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Un hombre capturado por los militares llevaba grabadas las pruebas en una memoria USB
EFE - Bogotá - 07/09/2009
El Ejército colombiano se ha incautado de pruebas de vida de varios rehenes en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tras capturar a un hombre que las llevaba registradas en una memoria USB, informaron hoy fuentes oficiales. Las pruebas de vida son fotografías de 11 de los 23 militares y policías que esta guerrilla tiene cautivos, explicó hoy el fiscal general, Guillermo Mendoza. Son "fotografías y detalles de un personal de las Fuerzas Armadas que se encuentra secuestrado", precisó Mendoza en una conferencia de prensa celebrada en Bogotá.
Mendoza dio también detalles sobre la detención de Ramiro Valbuena Ospina, acusado de ser el correo de los rebeldes, ocurrida el pasado sábado cuando viajaba en una motocicleta por la carretera entre la ciudad de Villavicencio (centro) y Bogotá. Valbuena, que presuntamente pertenece al Frente 44 de las FARC, llevaba una memoria USB con pruebas de vida de cuatro militares y seis policías, algunos de ellos secuestrados desde 1998. "Esas son pruebas que están contenidas en medios electrónicos", indicó el fiscal general, quien matizó que "lo que se encontró fue una USB". Los documentos han pasado al juez de control de garantías que se hizo cargo del caso de Valbuena, a quien la fiscalía tenía previsto imputar por rebelión y secuestro.
Las autoridades colombianas capturaron este fin de semana en Bogotá a una destacada coordinadora urbana de la guerrilla de las FARC, conocida con el alias de La Reina, que podría estar vinculada a las pruebas de vida de los rehenes. Su captura fue posible tras un operativo de inteligencia militar que se desarrolló durante varios meses en el departamento de Guaviare (sur) que permitieron establecer sus desplazamientos y detenerla el domingo en un populoso sector de la capital colombiana.
Además, la senadora opositora Piedad Córdoba hizo públicas hace una semana pruebas de vida de 13 secuestrados, entre las que había mensajes de vídeo de nueve policías y militares en poder de los rebeldes.
El Ejército y la fiscalía también capturaron en noviembre de 2007 a tres personas en el sur de Bogotá que traían pruebas de vida de los secuestrados y que iban a ser entregadas al presidente venezolano, Hugo Chávez, entonces mediador ante las FARC para la liberación de secuestrados. Entre esas pruebas estaba la de la entonces rehén Ingrid Betancourt, quien fue rescatada el 2 de julio de 2008 junto a tres estadounidenses y 11 policías y militares secuestrados.
El padre de un secuestrado se 'crucifica' en Bogotá
El padre del cabo del Ejército colombiano Pablo Emilio Moncayo, rehén de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde hace casi 12 años, llegó ayer a Bogotá tras una caminata de más de 100 kilómetros y de manera simbólica se crucificó con la cruz de guadua (planta similar al bambú) que cargó durante su larga marcha. El profesor Gustavo Moncayo, conocido también como El caminante por la paz, concluyó en la capital colombiana la última de sus marchas para pedir por la liberación de su hijo y de todos los demás secuestrados en poder de las FARC.
Moncayo llegó a la histórica Plaza de Bolívar acompañado de su hermano Carlos, pero por disposiciones administrativas no pudo permanecer en ese sitio y fue llevado a una iglesia cercana en el centro de Bogotá, donde permanecerá en vigilia por lo menos una semana. "Estoy haciendo el mismo trabajo y pidiendo por la liberación de los secuestrados. Hoy, exigiéndole ese derecho al Gobierno", dijo tras la larga marcha.
Moncayo realizó ante decenas de personas el acto simbólico de crucificarse, como había afirmado que haría al iniciar el lunes pasado una marcha desde la localidad de Melgar, distante unos 100 kilómetros al sur de Bogotá. Los médicos que observaron a Moncayo tras su larga caminata le recomendaron permanecer en calma por unos días.
El profesor pidió de nuevo al presidente colombiano, Álvaro Uribe, que reciba a la senadora opositora Piedad Córdoba para acordar la logística de la liberación de su hijo. "Ahora el problema no es de la guerrilla, sino del Gobierno", dijo el profesor. Las FARC anunciaron el pasado abril su intención de entregar a Córdoba de manera unilateral al cabo Pablo Emilio Moncayo y el cadáver de un capitán de la policía que murió en cautiverio, pero no se ha concretado esa liberación por la negativa de Uribe a recibir a la congresista.
Moncayo fue secuestrado el 21 de diciembre de 1997 en un puesto de comunicaciones del Ejército ubicado en una zona montañosa del suroeste de Colombia Las FARC tienen en su poder a 23 policías y militares que pretenden canjear por su hombres presos a través de un intercambio humanitario.
EFE
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sábado, 26 de diciembre de 2009
Cae jefe de las Farc que sembró el terror en Landázuri
Carlos Peña, conocido con el alias de ‘Alberto Chaparro’, fue capturado en el oriente de Bogotá por la Policía. Llevaba 19 años en la organización guerrillera y su área de influencia era el sur de Santander.
Once meses tardó la Policía en dar con el paradero de Carlos Iván Peña Orjuela, alias ‘Alberto Chaparro’, presunto jefe del frente 23 de las Farc, a quien se le acusa de ser el responsable del grupo que sembró cientos de minas antipersona en el sur de Santander que causaron 150 víctimas, incluyendo varios niños.
De acuerdo con las investigaciones, ‘Chaparro’ fue sucesor de Pastor Alape en el Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio. Hay siete órdenes de captura en contra suya por rebelión, terrorismo, homicidio agravado y extorsión, relacionados con hechos tan graves como el atentado que el 9 de mayo de 2007, en un paraje de Landázuri, Santander, cobró la vida de nueve policías del Escuadrón Móvil de Carabineros y de la Policía departamental que acompañaba a un grupo de erradicadores.
Las autoridades también lo acusan de ser autor material e intelectual de varios ataques a la fuerza pública, así como de múltiples extorsiones a comerciantes de Barbosa, Landázuri y Vélez, en el mismo departamento. También era uno de los 10 guerrilleros más buscados en Boyacá (Ver foto auxiliar).
Se le señala de ser el responsable de una incursión en el casco urbano de Albania, donde murieron dos agentes y seis más resultaron heridos. Y como integrante de las fuerzas especiales del Bloque Magdalena Medio lideró varias incursiones y atentados de impacto en el noreste de Antioquia y el Sur de Bolívar.
El seguimiento a Peña Orjuela comenzó en octubre del año pasado cuando miembros de inteligencia de la Policía forzaron el desplazamiento del guerrillero desde Landázuri hacia el centro del país. Al cabo de cuatro operaciones y producto de la presión policial, alias ‘Alberto Chaparro’ fue localizado en una vivienda del barrio Los Olivos, en el sector de Chapinero.
“Estaba en Bogotá huyendo de la presión que se ha ejercido por parte de la Fuerza Pública en Santander y visitando algunos familiares. Debo destacar que el seguimiento estuvo acompañado de colaboración y cooperación ciudadana”, dijo el general Oscar Naranjo, director de la Policía.
El Gobierno y la Policía Nacional habían ofrecido hasta 500 millones de pesos de recompensa por información que condujera a la captura de ‘Chaparro’.
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www.semana.com
Once meses tardó la Policía en dar con el paradero de Carlos Iván Peña Orjuela, alias ‘Alberto Chaparro’, presunto jefe del frente 23 de las Farc, a quien se le acusa de ser el responsable del grupo que sembró cientos de minas antipersona en el sur de Santander que causaron 150 víctimas, incluyendo varios niños.
De acuerdo con las investigaciones, ‘Chaparro’ fue sucesor de Pastor Alape en el Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio. Hay siete órdenes de captura en contra suya por rebelión, terrorismo, homicidio agravado y extorsión, relacionados con hechos tan graves como el atentado que el 9 de mayo de 2007, en un paraje de Landázuri, Santander, cobró la vida de nueve policías del Escuadrón Móvil de Carabineros y de la Policía departamental que acompañaba a un grupo de erradicadores.
Las autoridades también lo acusan de ser autor material e intelectual de varios ataques a la fuerza pública, así como de múltiples extorsiones a comerciantes de Barbosa, Landázuri y Vélez, en el mismo departamento. También era uno de los 10 guerrilleros más buscados en Boyacá (Ver foto auxiliar).
Se le señala de ser el responsable de una incursión en el casco urbano de Albania, donde murieron dos agentes y seis más resultaron heridos. Y como integrante de las fuerzas especiales del Bloque Magdalena Medio lideró varias incursiones y atentados de impacto en el noreste de Antioquia y el Sur de Bolívar.
El seguimiento a Peña Orjuela comenzó en octubre del año pasado cuando miembros de inteligencia de la Policía forzaron el desplazamiento del guerrillero desde Landázuri hacia el centro del país. Al cabo de cuatro operaciones y producto de la presión policial, alias ‘Alberto Chaparro’ fue localizado en una vivienda del barrio Los Olivos, en el sector de Chapinero.
“Estaba en Bogotá huyendo de la presión que se ha ejercido por parte de la Fuerza Pública en Santander y visitando algunos familiares. Debo destacar que el seguimiento estuvo acompañado de colaboración y cooperación ciudadana”, dijo el general Oscar Naranjo, director de la Policía.
El Gobierno y la Policía Nacional habían ofrecido hasta 500 millones de pesos de recompensa por información que condujera a la captura de ‘Chaparro’.
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La violencia se ceba con los awá
Tras la matanza de 12 miembros de su comunidad, líderes indígenas protestan por la violencia que se ha cobrado 78 muertes en este año
PILAR LOZANO - Bogotá - 31/08/2009
Claridad y justicia. Eso pidieron los indígenas awá al Gobierno de Colombia la tarde del sábado, tras enterrar a los 12 miembros de su comunidad asesinados tres días antes. Los enterraron después de que los féretros se utilizaron para bloquear la principal calle de Ricaurte, en el departamento fronterizo de Nariño (sur del país).
Sólo fueron retirados cuando una comisión gubernamental, encabezada por el ministro de Interior y Justicia colombiano, Fabio Valencia Cossio, se reunió con los líderes de la comunidad. Tanto representantes de los indígenas como miembros de organizaciones en defensa de los derechos humanos han señalado a elementos del Ejército como responsables de la matanza. Con las víctimas de esta masacre, este año han muerto 78 indígenas.
Los asesinos llegaron a las seis de la mañana del miércoles. Eran hombres altos y vestían trajes de camuflaje. Así los describieron los supervivientes. Buscaron a Tulia García, de 36 años, y la asesinaron junto con sus dos hijos, de cinco y ocho. Mataron a otros seis adultos y a tres niños más. Uno tenía apenas seis meses. Le dieron cuatro tiros en la cabeza.
Al esposo de Tulia García, Gonzalo Rodríguez, lo había matado el Ejército en mayo pasado. Los militares lo habían detenido, señalado como un guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Afirman que le dispararon cuando trató de huir. Tulia acudió a la fiscalía y dio una versión distinta. Declaró que a su esposo lo habían detenido cuando los dos caminaban juntos. Que a ella la habían dejado ir y que después había escuchado los disparos. Desde entonces estaba amenazada.
"Sería muy grave que el Ejército sea el culpable [de la matanza]", comentó a EL PAÍS Luis Evelis Andrade, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Las autoridades argumentan que el día de la masacre no había militares en la zona. Pero los indígenas no paran de hacerse una misma pregunta: ¿Por qué los asesinos fueron sólo a la casa de la viuda y mataron a todos los que estaban allí?
Una de las supervivientes contó que los homicidas llegaron a gritos y patadas. Su esposo y su hijo de tres años están entre las víctimas. Ella logró huir por la cocina con su otro hijo, de 11 años.
La zona selvática donde ocurrió el múltiple crimen "es convulsa, difícil", explica el gobernador de Nariño, Antonio Navarro. Guerrillas y paramilitares se disputan el control de los cultivos de coca y las rutas de salida hacia el Pacífico. En la región actúan grupos paramilitares ligados al narcotráfico, como los Rastrojos y las Águilas Negras y también es territorio por el que se mueven las FARC. Las autoridades, sin embargo, descartan que ellos hayan perpetrado esta matanza. No es el caso de otra masacre registrada en febrero pasado, cuando un comando guerrillero asesinó a un grupo de hombres y mujeres indígenas, dos de ellas embarazadas. Los acusaban de ser informantes del Ejército.
"Es un etnocidio, un genocidio ante la mirada indiferente del Estado", comenta el presidente de la ONIC. Lleva años denunciando los mismos problemas y la situación sólo empeora. Hasta julio de este año, los crímenes perpetrados contra los indígenas se han incrementado un 72% comparados con los registrados el año pasado. James Anaya, relator especial de la ONU para los pueblos indígenas, define la situación como "crítica y profundamente preocupante".
Andrade interpreta que los indígenas han quedado indefensos en medio del conflicto. "Ningún grupo armado comprende nuestra autonomía. La guerrilla no nos reconoce como Gobierno en nuestro territorio y las autoridades invaden nuestras tierras, utilizan nuestras casas y nuestros caminos", explica. Este año han denunciado que niños y jóvenes están siendo reclutados por las FARC. Hace poco se llevaron a 11 de un internado indígena en la región amazónica. Los emborrachan y se los llevan con engaños, denuncian los líderes awá. "Desconocen nuestra cosmovisión y nos involucran en el conflicto. Cuando un indígena deserta, los armados arremeten contra la comunidad", explica Andrade.
Y hay otra guerra, más silenciosa, que también se cobra la vida de los indígenas: el hambre. En el departamento de Chocó, al noroeste del país, nueve de cada 10 niños indígenas sufren de desnutrición crónica. Según la Corte Constitucional (Tribunal de Justicia) de Colombia, más de 30 pueblos de los 102 que existen en el país están en peligro de desaparecer. Óscar Ortiz, secretario de la Unidad Indígena awá, resume: "En este país los indígenas somos un estorbo". La violencia, el hambre y la indiferencia del Estado son el precio que el millón de indígenas que viven en Colombia tiene que pagar.
"Nos preocupa la suerte de los vivos"
P. L., Bogotá
Los awá están reunidos desde el viernes pasado en Ricaurte, allí donde velaron a sus muertos y donde los devolvieron a la tierra el sábado. Su exigencia es simple: justicia. "Vamos a exigir que no haya impunidad", comenta Rolando Caticus, líder de la comunidad.
El Gobierno ha prometido un "castigo ejemplar" a los culpables. Un delegado de la Comisión para los Derechos Humanos de la ONU acompañará a los fiscales que conduzcan la investigación. Las autoridades también han prometido una mesa para solucionar los problemas de la comunidad y se ha pactado una cita, en Bogotá, con el presidente Álvaro Uribe. "Es importante, para preservar la vida de los 20.000 indígenas awá, que se señale a los autores de estas muertes", afirma el gobernador de Nariño, Antonio Navarro.
Pero los indígenas se sienten abandonados por la justicia. Salvo unos pocos casos, los crímenes contra ellos han quedado impunes. "Nos preocupa la suerte de los vivos, exigimos que el Gobierno cumpla su deber de darnos educación, salud, tierras y respeto a nuestra autonomía. Pedimos que no viole nuestro derecho a la consulta previa cuando se habla de proyectos en nuestros territorios", dice el presidente de la ONIC. A su juicio, estos proyectos significan para los indígenas hambre y despojo en lugar de progreso.
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PILAR LOZANO - Bogotá - 31/08/2009
Claridad y justicia. Eso pidieron los indígenas awá al Gobierno de Colombia la tarde del sábado, tras enterrar a los 12 miembros de su comunidad asesinados tres días antes. Los enterraron después de que los féretros se utilizaron para bloquear la principal calle de Ricaurte, en el departamento fronterizo de Nariño (sur del país).
Sólo fueron retirados cuando una comisión gubernamental, encabezada por el ministro de Interior y Justicia colombiano, Fabio Valencia Cossio, se reunió con los líderes de la comunidad. Tanto representantes de los indígenas como miembros de organizaciones en defensa de los derechos humanos han señalado a elementos del Ejército como responsables de la matanza. Con las víctimas de esta masacre, este año han muerto 78 indígenas.
Los asesinos llegaron a las seis de la mañana del miércoles. Eran hombres altos y vestían trajes de camuflaje. Así los describieron los supervivientes. Buscaron a Tulia García, de 36 años, y la asesinaron junto con sus dos hijos, de cinco y ocho. Mataron a otros seis adultos y a tres niños más. Uno tenía apenas seis meses. Le dieron cuatro tiros en la cabeza.
Al esposo de Tulia García, Gonzalo Rodríguez, lo había matado el Ejército en mayo pasado. Los militares lo habían detenido, señalado como un guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Afirman que le dispararon cuando trató de huir. Tulia acudió a la fiscalía y dio una versión distinta. Declaró que a su esposo lo habían detenido cuando los dos caminaban juntos. Que a ella la habían dejado ir y que después había escuchado los disparos. Desde entonces estaba amenazada.
"Sería muy grave que el Ejército sea el culpable [de la matanza]", comentó a EL PAÍS Luis Evelis Andrade, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Las autoridades argumentan que el día de la masacre no había militares en la zona. Pero los indígenas no paran de hacerse una misma pregunta: ¿Por qué los asesinos fueron sólo a la casa de la viuda y mataron a todos los que estaban allí?
Una de las supervivientes contó que los homicidas llegaron a gritos y patadas. Su esposo y su hijo de tres años están entre las víctimas. Ella logró huir por la cocina con su otro hijo, de 11 años.
La zona selvática donde ocurrió el múltiple crimen "es convulsa, difícil", explica el gobernador de Nariño, Antonio Navarro. Guerrillas y paramilitares se disputan el control de los cultivos de coca y las rutas de salida hacia el Pacífico. En la región actúan grupos paramilitares ligados al narcotráfico, como los Rastrojos y las Águilas Negras y también es territorio por el que se mueven las FARC. Las autoridades, sin embargo, descartan que ellos hayan perpetrado esta matanza. No es el caso de otra masacre registrada en febrero pasado, cuando un comando guerrillero asesinó a un grupo de hombres y mujeres indígenas, dos de ellas embarazadas. Los acusaban de ser informantes del Ejército.
"Es un etnocidio, un genocidio ante la mirada indiferente del Estado", comenta el presidente de la ONIC. Lleva años denunciando los mismos problemas y la situación sólo empeora. Hasta julio de este año, los crímenes perpetrados contra los indígenas se han incrementado un 72% comparados con los registrados el año pasado. James Anaya, relator especial de la ONU para los pueblos indígenas, define la situación como "crítica y profundamente preocupante".
Andrade interpreta que los indígenas han quedado indefensos en medio del conflicto. "Ningún grupo armado comprende nuestra autonomía. La guerrilla no nos reconoce como Gobierno en nuestro territorio y las autoridades invaden nuestras tierras, utilizan nuestras casas y nuestros caminos", explica. Este año han denunciado que niños y jóvenes están siendo reclutados por las FARC. Hace poco se llevaron a 11 de un internado indígena en la región amazónica. Los emborrachan y se los llevan con engaños, denuncian los líderes awá. "Desconocen nuestra cosmovisión y nos involucran en el conflicto. Cuando un indígena deserta, los armados arremeten contra la comunidad", explica Andrade.
Y hay otra guerra, más silenciosa, que también se cobra la vida de los indígenas: el hambre. En el departamento de Chocó, al noroeste del país, nueve de cada 10 niños indígenas sufren de desnutrición crónica. Según la Corte Constitucional (Tribunal de Justicia) de Colombia, más de 30 pueblos de los 102 que existen en el país están en peligro de desaparecer. Óscar Ortiz, secretario de la Unidad Indígena awá, resume: "En este país los indígenas somos un estorbo". La violencia, el hambre y la indiferencia del Estado son el precio que el millón de indígenas que viven en Colombia tiene que pagar.
"Nos preocupa la suerte de los vivos"
P. L., Bogotá
Los awá están reunidos desde el viernes pasado en Ricaurte, allí donde velaron a sus muertos y donde los devolvieron a la tierra el sábado. Su exigencia es simple: justicia. "Vamos a exigir que no haya impunidad", comenta Rolando Caticus, líder de la comunidad.
El Gobierno ha prometido un "castigo ejemplar" a los culpables. Un delegado de la Comisión para los Derechos Humanos de la ONU acompañará a los fiscales que conduzcan la investigación. Las autoridades también han prometido una mesa para solucionar los problemas de la comunidad y se ha pactado una cita, en Bogotá, con el presidente Álvaro Uribe. "Es importante, para preservar la vida de los 20.000 indígenas awá, que se señale a los autores de estas muertes", afirma el gobernador de Nariño, Antonio Navarro.
Pero los indígenas se sienten abandonados por la justicia. Salvo unos pocos casos, los crímenes contra ellos han quedado impunes. "Nos preocupa la suerte de los vivos, exigimos que el Gobierno cumpla su deber de darnos educación, salud, tierras y respeto a nuestra autonomía. Pedimos que no viole nuestro derecho a la consulta previa cuando se habla de proyectos en nuestros territorios", dice el presidente de la ONIC. A su juicio, estos proyectos significan para los indígenas hambre y despojo en lugar de progreso.
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Las FARC entregan pruebas de vida de nueve secuestrados
La guerrilla colombiana entregó los vídeos a la senadora opositora Piedad Córdoba
AGENCIAS - Bogotá - 31/08/2009
Los familiares de seis policías y tres militares secuestrados recibieron este lunes pruebas de vida enviadas por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en las que se revela que dos de ellos están encadenados. Las FARC entregaron esas pruebas en forma de vídeos a la senadora opositora Piedad Córdoba, quien las entregó primero a los familiares y después a los medios de comunicación.
