En una larga reunión con el Fiscal y el Procurador, la Corte Suprema de Justicia denunció que es víctima de un complot que busca entorpecer su labor constitucional y pidieron a los funcionarios investigar a fondo.
Segín informaron varios asistentes a un encuentro de más de dos horas entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el fiscal general Mario Iguarán y el procurador general Alejandro Ordóñez, los miembros de la Corte se encuentran muy preocupados por la cadena de hostigamientos de los que han sido objeto algunos de los integrantes de la Sala Penal.
La Corte dijo que además de las interceptaciones de sus conversaciones recientes que denunció la revista Semana que estaba haciendo personal del DAS, ha habido hostigamientos y persecuciones a varios de los magistrados, entre ellos, Javier Zapata y Augusto Ibañez o, incluso a familiares de algunos de ellos.
También señalaron que el asunto era de la mayor gravedad y no se podía desestimar como una falta menor de mandos medios, y le pidieron a los dos altos funcionarios que investigaran también a las directivas del DAS.
El fiscal Iguarán dijo al término de la reunión que a partir de las denuncias de los magistrados, que creen "que más que hostilidades, hay un complot en su contra", seguirá la investigación para dar con los responsables. El procurador Ordóñez también dijo que estaban investigando a los funcionarios del DAS.
En diálogo con El Espectador, el saliente presidente de la Corte, Francisco Javier Ricaurte, dijo que las "chuzadas" son "un eslabón más de una cadena de hostigamientos en contra de la Corte para entorpecer las funciones constitucionales que le corresponde adelantar".
El escándalo se desató luego de el pasado sábado la revista Semana denunciara cómo desde el DAS se estaban interceptando las comunicaciones de periodistas, magistrados, e incluso de algunos funcionarios del propio gobierno, en forma irregular. También denunció que había un mercado negro de compra y venta de interceptaciones al mejor postor, y que de la institución se filtraba información a guerrilleros o narcotraficantes.
A raíz del episodio, salió de DAS Jorge Alberto Lagos, subdirector de contrainteligencia del DAS.
No es la primera vez que se denuncia un DAS- gate, una entidad que ha estado sacudida por los escándalos desde hace casi tres años. Tampoco es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia denuncia que está siendo perseguida por quienes no quieren que lleve a buen término sus investigaciones y sentencias contra los políticos que se aliaron con los paramilitares para ganar elecciones
Funcionarios del alto gobierno, incluido el mismo presidente Uribe, han dicho que no han ordenado esta grabaciones y que rechazan este tipo de medios.
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jueves, 16 de abril de 2009
lunes, 8 de septiembre de 2008
Uribe consigue control del órgano que vigila y sanciona a los jueces
Con la elección en el Congreso de dos magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, este miércoles, los candidatos del Ejecutivo tendrán la mayoría de esta institución que tiene el poder de despedir desde magistrados auxiliares hasta jueces municipales.
Por César Paredes, periodista de Semana.com
Fecha: 09/03/2008 -
Este miércoles el Congreso en pleno elegirá los reemplazos de Guillermo Bueno Miranda y de Eduardo Campo Soto a quienes se les cumplió su tiempo como magistrados en el Consejo Superior de la Judicatura. Para el reemplazo de Bueno Miranda, el Presidente Álvaro Uribe postuló a Ovidio Claros, a Claudia Patricia Ospina y a José Joaquín Plata. Para reemplazar a Campo Soto, el primer mandatario postuló a William Giraldo, a Pedro Alonso Sanabria y a Nancy Muñoz.
Con estos nuevos nombramientos, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, quedaría con cinco magistrados nombrados elegidos por un Congreso de mayorías uribistas de ternas propuestas por Uribe. Pero, antes de finalizar este año, el gobierno también deberá postular las ternas para reemplazar a los magistrados Temístocles Ortega y Rubén Darío Henao, a quienes también les llegó la hora de dejar el cargo y la sala quedará compuesta en su totalidad por integrantes postulados por este gobierno.
Es decir, toda esta sala cuyo poder sobre la Rama Judicial es enorme, estará integrada por personas postuladas por el Ejecutivo. Según opiniones de analistas y ex magistrados recogidas por Semana.com, no sería exagerado decir que con este paso se quebró un eje central de los que sostienen un principio básico de la democracia: la independencia de los poderes públicos.
Esto no se había dado antes, debido a que como los Presidentes sólo duraban cuatro años, no alcanzaban a nombrar sino a una minoría de los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior. La Constitución lo había diseñado así para que el Presidente tuviera juego allí, pero no mayoría, ya que esta había sido nombrada por su antecesor.
¿Cuál es la función de esta Sala?
El Consejo Superior de la Judicatura es un tribunal con un alto grado de poder que fue creado con la Constitución de 1991 para garantizar el autogobierno de la rama judicial. Su creación se inspiró en el principio de independencia de la justicia de la tutela del gobierno.
Para esto se crearon las dos salas que componen el alto tribunal: la administrativa y la disciplinaria.
La administrativa es la encargada las actividades de organización y gestión de los recursos de la rama judicial. La disciplinaria se ocupa de la investigación de la conducta de los funcionarios judiciales y de los abogados y de dirimir los conflictos de competencia que se planteen entre las distintas jurisdicciones.
Las decisiones del Consejo Superior de la Judicatura, en materia disciplinaria, son sentencias que no se someten estudios posteriores ni a pronunciamientos de otra jurisdicción, salvo por la vía de la tutela.
El hecho de que esta corporación judicial quede en manos de fichas del Ejecutivo riñe con el espíritu constitucional de independencia que se le quiso imprimir en el 91, pues éste podría eventualmente tener una gran influencia en las decisiones que afecten la carrera de jueces y abogados. Así, si por ejemplo, algún juez o magistrado auxiliar de las Cortes, toma una decisión que no convenga a los intereses políticos del Ejecutivo, éste tendrá una capacidad especial de influir sobre las personas que nombró en la Sala Disciplinaria para que éstas busquen la manera de investigar o sancionar al juez en cuestión.
Para Armando Novoa, director del Centro de Estudios Constitucionales ‘Plural’, el hecho de que el Presidente tenga copadas todas las cuotas burocráticas en la Sala Disciplinaria es una amenaza a la independencia de la Rama Judicial, producto de la reelección presidencial. “La cooptación de la Sala Disciplinaria se podrá utilizar como un disuasivo de las investigaciones por la parapolítica”, advirtió Novoa.
A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes son los encargados de las investigaciones a los parapolíticos, los protege su fuero constitucional y sólo pueden ser investigados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. “Pero la Sala Disciplinaria sí puede investigar a magistrados auxiliares y a los fiscales que llevan los casos de la parapolítica”, explicó Novoa.
El analista además advirtió que con uno de sus fallos, la Sala Disciplinaria podría revertir el proceso de la parapolítica. Esta Sala estará integrada por figuras postuladas por el Ejecutivo y escogidas por congresistas de partidos uribistas y la mayoría de los congresistas investigados son de la coalición del gobierno, por eso Novoa asegura que esta Sala no tiene una buena perspectiva.
Javier Revelo, investigador del Centro de Estudios de Derecho de Justicia y Sociedad, DeJusticia, argumentó que con el nombramiento de toda la Sala Disciplinaria por injerencia del gobierno ésta quedaría amarrada a sus intereses. “La garantía de independencia de la Justicia quedaría en entredicho. Quien juzga a los jueces debería ser independiente. Si se afecta la independencia de los jueces se afecta la independencia de la Justicia”, dijo Revelo.
La preocupación no es infundada, pues en los casos en que abogados defensores de derechos humanos lleven procesos contra funcionarios del gobierno, éste eventualmente podría intimidarlos ejerciendo su influencia en la Sala Disciplinaria.
Y debido a que dentro de las facultades de esta corporación está la de “dirimir las los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones y entre éstas y las autoridades administrativas”, el Ejecutivo tendrá preponderancia a la hora de que la Sala tenga un caso de estos.
Un ejemplo del alcance de la corporación con sus mayorías afines al gobierno se evidenció en el caso de la extradición del jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. La magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Martha Inés Montaña falló una tutela a favor de una víctima del jefe paramilitar, el fallo impedía la extradición de ‘Macaco’. El argumento fue que "el gobierno no puede extraditarlo mientras él no responda por sus delitos de lesa humanidad en Colombia y no repare a las víctimas".
Sin embargo, el gobierno apeló la decisión ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y se revocó el fallo de la primera instancia. En ese momento, el gobierno contaba con cuatro de sus postulados en la corporación. Dejó un mal sabor que la revisión y consecuente decisión que dio vía libre a la extradición de los jefes paras a pesar de los reclamos por los derechos de las víctimas, fue tomada por la Sala Disciplinaria con una celeridad inusual.
“Toda tutela que los jueces serios no reciben, llega allá porque parece tener un ambiente más propicio; y también es un escenario de empleo perfumadamente remunerado a quienes nunca se destacaron ni en el foro, ni en la jurisdicción, ni en ninguna de las ocupaciones que tenemos los abogados. Hace rato se recluta en la retaguardia de la profesión de abogado, como parte de una piñata política que algunos jefes del Congreso logran con la complacencia de los Presidentes de la República, del actual y de todos”, dijo Hernando Yepes Arcila, quien fue el primer presidente del Consejo Superior de la Judicatura, en una reciente entrevista publicada por el diario La Patria.
Las ternas propuestas, otro roscograma
Analistas y sectores de la oposición han criticado la manera en que el Presidente está proponiendo las ternas para elegir, no solo a los funcionarios de la Sala Disciplinaria, sino de otras instituciones del Estado.
En la pasada elección del Defensor del Pueblo, en la que la Cámara de Representantes eligió a Vólmar Pérez la terna estuvo compuesta por integrantes del partido Conservador. De la misma manera, en la terna propuesta para elegir magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, en la que salió elegida Julia Emma Garzón, la terna estaba integrada por miembros del partido de la U.
Según trascendió, la terna para reemplazar al magistrado Eduardo Campo Soto está integrada en su totalidad por miembros del Partido Conservador.
Por esta razón, Armando Novoa dijo a Semana.com: “el gobierno está conformando las ternas, no con el criterio de escoger los mejores juristas, sino con el de que sean miembros de los partidos de la coalición con el objetivo de extender el esquema de sus mayorías del Congreso a la Rama Judicial”.
En la Reforma a la Justicia propuesta por el gobierno el mecanismo de conformación de la Sala Disciplinaria cambia al sistema de cooptación (es decir, saldrían de las mismas corporaciones judiciales, mediante el mecanismo que se fije en una Ley específica). Sin embargo de aquí a que la reforma sea aprobada los nuevos magistrados ya estarán posesionados en sus cargos y tendrán que terminar su período, pues la reforma no plantea la revocatoria de su elección.
Con la reforma constitucional, esta Sala también tendría facultades en las investigaciones disciplinarias contra los congresistas.
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Con la elección en el Congreso de dos magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, este miércoles, los candidatos del Ejecutivo tendrán la mayoría de esta institución que tiene el poder de despedir desde magistrados auxiliares hasta jueces municipales.
Por César Paredes, periodista de Semana.com
Fecha: 09/03/2008 -
Este miércoles el Congreso en pleno elegirá los reemplazos de Guillermo Bueno Miranda y de Eduardo Campo Soto a quienes se les cumplió su tiempo como magistrados en el Consejo Superior de la Judicatura. Para el reemplazo de Bueno Miranda, el Presidente Álvaro Uribe postuló a Ovidio Claros, a Claudia Patricia Ospina y a José Joaquín Plata. Para reemplazar a Campo Soto, el primer mandatario postuló a William Giraldo, a Pedro Alonso Sanabria y a Nancy Muñoz.
Con estos nuevos nombramientos, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, quedaría con cinco magistrados nombrados elegidos por un Congreso de mayorías uribistas de ternas propuestas por Uribe. Pero, antes de finalizar este año, el gobierno también deberá postular las ternas para reemplazar a los magistrados Temístocles Ortega y Rubén Darío Henao, a quienes también les llegó la hora de dejar el cargo y la sala quedará compuesta en su totalidad por integrantes postulados por este gobierno.
Es decir, toda esta sala cuyo poder sobre la Rama Judicial es enorme, estará integrada por personas postuladas por el Ejecutivo. Según opiniones de analistas y ex magistrados recogidas por Semana.com, no sería exagerado decir que con este paso se quebró un eje central de los que sostienen un principio básico de la democracia: la independencia de los poderes públicos.
Esto no se había dado antes, debido a que como los Presidentes sólo duraban cuatro años, no alcanzaban a nombrar sino a una minoría de los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior. La Constitución lo había diseñado así para que el Presidente tuviera juego allí, pero no mayoría, ya que esta había sido nombrada por su antecesor.
¿Cuál es la función de esta Sala?
El Consejo Superior de la Judicatura es un tribunal con un alto grado de poder que fue creado con la Constitución de 1991 para garantizar el autogobierno de la rama judicial. Su creación se inspiró en el principio de independencia de la justicia de la tutela del gobierno.
Para esto se crearon las dos salas que componen el alto tribunal: la administrativa y la disciplinaria.
La administrativa es la encargada las actividades de organización y gestión de los recursos de la rama judicial. La disciplinaria se ocupa de la investigación de la conducta de los funcionarios judiciales y de los abogados y de dirimir los conflictos de competencia que se planteen entre las distintas jurisdicciones.
Las decisiones del Consejo Superior de la Judicatura, en materia disciplinaria, son sentencias que no se someten estudios posteriores ni a pronunciamientos de otra jurisdicción, salvo por la vía de la tutela.
El hecho de que esta corporación judicial quede en manos de fichas del Ejecutivo riñe con el espíritu constitucional de independencia que se le quiso imprimir en el 91, pues éste podría eventualmente tener una gran influencia en las decisiones que afecten la carrera de jueces y abogados. Así, si por ejemplo, algún juez o magistrado auxiliar de las Cortes, toma una decisión que no convenga a los intereses políticos del Ejecutivo, éste tendrá una capacidad especial de influir sobre las personas que nombró en la Sala Disciplinaria para que éstas busquen la manera de investigar o sancionar al juez en cuestión.
Para Armando Novoa, director del Centro de Estudios Constitucionales ‘Plural’, el hecho de que el Presidente tenga copadas todas las cuotas burocráticas en la Sala Disciplinaria es una amenaza a la independencia de la Rama Judicial, producto de la reelección presidencial. “La cooptación de la Sala Disciplinaria se podrá utilizar como un disuasivo de las investigaciones por la parapolítica”, advirtió Novoa.
A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes son los encargados de las investigaciones a los parapolíticos, los protege su fuero constitucional y sólo pueden ser investigados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. “Pero la Sala Disciplinaria sí puede investigar a magistrados auxiliares y a los fiscales que llevan los casos de la parapolítica”, explicó Novoa.
El analista además advirtió que con uno de sus fallos, la Sala Disciplinaria podría revertir el proceso de la parapolítica. Esta Sala estará integrada por figuras postuladas por el Ejecutivo y escogidas por congresistas de partidos uribistas y la mayoría de los congresistas investigados son de la coalición del gobierno, por eso Novoa asegura que esta Sala no tiene una buena perspectiva.
Javier Revelo, investigador del Centro de Estudios de Derecho de Justicia y Sociedad, DeJusticia, argumentó que con el nombramiento de toda la Sala Disciplinaria por injerencia del gobierno ésta quedaría amarrada a sus intereses. “La garantía de independencia de la Justicia quedaría en entredicho. Quien juzga a los jueces debería ser independiente. Si se afecta la independencia de los jueces se afecta la independencia de la Justicia”, dijo Revelo.
La preocupación no es infundada, pues en los casos en que abogados defensores de derechos humanos lleven procesos contra funcionarios del gobierno, éste eventualmente podría intimidarlos ejerciendo su influencia en la Sala Disciplinaria.
Y debido a que dentro de las facultades de esta corporación está la de “dirimir las los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones y entre éstas y las autoridades administrativas”, el Ejecutivo tendrá preponderancia a la hora de que la Sala tenga un caso de estos.
Un ejemplo del alcance de la corporación con sus mayorías afines al gobierno se evidenció en el caso de la extradición del jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. La magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Martha Inés Montaña falló una tutela a favor de una víctima del jefe paramilitar, el fallo impedía la extradición de ‘Macaco’. El argumento fue que "el gobierno no puede extraditarlo mientras él no responda por sus delitos de lesa humanidad en Colombia y no repare a las víctimas".
Sin embargo, el gobierno apeló la decisión ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y se revocó el fallo de la primera instancia. En ese momento, el gobierno contaba con cuatro de sus postulados en la corporación. Dejó un mal sabor que la revisión y consecuente decisión que dio vía libre a la extradición de los jefes paras a pesar de los reclamos por los derechos de las víctimas, fue tomada por la Sala Disciplinaria con una celeridad inusual.
“Toda tutela que los jueces serios no reciben, llega allá porque parece tener un ambiente más propicio; y también es un escenario de empleo perfumadamente remunerado a quienes nunca se destacaron ni en el foro, ni en la jurisdicción, ni en ninguna de las ocupaciones que tenemos los abogados. Hace rato se recluta en la retaguardia de la profesión de abogado, como parte de una piñata política que algunos jefes del Congreso logran con la complacencia de los Presidentes de la República, del actual y de todos”, dijo Hernando Yepes Arcila, quien fue el primer presidente del Consejo Superior de la Judicatura, en una reciente entrevista publicada por el diario La Patria.
Las ternas propuestas, otro roscograma
Analistas y sectores de la oposición han criticado la manera en que el Presidente está proponiendo las ternas para elegir, no solo a los funcionarios de la Sala Disciplinaria, sino de otras instituciones del Estado.
En la pasada elección del Defensor del Pueblo, en la que la Cámara de Representantes eligió a Vólmar Pérez la terna estuvo compuesta por integrantes del partido Conservador. De la misma manera, en la terna propuesta para elegir magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, en la que salió elegida Julia Emma Garzón, la terna estaba integrada por miembros del partido de la U.
Según trascendió, la terna para reemplazar al magistrado Eduardo Campo Soto está integrada en su totalidad por miembros del Partido Conservador.
Por esta razón, Armando Novoa dijo a Semana.com: “el gobierno está conformando las ternas, no con el criterio de escoger los mejores juristas, sino con el de que sean miembros de los partidos de la coalición con el objetivo de extender el esquema de sus mayorías del Congreso a la Rama Judicial”.
En la Reforma a la Justicia propuesta por el gobierno el mecanismo de conformación de la Sala Disciplinaria cambia al sistema de cooptación (es decir, saldrían de las mismas corporaciones judiciales, mediante el mecanismo que se fije en una Ley específica). Sin embargo de aquí a que la reforma sea aprobada los nuevos magistrados ya estarán posesionados en sus cargos y tendrán que terminar su período, pues la reforma no plantea la revocatoria de su elección.
Con la reforma constitucional, esta Sala también tendría facultades en las investigaciones disciplinarias contra los congresistas.
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La rueda de prensa del presidente Uribe sobre la visita a Palacio de dos emisarios del jefe paramilitar ‘Don Berna’ dejó más preguntas que respuestas.
El coletazo
La rueda de prensa del presidente Uribe sobre la visita a Palacio de dos emisarios del jefe paramilitar ‘Don Berna’ dejó más preguntas que respuestas.
Fecha: 08/30/2008 -1374
El lunes pasado el presidente Álvaro Uribe estaba cargado de tigre. Las revelaciones de SEMANA de visitas de dos emisarios del jefe paramilitar ‘Don Berna’ al Palacio de Nariño habían generado duras reacciones, en especial del presidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte. Cuando el magistrado denunció el ‘complot para’ en todas las emisoras radiales de la mañana, Uribe decidió tomar el toro por los cachos. Convocó una rueda de prensa para justificar la visita de Diego Álvarez, el abogado de ‘Don Berna’, y del ex paramilitar desmovilizado Antonio López, ‘Job’, en la oficina de su secretario jurídico, Edmundo Del Castillo, en abril de este año.
Sin embargo, en su airada intervención de casi una hora, el Presidente terminó por generar nuevos interrogantes (ver recuadros) y dejar al descubierto su inmensa desconfianza en la Corte. En más de una ocasión, explicó que sus funcionarios recibieron a los emisarios de los paramilitares, quienes decían tener pruebas de una conspiración de los magistrados contra el gobierno, porque tenían “responsabilidades de orden público”. Y que escuchar a informantes “ha ayudado mucho a que avance nuestra política de orden público”. ¿La Corte Suprema es un riesgo de orden público?
Como Pedro por su casa
Presidente Uribe: “No desautoricé la reunión sobre la cual me informaron y después autoricé que los oyeran. ¿Por qué entraron por un sótano de garaje? Le dijeron al doctor Edmundo (Del Castillo) que traían un material delicado, que tenían que entrar en su carro. Él lo autorizó. Esa entrada no es clandestina. Primero, queda registrada por dos meses en las cámaras de la Presidencia. Y segundo, la oficina de Seguridad de la Presidencia tiene unos libros donde registra esas entradas. Quedaron registrados”.
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En realidad, eso no es exacto. El nombre de Antonio López, alias ‘Job’, desmovilizado paramilitar, (foto) no aparece en los libros de registro. Ni entrando ni saliendo, como queda demostrado en los documentos que presentó la misma Presidencia a la prensa. Sólo se menciona el ingreso del vehículo de Diego Álvarez,(foto) el abogado del ex jefe paramilitar ‘Don Berna’. Curiosamente, ni a Álvarez ni a ‘Job’ les anotaron el número de la cédula, un requisito casi automático en despachos oficiales y obligatorio para entrar a Palacio por la puerta principal. Como lo hace la mayoría de los ministros y los congresistas, entre otros.
¿Le mintieron al Presidente?
Presidente Uribe: “Mire, van varias semanas y el DAS no ha terminado la trascripción. Ustedes saben que estas reuniones son delicadas y el gobierno tiene que ser cuidadoso en escuchar. ¿Y qué íbamos a contar nosotros de este caso de estos señores que vinieron, el abogado y el otro señor ‘Job’ (Antonio López), si apenas se están haciendo las transcripciones...? Además, el doctor Edmundo finalmente le remitió esa información al DAS, para que el DAS haga la transcripción. La señora Directora del DAS (María del Pilar Hurtado) me ha dado la siguiente información hace unos minutos: que ellos no han terminado la transcripción, que es un material complejo –en muchos trayectos bastante inaudible– y que lo único que les aparece importante, hasta ahora, es que un señor llamado Henry Anaya, según esa información, entraba y hacía trámites en la Corte Suprema. Tema del cual debería ocuparse la Corte...”
