es casi imperceptible. Si las víctimas visualizan a la Mapp como una entidad de apoyo y de confianza, estaremos en el buen camino. También trabajaremos mucho en apoyo a la aplicación de la ley de Justicia y Paz. Creo que lo fundamental es fortalecer el trabajo de los fiscales en los territorios cruciales. Apoyar a la Unidad de Justicia y Paz y lograr mecanismos de confianza para que todas las instituciones tengan una mayor articulación.
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El jefe de la Misión de la OEA para acompañar el proceso de desmovilización paramilitar, Sergio Caramagna, dice, entre otras cosas, que es necesario resolver la situación legal de los 19 mil ex paramilitares. Rescató lo mejor del proceso de Justicia y Paz, pero advirtió sobre los riesgos.
Por María Teresa Ronderos y Andrea Peña
Fecha: 07/14/2008 -
Sergio Caramagna no ha dado muchas entrevistas desde que llegó a Colombia hace cinco años, cuando el Secretario General de la OEA, César Gaviria, le encomendó la difícil misión de acompañar, seguir y evaluar el desarrollo del inédito proceso que había emprendido Colombia para conseguir la desmovilización y desarme de los paramilitares.
Optó por una estrategia que busca mayor efectividad como facilitador de los procesos y como garante de los derechos de las víctimas, que alto perfil. Y le ha rendido frutos. La entidad que dirige, la Misión de la OEA de Acompañamiento al Proceso de Desmovilización y Desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia, más conocida como MAPP-OEA, con un equipo de 120 personas distribuidas en Bogotá y ocho regionales, es reconocida hoy por víctimas, fiscales de Justicia y Paz, comisionados, y defensores, entre otros actores de este proceso.
Muchos de ellos aseguran que esta Misión ha sido clave, pues les ha dado confianza a las víctimas para que se animen a participar, ha servido de garantía a miles de funcionarios valientes, empeñados en desmotar la amenaza paramilitar, y ha provisto al país de una mirada externa, que le ayuda a identificar los riesgos, pero también a valorar los logros.
Días después de que la MAPP-OEA había entregado su informe número 11 sobre la evolución del proceso con las Auc y cuando la Ley de Justicia y Paz está a punto de cumplir tres años, María Teresa Ronderos y Andrea Peña de Semana.com hablaron con Caramagna, en una franca y larga conversación en la cual destacó lo mejor del proceso y lo que aún falta por resolver. Estos son los principales apartes.
Semana.com: Después del seguimiento en terreno por casi cinco años que ha realizado su Misión al proceso de desmovilización y desarme de las AUC, ¿cree que ha valido la pena?
Sergio Caramagna: Definitivamente sí. Abrió los espacios y las oportunidades para que la sociedad colombiana se conozca a sí misma, se conecte con su gente y para saber lo que aconteció en estos años terribles de presencia paramilitar. El proceso ha llevado a miles de víctimas no sólo a encontrar a sus seres queridos desaparecidos, a comenzar a conocer la verdad, sino incluso, muchos se han reconocido como víctimas porque ni siquiera eran conscientes de esta condición; la violencia era parte de su cotidianidad. La calidad humana de colombianos y colombianas que hemos encontrado entre la gente del común, entre los funcionarios de las regiones, es impresionante. Y además se está haciendo un esfuerzo titánico de justicia. La Ley de Justicia y Paz ha incentivado a decenas de paramilitares, sobre todo los mandos medios, a confesar delitos que nunca se habían investigado ni esclarecido.
S: Pero la visión de algunos organismos internacionales es más pesimista…
S.C.: A Colombia muchas veces le están exigiendo demasiado, sin tener en cuenta lo sucedido en otro procesos. En Bosnia se juzgaron 90 criminales de guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la que hubo millones de muertos, apenas se jugaron a 150 jefes nazis. ¡Aquí se está intentando juzgar a más de 3.000!
S: ¿Y cuáles cree que son los obstáculos que enfrenta hoy este proceso?
S.C.: Para las diferentes instituciones involucradas, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría, Acción Social, etc., ha sido un reto lograr articularse para realizar las actividades relacionadas con el proceso de Justicia y Paz. El Comité Interinstitucional que se creó para coordinar acciones se reúne con cierta periodicidad, pero aún así se repiten tareas. También, en las regiones a veces hace falta trabajar más en la articulación entre las distintas entidades entre sí y entre estas, y el nivel nacional.
S: ¿Qué tan grave es que no se le haya resuelto la situación jurídica de 19.000 de los 31.000 desmovilizados?