La senadora, miembro de la organización Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), lamentó las dificultades que han tenido para poder conseguir las pruebas por no tener el "apoyo" del Gobierno colombiano. También recordó que todavía está a la espera de que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, la autorice para concretar una reunión con las FARC para comenzar con el proceso de liberación de los rehenes.
El pasado 18 de agosto, Córdoba, que ha mediado en la liberación de al menos una docena de secuestrados por las FARC, fue portadora de otras pruebas de supervivencia de dos de los 23 militares y policías en manos de esa guerrilla (24, según cifras del Gobierno). La legisladora recibió dos vídeos en los que aparecen el mayor de la Policía Javier Solórzano y el cabo del Ejército Salín Antonio Sanmiguel.
En abril pasado, las FARC anunciaron que iban a liberar al cabo Pablo Emilio Moncayo, uno de los rehenes que más tiempo lleva en su poder, desde diciembre de 1997, y posteriormente añadieron en la misma liberación al también suboficial José Libio Martínez. Los dos suboficiales, sin embargo, no han regresado a sus hogares por desacuerdos con el Gobierno sobre la logística de la entrega.
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AGENCIAS - Bogotá - 31/08/2009
Los familiares de seis policías y tres militares secuestrados recibieron este lunes pruebas de vida enviadas por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en las que se revela que dos de ellos están encadenados. Las FARC entregaron esas pruebas en forma de vídeos a la senadora opositora Piedad Córdoba, quien las entregó primero a los familiares y después a los medios de comunicación.
La senadora, miembro de la organización Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), lamentó las dificultades que han tenido para poder conseguir las pruebas por no tener el "apoyo" del Gobierno colombiano. También recordó que todavía está a la espera de que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, la autorice para concretar una reunión con las FARC para comenzar con el proceso de liberación de los rehenes.
El pasado 18 de agosto, Córdoba, que ha mediado en la liberación de al menos una docena de secuestrados por las FARC, fue portadora de otras pruebas de supervivencia de dos de los 23 militares y policías en manos de esa guerrilla (24, según cifras del Gobierno). La legisladora recibió dos vídeos en los que aparecen el mayor de la Policía Javier Solórzano y el cabo del Ejército Salín Antonio Sanmiguel.
En abril pasado, las FARC anunciaron que iban a liberar al cabo Pablo Emilio Moncayo, uno de los rehenes que más tiempo lleva en su poder, desde diciembre de 1997, y posteriormente añadieron en la misma liberación al también suboficial José Libio Martínez. Los dos suboficiales, sin embargo, no han regresado a sus hogares por desacuerdos con el Gobierno sobre la logística de la entrega.
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miércoles, 9 de diciembre de 2009
'Farc serán blanco de misiones conjuntas realizadas en nuevo acuerdo militar': William Brownfield
Agosto 19 de 2009
En charla con EL TIEMPO, el embajador de Estados Unidos en Colombia revela, además, que las fuerzas que estarán en el país en virtud del nuevo tratado no se acercarán a las fronteras con los vecinos.
Hay nerviosismo en la región por el tratado entre E.U. y Colombia. ¿E.U. tiene algo en su agenda para distensionar esta situación?
Vamos a ver cómo se desarrollan los días y las semanas que vienen. Pero no tuvimos la menor intención de provocar cualquier cuestión de nervios o preocupaciones en la región. Lo que hemos hecho, como dijo claramente el presidente Barack Obama a los medios de comunicación hace semana y media, es actualizar unos acuerdos que hemos tenido con Colombia desde 1952.
Segundo: esta cuestión es absolutamente bilateral.
Tres: aunque sea bilateral no tenemos nada para esconder. Estamos dispuestos a explicar el acuerdo en el momento correcto. Quiero decir que podremos compartir el texto con cualquier gobierno en el mundo que tenga interés y que quiera verlo.
Estamos tratando de eliminar cualquier preocupación, cualquier nerviosismo que podría existir en este momento.
Líderes del continente no creen que este tratado sea solo para perseguir al narcotráfico y el terrorismo. ¿Podría haber otros intereses.
La mejor manera de explicarlo es citando lo que dijo el presidente Barack Obama hace semana y media, cuando dijo que que este es un acuerdo para asegurar la mejor colaboración posible entre Colombia y E.U. en las cuestiones de la droga ilícita y el terrorismo. Él lo dijo, su vocero lo dijo, el vocero del Departamento de Estado lo dijo, yo lo he dicho muchas veces en público acá. Acepto que cualquier persona, cualquier institución, cualquier gobierno tiene derecho de opinión, pero no puede cambiar el hecho de que el gobierno de los E.U. y el gobierno de la República de Colombia, han sido muy claros, muy específicos, muy públicos y muy transparentes en decir que este acuerdo trata soo de colaboración bilateral entre los dos gobiernos y los dos países en contra de lo droga ilícita y el terrorismo.
¿Cómo garantizarles a los vecinos que esta nueva posición estratégica que va a tener E.U. no será usada para espiar, para afectar sus intereses?
Supongo que lo que podemos hacer para asegurarles eso es citarles lo que le dijo el presidente de E.U. hace semana y media.
Ahora bien, en mi opinión, cuando habla Barack Obama, él dice cosas muy puntuales. Si alguien quiere decir que no cree en el presidente de E.U. tiene ese derecho, pero yo creo que es un hombre bien responsable, bien honesto, bien transparente y ha sido muy claro y muy específico en esa área.
Además, la verdad, esto no es nuevo. Estamos y hemos estado colaborando con el gobierno colombiano en estas cuestiones desde hace por lo menos 10 años (desde el Plan Colombia), y de hecho por décadas antes de eso, y nunca hemos usado esa colaboración para misiones fuera de Colombia.
¿Si en esa lucha contra los agentes del narcotráfico está la guerrilla, la perseguirán?
Aceptamos la realidad histórica. El hecho establecido durante los últimos 10 a 20 años es que una de las organizaciones (sino la organización) más importantes en el tráfico de droga ilícita en este momento se llama las Farc. No se puede hablar de esfuerzos contra la droga ilícita sin hablar de las Farc también.
Si me preguntas si las misiones que van a aprovecharse de este acuerdo en el futuro van a incorporar a las Farc en su zonas de blanco, la respuesta es sí, sin duda alguna.
¿Cómo delimitar un área puntual en la frontera para saber hasta dónde llegarán las fuerzas estadounidenses en la persecución de los narcotraficantes?
Cualquier tema relacionado con las fronteras entre Colombia y Venezuela, y Colombia y Ecuador, o cualquiera de sus otros vecinos, son cuestiones soberanas para esos países y sus gobiernos. Le puedo garantizar que cualquier actividad nuestra, bajo este acuerdo bilateral, no va a acercarse a las fronteras sin la autorización específica de todos los gobiernos involucrados.
Si me preguntara que hipotéticamente ambos gobiernos pidieran una misión de E.U., la consideraríamos con esa circunstancia, pero sin el pedido explícito y probablemente escrito de esos gobiernos, no lo haríamos. Ni siquiera estaríamos cerca de las fronteras.
¿Dijo usted que las operaciones militares serían una responsabilidad muy puntual de las Fuerzas Armadas colombianas, y que el gobierno de E.U. apoyaría la inteligencia cuando eso tenga que aproximarse a las fronteras? ¿Lo interpreto bien?
Lo que trataba de decir son dos temas: uno, el tipo de misión que haríamos en las bases, y hablo específicamente de una base que es 98% del interés nuestro que es la de Palanquero; y si se trata de monitoreo, de movimiento de drogas ilícitas, de sus laboratorios, del cultivo de la droga ilícita, si eso es cuestión de monitoreo y de inteligencia, colaboramos con las Fuerzas Armadas, pero las operaciones militares son territorio exclusivo de las Fuerzas Armadas de Colombia.
Si se trata de monitorear o recolección de inteligencia cerca de la frontera, ahí no vamos, esa es una cuestión exclusiva y soberana de los dos gobiernos: el Gobierno Nacional de Colombia y cualquier otro gobierno de los vecinos. No es apropiado para nosotros hacer misiones, hacer comentarios, participar en esfuerzos cerca de la frontera porque esos son temas exclusivamente bilaterales entre Colombia y su vecino.
¿Cómo atacar los cultivos y el tráfico de drogas cuando sus responsables se resguardan más allá de las fronteras?
Pregunta excelente, pero creo que las respuesta debe venir de todos los países involucrados. En otras palabras, es imposible hablar o responder esa pregunta, de cómo hacerlo, sin tener la participación de ambos países de la frontera. Nosotros unilateralmente, o bilateralmente, no podemos operar cerca de la frontera por razones bastante evidentes. Es que no somos uno de los dos países de la frontera, somos un tercer país.
No nos corresponde a nosotros emitir opinión o hacer misión u operación cerca de cualquier frontera de Colombia.
Usted dice que no van a hacer operaciones cerca de la frontera, pero ¿dónde está la raya, quién va a trazar la raya, cuál es el límite para saber si es cerca o no es cerca de la frontera?
Buena pregunta. Sabes que un famoso magistrado de la Corte Suprema de E.U. en 1960 cuando tenía que responder a un caso sobre pornografía en E.U. respondió en una manera famosa: "No puedo definirla, pero la conozco cuando la veo", y hasta cierto punto esta es mi respuesta a su pregunta. No puedo decirle que estamos exactamente en una zona de X kilómetros, en algunos casos puede que estemos más cerca que en otros, depende de las relaciones entre los dos países, depende de la naturaleza de la operación, depende si se trata de inteligencia o de monitoreo, o si se trata de algo como cultivo o algo más operacional. En otras palabras, tenemos que tomar decisiones basadas en las circunstancias en cada caso.
No tenemos el menor deseo de hacer cualquier operación cerca de la frontera de Colombia con cualquier otra región.
¿Entonces tenemos que esperar a la realidad para saber puntualmente hasta donde van a llegar...?
Sí. Y hay fronteras distintas como usted bien sabe, con algunos países la relación de las fronteras es más fluida quizás que con otros países, y eso afecta eventualmente cómo es que vamos a responder caso por caso a esa pregunta.
Usted sabe que por culpa de este tratado ha habido nerviosismo estos días en Colombia. El Presidente de Venezuela ha dicho cosas como "hay vientos de guerra", "estamos listos para la guerra", recientemente le escuché decir que le podría enviar un avión sukhoi al presidente Uribe. Por cuenta de estas cosas la situación se ha puesto más sensible. ¿Si hubiera un ataque de un vecino a Colombia en estas circunstancias, E.U. acudiría en su ayuda?
Primero, me gustaría no entrar comentarios sobre situaciones hipotéticas, y esta sí definitivamente es una situación hipotética; segundo, como ha dicho mi Gobierno varias veces en los últimos años, creemos que es mejor no hablar de guerra, es mejor hablar de una visión más positiva, de una visión de comercio, de una visión de colaboración contra la droga ilícita o contra el terrorismo, una visión de desarrollo económico, una visión de colaboración en cuestiones de seguridad en vez de hablar de una visión negativa.
Por supuesto, es nuestro deseo que las condiciones que provoquen ese tipo de retóricas se reduzcan, no solo en controlar, sino reduciendo la venta de armas a los países de la región, porque ningún país vive en un vacío ni en la selva.
Vacío quiere decir que si un país compra muchas armas tendrá un efecto, un impacto en los otros países vecinos, y no vive en una selva en el sentido de que hay reglas, hay normas, hay convenios internacionales que gobiernan a los países del hemisferio.
Ese convenio se llama el tratado de Ginebra, los convenios internacionales de Derechos Humanos o derechos políticos y civiles, la carta democrática de la OEA, y al final es mucho mejor hablar de esos instrumentos que hablar de los vientos de guerra que están soplando. Eso es lo que mi Gobierno ha dicho con cierta frecuencia en los últimos años.
¿Usted no cree que esos vientos de guerra se materialicen? ¿Cree que estamos lejos de eso o simplemente el gobierno de E.U. no quiere hablar del tema?
Ojalá que no sea necesario hablar del tema. Creo que la guerra no representa el interés de ningún país ni de ningún pueblo. Creo que esa es una de las lecciones de los últimos 45 años, de las actividades de las Farc acá en Colombia. Las Farc ahora reciben el rechazo de algo así como el 99 por ciento de la población de Colombia y por qué eso, porque el pueblo colombiano rechaza este concepto de guerra como el mecanismo para responder resolver las situaciones económicas y sociales. Yo creo que se puede aplicar esa misma lección en el diálogo entre gobierno y países del hemisferio.
Usted acaba de decir que se debe trabajar para reducir la venta de armas. Nuestros Vecinos: Ecuador y Venezuela tienen negocios para comprar armas con Rusia, China e Irak. ¿Es de la naturaleza de E.U. o del ámbito de E.U. tratar de hablar con esas potencias para reducir la venta de armas a la región?
Sabe usted que todos los países que son productores de armas tenemos unos sistemas para consultas bilaterales y globales. Uno se llama por ejemplo el proceso Vasenar, en que los países que venden armas y acepto que E.U es uno de ellos, dialogan con los otros exportadores de armas.
Lo que tratamos de hacer es tener sistemas que son muy claros para asegurar y monitorerar el uso de las armas; tener sistemas transparentes que eliminan la posibilidad de compra y ventas clandestinas y eliminar, o mejor reducir, la posibilidad de que armas vendidas lleguen eventualmente a las manos de organizaciones que la comunidad internacional ha proscrito, como por ejemplo, las Farc; proscritas por E.U., la UE y muchos otros países en el mundo. Mantenemos ese diálogo, es un diálogo importante, no digo que siempre estamos de acuerdo, pero sí digo que no queremos contribuir a una carrera armamentista ni global ni hemisférica ni regional.
Hay documentos que certifican que actores del narcotráfico se refugian en países vecinos. ¿Habría necesidad de que su gobierno se aproximara a la frontera, trabajar más la diplomacia para tener mucha más responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico, porque de lo contrario, estaría el trabajo sin terminar?
Sin duda alguna, esa es parte de nuestra responsabilidad diplomática. También hay que aceptar el principio de que la soberanía de un país independiente, en otras palabras otro país, puede solo obrar dentro de otro país, solo con invitación. En otras palabras, hay que tener un principio internacional de igual importancia y soberanía para permitir una operación como por ejemplo el derecho de autodefensa, pero lo que tenemos que hacer en estas cuestiones de la droga ilícita es tratar de colaborar de alguna manera con los países, porque lo que sabemos es que cuando no colaboramos somos todos víctimas, con la excepción de un grupo y solamente un grupo. Y ese grupo son los narcotraficantes en sí. Ellos son los únicos ganadores cuando los gobiernos no colaboran para resistir, reducir y eventualmente eliminar el tráfico de droga ilícita.
Brasil ha dicho que no solo Colombia sino EU debe dar explicaciones sobre este convenio. ¿Su Gobierno le entregará a Brasil esa explicación?
Estamos en diálogo permanente con Brasil, la verdad es que tenemos una relación muy positiva con ese gobierno y le puedo asegurar que este tema es uno de muchos temas que conversamos con el gobierno brasileño. Le recuerdo que hace poco más de una semana el asesor nacional de seguridad de EU, general James Jones estuvo en Brasilia y tuvo la oportunidad, incluso, de hablar de esto con los medios brasileños.
Estamos en diálogo entre los dos gobiernos en Washington y también en Brasilia y no veo ninguna razón para no seguir con ese diálogo, aunque el acuerdo bilateral sea únicamente entre Colombia EU. No tenemos nada para esconder, la verdad es que es un acuerdo bastante básico y hasta cierto punto moderniza los acuerdos existentes desde hace 57 años. Estamos dispuestos a compartir el texto y la sustancia del acuerdo en ese sentido, pero no vamos a hacer esto hasta que los gobiernos hayan acordado el convenio en sí.
Concluimos las negociaciones el viernes pasado, ya tenemos acuerdo en principio sobre el texto, pero aún tenemos que verificar: primero, que el texto en inglés y en español sean iguales; segundo, que los dos gobiernos coinciden con la decisión de su equipo negociador y eso es un proceso de varias semanas.
¿Alcanzaría a estar firmado el acuerdo para llevarlo a la reunión de Bariloche el 28 en Argentina? ¿Y según su opinión debe ir Colombia a explicarlos?
Primero, eso depende de la decisión de los dos gobiernos. Por mi parte yo no veo necesidad de tanta urgencia. Para mí un acuerdo bueno es más importante que un acuerdo rápido en ese sentido.
Segundo, si Colombia debe ir a explicar o no es decisión del gobierno colombiano y yo no quiero ofrecer una opinión ni personal ni oficial. Aceptamos cualquiera que sea la decisión del gobierno de Colombia en explicar o no el acuerdo.
El gobierno del presidente Uribe ha quedado un poco solo en la región frente a este tema, pero también en otros tres puntos: primero, que si se va a hablar del uso de bases colombianas por parte del gobierno de E.U. también se debata el apoyo a grupos ilegales en la región; del tráfico de armas ilegales en la región; y el narcotráfico. ¿El gobierno de E.U. va a apoyar sustancialmente a Colombia en esa postura o también va a guardar silencio en eso?
Por supuesto, es decisión soberana para Colombia decidir los temas que ellos quieren tocar en el contexto de Unasur. E.U. no es miembro de Unasur, no hemos recibido una invitación y no vamos a participar por lo tanto en las reuniones de Unasur.
Los tres temas mencionados por el gobierno de Colombia, a nosotros nos parece también como temas muy importantes, como temas que merecen la atención, la consideración de la comunidad internacional, porque son temas que afectan no solo a Colombia, sino también a otros pueblos, incluyendo a E.U. En ese sentido coincidimos con esos gobiernos que piensan que esos temas son importantes y merecen consideración por la comunidad internacional, no hablo de Unasur, no tengo derecho de hablar de Unasur, no somos miembros de Unasur, pero sí somos miembros de la comunidad internacional y creemos que esos temas si son importantes para la región, para el hemisferio y para el mundo.
Ha generado preocupación el tema de la inmunidad. Se habla de que no se repitan casos como el de un oficial estadounidense denunciado por violar una menor colombiana. ¿Qué piensa de eso?
No sé si fue el Canciller o el comandante de las Fuerzas Armadas, pero alguien dijo en julio una expresión que me parecer muy lógica y muy fuerte, que hablamos de inmunidad pero no hablamos de impunidad, y eso creo que es una buena manera para pensar esto.
En EU tenemos tipos malos, así como en Colombia, así como en los 192 países del mundo. Creo que parte de mi responsabilidad es asegurar que haya menor impacto por parte de esos tipos de Estados Unidos en Colombia o de Colombia en los E.U., pero yo no puedo garantizar que eso suceda, porque tendríamos que cortar todas las conexiones.
Este año esperamos entre medio millón y un millón de turistas y otros visistantes de EU a Colombia, algunos de ellos lamentablemente van a ser malos como algunos colombianos que van a E.U.
Creo que uno de los propósitos más importantes con este nuevo acuerdo es tener reglas y proceso más claros para tratar exactamente esa situación en vez de tratar de resolver casos basados en acuerdos de 1952, 62 y 74. Tendremos un acuerdo quizá del año 2009, que tendrá reglas mucho más claras y específicas, pero quiero garantizarle que la defensa más importante para este tema es colaboración entre los dos sistemas legales de Colombia y de E.U. Es la forma como vamos a convencer a los tipos malos. Le aseguro que este nuevo acuerdo nos va ayudar en esto y no es un problema. Va a ser más fácil controlar y eliminar ese tipo de delitos con un nuevo acuerdo.
¿Cree que esta nueva forma de apoyo permitirá golpear a las Farc de manera que se reduzca su acción en pocos años?
No quiero vincular directamente el nuevo acuerdo con esto. Primero creo que hemos visto un progreso enorme en esfuerzos contra las Farc en los últimos 10 años, más o menos, creo que eso es producto de los esfuerzos, la valentía y el profesionalismo del pueblo colombiano y sus fuerzas armadas; creo que es producto del apoyo internacional para el llamado Plan Colombia; creo que es producto de un mejor entendimiento en todas las partes de Colombia; del hecho de que el mensaje de las Farc es vacío en términos de la realidad. Eso es positivo y me da mucho optimismo. El nuevo acuerdo básicamente no va a producir mucha actividad que ya no estemos haciendo. Como dijo el presidente Obama, el nuevo acuerdo es más o menos un proceso para actualizar acuerdos viejos, entonces no va a haber mucha diferencia, el número de personal militar de E.U. va a ser igual o probablemente va a reducirse en los años que vienen, las misiones van a ser iguales como en el pasado.
Un avión llega, quizá por una misión de dos días o dos semanas, o dos meses, y se va. No va a haber presencia permanente en el sentido operacional. El nuevo acuerdo actualiza a cierto punto la manera en que estamos colaborando. Esa colaboración para el ciudadano común y corriente va a ser muy parecida a lo que hemos hecho desde el comienzo del Plan Colombia.
¿Sueña con el final de las Farc?
Claro que sí, pero si me pregunta si es un sueño para este año, lamentablemente no soy tan optimista. Si me pregunta si veo una conclusión al final positiva a este proceso durante los años que vienen, la respuesta es sí y es por una razón muy sencilla: el rechazo casi total del pueblo colombiano, el hecho de que en este momento casi nadie acepta el mensaje de las Farc y si no hay apoyo de la comunidad colombiana, eventualmente las Farc tienen que desaparecer.
Puede ser por un proceso negociado; por un proceso gradual y militar; por un proceso de atomización o entras palabras por la división de las Farc en bandas criminales. Soy mucho más optimista hoy que hace 10 años de que eventualmente Colombia va a ver la conclusión del drama de las Farc.