‘Job’ y el abogado de ‘Don Berna’ entregaron los videos y las grabaciones a los funcionarios de Casa de Nariño el 23 de abril. Pocos días más tarde, la transcripción de ese material fue entregada al secretario jurídico de Palacio, Edmundo del Castillo, como le dijo él a SEMANA el viernes 22 de agosto. Según Del Castillo, y a diferencia de lo que dijo el Presidente, él entregó las grabaciones al jefe de seguridad de Palacio, general Flavio Buitrago. Del Castillo dijo que había leído las transcripciones y que no había encontrado nada de importancia en ellas. Así, no es cierto que el DAS tuviera las grabaciones desde un comienzo.
La llamada
Presidente Uribe: “Ayer, ayer recibí una llamada, no hablaban, me mandaron un mensaje en el que me dicen: ‘¿Tenemos garantías para dar una información?’. Inmediatamente llamé al general Buitrago: ‘Mi General, acaba de llegar este mensaje de este teléfono’. La señora le dijo: ‘Mire, yo soy la mujer de Antonio López (alias ‘Job’) y necesito dar una información’. Y colgó. Sería muy bueno, si es verdad que es la señora de Antonio López (alias ‘Job’) y que tiene una información que dar, que la dé. Aquí se la recibimos en la Presidencia o se la recibirán en el CTI o en la Corte Suprema (de Justicia). Es que nosotros tenemos responsabilidades de orden público”.
Sorprende que, como lo dijo públicamente el Presidente, cualquier persona llame directamente al teléfono del Jefe de Estado y mucho más la supuesta mujer de un delincuente. De otro lado, SEMANA habló con la segunda esposa de Antonio López, alias ‘Job’, con quien vivía desde hace más de tres años, y negó enfáticamente haber llamado a Uribe. ¿Quién llamó entonces al mandatario a ofrecer información?
Fugitivos en la Casa de Nariño
Presidente Uribe: “Es de anotar que la Presidencia de la República es muy cuidadosa. Es tan abierta para que la gente entre, como cuidadosa para cuando vayan a entrar personas que tengan orden de captura, aquí se les capture. El general (Flavio Buitrago) nos estaba informando ahora cómo han sido capturadas más de 80 personas en los alrededores de la Presidencia y hay 14 casos de personas que han sido capturadas al entrar a la Presidencia, porque en el momento de entrar a la Presidencia ha aparecido que tienen orden de captura”.
No es usual que 14 prófugos de la justicia sean detenidos de visita en el Palacio de Nariño. Llama la atención que esos fugitivos consideraran la sede presidencial como un lugar que puedan visitar cuando son perseguidos por la justicia. Y queda un interrogante aun mayor: ¿con quién tenían cita estos criminales? En sus declaraciones, Uribe dijo que ‘Job’, quien según agencias del Estado seguía delinquiendo, no fue arrestado porque no tenía orden de captura. Pero si su nombre no fue registrado y chequeado por el sistema de seguridad de Palacio, ¿cómo sabían que no era buscado por las autoridades?
La filtración
Presidente Uribe: “¿Por qué no lo hizo? Porque el doctor Edmundo me dijo lo siguiente: Que encontraba esa información irrelevante. Entonces, qué íbamos nosotros a hacer una denuncia, si no encontrábamos una información importante.
Él es jurista. Tiene el criterio y la información para saber cuándo hay que remitir en denuncia una información y cuándo esa información no tiene esa importancia.
Porque las pruebas que trajeron, revisadas hasta ahora, no guardan proporción con la afirmación que ellos hicieron. Entonces, al gobierno no le parece responsable hacer un escándalo que afecte más las relaciones entre las instituciones, por una afirmación, cuando esa afirmación no tiene correspondencia con la prueba que han traído las personas que han hecho la afirmación.
Si, como lo dijo el Presidente, la información era “irrelevante”, y al gobierno no le parecía responsable “hacer un escándalo”, ¿cuál fue la intención hace dos meses de filtrar a un medio de comunicación transcripciones y las grabaciones? No menos curioso resulta el hecho de que, a pesar de que las grabaciones tienen pedazos inaudibles, las transcripciones hechas en el Palacio de Nariño tienen apartes que no están en los audios. Las transcripciones que Palacio filtró a la prensa tienen amplios fragmentos contra la Corte que no están en las grabaciones.
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La rueda de prensa del presidente Uribe sobre la visita a Palacio de dos emisarios del jefe paramilitar ‘Don Berna’ dejó más preguntas que respuestas.
Fecha: 08/30/2008 -1374
El lunes pasado el presidente Álvaro Uribe estaba cargado de tigre. Las revelaciones de SEMANA de visitas de dos emisarios del jefe paramilitar ‘Don Berna’ al Palacio de Nariño habían generado duras reacciones, en especial del presidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte. Cuando el magistrado denunció el ‘complot para’ en todas las emisoras radiales de la mañana, Uribe decidió tomar el toro por los cachos. Convocó una rueda de prensa para justificar la visita de Diego Álvarez, el abogado de ‘Don Berna’, y del ex paramilitar desmovilizado Antonio López, ‘Job’, en la oficina de su secretario jurídico, Edmundo Del Castillo, en abril de este año.
Sin embargo, en su airada intervención de casi una hora, el Presidente terminó por generar nuevos interrogantes (ver recuadros) y dejar al descubierto su inmensa desconfianza en la Corte. En más de una ocasión, explicó que sus funcionarios recibieron a los emisarios de los paramilitares, quienes decían tener pruebas de una conspiración de los magistrados contra el gobierno, porque tenían “responsabilidades de orden público”. Y que escuchar a informantes “ha ayudado mucho a que avance nuestra política de orden público”. ¿La Corte Suprema es un riesgo de orden público?
Como Pedro por su casa
Presidente Uribe: “No desautoricé la reunión sobre la cual me informaron y después autoricé que los oyeran. ¿Por qué entraron por un sótano de garaje? Le dijeron al doctor Edmundo (Del Castillo) que traían un material delicado, que tenían que entrar en su carro. Él lo autorizó. Esa entrada no es clandestina. Primero, queda registrada por dos meses en las cámaras de la Presidencia. Y segundo, la oficina de Seguridad de la Presidencia tiene unos libros donde registra esas entradas. Quedaron registrados”.
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En realidad, eso no es exacto. El nombre de Antonio López, alias ‘Job’, desmovilizado paramilitar, (foto) no aparece en los libros de registro. Ni entrando ni saliendo, como queda demostrado en los documentos que presentó la misma Presidencia a la prensa. Sólo se menciona el ingreso del vehículo de Diego Álvarez,(foto) el abogado del ex jefe paramilitar ‘Don Berna’. Curiosamente, ni a Álvarez ni a ‘Job’ les anotaron el número de la cédula, un requisito casi automático en despachos oficiales y obligatorio para entrar a Palacio por la puerta principal. Como lo hace la mayoría de los ministros y los congresistas, entre otros.
¿Le mintieron al Presidente?
Presidente Uribe: “Mire, van varias semanas y el DAS no ha terminado la trascripción. Ustedes saben que estas reuniones son delicadas y el gobierno tiene que ser cuidadoso en escuchar. ¿Y qué íbamos a contar nosotros de este caso de estos señores que vinieron, el abogado y el otro señor ‘Job’ (Antonio López), si apenas se están haciendo las transcripciones...? Además, el doctor Edmundo finalmente le remitió esa información al DAS, para que el DAS haga la transcripción. La señora Directora del DAS (María del Pilar Hurtado) me ha dado la siguiente información hace unos minutos: que ellos no han terminado la transcripción, que es un material complejo –en muchos trayectos bastante inaudible– y que lo único que les aparece importante, hasta ahora, es que un señor llamado Henry Anaya, según esa información, entraba y hacía trámites en la Corte Suprema. Tema del cual debería ocuparse la Corte...”
‘Job’ y el abogado de ‘Don Berna’ entregaron los videos y las grabaciones a los funcionarios de Casa de Nariño el 23 de abril. Pocos días más tarde, la transcripción de ese material fue entregada al secretario jurídico de Palacio, Edmundo del Castillo, como le dijo él a SEMANA el viernes 22 de agosto. Según Del Castillo, y a diferencia de lo que dijo el Presidente, él entregó las grabaciones al jefe de seguridad de Palacio, general Flavio Buitrago. Del Castillo dijo que había leído las transcripciones y que no había encontrado nada de importancia en ellas. Así, no es cierto que el DAS tuviera las grabaciones desde un comienzo.
La llamada
Presidente Uribe: “Ayer, ayer recibí una llamada, no hablaban, me mandaron un mensaje en el que me dicen: ‘¿Tenemos garantías para dar una información?’. Inmediatamente llamé al general Buitrago: ‘Mi General, acaba de llegar este mensaje de este teléfono’. La señora le dijo: ‘Mire, yo soy la mujer de Antonio López (alias ‘Job’) y necesito dar una información’. Y colgó. Sería muy bueno, si es verdad que es la señora de Antonio López (alias ‘Job’) y que tiene una información que dar, que la dé. Aquí se la recibimos en la Presidencia o se la recibirán en el CTI o en la Corte Suprema (de Justicia). Es que nosotros tenemos responsabilidades de orden público”.
Sorprende que, como lo dijo públicamente el Presidente, cualquier persona llame directamente al teléfono del Jefe de Estado y mucho más la supuesta mujer de un delincuente. De otro lado, SEMANA habló con la segunda esposa de Antonio López, alias ‘Job’, con quien vivía desde hace más de tres años, y negó enfáticamente haber llamado a Uribe. ¿Quién llamó entonces al mandatario a ofrecer información?
Fugitivos en la Casa de Nariño
Presidente Uribe: “Es de anotar que la Presidencia de la República es muy cuidadosa. Es tan abierta para que la gente entre, como cuidadosa para cuando vayan a entrar personas que tengan orden de captura, aquí se les capture. El general (Flavio Buitrago) nos estaba informando ahora cómo han sido capturadas más de 80 personas en los alrededores de la Presidencia y hay 14 casos de personas que han sido capturadas al entrar a la Presidencia, porque en el momento de entrar a la Presidencia ha aparecido que tienen orden de captura”.
No es usual que 14 prófugos de la justicia sean detenidos de visita en el Palacio de Nariño. Llama la atención que esos fugitivos consideraran la sede presidencial como un lugar que puedan visitar cuando son perseguidos por la justicia. Y queda un interrogante aun mayor: ¿con quién tenían cita estos criminales? En sus declaraciones, Uribe dijo que ‘Job’, quien según agencias del Estado seguía delinquiendo, no fue arrestado porque no tenía orden de captura. Pero si su nombre no fue registrado y chequeado por el sistema de seguridad de Palacio, ¿cómo sabían que no era buscado por las autoridades?
La filtración
Presidente Uribe: “¿Por qué no lo hizo? Porque el doctor Edmundo me dijo lo siguiente: Que encontraba esa información irrelevante. Entonces, qué íbamos nosotros a hacer una denuncia, si no encontrábamos una información importante.
Él es jurista. Tiene el criterio y la información para saber cuándo hay que remitir en denuncia una información y cuándo esa información no tiene esa importancia.
Porque las pruebas que trajeron, revisadas hasta ahora, no guardan proporción con la afirmación que ellos hicieron. Entonces, al gobierno no le parece responsable hacer un escándalo que afecte más las relaciones entre las instituciones, por una afirmación, cuando esa afirmación no tiene correspondencia con la prueba que han traído las personas que han hecho la afirmación.
Si, como lo dijo el Presidente, la información era “irrelevante”, y al gobierno no le parecía responsable “hacer un escándalo”, ¿cuál fue la intención hace dos meses de filtrar a un medio de comunicación transcripciones y las grabaciones? No menos curioso resulta el hecho de que, a pesar de que las grabaciones tienen pedazos inaudibles, las transcripciones hechas en el Palacio de Nariño tienen apartes que no están en los audios. Las transcripciones que Palacio filtró a la prensa tienen amplios fragmentos contra la Corte que no están en las grabaciones.
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Por qué renuncié”
Por qué renuncié”
Ramiro Marín, el superfiscal de la para-política, explica a SEMANA por qué se retiró de la Fiscalía después del fallo que ordenó la liberación del ex senador Mario Uribe.
Fecha: 08/30/2008 -1374
El viernes pasado a las 10 de la mañana, el coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia y encargado de la investigación del senador Mario Uribe Escobar presentó renuncia a su cargo. Como no se trata de un fiscal cualquiera, su renuncia abre un grueso cuestionamiento al riesgo que está corriendo la independencia de la justicia en el proceso de la para-política.
Ramiro Alonso Marín Vásquez es el hombre sobre el cual el fiscal general Mario Iguarán depositó algunas de las responsabilidades más delicadas de su cargo: es el coordinador de los 11 fiscales delegados ante la Corte, los que investigan a los congresistas de la para-política, es el encargado de proyectar las reasignaciones de procesos en todo el país y de decidir cuanta pena se descuenta por colaborar con la justicia.
Y renunció por un asunto de honor. A él le tocó la ‘papa caliente’ más complicada de la para-política. El caso del ex senador Mario Uribe, que ha sido la razón principal de la tormentosa pelea entre el presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema. Marín decidió, en abril pasado, que había pruebas suficientes para llevar a la cárcel al primo del primer mandatario. La defensa del ex congresista apeló la decisión y hace dos semanas el vicefiscal general, Guillermo Mendoza, revocó la medida tomada por el fiscal Marín y dejó en libertad a Mario Uribe.
Las dos cartas del fiscal Marín
Carta de renuncia del Fiscal Ramiro Marín al Fiscal General de la Nación
Carta del Fiscal Ramiro Marín a SEMANA sobre el caso de Mario Uribe
El ex senador Mario Uribe, primo del Presidente, fue detenido el 21 de abril por orden del fiscal Marín y liberado el 20 de agosto por orden del vicefiscal El vicefiscal Guillermo Mendoza (a la izquierda), encargado de la segunda instancia en los casos de para-política, ha sido protagonista de polémica en otras ocasiones. Como ocurrió con la preclusión al general Rito Alejo del Río que ha dejado blindado al uniformado frente a ciertas confesiones de paramilitares. A la derecha, el fiscal Mario Iguarán
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Marín es enfático en decir que no renuncia porque Mario Uribe haya sido dejado en libertad, sino porque en el proceso resultó lastimada la independencia judicial “y con ello mi honor personal, familiar y profesional”. Con gran dolor les reclama a los medios por dejarse manejar de sectores interesados y hacer eco de “altas fuentes de la Fiscalía” que lo acusaron de haber hecho una frágil investigación y de dejar la mesa servida para la revocatoria de la medida de detención.
Luego de 31 años dedicados a la Rama Judicial y de ser el maestro de muchos de los fiscales que hoy aplican el sistema acusatorio, este hombre, que nació hace 54 años en Segovia (Antioquia), lo único que pide es que se le respete su dignidad. Y con pruebas en la mano sustenta por qué ordenó la detención de Mario Uribe.
Aunque el fiscal general, Mario Iguarán, no le ha aceptado todavía la carta de renuncia, él dijo que está decidido a irse.
SEMANA: ¿Por qué renunció?
Ramiro Marín Vásquez: Yo renuncié porque se dijo que en el caso del senador Mario Uribe yo hice una investigación débil, de manera deliberada, para facilitar que en la decisión de segunda instancia él saliera libre. Esas afirmaciones fueron publicadas en SEMANA y en otros medios de comunicación, y como se citan fuentes de la Fiscalía, yo entiendo entonces que hay en la Fiscalía personas interesadas en manipular la información a los medios a costa del honor mío y a costa de la verdad de la investigación.
SEMANA: Pero no son los medios. La providencia del vicefiscal Mendoza Diago cuestiona su fallo diciendo, por ejemplo, que el testimonio de la ex congresista Eleonora Pineda no se debe analizar con base en “disquisiciones abstractas y subjetivas, mucho menos gratuitas”.
R.M.V.: ¡Qué paradoja! Yo puedo hacerle un ejercicio muy corto de por qué no es una disquisición abstracta. Eleonora Pineda dice que la reunión con Salvatore Mancuso y Mario Uribe fue después de las elecciones de Congreso de 2002. Mancuso, por el contrario, afirma sin ninguna duda –porque en otros puntos expresó una duda, pero en ese no– que la reunión para hacer el pacto electoral con Mario Uribe fue antes de esas elecciones. Mancuso dijo que había sido antes, porque Eleonora y Mario Uribe fueron a donde él para que avalara el acuerdo.
SEMANA: ¿Y a cuál de los dos se le cree?
R.M.V.: Yo voy a los resultados electorales, que no son manipulables por la palabra, y encuentro que en los cuatro municipios de Córdoba sobre los que se hizo el pacto (Montelíbano, Sahagún, Planeta Rica y Chinú), Mario Uribe había tenido poquísimos votos en 1998 y se disparó en 2002. Entonces sí parece que la reunión y el pacto fueron antes y no después, porque los resultados electorales así lo reflejan.
SEMANA: Eso es significativo. Pero ¿suficiente?
R.M.V.: Sigo avanzando. Resulta que Mancuso me había dicho, en su declaración, que a raíz de los acercamientos de Eleonora con Mario Uribe, Miguel de la Espriella (candidato político de la región) le reclamó por eso. Lo dice exactamente: “Miguelito se estaba enojando. Yo le dije: tranquilo que para todos hay, porque a él sólo le vamos a dar el 5 o el 10 por ciento de la votación en unos municipios”. Y voy y reviso los resultados electorales de Miguel de la Espriella, que no es un secreto que era el candidato declarado de las autodefensas en Córdoba, y encuentro que en aquellos cuatro municipios, en los que Mario Uribe aumentó su votación, casi en la misma proporción, no matemática, pero similar, bajó la votación de Miguel de la Espriella. Entonces, más allá de los testimonios, los resultados electorales ratifican lo dicho por Mancuso.
SEMANA: Ese aparte en el que Mancuso habla de Miguel de la Espriella no aparece en la providencia de segunda instancia ¿Será que había una intención de tapar algo?
R.M.V.: No, yo no soy capaz de hacer imputaciones tan infames como las que a mí me hicieron. Pero ¿cree usted que lo que yo hice es subjetivismo?
SEMANA: Pero la segunda instancia reclama que el comportamiento de la votación de Mario Uribe fue igual en los municipios de Córdoba y en todo el país, que fue floja en 1998, subió en 2002 y cayó en 2006, y eso explicaría que no fue por intervención de las autodefensas, sino la dinámica electoral ¿qué opina?
R.M.V.: Sólo puedo decirles que ojalá los razonamientos de la segunda instancia sean de mejor calidad epistemológica que los míos. Cómo explico yo ese fenómeno. Si del 98 a 2002 en esos municipios de Córdoba se nota un salto grande en las votaciones de Mario Uribe y en 2006 descienden al mismo nivel del 98. ¿Será que, como alegó la defensa, la votación se incrementó por contagio por su parentesco con el candidato favorito a la Presidencia de la República? Entonces ¿por qué en 2006 no ocurre el mismo fenómeno, cuando todavía son primos, era una de las cabezas visibles de los congresistas que apoyaban al Presidente y el Presidente sacó su votación disparada?
SEMANA: Mario Uribe de todas maneras admite que estuvo reunido con Mancuso y nunca lo denunció ¿eso lo pondría en tela de juicio?
R.M.V.: Mario Uribe admite que estuvo en una reunión a la cual le llevó Eleonora, pero él dice que fue engañado. Yo demuestro que no fue engañado.
SEMANA: Y así fuera engañado, no lo denunció...
R.M.V.: No. Al contrario, en lugar de denunciar, lo que hizo después de eso fue en 2006 acoger en su movimiento Colombia Democrática a Eleonora Pineda y a Rocío Arias.
SEMANA: ¿Usted se sintió presionado durante la investigación de Mario Uribe?
R.M.V.: No me sentí presionado.
SEMANA: ¿Sintió que era distinta esta investigación por ser el primo del Presidente?
R.M.V.: No la sentí distinta desde el punto de vista jurídico procesal. Pero como yo me muevo es en este ambiente y en Colombia, sé que es un tema difícil.
SEMANA: En sus 31 años en la rama judicial ¿es este el caso más difícil que ha tenido?
R.M.V.: No. Jurídicamente no es el caso más difícil.
SEMANA: ¿Y políticamente?
R.M.V.: Sí, era un tema muy sensible.
SEMANA: ¿Era claro para usted que el doctor Mario Uribe merecía la detención?
R.M.V.: Sí. Para mí eran claras las pruebas que existían para la medida de aseguramiento.
SEMANA: ¿Usted leyó el fallo de segunda instancia?
R.M.V.: Antes de recibir la resolución de segunda instancia, me pusieron en la picota diciendo que yo había dejado frágil la investigación para que se facilitara la tarea del Vicefiscal, para que él no tuviera más que hacer sino revocar. Pero yo le digo una cosa: mi providencia no era débil. La prueba tampoco. Quien debilitó la prueba fue el vicefiscal con sus juicios de valor.
SEMANA: ¿Como por ejemplo?
R.M.V.: Lo que estábamos hablando de Eleonora. Para él, según me dice, el testimonio de Eleonora lo examiné con subjetivismos o de pronto muy superficialmente o con juicios abstractos. Lo abstracto son esas palabras que son componentes autoritarias del lenguaje. No lo que yo hice.
SEMANA: Esta Fiscalía ha descollado por sacar de la impunidad casos históricos como el de Luis Carlos Galán y el del Palacio de Justicia, pero en la para-política, por lo menos en términos de resultados, ha sido al contrario. Los congresistas terminan en preclusión o en el juicio también es difícil condenarlos. ¿Usted cree que vía judicial se está dando amnistía a los para-políticos?
R.M.V.: Yo aspiro a que con los casos que faltan, que son muchos, la Fiscalía le cumpla al país. No he visto un propósito de fallar en un sentido específico y aspiro a que no se cumpla esa lapidaria sentencia de que es mejor estar en las manos de la Fiscalía que en las de la Corte Suprema.
SEMANA: Pero los congresistas cada día están renunciando más. Ya van 21. La semana pasada fueron dos y la anterior otros dos. De los ocho casos que se han resuelto vía Fiscalía hay cuatro condenados pero porque se declararon culpables. Los otros tres fueron liberados y el otro es el caso Mario Uribe, a quien le revocaron la detención. ¿La Fiscalía está absolviendo?
R.M.V.: Yo creo que hay que darle la oportunidad a la Fiscalía.
SEMANA: Usted que fue el fiscal encargado de investigar uno de los casos más emblemáticos de la para-política, sólo contó con un investigador de apoyo y no tiene protección. ¿Le parece suficiente apoyo?
R.M.V.: Tuve una investigadora muy competente, leal y profesional. Inicialmente eran dos, al final sólo quedó una, que se fue porque la ascendieron a Justicia y Paz.
SEMANA: O sea que el caso Mario Uribe quedó sin investigadores. Y a la que ascendieron, según tengo entendido, renunció...
R.M.V.: Renunció a la Fiscalía el jueves pasado a raíz de la manera injusta y oprobiosa cómo se nos ha tratado a partir de la decisión de la segunda instancia.