S.C.: Es un problema urgente de resolver. Al ser considerados como delincuentes comunes, según lo han interpretado distintas entidades basadas en un fallo de la Corte Suprema de Justicia, los deja desprotegidos frente a las ofertas de bandas delictivas para que vuelvan a delinquir. Ellos son ex integrantes de una organización armada en proceso de reinserción civil, que abandonaron las armas como producto de un acuerdo político. ¿Si fueran sólo delincuentes, entonces de cuál proceso de paz estamos hablando? ¿Para qué una misión de acompañamiento? ¿Para acompañar delincuentes comunes? Podría quedar en tela de juicio incluso, el derecho de las víctimas. Es necesario que las entidades de justicia se pongan de acuerdo y busquen una solución.
S: En el informe de ustedes que entregaron la semana pasada, señalan otra preocupación grave frente al proceso: están matando a muchos reinsertados… ¿por qué los matan?
S.C.: Hasta abril de 2008 la Policía Nacional registraba la muerte de 860 desmovilizados, todas víctimas de homicidio. A algunos, porque volvieron a delinquir y al estar inmersos en ese mundo caen en disputas internas. Muchos otros porque se han negado a formar parte de las bandas emergentes que les han dicho que vuelvan a las andadas. En Córdoba, Barranquilla, Cesar, el Magdalena Medio y en Urabá han sido muertos desmovilizados que se negaron a hacer parte de las bandas emergentes y de otros grupos similares. Otros casos, merecen, a nuestro juicio, una investigación más a fondo. Debería ahondarse en la posible responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública en algunos sitios puntuales del territorio. Por suerte, estas investigaciones están en curso y ya están arrojando resultados importantes.
S: ¿Son esas bandas, nuevos paramilitares?
S.C.: A veces, desde Bogotá, se le da demasiada importancia a los rótulos, y sin conocer, se especula sobre esto. Lo mismo que se especula sobre qué quieren las víctimas sin haber hablado con una sola de ellas. Hay de todo. La gente muchas veces identifica a los mismos que estaban antes, y que no se desmovilizaron. Pero la diferencia es que las bandas de ahora están, por lo general, dedicadas sólo al narcotráfico y al delito y que, al contrario de los “señores de la guerra” de antes, con vínculos con políticos y empresarios locales, buscan pasar desapercibidos. Además ya no hay político o empresario que quiera verse relacionado con esas bandas, pues corre el riesgo de perder toda credibilidad. Las elecciones de 2007 mostraron, que por lo menos en algunos departamentos, la gente rechazó a quienes percibía como amigos de paramilitares. Además las bandas emergentes no tienen comportamientos contrainsurgentes, quizás con la excepción de Nariño. Es más, en muchos lugares, como el Bajo Cauca, Urabá, Catatumbo, Llanos Orientales, sus jefes están haciendo negocios con la guerrilla. Y si va al límite entre Cauca y Nariño, le será difícil distinguir entre los del Eln y los Rastrojos.
S: ¿Usted cree que la fuerza pública ha hecho bien su trabajo para detener estas bandas?
S.C.: Parte de la propaganda que vendieron los paramilitares es que cuando ellos se desmovilizaran, iban a venir los guerrilleros a recuperar los vacíos dejados. Eso no sucedió. Es el Estado, con Ejército, con Policía, el que ha llenado el vacío en gran parte del país. Hoy, por ejemplo, la gente del Catatumbo, en Tibú, La Gabarra, Las Mercedes respira otro ambiente. Ya no viven con el miedo de antes. Cada vez la Fuerza Pública está haciendo un trabajo más cercano a la gente. Por ejemplo, cuando vimos que en las cifras del 2007, un alto porcentaje de los miembros de las bandas emergentes dados de baja por la Fuerza Pública eran NN, hicimos sonar la alarma. Se dedicaron a mejorar y este año apenas el 10 por ciento lo son, los demás están identificados. Así mismo, se sacó una directiva que prohibió que la Fuerza Pública incorporara desmovilizados a las redes de cooperantes, pues vimos que esto los estaba devolviendo al conflicto.
S: ¿También ustedes señalan en el informe preocupación con la seguridad de las víctimas?
S.C.: El Estado colombiano ha hecho esfuerzos para garantizar su protección. Es importante que se hayan asignado casi 18 mil millones de pesos a la Policía para la protección de víctimas y comunidades que le corresponden a dicha institución. De todas formas, hay zonas en las que las víctimas todavía tienen temor de hablar y no denuncian los hechos que conocen. Es innegable que hay zonas donde las bandas de delincuentes tienen mucho poder como en el Bajo Cauca antioqueño, en San Martín, Cesar; en el Sur de Bolívar, en la Costa Pacífica nariñense en Puerto Asís, Putumayo, entre otros.
S: ¿Usted cree que la extradición a 14 líderes paramilitares dejará a muchas víctimas sin saber la verdad y sin reparación?