Las zonas de cultivo de coca en Colombia no muestran disminución y el tráfico en Colombia tampoco. ¿Estamos llegando al punto de que se acepte que la estrategia ha sido equivocada?
No coincido con las personas que dicen que todos los gobiernos del mundo tienen una visión tan limitada de los esfuerzos contra la droga ilícita; hemos aprendido bastante en los últimos 30 o 40 años; hemos aprendido que el tema debemos tratarlo como un paquete completo, no es solo el papel del consumidor frente al productor, no es cuestión exclusivamente policial, no es un cuestión solamente de erradicación o aspersión, es una cuestión también de educación, tratamiento médico, rehabilitación, gestión de desarrollo alternativo, esfuerzo policial, erradicación sí, aspersión sí, pero todo como parte de un paquete completo y total.
Quizá la recomendación más controversial del informe es que algunos dicen legalización, otros dicen de criminalización de la droga. Creo que todos los gobiernos del mundo tienen derecho de experimentar dentro de su propio territorio con variedades de soluciones. Creo personalmente que hasta el momento no hemos tenido un debate digamos civilizado sobre esto, tenemos los de un extremo que dicen que debemos legalizar la droga inmediatamente y que eso resuelve todo. Fantástico, entonces si queremos legalizar el homicidio, entonces legalizamos el homicidio. Ese no es un argumento y hasta cierto punto es una tontería
Y acepto que el otro extremo habla como si solo debería merecer la pena de muerte. Creo que hasta este momento no hemos tenido el debate para que uno pueda decir qué quiere decir legalización. Y quiero saber que qué quiere decir eso.
Sabe que en Estados Unidos los congresistas que más resisten este concepto de legalización son los que representan los barrios urbanos más pobres de los Estados Unidos, porque ellos ven sus distritos y sus votantes, como víctimas de legalización. Ellos no son los de la extrema derecha. Son los que representan las comunidades más pobres. Y si ellos, por lo menos hasta este momento, no ven la lógica de legalización, hay que pensar más sobre este tema. No lo rechazo, pero digo que hasta el momento no hemos tenido el debate necesario para tomar una decisión inteligente.
¿Será que ahora, después de todo este costo pagado por Colombia por el tema de las bases, el TLC estará más cerca?
Lo bueno es que sé exactamente la posición del Gobierno de Estados Unidos. Y esa posición fue enunciada la mañana del 29 de junio de este año, cuando el presidente Obama que apoya un TLC con Colombia y espero aprobarlo tan pronto sea posible. Cito esas palabras del presidente de Estados Unidos. Ahora bien: todos los problemas que hemos visto durante los últimos dos años no han desaparecido. El Presidente ha sido muy claro, no solo con su equipo (incluyendo su embajador acá en Colombia), sino también con los medios de comunicación y el Congreso de los Estados Unidos.
También dijo que hay algunas áreas que han provocado problemas políticos en Estados Unidos y en Colombia. Y él quiere ver progresos en esas áreas.
Mi responsabilidad y la responsabilidad de mi distinguida colega, la embajadora de Colombia en los Estados Unidos, es buscar una fórmula que eventualmente produzca progresos satisfactorios y acuerdos satisfactorios para garantizar, como dijo el presidente Obama, mayorías amplias en ambos congresos nacionales.
Y sabe que soy más optimista hoy que antes del 29 de junio pasado. Creo que, por supuesto, nada está directamente vinculado al Acuerdo Suplemental para Cooperación y Asistencia Técnica con el TLC, pero en el mundo político todo está un poquito vinculado. Y vamos a ver qué pasa durante las semanas y los meses que vienen.
EDULFO PEÑA
EDITOR POLÍTICO
Publicado en
www.eltiempo.com
En charla con EL TIEMPO, el embajador de Estados Unidos en Colombia revela, además, que las fuerzas que estarán en el país en virtud del nuevo tratado no se acercarán a las fronteras con los vecinos.
Hay nerviosismo en la región por el tratado entre E.U. y Colombia. ¿E.U. tiene algo en su agenda para distensionar esta situación?
Vamos a ver cómo se desarrollan los días y las semanas que vienen. Pero no tuvimos la menor intención de provocar cualquier cuestión de nervios o preocupaciones en la región. Lo que hemos hecho, como dijo claramente el presidente Barack Obama a los medios de comunicación hace semana y media, es actualizar unos acuerdos que hemos tenido con Colombia desde 1952.
Segundo: esta cuestión es absolutamente bilateral.
Tres: aunque sea bilateral no tenemos nada para esconder. Estamos dispuestos a explicar el acuerdo en el momento correcto. Quiero decir que podremos compartir el texto con cualquier gobierno en el mundo que tenga interés y que quiera verlo.
Estamos tratando de eliminar cualquier preocupación, cualquier nerviosismo que podría existir en este momento.
Líderes del continente no creen que este tratado sea solo para perseguir al narcotráfico y el terrorismo. ¿Podría haber otros intereses.
La mejor manera de explicarlo es citando lo que dijo el presidente Barack Obama hace semana y media, cuando dijo que que este es un acuerdo para asegurar la mejor colaboración posible entre Colombia y E.U. en las cuestiones de la droga ilícita y el terrorismo. Él lo dijo, su vocero lo dijo, el vocero del Departamento de Estado lo dijo, yo lo he dicho muchas veces en público acá. Acepto que cualquier persona, cualquier institución, cualquier gobierno tiene derecho de opinión, pero no puede cambiar el hecho de que el gobierno de los E.U. y el gobierno de la República de Colombia, han sido muy claros, muy específicos, muy públicos y muy transparentes en decir que este acuerdo trata soo de colaboración bilateral entre los dos gobiernos y los dos países en contra de lo droga ilícita y el terrorismo.
¿Cómo garantizarles a los vecinos que esta nueva posición estratégica que va a tener E.U. no será usada para espiar, para afectar sus intereses?
Supongo que lo que podemos hacer para asegurarles eso es citarles lo que le dijo el presidente de E.U. hace semana y media.
Ahora bien, en mi opinión, cuando habla Barack Obama, él dice cosas muy puntuales. Si alguien quiere decir que no cree en el presidente de E.U. tiene ese derecho, pero yo creo que es un hombre bien responsable, bien honesto, bien transparente y ha sido muy claro y muy específico en esa área.
Además, la verdad, esto no es nuevo. Estamos y hemos estado colaborando con el gobierno colombiano en estas cuestiones desde hace por lo menos 10 años (desde el Plan Colombia), y de hecho por décadas antes de eso, y nunca hemos usado esa colaboración para misiones fuera de Colombia.
¿Si en esa lucha contra los agentes del narcotráfico está la guerrilla, la perseguirán?
Aceptamos la realidad histórica. El hecho establecido durante los últimos 10 a 20 años es que una de las organizaciones (sino la organización) más importantes en el tráfico de droga ilícita en este momento se llama las Farc. No se puede hablar de esfuerzos contra la droga ilícita sin hablar de las Farc también.
Si me preguntas si las misiones que van a aprovecharse de este acuerdo en el futuro van a incorporar a las Farc en su zonas de blanco, la respuesta es sí, sin duda alguna.
¿Cómo delimitar un área puntual en la frontera para saber hasta dónde llegarán las fuerzas estadounidenses en la persecución de los narcotraficantes?
Cualquier tema relacionado con las fronteras entre Colombia y Venezuela, y Colombia y Ecuador, o cualquiera de sus otros vecinos, son cuestiones soberanas para esos países y sus gobiernos. Le puedo garantizar que cualquier actividad nuestra, bajo este acuerdo bilateral, no va a acercarse a las fronteras sin la autorización específica de todos los gobiernos involucrados.
Si me preguntara que hipotéticamente ambos gobiernos pidieran una misión de E.U., la consideraríamos con esa circunstancia, pero sin el pedido explícito y probablemente escrito de esos gobiernos, no lo haríamos. Ni siquiera estaríamos cerca de las fronteras.
¿Dijo usted que las operaciones militares serían una responsabilidad muy puntual de las Fuerzas Armadas colombianas, y que el gobierno de E.U. apoyaría la inteligencia cuando eso tenga que aproximarse a las fronteras? ¿Lo interpreto bien?
Lo que trataba de decir son dos temas: uno, el tipo de misión que haríamos en las bases, y hablo específicamente de una base que es 98% del interés nuestro que es la de Palanquero; y si se trata de monitoreo, de movimiento de drogas ilícitas, de sus laboratorios, del cultivo de la droga ilícita, si eso es cuestión de monitoreo y de inteligencia, colaboramos con las Fuerzas Armadas, pero las operaciones militares son territorio exclusivo de las Fuerzas Armadas de Colombia.
Si se trata de monitorear o recolección de inteligencia cerca de la frontera, ahí no vamos, esa es una cuestión exclusiva y soberana de los dos gobiernos: el Gobierno Nacional de Colombia y cualquier otro gobierno de los vecinos. No es apropiado para nosotros hacer misiones, hacer comentarios, participar en esfuerzos cerca de la frontera porque esos son temas exclusivamente bilaterales entre Colombia y su vecino.
¿Cómo atacar los cultivos y el tráfico de drogas cuando sus responsables se resguardan más allá de las fronteras?
Pregunta excelente, pero creo que las respuesta debe venir de todos los países involucrados. En otras palabras, es imposible hablar o responder esa pregunta, de cómo hacerlo, sin tener la participación de ambos países de la frontera. Nosotros unilateralmente, o bilateralmente, no podemos operar cerca de la frontera por razones bastante evidentes. Es que no somos uno de los dos países de la frontera, somos un tercer país.
No nos corresponde a nosotros emitir opinión o hacer misión u operación cerca de cualquier frontera de Colombia.
Usted dice que no van a hacer operaciones cerca de la frontera, pero ¿dónde está la raya, quién va a trazar la raya, cuál es el límite para saber si es cerca o no es cerca de la frontera?
Buena pregunta. Sabes que un famoso magistrado de la Corte Suprema de E.U. en 1960 cuando tenía que responder a un caso sobre pornografía en E.U. respondió en una manera famosa: "No puedo definirla, pero la conozco cuando la veo", y hasta cierto punto esta es mi respuesta a su pregunta. No puedo decirle que estamos exactamente en una zona de X kilómetros, en algunos casos puede que estemos más cerca que en otros, depende de las relaciones entre los dos países, depende de la naturaleza de la operación, depende si se trata de inteligencia o de monitoreo, o si se trata de algo como cultivo o algo más operacional. En otras palabras, tenemos que tomar decisiones basadas en las circunstancias en cada caso.
No tenemos el menor deseo de hacer cualquier operación cerca de la frontera de Colombia con cualquier otra región.
¿Entonces tenemos que esperar a la realidad para saber puntualmente hasta donde van a llegar...?
Sí. Y hay fronteras distintas como usted bien sabe, con algunos países la relación de las fronteras es más fluida quizás que con otros países, y eso afecta eventualmente cómo es que vamos a responder caso por caso a esa pregunta.
Usted sabe que por culpa de este tratado ha habido nerviosismo estos días en Colombia. El Presidente de Venezuela ha dicho cosas como "hay vientos de guerra", "estamos listos para la guerra", recientemente le escuché decir que le podría enviar un avión sukhoi al presidente Uribe. Por cuenta de estas cosas la situación se ha puesto más sensible. ¿Si hubiera un ataque de un vecino a Colombia en estas circunstancias, E.U. acudiría en su ayuda?
Primero, me gustaría no entrar comentarios sobre situaciones hipotéticas, y esta sí definitivamente es una situación hipotética; segundo, como ha dicho mi Gobierno varias veces en los últimos años, creemos que es mejor no hablar de guerra, es mejor hablar de una visión más positiva, de una visión de comercio, de una visión de colaboración contra la droga ilícita o contra el terrorismo, una visión de desarrollo económico, una visión de colaboración en cuestiones de seguridad en vez de hablar de una visión negativa.
Por supuesto, es nuestro deseo que las condiciones que provoquen ese tipo de retóricas se reduzcan, no solo en controlar, sino reduciendo la venta de armas a los países de la región, porque ningún país vive en un vacío ni en la selva.
Vacío quiere decir que si un país compra muchas armas tendrá un efecto, un impacto en los otros países vecinos, y no vive en una selva en el sentido de que hay reglas, hay normas, hay convenios internacionales que gobiernan a los países del hemisferio.
Ese convenio se llama el tratado de Ginebra, los convenios internacionales de Derechos Humanos o derechos políticos y civiles, la carta democrática de la OEA, y al final es mucho mejor hablar de esos instrumentos que hablar de los vientos de guerra que están soplando. Eso es lo que mi Gobierno ha dicho con cierta frecuencia en los últimos años.
¿Usted no cree que esos vientos de guerra se materialicen? ¿Cree que estamos lejos de eso o simplemente el gobierno de E.U. no quiere hablar del tema?
Ojalá que no sea necesario hablar del tema. Creo que la guerra no representa el interés de ningún país ni de ningún pueblo. Creo que esa es una de las lecciones de los últimos 45 años, de las actividades de las Farc acá en Colombia. Las Farc ahora reciben el rechazo de algo así como el 99 por ciento de la población de Colombia y por qué eso, porque el pueblo colombiano rechaza este concepto de guerra como el mecanismo para responder resolver las situaciones económicas y sociales. Yo creo que se puede aplicar esa misma lección en el diálogo entre gobierno y países del hemisferio.
Usted acaba de decir que se debe trabajar para reducir la venta de armas. Nuestros Vecinos: Ecuador y Venezuela tienen negocios para comprar armas con Rusia, China e Irak. ¿Es de la naturaleza de E.U. o del ámbito de E.U. tratar de hablar con esas potencias para reducir la venta de armas a la región?
Sabe usted que todos los países que son productores de armas tenemos unos sistemas para consultas bilaterales y globales. Uno se llama por ejemplo el proceso Vasenar, en que los países que venden armas y acepto que E.U es uno de ellos, dialogan con los otros exportadores de armas.
Lo que tratamos de hacer es tener sistemas que son muy claros para asegurar y monitorerar el uso de las armas; tener sistemas transparentes que eliminan la posibilidad de compra y ventas clandestinas y eliminar, o mejor reducir, la posibilidad de que armas vendidas lleguen eventualmente a las manos de organizaciones que la comunidad internacional ha proscrito, como por ejemplo, las Farc; proscritas por E.U., la UE y muchos otros países en el mundo. Mantenemos ese diálogo, es un diálogo importante, no digo que siempre estamos de acuerdo, pero sí digo que no queremos contribuir a una carrera armamentista ni global ni hemisférica ni regional.
Hay documentos que certifican que actores del narcotráfico se refugian en países vecinos. ¿Habría necesidad de que su gobierno se aproximara a la frontera, trabajar más la diplomacia para tener mucha más responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico, porque de lo contrario, estaría el trabajo sin terminar?
Sin duda alguna, esa es parte de nuestra responsabilidad diplomática. También hay que aceptar el principio de que la soberanía de un país independiente, en otras palabras otro país, puede solo obrar dentro de otro país, solo con invitación. En otras palabras, hay que tener un principio internacional de igual importancia y soberanía para permitir una operación como por ejemplo el derecho de autodefensa, pero lo que tenemos que hacer en estas cuestiones de la droga ilícita es tratar de colaborar de alguna manera con los países, porque lo que sabemos es que cuando no colaboramos somos todos víctimas, con la excepción de un grupo y solamente un grupo. Y ese grupo son los narcotraficantes en sí. Ellos son los únicos ganadores cuando los gobiernos no colaboran para resistir, reducir y eventualmente eliminar el tráfico de droga ilícita.
Brasil ha dicho que no solo Colombia sino EU debe dar explicaciones sobre este convenio. ¿Su Gobierno le entregará a Brasil esa explicación?
Estamos en diálogo permanente con Brasil, la verdad es que tenemos una relación muy positiva con ese gobierno y le puedo asegurar que este tema es uno de muchos temas que conversamos con el gobierno brasileño. Le recuerdo que hace poco más de una semana el asesor nacional de seguridad de EU, general James Jones estuvo en Brasilia y tuvo la oportunidad, incluso, de hablar de esto con los medios brasileños.
Estamos en diálogo entre los dos gobiernos en Washington y también en Brasilia y no veo ninguna razón para no seguir con ese diálogo, aunque el acuerdo bilateral sea únicamente entre Colombia EU. No tenemos nada para esconder, la verdad es que es un acuerdo bastante básico y hasta cierto punto moderniza los acuerdos existentes desde hace 57 años. Estamos dispuestos a compartir el texto y la sustancia del acuerdo en ese sentido, pero no vamos a hacer esto hasta que los gobiernos hayan acordado el convenio en sí.
Concluimos las negociaciones el viernes pasado, ya tenemos acuerdo en principio sobre el texto, pero aún tenemos que verificar: primero, que el texto en inglés y en español sean iguales; segundo, que los dos gobiernos coinciden con la decisión de su equipo negociador y eso es un proceso de varias semanas.
¿Alcanzaría a estar firmado el acuerdo para llevarlo a la reunión de Bariloche el 28 en Argentina? ¿Y según su opinión debe ir Colombia a explicarlos?
Primero, eso depende de la decisión de los dos gobiernos. Por mi parte yo no veo necesidad de tanta urgencia. Para mí un acuerdo bueno es más importante que un acuerdo rápido en ese sentido.
Segundo, si Colombia debe ir a explicar o no es decisión del gobierno colombiano y yo no quiero ofrecer una opinión ni personal ni oficial. Aceptamos cualquiera que sea la decisión del gobierno de Colombia en explicar o no el acuerdo.
El gobierno del presidente Uribe ha quedado un poco solo en la región frente a este tema, pero también en otros tres puntos: primero, que si se va a hablar del uso de bases colombianas por parte del gobierno de E.U. también se debata el apoyo a grupos ilegales en la región; del tráfico de armas ilegales en la región; y el narcotráfico. ¿El gobierno de E.U. va a apoyar sustancialmente a Colombia en esa postura o también va a guardar silencio en eso?
Por supuesto, es decisión soberana para Colombia decidir los temas que ellos quieren tocar en el contexto de Unasur. E.U. no es miembro de Unasur, no hemos recibido una invitación y no vamos a participar por lo tanto en las reuniones de Unasur.
Los tres temas mencionados por el gobierno de Colombia, a nosotros nos parece también como temas muy importantes, como temas que merecen la atención, la consideración de la comunidad internacional, porque son temas que afectan no solo a Colombia, sino también a otros pueblos, incluyendo a E.U. En ese sentido coincidimos con esos gobiernos que piensan que esos temas son importantes y merecen consideración por la comunidad internacional, no hablo de Unasur, no tengo derecho de hablar de Unasur, no somos miembros de Unasur, pero sí somos miembros de la comunidad internacional y creemos que esos temas si son importantes para la región, para el hemisferio y para el mundo.
Ha generado preocupación el tema de la inmunidad. Se habla de que no se repitan casos como el de un oficial estadounidense denunciado por violar una menor colombiana. ¿Qué piensa de eso?
No sé si fue el Canciller o el comandante de las Fuerzas Armadas, pero alguien dijo en julio una expresión que me parecer muy lógica y muy fuerte, que hablamos de inmunidad pero no hablamos de impunidad, y eso creo que es una buena manera para pensar esto.
En EU tenemos tipos malos, así como en Colombia, así como en los 192 países del mundo. Creo que parte de mi responsabilidad es asegurar que haya menor impacto por parte de esos tipos de Estados Unidos en Colombia o de Colombia en los E.U., pero yo no puedo garantizar que eso suceda, porque tendríamos que cortar todas las conexiones.
Este año esperamos entre medio millón y un millón de turistas y otros visistantes de EU a Colombia, algunos de ellos lamentablemente van a ser malos como algunos colombianos que van a E.U.
Creo que uno de los propósitos más importantes con este nuevo acuerdo es tener reglas y proceso más claros para tratar exactamente esa situación en vez de tratar de resolver casos basados en acuerdos de 1952, 62 y 74. Tendremos un acuerdo quizá del año 2009, que tendrá reglas mucho más claras y específicas, pero quiero garantizarle que la defensa más importante para este tema es colaboración entre los dos sistemas legales de Colombia y de E.U. Es la forma como vamos a convencer a los tipos malos. Le aseguro que este nuevo acuerdo nos va ayudar en esto y no es un problema. Va a ser más fácil controlar y eliminar ese tipo de delitos con un nuevo acuerdo.
¿Cree que esta nueva forma de apoyo permitirá golpear a las Farc de manera que se reduzca su acción en pocos años?
No quiero vincular directamente el nuevo acuerdo con esto. Primero creo que hemos visto un progreso enorme en esfuerzos contra las Farc en los últimos 10 años, más o menos, creo que eso es producto de los esfuerzos, la valentía y el profesionalismo del pueblo colombiano y sus fuerzas armadas; creo que es producto del apoyo internacional para el llamado Plan Colombia; creo que es producto de un mejor entendimiento en todas las partes de Colombia; del hecho de que el mensaje de las Farc es vacío en términos de la realidad. Eso es positivo y me da mucho optimismo. El nuevo acuerdo básicamente no va a producir mucha actividad que ya no estemos haciendo. Como dijo el presidente Obama, el nuevo acuerdo es más o menos un proceso para actualizar acuerdos viejos, entonces no va a haber mucha diferencia, el número de personal militar de E.U. va a ser igual o probablemente va a reducirse en los años que vienen, las misiones van a ser iguales como en el pasado.
Un avión llega, quizá por una misión de dos días o dos semanas, o dos meses, y se va. No va a haber presencia permanente en el sentido operacional. El nuevo acuerdo actualiza a cierto punto la manera en que estamos colaborando. Esa colaboración para el ciudadano común y corriente va a ser muy parecida a lo que hemos hecho desde el comienzo del Plan Colombia.