SEMANA: En la Corte Suprema son 23 magistrados que respaldan un caso. Acá le tocó a usted acompañado de su investigador... le repito: ¿cree que contó con el apoyo necesario?
R.M.V.: Ahí hay una paradoja. El CTI es de la Fiscalía y le presta apoyo a la Corte para investigar. Entonces uno pensaría que acá no deberíamos tener problemas en materia de investigadores. Lo único que puedo decirle sobre ese tema es que me preocupa que la independencia y la autonomía del funcionario judicial, sea magistrado o fiscal, no vaya a seguir en una pendiente resbaladiza porque ese es un problema grave para el país. La rama judicial es el sustento del Estado de derecho.
SEMANA: ¿A qué se refiere con “pendiente resbaladiza”?
R.M.V.: A todos los inconvenientes que se han dado para el ejercicio de la función. No sólo en la Corte, sino también en la Fiscalía. Lo más sensato es que facilitemos la tarea de la administración de justicia y que de este proceso no vaya a salir sacrificada la independencia judicial, porque eso sí es grave para el país.
SEMANA: ¿En el caso de Mario Uribe estuvo en riesgo la independencia judicial?
R.M.V.: Yo hice la investigación y tomé la decisión. Hasta ahí no hubo ningún problema. Pero cuando a raíz de una decisión contraria a los intereses del doctor Mario Uribe y con motivo de una apelación se trata de desprestigiar y de acabar moralmente al funcionario de primera instancia que tendría que seguir con la investigación, eso es atacar la independencia y la autonomía judicial. Y hay distintas maneras de hacer eso, unas más abiertas y otras más sutiles.
SEMANA: En una carta a SEMANA usted asegura que después de su providencia del 21 de abril se ha acopiado otra cantidad de pruebas “con mucha dificultad”. ¿En qué ha consistido esa dificultad?
R.M.V.: Me refiero a que es muy difícil acopiar pruebas para un fiscal ante la Corte que se desplaza con su fiel asistente a Córdoba y a municipios de Antioquia donde el peligro no es imaginación sino una realidad, o para una investigadora judicial que solitaria se desplaza a Córdoba para buscar documentos, viajando de incógnita en trasporte público como una medida de protección. Y es más difícil cuando la gente teme hablar, cuando el testigo teme llegar...
SEMANA: ¿En lo que han acopiado después de la medida de aseguramiento se ratifica o se desmiente que Mario Uribe hizo acuerdos con los paras?
R.M.V.: Eso sería valorar anticipadamente la prueba y no puedo hacerlo. Puedo decirle que se ha acopiado un importante material probatorio. No estamos frente a una investigación raquítica. Acá no estábamos quietos para facilitar la impunidad.
SEMANA: ¿Qué investigación recibió y qué investigación entrega?
R.M.V.: La investigación llegó de la Corte con dos cuadernos originales, tres discos compactos y dos anexos. Y entrego una investigación con 10 cuadernos originales, 25 anexos y ocho discos compactos con 26 horas de grabación de testigos. Si fuéramos a hacerle el favor a Mario Uribe, ¿usted cree que haríamos esta bobería?
SEMANA: Cuando se levante la reserva sumarial y el país lo conozca todo, ¿qué cree que se pensará?
R.M.V.: No sé cuándo será eso, pero para mí será tranquilizador. El país de pronto se puede llevar una sorpresa. La historia me entregará la satisfacción de que las cosas no eran como se quiso presentarlas. Me contento con ese dictamen tardío de la historia, así ahora esté padeciendo por las manifestaciones tan tendenciosas de las fuentes.
SEMANA: Varios analistas consideran que la para-política está herida de muerte.
R.M.V.: No está muerta, pero está amenazada. Si las cosas siguen como van, salvo que serenemos los espíritus, la independencia judicial va a salir muy lastimada.
SEMANA: Usted fue juez superior en Medellín, magistrado auxiliar de la Corte Suprema y ahora coordinador de los fiscales delegados ante la Corte. ¿Qué balance hace de sus 31 años en la justicia?
R.M.V.: Me queda una satisfacción enorme. Y una nostalgia de que en este último año como fiscal ante la Corte curiosamente comenzaron a atacarme cuando me toca el caso Mario Uribe. Nunca antes me había tocado. El problema es la forma, da la impresión de que por todos lados me están siguiendo a ver qué debilidades me encuentran. Tengo muchas como ser humano. Creo que desistieron de buscar delitos, corrupción y esas cosas porque nada me van a encontrar. Pero buscaron mucho. Me parece muy sintomático que este año una fiscal me haya denunciado que porque yo traté de presionarla. Nunca me había pasado eso. Nunca he presionado a nadie. Siento que cumplí mi deber.
SEMANA: ¿Le da tristeza pensar que de pronto esta investigación vaya a la impunidad por su retiro?
R.M.V.: No, yo tengo la esperanza de que el fiscal general le pondrá atención a esa investigación para que llegue a feliz término, cualquiera sea el sentido de la calificación.
SEMANA: ¿Qué ha sido lo más grato en estos 31 años para usted?
R.M.V.: Lo más grato es que nada me fue fácil. A mí me gustan los retos. Prefiero los casos difíciles sobre los fáciles. Lo más grato es que a pesar de mi origen, llegué a ser fiscal delegado ante la Corte Suprema y jefe de esta unidad de 11 fiscales.
SEMANA: Usted pensaba retirarse dentro de un año, ¿la situación no da para esperar ese tiempo?
R.M.V.: No, no da.
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Ramiro Marín, el superfiscal de la para-política, explica a SEMANA por qué se retiró de la Fiscalía después del fallo que ordenó la liberación del ex senador Mario Uribe.
Fecha: 08/30/2008 -1374
El viernes pasado a las 10 de la mañana, el coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia y encargado de la investigación del senador Mario Uribe Escobar presentó renuncia a su cargo. Como no se trata de un fiscal cualquiera, su renuncia abre un grueso cuestionamiento al riesgo que está corriendo la independencia de la justicia en el proceso de la para-política.
Ramiro Alonso Marín Vásquez es el hombre sobre el cual el fiscal general Mario Iguarán depositó algunas de las responsabilidades más delicadas de su cargo: es el coordinador de los 11 fiscales delegados ante la Corte, los que investigan a los congresistas de la para-política, es el encargado de proyectar las reasignaciones de procesos en todo el país y de decidir cuanta pena se descuenta por colaborar con la justicia.
Y renunció por un asunto de honor. A él le tocó la ‘papa caliente’ más complicada de la para-política. El caso del ex senador Mario Uribe, que ha sido la razón principal de la tormentosa pelea entre el presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema. Marín decidió, en abril pasado, que había pruebas suficientes para llevar a la cárcel al primo del primer mandatario. La defensa del ex congresista apeló la decisión y hace dos semanas el vicefiscal general, Guillermo Mendoza, revocó la medida tomada por el fiscal Marín y dejó en libertad a Mario Uribe.
Las dos cartas del fiscal Marín
Carta de renuncia del Fiscal Ramiro Marín al Fiscal General de la Nación
Carta del Fiscal Ramiro Marín a SEMANA sobre el caso de Mario Uribe
El ex senador Mario Uribe, primo del Presidente, fue detenido el 21 de abril por orden del fiscal Marín y liberado el 20 de agosto por orden del vicefiscal El vicefiscal Guillermo Mendoza (a la izquierda), encargado de la segunda instancia en los casos de para-política, ha sido protagonista de polémica en otras ocasiones. Como ocurrió con la preclusión al general Rito Alejo del Río que ha dejado blindado al uniformado frente a ciertas confesiones de paramilitares. A la derecha, el fiscal Mario Iguarán
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Marín es enfático en decir que no renuncia porque Mario Uribe haya sido dejado en libertad, sino porque en el proceso resultó lastimada la independencia judicial “y con ello mi honor personal, familiar y profesional”. Con gran dolor les reclama a los medios por dejarse manejar de sectores interesados y hacer eco de “altas fuentes de la Fiscalía” que lo acusaron de haber hecho una frágil investigación y de dejar la mesa servida para la revocatoria de la medida de detención.
Luego de 31 años dedicados a la Rama Judicial y de ser el maestro de muchos de los fiscales que hoy aplican el sistema acusatorio, este hombre, que nació hace 54 años en Segovia (Antioquia), lo único que pide es que se le respete su dignidad. Y con pruebas en la mano sustenta por qué ordenó la detención de Mario Uribe.
Aunque el fiscal general, Mario Iguarán, no le ha aceptado todavía la carta de renuncia, él dijo que está decidido a irse.
SEMANA: ¿Por qué renunció?
Ramiro Marín Vásquez: Yo renuncié porque se dijo que en el caso del senador Mario Uribe yo hice una investigación débil, de manera deliberada, para facilitar que en la decisión de segunda instancia él saliera libre. Esas afirmaciones fueron publicadas en SEMANA y en otros medios de comunicación, y como se citan fuentes de la Fiscalía, yo entiendo entonces que hay en la Fiscalía personas interesadas en manipular la información a los medios a costa del honor mío y a costa de la verdad de la investigación.
SEMANA: Pero no son los medios. La providencia del vicefiscal Mendoza Diago cuestiona su fallo diciendo, por ejemplo, que el testimonio de la ex congresista Eleonora Pineda no se debe analizar con base en “disquisiciones abstractas y subjetivas, mucho menos gratuitas”.
R.M.V.: ¡Qué paradoja! Yo puedo hacerle un ejercicio muy corto de por qué no es una disquisición abstracta. Eleonora Pineda dice que la reunión con Salvatore Mancuso y Mario Uribe fue después de las elecciones de Congreso de 2002. Mancuso, por el contrario, afirma sin ninguna duda –porque en otros puntos expresó una duda, pero en ese no– que la reunión para hacer el pacto electoral con Mario Uribe fue antes de esas elecciones. Mancuso dijo que había sido antes, porque Eleonora y Mario Uribe fueron a donde él para que avalara el acuerdo.
SEMANA: ¿Y a cuál de los dos se le cree?
R.M.V.: Yo voy a los resultados electorales, que no son manipulables por la palabra, y encuentro que en los cuatro municipios de Córdoba sobre los que se hizo el pacto (Montelíbano, Sahagún, Planeta Rica y Chinú), Mario Uribe había tenido poquísimos votos en 1998 y se disparó en 2002. Entonces sí parece que la reunión y el pacto fueron antes y no después, porque los resultados electorales así lo reflejan.
SEMANA: Eso es significativo. Pero ¿suficiente?
R.M.V.: Sigo avanzando. Resulta que Mancuso me había dicho, en su declaración, que a raíz de los acercamientos de Eleonora con Mario Uribe, Miguel de la Espriella (candidato político de la región) le reclamó por eso. Lo dice exactamente: “Miguelito se estaba enojando. Yo le dije: tranquilo que para todos hay, porque a él sólo le vamos a dar el 5 o el 10 por ciento de la votación en unos municipios”. Y voy y reviso los resultados electorales de Miguel de la Espriella, que no es un secreto que era el candidato declarado de las autodefensas en Córdoba, y encuentro que en aquellos cuatro municipios, en los que Mario Uribe aumentó su votación, casi en la misma proporción, no matemática, pero similar, bajó la votación de Miguel de la Espriella. Entonces, más allá de los testimonios, los resultados electorales ratifican lo dicho por Mancuso.
SEMANA: Ese aparte en el que Mancuso habla de Miguel de la Espriella no aparece en la providencia de segunda instancia ¿Será que había una intención de tapar algo?
R.M.V.: No, yo no soy capaz de hacer imputaciones tan infames como las que a mí me hicieron. Pero ¿cree usted que lo que yo hice es subjetivismo?
SEMANA: Pero la segunda instancia reclama que el comportamiento de la votación de Mario Uribe fue igual en los municipios de Córdoba y en todo el país, que fue floja en 1998, subió en 2002 y cayó en 2006, y eso explicaría que no fue por intervención de las autodefensas, sino la dinámica electoral ¿qué opina?
R.M.V.: Sólo puedo decirles que ojalá los razonamientos de la segunda instancia sean de mejor calidad epistemológica que los míos. Cómo explico yo ese fenómeno. Si del 98 a 2002 en esos municipios de Córdoba se nota un salto grande en las votaciones de Mario Uribe y en 2006 descienden al mismo nivel del 98. ¿Será que, como alegó la defensa, la votación se incrementó por contagio por su parentesco con el candidato favorito a la Presidencia de la República? Entonces ¿por qué en 2006 no ocurre el mismo fenómeno, cuando todavía son primos, era una de las cabezas visibles de los congresistas que apoyaban al Presidente y el Presidente sacó su votación disparada?
SEMANA: Mario Uribe de todas maneras admite que estuvo reunido con Mancuso y nunca lo denunció ¿eso lo pondría en tela de juicio?
R.M.V.: Mario Uribe admite que estuvo en una reunión a la cual le llevó Eleonora, pero él dice que fue engañado. Yo demuestro que no fue engañado.
SEMANA: Y así fuera engañado, no lo denunció...
R.M.V.: No. Al contrario, en lugar de denunciar, lo que hizo después de eso fue en 2006 acoger en su movimiento Colombia Democrática a Eleonora Pineda y a Rocío Arias.
SEMANA: ¿Usted se sintió presionado durante la investigación de Mario Uribe?
R.M.V.: No me sentí presionado.
SEMANA: ¿Sintió que era distinta esta investigación por ser el primo del Presidente?
R.M.V.: No la sentí distinta desde el punto de vista jurídico procesal. Pero como yo me muevo es en este ambiente y en Colombia, sé que es un tema difícil.
SEMANA: En sus 31 años en la rama judicial ¿es este el caso más difícil que ha tenido?
R.M.V.: No. Jurídicamente no es el caso más difícil.
SEMANA: ¿Y políticamente?
R.M.V.: Sí, era un tema muy sensible.
SEMANA: ¿Era claro para usted que el doctor Mario Uribe merecía la detención?
R.M.V.: Sí. Para mí eran claras las pruebas que existían para la medida de aseguramiento.
SEMANA: ¿Usted leyó el fallo de segunda instancia?
R.M.V.: Antes de recibir la resolución de segunda instancia, me pusieron en la picota diciendo que yo había dejado frágil la investigación para que se facilitara la tarea del Vicefiscal, para que él no tuviera más que hacer sino revocar. Pero yo le digo una cosa: mi providencia no era débil. La prueba tampoco. Quien debilitó la prueba fue el vicefiscal con sus juicios de valor.
SEMANA: ¿Como por ejemplo?
R.M.V.: Lo que estábamos hablando de Eleonora. Para él, según me dice, el testimonio de Eleonora lo examiné con subjetivismos o de pronto muy superficialmente o con juicios abstractos. Lo abstracto son esas palabras que son componentes autoritarias del lenguaje. No lo que yo hice.
SEMANA: Esta Fiscalía ha descollado por sacar de la impunidad casos históricos como el de Luis Carlos Galán y el del Palacio de Justicia, pero en la para-política, por lo menos en términos de resultados, ha sido al contrario. Los congresistas terminan en preclusión o en el juicio también es difícil condenarlos. ¿Usted cree que vía judicial se está dando amnistía a los para-políticos?
R.M.V.: Yo aspiro a que con los casos que faltan, que son muchos, la Fiscalía le cumpla al país. No he visto un propósito de fallar en un sentido específico y aspiro a que no se cumpla esa lapidaria sentencia de que es mejor estar en las manos de la Fiscalía que en las de la Corte Suprema.
SEMANA: Pero los congresistas cada día están renunciando más. Ya van 21. La semana pasada fueron dos y la anterior otros dos. De los ocho casos que se han resuelto vía Fiscalía hay cuatro condenados pero porque se declararon culpables. Los otros tres fueron liberados y el otro es el caso Mario Uribe, a quien le revocaron la detención. ¿La Fiscalía está absolviendo?
R.M.V.: Yo creo que hay que darle la oportunidad a la Fiscalía.
SEMANA: Usted que fue el fiscal encargado de investigar uno de los casos más emblemáticos de la para-política, sólo contó con un investigador de apoyo y no tiene protección. ¿Le parece suficiente apoyo?
R.M.V.: Tuve una investigadora muy competente, leal y profesional. Inicialmente eran dos, al final sólo quedó una, que se fue porque la ascendieron a Justicia y Paz.
SEMANA: O sea que el caso Mario Uribe quedó sin investigadores. Y a la que ascendieron, según tengo entendido, renunció...
R.M.V.: Renunció a la Fiscalía el jueves pasado a raíz de la manera injusta y oprobiosa cómo se nos ha tratado a partir de la decisión de la segunda instancia.
SEMANA: En la Corte Suprema son 23 magistrados que respaldan un caso. Acá le tocó a usted acompañado de su investigador... le repito: ¿cree que contó con el apoyo necesario?
R.M.V.: Ahí hay una paradoja. El CTI es de la Fiscalía y le presta apoyo a la Corte para investigar. Entonces uno pensaría que acá no deberíamos tener problemas en materia de investigadores. Lo único que puedo decirle sobre ese tema es que me preocupa que la independencia y la autonomía del funcionario judicial, sea magistrado o fiscal, no vaya a seguir en una pendiente resbaladiza porque ese es un problema grave para el país. La rama judicial es el sustento del Estado de derecho.
SEMANA: ¿A qué se refiere con “pendiente resbaladiza”?
R.M.V.: A todos los inconvenientes que se han dado para el ejercicio de la función. No sólo en la Corte, sino también en la Fiscalía. Lo más sensato es que facilitemos la tarea de la administración de justicia y que de este proceso no vaya a salir sacrificada la independencia judicial, porque eso sí es grave para el país.
SEMANA: ¿En el caso de Mario Uribe estuvo en riesgo la independencia judicial?
R.M.V.: Yo hice la investigación y tomé la decisión. Hasta ahí no hubo ningún problema. Pero cuando a raíz de una decisión contraria a los intereses del doctor Mario Uribe y con motivo de una apelación se trata de desprestigiar y de acabar moralmente al funcionario de primera instancia que tendría que seguir con la investigación, eso es atacar la independencia y la autonomía judicial. Y hay distintas maneras de hacer eso, unas más abiertas y otras más sutiles.
SEMANA: En una carta a SEMANA usted asegura que después de su providencia del 21 de abril se ha acopiado otra cantidad de pruebas “con mucha dificultad”. ¿En qué ha consistido esa dificultad?
R.M.V.: Me refiero a que es muy difícil acopiar pruebas para un fiscal ante la Corte que se desplaza con su fiel asistente a Córdoba y a municipios de Antioquia donde el peligro no es imaginación sino una realidad, o para una investigadora judicial que solitaria se desplaza a Córdoba para buscar documentos, viajando de incógnita en trasporte público como una medida de protección. Y es más difícil cuando la gente teme hablar, cuando el testigo teme llegar...
SEMANA: ¿En lo que han acopiado después de la medida de aseguramiento se ratifica o se desmiente que Mario Uribe hizo acuerdos con los paras?
R.M.V.: Eso sería valorar anticipadamente la prueba y no puedo hacerlo. Puedo decirle que se ha acopiado un importante material probatorio. No estamos frente a una investigación raquítica. Acá no estábamos quietos para facilitar la impunidad.
SEMANA: ¿Qué investigación recibió y qué investigación entrega?
R.M.V.: La investigación llegó de la Corte con dos cuadernos originales, tres discos compactos y dos anexos. Y entrego una investigación con 10 cuadernos originales, 25 anexos y ocho discos compactos con 26 horas de grabación de testigos. Si fuéramos a hacerle el favor a Mario Uribe, ¿usted cree que haríamos esta bobería?
SEMANA: Cuando se levante la reserva sumarial y el país lo conozca todo, ¿qué cree que se pensará?
R.M.V.: No sé cuándo será eso, pero para mí será tranquilizador. El país de pronto se puede llevar una sorpresa. La historia me entregará la satisfacción de que las cosas no eran como se quiso presentarlas. Me contento con ese dictamen tardío de la historia, así ahora esté padeciendo por las manifestaciones tan tendenciosas de las fuentes.
SEMANA: Varios analistas consideran que la para-política está herida de muerte.
R.M.V.: No está muerta, pero está amenazada. Si las cosas siguen como van, salvo que serenemos los espíritus, la independencia judicial va a salir muy lastimada.
SEMANA: Usted fue juez superior en Medellín, magistrado auxiliar de la Corte Suprema y ahora coordinador de los fiscales delegados ante la Corte. ¿Qué balance hace de sus 31 años en la justicia?
R.M.V.: Me queda una satisfacción enorme. Y una nostalgia de que en este último año como fiscal ante la Corte curiosamente comenzaron a atacarme cuando me toca el caso Mario Uribe. Nunca antes me había tocado. El problema es la forma, da la impresión de que por todos lados me están siguiendo a ver qué debilidades me encuentran. Tengo muchas como ser humano. Creo que desistieron de buscar delitos, corrupción y esas cosas porque nada me van a encontrar. Pero buscaron mucho. Me parece muy sintomático que este año una fiscal me haya denunciado que porque yo traté de presionarla. Nunca me había pasado eso. Nunca he presionado a nadie. Siento que cumplí mi deber.
SEMANA: ¿Le da tristeza pensar que de pronto esta investigación vaya a la impunidad por su retiro?
R.M.V.: No, yo tengo la esperanza de que el fiscal general le pondrá atención a esa investigación para que llegue a feliz término, cualquiera sea el sentido de la calificación.
SEMANA: ¿Qué ha sido lo más grato en estos 31 años para usted?
R.M.V.: Lo más grato es que nada me fue fácil. A mí me gustan los retos. Prefiero los casos difíciles sobre los fáciles. Lo más grato es que a pesar de mi origen, llegué a ser fiscal delegado ante la Corte Suprema y jefe de esta unidad de 11 fiscales.
SEMANA: Usted pensaba retirarse dentro de un año, ¿la situación no da para esperar ese tiempo?
R.M.V.: No, no da.
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sábado, 30 de agosto de 2008
Corte Suprema pide investigar encuentros de emisarios 'paras' con secretarios de Presidente
Foto: Archivo
Reunión de la Corte Suprema de Justicia.
La denuncia ante la Fiscalía y la Procuraduría la hizo Francisco Ricaurte, presidente de la Corte, contra el jefe de prensa, César Mauricio Velásquez, y el Secretario Jurídico, Edmundo del Castillo.
La denuncia está sustentada en las publicaciones periodísticas aparecidas el pasado fin de semana que revelaron las reuniones que sostuvieron con el abogado de 'Don Berna', Diego Álvarez, y el desmovilizado paramiliar Antonio López, alias 'Job'.
En las cartas enviadas al fiscal Mario Iguarán y al procurador Edgardo Maya, el magistrado Ricaurte destacó el nombre de otro abogado, Henry Anaya, quien según las publicaciones, habría actuado en nombre de la Corte Suprema.