S.C.: Mire, sumamos los delitos confesados por los 14 extraditados y entre todos sumaban poco más de 2.000. Gran parte de la verdad la conocen las segundas y terceras líneas porque ellos cometieron los delitos con sus propias manos y saben exactamente cómo y dónde fue y a quiénes persiguieron y fueron sus víctimas. La Fiscalía aún tiene un trabajo grande para que las víctimas, que estaban asistiendo a las versiones libres, lo sigan haciendo y sepan ahora a cuáles de estas diligencias deben ir.
S: ¿Qué hay de la restitución de tierras y la entrega de bienes a las víctimas?
S.C.: Es un tema difícil. Hasta el momento se han entregado e identificado bienes por un valor 8 mil 160 millones de pesos. Eso decimos en el informe del Secretario General. Nosotros hacemos una verificación en el tema de tierras en término generales y en ese sentido nos preocupa enormemente este tema en términos de las reparaciones y la verdad.
S: ¿Cuál cree usted ha sido el aporte de la MAPP-OEA en este proceso?
S.C.: Sería mejor que fueran los colombianos y colombianas y sus instituciones los que juzgaran nuestro desempeño. Pero, en términos generales, creo que siendo esta la primera experiencia que tiene Colombia de un organismo internacional con un mandato de largo plazo como veedor y acompañante de un proceso de paz, hemos tratado se ser un mecanismo de confianza para todos los actores involucrados. En especial para las víctimas, quienes nos han dicho muchas veces que no se sienten solas porque hemos podido tener la flexibilidad necesaria, aún con poca gente, para acompañarlas en sus gestiones, en las audiencias, escuchar sus miedos, sus esperanzas.
S: ¿Un nuevo reto para la MAPP-OEA?
S.C.: Haremos mucho énfasis en la vinculación con víctimas y comunidades, donde la línea divisoria es casi imperceptible. Si las víctimas visualizan a la Mapp como una entidad de apoyo y de confianza, estaremos en el buen camino. También trabajaremos mucho en apoyo a la aplicación de la ley de Justicia y Paz. Creo que lo fundamental es fortalecer el trabajo de los fiscales en los territorios cruciales. Apoyar a la Unidad de Justicia y Paz y lograr mecanismos de confianza para que todas las instituciones tengan una mayor articulación.
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Un nuevo semestre en la Pedagógica, los mismos problemas
Los disturbios del cierre del semestre pasado terminaron opacando las denuncias sobre el supuesto mal manejo de los dineros en la institución. El rector da explicaciones.
Fecha: 06/12/2008 -
Uno de los centros educativos donde se vivió con más fuerza la revuelta fue la Universidad Pedagógica Nacional, en Bogotá, donde varios policías fueron quemados con ácido por los manifestantes durante el cierre del semestre pasado.
Dada la magnitud de los hechos, el presidente Álvaro Uribe dijo públicamente que la fuerza pública podía entrar a las instalaciones de las universidades cuando haya desórdenes.
Los desordenes de la Pedagógica se robaron el show y terminaron desviando la atención sobre las verdaderas razones que motivaron a los manifestantes y que están en el corazón de la inconformidad de la comunidad estudiantil, en particular de los representantes de los estudiantes y el sindicato de trabajadores.
“La Contraloría me dijo que invirtiera los ahorros”: rector Ibarra
Al fondo del tropel de la Nacional
Algunos sectores de la Universidad y los estudiantes denuncian un supuesto despilfarro de los dineros de la institución. Según quienes atacan al rector, antes de que él asumiera a comienzos de 2003, había un ahorro de 23 mil millones de pesos y que, a la fecha, se han gastado más de 34 mil millones, lo que implica que hoy haya un déficit de 11 mil millones de pesos. El rector, en diálogo con Semana.com, explicó que se gastó la plata por orden de la Contraloría. (Lea entrevista completa con el rector Óscar Ibarra).
“El estado transfería recursos para que se hicieran tres jornadas, pero sólo había una. Entonces el resto de recursos se fueron guardando. Eso sumó un ahorro de 12.600 millones de pesos y no 23.000, como dicen”, explicó Ibarra a Semana.com. “La plata había que invertirla porque la Contraloría dijo que debíamos hacer algo con ese dinero”, aclaró.
Según el sindicato de trabajadores y algunos estudiantes, en menos de diez años el número de estudiantes se incrementó en más del ciento por ciento sin planeación alguna. Pasaron de ser 4.500 en 2004 a 10.000 en 2008 y eso, según las denuncias, ha provocado hacinamiento, porque están todos acomodados en el mismo espacio y a la universidad le ha tocado arrendar aulas en instituciones vecinas para que sus alumnos reciban clases allá.
“Se hicieron estudios técnicos y se definió llegar a 10.000 estudiantes en los años siguientes. Eso se definió en 2004 y, desde entones, empezamos a recibir 1.000 estudiantes por semestre. Por eso tenemos 10.000 actualmente. Todo fue muy bien planeado”, explicó Ibarra.
Las alertas vienen haciéndose desde 2004, cuando la Contraloría emitió un informe en el que encontró dudas sobre el manejo de 2.459.5 millones de pesos.