¿Sueña con el final de las Farc?
Claro que sí, pero si me pregunta si es un sueño para este año, lamentablemente no soy tan optimista. Si me pregunta si veo una conclusión al final positiva a este proceso durante los años que vienen, la respuesta es sí y es por una razón muy sencilla: el rechazo casi total del pueblo colombiano, el hecho de que en este momento casi nadie acepta el mensaje de las Farc y si no hay apoyo de la comunidad colombiana, eventualmente las Farc tienen que desaparecer.
Puede ser por un proceso negociado; por un proceso gradual y militar; por un proceso de atomización o entras palabras por la división de las Farc en bandas criminales. Soy mucho más optimista hoy que hace 10 años de que eventualmente Colombia va a ver la conclusión del drama de las Farc.
Las zonas de cultivo de coca en Colombia no muestran disminución y el tráfico en Colombia tampoco. ¿Estamos llegando al punto de que se acepte que la estrategia ha sido equivocada?
No coincido con las personas que dicen que todos los gobiernos del mundo tienen una visión tan limitada de los esfuerzos contra la droga ilícita; hemos aprendido bastante en los últimos 30 o 40 años; hemos aprendido que el tema debemos tratarlo como un paquete completo, no es solo el papel del consumidor frente al productor, no es cuestión exclusivamente policial, no es un cuestión solamente de erradicación o aspersión, es una cuestión también de educación, tratamiento médico, rehabilitación, gestión de desarrollo alternativo, esfuerzo policial, erradicación sí, aspersión sí, pero todo como parte de un paquete completo y total.
Quizá la recomendación más controversial del informe es que algunos dicen legalización, otros dicen de criminalización de la droga. Creo que todos los gobiernos del mundo tienen derecho de experimentar dentro de su propio territorio con variedades de soluciones. Creo personalmente que hasta el momento no hemos tenido un debate digamos civilizado sobre esto, tenemos los de un extremo que dicen que debemos legalizar la droga inmediatamente y que eso resuelve todo. Fantástico, entonces si queremos legalizar el homicidio, entonces legalizamos el homicidio. Ese no es un argumento y hasta cierto punto es una tontería
Y acepto que el otro extremo habla como si solo debería merecer la pena de muerte. Creo que hasta este momento no hemos tenido el debate para que uno pueda decir qué quiere decir legalización. Y quiero saber que qué quiere decir eso.
Sabe que en Estados Unidos los congresistas que más resisten este concepto de legalización son los que representan los barrios urbanos más pobres de los Estados Unidos, porque ellos ven sus distritos y sus votantes, como víctimas de legalización. Ellos no son los de la extrema derecha. Son los que representan las comunidades más pobres. Y si ellos, por lo menos hasta este momento, no ven la lógica de legalización, hay que pensar más sobre este tema. No lo rechazo, pero digo que hasta el momento no hemos tenido el debate necesario para tomar una decisión inteligente.
¿Será que ahora, después de todo este costo pagado por Colombia por el tema de las bases, el TLC estará más cerca?
Lo bueno es que sé exactamente la posición del Gobierno de Estados Unidos. Y esa posición fue enunciada la mañana del 29 de junio de este año, cuando el presidente Obama que apoya un TLC con Colombia y espero aprobarlo tan pronto sea posible. Cito esas palabras del presidente de Estados Unidos. Ahora bien: todos los problemas que hemos visto durante los últimos dos años no han desaparecido. El Presidente ha sido muy claro, no solo con su equipo (incluyendo su embajador acá en Colombia), sino también con los medios de comunicación y el Congreso de los Estados Unidos.
También dijo que hay algunas áreas que han provocado problemas políticos en Estados Unidos y en Colombia. Y él quiere ver progresos en esas áreas.
Mi responsabilidad y la responsabilidad de mi distinguida colega, la embajadora de Colombia en los Estados Unidos, es buscar una fórmula que eventualmente produzca progresos satisfactorios y acuerdos satisfactorios para garantizar, como dijo el presidente Obama, mayorías amplias en ambos congresos nacionales.
Y sabe que soy más optimista hoy que antes del 29 de junio pasado. Creo que, por supuesto, nada está directamente vinculado al Acuerdo Suplemental para Cooperación y Asistencia Técnica con el TLC, pero en el mundo político todo está un poquito vinculado. Y vamos a ver qué pasa durante las semanas y los meses que vienen.
EDULFO PEÑA
EDITOR POLÍTICO
Publicado en
www.eltiempo.com
Las FARC muestran pruebas de vida de dos secuestrados
Javier Solórzano, mayor de la policía, y el cabo del Ejército Saín Antonio Sanmiguel son considerados "canjeables" por la guerrilla
EFE - Bogotá - 18/08/2009
La senadora opositora Piedad Córdoba, líder del del grupo Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), ha dado a conocer pruebas de vida de dos miembros de las fuerzas de seguridad secuestrados por las FARC. Javier Solórzano, mayor de la policía, y el cabo del Ejército Saín Antonio Sanmiguel forman parte de una lista de 23 militares y policías que la guerrilla considera "canjeables".
En un vídeo de cerca de 15 minutos, los dos rehenes piden al Gobierno colombiano y a la comunidad internacional que no les olviden y agradecen las gestiones que realiza la senadora Córdoba por los secuestrados. Sanmiguel fue secuestrado el 23 de mayo de 2008 en el departamento de Tolima (centro del país), mientras Solorzano es rehén desde el 4 de junio de 2007, cuando fue retenido en un balneario del suroeste de Colombia. Son los uniformados más recientes que han sido incluidos en la lista de militares y policías que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pretenden canjear por medio millar de sus combatientes presos.
"Pido a Colombia que no nos olviden, por favor", dice Solórzano en el vídeo, en el que ambos secuestrados aparecen en una mesa con una tela tipo militar de fondo, le dan ánimo a sus familiares y envían un mensaje de esperanza a sus demás compañeros que se encuentran presos.
Fuentes de Colombianos y Colombianas por la Paz han confirmado que en los próximos días llegarán nuevas pruebas de vida de otros rehenes en poder de los rebeldes. Además de a otras personas, las FARC mantienen cautivos a 23 militares y policías, algunos con más de 12 años de cautiverio, que pretenden intercambiar por guerrilleros presos en Colombia y Estados Unidos.
Publicado en www.elpais.com
EFE - Bogotá - 18/08/2009
La senadora opositora Piedad Córdoba, líder del del grupo Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), ha dado a conocer pruebas de vida de dos miembros de las fuerzas de seguridad secuestrados por las FARC. Javier Solórzano, mayor de la policía, y el cabo del Ejército Saín Antonio Sanmiguel forman parte de una lista de 23 militares y policías que la guerrilla considera "canjeables".
En un vídeo de cerca de 15 minutos, los dos rehenes piden al Gobierno colombiano y a la comunidad internacional que no les olviden y agradecen las gestiones que realiza la senadora Córdoba por los secuestrados. Sanmiguel fue secuestrado el 23 de mayo de 2008 en el departamento de Tolima (centro del país), mientras Solorzano es rehén desde el 4 de junio de 2007, cuando fue retenido en un balneario del suroeste de Colombia. Son los uniformados más recientes que han sido incluidos en la lista de militares y policías que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pretenden canjear por medio millar de sus combatientes presos.
"Pido a Colombia que no nos olviden, por favor", dice Solórzano en el vídeo, en el que ambos secuestrados aparecen en una mesa con una tela tipo militar de fondo, le dan ánimo a sus familiares y envían un mensaje de esperanza a sus demás compañeros que se encuentran presos.
Fuentes de Colombianos y Colombianas por la Paz han confirmado que en los próximos días llegarán nuevas pruebas de vida de otros rehenes en poder de los rebeldes. Además de a otras personas, las FARC mantienen cautivos a 23 militares y policías, algunos con más de 12 años de cautiverio, que pretenden intercambiar por guerrilleros presos en Colombia y Estados Unidos.
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sábado, 21 de noviembre de 2009
Suramérica se pone en estado de alerta
La crisis por el uso de bases colombianas por EE UU fuerza a Unasur a convocar una cumbre de emergencia.- Chávez insiste en que soplan vientos de guerra en la zona
PAÚL MENA - Quito - 10/08/2009
La preocupación de la región por la decisión de Colombia de permitir el uso de siete de sus bases a militares de Estados Unidos disparó las alarmas en la cumbre de este lunes de presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Quito. El tema es tan polémico que el grupo decidió convocar una nueva cumbre de mandatarios en Buenos Aires, pero esta vez con la presencia de Álvaro Uribe, el presidente colombiano, que no acudió a la capital ecuatoriana por las malas relaciones que hay entre ambos países.
Bolivia llegó a proponer una resolución de rechazo al acuerdo militar entre Estados Unidos y Colombia, pero la iniciativa no logró el apoyo de la mayoría y se decidió convocar una reunión de ministros de Defensa y Exteriores del grupo el 24 de agosto en Quito para volver a tratar el tema, antes de la cita bonaerense. La mayoría de los jefes de Estado intentó tener un tono conciliador con Colombia. Todos menos el venezolano Hugo Chávez.
Cuando la cita estaba a punto de concluir, Chávez advirtió de que el uso de bases colombianas por parte de Estados Unidos "puede ser el comienzo de una tragedia para la región". Añadió que su país se siente amenazado por el acuerdo y Venezuela no permitirá que tropas colombianas irrumpan en su territorio como ocurrió en Ecuador. "Hay dignidad en Venezuela; yo no voy a permitir que a Venezuela le hagan lo que a Ecuador le hicieron... Venezuela está preparándose, porque nos tienen en la mira. Y la razón es una... el petróleo", dijo Chávez. E insistió en que "vientos de guerra comienzan a soplar" en Suramérica.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, coincidió en que el uso estadounidense de bases militares en Colombia representa "una provocación para la región". Recordó que Ecuador ha sufrido durante muchos años los efectos de la guerra colombiana contra la guerrilla y el narcotráfico, y afirmó que el tema de las bases no significa un problema de soberanía de un país, sino un asunto de seguridad y estabilidad regional.
Los presidentes de Brasil, Argentina y Paraguay lanzaron un mensaje más prudente. "No concibo la posibilidad de aumentar los conflictos en la región en un momento en que todo lleva a creer que cuanta más paz tengamos, más oportunidad tendremos de recuperar el tiempo perdido y dar a nuestros pueblos lo que necesitan", dijo el brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva. "Vamos a tener que ponernos de acuerdo sobre el futuro de Unasur, porque si no hay esta relación amistosa entre nosotros, estamos creando en lugar de una institución de integración, un club de amigos rodeados de enemigos", añadió. Tras la cita de presidentes en Argentina, se prevé organizar una reunión con Barack Obama, para, a propuesta de Lula, sacar adelante un debate profundo sobre la relación estadounidense con Suramérica.
Ante la ausencia del presidente Uribe, la viceministra colombiana de Exteriores, Clemencia Forero, afirmó que "no ha habido ni habrá bases militares extranjeras en Colombia", y aseguró que con EE UU "se implementaría un acceso limitado para realizar acciones coordinadas contra el narcotráfico y el terrorismo". Forero pidió que en las discusiones de Unasur se incluyan "otras situaciones de tensión en la región, como el tráfico ilícito de armas, la actividad de los grupos armados ilegales y la carrera armamentística", en clara alusión a Venezuela.
La cita de Unasur en Quito se produce cuando existe un ambiente tenso en las fronteras de Colombia con Venezuela y con Ecuador. Días antes de la reunión, Chávez denunció que militares colombianos se habían introducido en territorio venezolano como parte de un plan de provocaciones por parte de Bogotá.
La confrontación se vio alimentada tras las acusaciones de presuntos nexos del Gobierno de Correa con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Un vídeo en el que aparece Mono Jojoy, uno de los jefes militares de las FARC, y un supuesto diario de Raúl Reyes, el número dos de las FARC abatido por militares colombianos en territorio ecuatoriano, hablan de relaciones de cercanos a Correa con la guerrilla, incluyéndose la presunta financiación a la campaña de la gubernamental Alianza País.
La reacción del Gobierno de Correa ha incluido una ruptura de las relaciones con Colombia en respuesta a la intromisión del país vecino en territorio ecuatoriano durante el bombardeo en el que resultaron muertos Reyes y otros guerrilleros. El ministro de Defensa ecuatoriano, Javier Ponce, ha rechazado "la intención de Colombia de aplicar la teoría de la extraterritorialidad; esto es, el derecho a atacar a cualquier otro país soberano a nombre del combate al terrorismo". Correa ha añadido que hay "una orquestación internacional que trata de hacerle daño" a su Gobierno, y ha advertido que "si [los colombianos] nos vuelven a bombardear habrá guerra".
En lo que sí encontró consenso la cita de Unasur fue en su condena del golpe de Estado en Honduras y en su decisión de no reconocer "ninguna convocatoria electoral por parte del Gobierno de hecho". En Quito, el destituido presidente del país, Manuel Zelaya, calificó de tibias las medidas de Washington en contra de los golpistas.
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PAÚL MENA - Quito - 10/08/2009
La preocupación de la región por la decisión de Colombia de permitir el uso de siete de sus bases a militares de Estados Unidos disparó las alarmas en la cumbre de este lunes de presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Quito. El tema es tan polémico que el grupo decidió convocar una nueva cumbre de mandatarios en Buenos Aires, pero esta vez con la presencia de Álvaro Uribe, el presidente colombiano, que no acudió a la capital ecuatoriana por las malas relaciones que hay entre ambos países.
Bolivia llegó a proponer una resolución de rechazo al acuerdo militar entre Estados Unidos y Colombia, pero la iniciativa no logró el apoyo de la mayoría y se decidió convocar una reunión de ministros de Defensa y Exteriores del grupo el 24 de agosto en Quito para volver a tratar el tema, antes de la cita bonaerense. La mayoría de los jefes de Estado intentó tener un tono conciliador con Colombia. Todos menos el venezolano Hugo Chávez.
Cuando la cita estaba a punto de concluir, Chávez advirtió de que el uso de bases colombianas por parte de Estados Unidos "puede ser el comienzo de una tragedia para la región". Añadió que su país se siente amenazado por el acuerdo y Venezuela no permitirá que tropas colombianas irrumpan en su territorio como ocurrió en Ecuador. "Hay dignidad en Venezuela; yo no voy a permitir que a Venezuela le hagan lo que a Ecuador le hicieron... Venezuela está preparándose, porque nos tienen en la mira. Y la razón es una... el petróleo", dijo Chávez. E insistió en que "vientos de guerra comienzan a soplar" en Suramérica.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, coincidió en que el uso estadounidense de bases militares en Colombia representa "una provocación para la región". Recordó que Ecuador ha sufrido durante muchos años los efectos de la guerra colombiana contra la guerrilla y el narcotráfico, y afirmó que el tema de las bases no significa un problema de soberanía de un país, sino un asunto de seguridad y estabilidad regional.
Los presidentes de Brasil, Argentina y Paraguay lanzaron un mensaje más prudente. "No concibo la posibilidad de aumentar los conflictos en la región en un momento en que todo lleva a creer que cuanta más paz tengamos, más oportunidad tendremos de recuperar el tiempo perdido y dar a nuestros pueblos lo que necesitan", dijo el brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva. "Vamos a tener que ponernos de acuerdo sobre el futuro de Unasur, porque si no hay esta relación amistosa entre nosotros, estamos creando en lugar de una institución de integración, un club de amigos rodeados de enemigos", añadió. Tras la cita de presidentes en Argentina, se prevé organizar una reunión con Barack Obama, para, a propuesta de Lula, sacar adelante un debate profundo sobre la relación estadounidense con Suramérica.
Ante la ausencia del presidente Uribe, la viceministra colombiana de Exteriores, Clemencia Forero, afirmó que "no ha habido ni habrá bases militares extranjeras en Colombia", y aseguró que con EE UU "se implementaría un acceso limitado para realizar acciones coordinadas contra el narcotráfico y el terrorismo". Forero pidió que en las discusiones de Unasur se incluyan "otras situaciones de tensión en la región, como el tráfico ilícito de armas, la actividad de los grupos armados ilegales y la carrera armamentística", en clara alusión a Venezuela.
La cita de Unasur en Quito se produce cuando existe un ambiente tenso en las fronteras de Colombia con Venezuela y con Ecuador. Días antes de la reunión, Chávez denunció que militares colombianos se habían introducido en territorio venezolano como parte de un plan de provocaciones por parte de Bogotá.
La confrontación se vio alimentada tras las acusaciones de presuntos nexos del Gobierno de Correa con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Un vídeo en el que aparece Mono Jojoy, uno de los jefes militares de las FARC, y un supuesto diario de Raúl Reyes, el número dos de las FARC abatido por militares colombianos en territorio ecuatoriano, hablan de relaciones de cercanos a Correa con la guerrilla, incluyéndose la presunta financiación a la campaña de la gubernamental Alianza País.
La reacción del Gobierno de Correa ha incluido una ruptura de las relaciones con Colombia en respuesta a la intromisión del país vecino en territorio ecuatoriano durante el bombardeo en el que resultaron muertos Reyes y otros guerrilleros. El ministro de Defensa ecuatoriano, Javier Ponce, ha rechazado "la intención de Colombia de aplicar la teoría de la extraterritorialidad; esto es, el derecho a atacar a cualquier otro país soberano a nombre del combate al terrorismo". Correa ha añadido que hay "una orquestación internacional que trata de hacerle daño" a su Gobierno, y ha advertido que "si [los colombianos] nos vuelven a bombardear habrá guerra".
En lo que sí encontró consenso la cita de Unasur fue en su condena del golpe de Estado en Honduras y en su decisión de no reconocer "ninguna convocatoria electoral por parte del Gobierno de hecho". En Quito, el destituido presidente del país, Manuel Zelaya, calificó de tibias las medidas de Washington en contra de los golpistas.
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Diario, mentiras y video
SEMANA revela las historias del video del 'Mono' y el supuesto diario de 'Raúl Reyes'. Las dos confirman la entrega de dinero de las Farc a la campaña de Rafael Correa. La pregunta es si fue a sus espaldas.
En las últimas dos semanas se conocieron dos piezas fundamentales para demostrar el alto grado de penetración de las Farc en Ecuador: el video del 'Mono Jojoy' y un presunto diario de 'Raúl Reyes'. El primero fue encontrado por autoridades colombianas. El otro, por el gobierno ecuatoriano.
Esas dos nuevas pruebas se conocieron con escasos ocho días de diferencia y aunque fueron objeto de polémica y cuestionamientos, la realidad es que tanto el video como el diario terminan finalmente por validar no sólo el contenido de los PC de 'Reyes', sino que, por encima de esto, dejan al descubierto y reconfirman el complejo entramado que las Farc tenían con miembros del gobierno de Rafael Correa.
La primera reacción de Correa y altos funcionarios de su país fue afirmar que el video era un montaje, ya que según los ecuatorianos, entre otras irregularidades se notaba que el video estaba editado. El video, difundido por la agencia AP, dura un poco menos de 15 minutos. Había sido encontrado en poder de una guerrillera conocida con el alias de 'Camila' en una operación adelantada por la Policía que terminó con la captura de esta importante subversiva el 30 de mayo pasado en Bogotá. Le encontraron tres PC y varias memorias USB. El volumen de información que tenía la guerrillera era de 526 gigas. Los computadores de 'Reyes' tenían 600 gigas, lo cual habla por sí solo de la cantidad de material que tenía la mujer detenida.
Siguiendo los protocolos internacionales de informática forense, las autoridades colombianas empezaron a desencriptar la información. Entre muchos valiosos datos apareció el video de 'Jojoy'. La intervención completa del jefe guerrillero dura una hora y seis minutos. El video no está almacenado en un solo archivo. De hecho está fraccionado en 16 partes, las cuales estaban guardadas en los diferentes computadores encontrados a la guerrillera. La única parte que conoce la opinión pública fue la revelada por AP, que fue la primera en ser entregada al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, por parte de las autoridades colombianas.
En un comienzo el funcionario dijo que al video entregado le "falta una parte al comienzo y otra al final". Esa declaración dio pie a que los ecuatorianos insistieran en la versión del montaje. Sin embargo, las autoridades colombianas le dieron a Insulza los otros 15 fragmentos, que no habían sido anexados inicialmente, pues el más relevante fue el primero en ser entregado. Aparte de aportar a la OEA la totalidad de los videos de 'Jojoy', también se entregaron todos los protocolos de informática forense usados por el FBI, Europol, Interpol, entre otros, que permiten establecer con total certeza que la información no fue alterada de ninguna forma.
SEMANA conoció la totalidad de los 16 videos entregados a la OEA y la secuencia es completamente lógica al ver el video "de corrido" y ensamblado. Es comprensible el por qué no se divulgaron ni entregaron a la OEA en un primer momento los otros fragmentos. La razón es simple. Son irrelevantes para ese organismo internacional, ya que 'Jojoy' trata temas internos de las Farc que no tienen relación con otros países.
Por ejemplo, en uno de los cortes, que dura cerca de cinco minutos y viene después del que reveló AP, 'Jojoy' lee a sus hombres una carta de 'Alfonso Cano' dirigida al Secretariado. Tras lamentar la muerte de 'Tirofijo' y hacer una semblanza del jefe de las Farc, el escrito de Cano comienza por decir que hay que pensar en la sucesión y afirma en un aparte "propongo que el nuevo comandante sea Jorge" ('Jojoy').
Después habla de los retos de las Farc y de recuperarse de los golpes recibidos durante el gobierno de Álvaro Uribe. Al terminar de leer esa carta, 'Jojoy' comienza a leer su respuesta a Cano. "Alfonso, usted llegó primero que yo al Secretariado, pero yo llegué primero a las Farc. Pero eso no importa. Las Farc son una organización monolítica y a diferencia de la oligarquía, acá no peleamos por quién es el primero. Por eso propongo al Secretariado que usted sea el nuevo comandante de las Farc...".