Texto de la carta al Procurador
Bogotá, D.C, 25 de agosto de 2008
Doctor
EDGARDO MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación
Ciudad
En mi calida de presidente de la Corte Suprema de Justicia y en cumplimiento del deber que impone el artículo 70 de la Ley 743 de 2002, "por la cual se expide el Código Único Disciplinario", comedidamente remito para su conocimiento y fines que estime que estime pertinentes, el trabajo periodístico publicado en la edición No. 1373 -agosto 25 a septiembre 1º de 2008-, páginas 36 a 42, de la revista Semana, titulado "El complot de los paras" y con un subtítulo que es del siguiente tenor:
En medio de la guerra contra la Corte Suprema de Justicia, el círculo íntimo del Presidente llegó al extremo de conversar en secreto con los hombres del ex jefe paramilitar 'Don Berna'".
En uno de los apartes del artículo, se expresa:
"El jefe de prensa de Palacio, César Mauricio Velásquez (izquierda), y el secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, reconocieron haberse reunido con los paramilitares. Del Castillo justificó los encuentros con el argumento de que los desmovilizados decían tener información clave sobre una supuesta conspiración de la Corte Suprema contra el Gobierno".
En la información publicada se da a conocer a la opinión pública que un abogado de nombre Henry Anaya, haciéndose pasar por funcionario de la Corte Suprema de Justicia solicitó la suma de 15 mil dólares al defensor de alias "Don Berna" a cambio de beneficios para éste.
En la publicación periodística se cuestiona, entre otras cosas, que los funcionarios de la Presidencia de la República hubiesen ocultado tales hechos en lugar de haber efectuado las denuncias pertinentes cuando era oportuno.
Atentamente,
FRANCISCO JAVIER RICAURTE
Presidente
Texto de la carta al Fiscal
Bogotá, D.C, 25 de agosto de 2008
Doctor
MARIO GERMÁN IGUARÁN ARANA
Fiscal General de la Nación
En mi calida de presidente de la Corte Suprema de Justicia y en cumplimiento del deber que impone el artículo 70 de la Ley 743 de 2002, "por la cual se expide el Código Único Disciplinario", comedidamente remito para su conocimiento y fines que estime que estime pertinentes, el trabajo periodístico publicado en la edición No. 1373 -agosto 25 a septiembre 1º de 2008-, páginas 36 a 42, de la revista Semana, titulado "El complot de los paras" y con un subtítulo que es del siguiente tenor:
En medio de la guerra contra la Corte Suprema de Justicia, el círculo íntimo del Presidente llegó al extremo de conversar en secreto con los hombres del ex jefe paramilitar 'Don Berna'".
En uno de los apartes del artículo, se expresa:
"El jefe de prensa de Palacio, César Mauricio Velásquez (izquierda), y el secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, reconocieron haberse reunido con los paramilitares. Del Castillo justificó los encuentros con el argumento de que los desmovilizados decían tener información clave sobre una supuesta conspiración de la Corte Suprema contra el Gobierno".
En la información publicada se da a conocer a la opinión pública que un abogado de nombre Henry Anaya, haciéndose pasar por funcionario de la Corte Suprema de Justicia solicitó la suma de 15 mil dólares al defensor de alias "Don Berna" a cambio de beneficios para éste.
En la publicación periodística se cuestiona, entre otras cosas, que los funcionarios de la Presidencia de la República hubiesen ocultado tales hechos en lugar de haber efectuado las denuncias pertinentes cuando era oportuno.
Atentamente,
FRANCISCO JAVIER RICAURTE
Presidente
Corte Suprema de Justicia
wwweltiempo.com
Foto: Archivo
Reunión de la Corte Suprema de Justicia.
La denuncia ante la Fiscalía y la Procuraduría la hizo Francisco Ricaurte, presidente de la Corte, contra el jefe de prensa, César Mauricio Velásquez, y el Secretario Jurídico, Edmundo del Castillo.
La denuncia está sustentada en las publicaciones periodísticas aparecidas el pasado fin de semana que revelaron las reuniones que sostuvieron con el abogado de 'Don Berna', Diego Álvarez, y el desmovilizado paramiliar Antonio López, alias 'Job'.
En las cartas enviadas al fiscal Mario Iguarán y al procurador Edgardo Maya, el magistrado Ricaurte destacó el nombre de otro abogado, Henry Anaya, quien según las publicaciones, habría actuado en nombre de la Corte Suprema.
Texto de la carta al Procurador
Bogotá, D.C, 25 de agosto de 2008
Doctor
EDGARDO MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación
Ciudad
En mi calida de presidente de la Corte Suprema de Justicia y en cumplimiento del deber que impone el artículo 70 de la Ley 743 de 2002, "por la cual se expide el Código Único Disciplinario", comedidamente remito para su conocimiento y fines que estime que estime pertinentes, el trabajo periodístico publicado en la edición No. 1373 -agosto 25 a septiembre 1º de 2008-, páginas 36 a 42, de la revista Semana, titulado "El complot de los paras" y con un subtítulo que es del siguiente tenor:
En medio de la guerra contra la Corte Suprema de Justicia, el círculo íntimo del Presidente llegó al extremo de conversar en secreto con los hombres del ex jefe paramilitar 'Don Berna'".
En uno de los apartes del artículo, se expresa:
"El jefe de prensa de Palacio, César Mauricio Velásquez (izquierda), y el secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, reconocieron haberse reunido con los paramilitares. Del Castillo justificó los encuentros con el argumento de que los desmovilizados decían tener información clave sobre una supuesta conspiración de la Corte Suprema contra el Gobierno".
En la información publicada se da a conocer a la opinión pública que un abogado de nombre Henry Anaya, haciéndose pasar por funcionario de la Corte Suprema de Justicia solicitó la suma de 15 mil dólares al defensor de alias "Don Berna" a cambio de beneficios para éste.
En la publicación periodística se cuestiona, entre otras cosas, que los funcionarios de la Presidencia de la República hubiesen ocultado tales hechos en lugar de haber efectuado las denuncias pertinentes cuando era oportuno.
Atentamente,
FRANCISCO JAVIER RICAURTE
Presidente
Texto de la carta al Fiscal
Bogotá, D.C, 25 de agosto de 2008
Doctor
MARIO GERMÁN IGUARÁN ARANA
Fiscal General de la Nación
En mi calida de presidente de la Corte Suprema de Justicia y en cumplimiento del deber que impone el artículo 70 de la Ley 743 de 2002, "por la cual se expide el Código Único Disciplinario", comedidamente remito para su conocimiento y fines que estime que estime pertinentes, el trabajo periodístico publicado en la edición No. 1373 -agosto 25 a septiembre 1º de 2008-, páginas 36 a 42, de la revista Semana, titulado "El complot de los paras" y con un subtítulo que es del siguiente tenor:
En medio de la guerra contra la Corte Suprema de Justicia, el círculo íntimo del Presidente llegó al extremo de conversar en secreto con los hombres del ex jefe paramilitar 'Don Berna'".
En uno de los apartes del artículo, se expresa:
"El jefe de prensa de Palacio, César Mauricio Velásquez (izquierda), y el secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, reconocieron haberse reunido con los paramilitares. Del Castillo justificó los encuentros con el argumento de que los desmovilizados decían tener información clave sobre una supuesta conspiración de la Corte Suprema contra el Gobierno".
En la información publicada se da a conocer a la opinión pública que un abogado de nombre Henry Anaya, haciéndose pasar por funcionario de la Corte Suprema de Justicia solicitó la suma de 15 mil dólares al defensor de alias "Don Berna" a cambio de beneficios para éste.
En la publicación periodística se cuestiona, entre otras cosas, que los funcionarios de la Presidencia de la República hubiesen ocultado tales hechos en lugar de haber efectuado las denuncias pertinentes cuando era oportuno.
Atentamente,
FRANCISCO JAVIER RICAURTE
Presidente
Corte Suprema de Justicia
wwweltiempo.com
Uribe se enfrenta a la Corte Suprema
Hernando Salazar
Bogotá
Nuevamente la parapolítica, la investigación de nexos entre dirigentes políticos y bandas paramilitares de derecha, enfrenta al presidente colombiano, Álvaro Uribe, y a la Corte Suprema de Justicia.
Se trata de una confrontación que para algunos analistas consultados por BBC Mundo, como Pedro Medellín, es una muestra de "la profundización de las diferencias entre el gobierno y la Corte".
Después de que tres de los 32 congresistas y ex congresistas que estaban detenidos recuperaran su libertad, Uribe dijo este lunes que existe "tráfico de testigos" para implicarle a él en el escándalo, donde buena parte de los investigados son seguidores suyos.
Poco antes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte, había denunciado la existencia de un "complot" para atacar al tribunal, en el que, según él, estarían involucrados funcionarios de la presidencia de la República.
Ricaurte no descartó, incluso, exponerle la situación al fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, quien se encuentra en Bogotá.
Además de los congresistas y ex congresistas detenidos, otros 38 están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía por su supuesta vinculación con los paramilitares.
El Fiscal General, Mario Iguarán, reveló este lunes que su organismo ha pedido investigar a 155 congresistas y ex congresistas por nexos con paramilitares, así como a 76 miembros de Fuerza Pública y a 35 funcionarios del estado.
Un video
El enfrentamiento entre Uribe y la Corte surgió después de que Noticias 1, un informativo de televisión, revelara que hubo tres reuniones "secretas" en la Casa de Nariño, sede de la Presidencia, entre emisarios de paramilitares y los secretarios Jurídico y de Prensa de Uribe.
La última de las citas tuvo lugar a finales de abril pasado.
En esas reuniones se mostró un video de un hombre que se hizo pasar como intermediario de la Corte Suprema de Justicia y que habría exigido dinero al abogado de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna.
Don Berna es uno de los principales jefes paramilitares del país y fue extraditado en mayo pasado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
Uno de los dos emisarios de Don Berna es un hombre que fue asesinado hace tres semanas. Se trata de Antonio López, un paramilitar desmovilizado que ha sido señalado por tener nexos con una temida organización de sicarios de Medellín.
Muy molesto con el episodio del video, Uribe convocó una rueda de prensa extraordinaria, en la que dijo insistentemente que la justicia tiene que investigar la supuesta manipulación de testigos, con los que se pretende relacionarle con los paramilitares.
El presidente dijo que él recibe casi todos los días a personas que le llevan información y que el episodio no había salido a la luz pública, porque no se encontraron pruebas sólidas en contra de la Corte.
Aunque el supuesto intermediario no es funcionario de la Corte, Uribe dijo que la policía secreta descubrió que sí solía ir a la sede del tribunal.
Ataques a la Corte
Uribe también atacó a Iván Velásquez, el magistrado estrella de la investigación en la Corte Suprema, y lo acusó de haber bebido licor en compañía de testigos del proceso judicial.
Cuando le preguntaron a Uribe por las quejas de la Corte por presiones en la investigación sobre la parapolítica, dijo que él también podría denunciar a los magistrados por no haber hecho "nada" respecto a ese tema antes de 2002.
"¿Van a denunciar al gobierno que puso en marcha la seguridad democrática, al gobierno que ha desmontado el paramilitarismo, al gobierno que ha creado las condiciones para que la justicia opere?", se preguntó.
Pero los roces de Uribe no son sólo con la Corte, sino también con la Fiscalía, a la cual el presidente colombiano acusó de no haber actuado a tiempo para separar de la entidad al fiscal jefe de Medellín, Guillermo Valencia Cossio, envuelto en un escándalo por supuestos nexos con narcotraficantes.
Este fiscal es hermano del recién nombrado ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio.
Iguarán responde
Uribe se quejó de que, pese a que le investigación llevaba un año y medio en marcha, la Fiscalía sólo hubiera actuado frente a Guillermo Valencia cuando unas grabaciones comprometedoras fueron reveladas por los medios de comunicación la semana anterior.
La Corte y la Fiscalía están presionadas por el gobierno, mientras que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, tiene los ojos puestos en los casos donde los investigados han sido absueltos
Ramiro Bejarano, abogado, profesor y columnista
Pero el Fiscal General, Mario Iguarán, se defendió y dijo incluso que el ministro del interior le llamó a hablarle de la inocencia de su hermano.
Iguarán también respondió a las críticas contra la Fiscalía por su actuación frente a la parapolítica y dijo que su organismo ya apeló ante los tribunales la absolución de dos ex congresistas que estaban presos y salieron en libertad.
¿Qué pasará con el proceso judicial más sonado de los últimos años en Colombia? Es imposible predecirlo.
En declaraciones a BBC Mundo, el abogado, profesor y columnista Ramiro Bejarano, afirmó que "la Corte y la Fiscalía están presionadas por el gobierno, mientras que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, tiene los ojos puestos en los casos donde los investigados han sido absueltos".
Por ahora, Moreno Ocampo sólo ha dicho que la justicia colombiana debería establecer prioridades para investigar a los paramilitares y sus socios.
Nota de BBCMundo.com:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/latin_america/newsid_7581000/7581390.stm
Publicada: 2008/08/25 22:18:05 GMT
Hernando Salazar
Bogotá
Nuevamente la parapolítica, la investigación de nexos entre dirigentes políticos y bandas paramilitares de derecha, enfrenta al presidente colombiano, Álvaro Uribe, y a la Corte Suprema de Justicia.
Se trata de una confrontación que para algunos analistas consultados por BBC Mundo, como Pedro Medellín, es una muestra de "la profundización de las diferencias entre el gobierno y la Corte".
Después de que tres de los 32 congresistas y ex congresistas que estaban detenidos recuperaran su libertad, Uribe dijo este lunes que existe "tráfico de testigos" para implicarle a él en el escándalo, donde buena parte de los investigados son seguidores suyos.
Poco antes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte, había denunciado la existencia de un "complot" para atacar al tribunal, en el que, según él, estarían involucrados funcionarios de la presidencia de la República.
Ricaurte no descartó, incluso, exponerle la situación al fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, quien se encuentra en Bogotá.
Además de los congresistas y ex congresistas detenidos, otros 38 están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía por su supuesta vinculación con los paramilitares.
El Fiscal General, Mario Iguarán, reveló este lunes que su organismo ha pedido investigar a 155 congresistas y ex congresistas por nexos con paramilitares, así como a 76 miembros de Fuerza Pública y a 35 funcionarios del estado.
Un video
El enfrentamiento entre Uribe y la Corte surgió después de que Noticias 1, un informativo de televisión, revelara que hubo tres reuniones "secretas" en la Casa de Nariño, sede de la Presidencia, entre emisarios de paramilitares y los secretarios Jurídico y de Prensa de Uribe.
La última de las citas tuvo lugar a finales de abril pasado.
En esas reuniones se mostró un video de un hombre que se hizo pasar como intermediario de la Corte Suprema de Justicia y que habría exigido dinero al abogado de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna.
Don Berna es uno de los principales jefes paramilitares del país y fue extraditado en mayo pasado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
Uno de los dos emisarios de Don Berna es un hombre que fue asesinado hace tres semanas. Se trata de Antonio López, un paramilitar desmovilizado que ha sido señalado por tener nexos con una temida organización de sicarios de Medellín.
Muy molesto con el episodio del video, Uribe convocó una rueda de prensa extraordinaria, en la que dijo insistentemente que la justicia tiene que investigar la supuesta manipulación de testigos, con los que se pretende relacionarle con los paramilitares.
El presidente dijo que él recibe casi todos los días a personas que le llevan información y que el episodio no había salido a la luz pública, porque no se encontraron pruebas sólidas en contra de la Corte.
Aunque el supuesto intermediario no es funcionario de la Corte, Uribe dijo que la policía secreta descubrió que sí solía ir a la sede del tribunal.
Ataques a la Corte
Uribe también atacó a Iván Velásquez, el magistrado estrella de la investigación en la Corte Suprema, y lo acusó de haber bebido licor en compañía de testigos del proceso judicial.
Cuando le preguntaron a Uribe por las quejas de la Corte por presiones en la investigación sobre la parapolítica, dijo que él también podría denunciar a los magistrados por no haber hecho "nada" respecto a ese tema antes de 2002.
"¿Van a denunciar al gobierno que puso en marcha la seguridad democrática, al gobierno que ha desmontado el paramilitarismo, al gobierno que ha creado las condiciones para que la justicia opere?", se preguntó.
Pero los roces de Uribe no son sólo con la Corte, sino también con la Fiscalía, a la cual el presidente colombiano acusó de no haber actuado a tiempo para separar de la entidad al fiscal jefe de Medellín, Guillermo Valencia Cossio, envuelto en un escándalo por supuestos nexos con narcotraficantes.
Este fiscal es hermano del recién nombrado ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio.
Iguarán responde
Uribe se quejó de que, pese a que le investigación llevaba un año y medio en marcha, la Fiscalía sólo hubiera actuado frente a Guillermo Valencia cuando unas grabaciones comprometedoras fueron reveladas por los medios de comunicación la semana anterior.
La Corte y la Fiscalía están presionadas por el gobierno, mientras que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, tiene los ojos puestos en los casos donde los investigados han sido absueltos
Ramiro Bejarano, abogado, profesor y columnista
Pero el Fiscal General, Mario Iguarán, se defendió y dijo incluso que el ministro del interior le llamó a hablarle de la inocencia de su hermano.
Iguarán también respondió a las críticas contra la Fiscalía por su actuación frente a la parapolítica y dijo que su organismo ya apeló ante los tribunales la absolución de dos ex congresistas que estaban presos y salieron en libertad.
¿Qué pasará con el proceso judicial más sonado de los últimos años en Colombia? Es imposible predecirlo.
En declaraciones a BBC Mundo, el abogado, profesor y columnista Ramiro Bejarano, afirmó que "la Corte y la Fiscalía están presionadas por el gobierno, mientras que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, tiene los ojos puestos en los casos donde los investigados han sido absueltos".
Por ahora, Moreno Ocampo sólo ha dicho que la justicia colombiana debería establecer prioridades para investigar a los paramilitares y sus socios.
Nota de BBCMundo.com:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/latin_america/newsid_7581000/7581390.stm
Publicada: 2008/08/25 22:18:05 GMT
Preguntas sobre alocución presidencial
Preguntas sobre alocución presidencial
A continuación Semana.com publica apartes de la rueda de prensa que dio el presidente Álvaro Uribe a los medios en la mañana del lunes para dar explicaciones acerca de la supuestas pruebas que ex paramilitares entregaron a funcionarios de la Casa de Nariño que enlodaban a la Corte Suprema de Justicia, según lo denunció revista SEMANA. A pesar del esfuerzo del primer mandatario por aclarar lo sucedido, quedan varias preguntas sin responder.
Fecha: 08/25/2008 -
“No desautoricé que el Secretario Jurídico, Edmundo del Castillo, se reuniera con estos señores”
¿Por qué, como dijo el Presidente, “la Presidencia de la República tiene por norma recibir a todas las personas que traigan alguna información de orden público”, si para ello existe todo un aparato estatal de defensa y seguridad que le cuesta a los contribuyentes más del 6 por ciento del PIB al año? ¿No existen filtros entre un potencial denunciante y la Presidencia? ¿Por qué reciben a los ex paramilitares, los Secretarios Jurídico y de Prensa de la Presidencia, cuando no es esa función de ninguno de los dos? ¿Por qué el Presidente se arriesga a autorizar a que dos de sus hombres más cercanos acepten escuchar en la Casa de Nariño a ex paramilitares aún con fuertes vínculos con el crimen y reciban de ellos grabaciones clandestinas de los magistrados? ¿Por qué se les permitió a estos voceros entrar al sótano de la Casa de Nariño cuando gobernadores y congresistas siempre tienen que entrar por la puerta principal? ¿Por qué no quedó registrado el nombre de Antonio Lopez, alias Job, cuando entró a Palacio?
“¿Cómo íbamos a hacer una denuncia si no encontramos una información importante?”
¿Cómo podían constatar que la información no era importante si aún no la conocían en su totalidad y hasta ahora, según el Presidente, el DAS la está transcribiendo? ¿De quién es en realidad la obligación de investigar a Henry Anaya (el hombreque aparece en el video del escándalo haciéndose pidiéndole plata al abogado de Don Berna a cambio de supuestos favores en la Corte y en la Fiscalía) cuando éste era había sido nombrado por el gobierno como registrador en Barrancabermeja, justo una semana antes de que Don Berna fuera extraditado? ¿Por qué dice el Presidente que el DAS hasta ahora está transcribiendo la información cuándo un paquete con estas transcripciones ya había sido filtrado a por lo menos un medio por el mismo gobierno desde hacía algunas semanas?
“Nos parecía injusto con unas pruebas irrelevantes, salir a hacerle una acusación a la Corte Suprema de Justicia”
¿Quién es Henry Anaya?
BR>
¿Si las pruebas eran irrelevantes por qué se siguieron reuniendo los funcionarios de la Casa de Nariño con los paras, como lo indica una grabación revelada por Semana en la que uno de los visitantes a Palacio le dice a su colega ex paramilitar que el Secretario de Prensa de Presidencia lo está buscando? ¿Por qué en septiembre del año pasado, el Presidente sí le dio toda la credibilidad a la carta de Tasmania acusando a un magistrado de la Corte y en cambio ahora le parece injusto airear otras pruebas?
“Toda persona que quiera dar información seria sobre manipulación de testigos, aquí se la recibimos y la tramitaremos con la opinión pública y con las autoridades competentes”
¿Al anunciar que la Casa de Nariño está de puerta abiertas a cualquier información en contra la Corte, no está invitando el Presidente a que interesados en sabotear la justicia pesquen en río revuelto? ¿Es procedente que el Primer Mandatario invite a todas las personas a que traigan pruebas de un supuesto cartel de testigos armado por la Corte, cuando es esa Corte la que está investigando a varios congresistas, la mayoría de ellos de partidos uribistas? ¿Por qué insiste el Presidente en la existencia de un “cartel de testigos” cuando aún no se conoce una sola evidencia al respecto? ¿Y por qué dijo que los voceros de los paramilitares venían a dar información sobre este "cartel" cuando ninguna de las grabaciones que entregaron se refieren a este supuesto "cartel"?
“Hay que tomar decisiones ante los hechos y no ante las revelaciones de prensa”
¿Si las revelaciones de los medios sobre posibles hechos irregulares que involucren a funcionarios de la Casa de Nariño o del Alto Gobierno, son insuficientes para tomar medidas, entonces qué debe hacer un gobierno democrático, cuando la prensa hace graves denuncias? ¿Ignorarlas?
www.semana.com
A continuación Semana.com publica apartes de la rueda de prensa que dio el presidente Álvaro Uribe a los medios en la mañana del lunes para dar explicaciones acerca de la supuestas pruebas que ex paramilitares entregaron a funcionarios de la Casa de Nariño que enlodaban a la Corte Suprema de Justicia, según lo denunció revista SEMANA. A pesar del esfuerzo del primer mandatario por aclarar lo sucedido, quedan varias preguntas sin responder.