El informe de la Contraloría señala que “debido a la presentación de tres Estados Contables con resultados diferentes, la inexistencia de libros oficiales, la carencia del inventario de Bienes en Servicio, el inadecuado control interno contable, la vulneración de los principios de causación y prudencia; la Contraloría General de la República se abstiene de opinar sobre la razonabilidad de los Estados Contables a 31 de diciembre de 2005 de la Universidad Pedagógica Nacional, en cuanto a que estos no cumplen con la normas establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública”.
De acuerdo con las denuncias, el rector ejerció una supuesta presión al equipo de contabilidad para que modificara algunos registros. El grupo, dicen, se negó a tales intenciones y por eso fue relevado el 10 de marzo de 2006. Algunos empleados fueron trasladados a otras áreas y otros fueron despedidos.
Después de eso, se presentaron tres estados contables del año 2005 (cuyas cuentas se consolidan en 2006). Uno de ellos “transformó un déficit de 3.199 millones de pesos en un excedente de más de 700 millones”, según reza en un comunicado de prensa que envió el sindicato de trabajadores.
Pero, ¿cómo se pasó del superávit al déficit? Según las denuncias, la razón es que se ha venido gastando en lujos innecesarios como vehículos para algunos funcionarios, incrementos de salario para el personal administrativo, el sostenimiento de incrementar el número de estudiantes, el arriendo de aulas, contratos de constantes consultorías con entidades externas, asesorías costosas, permanentes viajes del rector al exterior, la construcción de proyectos estéticos insostenibles y la edificación de una nueva y gigantesca sede de la universidad en un predio ubicado cerca del portal norte de TransMilenio que diseñó el arquitecto Rogelio Salmona.
Según el sindicato, el rector va a empezar a vender algunas propiedades para poder satisfacer los desenfrenados gastos. Uno de los predios que se pondrá en venta es el Instituto Pedagógico Nacional, donde actualmente se entrenan dos mil estudiantes.
“El Instituto no se vende. Ése es colegio de la universidad...”, dijo Ibarra. “Lo que vamos a hacer es vender el lote y vamos a construir un colegio nuevo en un terreno que tenemos cerca de la estación norte de TransMilenio que se llama Valmaría...”
Ante tantos temores, la comunidad académica ha solicitado, insistentemente, una audiencia pública para que el rector dé una completa rendición de cuentas, pero no ha sido posible lograrla. Según el rector, todo lo que tiene que mostrar está publicado en la página de la Internet de la universidad.
Todas esas denuncias sumadas han movilizado a estudiantes, maestros y empleados en numerosas manifestaciones. Sin embargo, pese a que la exigencias de transparencia en el manejo de los recursos es necesaria, el brinco a los disturbios reduce las posibilidades de un debate abierto.
Los mismo estudiantes y docentes de la Universidad Pedagógica saben quiénes son los grupos que vuelven una protesta decente en un aguacero de piedras. Entre ellos figuran Los Clanes, Revés, el Movimiento de Revolución Popular (MRP), los Anarcos, la Liga de Estudiantes Socialistas (LES), el Movimiento Estudiantil Bolivariano, las Milicias Bolivarianas y el Partido Comunista Clandestino, entre otros. Sus actos terminan opacando las denuncias de fondo que son las que realmente afectan a estudiantes y docentes.
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Los disturbios del cierre del semestre pasado terminaron opacando las denuncias sobre el supuesto mal manejo de los dineros en la institución. El rector da explicaciones.
Fecha: 06/12/2008 -
Uno de los centros educativos donde se vivió con más fuerza la revuelta fue la Universidad Pedagógica Nacional, en Bogotá, donde varios policías fueron quemados con ácido por los manifestantes durante el cierre del semestre pasado.
Dada la magnitud de los hechos, el presidente Álvaro Uribe dijo públicamente que la fuerza pública podía entrar a las instalaciones de las universidades cuando haya desórdenes.
Los desordenes de la Pedagógica se robaron el show y terminaron desviando la atención sobre las verdaderas razones que motivaron a los manifestantes y que están en el corazón de la inconformidad de la comunidad estudiantil, en particular de los representantes de los estudiantes y el sindicato de trabajadores.
“La Contraloría me dijo que invirtiera los ahorros”: rector Ibarra
Al fondo del tropel de la Nacional
Algunos sectores de la Universidad y los estudiantes denuncian un supuesto despilfarro de los dineros de la institución. Según quienes atacan al rector, antes de que él asumiera a comienzos de 2003, había un ahorro de 23 mil millones de pesos y que, a la fecha, se han gastado más de 34 mil millones, lo que implica que hoy haya un déficit de 11 mil millones de pesos. El rector, en diálogo con Semana.com, explicó que se gastó la plata por orden de la Contraloría. (Lea entrevista completa con el rector Óscar Ibarra).