En otro de los 16 pedazos del video de 'Jojoy', el guerrillero lee otra carta, esta de 'Timochenko', en la cual también habla de la muerte de 'Tirofijo'. "La historia de Manuel Marulanda es la historia de las Farc que arranca en 1964 con 47 campesinos... sobrevivió al plan Lazo, la operación Sonora, Casa Verde y la operación Destructor uno y dos..." Durante 22 minutos más 'Jojoy' lee esa comunicación, la cual básicamente es un recuento de la vida de 'Tirofijo'.
El viernes 24 de julio el secretario de la OEA, José Miguel Insulza, recibió y vio los 16 cortes completos. "No soy un experto, si usted me dice si dice lo que dice, sí, los labios se mueven al unísono con la voz que se escucha, es verdad, ahora seguramente lo van a analizar muchos especialistas, pero el video está ahí, el señor es el señor Briceño y está diciendo lo que está diciendo", dijo el Secretario general de la OEA a los periodistas el martes pasado, tras anunciar que también entregó todo el material a Ecuador. Para ese momento la veracidad del video estaba fuera de discusión. Era incontrovertible y lo que empezó a ser cuestionado por Correa ya no era la autenticidad, sino el contenido, especialmente la recepción de dinero a su campaña por parte de las Farc.
El miércoles de la semana pasada, un día después del visto bueno informal por parte de la OEA al video de 'Jojoy', el ministro del Interior de Ecuador, Gustavo Jalkh, y el canciller de ese país, Fander Falconí, convocaron una rueda de prensa para anunciar que había sido encontrado un documento manuscrito que sería el diario de 'Raúl Reyes'.
Los funcionarios no revelaron el origen del documento y se limitaron a decir que "llegó a manos del gobierno" y que era producto de la investigación adelantada por la inteligencia ecuatoriana. Anunciaron que el supuesto diario, que fue entregado a los medios, también había sido remitido a la Fiscalía de ese país y a la OEA. Ese documento desató una crisis interna en Ecuador.
En varios apartes aparecen seriamente comprometidos quienes fueron hombres de máxima confianza y cercanía de Correa, especialmente el ex ministro de Seguridad Gustavo Larrea y el ex subsecretario de Gobierno Ignacio Chauvín. Estos dos ex funcionarios han estado en el ojo del huracán desde cuando se conoció el contenido del PC de 'Reyes' en marzo del año pasado, ya que quedaron en evidencia sus estrechos vínculos de amistad y colaboración con las Farc.
En el presunto diario de 'Reyes' ellos dos terminan muy 'salpicados'. "Larrea, Brito (coronel ecuatoriano retirado) y el doctor Ayala, estoy seguro, se mueven con los carteles mexicanos de la droga, y para tener vía libre en sus líneas, colaboran con la CIA. Para ellos yo (Reyes) soy el verdadero botín y entregarme será su mayor negocio", dice uno de los apartes del supuesto diario. En algunas hojas del documento que, según Ecuador, es de 'Reyes', el abatido guerrillero afirma que las Farc entregaron dinero a la campaña de Correa, pero que él nunca estuvo enterado y que, básicamente, ese dinero se perdió.
El documento es particularmente duro con Larrea y Chauvín, lo cual resulta curioso, ya que en Ecuador son justamente dos personajes de los cuales Correa ha puesto distancia. El primero es investigado allá por sus reuniones con las Farc, las cuales él ha aceptado. Chauvín, por su parte, estuvo preso y es investigado por sus vínculos con narcos aliados de las Farc y también ha reconocido públicamente su amistad y múltiples reuniones con 'Reyes'.
Curiosamente, el diario tiene apartes en los cuales supuestamente 'Reyes' dice que Correa lo traicionó y da a entender que nunca estuvo al tanto de la ayuda que recibió de la guerrilla. "Confiar en Correa fue un suicidio. Todos los aportes en dinero para la campaña de Correa no sirvieron ni para un carajo", dice otro de los apartes del presunto diario.
Independientemente de las dudas sobre la autenticidad del diario, el hecho de que haya sido revelado por los ecuatorianos es de suma importancia. Principalmente porque el contenido corrobora lo que hay en los correos de 'Reyes' y lo que dijo 'Jojoy' en su video: sí hubo aportes de dinero de las Farc a la campaña presidencial de Correa. Con base en el supuesto diario, los ecuatorianos ya no niegan los aportes de las Farc. Lo que falta por determinar es si fue a espaldas del presidente Correa, como lo han dicho.
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En las últimas dos semanas se conocieron dos piezas fundamentales para demostrar el alto grado de penetración de las Farc en Ecuador: el video del 'Mono Jojoy' y un presunto diario de 'Raúl Reyes'. El primero fue encontrado por autoridades colombianas. El otro, por el gobierno ecuatoriano.
Esas dos nuevas pruebas se conocieron con escasos ocho días de diferencia y aunque fueron objeto de polémica y cuestionamientos, la realidad es que tanto el video como el diario terminan finalmente por validar no sólo el contenido de los PC de 'Reyes', sino que, por encima de esto, dejan al descubierto y reconfirman el complejo entramado que las Farc tenían con miembros del gobierno de Rafael Correa.
La primera reacción de Correa y altos funcionarios de su país fue afirmar que el video era un montaje, ya que según los ecuatorianos, entre otras irregularidades se notaba que el video estaba editado. El video, difundido por la agencia AP, dura un poco menos de 15 minutos. Había sido encontrado en poder de una guerrillera conocida con el alias de 'Camila' en una operación adelantada por la Policía que terminó con la captura de esta importante subversiva el 30 de mayo pasado en Bogotá. Le encontraron tres PC y varias memorias USB. El volumen de información que tenía la guerrillera era de 526 gigas. Los computadores de 'Reyes' tenían 600 gigas, lo cual habla por sí solo de la cantidad de material que tenía la mujer detenida.
Siguiendo los protocolos internacionales de informática forense, las autoridades colombianas empezaron a desencriptar la información. Entre muchos valiosos datos apareció el video de 'Jojoy'. La intervención completa del jefe guerrillero dura una hora y seis minutos. El video no está almacenado en un solo archivo. De hecho está fraccionado en 16 partes, las cuales estaban guardadas en los diferentes computadores encontrados a la guerrillera. La única parte que conoce la opinión pública fue la revelada por AP, que fue la primera en ser entregada al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, por parte de las autoridades colombianas.
En un comienzo el funcionario dijo que al video entregado le "falta una parte al comienzo y otra al final". Esa declaración dio pie a que los ecuatorianos insistieran en la versión del montaje. Sin embargo, las autoridades colombianas le dieron a Insulza los otros 15 fragmentos, que no habían sido anexados inicialmente, pues el más relevante fue el primero en ser entregado. Aparte de aportar a la OEA la totalidad de los videos de 'Jojoy', también se entregaron todos los protocolos de informática forense usados por el FBI, Europol, Interpol, entre otros, que permiten establecer con total certeza que la información no fue alterada de ninguna forma.
SEMANA conoció la totalidad de los 16 videos entregados a la OEA y la secuencia es completamente lógica al ver el video "de corrido" y ensamblado. Es comprensible el por qué no se divulgaron ni entregaron a la OEA en un primer momento los otros fragmentos. La razón es simple. Son irrelevantes para ese organismo internacional, ya que 'Jojoy' trata temas internos de las Farc que no tienen relación con otros países.
Por ejemplo, en uno de los cortes, que dura cerca de cinco minutos y viene después del que reveló AP, 'Jojoy' lee a sus hombres una carta de 'Alfonso Cano' dirigida al Secretariado. Tras lamentar la muerte de 'Tirofijo' y hacer una semblanza del jefe de las Farc, el escrito de Cano comienza por decir que hay que pensar en la sucesión y afirma en un aparte "propongo que el nuevo comandante sea Jorge" ('Jojoy').
Después habla de los retos de las Farc y de recuperarse de los golpes recibidos durante el gobierno de Álvaro Uribe. Al terminar de leer esa carta, 'Jojoy' comienza a leer su respuesta a Cano. "Alfonso, usted llegó primero que yo al Secretariado, pero yo llegué primero a las Farc. Pero eso no importa. Las Farc son una organización monolítica y a diferencia de la oligarquía, acá no peleamos por quién es el primero. Por eso propongo al Secretariado que usted sea el nuevo comandante de las Farc...".
En otro de los 16 pedazos del video de 'Jojoy', el guerrillero lee otra carta, esta de 'Timochenko', en la cual también habla de la muerte de 'Tirofijo'. "La historia de Manuel Marulanda es la historia de las Farc que arranca en 1964 con 47 campesinos... sobrevivió al plan Lazo, la operación Sonora, Casa Verde y la operación Destructor uno y dos..." Durante 22 minutos más 'Jojoy' lee esa comunicación, la cual básicamente es un recuento de la vida de 'Tirofijo'.
El viernes 24 de julio el secretario de la OEA, José Miguel Insulza, recibió y vio los 16 cortes completos. "No soy un experto, si usted me dice si dice lo que dice, sí, los labios se mueven al unísono con la voz que se escucha, es verdad, ahora seguramente lo van a analizar muchos especialistas, pero el video está ahí, el señor es el señor Briceño y está diciendo lo que está diciendo", dijo el Secretario general de la OEA a los periodistas el martes pasado, tras anunciar que también entregó todo el material a Ecuador. Para ese momento la veracidad del video estaba fuera de discusión. Era incontrovertible y lo que empezó a ser cuestionado por Correa ya no era la autenticidad, sino el contenido, especialmente la recepción de dinero a su campaña por parte de las Farc.
El miércoles de la semana pasada, un día después del visto bueno informal por parte de la OEA al video de 'Jojoy', el ministro del Interior de Ecuador, Gustavo Jalkh, y el canciller de ese país, Fander Falconí, convocaron una rueda de prensa para anunciar que había sido encontrado un documento manuscrito que sería el diario de 'Raúl Reyes'.
Los funcionarios no revelaron el origen del documento y se limitaron a decir que "llegó a manos del gobierno" y que era producto de la investigación adelantada por la inteligencia ecuatoriana. Anunciaron que el supuesto diario, que fue entregado a los medios, también había sido remitido a la Fiscalía de ese país y a la OEA. Ese documento desató una crisis interna en Ecuador.
En varios apartes aparecen seriamente comprometidos quienes fueron hombres de máxima confianza y cercanía de Correa, especialmente el ex ministro de Seguridad Gustavo Larrea y el ex subsecretario de Gobierno Ignacio Chauvín. Estos dos ex funcionarios han estado en el ojo del huracán desde cuando se conoció el contenido del PC de 'Reyes' en marzo del año pasado, ya que quedaron en evidencia sus estrechos vínculos de amistad y colaboración con las Farc.
En el presunto diario de 'Reyes' ellos dos terminan muy 'salpicados'. "Larrea, Brito (coronel ecuatoriano retirado) y el doctor Ayala, estoy seguro, se mueven con los carteles mexicanos de la droga, y para tener vía libre en sus líneas, colaboran con la CIA. Para ellos yo (Reyes) soy el verdadero botín y entregarme será su mayor negocio", dice uno de los apartes del supuesto diario. En algunas hojas del documento que, según Ecuador, es de 'Reyes', el abatido guerrillero afirma que las Farc entregaron dinero a la campaña de Correa, pero que él nunca estuvo enterado y que, básicamente, ese dinero se perdió.
El documento es particularmente duro con Larrea y Chauvín, lo cual resulta curioso, ya que en Ecuador son justamente dos personajes de los cuales Correa ha puesto distancia. El primero es investigado allá por sus reuniones con las Farc, las cuales él ha aceptado. Chauvín, por su parte, estuvo preso y es investigado por sus vínculos con narcos aliados de las Farc y también ha reconocido públicamente su amistad y múltiples reuniones con 'Reyes'.
Curiosamente, el diario tiene apartes en los cuales supuestamente 'Reyes' dice que Correa lo traicionó y da a entender que nunca estuvo al tanto de la ayuda que recibió de la guerrilla. "Confiar en Correa fue un suicidio. Todos los aportes en dinero para la campaña de Correa no sirvieron ni para un carajo", dice otro de los apartes del presunto diario.
Independientemente de las dudas sobre la autenticidad del diario, el hecho de que haya sido revelado por los ecuatorianos es de suma importancia. Principalmente porque el contenido corrobora lo que hay en los correos de 'Reyes' y lo que dijo 'Jojoy' en su video: sí hubo aportes de dinero de las Farc a la campaña presidencial de Correa. Con base en el supuesto diario, los ecuatorianos ya no niegan los aportes de las Farc. Lo que falta por determinar es si fue a espaldas del presidente Correa, como lo han dicho.
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Son cinco los lanzacohetes incautados a las Farc por las Fuerzas Militares
Julio 30 de 2009
John '40' habría negociado al menos cinco lanzacohetes suecos AT-4, tres de los cuales fueron encontrados en una caleta a 15 kilómetros de su campamento, bombardeado el 3 de septiembre del año pasado.
Dos similares fueron ubicados en una caleta en las selvas del Yarí (Caquetá) en el 2004, cuando inició el Plan Patriota. Son de la misma serie, pero se desconoce si, como los otros tres, fueron vendidos a Venezuela hace 20 años por una empresa sueca.
"Hay que hablar con la gente del hombre de la CH porque las pepas no se van a poder meter por San Rafael. Que la gente de Cadete baje hasta Venturosa que no hay riesgo. Son 60 mil". Este correo, enviado el 4 de mayo del año pasado por el abatido jefe del frente 43, 'Camilo Tabaco', al jefe del frente séptimo de las Farc es una de las evidencias que los organismos de inteligencia tuvieron sobre la venta de armamento, de algún contacto venezolano, a la guerrilla colombiana.
EL TIEMPO conoció correos que estaban en el computador de 'Jhon 40', dueño del campamento donde murió 'Camilo', y el hombre que en los últimos años fue el sustento económico del bloque Oriental por sus millonarios negocios de narcotráfico.
Según el análisis de los hombres de Inteligencia Militar, 'Camilo' se refiere en el correo a dos puntos fronterizos con Venezuela en el departamento del Vichada. Como en otros correos, 'el hombre de la CH' sería una referencia a Venezuela.
"Lo de la CH es una referencia para indicar que gente de ese país es la que les tiene que enviar las 'pepas', que son municiones para fusil", le indicó a este diario uno de los hombres que participó en la operación contra 'Jhon 40'.
Este dato del correo coincide con el hallazgo que los militares de la Omega hicieron, el 10 de octubre del año pasado, en una de esas caletas, en la que había por lo menos 58 mil proyectiles para fusil AK-47.
El hallazgo
El descubrimiento del armamento no se dio en medio del bombardeo, sino un mes después. "Cuando las tropas de tierra entraron al campamento de '40', siete hombres de su anillo de seguridad lograron huir, dos de ellos heridos. De inmediato se hizo un envolvimiento y después de presionar logramos capturar a alias 'Saúl', uno de los de confianza de 'Jhon 40'", contó uno de los oficiales de la operación.
Este hombre, identificado como Luis Fernando Gallego, era el encargado de manejar las caletas de la organización. Se desmovilizó y fue él quien entregó los sitios exactos a los que llegó la tropa.
Lo que siguió después fue toda una sorpresa para los militares. En mes y medio, a lo largo del río Cafre, entre Meta y Guaviare, la Fuerza de Tarea Omega ubicó diez caletas con armamento, explosivos, variedad de municiones y tres lanzacohetes AT-4. Los
RPG (rockets) estaban en la tercera caleta, al sur del municipio de Vista Hermosa (Meta).
"De inmediato se llevaron a un análisis técnico para saber su procedencia y de ahí salió el estudio que ahora se conoce", agregó el oficial.
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John '40' habría negociado al menos cinco lanzacohetes suecos AT-4, tres de los cuales fueron encontrados en una caleta a 15 kilómetros de su campamento, bombardeado el 3 de septiembre del año pasado.
Dos similares fueron ubicados en una caleta en las selvas del Yarí (Caquetá) en el 2004, cuando inició el Plan Patriota. Son de la misma serie, pero se desconoce si, como los otros tres, fueron vendidos a Venezuela hace 20 años por una empresa sueca.
"Hay que hablar con la gente del hombre de la CH porque las pepas no se van a poder meter por San Rafael. Que la gente de Cadete baje hasta Venturosa que no hay riesgo. Son 60 mil". Este correo, enviado el 4 de mayo del año pasado por el abatido jefe del frente 43, 'Camilo Tabaco', al jefe del frente séptimo de las Farc es una de las evidencias que los organismos de inteligencia tuvieron sobre la venta de armamento, de algún contacto venezolano, a la guerrilla colombiana.
EL TIEMPO conoció correos que estaban en el computador de 'Jhon 40', dueño del campamento donde murió 'Camilo', y el hombre que en los últimos años fue el sustento económico del bloque Oriental por sus millonarios negocios de narcotráfico.
Según el análisis de los hombres de Inteligencia Militar, 'Camilo' se refiere en el correo a dos puntos fronterizos con Venezuela en el departamento del Vichada. Como en otros correos, 'el hombre de la CH' sería una referencia a Venezuela.
"Lo de la CH es una referencia para indicar que gente de ese país es la que les tiene que enviar las 'pepas', que son municiones para fusil", le indicó a este diario uno de los hombres que participó en la operación contra 'Jhon 40'.
Este dato del correo coincide con el hallazgo que los militares de la Omega hicieron, el 10 de octubre del año pasado, en una de esas caletas, en la que había por lo menos 58 mil proyectiles para fusil AK-47.
El hallazgo
El descubrimiento del armamento no se dio en medio del bombardeo, sino un mes después. "Cuando las tropas de tierra entraron al campamento de '40', siete hombres de su anillo de seguridad lograron huir, dos de ellos heridos. De inmediato se hizo un envolvimiento y después de presionar logramos capturar a alias 'Saúl', uno de los de confianza de 'Jhon 40'", contó uno de los oficiales de la operación.
Este hombre, identificado como Luis Fernando Gallego, era el encargado de manejar las caletas de la organización. Se desmovilizó y fue él quien entregó los sitios exactos a los que llegó la tropa.
Lo que siguió después fue toda una sorpresa para los militares. En mes y medio, a lo largo del río Cafre, entre Meta y Guaviare, la Fuerza de Tarea Omega ubicó diez caletas con armamento, explosivos, variedad de municiones y tres lanzacohetes AT-4. Los
RPG (rockets) estaban en la tercera caleta, al sur del municipio de Vista Hermosa (Meta).
"De inmediato se llevaron a un análisis técnico para saber su procedencia y de ahí salió el estudio que ahora se conoce", agregó el oficial.
Publicado en
www.eltiempo.com
viernes, 6 de noviembre de 2009
Son 40 los guerrilleros muertos en reciente ofensiva del Ejército, asegura jefe militar
Los subversivos murieron tras bombardeos y combates librados desde hace dos semanas, reveló este domingo el general Javier Flórez, comandante de la llamada Fuerza de Tarea Conjunta Omega.
Este grupo de militares es el encargado de perseguir a rebeldes en zonas de los Llanos Orientales colombianos.
"Son 40. En el día de ayer iban 16 en la campaña aérea (bombardeos) y con las tropas del Ejército y de la Infantería de Marina, y de igual forma, la semana anterior en la 'operación Milenio' fueron 13 más", dijo Flórez a la emisora "W", de Caracol Radio.
Las tropas colombianas, por tierra y aire, estrechan el cerco contra el jefe militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( Farc), alias 'Mono Jojoy'.
"Tenemos el conteo de unos 3.000 bandidos que están en los anillos de seguridad" del 'Mono Jojoy', añadió el alto oficial. Entre el viernes y el sábado, y tras labores de inteligencia y seguimiento, fueron abatidos en un bombardeo y posteriores combates 16 guerrilleros, entre ellos dos jefes del frente 43 de las Farc.
En los enfrentamientos solo se ha informado de la muerte de un suboficial de la Aviación del Ejército.
En las operaciones, las tropas se han incautado de unas veinte toneladas de víveres y siete de explosivos de los hombres de la seguridad de 'Mono Jojoy' o 'Jorge Briceño Suárez', cuyo verdadero nombre es Víctor Julio Suárez Rojas.
En lo que va de año se han desmovilizado 76 guerrilleros del llamado 'Bloque Oriental' de las Farc, al que pertenece el frente 43, reveló también el general Flórez que comanda esa fuerza de elite colombiana.
Las acciones se concentran en parajes rurales entre las localidades de Puerto Rico y Vistahermosa, en el departamento de Meta, a unos 280 kilómetros al sureste de Bogotá.
EFE
Este grupo de militares es el encargado de perseguir a rebeldes en zonas de los Llanos Orientales colombianos.
"Son 40. En el día de ayer iban 16 en la campaña aérea (bombardeos) y con las tropas del Ejército y de la Infantería de Marina, y de igual forma, la semana anterior en la 'operación Milenio' fueron 13 más", dijo Flórez a la emisora "W", de Caracol Radio.
Las tropas colombianas, por tierra y aire, estrechan el cerco contra el jefe militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( Farc), alias 'Mono Jojoy'.
"Tenemos el conteo de unos 3.000 bandidos que están en los anillos de seguridad" del 'Mono Jojoy', añadió el alto oficial. Entre el viernes y el sábado, y tras labores de inteligencia y seguimiento, fueron abatidos en un bombardeo y posteriores combates 16 guerrilleros, entre ellos dos jefes del frente 43 de las Farc.
En los enfrentamientos solo se ha informado de la muerte de un suboficial de la Aviación del Ejército.