Fecha: 08/25/2008 -
“No desautoricé que el Secretario Jurídico, Edmundo del Castillo, se reuniera con estos señores”
¿Por qué, como dijo el Presidente, “la Presidencia de la República tiene por norma recibir a todas las personas que traigan alguna información de orden público”, si para ello existe todo un aparato estatal de defensa y seguridad que le cuesta a los contribuyentes más del 6 por ciento del PIB al año? ¿No existen filtros entre un potencial denunciante y la Presidencia? ¿Por qué reciben a los ex paramilitares, los Secretarios Jurídico y de Prensa de la Presidencia, cuando no es esa función de ninguno de los dos? ¿Por qué el Presidente se arriesga a autorizar a que dos de sus hombres más cercanos acepten escuchar en la Casa de Nariño a ex paramilitares aún con fuertes vínculos con el crimen y reciban de ellos grabaciones clandestinas de los magistrados? ¿Por qué se les permitió a estos voceros entrar al sótano de la Casa de Nariño cuando gobernadores y congresistas siempre tienen que entrar por la puerta principal? ¿Por qué no quedó registrado el nombre de Antonio Lopez, alias Job, cuando entró a Palacio?
“¿Cómo íbamos a hacer una denuncia si no encontramos una información importante?”
¿Cómo podían constatar que la información no era importante si aún no la conocían en su totalidad y hasta ahora, según el Presidente, el DAS la está transcribiendo? ¿De quién es en realidad la obligación de investigar a Henry Anaya (el hombreque aparece en el video del escándalo haciéndose pidiéndole plata al abogado de Don Berna a cambio de supuestos favores en la Corte y en la Fiscalía) cuando éste era había sido nombrado por el gobierno como registrador en Barrancabermeja, justo una semana antes de que Don Berna fuera extraditado? ¿Por qué dice el Presidente que el DAS hasta ahora está transcribiendo la información cuándo un paquete con estas transcripciones ya había sido filtrado a por lo menos un medio por el mismo gobierno desde hacía algunas semanas?
“Nos parecía injusto con unas pruebas irrelevantes, salir a hacerle una acusación a la Corte Suprema de Justicia”
¿Quién es Henry Anaya?
BR>
¿Si las pruebas eran irrelevantes por qué se siguieron reuniendo los funcionarios de la Casa de Nariño con los paras, como lo indica una grabación revelada por Semana en la que uno de los visitantes a Palacio le dice a su colega ex paramilitar que el Secretario de Prensa de Presidencia lo está buscando? ¿Por qué en septiembre del año pasado, el Presidente sí le dio toda la credibilidad a la carta de Tasmania acusando a un magistrado de la Corte y en cambio ahora le parece injusto airear otras pruebas?
“Toda persona que quiera dar información seria sobre manipulación de testigos, aquí se la recibimos y la tramitaremos con la opinión pública y con las autoridades competentes”
¿Al anunciar que la Casa de Nariño está de puerta abiertas a cualquier información en contra la Corte, no está invitando el Presidente a que interesados en sabotear la justicia pesquen en río revuelto? ¿Es procedente que el Primer Mandatario invite a todas las personas a que traigan pruebas de un supuesto cartel de testigos armado por la Corte, cuando es esa Corte la que está investigando a varios congresistas, la mayoría de ellos de partidos uribistas? ¿Por qué insiste el Presidente en la existencia de un “cartel de testigos” cuando aún no se conoce una sola evidencia al respecto? ¿Y por qué dijo que los voceros de los paramilitares venían a dar información sobre este "cartel" cuando ninguna de las grabaciones que entregaron se refieren a este supuesto "cartel"?
“Hay que tomar decisiones ante los hechos y no ante las revelaciones de prensa”
¿Si las revelaciones de los medios sobre posibles hechos irregulares que involucren a funcionarios de la Casa de Nariño o del Alto Gobierno, son insuficientes para tomar medidas, entonces qué debe hacer un gobierno democrático, cuando la prensa hace graves denuncias? ¿Ignorarlas?
www.semana.com
El Complot de los Paras
El complot de los paras
En medio de su guerra contra la Corte Suprema de Justicia, el círculo íntimo del Presidente llegó al extremo de conversar en secreto con los hombres del ex jefe paramilitar 'Don Berna'.
Fecha: 08/23/2008 -1373
En los últimos meses el país ha visto cómo el pulso entre la Corte Suprema y el gobierno por el escándalo de la para-política se ha convertido en una batalla campal. De la sana separación de poderes se ha llegado a insultos, demandas y guerra de comunicados que convierten este episodio en una pelea de barrio. Lo que a ningún colombiano se le pasaba por la mente es que en este duro enfrentamiento algunos de los más cercanos colaboradores del Presidente se reunieran en la Casa de Nariño con ex paramilitares (aunque algunos seguían delinquiendo) para terminar salpicados en un complot que había armado un jefe para, con miras a enlodar a la Corte. SEMANA tiene audios y videos que revelan cómo el jefe paramilitar 'Don Berna' y sus hombres de confianza diseñaron un maquiavélico plan que consistió en grabar clandestinamente a miembros de la Corte -y otras personas- con el fin de llevarle las grabaciones al gobierno a cambio de beneficios.
Que los paramilitares, en este caso 'Don Berna' y compañía, estén en complots, grabando sin consentimiento, y en campañas de desprestigio que capitalizaban la pugna entre el gobierno y la Corte para sacar tajada, es grave pero no sorprende. Al fin y al cabo, son delincuentes con un modus operandi mafioso. Lo que sí sorprende es que en el corazón de la Casa de Nariño, a escasos metros de la oficina del presidente Álvaro Uribe, el secretario jurídico y el jefe de prensa se reúnan con los enviados de 'Don Berna' para recibirles información contra la Corte. ¿Y qué querían los paras a cambio? Dilatar la extradición de 'Don Berna', según dijeron los propios representantes de los paramilitares a SEMANA.
El complot paramilitar se comenzó a fraguar desde diciembre pasado. Para ese momento, la pelea entre la Corte Suprema y la Presidencia llevaba varios meses y atravesaba por uno de los momentos más candentes por cuenta de la afirmación de un paramilitar llamado José Orlando Moncada. A comienzos de octubre, ese hombre, conocido con el alias 'Tasmania', le envió una carta al Presidente en la que le decía que había sido presionado por el investigador estrella de la Corte en la para-política, el magistrado Iván Velásquez, para que declarara que Uribe era uno de los autores intelectuales del asesinato de otro paramilitar conocido con el alias de 'René'. El Presidente acusó públicamente a Velásquez y pidió que fuera investigado. Más tarde se demostró que todo era un montaje, pero en esos momentos el episodio de 'Tasmania' tenía crispada la pelea entre el Ejecutivo y la Corte Suprema.
La cámara oculta
Video: Cámara oculta
Preguntas sobre alocución presidencial
La Corte Suprema pide investigar a los funcionarios que se reunieron con 'paras'
En el nombre de América
Al rojo vivo está la pugna de Uribe con la oposición y con la Corte
"Que no me amenacen con la Corte Penal"
‘Job’ no fue registrado
“Los ataques del Presidente Uribe contra el liberalismo son parte de un plan sistemático de desestabilización”
Comunicado del Partido Liberal
Comunicado del ex presidente César Gaviria Trujillo
El ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, buscó dilatar su extradición jugando a la desconfianza entre el Palacio de Nariño y la Corte Suprema. Esta pelea lleva casi dos años sin resolverse El magistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez también cayó en la trampa de los paramilitares Antonio López, alias ‘Job’, fue una de las personas de mayor confianza de ‘Don Berna’. ‘Job’, quien fue asesinado el pasado mes de julio, fue el encargado de ejecutar la estrategia de los ex paramilitares. Acompañó al abogado de ‘Berna’ en por lo menos una de sus reuniones con funcionarios de la Presidencia de la República en el Palacio de Nariño
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'Don Berna' y sus hombres decidieron entonces pescar en el río revuelto que producía ese choque institucional. La estrategia del ex jefe paramilitar fue tan siniestra como efectiva: realizar grabaciones clandestinas a diferentes personas con el objetivo de recaudar 'pruebas' para tratar de comprometer, y eventualmente chantajear, tanto al gobierno como a la Corte.
La grabaciones de 'Berna'
'Don Berna', quien se encontraba recluido en la cárcel La Picota, empezó a realizar grabaciones indiscriminadas a varios de sus compañeros de reclusión, la mayoría ex paramilitares. Uno de los personajes a los que más grabó fue el ex jefe de informática del DAS Rafael García, quien es el principal testigo en el caso de Jorge Noguera y la infiltración paramilitar en el DAS. En una de las muchas conversaciones a las que tuvo acceso SEMANA, 'Berna'conversa con García durante más de una hora. En el diálogo García le contó al ex comandante paramilitar detalles sobre su proceso penal y la forma como ayudaban desde el DAS a las AUC, entre muchos otros temas.
En esa conversación 'Berna' buscaba sacarle a García información que pudiera comprometer al presidente Uribe. No es de extrañar entonces que le preguntara en varias oportunidades sobre el jefe de Estado. "¿Cuántas veces se reunió usted con Uribe?", le pregunta 'Berna' al ex jefe de infórmática del DAS. "Don Diego (nombre real de 'Berna'), yo iba mucho con Jorge Noguera allá pero, que yo recuerde, tres veces significativas. Pero mire, don Diego, lo importante es que Uribe no aguanta un testimonio mío hoy día, que yo dé una entrevista, por ejemplo, en el 'Washington Post', Uribe no la aguanta", dice García en la grabación.
Para evitar que García sospechara que lo estaban grabando, 'Don Berna' dejó que hablara extensamente sobre gran variedad de temas. El ex jefe paramilitar esperaba entonces el momento adecuado y nuevamente le ponía el tema del Presidente o de personas cercanas al gobierno.
—"Me imagino el interés del FBI por charlar con usted sobre todos esos temas...", dijo 'Berna' en otro de los apartes de una de las conversaciones.
—"El tipo del FBI que vino me dijo: tu nos vas a decir todo lo que pasó en el DAS, el otro del FBI que vino me dijo que venía por el tema de las filtraciones en el DAS", contesta García.
—"¿Pero le preguntaron por Uribe?", dice 'Berna'.
—"No, no me preguntaron por nombres, sino por los del DAS... el lío es lo que siempre hemos hablado, Jorge Noguera para ellos es mucho más importante que cualquiera de ustedes porque Jorge era el jefe de la inteligencia y su jefe inmediato era Uribe...." .
Durante varios meses 'Berna' utilizó parte de su tiempo en La Picota para recolectar decenas de horas de grabaciones de este estilo con las que pretendía tener una especie de 'seguro' que pudiera usar en contra el gobierno en el momento adecuado.
Pero 'Berna', como buen mafioso, no se la jugó por un solo bando. Sus hombres de confianza se dedicaron a hacer grabaciones que buscaban enlodar a miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Uno de los encargados de hacer esa labor era Diego Álvarez, el abogado de 'Berna'. SEMANA obtuvo videos y grabaciones que el defensor del ex paramilitar hizo clandestinamente y que después fueron entregadas a funcionarios del Palacio de Nariño. Uno de los videos más interesantes fue realizado el 21 de diciembre de 2007 en la oficina del defensor de 'Berna'.
En la cámara, escondida en una esquina de la oficina, está registrada una larga conversación en la cual un hombre habla con el abogado de 'Berna'. El sujeto se presenta a nombre de la Corte Suprema y en el transcurso de la charla le hace escandalosos ofrecimientos al abogado del jefe paramilitar. Entre otras cosas, le dice que puede conseguirle beneficios a 'Berna' a cambio de que declare o ayude con información a la Corte sobre políticos de Antioquia, Santander y Cundinamarca, entre otros. Le dice, también, que es necesario que 'Berna' refuerce las versiones de la ex congresista detenida Rocío Arias. Y en otro aparte, el hombre le pide al abogado de 'Berna' 15.000 dólares para evitar que el ex jefe paramilitar sea trasladado a la cárcel de Cómbita.
El hombre siempre se presenta como enviado de la Corte, pero en realidad no tiene vinculación formal con esa corporación. Su nombre es Henry Anaya y es un abogado de Barrancabermeja que hasta mayo pasado, cuando fue nombrado registrador en ese municipio, se desempeñaba como veedor cívico en esa ciudad. Anaya es bastante conocido en altos círculos de la justicia. Tiene muy buenos contactos y amigos en la Fiscalía General, en la Procuraduría y en la Corte Suprema. No es inusual verlo recorrer como Pedro por su casa los corredores y los despachos de fiscales y magistrados.
Lo que resulta sin duda comprometedor es que tanto en el video como en las grabaciones de audio clandestinas que realizó el abogado de 'Berna', Anaya siempre actúa y habla como si lo hiciera a nombre de la Corte (ver recuadro).
¿Por qué este hombre terminó hablando con el abogado de 'Berna' y aparece en un video realizando cuestionables ofrecimientos a nombre de la Corte Suprema? La respuesta es sencilla. Cuando el jefe paramilitar, su abogado y otros de sus hombres de confianza diseñaron la estrategia de hacer grabaciones clandestinas, sabían que una de las formas más eficaces y rápidas de enlodar a la Corte era usando a Anaya. Los hombres de 'Berna' conocían de las buenas relaciones y la amistad que Anaya tenía con algunos magistrados de la Corte y por eso lo contactaron, según le comentó a SEMANA uno de los hombres artífices del complot.
Anaya terminó convertido en un alfil clave para la estrategia que los paramilitares tenían contra el alto tribunal y en particular contra el investigador principal, Iván Velásquez.
La carnada era perfecta: Anaya conocía al magistrado Velásquez desde hace varios meses, ya que le había llevado testigos potenciales en procesos que adelantaba la Corte. A través de Anaya, el abogado de 'Berna' logró reunirse con el magistrado Velásquez para una supuesta colaboración del ex jefe paramilitar con la justicia. Pero todo era parte de una trampa. Los paras querían grabarlo a escondidas e inducirlo a cometer errores o irregularidades que luego ellos podrían ofrecerle al gobierno.
Velásquez acudió a varias citas, a petición del abogado de 'Berna' y de Anaya con el argumento de mirar la posibilidad de que el ex comandante paramilitar declarara en algunos de los procesos de la para-política. SEMANA tuvo acceso a esas conversaciones que los paras grabaron clandestinamente.
En varias de ellas, el abogado de 'Berna' le dice que su cliente está dispuesto a ayudar en ciertas investigaciones a cambio de algunos beneficios. Velásquez le explica cuáles son los beneficios que la ley contempla y le dice que la colaboración de 'Berna' es importante para aclarar investigaciones en varios departamentos como Antioquia y Santander.
A estas alturas, el complot de los paramilitares iba sólo a mitad de camino.
Las reuniones en Palacio
Llenos de grabaciones, videos clandestinos y engaños, a los paras les llegó a hora de decidir por cuál bando irse. El 3 de abril fue la fecha en la que 'Berna' y sus hombres de confianza adoptaron la decisión de tomar partido por el Palacio de Nariño, ya que ese día el Presidente firmó la resolución que autorizaba extraditar a Estados Unidos de Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco'. Esa decisión sorprendió y dejó muy preocupado a 'Berna', pues estaba seguro de que él podía ser el próximo en ser extraditado.
Antonio López, alias 'Job', el hombre que durante muchos años fue la mano derecha de 'Berna' y quien fue asesinado el mes pasado, le contó a SEMANA en ese entonces que la decisión de extraditar a 'Berna' dependía sólo de la firma del Presidente y por eso habían decidido 'ayudarle' al Palacio de Nariño en la pelea contra la Corte entregando los videos y las grabaciones que ellos tenían del magistrado, y el video de Anaya.
'Berna' esperaba que a cambio de esto pudieran dilatar su extradición. Aunque el ex jefe paramilitar sabía que era inevitable que terminara en una cárcel en Estados Unidos, el interés de ganar tiempo básicamente consistía en que necesitaba varios meses para consolidar su negociación con la justicia estadounidense. Adicionalmente quería organizar sus estructuras mafiosas en Medellín, que estaban en crisis debido al enfrentamiento con alias 'Don Mario'. 'Berna' dio la orden de que le entregaran todo al gobierno, directamente al círculo más cercano del Presidente. Sabía que en la efervescencia de la pelea entre el gobierno y la Corte, los funcionarios del gobierno iban a frotarse las manos con sus grabaciones que supuestamente dejaban muy mal parado al alto tribunal.
'Job' le dijo a SEMANA que ingresó al Palacio de Nariño para entregar las grabaciones al secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo. Del Castillo reconoció a SEMANA que en tres oportunidades había recibido al abogado de 'Berna' y en una de ellas había asistido 'Job'. En esa reunión del 23 de abril estuvo presente también el secretario de Prensa, César Mauricio Velásquez, según le confirmó él mismo a la revista.
Velásquez dijo que 'Job', a quien conoció cuando era miembro de la comisión de conciliación, había pedido que asistiera. Aunque 'Job' fungía como emisario de 'Berna', vocero de los desmovilizados en Medellín, en ese momento todos los organismos de inteligencia del Estado lo tenían en sus organigramas como integrante de la temida Oficina de Envigado. Eso no fue inconveniente para que entrara al Palacio de Nariño. Del Castillo dijo desconocer esa información.
En esa última cita, que duró una hora, los dos enviados de 'Berna' salieron de la Presidencia poco antes de las 9 de la noche. 'Job' hizo dos llamadas en cuanto salió. La primera a un amigo suyo, otro desmovilizado llamado Rodrigo Zapata, y la otra a 'Berna', en La Picota, para comentarles que le había ido "muy bien" en "La casa de Nari".
Del Castillo aceptó haber recibido el material de los enviados de 'Berna'. Dijo que había accedido a esos encuentros porque el abogado del ex jefe paramilitar decía tener pruebas de una conspiración de la Corte contra el gobierno. SEMANA conoció que la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, fue invitada a las reuniones con los emisarios de los paramilitares pero, dados los personajes y el motivo de los encuentros, no quiso asistir a ninguna.
Las versiones sobre qué pasó en esa última reunión difieren. Del Castillo dijo que 'Job' y compañía no pidieron nada a cambio, y que sólo querían apoyar a un gobierno que era víctima de un complot de la Corte. Dijo, además, que sabía que sus reuniones en Palacio con el abogado de 'Berna' estaban siendo grabadas clandestinamente por ese abogado.
Lo que más sorprende es que no le parezca grave que las grabaciones que le entregaron para salpicar a la Corte fueron hechas de manera clandestina y con propósitos turbios.
En resumen, el abogado de un delincuente como 'Berna' y un desmovilizado (con un pie en la ilegalidad) como 'Job' grabaron a escondidas al magistrado estrella de la para-política y les entregaron ese material a altos funcionarios del gobierno con el propósito de minar la credibilidad de la Corte Suprema y, éstos, en vez de denunciarlo a las autoridades, prefirieron guardar un silencio cómplice.
Como si esto fuera poco, buscaron una coartada. Para evitar que queden evidencias de que fueron los paramilitares los que entregaron grabaciones clandestinas, SEMANA confirmó con altos integrantes de organismos de inteligencia que un funcionario de Palacio de Nariño llamó al DAS para solicitar instalar micrófonos ocultos e interceptar líneas telefónicas, entre ellas las del magistrado Velásquez y la del hombre del video, Anaya. El objetivo era que cuando se filtrara la información, las grabaciones tuvieran un halo más oficial que ilegal. En el DAS la propuesta causó indignación y fue rechazada.
SEMANA pudo establecer que algunas de las grabaciones hechas por los paramilitares fueron filtradas a por lo menos un medio por funcionarios de Palacio.
Es evidente que los paramilitares no lograron su principal objetivo: dilatar la extradición de 'Berna', que fue efectiva el 7 de mayo. Lo que deja un mal sabor y múltiples interrogantes es por qué los altos funcionarios de Palacio les siguieron el plan perverso a los ex paramilitares.
¿Qué hacen el secretario jurídico y el jefe de Prensa de la Casa de Nariño recibiendo abogados de jefes paramilitares y temidos desmovilizados que llevan grabaciones clandestinas para perjudicar a la Corte? ¿Es tanta la paranoia con la Corte Suprema, que cualquier elemento que puedan utilizar en contra del alto tribunal amerite un cónclave del círculo de Presidencia? Si eran cosas sin importancia, como le dijo Del Castillo a SEMANA, ¿por qué aceptó tres reuniones? ¿Por qué mantuvieron en secreto esos contactos y no los pusieron en conocimiento de las autoridades judiciales? ¿No era más prudente seguir los conductos regulares, como enviar a los ex paramilitares a la Fiscalía -con material incluido-, en vez de guardarse la información y luego filtrarla?
Este lamentable episodio deja muy en evidencia hasta qué punto están resquebrajadas las relaciones entre la Casa de Nariño y la Corte Suprema. También deja serios interrogantes sobre la conducta de los altos funcionarios de Palacio que, en vez de hacerles el juego a estrategias maquiavélicas de los paramilitares deberían dedicarse a la función por la cual les pagan los colombianos: darle buenos consejos al Presidente para ayudarle en su gobierno.
Cámara oculta
En este video, Henry Anaya, quien se hace pasar por enviado de la Corte aunque no tiene ningún vínculo con ésta, ofrece al abogado de Don Berna, Diego Álvarez, conseguirle beneficios jurídicos y le pide dinero a cambio. Así los paramilitares desmovilizados pretendían enlodar a los magistrados. Anaya trabajaba entonces como veedor cívico en Barrancabermeja.
En medio de su guerra contra la Corte Suprema de Justicia, el círculo íntimo del Presidente llegó al extremo de conversar en secreto con los hombres del ex jefe paramilitar 'Don Berna'.
Fecha: 08/23/2008 -1373
En los últimos meses el país ha visto cómo el pulso entre la Corte Suprema y el gobierno por el escándalo de la para-política se ha convertido en una batalla campal. De la sana separación de poderes se ha llegado a insultos, demandas y guerra de comunicados que convierten este episodio en una pelea de barrio. Lo que a ningún colombiano se le pasaba por la mente es que en este duro enfrentamiento algunos de los más cercanos colaboradores del Presidente se reunieran en la Casa de Nariño con ex paramilitares (aunque algunos seguían delinquiendo) para terminar salpicados en un complot que había armado un jefe para, con miras a enlodar a la Corte. SEMANA tiene audios y videos que revelan cómo el jefe paramilitar 'Don Berna' y sus hombres de confianza diseñaron un maquiavélico plan que consistió en grabar clandestinamente a miembros de la Corte -y otras personas- con el fin de llevarle las grabaciones al gobierno a cambio de beneficios.
Que los paramilitares, en este caso 'Don Berna' y compañía, estén en complots, grabando sin consentimiento, y en campañas de desprestigio que capitalizaban la pugna entre el gobierno y la Corte para sacar tajada, es grave pero no sorprende. Al fin y al cabo, son delincuentes con un modus operandi mafioso. Lo que sí sorprende es que en el corazón de la Casa de Nariño, a escasos metros de la oficina del presidente Álvaro Uribe, el secretario jurídico y el jefe de prensa se reúnan con los enviados de 'Don Berna' para recibirles información contra la Corte. ¿Y qué querían los paras a cambio? Dilatar la extradición de 'Don Berna', según dijeron los propios representantes de los paramilitares a SEMANA.