“El estado transfería recursos para que se hicieran tres jornadas, pero sólo había una. Entonces el resto de recursos se fueron guardando. Eso sumó un ahorro de 12.600 millones de pesos y no 23.000, como dicen”, explicó Ibarra a Semana.com. “La plata había que invertirla porque la Contraloría dijo que debíamos hacer algo con ese dinero”, aclaró.
Según el sindicato de trabajadores y algunos estudiantes, en menos de diez años el número de estudiantes se incrementó en más del ciento por ciento sin planeación alguna. Pasaron de ser 4.500 en 2004 a 10.000 en 2008 y eso, según las denuncias, ha provocado hacinamiento, porque están todos acomodados en el mismo espacio y a la universidad le ha tocado arrendar aulas en instituciones vecinas para que sus alumnos reciban clases allá.
“Se hicieron estudios técnicos y se definió llegar a 10.000 estudiantes en los años siguientes. Eso se definió en 2004 y, desde entones, empezamos a recibir 1.000 estudiantes por semestre. Por eso tenemos 10.000 actualmente. Todo fue muy bien planeado”, explicó Ibarra.
Las alertas vienen haciéndose desde 2004, cuando la Contraloría emitió un informe en el que encontró dudas sobre el manejo de 2.459.5 millones de pesos.
El informe de la Contraloría señala que “debido a la presentación de tres Estados Contables con resultados diferentes, la inexistencia de libros oficiales, la carencia del inventario de Bienes en Servicio, el inadecuado control interno contable, la vulneración de los principios de causación y prudencia; la Contraloría General de la República se abstiene de opinar sobre la razonabilidad de los Estados Contables a 31 de diciembre de 2005 de la Universidad Pedagógica Nacional, en cuanto a que estos no cumplen con la normas establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública”.
De acuerdo con las denuncias, el rector ejerció una supuesta presión al equipo de contabilidad para que modificara algunos registros. El grupo, dicen, se negó a tales intenciones y por eso fue relevado el 10 de marzo de 2006. Algunos empleados fueron trasladados a otras áreas y otros fueron despedidos.
Después de eso, se presentaron tres estados contables del año 2005 (cuyas cuentas se consolidan en 2006). Uno de ellos “transformó un déficit de 3.199 millones de pesos en un excedente de más de 700 millones”, según reza en un comunicado de prensa que envió el sindicato de trabajadores.
Pero, ¿cómo se pasó del superávit al déficit? Según las denuncias, la razón es que se ha venido gastando en lujos innecesarios como vehículos para algunos funcionarios, incrementos de salario para el personal administrativo, el sostenimiento de incrementar el número de estudiantes, el arriendo de aulas, contratos de constantes consultorías con entidades externas, asesorías costosas, permanentes viajes del rector al exterior, la construcción de proyectos estéticos insostenibles y la edificación de una nueva y gigantesca sede de la universidad en un predio ubicado cerca del portal norte de TransMilenio que diseñó el arquitecto Rogelio Salmona.
Según el sindicato, el rector va a empezar a vender algunas propiedades para poder satisfacer los desenfrenados gastos. Uno de los predios que se pondrá en venta es el Instituto Pedagógico Nacional, donde actualmente se entrenan dos mil estudiantes.
“El Instituto no se vende. Ése es colegio de la universidad...”, dijo Ibarra. “Lo que vamos a hacer es vender el lote y vamos a construir un colegio nuevo en un terreno que tenemos cerca de la estación norte de TransMilenio que se llama Valmaría...”
Ante tantos temores, la comunidad académica ha solicitado, insistentemente, una audiencia pública para que el rector dé una completa rendición de cuentas, pero no ha sido posible lograrla. Según el rector, todo lo que tiene que mostrar está publicado en la página de la Internet de la universidad.
Todas esas denuncias sumadas han movilizado a estudiantes, maestros y empleados en numerosas manifestaciones. Sin embargo, pese a que la exigencias de transparencia en el manejo de los recursos es necesaria, el brinco a los disturbios reduce las posibilidades de un debate abierto.
Los mismo estudiantes y docentes de la Universidad Pedagógica saben quiénes son los grupos que vuelven una protesta decente en un aguacero de piedras. Entre ellos figuran Los Clanes, Revés, el Movimiento de Revolución Popular (MRP), los Anarcos, la Liga de Estudiantes Socialistas (LES), el Movimiento Estudiantil Bolivariano, las Milicias Bolivarianas y el Partido Comunista Clandestino, entre otros. Sus actos terminan opacando las denuncias de fondo que son las que realmente afectan a estudiantes y docentes.
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Víctimas serían las únicas afectadas con deterioro de relaciones con el CICR
Foto: Archivo / EL TIEMPO
Yves Heller vocero en Colombia del Comité de la Cruz Roja.