En las operaciones, las tropas se han incautado de unas veinte toneladas de víveres y siete de explosivos de los hombres de la seguridad de 'Mono Jojoy' o 'Jorge Briceño Suárez', cuyo verdadero nombre es Víctor Julio Suárez Rojas.
En lo que va de año se han desmovilizado 76 guerrilleros del llamado 'Bloque Oriental' de las Farc, al que pertenece el frente 43, reveló también el general Flórez que comanda esa fuerza de elite colombiana.
Las acciones se concentran en parajes rurales entre las localidades de Puerto Rico y Vistahermosa, en el departamento de Meta, a unos 280 kilómetros al sureste de Bogotá.
EFE
miércoles, 4 de noviembre de 2009
Documentos comprometedores que relacionan a Correa con las Farc
"Los secretos de las Farc se han perdido totalmente”, dice el 'Mono Jojoy'. Autoridades colombianas analizan este video y otros documentos encontrados a alias 'Camila', capturada hace dos meses.
Frank Bajak, AP
BOGOTA (AP) — La Fiscalía General investiga unos documentos decomisados por la Policía a una presunta guerrillera de las Farc, entre los que figura un video en el que Jorge Briceño Suárez, alias el ‘Mono Jojoy’, menciona los aportes que esta organización insurgente hizo en dólares a la primera campaña electoral del presidente de Ecuador, Rafael Correa.
Hermes Ardila, jefe de los fiscales de la unidad antiterrorismo de la Fiscalía General, confirmó a la AP que su despacho lleva el caso de una guerrillera detenida el pasado mayo en Bogotá, y a quien le fueron incautados tres computadores, uno de ellos con un video de al menos una hora.
En la filmación se ve al ‘Mono Jojoy’, uno de los siete miembros del secretariado de las Farc , mencionando que entre otras informaciones de la guerrilla que han quedado al descubierto, debido a operativos de las autoridades colombianas, están los aportes dados por los insurgentes a la campaña de Correa en 2006.
“Los secretos de las Farc se han perdido totalmente”, aseguró el líder rebelde. “Veamos, en los documentos incautados había referencias de compra de armas de varios calibres y quiénes las moverían y con sentido a quiénes" iban dirigidas, se escucha decir a Briceño al comenzar a enumerar la serie de documentos y datos que habían caído en poder de las autoridades.
"Ayuda en dólares a la campaña de Correa y posteriores conversaciones con sus emisarios, incluidos algunos acuerdos, según documentos en poder de todos nosotros, los cuales resultan muy comprometedores en nuestros nexos con los amigos", agrega Briceño, de pie frente a un computador portátil del que lee en medio de un selvático paraje.
Fue la primera vez que se escuchó de viva voz a un alto miembro de las Farc mencionar tales aportes, de los cuales ya habían circulado versiones en 2008. El gobierno de Correa siempre los ha negado.
El video fue entregado a la AP a condición de no revelar su origen.
Al ser consultado sobre el video, el ministro de Seguridad de Ecuador, Miguel Carvajal, dijo a la AP que primero debía ver las imágenes, comprobar su veracidad, pero que tenía la “absoluta convicción y fuerza que el gobierno del presidente Correa ni ha tenido en la campaña ni tiene ninguna relación ni aportes de grupos como las FARC y mucho menos ningún tipo de acuerdo".
"Si es que algún miembro de las FARC, en el supuesto de que ese video sea verificada su autenticidad, afirma haber entregado recursos como se dice, a emisarios, tendrían que decir quiénes son esos emisarios que se han tomado el nombre del presidente o quiénes son esos emisarios que a nombre de la campaña electoral han establecido esos vínculos", aseguró.
En el video no se escucha a Briceño dar detalles sobre el monto entregado o la fecha de ese aporte.
El año pasado, cinco documentos divulgados o filtrados por el gobierno a los medios mencionaban comunicaciones en las que jefes rebeldes discutían un aporte de 100.000 dólares hecho por las Farc a la campaña de Correa a fines del 2006. El gobierno de Colombia dijo que tales documentos eran de un computador de un jefe de las Farc.
Ni en el video ni en los documentos hay mención a un contacto directo de miembros de las Farc con Correa o que el entonces candidato supiera del aporte de esos dineros rebeldes.
El video seguramente atizará las discordias entre Quito y Bogotá, sin relaciones diplomáticas desde el 3 de marzo del 2008. Briceño aparece hablando delante de al menos unos 250 guerrilleros sentados o recostados a los árboles con sus armas al hombro, caras largas o agarrándose la cabeza porque entre otras noticias leídas por Briceño está la confirmación de la muerte de un infarto el 26 de marzo del 2008 de Manuel Marulanda o "Tirofijo", líder fundador de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en los años 60.
Al leer apartes de un mensaje dejado por Marulanda a sus rebeldes, se escucha a Briceño hacer una breve pausa para preguntar: "¿qué sonó?, ¿una bomba?" y, tras recibir una respuesta negativa, sigue leyendo.
El material de los tres computadores, marca Sony Vaio, estaba total o parcialmente encriptado y técnicos de la policía lograron tener acceso a todo el material, incluyendo el video, sólo hasta el pasado 10 de julio y se los entregaron a fiscales.
Las autoridades dieron con los equipos al detener a Adela Pérez, alias "Camila", de 36 años, quien lideraba una red urbana de las Farc en Bogotá. Las autoridades capturaron a la guerrillera gracias a un informante y la mujer fue detenida por la policía en una casa de la barriada de Suba, al noroeste de la capital, el 30 de mayo del 2009.
Al día siguiente a "Camila" le fueron formulados cargos por concierto para delinquir, terrorismo y reclutamiento. Actualmente está detenida en una cárcel de Bogotá.
Los nuevos datos en manos de la Fiscalía General parecieron ratificar versiones surgidas en marzo del 2008, que en parte provenían de comunicaciones y correos electrónicos encontrados en computadores decomisados por el ejército en un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano en una incursión militar no autorizada por Quito.
En el ataque en suelo ecuatoriano al puesto rebelde, murió Raúl Reyes, otro de los miembros del secretariado de las Farc y uno de sus más importantes voceros internacionales y negociador.
Ecuador ha negado la existencia de los computadores de Reyes y duda de la veracidad de la información que Bogotá dice haber obtenido de ellos. En el ataque murieron Reyes y otras 25 personas, pero sobrevivieron dos colombianas y una mexicana.
De acuerdo con las autoridades, el video de Briceño fue grabado probablemente en la región de La Macarena, al sur del país --tradicional bastión del líder rebelde--, entre el 27 de marzo y el 2 de julio del 2008 porque en las imágenes el jefe insurgente se refiere a las muertes de Marulanda, ocurrida el 26 de marzo del 2008 y a la de Reyes.
Briceño no menciona la "Operación Jaque", el rescate militar de 15 rehenes en poder de las Farc el 2 de julio del 2008.
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www.semana.com
Frank Bajak, AP
BOGOTA (AP) — La Fiscalía General investiga unos documentos decomisados por la Policía a una presunta guerrillera de las Farc, entre los que figura un video en el que Jorge Briceño Suárez, alias el ‘Mono Jojoy’, menciona los aportes que esta organización insurgente hizo en dólares a la primera campaña electoral del presidente de Ecuador, Rafael Correa.
Hermes Ardila, jefe de los fiscales de la unidad antiterrorismo de la Fiscalía General, confirmó a la AP que su despacho lleva el caso de una guerrillera detenida el pasado mayo en Bogotá, y a quien le fueron incautados tres computadores, uno de ellos con un video de al menos una hora.
En la filmación se ve al ‘Mono Jojoy’, uno de los siete miembros del secretariado de las Farc , mencionando que entre otras informaciones de la guerrilla que han quedado al descubierto, debido a operativos de las autoridades colombianas, están los aportes dados por los insurgentes a la campaña de Correa en 2006.
“Los secretos de las Farc se han perdido totalmente”, aseguró el líder rebelde. “Veamos, en los documentos incautados había referencias de compra de armas de varios calibres y quiénes las moverían y con sentido a quiénes" iban dirigidas, se escucha decir a Briceño al comenzar a enumerar la serie de documentos y datos que habían caído en poder de las autoridades.
"Ayuda en dólares a la campaña de Correa y posteriores conversaciones con sus emisarios, incluidos algunos acuerdos, según documentos en poder de todos nosotros, los cuales resultan muy comprometedores en nuestros nexos con los amigos", agrega Briceño, de pie frente a un computador portátil del que lee en medio de un selvático paraje.
Fue la primera vez que se escuchó de viva voz a un alto miembro de las Farc mencionar tales aportes, de los cuales ya habían circulado versiones en 2008. El gobierno de Correa siempre los ha negado.
El video fue entregado a la AP a condición de no revelar su origen.
Al ser consultado sobre el video, el ministro de Seguridad de Ecuador, Miguel Carvajal, dijo a la AP que primero debía ver las imágenes, comprobar su veracidad, pero que tenía la “absoluta convicción y fuerza que el gobierno del presidente Correa ni ha tenido en la campaña ni tiene ninguna relación ni aportes de grupos como las FARC y mucho menos ningún tipo de acuerdo".
"Si es que algún miembro de las FARC, en el supuesto de que ese video sea verificada su autenticidad, afirma haber entregado recursos como se dice, a emisarios, tendrían que decir quiénes son esos emisarios que se han tomado el nombre del presidente o quiénes son esos emisarios que a nombre de la campaña electoral han establecido esos vínculos", aseguró.
En el video no se escucha a Briceño dar detalles sobre el monto entregado o la fecha de ese aporte.
El año pasado, cinco documentos divulgados o filtrados por el gobierno a los medios mencionaban comunicaciones en las que jefes rebeldes discutían un aporte de 100.000 dólares hecho por las Farc a la campaña de Correa a fines del 2006. El gobierno de Colombia dijo que tales documentos eran de un computador de un jefe de las Farc.
Ni en el video ni en los documentos hay mención a un contacto directo de miembros de las Farc con Correa o que el entonces candidato supiera del aporte de esos dineros rebeldes.
El video seguramente atizará las discordias entre Quito y Bogotá, sin relaciones diplomáticas desde el 3 de marzo del 2008. Briceño aparece hablando delante de al menos unos 250 guerrilleros sentados o recostados a los árboles con sus armas al hombro, caras largas o agarrándose la cabeza porque entre otras noticias leídas por Briceño está la confirmación de la muerte de un infarto el 26 de marzo del 2008 de Manuel Marulanda o "Tirofijo", líder fundador de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en los años 60.
Al leer apartes de un mensaje dejado por Marulanda a sus rebeldes, se escucha a Briceño hacer una breve pausa para preguntar: "¿qué sonó?, ¿una bomba?" y, tras recibir una respuesta negativa, sigue leyendo.
El material de los tres computadores, marca Sony Vaio, estaba total o parcialmente encriptado y técnicos de la policía lograron tener acceso a todo el material, incluyendo el video, sólo hasta el pasado 10 de julio y se los entregaron a fiscales.
Las autoridades dieron con los equipos al detener a Adela Pérez, alias "Camila", de 36 años, quien lideraba una red urbana de las Farc en Bogotá. Las autoridades capturaron a la guerrillera gracias a un informante y la mujer fue detenida por la policía en una casa de la barriada de Suba, al noroeste de la capital, el 30 de mayo del 2009.
Al día siguiente a "Camila" le fueron formulados cargos por concierto para delinquir, terrorismo y reclutamiento. Actualmente está detenida en una cárcel de Bogotá.
Los nuevos datos en manos de la Fiscalía General parecieron ratificar versiones surgidas en marzo del 2008, que en parte provenían de comunicaciones y correos electrónicos encontrados en computadores decomisados por el ejército en un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano en una incursión militar no autorizada por Quito.
En el ataque en suelo ecuatoriano al puesto rebelde, murió Raúl Reyes, otro de los miembros del secretariado de las Farc y uno de sus más importantes voceros internacionales y negociador.
Ecuador ha negado la existencia de los computadores de Reyes y duda de la veracidad de la información que Bogotá dice haber obtenido de ellos. En el ataque murieron Reyes y otras 25 personas, pero sobrevivieron dos colombianas y una mexicana.
De acuerdo con las autoridades, el video de Briceño fue grabado probablemente en la región de La Macarena, al sur del país --tradicional bastión del líder rebelde--, entre el 27 de marzo y el 2 de julio del 2008 porque en las imágenes el jefe insurgente se refiere a las muertes de Marulanda, ocurrida el 26 de marzo del 2008 y a la de Reyes.
Briceño no menciona la "Operación Jaque", el rescate militar de 15 rehenes en poder de las Farc el 2 de julio del 2008.
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viernes, 2 de octubre de 2009
Secuestro de concejales: ¿nuevo botín de guerra?
Luís Amger Murguía
“Los concejales son matables y no canjeables”, argumentó hace unos meses un guerrillero desmovilizado durante una audiencia en la que estaba presente Fabio Estrada, director ejecutivo de la Federación Nacional de Concejales, Fenacon.
Pese a la contundencia de la frase, la realidad en torno a la importancia política que las Farc le atribuyen a los legisladores locales parece que sufrió un cambio abrupto en las últimas semanas. Al menos así se desprende de las recientes acciones criminales en las que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, convirtieron en objetivo a los concejales de los 1.100 municipios del país.
La más reciente prueba de ese viraje se ratificó durante el fin de semana tras la desaparición de Marcos Baquero, presidente del Concejo de San José del Guaviare. El presunto plagio del edil se produjo durante un ataque del frente séptimo de las Farc a la comitiva del alcalde de esa localidad y en la que iba el concejal. En el acto resultó herido un diputado.
De confirmarse el secuestro de Baquero, se convertiría en el segundo concejal plagiado por las Farc en menos de un mes y los únicos en poder de esa guerrilla. El primer caso se produjo el pasado 29 de mayo en una cinematográfica incursión de diez guerrilleros a la sede de la alcaldía de Garzón, Huila, donde además operan el Palacio de Justicia y el Concejo. El saldo de ese atentado criminal que comparan con el secuestro de los doce diputados del Valle, fueron cuatro muertos y el plagio del edil conservador Armando Acuña. Al parecer, el objetivo de los insurgentes era raptar a los 15 legisladores del municipio.
No cabe duda que ambos hechos representan un duro golpe a las entrañas de la Seguridad Democrática. Prueba de ello es que posterior a los hechos en Huila, el propio presidente Álvaro Uribe dijo durante un acto público que “el rescate del concejal es una razón de honor”. Y no mentía. La molestia de Uribe tenía motivos de peso. Primero, porque justo en ese municipio el Ejército cuenta con dos bases militares a menos de cinco kilómetros del casco urbano. Y segundo porque Huila es históricamente el departamento más golpeado por los insurgentes. En 2001 las Farc, en especial la columna Teófilo Forero, secuestraron a 20 personas en esa región, entre ellos tres congresistas.
Blanco fácil
Pero ahora que se develó el macabro propósito de la guerrilla contra los legisladores locales, muchos se preguntan si estamos ad portas de una nueva estrategia de guerra, cuyo insumo serán los cabildantes, y con ellos insistir en el canje humanitario de civiles por guerrilleros presos. Tampoco se puede perder de vista que los concejales son el primer eslabón dentro de la pirámide para el manejo y control del potencial electoral que brindan las regiones.
También hay que recordar que tras las recientes liberaciones unilaterales, las Farc ya no tenían a civiles como rehenes políticos y la lista se redujo a 22 uniformados a la espera de un intercambio.
Para el politólogo Rafael Nieto, lo único claro por ahora es “que las Farc no han abandonado el secuestro de civiles con fines políticos”. Sin embargo, hay quienes creen que existen razones de peso para pensar en una nueva arremetida, no por el valor político de los concejales, sino por su vulnerabilidad. “Los ediles son un blanco fácil, pues más del 90% viven en municipios apartados”, explicó el director ejecutivo de Fenacon.
De hecho, las cifras hablan por sí solas. Por ejemplo, en Colombia hay 12.600 ediles, de los cuales 2.000 se encuentran amenazados y por lo menos 1.442 bajo medidas de protección del Estado, que se resumen en un auxilio para transporte, un Avantel y en algunos casos un chaleco antibalas.
En los últimos diez años en el país fueron asesinados 432 concejales, este año van cinco casos. La guerrilla aparece como ejecutor del 58% del total de esos crímenes. Históricamente, Antioquia con 27 casos, Huila y Tolima con 21, Valle con 19 y Caquetá con 18 crímenes, son las más golpeadas. “En medio de este conflicto la cuerda siempre se revienta por la hebra más delgada”, manifestó Martha Cortés, concejala presidenta de Fenacon, en Caquetá, una de las regiones más golpeada por la guerrilla.
El crimen más reciente contra ediles sucedió hace dos semanas en El Banco, Magdalena, donde sicarios acribillaron a Luis Evelio Quintanilla. Pero eso no es todo. Valle, con 517 concejales tiene al 10% de ellos amenazados por la guerrilla o bandas criminales como Los Rastrojos.
Incluso en Tuluá, en el Valle, el concejal Saúl Vela sesiona desde la clandestinidad por Internet, después de ser objeto de un atentado en contra de su vida, el año pasado. “Él tiene un correo electrónico a través del cual vota o interviene en los sesiones”, dijo Orlando Gallego, concejal que también amenazado este año.
Lo que muestra la tendencia de las Farc frente a los ediles ha sido el que las autoridades llaman “plan pistola”, práctica que hizo carrera en Huila y Caquetá, dos de las regiones azotadas.
Si en el Valle llueve, en Cauca no escampa. Según Mauricio Medina, presidente de Fenacon en esa región, la Farc no cesa sus hostilidades contra los legisladores municipales, “Hoy tenemos a 40 concejales intimidados y muchos a través de panfletos”, dijo tras precisar que la gran dificultad para protegerlos es que el 80% de los 517 legisladores de Cauca viven en la zona rural.
Ante semejante panorama, José Silva, concejal de Garzón, Huila, quien se salvó de ser plagiado por las Farc durante la incursión de mayo pasado, no duda en afirmar que “entre el secuestro o que nos sigan matando, preferimos lo primero”.
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“Los concejales son matables y no canjeables”, argumentó hace unos meses un guerrillero desmovilizado durante una audiencia en la que estaba presente Fabio Estrada, director ejecutivo de la Federación Nacional de Concejales, Fenacon.
Pese a la contundencia de la frase, la realidad en torno a la importancia política que las Farc le atribuyen a los legisladores locales parece que sufrió un cambio abrupto en las últimas semanas. Al menos así se desprende de las recientes acciones criminales en las que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, convirtieron en objetivo a los concejales de los 1.100 municipios del país.
La más reciente prueba de ese viraje se ratificó durante el fin de semana tras la desaparición de Marcos Baquero, presidente del Concejo de San José del Guaviare. El presunto plagio del edil se produjo durante un ataque del frente séptimo de las Farc a la comitiva del alcalde de esa localidad y en la que iba el concejal. En el acto resultó herido un diputado.
De confirmarse el secuestro de Baquero, se convertiría en el segundo concejal plagiado por las Farc en menos de un mes y los únicos en poder de esa guerrilla. El primer caso se produjo el pasado 29 de mayo en una cinematográfica incursión de diez guerrilleros a la sede de la alcaldía de Garzón, Huila, donde además operan el Palacio de Justicia y el Concejo. El saldo de ese atentado criminal que comparan con el secuestro de los doce diputados del Valle, fueron cuatro muertos y el plagio del edil conservador Armando Acuña. Al parecer, el objetivo de los insurgentes era raptar a los 15 legisladores del municipio.
No cabe duda que ambos hechos representan un duro golpe a las entrañas de la Seguridad Democrática. Prueba de ello es que posterior a los hechos en Huila, el propio presidente Álvaro Uribe dijo durante un acto público que “el rescate del concejal es una razón de honor”. Y no mentía. La molestia de Uribe tenía motivos de peso. Primero, porque justo en ese municipio el Ejército cuenta con dos bases militares a menos de cinco kilómetros del casco urbano. Y segundo porque Huila es históricamente el departamento más golpeado por los insurgentes. En 2001 las Farc, en especial la columna Teófilo Forero, secuestraron a 20 personas en esa región, entre ellos tres congresistas.
Blanco fácil
Pero ahora que se develó el macabro propósito de la guerrilla contra los legisladores locales, muchos se preguntan si estamos ad portas de una nueva estrategia de guerra, cuyo insumo serán los cabildantes, y con ellos insistir en el canje humanitario de civiles por guerrilleros presos. Tampoco se puede perder de vista que los concejales son el primer eslabón dentro de la pirámide para el manejo y control del potencial electoral que brindan las regiones.
También hay que recordar que tras las recientes liberaciones unilaterales, las Farc ya no tenían a civiles como rehenes políticos y la lista se redujo a 22 uniformados a la espera de un intercambio.
Para el politólogo Rafael Nieto, lo único claro por ahora es “que las Farc no han abandonado el secuestro de civiles con fines políticos”. Sin embargo, hay quienes creen que existen razones de peso para pensar en una nueva arremetida, no por el valor político de los concejales, sino por su vulnerabilidad. “Los ediles son un blanco fácil, pues más del 90% viven en municipios apartados”, explicó el director ejecutivo de Fenacon.
De hecho, las cifras hablan por sí solas. Por ejemplo, en Colombia hay 12.600 ediles, de los cuales 2.000 se encuentran amenazados y por lo menos 1.442 bajo medidas de protección del Estado, que se resumen en un auxilio para transporte, un Avantel y en algunos casos un chaleco antibalas.