El complot paramilitar se comenzó a fraguar desde diciembre pasado. Para ese momento, la pelea entre la Corte Suprema y la Presidencia llevaba varios meses y atravesaba por uno de los momentos más candentes por cuenta de la afirmación de un paramilitar llamado José Orlando Moncada. A comienzos de octubre, ese hombre, conocido con el alias 'Tasmania', le envió una carta al Presidente en la que le decía que había sido presionado por el investigador estrella de la Corte en la para-política, el magistrado Iván Velásquez, para que declarara que Uribe era uno de los autores intelectuales del asesinato de otro paramilitar conocido con el alias de 'René'. El Presidente acusó públicamente a Velásquez y pidió que fuera investigado. Más tarde se demostró que todo era un montaje, pero en esos momentos el episodio de 'Tasmania' tenía crispada la pelea entre el Ejecutivo y la Corte Suprema.
La cámara oculta
Video: Cámara oculta
Preguntas sobre alocución presidencial
La Corte Suprema pide investigar a los funcionarios que se reunieron con 'paras'
En el nombre de América
Al rojo vivo está la pugna de Uribe con la oposición y con la Corte
"Que no me amenacen con la Corte Penal"
‘Job’ no fue registrado
“Los ataques del Presidente Uribe contra el liberalismo son parte de un plan sistemático de desestabilización”
Comunicado del Partido Liberal
Comunicado del ex presidente César Gaviria Trujillo
El ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, buscó dilatar su extradición jugando a la desconfianza entre el Palacio de Nariño y la Corte Suprema. Esta pelea lleva casi dos años sin resolverse El magistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez también cayó en la trampa de los paramilitares Antonio López, alias ‘Job’, fue una de las personas de mayor confianza de ‘Don Berna’. ‘Job’, quien fue asesinado el pasado mes de julio, fue el encargado de ejecutar la estrategia de los ex paramilitares. Acompañó al abogado de ‘Berna’ en por lo menos una de sus reuniones con funcionarios de la Presidencia de la República en el Palacio de Nariño
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'Don Berna' y sus hombres decidieron entonces pescar en el río revuelto que producía ese choque institucional. La estrategia del ex jefe paramilitar fue tan siniestra como efectiva: realizar grabaciones clandestinas a diferentes personas con el objetivo de recaudar 'pruebas' para tratar de comprometer, y eventualmente chantajear, tanto al gobierno como a la Corte.
La grabaciones de 'Berna'
'Don Berna', quien se encontraba recluido en la cárcel La Picota, empezó a realizar grabaciones indiscriminadas a varios de sus compañeros de reclusión, la mayoría ex paramilitares. Uno de los personajes a los que más grabó fue el ex jefe de informática del DAS Rafael García, quien es el principal testigo en el caso de Jorge Noguera y la infiltración paramilitar en el DAS. En una de las muchas conversaciones a las que tuvo acceso SEMANA, 'Berna'conversa con García durante más de una hora. En el diálogo García le contó al ex comandante paramilitar detalles sobre su proceso penal y la forma como ayudaban desde el DAS a las AUC, entre muchos otros temas.
En esa conversación 'Berna' buscaba sacarle a García información que pudiera comprometer al presidente Uribe. No es de extrañar entonces que le preguntara en varias oportunidades sobre el jefe de Estado. "¿Cuántas veces se reunió usted con Uribe?", le pregunta 'Berna' al ex jefe de infórmática del DAS. "Don Diego (nombre real de 'Berna'), yo iba mucho con Jorge Noguera allá pero, que yo recuerde, tres veces significativas. Pero mire, don Diego, lo importante es que Uribe no aguanta un testimonio mío hoy día, que yo dé una entrevista, por ejemplo, en el 'Washington Post', Uribe no la aguanta", dice García en la grabación.
Para evitar que García sospechara que lo estaban grabando, 'Don Berna' dejó que hablara extensamente sobre gran variedad de temas. El ex jefe paramilitar esperaba entonces el momento adecuado y nuevamente le ponía el tema del Presidente o de personas cercanas al gobierno.
—"Me imagino el interés del FBI por charlar con usted sobre todos esos temas...", dijo 'Berna' en otro de los apartes de una de las conversaciones.
—"El tipo del FBI que vino me dijo: tu nos vas a decir todo lo que pasó en el DAS, el otro del FBI que vino me dijo que venía por el tema de las filtraciones en el DAS", contesta García.
—"¿Pero le preguntaron por Uribe?", dice 'Berna'.
—"No, no me preguntaron por nombres, sino por los del DAS... el lío es lo que siempre hemos hablado, Jorge Noguera para ellos es mucho más importante que cualquiera de ustedes porque Jorge era el jefe de la inteligencia y su jefe inmediato era Uribe...." .
Durante varios meses 'Berna' utilizó parte de su tiempo en La Picota para recolectar decenas de horas de grabaciones de este estilo con las que pretendía tener una especie de 'seguro' que pudiera usar en contra el gobierno en el momento adecuado.
Pero 'Berna', como buen mafioso, no se la jugó por un solo bando. Sus hombres de confianza se dedicaron a hacer grabaciones que buscaban enlodar a miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Uno de los encargados de hacer esa labor era Diego Álvarez, el abogado de 'Berna'. SEMANA obtuvo videos y grabaciones que el defensor del ex paramilitar hizo clandestinamente y que después fueron entregadas a funcionarios del Palacio de Nariño. Uno de los videos más interesantes fue realizado el 21 de diciembre de 2007 en la oficina del defensor de 'Berna'.
En la cámara, escondida en una esquina de la oficina, está registrada una larga conversación en la cual un hombre habla con el abogado de 'Berna'. El sujeto se presenta a nombre de la Corte Suprema y en el transcurso de la charla le hace escandalosos ofrecimientos al abogado del jefe paramilitar. Entre otras cosas, le dice que puede conseguirle beneficios a 'Berna' a cambio de que declare o ayude con información a la Corte sobre políticos de Antioquia, Santander y Cundinamarca, entre otros. Le dice, también, que es necesario que 'Berna' refuerce las versiones de la ex congresista detenida Rocío Arias. Y en otro aparte, el hombre le pide al abogado de 'Berna' 15.000 dólares para evitar que el ex jefe paramilitar sea trasladado a la cárcel de Cómbita.
El hombre siempre se presenta como enviado de la Corte, pero en realidad no tiene vinculación formal con esa corporación. Su nombre es Henry Anaya y es un abogado de Barrancabermeja que hasta mayo pasado, cuando fue nombrado registrador en ese municipio, se desempeñaba como veedor cívico en esa ciudad. Anaya es bastante conocido en altos círculos de la justicia. Tiene muy buenos contactos y amigos en la Fiscalía General, en la Procuraduría y en la Corte Suprema. No es inusual verlo recorrer como Pedro por su casa los corredores y los despachos de fiscales y magistrados.
Lo que resulta sin duda comprometedor es que tanto en el video como en las grabaciones de audio clandestinas que realizó el abogado de 'Berna', Anaya siempre actúa y habla como si lo hiciera a nombre de la Corte (ver recuadro).
¿Por qué este hombre terminó hablando con el abogado de 'Berna' y aparece en un video realizando cuestionables ofrecimientos a nombre de la Corte Suprema? La respuesta es sencilla. Cuando el jefe paramilitar, su abogado y otros de sus hombres de confianza diseñaron la estrategia de hacer grabaciones clandestinas, sabían que una de las formas más eficaces y rápidas de enlodar a la Corte era usando a Anaya. Los hombres de 'Berna' conocían de las buenas relaciones y la amistad que Anaya tenía con algunos magistrados de la Corte y por eso lo contactaron, según le comentó a SEMANA uno de los hombres artífices del complot.
Anaya terminó convertido en un alfil clave para la estrategia que los paramilitares tenían contra el alto tribunal y en particular contra el investigador principal, Iván Velásquez.
La carnada era perfecta: Anaya conocía al magistrado Velásquez desde hace varios meses, ya que le había llevado testigos potenciales en procesos que adelantaba la Corte. A través de Anaya, el abogado de 'Berna' logró reunirse con el magistrado Velásquez para una supuesta colaboración del ex jefe paramilitar con la justicia. Pero todo era parte de una trampa. Los paras querían grabarlo a escondidas e inducirlo a cometer errores o irregularidades que luego ellos podrían ofrecerle al gobierno.
Velásquez acudió a varias citas, a petición del abogado de 'Berna' y de Anaya con el argumento de mirar la posibilidad de que el ex comandante paramilitar declarara en algunos de los procesos de la para-política. SEMANA tuvo acceso a esas conversaciones que los paras grabaron clandestinamente.
En varias de ellas, el abogado de 'Berna' le dice que su cliente está dispuesto a ayudar en ciertas investigaciones a cambio de algunos beneficios. Velásquez le explica cuáles son los beneficios que la ley contempla y le dice que la colaboración de 'Berna' es importante para aclarar investigaciones en varios departamentos como Antioquia y Santander.
A estas alturas, el complot de los paramilitares iba sólo a mitad de camino.
Las reuniones en Palacio
Llenos de grabaciones, videos clandestinos y engaños, a los paras les llegó a hora de decidir por cuál bando irse. El 3 de abril fue la fecha en la que 'Berna' y sus hombres de confianza adoptaron la decisión de tomar partido por el Palacio de Nariño, ya que ese día el Presidente firmó la resolución que autorizaba extraditar a Estados Unidos de Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco'. Esa decisión sorprendió y dejó muy preocupado a 'Berna', pues estaba seguro de que él podía ser el próximo en ser extraditado.
Antonio López, alias 'Job', el hombre que durante muchos años fue la mano derecha de 'Berna' y quien fue asesinado el mes pasado, le contó a SEMANA en ese entonces que la decisión de extraditar a 'Berna' dependía sólo de la firma del Presidente y por eso habían decidido 'ayudarle' al Palacio de Nariño en la pelea contra la Corte entregando los videos y las grabaciones que ellos tenían del magistrado, y el video de Anaya.
'Berna' esperaba que a cambio de esto pudieran dilatar su extradición. Aunque el ex jefe paramilitar sabía que era inevitable que terminara en una cárcel en Estados Unidos, el interés de ganar tiempo básicamente consistía en que necesitaba varios meses para consolidar su negociación con la justicia estadounidense. Adicionalmente quería organizar sus estructuras mafiosas en Medellín, que estaban en crisis debido al enfrentamiento con alias 'Don Mario'. 'Berna' dio la orden de que le entregaran todo al gobierno, directamente al círculo más cercano del Presidente. Sabía que en la efervescencia de la pelea entre el gobierno y la Corte, los funcionarios del gobierno iban a frotarse las manos con sus grabaciones que supuestamente dejaban muy mal parado al alto tribunal.
'Job' le dijo a SEMANA que ingresó al Palacio de Nariño para entregar las grabaciones al secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo. Del Castillo reconoció a SEMANA que en tres oportunidades había recibido al abogado de 'Berna' y en una de ellas había asistido 'Job'. En esa reunión del 23 de abril estuvo presente también el secretario de Prensa, César Mauricio Velásquez, según le confirmó él mismo a la revista.
Velásquez dijo que 'Job', a quien conoció cuando era miembro de la comisión de conciliación, había pedido que asistiera. Aunque 'Job' fungía como emisario de 'Berna', vocero de los desmovilizados en Medellín, en ese momento todos los organismos de inteligencia del Estado lo tenían en sus organigramas como integrante de la temida Oficina de Envigado. Eso no fue inconveniente para que entrara al Palacio de Nariño. Del Castillo dijo desconocer esa información.
En esa última cita, que duró una hora, los dos enviados de 'Berna' salieron de la Presidencia poco antes de las 9 de la noche. 'Job' hizo dos llamadas en cuanto salió. La primera a un amigo suyo, otro desmovilizado llamado Rodrigo Zapata, y la otra a 'Berna', en La Picota, para comentarles que le había ido "muy bien" en "La casa de Nari".
Del Castillo aceptó haber recibido el material de los enviados de 'Berna'. Dijo que había accedido a esos encuentros porque el abogado del ex jefe paramilitar decía tener pruebas de una conspiración de la Corte contra el gobierno. SEMANA conoció que la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, fue invitada a las reuniones con los emisarios de los paramilitares pero, dados los personajes y el motivo de los encuentros, no quiso asistir a ninguna.
Las versiones sobre qué pasó en esa última reunión difieren. Del Castillo dijo que 'Job' y compañía no pidieron nada a cambio, y que sólo querían apoyar a un gobierno que era víctima de un complot de la Corte. Dijo, además, que sabía que sus reuniones en Palacio con el abogado de 'Berna' estaban siendo grabadas clandestinamente por ese abogado.
Lo que más sorprende es que no le parezca grave que las grabaciones que le entregaron para salpicar a la Corte fueron hechas de manera clandestina y con propósitos turbios.
En resumen, el abogado de un delincuente como 'Berna' y un desmovilizado (con un pie en la ilegalidad) como 'Job' grabaron a escondidas al magistrado estrella de la para-política y les entregaron ese material a altos funcionarios del gobierno con el propósito de minar la credibilidad de la Corte Suprema y, éstos, en vez de denunciarlo a las autoridades, prefirieron guardar un silencio cómplice.
Como si esto fuera poco, buscaron una coartada. Para evitar que queden evidencias de que fueron los paramilitares los que entregaron grabaciones clandestinas, SEMANA confirmó con altos integrantes de organismos de inteligencia que un funcionario de Palacio de Nariño llamó al DAS para solicitar instalar micrófonos ocultos e interceptar líneas telefónicas, entre ellas las del magistrado Velásquez y la del hombre del video, Anaya. El objetivo era que cuando se filtrara la información, las grabaciones tuvieran un halo más oficial que ilegal. En el DAS la propuesta causó indignación y fue rechazada.
SEMANA pudo establecer que algunas de las grabaciones hechas por los paramilitares fueron filtradas a por lo menos un medio por funcionarios de Palacio.
Es evidente que los paramilitares no lograron su principal objetivo: dilatar la extradición de 'Berna', que fue efectiva el 7 de mayo. Lo que deja un mal sabor y múltiples interrogantes es por qué los altos funcionarios de Palacio les siguieron el plan perverso a los ex paramilitares.
¿Qué hacen el secretario jurídico y el jefe de Prensa de la Casa de Nariño recibiendo abogados de jefes paramilitares y temidos desmovilizados que llevan grabaciones clandestinas para perjudicar a la Corte? ¿Es tanta la paranoia con la Corte Suprema, que cualquier elemento que puedan utilizar en contra del alto tribunal amerite un cónclave del círculo de Presidencia? Si eran cosas sin importancia, como le dijo Del Castillo a SEMANA, ¿por qué aceptó tres reuniones? ¿Por qué mantuvieron en secreto esos contactos y no los pusieron en conocimiento de las autoridades judiciales? ¿No era más prudente seguir los conductos regulares, como enviar a los ex paramilitares a la Fiscalía -con material incluido-, en vez de guardarse la información y luego filtrarla?
Este lamentable episodio deja muy en evidencia hasta qué punto están resquebrajadas las relaciones entre la Casa de Nariño y la Corte Suprema. También deja serios interrogantes sobre la conducta de los altos funcionarios de Palacio que, en vez de hacerles el juego a estrategias maquiavélicas de los paramilitares deberían dedicarse a la función por la cual les pagan los colombianos: darle buenos consejos al Presidente para ayudarle en su gobierno.
Cámara oculta
En este video, Henry Anaya, quien se hace pasar por enviado de la Corte aunque no tiene ningún vínculo con ésta, ofrece al abogado de Don Berna, Diego Álvarez, conseguirle beneficios jurídicos y le pide dinero a cambio. Así los paramilitares desmovilizados pretendían enlodar a los magistrados. Anaya trabajaba entonces como veedor cívico en Barrancabermeja.
jueves, 21 de agosto de 2008
Conflicto Institucional
‘Jab’ a la mandíbula
El envión contra la Corte Suprema es visto por algunos magistrados como una campaña de desprestigio en la que el presidente Uribe ya les cogió ventaja.
Fecha: 08/16/2008 -1372
La semana pasada se podría anotar en los libros como una de las más difíciles en la historia de la Corte Suprema de Justicia. A los magistrados les cayó encima, casi día por día, un aguacero de cuestionamientos tal, que el Palacio de Justicia se estremeció como pocas veces.
Pero esta vez, a diferencia de otras, quedaron sembradas dos preguntas de hondo calado para Colombia: ¿Se trata de una estrategia orquestada en su contra, o de una simple coincidencia? ¿La situación puede llegar a ser tan insostenible, que "las interferencias" a la justicia, que planteó la propia Corte Suprema, se puedan convertir en tema de la Corte Penal Internacional (CPI)?
El país ha sido testigo de cómo ha subido la temperatura en los últimos meses entre dos de los tres grandes poderes del Estado. La Corte llegó a sentirse tan arrinconada, que emitió un comunicado el jueves con artillería igualmente pesada. Denunció que estaba recibiendo "agresiones" por parte de "altos dignatarios del Estado", advirtió su preocupación porque de "manera orquestada" se deslizan comentarios malintencionados para desprestigiar a los magistrados y anunció que pondrá en conocimiento de organismos internacionales "las interferencias que se vienen presentando por parte de otros poderes del Estado".
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Una pocas horas antes, la sala penal de la misma Corte había expedido otro comunicado. Y como algo inusual para este tipo de mensajes, le puso título: "La verdad bajo la niebla", que si bien no se explica en el texto, daría a entender que están develando lo que hay detrás de las cortinas de humo que se pueden haber tendido sobre el alto tribunal.
Los magistrados de la Corte, según le dijo uno de ellos a SEMANA, están convencidos de que el gobierno ya les cogió ventaja en lo que, para ellos, es una campaña de desprestigio. Y uno más aseguró que "la para-política está en crisis", por todo lo que está ocurriendo.
Y es que la lluvia de dardos que le cayó a la Corte en esta semana no fue poca.
Desde el domingo comenzó la andanada. Artículos en El Espectador y El Tiempo cuestionaban al investigador estrella de la para-política, el magistrado auxiliar Iván Velásquez. La ex presidenta del Congreso Nancy Patricia Gutiérrez decía que el magistrado manipulaba indagaciones contra los congresistas. Y una campesina lo acusaba de sonsacarle información a punta de aguardiente. Versión que luego fue desmentida por ella misma en la radio.
Al día siguiente, Nancy Patricia reveló una grabación que clandestinamente ella había hecho a un investigador del CTI que ratificaba sus denuncias. Ese mismo día, el presidente€Alvaro Uribe no sólo la respaldó, sino que siguió salpicando a la Corte. "Algún senador me ha expresado que ha sentido que le han querido pedir plata de sectores de la justicia", dijo sin concretar detalles. Y sacó del bolsillo nombres que hasta ese momento nadie había mencionado, pero que suelen darle puntos en los sondeos cuando casa pelea con ellos: "Es importante que la justicia investigue qué manipulación de testigos han hecho, por ejemplo, la senadora Piedad Córdoba, el senador Gustavo Petro".
Y el vía crucis no terminó ahí. El miércoles, Uribe se reunió tres horas con su bancada. Y al final, sobre la propia alfombra roja de la Casa de Nariño, el presidente del Congreso, Hernán Andrade, dijo a los medios que el mandatario había hablado de la necesidad de erradicar el "roscograma" de la rama judicial. Que si bien para muchos sonó como un chiste flojo, pues en esa materia en Colombia nadie puede tirar la primera piedra, de todas maneras puesto en la voz de Uribe seguía horadando a los operadores de justicia.
A esta altura de la pelea, la imagen pública de la Corte ya parecía estar a punto de caer tendida en el ring. Reaccionó, hizo público su respaldo al magistrado auxiliar Iván Velásquez y, el jueves, sacó sus dos comunicados.
Para analizar lo ocurrido, lo primero que hay que decir es que la Corte Suprema de Justicia no es un órgano intocable. Que si hay clientelismo en la justicia, lo mejor es erradicarlo, como dice el Presidente. Y si un magistrado incurre en actos reprochables, también hay que cuestionarlo. Así como también existe un legítimo derecho a disentir de las decisiones de las Altas Cortes.
Pero lo que no queda nada bien es que tanto la ex presidenta del Congreso como el propio Presidente de la República acudan a prácticas bastante cuestionables para manifestar su diferencias con las investigaciones sobre la para-política. ¿Por qué el Presidente lanza acusaciones tan graves, como la de que sectores de la justicia le están pidiendo plata a un senador, sin tener ninguna prueba? ¿Qué presentación tiene que la ex presidenta del Senado acuda a una grabación clandestina, en la cual, además, se nota cierto tono tendencioso en sus preguntas y una confianza poco usual entre un investigador con su investigado?
Más allá de las intenciones que hayan podido animar las denuncias del uribismo, lo cierto es que el resultado es el desprestigio de la justicia y en particular de la Corte Suprema. La popularidad del presidente Uribe, por encima del 80 por ciento, es un arma muy poderosa a la hora de darles credibilidad a las palabras. Algunos de los congresistas que asistieron a la reunión del miércoles en la Casa de Nariño dijeron que lo que más les llamó la atención fue el propósito evidente del líder de envalentonarlos. "Insistentemente nos dijo eso, ¡no hay tener miedo!", contó un senador a SEMANA ante los temores de algunos por la posibilidad de que perdieran sus investiduras si votaban las reformas a la Justicia y a la Política, votaciones para las cuales podrían estar impedidos.
¿Qué está pasando? Todo indica que en la Casa de Nariño no están muy contentos con la Corte Suprema. Y aunque el Presidente ha presentado en escenarios privados todo un memorial de agravios, al final del día la principal razón parece ser la para-política. Hay que recordar que hasta hace poco esta Corte era prácticamente la niña consentida del Presidente. Pero, a partir del 26 de septiembre del año pasado, cuando llamó a indagatoria al entonces senador Mario Uribe, primo del Presidente, empezó la refriega.
El primer round fue el de la demanda penal contra el entonces presidente de la Corte, César Julio Valencia, por una llamada telefónica en la que éste dice que Uribe le preguntó por su primo Mario el mismo día en que fue llamado a indagatoria, y el Presidente asegura que es mentira. La demanda aún está vigente.
El segundo round fue el del caso 'Tasmania'. Menos de dos semanas después del llamado a indagatoria, Uribe le dio un jalón de orejas a la Corte y acusó al investigador Iván Velásquez de tener tratos oscuros con el paramilitar 'Tasmania' para que atestiguara en su contra. La Fiscalía cerró hace menos de dos semanas el caso y dijo que se trató de un "burdo montaje". El propio paramilitar se retractó y dejó un manto de duda sobre la supuesta participación de Mario Uribe y Santiago Uribe, hermano del Presidente, en el caso.