El vocero del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, Yves Heller, dijo que el organismo no emprenderá acciones contra Colombia y que continuará con su labor humanitaria.
¿Cuál es su conclusión sobre este escándalo por el uso del emblema de la Cruz Roja?
Es fundamental dejar claro que el Comité Internacional de la Cruz Roja nunca participó en la planeación o ejecución de esa operación. Es importante que haya un respeto del emblema de la Cruz Roja, lo cual está reglamentado por los convenios de Ginebra y sus protocolos.
¿Han recibido reportes negativos sobre la seguridad de las comisiones de la Cruz Roja?
No le puedo dar detalles. Tenemos 55 delegados y 10 oficinas en el terreno y vamos a seguir trabajando en favor de las víctimas.
Eso sí, estamos teniendo en cuenta la situación actual.
¿Cuál es el respeto que los grupos armados ilegales han tenido con la Cruz Roja?
El CICR no quiere entrar en un debate público sobre eso. Existe una política de diálogo confidencial con todas las partes en conflicto.
La senadora Cecilia López calificó como grave el riesgo que correrían los secuestrados de no poder ser atendidos cuando se enfermen o se agraven.
Es difícil especular sobre las consecuencias que este asunto va a tener.
Algunos quisieran que el Gobierno hubiera resultado castigado.
Lo más importante es que haya un diálogo constructivo porque son las víctimas las que sufren si no hay acceso seguro a las zonas más afectadas por el conflicto armado.
¿Existe la posibilidad de que alguien distinto a la Cruz Roja demande?
No voy a hacer comentarios sobre el papel de otras organizaciones.
¿Hay antecedentes sobre el irrespeto al uso del emblema de la Cruz Roja por parte del Gobierno?
De lo que yo sé, no.
¿Hay algún mensaje para los grupos ilegales?
No es un mensaje para alguien en particular. Lo más importante es que podamos seguir en el terreno con el signo protector del emblema de la Cruz Roja.
¿Cuál es la conclusión sobre el trabajo de la Cruz Roja en Colombia?
Hemos brindado apoyo a un millón de desplazados en los últimos 10 años. Trabajamos para los desaparecidos, las víctimas, los rehenes, el personal militar y de la Policía privados de libertad. Este año participamos en la liberación de 21 personas. 19 civiles y 2 militares.
ONG de España pide explicaciones
Global Humanitaria, la organización no gubernamental que cree que sus símbolos fueron utilizados por el Ejército de Colombia para rescatar a Íngrid Betancourt y otros 14 secuestrados, le pidió ayer explicaciones al Gobierno de Álvaro Uribe.
La ONG pidió una entrevista con el Presidente colombiano y rechazó cualquier tipo de vínculos con la operación 'Jaque'.
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Yves Heller vocero en Colombia del Comité de la Cruz Roja.
El vocero del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, Yves Heller, dijo que el organismo no emprenderá acciones contra Colombia y que continuará con su labor humanitaria.
¿Cuál es su conclusión sobre este escándalo por el uso del emblema de la Cruz Roja?
Es fundamental dejar claro que el Comité Internacional de la Cruz Roja nunca participó en la planeación o ejecución de esa operación. Es importante que haya un respeto del emblema de la Cruz Roja, lo cual está reglamentado por los convenios de Ginebra y sus protocolos.
¿Han recibido reportes negativos sobre la seguridad de las comisiones de la Cruz Roja?
No le puedo dar detalles. Tenemos 55 delegados y 10 oficinas en el terreno y vamos a seguir trabajando en favor de las víctimas.
Eso sí, estamos teniendo en cuenta la situación actual.
¿Cuál es el respeto que los grupos armados ilegales han tenido con la Cruz Roja?
El CICR no quiere entrar en un debate público sobre eso. Existe una política de diálogo confidencial con todas las partes en conflicto.
La senadora Cecilia López calificó como grave el riesgo que correrían los secuestrados de no poder ser atendidos cuando se enfermen o se agraven.
Es difícil especular sobre las consecuencias que este asunto va a tener.
Algunos quisieran que el Gobierno hubiera resultado castigado.
Lo más importante es que haya un diálogo constructivo porque son las víctimas las que sufren si no hay acceso seguro a las zonas más afectadas por el conflicto armado.
¿Existe la posibilidad de que alguien distinto a la Cruz Roja demande?
No voy a hacer comentarios sobre el papel de otras organizaciones.
¿Hay antecedentes sobre el irrespeto al uso del emblema de la Cruz Roja por parte del Gobierno?
De lo que yo sé, no.
¿Hay algún mensaje para los grupos ilegales?
No es un mensaje para alguien en particular. Lo más importante es que podamos seguir en el terreno con el signo protector del emblema de la Cruz Roja.
¿Cuál es la conclusión sobre el trabajo de la Cruz Roja en Colombia?