En los últimos diez años en el país fueron asesinados 432 concejales, este año van cinco casos. La guerrilla aparece como ejecutor del 58% del total de esos crímenes. Históricamente, Antioquia con 27 casos, Huila y Tolima con 21, Valle con 19 y Caquetá con 18 crímenes, son las más golpeadas. “En medio de este conflicto la cuerda siempre se revienta por la hebra más delgada”, manifestó Martha Cortés, concejala presidenta de Fenacon, en Caquetá, una de las regiones más golpeada por la guerrilla.
El crimen más reciente contra ediles sucedió hace dos semanas en El Banco, Magdalena, donde sicarios acribillaron a Luis Evelio Quintanilla. Pero eso no es todo. Valle, con 517 concejales tiene al 10% de ellos amenazados por la guerrilla o bandas criminales como Los Rastrojos.
Incluso en Tuluá, en el Valle, el concejal Saúl Vela sesiona desde la clandestinidad por Internet, después de ser objeto de un atentado en contra de su vida, el año pasado. “Él tiene un correo electrónico a través del cual vota o interviene en los sesiones”, dijo Orlando Gallego, concejal que también amenazado este año.
Lo que muestra la tendencia de las Farc frente a los ediles ha sido el que las autoridades llaman “plan pistola”, práctica que hizo carrera en Huila y Caquetá, dos de las regiones azotadas.
Si en el Valle llueve, en Cauca no escampa. Según Mauricio Medina, presidente de Fenacon en esa región, la Farc no cesa sus hostilidades contra los legisladores municipales, “Hoy tenemos a 40 concejales intimidados y muchos a través de panfletos”, dijo tras precisar que la gran dificultad para protegerlos es que el 80% de los 517 legisladores de Cauca viven en la zona rural.
Ante semejante panorama, José Silva, concejal de Garzón, Huila, quien se salvó de ser plagiado por las Farc durante la incursión de mayo pasado, no duda en afirmar que “entre el secuestro o que nos sigan matando, preferimos lo primero”.
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sábado, 5 de septiembre de 2009
Ileso gobernador del Tolima, Óscar Barreto Quiroga, en atentado en Chaparral; habría un herido
Junio 27 de 2009
El funcionario, que viajó a esa población a inspeccionar obras de la hidroeléctica de Amoya, fue atacado con petardos y se encuentra fuera de peligro en el Batallón Caicedo del municipio.
Desde Quibdó, donde este viernes presidió un consejo comunal, el presidente Álvaro Uribe llamó por teléfono a Barreto: "Gobernador, me da hasta pena; además de la angustia por la situación de ustedes, que gracias a Dios salieron ilesos, me da vergüenza que eso ocurra, y voy a hablar ya con el Ministro de Defensa encargado y con los Altos Mandos. Mi solidaridad a toda su familia y a las familias de todos ustedes".
Acto seguido se comunicó con el ministro encargado de Defensa y comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León: "Creo que nos toca una acción extraordinaria allá y muy agresiva de nuestra parte, donde tienen que jugar un papel muy importante la oferta inmediata de recompensas y una acción muy agresiva de nuestra parte en esa región", le dijo el mandatario a Padilla.
Cuerpos de la VI Brigada con sede en Ibagué, desplazaron un helicóptero blindado para sacar al gobernador de la zona y llevarlo a la capital del departamento en forma segura.
Es es segundo atentando en menos de una semana contra Barreto.
El carro bomba desactivado el fin de semana pasado en Ibagué también buscaba atentar en su contra.
Al menos en siete oportunidades las Farc han fracasado en su intento de asesinar a Barreto.
Desde Quibdó, Chocó, el Presidente Uribe se comunicó con el gobernador para expersarle su solidaridad: "Gobernador, me da hasta pena; además de la angustia por la situación de ustedes, que gracias a Dios salieron ilesos, me da vergüenza que eso ocurra, y voy a hablar ya con el Ministro de Defensa encargado y con los Altos Mandos. Mi solidaridad a toda su familia y a las familias de todos ustedes", dijo el Mandatario.
Uribe agregó: "(...) me parece esto muy grave. Yo estoy aquí en el Chocó, voy a llamar al General Padilla para que miremos a ver qué es lo que nos está fallando allá y cómo podemos avanzar efectivamente en la recuperación de ese control del orden público".
Ataques en la zona
Debido a la arremetida de Barreto en contra de las Farc, el funcionario ha recibido amenazas desde el inicio de su campaña en el 2007.
El director del DAS, Santiago Vásquez, confirmó que el blanco del último carro bomba era una institución estatal, "probablemente la Gobernación del Tolima". Agregó que se han interceptado comunicaciones de las Farc en las que se menciona a Barreto.
Según el gobernador, la persecución se debe a su apoyo a la Seguridad Democrática e incluso por haberse atrevido a llegar con obras en vías, salud y educación a zonas de dominio de ese grupo, como Dolores, Alpujarra, Rioblanco, el Cañón de las Hermosas (Chaparral), Santiago Pérez (Ataco) Gaitania (Planadas) y Riomanso (Rovira).
Además, agrega que ha tenido que aplazar viajes a municipios y hasta salirse de reuniones por la presunta presencia de sicarios pagados por las Farc.
Uno de los momentos más críticos lo vivió el año pasado cuando el DAS y la Policía ubicaron en el barrio Chapetón de Ibagué una vivienda con explosivos.
Por ese lugar, al día siguiente, el gobernador debía pasar en su vehículo para asistir a una reunión en el Cañón del Combeima.
Luego, la Policía inmovilizó en Ibagué un taxi con explosivos posiblemente dirigido contra Barreto y el presidente Álvaro Uribe en una visita del mandatario a esta capital. "Esos casos no son coincidencias", afirma Barreto.
A comienzos de junio suspendió un viaje a Playarrica, en San Antonio, pues una llamada advirtió un plan de la guerrilla para atentar contra su vida. "Un correo humano nos suministró información", dice una fuente que prefirió conservar el anonimato.
El año pasado Barreto también fue amenazado cuando pretendía realizar un conversatorio en el corregimiento Santiago Pérez (Ataco). La Sexta Brigada interceptó una llamada que daba la orden de cometer un atentado.
Esta fue la conversación por radio entre dos subversivos decía así:
- "¿Tienen todo listo para la fiesta en Santiago Pérez con la visita de Payaso?"
- "Tenemos pólvora y fósforos de luces para la fiesta"
-"La orden es bajarlo", dijo un cabecilla guerrillero.
Las vías también han sido utilizadas para frenar a Barreto que ha realizado 75 conversatorios de gobierno en los municipios y un número alto de consejos de seguridad. A mediados de junio fueron desactivados explosivos en la carretera a Anzoátegui por donde pasaría Barreto.
Amenaza en San Antonio
Las amenazas vienen desde su campaña política. En octubre de 2007 las autoridades descubrieron que en San Antonio las Farc utilizarían a uno de sus hombres para dispararle a quemarropa al entonces candidato.
Días antes, la Policía lo sacó rápidamente de una concentración en el barrio La Gaviota de Ibagué. Fue descubierto un plan para asesinarlo a través de un individuo armado.
'Me encomiendo a Dios y a la memoria de mi padre', Barreto
Gobernador, ¿qué se sabe de los explosivos del domingo pasado?
El blanco posible era la Gobernación.
¿Por qué las Farc quieren atentar contra su vida?
Desde el momento de mi posesión me declaré identificado con la Seguridad Democrática, además, mi gobierno tiene mucho entendimiento con la Fuerza Pública. A esto se suma la presencia con inversión social en vías, salud y acueductos, en zonas abandonadas por el Estado, donde la subversión cabalgaba a su antojo.
¿Cuál acción de las Farc lo ha preocupado más?
La ubicación de un taxi con abundantes explosivos en Ibagué que tenía como fin atentar contra mi vida y contra el Presidente Uribe. Otro caso sucedió en Chapetón donde se detectaron explosivos justo por donde yo debía pasar para ir al Cañón del Combeima.
¿Hay más casos delicados?
Hay unos siete, desde mi campaña y en el gobierno se han presentado situaciones que no son coincidencias gratuitas. Mi gobierno llega a todos los rincones del departamento y eso se ha convertido en una piedra en el zapato para la guerrilla.
¿Cómo ve la seguridad?
Ha habido avances grandes, el trabajo de la Fuerza Pública es significativo. Hoy se puede viajar sin temores y la gente en los campos trabaja sin muchas perturbaciones.
¿Siente temor?
No, pero debo ser cuidadoso y precavido.
Publicado en
www.eltiempo.com
El funcionario, que viajó a esa población a inspeccionar obras de la hidroeléctica de Amoya, fue atacado con petardos y se encuentra fuera de peligro en el Batallón Caicedo del municipio.
Desde Quibdó, donde este viernes presidió un consejo comunal, el presidente Álvaro Uribe llamó por teléfono a Barreto: "Gobernador, me da hasta pena; además de la angustia por la situación de ustedes, que gracias a Dios salieron ilesos, me da vergüenza que eso ocurra, y voy a hablar ya con el Ministro de Defensa encargado y con los Altos Mandos. Mi solidaridad a toda su familia y a las familias de todos ustedes".
Acto seguido se comunicó con el ministro encargado de Defensa y comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León: "Creo que nos toca una acción extraordinaria allá y muy agresiva de nuestra parte, donde tienen que jugar un papel muy importante la oferta inmediata de recompensas y una acción muy agresiva de nuestra parte en esa región", le dijo el mandatario a Padilla.
Cuerpos de la VI Brigada con sede en Ibagué, desplazaron un helicóptero blindado para sacar al gobernador de la zona y llevarlo a la capital del departamento en forma segura.
Es es segundo atentando en menos de una semana contra Barreto.
El carro bomba desactivado el fin de semana pasado en Ibagué también buscaba atentar en su contra.
Al menos en siete oportunidades las Farc han fracasado en su intento de asesinar a Barreto.
Desde Quibdó, Chocó, el Presidente Uribe se comunicó con el gobernador para expersarle su solidaridad: "Gobernador, me da hasta pena; además de la angustia por la situación de ustedes, que gracias a Dios salieron ilesos, me da vergüenza que eso ocurra, y voy a hablar ya con el Ministro de Defensa encargado y con los Altos Mandos. Mi solidaridad a toda su familia y a las familias de todos ustedes", dijo el Mandatario.
Uribe agregó: "(...) me parece esto muy grave. Yo estoy aquí en el Chocó, voy a llamar al General Padilla para que miremos a ver qué es lo que nos está fallando allá y cómo podemos avanzar efectivamente en la recuperación de ese control del orden público".
Ataques en la zona
Debido a la arremetida de Barreto en contra de las Farc, el funcionario ha recibido amenazas desde el inicio de su campaña en el 2007.
El director del DAS, Santiago Vásquez, confirmó que el blanco del último carro bomba era una institución estatal, "probablemente la Gobernación del Tolima". Agregó que se han interceptado comunicaciones de las Farc en las que se menciona a Barreto.
Según el gobernador, la persecución se debe a su apoyo a la Seguridad Democrática e incluso por haberse atrevido a llegar con obras en vías, salud y educación a zonas de dominio de ese grupo, como Dolores, Alpujarra, Rioblanco, el Cañón de las Hermosas (Chaparral), Santiago Pérez (Ataco) Gaitania (Planadas) y Riomanso (Rovira).
Además, agrega que ha tenido que aplazar viajes a municipios y hasta salirse de reuniones por la presunta presencia de sicarios pagados por las Farc.
Uno de los momentos más críticos lo vivió el año pasado cuando el DAS y la Policía ubicaron en el barrio Chapetón de Ibagué una vivienda con explosivos.
Por ese lugar, al día siguiente, el gobernador debía pasar en su vehículo para asistir a una reunión en el Cañón del Combeima.
Luego, la Policía inmovilizó en Ibagué un taxi con explosivos posiblemente dirigido contra Barreto y el presidente Álvaro Uribe en una visita del mandatario a esta capital. "Esos casos no son coincidencias", afirma Barreto.
A comienzos de junio suspendió un viaje a Playarrica, en San Antonio, pues una llamada advirtió un plan de la guerrilla para atentar contra su vida. "Un correo humano nos suministró información", dice una fuente que prefirió conservar el anonimato.
El año pasado Barreto también fue amenazado cuando pretendía realizar un conversatorio en el corregimiento Santiago Pérez (Ataco). La Sexta Brigada interceptó una llamada que daba la orden de cometer un atentado.
Esta fue la conversación por radio entre dos subversivos decía así:
- "¿Tienen todo listo para la fiesta en Santiago Pérez con la visita de Payaso?"
- "Tenemos pólvora y fósforos de luces para la fiesta"
-"La orden es bajarlo", dijo un cabecilla guerrillero.
Las vías también han sido utilizadas para frenar a Barreto que ha realizado 75 conversatorios de gobierno en los municipios y un número alto de consejos de seguridad. A mediados de junio fueron desactivados explosivos en la carretera a Anzoátegui por donde pasaría Barreto.
Amenaza en San Antonio
Las amenazas vienen desde su campaña política. En octubre de 2007 las autoridades descubrieron que en San Antonio las Farc utilizarían a uno de sus hombres para dispararle a quemarropa al entonces candidato.
Días antes, la Policía lo sacó rápidamente de una concentración en el barrio La Gaviota de Ibagué. Fue descubierto un plan para asesinarlo a través de un individuo armado.
'Me encomiendo a Dios y a la memoria de mi padre', Barreto
Gobernador, ¿qué se sabe de los explosivos del domingo pasado?
El blanco posible era la Gobernación.
¿Por qué las Farc quieren atentar contra su vida?
Desde el momento de mi posesión me declaré identificado con la Seguridad Democrática, además, mi gobierno tiene mucho entendimiento con la Fuerza Pública. A esto se suma la presencia con inversión social en vías, salud y acueductos, en zonas abandonadas por el Estado, donde la subversión cabalgaba a su antojo.
¿Cuál acción de las Farc lo ha preocupado más?
La ubicación de un taxi con abundantes explosivos en Ibagué que tenía como fin atentar contra mi vida y contra el Presidente Uribe. Otro caso sucedió en Chapetón donde se detectaron explosivos justo por donde yo debía pasar para ir al Cañón del Combeima.
¿Hay más casos delicados?
Hay unos siete, desde mi campaña y en el gobierno se han presentado situaciones que no son coincidencias gratuitas. Mi gobierno llega a todos los rincones del departamento y eso se ha convertido en una piedra en el zapato para la guerrilla.
¿Cómo ve la seguridad?
Ha habido avances grandes, el trabajo de la Fuerza Pública es significativo. Hoy se puede viajar sin temores y la gente en los campos trabaja sin muchas perturbaciones.
¿Siente temor?
No, pero debo ser cuidadoso y precavido.
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Al menos 32 muertos en enfrentamientos entre la policía colombiana y las FARC
Siete agentes han fallecido desde la noche del domingo al suroeste del país, según fuentes oficiales
EFE / ELPAÍS.com - Bogotá/ Madrid - 23/06/2009
Al menos siete policías y 25 rebeldes de las FARC han fallecido durante los enfrentamientos que sostienen desde la noche del domingo en el departamento colombiano de Cauca (suroeste), según han informado fuentes policiales.
El comandante de la policía regional, el general Gustavo Adolfo Ricaurte, ha asegurado que los choques comenzaron cuando tropas conjuntas de la Policía y la Fuerza Aérea Colombiana atacaron el campamento del jefe rebelde conocido con el alias de El Enano, jefe del frente "Manuel Cepeda" de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el municipio de Timba (Cauca).
Ricaurte ha señalado que los labriegos de la zona vieron que esta madrugada los rebeldes evacuaron los cadáveres de por lo menos 25 guerrilleros que murieron en los choques.
Los siete policías, entre ellos un oficial, se movilizaban en una patrulla que fue atacada con morteros de granada desde la parte montañosa de esa región del suroeste de Colombia. Además de los policías fallecidos, habrían resultado heridos otros tres agentes, informa el colombiano El Espectador en su edición digital.
Publicado en www.elpais.co
EFE / ELPAÍS.com - Bogotá/ Madrid - 23/06/2009
Al menos siete policías y 25 rebeldes de las FARC han fallecido durante los enfrentamientos que sostienen desde la noche del domingo en el departamento colombiano de Cauca (suroeste), según han informado fuentes policiales.
El comandante de la policía regional, el general Gustavo Adolfo Ricaurte, ha asegurado que los choques comenzaron cuando tropas conjuntas de la Policía y la Fuerza Aérea Colombiana atacaron el campamento del jefe rebelde conocido con el alias de El Enano, jefe del frente "Manuel Cepeda" de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el municipio de Timba (Cauca).
Ricaurte ha señalado que los labriegos de la zona vieron que esta madrugada los rebeldes evacuaron los cadáveres de por lo menos 25 guerrilleros que murieron en los choques.
Los siete policías, entre ellos un oficial, se movilizaban en una patrulla que fue atacada con morteros de granada desde la parte montañosa de esa región del suroeste de Colombia. Además de los policías fallecidos, habrían resultado heridos otros tres agentes, informa el colombiano El Espectador en su edición digital.
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martes, 11 de agosto de 2009
Cae 'Camilo' o 'El Tuerto' ficha clave del narcotráfico de las Farc en frontera venezolana
Aunque el golpe apenas fue reseñado en Colombia, la DEA considera que las Farc perdieron a una ficha esencial en su andamiaje. Sobre su cabeza pesaba una recompensa de un millón de dólares.
Una hora y 20 minutos le faltaron a Ignacio Leal García, uno de los 50 guerrilleros colombianos que Estados Unidos busca por narcotráfico, para evadir el cerco de las autoridades.
Ese era el tiempo que le quedaba para llegar a la frontera con Venezuela. Leal, también conocido como 'Camilo' o 'El Tuerto', fue detenido en la vereda Panamá, de Arauca, el pasado Jueves Santo.
Investigadores de Inteligencia de la Policía colombiana le seguían los pasos desde hace 10 meses. Finalmente lo capturaron en esa vereda, a unos 80 kilómetros de la línea limítrofe. García le reportaba directamente a 'Granobles', el hermano del 'Mono Jojoy' y jefe de la guerrilla en esa zona del país.
El general Orlando Páez Varón, jefe de Seguridad Ciudadana de la Policía, dice que el mismo secretariado se beneficiaba de los negocios de narcotráfico que hacía 'El Tuerto'. En Venezuela, su
enlace es un hombre conocido como 'Cocorrinche'. Los datos suministrados por un informante fueron determinantes para la captura de Ignacio Leal.
"Tiene pendiente un control médico en Venezuela por un problema del corazón", les dijo el informante a los investigadores de inteligencia, y los alertó de la salida de 'el Tuerto' de Arauquita por cualquiera de tres puntos: Panamá, Filipinas o Bocas del Ele.
A las 12 y 40 de la mañana del Jueves Santo, Leal García salió por la vereda Panamá, con varias mujeres y niños. Cuando la Policía lo sorprendió lo acompañaban cinco familiares, entre ellos dos niñas, una de las cuales iba en sus brazos. Viajaban en un Renault 21 en perfecto estado.
Leal García se identificó con una cédula falsa pero ya las autoridades lo tenían plenamente identificado. Ante las autoridades colombianas Leal debe responder por rebelión, terrorismo, extorsión y secuestro.
REDACCIÓN JUSTICIA
Publicado en
www.eltiempo.com
Una hora y 20 minutos le faltaron a Ignacio Leal García, uno de los 50 guerrilleros colombianos que Estados Unidos busca por narcotráfico, para evadir el cerco de las autoridades.
Ese era el tiempo que le quedaba para llegar a la frontera con Venezuela. Leal, también conocido como 'Camilo' o 'El Tuerto', fue detenido en la vereda Panamá, de Arauca, el pasado Jueves Santo.
Investigadores de Inteligencia de la Policía colombiana le seguían los pasos desde hace 10 meses. Finalmente lo capturaron en esa vereda, a unos 80 kilómetros de la línea limítrofe. García le reportaba directamente a 'Granobles', el hermano del 'Mono Jojoy' y jefe de la guerrilla en esa zona del país.
El general Orlando Páez Varón, jefe de Seguridad Ciudadana de la Policía, dice que el mismo secretariado se beneficiaba de los negocios de narcotráfico que hacía 'El Tuerto'. En Venezuela, su
enlace es un hombre conocido como 'Cocorrinche'. Los datos suministrados por un informante fueron determinantes para la captura de Ignacio Leal.
"Tiene pendiente un control médico en Venezuela por un problema del corazón", les dijo el informante a los investigadores de inteligencia, y los alertó de la salida de 'el Tuerto' de Arauquita por cualquiera de tres puntos: Panamá, Filipinas o Bocas del Ele.
A las 12 y 40 de la mañana del Jueves Santo, Leal García salió por la vereda Panamá, con varias mujeres y niños. Cuando la Policía lo sorprendió lo acompañaban cinco familiares, entre ellos dos niñas, una de las cuales iba en sus brazos. Viajaban en un Renault 21 en perfecto estado.
Leal García se identificó con una cédula falsa pero ya las autoridades lo tenían plenamente identificado. Ante las autoridades colombianas Leal debe responder por rebelión, terrorismo, extorsión y secuestro.
REDACCIÓN JUSTICIA
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Capturado el “hombre de las finanzas” de las Farc en Arauca
Conflicto armado Un millón de dólares ofrecía el Departamento de Justicia de Estados Unidos por Ignacio Leal García, alias ‘Camilo’ o ‘El Tuerto’, que manejaba el narcotráfico para el Bloque Oriental.
Cuando se desplazaba en un carro particular por una vía del municipio de Arauquita, la Policía capturó a Ignacio Leal García, un guerrillero de las Farc de 34 años conocido con el alias de ‘Camilo’ o ‘El Tuerto’, quien al parecer era el encargado de las finanzas del frente 10 de las Farc, asentado en el departamento de Arauca.