Con el paso de los meses el escándalo de la para-política crecía, hasta llegar a 70 congresistas involucrados, la mayoría de ellos uribistas, incluidos el presidente de La U, Carlos García, y la ya mencionada presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez.
Y entre junio y julio se precipitó el tercer round, cuando por el polémico fallo de la Corte sobre la 'yidis-política', Uribe llegó a decir que algunos magistrados "tenían nostalgia del terrorismo agonizante", y desafió a la Corte diciendo que convocaría un referendo para ratificar con el voto popular su elección de 2006.
Las mediaciones no han funcionado. Ni la euforia por el rescate de Íngrid, que provocó una luna de miel artificial. Ni la de monseñor Rubiano, en la que el presidente Uribe y el presidente de la Corte, Francisco Javier Ricaurte, se arrodillaron a rezar en un aparente gesto de reconciliación. Pero era apenas una foto. Las discrepancias siguieron intactas.
En medio de los golpes a la mandíbula que se han lanzado el gobierno y la Corte, la reforma a la justicia que propone el gobierno se ve como un acto de revanchismo en la cúpula de la justicia. Para ellos, lo que el gobierno busca es dar gabelas a los magistrados, para aliviar los controles que tienen hoy las Cortes sobre el Congreso y facilitar que el uribismo haga más duradera su influencia sobre las Cortes.
Por su parte, el Congreso también esta listo a subirse al ring. Mientras la oposición -el partido liberal y el Polo Democrático- ha apoyado públicamente las investigaciones de la Corte Suprema, el uribismo en el Congreso calienta motores. El presidente del Congreso, Hernán Andrade, citará a los presidentes de las Cortes para un debate sobre las presuntas relaciones de magistrados con el empresario Giorgio Sale, preso por narcotráfico. Precisamente el magistrado Yesid Ramírez, quien aceptó haber recibido un reloj Rolex de parte de este polémico personaje, está fuera del país.
Nadie cuestiona que la justicia colombiana tiene problemas estructurales. Y que en las Altas Cortes hay 'roscogramas'. Es simplemente una expresión más del clientelismo, que si bien sería mejor que no existiera, no es un vicio exclusivo de la rama judici al. En el Legislativo y el Ejecutivo la practican en las mismas proporciones, o peor, como el propio Presidente tuvo que reconocer en su acto de contrición el fin de semana.
Lo que preocupa es la motivación que tienen sectores de la política de mandar a la lona a la cúpula de la justicia justo en el momento en que investiga uno de los flagelos que más daño le han hecho a la democracia: la relación entre política y mafias. El país ya padeció la época del terror de Pablo Escobar y sus intentos de conquistar la política. Así como el capítulo sombrío del Cartel de Cali con sus largos tentáculos en el Congreso y en el gobierno, que tuvo como coletazo el proceso 8.000. Ahora, cuando la mayoría de los colombianos quiere desterrar la para-política, sectores del gobierno y el Congreso están empeñados en ponerle palos en la rueda a la Corte Suprema. Si la justicia no llega hasta el fondo de sus investigaciones y manda un mensaje ejemplarizante para las nuevas generaciones de gobernantes, Colombia estará condenada a repetir su historia de sangre y corrupción.
www.semana.com
El envión contra la Corte Suprema es visto por algunos magistrados como una campaña de desprestigio en la que el presidente Uribe ya les cogió ventaja.
Fecha: 08/16/2008 -1372
La semana pasada se podría anotar en los libros como una de las más difíciles en la historia de la Corte Suprema de Justicia. A los magistrados les cayó encima, casi día por día, un aguacero de cuestionamientos tal, que el Palacio de Justicia se estremeció como pocas veces.
Pero esta vez, a diferencia de otras, quedaron sembradas dos preguntas de hondo calado para Colombia: ¿Se trata de una estrategia orquestada en su contra, o de una simple coincidencia? ¿La situación puede llegar a ser tan insostenible, que "las interferencias" a la justicia, que planteó la propia Corte Suprema, se puedan convertir en tema de la Corte Penal Internacional (CPI)?
El país ha sido testigo de cómo ha subido la temperatura en los últimos meses entre dos de los tres grandes poderes del Estado. La Corte llegó a sentirse tan arrinconada, que emitió un comunicado el jueves con artillería igualmente pesada. Denunció que estaba recibiendo "agresiones" por parte de "altos dignatarios del Estado", advirtió su preocupación porque de "manera orquestada" se deslizan comentarios malintencionados para desprestigiar a los magistrados y anunció que pondrá en conocimiento de organismos internacionales "las interferencias que se vienen presentando por parte de otros poderes del Estado".
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Una pocas horas antes, la sala penal de la misma Corte había expedido otro comunicado. Y como algo inusual para este tipo de mensajes, le puso título: "La verdad bajo la niebla", que si bien no se explica en el texto, daría a entender que están develando lo que hay detrás de las cortinas de humo que se pueden haber tendido sobre el alto tribunal.
Los magistrados de la Corte, según le dijo uno de ellos a SEMANA, están convencidos de que el gobierno ya les cogió ventaja en lo que, para ellos, es una campaña de desprestigio. Y uno más aseguró que "la para-política está en crisis", por todo lo que está ocurriendo.
Y es que la lluvia de dardos que le cayó a la Corte en esta semana no fue poca.
Desde el domingo comenzó la andanada. Artículos en El Espectador y El Tiempo cuestionaban al investigador estrella de la para-política, el magistrado auxiliar Iván Velásquez. La ex presidenta del Congreso Nancy Patricia Gutiérrez decía que el magistrado manipulaba indagaciones contra los congresistas. Y una campesina lo acusaba de sonsacarle información a punta de aguardiente. Versión que luego fue desmentida por ella misma en la radio.
Al día siguiente, Nancy Patricia reveló una grabación que clandestinamente ella había hecho a un investigador del CTI que ratificaba sus denuncias. Ese mismo día, el presidente€Alvaro Uribe no sólo la respaldó, sino que siguió salpicando a la Corte. "Algún senador me ha expresado que ha sentido que le han querido pedir plata de sectores de la justicia", dijo sin concretar detalles. Y sacó del bolsillo nombres que hasta ese momento nadie había mencionado, pero que suelen darle puntos en los sondeos cuando casa pelea con ellos: "Es importante que la justicia investigue qué manipulación de testigos han hecho, por ejemplo, la senadora Piedad Córdoba, el senador Gustavo Petro".
Y el vía crucis no terminó ahí. El miércoles, Uribe se reunió tres horas con su bancada. Y al final, sobre la propia alfombra roja de la Casa de Nariño, el presidente del Congreso, Hernán Andrade, dijo a los medios que el mandatario había hablado de la necesidad de erradicar el "roscograma" de la rama judicial. Que si bien para muchos sonó como un chiste flojo, pues en esa materia en Colombia nadie puede tirar la primera piedra, de todas maneras puesto en la voz de Uribe seguía horadando a los operadores de justicia.
A esta altura de la pelea, la imagen pública de la Corte ya parecía estar a punto de caer tendida en el ring. Reaccionó, hizo público su respaldo al magistrado auxiliar Iván Velásquez y, el jueves, sacó sus dos comunicados.
Para analizar lo ocurrido, lo primero que hay que decir es que la Corte Suprema de Justicia no es un órgano intocable. Que si hay clientelismo en la justicia, lo mejor es erradicarlo, como dice el Presidente. Y si un magistrado incurre en actos reprochables, también hay que cuestionarlo. Así como también existe un legítimo derecho a disentir de las decisiones de las Altas Cortes.
Pero lo que no queda nada bien es que tanto la ex presidenta del Congreso como el propio Presidente de la República acudan a prácticas bastante cuestionables para manifestar su diferencias con las investigaciones sobre la para-política. ¿Por qué el Presidente lanza acusaciones tan graves, como la de que sectores de la justicia le están pidiendo plata a un senador, sin tener ninguna prueba? ¿Qué presentación tiene que la ex presidenta del Senado acuda a una grabación clandestina, en la cual, además, se nota cierto tono tendencioso en sus preguntas y una confianza poco usual entre un investigador con su investigado?
Más allá de las intenciones que hayan podido animar las denuncias del uribismo, lo cierto es que el resultado es el desprestigio de la justicia y en particular de la Corte Suprema. La popularidad del presidente Uribe, por encima del 80 por ciento, es un arma muy poderosa a la hora de darles credibilidad a las palabras. Algunos de los congresistas que asistieron a la reunión del miércoles en la Casa de Nariño dijeron que lo que más les llamó la atención fue el propósito evidente del líder de envalentonarlos. "Insistentemente nos dijo eso, ¡no hay tener miedo!", contó un senador a SEMANA ante los temores de algunos por la posibilidad de que perdieran sus investiduras si votaban las reformas a la Justicia y a la Política, votaciones para las cuales podrían estar impedidos.
¿Qué está pasando? Todo indica que en la Casa de Nariño no están muy contentos con la Corte Suprema. Y aunque el Presidente ha presentado en escenarios privados todo un memorial de agravios, al final del día la principal razón parece ser la para-política. Hay que recordar que hasta hace poco esta Corte era prácticamente la niña consentida del Presidente. Pero, a partir del 26 de septiembre del año pasado, cuando llamó a indagatoria al entonces senador Mario Uribe, primo del Presidente, empezó la refriega.
El primer round fue el de la demanda penal contra el entonces presidente de la Corte, César Julio Valencia, por una llamada telefónica en la que éste dice que Uribe le preguntó por su primo Mario el mismo día en que fue llamado a indagatoria, y el Presidente asegura que es mentira. La demanda aún está vigente.
El segundo round fue el del caso 'Tasmania'. Menos de dos semanas después del llamado a indagatoria, Uribe le dio un jalón de orejas a la Corte y acusó al investigador Iván Velásquez de tener tratos oscuros con el paramilitar 'Tasmania' para que atestiguara en su contra. La Fiscalía cerró hace menos de dos semanas el caso y dijo que se trató de un "burdo montaje". El propio paramilitar se retractó y dejó un manto de duda sobre la supuesta participación de Mario Uribe y Santiago Uribe, hermano del Presidente, en el caso.
Con el paso de los meses el escándalo de la para-política crecía, hasta llegar a 70 congresistas involucrados, la mayoría de ellos uribistas, incluidos el presidente de La U, Carlos García, y la ya mencionada presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez.
Y entre junio y julio se precipitó el tercer round, cuando por el polémico fallo de la Corte sobre la 'yidis-política', Uribe llegó a decir que algunos magistrados "tenían nostalgia del terrorismo agonizante", y desafió a la Corte diciendo que convocaría un referendo para ratificar con el voto popular su elección de 2006.
Las mediaciones no han funcionado. Ni la euforia por el rescate de Íngrid, que provocó una luna de miel artificial. Ni la de monseñor Rubiano, en la que el presidente Uribe y el presidente de la Corte, Francisco Javier Ricaurte, se arrodillaron a rezar en un aparente gesto de reconciliación. Pero era apenas una foto. Las discrepancias siguieron intactas.
En medio de los golpes a la mandíbula que se han lanzado el gobierno y la Corte, la reforma a la justicia que propone el gobierno se ve como un acto de revanchismo en la cúpula de la justicia. Para ellos, lo que el gobierno busca es dar gabelas a los magistrados, para aliviar los controles que tienen hoy las Cortes sobre el Congreso y facilitar que el uribismo haga más duradera su influencia sobre las Cortes.
Por su parte, el Congreso también esta listo a subirse al ring. Mientras la oposición -el partido liberal y el Polo Democrático- ha apoyado públicamente las investigaciones de la Corte Suprema, el uribismo en el Congreso calienta motores. El presidente del Congreso, Hernán Andrade, citará a los presidentes de las Cortes para un debate sobre las presuntas relaciones de magistrados con el empresario Giorgio Sale, preso por narcotráfico. Precisamente el magistrado Yesid Ramírez, quien aceptó haber recibido un reloj Rolex de parte de este polémico personaje, está fuera del país.
Nadie cuestiona que la justicia colombiana tiene problemas estructurales. Y que en las Altas Cortes hay 'roscogramas'. Es simplemente una expresión más del clientelismo, que si bien sería mejor que no existiera, no es un vicio exclusivo de la rama judici al. En el Legislativo y el Ejecutivo la practican en las mismas proporciones, o peor, como el propio Presidente tuvo que reconocer en su acto de contrición el fin de semana.
Lo que preocupa es la motivación que tienen sectores de la política de mandar a la lona a la cúpula de la justicia justo en el momento en que investiga uno de los flagelos que más daño le han hecho a la democracia: la relación entre política y mafias. El país ya padeció la época del terror de Pablo Escobar y sus intentos de conquistar la política. Así como el capítulo sombrío del Cartel de Cali con sus largos tentáculos en el Congreso y en el gobierno, que tuvo como coletazo el proceso 8.000. Ahora, cuando la mayoría de los colombianos quiere desterrar la para-política, sectores del gobierno y el Congreso están empeñados en ponerle palos en la rueda a la Corte Suprema. Si la justicia no llega hasta el fondo de sus investigaciones y manda un mensaje ejemplarizante para las nuevas generaciones de gobernantes, Colombia estará condenada a repetir su historia de sangre y corrupción.
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la Corte rompe su silencio
Tanto va el cántaro al agua...la Corte rompe su silencio
En dos comunicados, uno en la tarde y otro en la noche del jueves, los magistrados se defienden de los dardos que han recibido de congresistas y gobierno en la última semana, exigen respeto por sus actuaciones, y denuncian interferencias de otros poderes.
Fecha: 08/14/2008 -
En la tarde del jueves, la Sala Penal de la Corte emitió un enérgico comunicado en respuesta a los ataques que ha recibido sobre la supuesta manipulación de testigos y pruebas en las investigaciones de la parapolítica.
Pocas horas después, la Corte Suprema de Justicia en pleno emitió un segundo comunicado en un tono aún más categórico: "A ningún ciudadano, por afectado o mortificado que se encuentre por causa de las decisiones que adopten los jueces de la República y que recaigan sobre sus parientes, amigos, correligionarios o, en fin, respecto de personas con las que comparta un mismo ideario, le está permitido propagar infundios o aseveraciones tendenciosas enderezadas únicamente a desprestigiarlos"
En el último comunicado la Corte dijo además que si alguien consideraba que un funcionario judicial había faltado a su deber, debería ponerlas en conocimiento de autoridades competentes. En lo que parece una alusión a las declaraciones del presidente Álvaro Uribe de esta semana, cuando dijo que sabía de un congresista al que un miembro del Alto Tribunal le había pedido plata, la Corte advirtió que si se conoce de un delito y no se denuncia debidamente se corre el riesgo de incurrir en "faltas de diversa índole".
También con esta declaración presidencial y la del presidente del Congreso, Hernán Andrade, quien dijo que existía un "cartel de testigos" para enlodar a los congresistas, la Corte dijo que ve con preocupación "cómo de manera recurrente, sistemática e inclusive orquestada se deslizan malintencionada y engañosamente comentarios malsanos orientados exclusivamente a deslegitimar las investigaciones de los servidores judiciales o minar su credibilidad".
El comunicado de la mañana del jueves firmado éste por la Sala Penal, también respondió a las acusaciones que le hizo la senadora de Cambio Radical, Nancy Patricia Gutiérrez, cuando denunció que la Corte estaba llevando procesos contra congresistas sin contarles. En el comunicado, el ente judicial aseguró enfáticamente que no existen “radicados ocultos, ni procesos fantasmas”.
“Si con esas expresiones se quiere significar la llamada ‘investigación previa’, basta decir que a ellas siempre tiene acceso el Ministerio Público y esa denominación obedece, por vía general, a la falta de identificación del autor o autores de la conducta o a la necesidad de precisar previamente su carácter de comportamiento punible”, aclaró la Sala Penal de la Corte.
En una clara alusión a las críticas que han tildado a la Corte Suprema de manipular las investigaciones, la Sala Penal recordó que es competencia del organismo judicial hacer las pruebas y dirigir las investigaciones a fin de esclarecer los hechos: “la Constitución y la ley reservan a la Corte, desde su posición investigadora, la facultad de disponer la práctica de cuantas pruebas considere necesarias para el cabal esclarecimiento de los hechos y la identificación de sus autores y partícipes”.
La Sala Penal, al igual que la Corte en pleno, dijo que si había señalamientos contra algunos de sus miembros, la competencia para investigar y juzgar era de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el juez natural de la Sala Penal, según la ley. La aclaración se deriva de las acusaciones contra el magistrado auxiliar, Iván Velásquez, que han sido ventiladas en los medios de comunicación, y que a juicio de algunos analistas lo único que pretenden es arrojar un manto de duda sobre la corporación e impedir que las investigaciones por parapolítica avancen.
El comunicado de la Corte en pleno va más allá de la denuncia y toma varias decisiones. La primera que no se dejará presionar para obtener la verdad y la reparación de las víctimas.
Es de recordar que en el comunicado anterior, la Sala Penal de la Corte había dicho que en dos ocasiones le pidió explicaciones al presidente Álvaro Uribe sobre la extradición a los Estados Unidos de los 14 jefes paramilitares, a los que se refirió como “un significativo número de violadores del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos”. La razón: “tal determinación puso en riesgo las garantías para la continuación de la investigación y juzgamiento por las macro vulneraciones cometidas en Colombia y la colaboración eficaz con la justicia en aquellos asuntos de la llamada parapolítica a los que concurren como testigos”, suscribieron los magistrados de la Sala Penal.
La razón esgrimida por el gobierno para extraditar a estos paramilitares es que ellos incumplieron el compromiso de no delinquir desde la cárcel. Ante esta imputación la corporación reiteró su interés en saber si puede proseguir con las investigaciones en el marco de la Ley de Justicia y Paz. “Tanto más si se tiene en cuenta que la exclusión de los postulados en tales casos está reservada a las autoridades judiciales”, escribió.
La segunda decisión de la Corte es rechazar las agresiones de todo tipo y exigir respeto; la tercera, reafirmar que la Corte hace valer el debido proceso y la garantías de los procesados y repetir que no hay "procesos ocultos"; la cuarta, pedir a las autoridades de control que investiguen y verifiquen sus actuaciones y recuerda que desde el principio la Corte había pedido que organismos internacionales acompañaran el proceso de investigaciones de la parapolítica; y quinto, le pidió al Procurador investigar a quiénes le faltan el respeto a la Corte.
El sexto punto de su comunicado es quizás el más duro porque allí la Corte "pone en conocimiento de los órganos competenetes las interferencias que se vienen presentando por parte de otros poderes del Estado que dificultan el cumplmiento de sus deberes constitucionales y de los convenios internacionales".
Por último se refiere a la famosa frase del Presidente en la discusión sobre reforma a la justicia, en la que dijo que era necesario acabar con el "roscograma" de la Justicia. dice la Corte que está deacuerdo con que se investiguen las prácticas clientelistas, pero que sean en todas las ramas del poder público. Por último, respalda vigorosamente a la Sala Penal.
Los magistrados no sólo criticaron a los altos dignatarios del Estado que los han venido bombardeando con denuncias ambiguas y ataques a su dignidad, sino que también criticaron a los periodistas o columnistas por criticar las actuaciones de la Corte, algo que según varios observadores, es una equivocación. "La Corte no puede pretender que nadie la critique o que ningún periodista evalúie o comente sus actuaciones", dijo Rafael Merchán en el programa Hora 20 de Caracol Radio, el jueves en la noche.
En dos comunicados, uno en la tarde y otro en la noche del jueves, los magistrados se defienden de los dardos que han recibido de congresistas y gobierno en la última semana, exigen respeto por sus actuaciones, y denuncian interferencias de otros poderes.
Fecha: 08/14/2008 -
En la tarde del jueves, la Sala Penal de la Corte emitió un enérgico comunicado en respuesta a los ataques que ha recibido sobre la supuesta manipulación de testigos y pruebas en las investigaciones de la parapolítica.
Pocas horas después, la Corte Suprema de Justicia en pleno emitió un segundo comunicado en un tono aún más categórico: "A ningún ciudadano, por afectado o mortificado que se encuentre por causa de las decisiones que adopten los jueces de la República y que recaigan sobre sus parientes, amigos, correligionarios o, en fin, respecto de personas con las que comparta un mismo ideario, le está permitido propagar infundios o aseveraciones tendenciosas enderezadas únicamente a desprestigiarlos"
En el último comunicado la Corte dijo además que si alguien consideraba que un funcionario judicial había faltado a su deber, debería ponerlas en conocimiento de autoridades competentes. En lo que parece una alusión a las declaraciones del presidente Álvaro Uribe de esta semana, cuando dijo que sabía de un congresista al que un miembro del Alto Tribunal le había pedido plata, la Corte advirtió que si se conoce de un delito y no se denuncia debidamente se corre el riesgo de incurrir en "faltas de diversa índole".
También con esta declaración presidencial y la del presidente del Congreso, Hernán Andrade, quien dijo que existía un "cartel de testigos" para enlodar a los congresistas, la Corte dijo que ve con preocupación "cómo de manera recurrente, sistemática e inclusive orquestada se deslizan malintencionada y engañosamente comentarios malsanos orientados exclusivamente a deslegitimar las investigaciones de los servidores judiciales o minar su credibilidad".
El comunicado de la mañana del jueves firmado éste por la Sala Penal, también respondió a las acusaciones que le hizo la senadora de Cambio Radical, Nancy Patricia Gutiérrez, cuando denunció que la Corte estaba llevando procesos contra congresistas sin contarles. En el comunicado, el ente judicial aseguró enfáticamente que no existen “radicados ocultos, ni procesos fantasmas”.
“Si con esas expresiones se quiere significar la llamada ‘investigación previa’, basta decir que a ellas siempre tiene acceso el Ministerio Público y esa denominación obedece, por vía general, a la falta de identificación del autor o autores de la conducta o a la necesidad de precisar previamente su carácter de comportamiento punible”, aclaró la Sala Penal de la Corte.
En una clara alusión a las críticas que han tildado a la Corte Suprema de manipular las investigaciones, la Sala Penal recordó que es competencia del organismo judicial hacer las pruebas y dirigir las investigaciones a fin de esclarecer los hechos: “la Constitución y la ley reservan a la Corte, desde su posición investigadora, la facultad de disponer la práctica de cuantas pruebas considere necesarias para el cabal esclarecimiento de los hechos y la identificación de sus autores y partícipes”.
La Sala Penal, al igual que la Corte en pleno, dijo que si había señalamientos contra algunos de sus miembros, la competencia para investigar y juzgar era de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el juez natural de la Sala Penal, según la ley. La aclaración se deriva de las acusaciones contra el magistrado auxiliar, Iván Velásquez, que han sido ventiladas en los medios de comunicación, y que a juicio de algunos analistas lo único que pretenden es arrojar un manto de duda sobre la corporación e impedir que las investigaciones por parapolítica avancen.