Hemos brindado apoyo a un millón de desplazados en los últimos 10 años. Trabajamos para los desaparecidos, las víctimas, los rehenes, el personal militar y de la Policía privados de libertad. Este año participamos en la liberación de 21 personas. 19 civiles y 2 militares.
ONG de España pide explicaciones
Global Humanitaria, la organización no gubernamental que cree que sus símbolos fueron utilizados por el Ejército de Colombia para rescatar a Íngrid Betancourt y otros 14 secuestrados, le pidió ayer explicaciones al Gobierno de Álvaro Uribe.
La ONG pidió una entrevista con el Presidente colombiano y rechazó cualquier tipo de vínculos con la operación 'Jaque'.
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“Uno de los oficiales utilizó el logo de la Cruz Roja”: Presidente de la República
El presidente Álvaro Uribe reconoció que en la operación ‘Jaque’ sí se utilizó el emblema de la Cruz Roja Internacional por temor a la reacción de los guerrilleros de las Farc (vea el video). El CICR dice que "toma nota" de las palabras del Presidente.
Fecha: 07/16/2008 -
Luego de que la cadena internacional CNN revelara un video inédito de la operación “Jaque”, en la que se ve una parte del emblema de la Cruz Roja Internacional sobre la ropa de uno de los hombres que partici´pó en la operación, el presidente Álvaro Uribe admitió que por lo menos uno de los infiltrados del Ejército que iba en la supuesta misión humanitaria sí utilizó el logo del Comité de la Cruz Roja Internacional (CICR) por temor a la respuesta violenta de los guerrilleros que se encontraban en la zona.
Uribe dijo que se ordenó una investigación interna para establecer si en efecto alguien había utilizado el logotipo. “Esa investigación dio como resultado que un oficial equivocadamente y contrariando las órdenes, reconoció que producto de su nerviosismo, al observar la cantidad de guerrilleros armados, se puso sobre su chaleco un peto de tela que llevaba el símbolo del Comité de la Cruz Roja Internacional. Este oficial, al confesarle ese error a los altos mandos, ha dicho que cuando el helicóptero se aprestaba a aterrizar, él vio tal cantidad de guerrilleros que se puso en una situación de mucho nerviosismo”, explicó el Primer Mandatario, quien aseguró que premiará la sinceridad del oficial, y no será sancionado.
En días pasados, el CICR emitió un comunicado en Colombia en el que aclaraba que a la Cruz Roja no se le había pedido autorización para utilizar su logo, ni se le pidió su participación en el rescate de 15 secuestrados por las Farc el pasado 2 de julio, entre ellos la ex candidata Íngrid Betancourt, tres norteamericanos y 11 uniformados.
Y este miércoles, luego de las declaraciones del presidente Uribe, el organismo emitió un segundo comunicado de tres párrafos en el que afirma:
"El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) toma nota de la declaración del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, según la cual reconoce que un oficial de la Fuerza Pública que participó en la operación 'Jaque', portó un peto con el logo del CICR y el emblema de la cruz roja.
ONG ficticia con la que se engañó a Farc usó registros de una organización verdadera
Como guardián del derecho internacional humanitario (DIH), el CICR recuerda que el uso del emblema de la cruz roja está específicamente reglamentado por los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. El emblema de la cruz roja tiene que ser respetado en todas circunstancias y no puede ser usado de manera abusiva.
Además, el CICR reitera la importancia del respeto del emblema de la cruz roja como un signo protector que permite a sus representantes acceder a las zonas más afectadas por el conflicto armado y llevar a cabo sus actividades de protección y de asistencia a sus víctimas. El CICR, organización humanitaria neutral e imparcial, debe tener la confianza de todas las partes en conflicto para llevar a cabo su acción humanitaria".
De acuerdo con el artículo 12 del Derecho Internacional Humanitario aplicable en Colombia, “bajo la dirección de la autoridad competente de que se trate, el signo distintivo de la cruz roja (...) deberá respetarse en toda circunstancia. No deberá ser utilizado indebidamente”.
Rodrigo Pardo, ex canciller de la República, cree que este comunicado busca bajar el tono del incidente para resolver el tema con discreción y diplomacia. “Yo creo que lo que está en juego es un tema político, la imagen de un gobierno que empieza a verse como partidario de que el fin justifica los medios. Habría que ver qué tan convincentes son las explicaciones del gobierno de Colombia al CICR”, dice.
Si bien la operación “Jaque” buscaba rescatar del secuestro a estas personas que llevaban hasta 10 años en la selva, sometidos a toda clase de torturas por parte de los guerrilleros.
Aunque la noche del operativo el presidente Uribe insistió varias veces en que no se habían utilizado los símbolos de ningún organismo humanitario existente, este miércoles sus palabras fueron totalmente diferentes.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ya se reunió con representantes del CICR para explicarle la situación, pedir disculpas y aclarar que los uniformados encubiertos iban desarmados.
El fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, dijo al conocer la noticia que no se había incurrido en el delito de perfidia, un crimen de guerra. “Si bien el uso de los logos y simular a la cruz roja es cuestionable, la norma internacional exige atacar al adversario para cometer perfidia, pero no se atacó. De lo que se trataba la operación era de liberar a unos inocentes policías, soldados y civiles del secuestro”.
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El presidente Álvaro Uribe reconoció que en la operación ‘Jaque’ sí se utilizó el emblema de la Cruz Roja Internacional por temor a la reacción de los guerrilleros de las Farc (vea el video). El CICR dice que "toma nota" de las palabras del Presidente.
Fecha: 07/16/2008 -
Luego de que la cadena internacional CNN revelara un video inédito de la operación “Jaque”, en la que se ve una parte del emblema de la Cruz Roja Internacional sobre la ropa de uno de los hombres que partici´pó en la operación, el presidente Álvaro Uribe admitió que por lo menos uno de los infiltrados del Ejército que iba en la supuesta misión humanitaria sí utilizó el logo del Comité de la Cruz Roja Internacional (CICR) por temor a la respuesta violenta de los guerrilleros que se encontraban en la zona.
Uribe dijo que se ordenó una investigación interna para establecer si en efecto alguien había utilizado el logotipo. “Esa investigación dio como resultado que un oficial equivocadamente y contrariando las órdenes, reconoció que producto de su nerviosismo, al observar la cantidad de guerrilleros armados, se puso sobre su chaleco un peto de tela que llevaba el símbolo del Comité de la Cruz Roja Internacional. Este oficial, al confesarle ese error a los altos mandos, ha dicho que cuando el helicóptero se aprestaba a aterrizar, él vio tal cantidad de guerrilleros que se puso en una situación de mucho nerviosismo”, explicó el Primer Mandatario, quien aseguró que premiará la sinceridad del oficial, y no será sancionado.
En días pasados, el CICR emitió un comunicado en Colombia en el que aclaraba que a la Cruz Roja no se le había pedido autorización para utilizar su logo, ni se le pidió su participación en el rescate de 15 secuestrados por las Farc el pasado 2 de julio, entre ellos la ex candidata Íngrid Betancourt, tres norteamericanos y 11 uniformados.
Y este miércoles, luego de las declaraciones del presidente Uribe, el organismo emitió un segundo comunicado de tres párrafos en el que afirma:
"El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) toma nota de la declaración del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, según la cual reconoce que un oficial de la Fuerza Pública que participó en la operación 'Jaque', portó un peto con el logo del CICR y el emblema de la cruz roja.
ONG ficticia con la que se engañó a Farc usó registros de una organización verdadera
Como guardián del derecho internacional humanitario (DIH), el CICR recuerda que el uso del emblema de la cruz roja está específicamente reglamentado por los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. El emblema de la cruz roja tiene que ser respetado en todas circunstancias y no puede ser usado de manera abusiva.
Además, el CICR reitera la importancia del respeto del emblema de la cruz roja como un signo protector que permite a sus representantes acceder a las zonas más afectadas por el conflicto armado y llevar a cabo sus actividades de protección y de asistencia a sus víctimas. El CICR, organización humanitaria neutral e imparcial, debe tener la confianza de todas las partes en conflicto para llevar a cabo su acción humanitaria".
De acuerdo con el artículo 12 del Derecho Internacional Humanitario aplicable en Colombia, “bajo la dirección de la autoridad competente de que se trate, el signo distintivo de la cruz roja (...) deberá respetarse en toda circunstancia. No deberá ser utilizado indebidamente”.
Rodrigo Pardo, ex canciller de la República, cree que este comunicado busca bajar el tono del incidente para resolver el tema con discreción y diplomacia. “Yo creo que lo que está en juego es un tema político, la imagen de un gobierno que empieza a verse como partidario de que el fin justifica los medios. Habría que ver qué tan convincentes son las explicaciones del gobierno de Colombia al CICR”, dice.
Si bien la operación “Jaque” buscaba rescatar del secuestro a estas personas que llevaban hasta 10 años en la selva, sometidos a toda clase de torturas por parte de los guerrilleros.
Aunque la noche del operativo el presidente Uribe insistió varias veces en que no se habían utilizado los símbolos de ningún organismo humanitario existente, este miércoles sus palabras fueron totalmente diferentes.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ya se reunió con representantes del CICR para explicarle la situación, pedir disculpas y aclarar que los uniformados encubiertos iban desarmados.
El fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, dijo al conocer la noticia que no se había incurrido en el delito de perfidia, un crimen de guerra. “Si bien el uso de los logos y simular a la cruz roja es cuestionable, la norma internacional exige atacar al adversario para cometer perfidia, pero no se atacó. De lo que se trataba la operación era de liberar a unos inocentes policías, soldados y civiles del secuestro”.
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