El comunicado de la Corte en pleno va más allá de la denuncia y toma varias decisiones. La primera que no se dejará presionar para obtener la verdad y la reparación de las víctimas.
Es de recordar que en el comunicado anterior, la Sala Penal de la Corte había dicho que en dos ocasiones le pidió explicaciones al presidente Álvaro Uribe sobre la extradición a los Estados Unidos de los 14 jefes paramilitares, a los que se refirió como “un significativo número de violadores del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos”. La razón: “tal determinación puso en riesgo las garantías para la continuación de la investigación y juzgamiento por las macro vulneraciones cometidas en Colombia y la colaboración eficaz con la justicia en aquellos asuntos de la llamada parapolítica a los que concurren como testigos”, suscribieron los magistrados de la Sala Penal.
La razón esgrimida por el gobierno para extraditar a estos paramilitares es que ellos incumplieron el compromiso de no delinquir desde la cárcel. Ante esta imputación la corporación reiteró su interés en saber si puede proseguir con las investigaciones en el marco de la Ley de Justicia y Paz. “Tanto más si se tiene en cuenta que la exclusión de los postulados en tales casos está reservada a las autoridades judiciales”, escribió.
La segunda decisión de la Corte es rechazar las agresiones de todo tipo y exigir respeto; la tercera, reafirmar que la Corte hace valer el debido proceso y la garantías de los procesados y repetir que no hay "procesos ocultos"; la cuarta, pedir a las autoridades de control que investiguen y verifiquen sus actuaciones y recuerda que desde el principio la Corte había pedido que organismos internacionales acompañaran el proceso de investigaciones de la parapolítica; y quinto, le pidió al Procurador investigar a quiénes le faltan el respeto a la Corte.
El sexto punto de su comunicado es quizás el más duro porque allí la Corte "pone en conocimiento de los órganos competenetes las interferencias que se vienen presentando por parte de otros poderes del Estado que dificultan el cumplmiento de sus deberes constitucionales y de los convenios internacionales".
Por último se refiere a la famosa frase del Presidente en la discusión sobre reforma a la justicia, en la que dijo que era necesario acabar con el "roscograma" de la Justicia. dice la Corte que está deacuerdo con que se investiguen las prácticas clientelistas, pero que sean en todas las ramas del poder público. Por último, respalda vigorosamente a la Sala Penal.
Los magistrados no sólo criticaron a los altos dignatarios del Estado que los han venido bombardeando con denuncias ambiguas y ataques a su dignidad, sino que también criticaron a los periodistas o columnistas por criticar las actuaciones de la Corte, algo que según varios observadores, es una equivocación. "La Corte no puede pretender que nadie la critique o que ningún periodista evalúie o comente sus actuaciones", dijo Rafael Merchán en el programa Hora 20 de Caracol Radio, el jueves en la noche.
¿Buscan arrinconar a la Sala Penal de la Corte Suprema?
En una jugada de varios alfiles, los investigados por parapolítica vuelven a defender sus causas, atacando a sus investigadores. El magistrado auxiliar y principal investigador de los vínculos entre congresistas y paramilitares, Iván Velásquez, ha sido el blanco principal de la ofensiva de esta semana.
Por María Teresa Ronderos, directora Semana.com
Fecha: 08/13/2008 -
Al comienzo de esta semana, la senadora Nancy Patricia Gutiérrez reveló la grabación que realizó en forma clandestina de una conversación que tuvo con Juan Carlos Díaz Rayo, uno de los investigadores del CTI de la Fiscalía adscritos a la Sala Penal de la Corte en las investigaciones sobre la parapolítica. En la conversación, que la misma Gutiérrez filtró a los medios, Diáz Rayo asegura que el magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, quien es coordinador de la investigación que lleva el alto tribunal de los casos de congresistas presuntamente involucrados en parapolítica, ordena investigaciones a los congresistas sin previo aviso a los investigados. También afirma que Velásquez ordenó investigar al senador Germán Vargas Lleras, después de que hubiera renunciado a su curul el 3 de julio pasado.
En entrevista con El Tiempo, Gutiérrez afirmó que había decidido grabar a Díaz Rayo porque él le había dicho que en los informes “no podía colocar cosas buenas que favorecieran a los investigados”. Dijo Gutiérrez que “esto nos generó gran preocupación con el abogado y consideramos que era necesario tener una prueba”.
A las denuncias de la ex presidenta del Congreso, quien es investigada por el presunto apoyo que recibió de paramilitares de Cundinamarca, se sumó la voz del presidente Álvaro Uribe, quien pidió a la Justicia que tomara en cuenta sus declaraciones y además denunció que conocía el rumor de una supuesta extorsión de la que era víctima un congresista, sin precisar nombre, por cuenta de integrantes del Alto Tribunal.
Así mismo, el sábado 9 de agosto, el diario El Espectador publicó un reportaje en el que Betty Barreto, quien fue cocinera del jefe paramilitar Martín Llanos, dijo que el magistrado Velásquez y otros dos investigadores del CTI de la Fiscalía (el mencionado Díaz Rayo y Rafael Castiblanco), la invitaron a tomar licor, según fue citada por el diario, para sacarle información sobre las reuniones de su patrón con autoridades políticas. “Yo creo que ellos querían emborracharme para que yo hablara”, escribió el diario.
Según El Espectador, los funcionarios le preguntaron por Germán Vargas Lleras y ella se negó a darles información. El diario contrastó la opinión de la cocinera del paramilitar prófugo y aún muy poderoso en Casanare, con la del magistrado. Según el magistrado si fueron a tomar un trago, pero nadie quiso emborrachar a nadie, conversaron largamente sobre la historia de las autodefensas en el Casanare que Barreto conocía bien, y nadie la forzó para que hablara de algún congresista en particular.
Puestos así los hechos, la sensación que probablemente le queda al ciudadano del común, es que los magistrados, y en especial Velásquez, deben estar haciendo mal trabajo pues han desatado una cacería de brujas contra los congresistas. Sin embargo, si se mira la cosa con perspectiva, el hecho de que los tres ataques se dieran al tiempo no parece mera casualidad
Para empezar, ¿qué hace una investigada por parapolítica, como lo es la senadora Gutiérrez, pidiéndole información reservada a un funcionario investigador de la Fiscalía sobre cómo lleva la Corte sus procesos? ¿Y qué hace un investigador con una carrera destacada como Díaz, que tenía acceso a información privilegiada de la estrategia investigativa de la Corte, compartiéndola con la persona investigada?
De hecho, según información de la misma Fiscalía, Díaz fue retirado de su función investigadora de apoyo a la Corte por esta conducta. Y hoy está en otras labores.
En cualquier película de abogados estadounidense dirían que eso se llama obstrucción a a la justicia, pero resulta que ese delito no está tipificado por la ley penal colombiana. El que sí existe en el código es el de abuso de autoridad por acto arbitrario. Y según penalistas consultados, la Fiscalía debería investigar si se pudo haber cometido este delito y debería retirar al Díaz del CTI por lo menos mientras se aclara el asunto.
La Sala Penal de la Corte Suprema solicitó hoy a la Prcuraduría que investigue a Díaz
"quien se ha puesto en contacto con personas sometidas a investigación, como es el caso de la Senadora Nancy Patricia Gutiérrez, a quien reveló supuestas irregularidades en el manejo de los procesos de la denominada parapolítica".
En su denuncia, el presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sigifredo Espinosa, señaló que Diáz había "distorsionado las directrices que esta Corporación ha observado en relación con las investigaciones que son de su competencia" y que había hecho cargos que no son ciertos y afectan el nombre de la Corte. .
Muchos observadores políticos han dicho además que la Fiscalía también debería estar investigando a los involucrados en otra andanada para dañarle la honra y el buen nombre al magistrado Velásquez, cuando se inventaron que él había presionado al testigo ex paramilitar alias Tasmania para que acusara al Presidente Uribe de un delito. La propia Fiscalía que investigó el caso, desestimó las acusaciones contra Velásquez, luego del que el propio Tasmania dijera que había mentido por consejo de su abogado, el mismo del narcotraficante extraditado, alias el Tuso Sierra.
Entre los involucrados en este caso, además de Tasmania y su abogado, están el hermano del presidente Uribe, Santiago, quien llevó la carta con el falso testimonio de Tasmania a la Casa de Nariño, y el primo y aliado político del Presidente, el senador Mario Uribe, pariente político de Sierra, y amigo y vecino de finca del abogado. Entonces, la Corte acababa de llamar a indagatoria a Mario Uribe por posibles vínculos con el paramilitarismo, cuando se desató el escándalo contra el magistrado investigador del caso.
Entonces, como ahora, el Presidente salió a pedir investigaciones especiales contra los magistrados de la Corte.
En esta nueva ofensiva contra los investigadores, al igual que en el fallido caso de Tasmania, ya empezaron a parecer los huecos en los testigos contra el magistrado Velásquez.
En entrevista con La FM, este martes, Betty Barreto, la cocinera del paramilitar llanero Martín Llanos, dijo que El Espectador la había citado mal. Reiteró que cuando se reunió con los investigadores sí tomaron licor, pero que en ningún momento fue presionada para entregar información y que en la reunión que se extendió hasta las 12 de la noche sólo hablaron de cosas, distintas a las relaciones de su ex patrón con políticos. “Nos tomamos los tragos pero hablamos de otras cosas que nada tienen qué ver con eso, dijo Barreto. A la pregunta por si los investigadores preguntaron por Vargas Lleras, Barreto respondió: “Ellos no me mencionaron nombres, me preguntaron qué sabía de los políticos, pero no me mencionaron nombres”.
También aseguró que nunca más volvió a ver ni a hablar con los investigadores.
Lo que confirma que el magistrado Velásquez, tanto en el caso Tasmania, como en este, había dicho la verdad desde el principio.
Podría argumentarse que a pesar de haber obtenido la grabación del investigador del CTI en forma clandestina, sus comentarios ponen en evidencia que los métodos investigativos del magistrado Velásquez no serían tan rigurosos.
Diáz dice en la grabación que el magistrado investiga congresistas a sus espaldas. Sin embargo, es necesario aclarar que una tarea que la Sala Penal de la Corte encomendó al magistrado auxiliar Velásquez, fue precisamente hacer averiguaciones preliminares sobre quiénes podrían estar involucrados en el fenómeno de la parapolítica para poder tener algunos indicios a la hora de abrir formalmente una investigación.
“Ningún organismo judicial o de control puede abrir una investigación formal, si antes no tiene unas mínimas evidencias de que pudo haber cometido un delito o una falta”, dijo Armando Novoa, presidente de la Fundación Plural dedicada a investigar asuntos constitucionales.
Sobre lo segundo que dijo Díaz, que el magistrado investigaba a Vargas Lleras cuando ya no era congresista, es difícil creer que un magistrado de la experiencia de Velásquez haga algo tan torpe como investigar a alguien sobre el cuál no tiene jurisdicción. Entonces la probabilidad mayor es que por alguna razón que tendrá que investigar la justicia, Díaz pudo haber mentido para favorecer a una investigada con quien ya había cometido el error de pasarle información confidencial de la investigación.
No es de extrañarse entonces que este martes, en una reunión extraordinaria de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados al unísono, respaldaron, de manera "contundente y enfática", la labor de Velásquez como coordinador de la Comisión de Apoyo Investigativo. Es decir, los magistrados constataron que no había nada indebido en la labor de Velásquez.
El propio magistrado Velásquez dijo luego a los medios, que el motivo de las acusaciones en su contra radicaba en que él es visto como el motor de las investigaciones. “Desde 2005 que empezamos las investigaciones contaba con que podían haber actitudes de ciertos sectores para tratar de afectar el normal desempeño de las actividades. Ha habido actuaciones muy indebidas muy reprochables con el propósito de afectar mi imagen y la credibilidad de la Corte”, dijo Velásquez.
Tampoco es inesperado, que el Congreso, con más de 60 de sus miembros involucrados en investigaciones por presuntos vínculos con el paramilitarismo o con las guerrillas de las Farc, haya salido a avalar los argumentos de la senadora Gutiérrez de que no se está respetando el debido proceso en las investigaciones judiciales a sus miembros.
El presidente del Legislativo, el senador conservador Hernán Andrade, dijo que en el proceso de la parapolítica había un “cartel de testigos”. En sus declaraciones dijo que había que creerle al Presidente la versión de la supuesta oferta de dinero que le han hecho a senadores y calificó como valiente la denuncia de Gutiérrez.
“Todo lo que se ha dicho es muy grave, y hay que creerlo si lo dice el Presidente que es la primera autoridad política del país, pero debemos esperar que él mismo soporte la misma revelación", aseveró.
El problema es que el presidente Uribe en su denuncia de una supuesta extorsión a un congresista por parte de un magistrado, no dio nombres ni fechas. Sólo sembró una duda más sobre la transparencia del Alto Tribunal, sumándose así al coro de voces que han salido, todas a una, a cuestionar la legitimidad de las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia.
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En una jugada de varios alfiles, los investigados por parapolítica vuelven a defender sus causas, atacando a sus investigadores. El magistrado auxiliar y principal investigador de los vínculos entre congresistas y paramilitares, Iván Velásquez, ha sido el blanco principal de la ofensiva de esta semana.
Por María Teresa Ronderos, directora Semana.com
Fecha: 08/13/2008 -
Al comienzo de esta semana, la senadora Nancy Patricia Gutiérrez reveló la grabación que realizó en forma clandestina de una conversación que tuvo con Juan Carlos Díaz Rayo, uno de los investigadores del CTI de la Fiscalía adscritos a la Sala Penal de la Corte en las investigaciones sobre la parapolítica. En la conversación, que la misma Gutiérrez filtró a los medios, Diáz Rayo asegura que el magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, quien es coordinador de la investigación que lleva el alto tribunal de los casos de congresistas presuntamente involucrados en parapolítica, ordena investigaciones a los congresistas sin previo aviso a los investigados. También afirma que Velásquez ordenó investigar al senador Germán Vargas Lleras, después de que hubiera renunciado a su curul el 3 de julio pasado.
En entrevista con El Tiempo, Gutiérrez afirmó que había decidido grabar a Díaz Rayo porque él le había dicho que en los informes “no podía colocar cosas buenas que favorecieran a los investigados”. Dijo Gutiérrez que “esto nos generó gran preocupación con el abogado y consideramos que era necesario tener una prueba”.
A las denuncias de la ex presidenta del Congreso, quien es investigada por el presunto apoyo que recibió de paramilitares de Cundinamarca, se sumó la voz del presidente Álvaro Uribe, quien pidió a la Justicia que tomara en cuenta sus declaraciones y además denunció que conocía el rumor de una supuesta extorsión de la que era víctima un congresista, sin precisar nombre, por cuenta de integrantes del Alto Tribunal.
Así mismo, el sábado 9 de agosto, el diario El Espectador publicó un reportaje en el que Betty Barreto, quien fue cocinera del jefe paramilitar Martín Llanos, dijo que el magistrado Velásquez y otros dos investigadores del CTI de la Fiscalía (el mencionado Díaz Rayo y Rafael Castiblanco), la invitaron a tomar licor, según fue citada por el diario, para sacarle información sobre las reuniones de su patrón con autoridades políticas. “Yo creo que ellos querían emborracharme para que yo hablara”, escribió el diario.
Según El Espectador, los funcionarios le preguntaron por Germán Vargas Lleras y ella se negó a darles información. El diario contrastó la opinión de la cocinera del paramilitar prófugo y aún muy poderoso en Casanare, con la del magistrado. Según el magistrado si fueron a tomar un trago, pero nadie quiso emborrachar a nadie, conversaron largamente sobre la historia de las autodefensas en el Casanare que Barreto conocía bien, y nadie la forzó para que hablara de algún congresista en particular.
Puestos así los hechos, la sensación que probablemente le queda al ciudadano del común, es que los magistrados, y en especial Velásquez, deben estar haciendo mal trabajo pues han desatado una cacería de brujas contra los congresistas. Sin embargo, si se mira la cosa con perspectiva, el hecho de que los tres ataques se dieran al tiempo no parece mera casualidad
Para empezar, ¿qué hace una investigada por parapolítica, como lo es la senadora Gutiérrez, pidiéndole información reservada a un funcionario investigador de la Fiscalía sobre cómo lleva la Corte sus procesos? ¿Y qué hace un investigador con una carrera destacada como Díaz, que tenía acceso a información privilegiada de la estrategia investigativa de la Corte, compartiéndola con la persona investigada?
De hecho, según información de la misma Fiscalía, Díaz fue retirado de su función investigadora de apoyo a la Corte por esta conducta. Y hoy está en otras labores.
En cualquier película de abogados estadounidense dirían que eso se llama obstrucción a a la justicia, pero resulta que ese delito no está tipificado por la ley penal colombiana. El que sí existe en el código es el de abuso de autoridad por acto arbitrario. Y según penalistas consultados, la Fiscalía debería investigar si se pudo haber cometido este delito y debería retirar al Díaz del CTI por lo menos mientras se aclara el asunto.
La Sala Penal de la Corte Suprema solicitó hoy a la Prcuraduría que investigue a Díaz
"quien se ha puesto en contacto con personas sometidas a investigación, como es el caso de la Senadora Nancy Patricia Gutiérrez, a quien reveló supuestas irregularidades en el manejo de los procesos de la denominada parapolítica".
En su denuncia, el presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sigifredo Espinosa, señaló que Diáz había "distorsionado las directrices que esta Corporación ha observado en relación con las investigaciones que son de su competencia" y que había hecho cargos que no son ciertos y afectan el nombre de la Corte. .
Muchos observadores políticos han dicho además que la Fiscalía también debería estar investigando a los involucrados en otra andanada para dañarle la honra y el buen nombre al magistrado Velásquez, cuando se inventaron que él había presionado al testigo ex paramilitar alias Tasmania para que acusara al Presidente Uribe de un delito. La propia Fiscalía que investigó el caso, desestimó las acusaciones contra Velásquez, luego del que el propio Tasmania dijera que había mentido por consejo de su abogado, el mismo del narcotraficante extraditado, alias el Tuso Sierra.
Entre los involucrados en este caso, además de Tasmania y su abogado, están el hermano del presidente Uribe, Santiago, quien llevó la carta con el falso testimonio de Tasmania a la Casa de Nariño, y el primo y aliado político del Presidente, el senador Mario Uribe, pariente político de Sierra, y amigo y vecino de finca del abogado. Entonces, la Corte acababa de llamar a indagatoria a Mario Uribe por posibles vínculos con el paramilitarismo, cuando se desató el escándalo contra el magistrado investigador del caso.
Entonces, como ahora, el Presidente salió a pedir investigaciones especiales contra los magistrados de la Corte.
En esta nueva ofensiva contra los investigadores, al igual que en el fallido caso de Tasmania, ya empezaron a parecer los huecos en los testigos contra el magistrado Velásquez.
En entrevista con La FM, este martes, Betty Barreto, la cocinera del paramilitar llanero Martín Llanos, dijo que El Espectador la había citado mal. Reiteró que cuando se reunió con los investigadores sí tomaron licor, pero que en ningún momento fue presionada para entregar información y que en la reunión que se extendió hasta las 12 de la noche sólo hablaron de cosas, distintas a las relaciones de su ex patrón con políticos. “Nos tomamos los tragos pero hablamos de otras cosas que nada tienen qué ver con eso, dijo Barreto. A la pregunta por si los investigadores preguntaron por Vargas Lleras, Barreto respondió: “Ellos no me mencionaron nombres, me preguntaron qué sabía de los políticos, pero no me mencionaron nombres”.
También aseguró que nunca más volvió a ver ni a hablar con los investigadores.
Lo que confirma que el magistrado Velásquez, tanto en el caso Tasmania, como en este, había dicho la verdad desde el principio.
Podría argumentarse que a pesar de haber obtenido la grabación del investigador del CTI en forma clandestina, sus comentarios ponen en evidencia que los métodos investigativos del magistrado Velásquez no serían tan rigurosos.
Diáz dice en la grabación que el magistrado investiga congresistas a sus espaldas. Sin embargo, es necesario aclarar que una tarea que la Sala Penal de la Corte encomendó al magistrado auxiliar Velásquez, fue precisamente hacer averiguaciones preliminares sobre quiénes podrían estar involucrados en el fenómeno de la parapolítica para poder tener algunos indicios a la hora de abrir formalmente una investigación.
“Ningún organismo judicial o de control puede abrir una investigación formal, si antes no tiene unas mínimas evidencias de que pudo haber cometido un delito o una falta”, dijo Armando Novoa, presidente de la Fundación Plural dedicada a investigar asuntos constitucionales.
Sobre lo segundo que dijo Díaz, que el magistrado investigaba a Vargas Lleras cuando ya no era congresista, es difícil creer que un magistrado de la experiencia de Velásquez haga algo tan torpe como investigar a alguien sobre el cuál no tiene jurisdicción. Entonces la probabilidad mayor es que por alguna razón que tendrá que investigar la justicia, Díaz pudo haber mentido para favorecer a una investigada con quien ya había cometido el error de pasarle información confidencial de la investigación.
No es de extrañarse entonces que este martes, en una reunión extraordinaria de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados al unísono, respaldaron, de manera "contundente y enfática", la labor de Velásquez como coordinador de la Comisión de Apoyo Investigativo. Es decir, los magistrados constataron que no había nada indebido en la labor de Velásquez.
El propio magistrado Velásquez dijo luego a los medios, que el motivo de las acusaciones en su contra radicaba en que él es visto como el motor de las investigaciones. “Desde 2005 que empezamos las investigaciones contaba con que podían haber actitudes de ciertos sectores para tratar de afectar el normal desempeño de las actividades. Ha habido actuaciones muy indebidas muy reprochables con el propósito de afectar mi imagen y la credibilidad de la Corte”, dijo Velásquez.
Tampoco es inesperado, que el Congreso, con más de 60 de sus miembros involucrados en investigaciones por presuntos vínculos con el paramilitarismo o con las guerrillas de las Farc, haya salido a avalar los argumentos de la senadora Gutiérrez de que no se está respetando el debido proceso en las investigaciones judiciales a sus miembros.
El presidente del Legislativo, el senador conservador Hernán Andrade, dijo que en el proceso de la parapolítica había un “cartel de testigos”. En sus declaraciones dijo que había que creerle al Presidente la versión de la supuesta oferta de dinero que le han hecho a senadores y calificó como valiente la denuncia de Gutiérrez.
“Todo lo que se ha dicho es muy grave, y hay que creerlo si lo dice el Presidente que es la primera autoridad política del país, pero debemos esperar que él mismo soporte la misma revelación", aseveró.
El problema es que el presidente Uribe en su denuncia de una supuesta extorsión a un congresista por parte de un magistrado, no dio nombres ni fechas. Sólo sembró una duda más sobre la transparencia del Alto Tribunal, sumándose así al coro de voces que han salido, todas a una, a cuestionar la legitimidad de las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia.
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