Vestido de civil y con documentos falsos, ‘Camilo’ fue encontrado por las autoridades en una carretera el pasado sábado en la tarde, cuando al parecer se dirigía hacia Venezuela para practicarse un chequeo médico. Su ubicación se logró durante una operación denominada ‘Cazador’, realizada de manera conjunta entre el Ejército y la Policía, luego de las pistas entregadas por informantes que recibieron recompensa del gobierno.
“Este hombre manejaba toda una red de narcotraficantes en el oriente del país que sacaban la coca hacia el exterior. Tenía muchas propiedades a nombre de familiares suyos. También manejaba múltiples cuentas bancarias y muchos contactos con mafiosos en la zona”, dijo a Semana.com el coronel Luis Alberto Ortiz, comandante de la Policía de Arauca.
Por tal razón, Leal García era una de las fuentes principales de ingresos del Bloque Oriental de las Farc, al mando del Mono Jojoy, aunque le respondía directamente a
Germán Briceño Suárez, alias ‘Grannobles’, encargado del direccionamiento de tráfico de estupefacientes en Arauca, y quien le había asignado actividades relacionadas con el narcotráfico, extorsión, presión e intimidación a los habitantes de esa región.
Según la Policía, ‘Camilo’ llevaba cerca de 17 años de militancia en las Farc. Controlaba más de 2 mil hectáreas de cultivos de coca en Arauca, con una producción estimada en 17 toneladas anuales de cocaína, cuyo valor en el mercado de los Estados Unidos es de unos 422 millones de dólares. En la Unión Europea supera los 676 millones de euros.
Así mismo, el guerrillero tendrá que responder por terrorismo, concierto para delinquir, narcotráfico o posesión de sustancias para el procesamiento de narcóticos.
Alias ‘Camilo’ era uno de los 50 principales objetivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, estaba pedido en extradición por autoridades de Estados Unidos bajo cargos de tráfico de drogas, su nombre estaba en la circular roja de Interpol y por su cabeza se ofrecía un millón de dólares.
Cuando se desplazaba en un carro particular por una vía del municipio de Arauquita, la Policía capturó a Ignacio Leal García, un guerrillero de las Farc de 34 años conocido con el alias de ‘Camilo’ o ‘El Tuerto’, quien al parecer era el encargado de las finanzas del frente 10 de las Farc, asentado en el departamento de Arauca.
Vestido de civil y con documentos falsos, ‘Camilo’ fue encontrado por las autoridades en una carretera el pasado sábado en la tarde, cuando al parecer se dirigía hacia Venezuela para practicarse un chequeo médico. Su ubicación se logró durante una operación denominada ‘Cazador’, realizada de manera conjunta entre el Ejército y la Policía, luego de las pistas entregadas por informantes que recibieron recompensa del gobierno.
“Este hombre manejaba toda una red de narcotraficantes en el oriente del país que sacaban la coca hacia el exterior. Tenía muchas propiedades a nombre de familiares suyos. También manejaba múltiples cuentas bancarias y muchos contactos con mafiosos en la zona”, dijo a Semana.com el coronel Luis Alberto Ortiz, comandante de la Policía de Arauca.
Por tal razón, Leal García era una de las fuentes principales de ingresos del Bloque Oriental de las Farc, al mando del Mono Jojoy, aunque le respondía directamente a
Germán Briceño Suárez, alias ‘Grannobles’, encargado del direccionamiento de tráfico de estupefacientes en Arauca, y quien le había asignado actividades relacionadas con el narcotráfico, extorsión, presión e intimidación a los habitantes de esa región.
Según la Policía, ‘Camilo’ llevaba cerca de 17 años de militancia en las Farc. Controlaba más de 2 mil hectáreas de cultivos de coca en Arauca, con una producción estimada en 17 toneladas anuales de cocaína, cuyo valor en el mercado de los Estados Unidos es de unos 422 millones de dólares. En la Unión Europea supera los 676 millones de euros.
Así mismo, el guerrillero tendrá que responder por terrorismo, concierto para delinquir, narcotráfico o posesión de sustancias para el procesamiento de narcóticos.
Alias ‘Camilo’ era uno de los 50 principales objetivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, estaba pedido en extradición por autoridades de Estados Unidos bajo cargos de tráfico de drogas, su nombre estaba en la circular roja de Interpol y por su cabeza se ofrecía un millón de dólares.
lunes, 27 de julio de 2009
Son 326 las personas secuestradas por las Farc entre 2000 y 2008, asegura País Libre
A pesar de ser mayor el número secuestros extorsivos en el país, estos reciben mucho menos despliegue que los secuestros políticos.
La fundación es enfática al señalar que no son los nueve cautivos que reconoce esa guerrilla, ni los 415 de la lista del Gobierno. Por eso, exige que sean esclarecidas las cifras.
De los 326, 156 son secuestros extorsivos y 170 simples (sin un fin conocido). En total, 95 corresponden a casos atendidos directamente por País Libre, y las otros 231 son el resultado de una depuración que hizo la fundación de las cifras que maneja el Gobierno y que ellos consideran, "no son concluyentes".
Uno de esos casos es el del empresario Jorge Enrique Jiménez*. En los últimos seis años, ha vivido un infierno por culpa de las Farc. Primero lo extorsionaron y lo llevaron a la quiebra. Como no siguió pagando, le secuestraron a una hija menor de edad. Ahora mantienen cautivo a su hijo mayor.
Por eso, Jiménez no podía creer el contenido de la carta difundida por los subversivos el 28 de marzo pasado, en el que dicen que en su poder "solo existen 9 retenidos por concepto de la ley 002".
"Lo que las Farc llaman la ley 002 es un panfleto extorsivo con el que han justificado desde el 2000 los plagios de carácter económico", explica Claudia Llano, experta de País Libre en atención del secuestro extorsivo.
Para Jorge Enrique, de 53 años, la cifra que dan los guerrilleros se contradice abiertamente con las decenas de pagos por secuestro que él conoció en las múltiples ocasiones en que acudió a municipios de Cundinamarca a pagar la 'vacuna'.
"Esos guerrilleros son cínicos y descarados, porque somos muchos los que hemos pagado los rescates y, sin embargo, no los liberan", dice.
A Jorge Enrique la razón se la dan, de lejos, las cifras de País Libre, según las cuales por lo menos 326 personas han caído en la red de plagios tendida por las Farc entre el año 2000 y el 2008. De estos, 156 son secuestros extorsivos y 170 simples (sin un fin conocido).
'Inventario macabro'
Claudia Llano califica como un "inventario macabro"los datos sobre secuestro económico, porque "no es ni lo que dicen las Farc, pero tampoco las cifras que ha suministrado el Gobierno".
Según el Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fondelibertad), que suministra la información oficial, de los secuestros ocurridos entre 1996 y 2008, aún permanecen cautivas 713 personas. De estas, 415 fueron plagiadas entre el 2000 y el 2008.
A País Libre le preocupa que Fondelibertad haya decidido no suministrar más información sobre la situación del secuestro en Colombia a partir del 2008 y por eso pide que la lista definitiva sea decantada en detalle.
Recientemente, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunció la entrega de un listado definitivo por parte de Fondelibertad.
Sin embargo, la ausencia de datos en el último año ha generado escepticismo en País Libre, una fundación que nació a comienzos de los 90 de la mano del hoy vicepresidente Francisco Santos.
"A las Farc y al Eln les exigimos la verdad sobre la situación de los secuestrados que tienen en su poder. Y al Gobierno le decimos que esperamos unas cifras depuradas explicando una a una la situación de cada secuestrado: si lo rescataron, si lo liberaron, si murió, o si aún permanece cautivo", enfatiza Llano.
A esta queja se une la directora de la Fundación, Olga Lucía Gómez, quien lamentó que la depuración adelantada por el Gobierno haya sido asumida de forma tan hermética.
"No se sabe por qué lo están haciendo a puerta cerrada y por qué se está trabajado así sobre un tema tan importante para el país", concluye.
Víctima de boleteo y el plagio de sus dos hijos
En mayo de 2003 el frente 42 de las Farc empezó a extorsionar a Jorge Enrique Jiménez (*), empresario del sector confeccionista.
Después de hacerle conocer detalles sobre su familia, sus movimientos y sus bienes, y de amenazarlo con persecuciones, secuestros y con la muerte, empezaron a cobrarle una suma mensual.
"Lo primero que hice fue enviar a mi hijo mayor, Luis Guillermo, junto con su esposa y su hijo, a otro departamento. Allá les ubiqué una vivienda y empecé a enviarles mercancía para que tuvieran de qué vivir", dice Jorge Enrique.
Y agrega: "Casi un año después las Farc lo encontraron y lo hicieron abandonar todo. Para que nos dejaran tranquilos volví a pagarles una suma mensual, la cual me fueron subiendo".
En menos de un año el empresario ya no tenía locales y las deudas con los bancos se le salieron de las manos. Entonces dejó de pagar. En marzo de 2005 secuestraron a su hija Paulina, de 16 años. Acto seguido lo llamaron para exigirle una suma mucho más alta que las anteriores. Para su suerte el 15 de junio el Gaula de la Policía rescató a la joven.
"Yo pensaba que ya había terminado todo. Pero no. Me siguieron llamando y torturando psicológicamente, exigiéndome dinero", cuenta Jiménez.
Aunque les demostró a las Farc su quiebra económica, volvieron a amenazarlo con matarlo, a él o a su familia.
Finalmente, en octubre de 2007 secuestraron a su hijo mayor Luis Guillermo.
"Hasta el día de hoy solo he recibido tres llamadas y un Email. En la última llamada me informaron que mi hijo pagaría las consecuencias de mi desobediencia por haber rescatado a mi hija. Hoy prefiero un hijo muerto y no desparecido", concluye Jorge Enrique.
'Espero que me den cualquier noticia'
Luz Enith Acevedo narra la historia de su hermano Claudio Ariel:
"Él es un oficial de la Armada que se especializó en contraguerrilla. Luego se retiró y se volvió independiente. De un matrimonio que tuvo, le quedó un hijo.
"El 4 de diciembre del 2003, en un viaje a Arauca, lo secuestraron.
"Dos semanas después hombres que se identificaron como de las Farc me dijeron que no lo buscara, que lo iban a usar para aprovechar su experiencia en contraguerrilla.
"Las Farc saben más de cada uno de nosotros que el Gobierno. En mi corazón siento que él puede estar bien. Mi mamá fue operada del corazón hace 4 meses y su único deseo es ver a mi hermano.
"En estos momentos espero que me den cualquier noticia, buena o mala, pero que acabe esta agonía".
'Son 9 años sin saber si mi hijo está vivo o muerto'
Manuel Fandiño cuenta la historia de uno de sus hijos, plagiado cuando terminó el servicio obligatorio como agente de policía.
"Edison tenía 18 años cuando guerrilleros de las Farc lo bajaron de un bus, el 2 de septiembre del 2000, y lo retuvieron por ser policía. Él iba de civil pero el peluqueado lo delató.
"El día anterior un oficial de la base de Orito (Putumayo), donde prestó el servicio, lo mandó para nuestra casa en Bogotá, sin calcular los riesgos.
"A nosotros nos llamaron en la madrugada del otro día a contarnos que a Edison lo había secuestrado el frente 32 de las Farc.
"Los guerrilleros no tienen corazón, solo les importa matar y secuestrar. Yo viajé varias veces a hablar con ellos. Les dejé una foto y el número celular, pero nunca nos llamaron ni nos dijeron nada.
"Le decimos a la guerrilla que Dios es amor, que cesen de hacer el mal. Que nos den una señal de supervivencia, que este asunto es tremendo. Son 9 años sin saber si mi hijo está vivo o muerto, o cómo se encuentra".
* Nombre cambiado por petición de la fuente
NELSON ENRIQUE PARRA
REDACCIÓN POLÍTICA
Publicado en
www.eltiempo.con
La fundación es enfática al señalar que no son los nueve cautivos que reconoce esa guerrilla, ni los 415 de la lista del Gobierno. Por eso, exige que sean esclarecidas las cifras.
De los 326, 156 son secuestros extorsivos y 170 simples (sin un fin conocido). En total, 95 corresponden a casos atendidos directamente por País Libre, y las otros 231 son el resultado de una depuración que hizo la fundación de las cifras que maneja el Gobierno y que ellos consideran, "no son concluyentes".
Uno de esos casos es el del empresario Jorge Enrique Jiménez*. En los últimos seis años, ha vivido un infierno por culpa de las Farc. Primero lo extorsionaron y lo llevaron a la quiebra. Como no siguió pagando, le secuestraron a una hija menor de edad. Ahora mantienen cautivo a su hijo mayor.
Por eso, Jiménez no podía creer el contenido de la carta difundida por los subversivos el 28 de marzo pasado, en el que dicen que en su poder "solo existen 9 retenidos por concepto de la ley 002".
"Lo que las Farc llaman la ley 002 es un panfleto extorsivo con el que han justificado desde el 2000 los plagios de carácter económico", explica Claudia Llano, experta de País Libre en atención del secuestro extorsivo.
Para Jorge Enrique, de 53 años, la cifra que dan los guerrilleros se contradice abiertamente con las decenas de pagos por secuestro que él conoció en las múltiples ocasiones en que acudió a municipios de Cundinamarca a pagar la 'vacuna'.
"Esos guerrilleros son cínicos y descarados, porque somos muchos los que hemos pagado los rescates y, sin embargo, no los liberan", dice.
A Jorge Enrique la razón se la dan, de lejos, las cifras de País Libre, según las cuales por lo menos 326 personas han caído en la red de plagios tendida por las Farc entre el año 2000 y el 2008. De estos, 156 son secuestros extorsivos y 170 simples (sin un fin conocido).
'Inventario macabro'
Claudia Llano califica como un "inventario macabro"los datos sobre secuestro económico, porque "no es ni lo que dicen las Farc, pero tampoco las cifras que ha suministrado el Gobierno".
Según el Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fondelibertad), que suministra la información oficial, de los secuestros ocurridos entre 1996 y 2008, aún permanecen cautivas 713 personas. De estas, 415 fueron plagiadas entre el 2000 y el 2008.
A País Libre le preocupa que Fondelibertad haya decidido no suministrar más información sobre la situación del secuestro en Colombia a partir del 2008 y por eso pide que la lista definitiva sea decantada en detalle.
Recientemente, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunció la entrega de un listado definitivo por parte de Fondelibertad.
Sin embargo, la ausencia de datos en el último año ha generado escepticismo en País Libre, una fundación que nació a comienzos de los 90 de la mano del hoy vicepresidente Francisco Santos.
"A las Farc y al Eln les exigimos la verdad sobre la situación de los secuestrados que tienen en su poder. Y al Gobierno le decimos que esperamos unas cifras depuradas explicando una a una la situación de cada secuestrado: si lo rescataron, si lo liberaron, si murió, o si aún permanece cautivo", enfatiza Llano.
A esta queja se une la directora de la Fundación, Olga Lucía Gómez, quien lamentó que la depuración adelantada por el Gobierno haya sido asumida de forma tan hermética.
"No se sabe por qué lo están haciendo a puerta cerrada y por qué se está trabajado así sobre un tema tan importante para el país", concluye.
Víctima de boleteo y el plagio de sus dos hijos
En mayo de 2003 el frente 42 de las Farc empezó a extorsionar a Jorge Enrique Jiménez (*), empresario del sector confeccionista.
Después de hacerle conocer detalles sobre su familia, sus movimientos y sus bienes, y de amenazarlo con persecuciones, secuestros y con la muerte, empezaron a cobrarle una suma mensual.
"Lo primero que hice fue enviar a mi hijo mayor, Luis Guillermo, junto con su esposa y su hijo, a otro departamento. Allá les ubiqué una vivienda y empecé a enviarles mercancía para que tuvieran de qué vivir", dice Jorge Enrique.
Y agrega: "Casi un año después las Farc lo encontraron y lo hicieron abandonar todo. Para que nos dejaran tranquilos volví a pagarles una suma mensual, la cual me fueron subiendo".
En menos de un año el empresario ya no tenía locales y las deudas con los bancos se le salieron de las manos. Entonces dejó de pagar. En marzo de 2005 secuestraron a su hija Paulina, de 16 años. Acto seguido lo llamaron para exigirle una suma mucho más alta que las anteriores. Para su suerte el 15 de junio el Gaula de la Policía rescató a la joven.
"Yo pensaba que ya había terminado todo. Pero no. Me siguieron llamando y torturando psicológicamente, exigiéndome dinero", cuenta Jiménez.
Aunque les demostró a las Farc su quiebra económica, volvieron a amenazarlo con matarlo, a él o a su familia.
Finalmente, en octubre de 2007 secuestraron a su hijo mayor Luis Guillermo.
"Hasta el día de hoy solo he recibido tres llamadas y un Email. En la última llamada me informaron que mi hijo pagaría las consecuencias de mi desobediencia por haber rescatado a mi hija. Hoy prefiero un hijo muerto y no desparecido", concluye Jorge Enrique.
'Espero que me den cualquier noticia'
Luz Enith Acevedo narra la historia de su hermano Claudio Ariel:
"Él es un oficial de la Armada que se especializó en contraguerrilla. Luego se retiró y se volvió independiente. De un matrimonio que tuvo, le quedó un hijo.
"El 4 de diciembre del 2003, en un viaje a Arauca, lo secuestraron.
"Dos semanas después hombres que se identificaron como de las Farc me dijeron que no lo buscara, que lo iban a usar para aprovechar su experiencia en contraguerrilla.
"Las Farc saben más de cada uno de nosotros que el Gobierno. En mi corazón siento que él puede estar bien. Mi mamá fue operada del corazón hace 4 meses y su único deseo es ver a mi hermano.
"En estos momentos espero que me den cualquier noticia, buena o mala, pero que acabe esta agonía".
'Son 9 años sin saber si mi hijo está vivo o muerto'
Manuel Fandiño cuenta la historia de uno de sus hijos, plagiado cuando terminó el servicio obligatorio como agente de policía.
"Edison tenía 18 años cuando guerrilleros de las Farc lo bajaron de un bus, el 2 de septiembre del 2000, y lo retuvieron por ser policía. Él iba de civil pero el peluqueado lo delató.
"El día anterior un oficial de la base de Orito (Putumayo), donde prestó el servicio, lo mandó para nuestra casa en Bogotá, sin calcular los riesgos.
"A nosotros nos llamaron en la madrugada del otro día a contarnos que a Edison lo había secuestrado el frente 32 de las Farc.
"Los guerrilleros no tienen corazón, solo les importa matar y secuestrar. Yo viajé varias veces a hablar con ellos. Les dejé una foto y el número celular, pero nunca nos llamaron ni nos dijeron nada.
"Le decimos a la guerrilla que Dios es amor, que cesen de hacer el mal. Que nos den una señal de supervivencia, que este asunto es tremendo. Son 9 años sin saber si mi hijo está vivo o muerto, o cómo se encuentra".
* Nombre cambiado por petición de la fuente
NELSON ENRIQUE PARRA
REDACCIÓN POLÍTICA
Publicado en
www.eltiempo.con
martes, 21 de julio de 2009
'Debemos ser muy incisivos y críticos con las Farc', dice Carlos Lozano
"Quizás no lo habíamos hecho de una manera tan fuerte y tan pública como ahora", reconoce el director del Semanario Voz.
Agrega Lozano que ahora "hay un acento más exigente, porque el conflicto está completamente degradado", agrega.
El endurecimiento del tono lo hizo en una reciente carta publicada en las páginas de opinión de este diario. Allí calificó como una "estupidez y despropósito" el plan de atentar contra el director de la SIP, Enrique Santos, y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
Lozano argumenta que "llegó el momento de negociar" y que la guerrilla debe renunciar al secuestro y al uso de minas antes de iniciar cualquier proceso de diálogo.
¿Por que sus palabras tan duras hacia las Farc?
La solución política del conflicto exige la voluntad del Gobierno y las Farc. Hay que hacer las críticas oportunas cuando esa falta de voluntad es más evidente. Llegó el momento de negociar, esto no da más. Insistir en la confrontación armada es irracional. Debemos ser muy incisivos y críticos con todas las partes, incluyendo a la guerrilla.
¿No cree que ese acento exigente debió empezar cuando los secuestros superaban los 3.000 al año?
Siempre hemos sido críticos de la guerrilla. Por ejemplo, en el tema del secuestro el Partido Comunista y sus dirigentes hemos sido críticos y nos hemos distanciado de eso. Quizás no lo habíamos hecho de una manera tan fuerte y tan pública como ahora.
Usted le pidió a 'Alfonso Cano' mayor acento político. ¿A qué se refiere?
Las Farc han demostrado en sus últimos pronunciamientos que hay un interés en ese acento político. Ante las exigencias de la realidad se requiere mucho más acento político de la guerrilla para contribuir a la solución pacífica del conflicto. Espero que
'Cano' y todo el secretariado reflexionen sobre esto.
Usted dijo que Colombianos por la Paz debía exigirles a las Farc un compromiso frente al secuestro y las minas antipersonales. ¿Cómo sería eso?
Las tres cartas de Colombianos por la Paz tienen como hilo conductor el intercambio humanitario, pero también el tema del secuestro. La guerrilla tiene que entender que hay que bajarle la intensidad al conflicto, en temas que afectan a la población civil como el secuestro y las minas.
¿Antes de un diálogo, las Farc deben renunciar al secuestro?
Claro, y los compromisos también deben ser del Gobierno. Se requiere arrancar un proceso de paz sobre compromisos de ambos: no a la desaparición forzada, no al secuestro, no a los 'falsos positivos', no a las minas.
El presidente Uribe pide que las Farc cesen acciones por 4 meses para que hayan condiciones. ¿Le suena?
Me suena un cese de hostilidades de ambos. Nada sacamos si siguen los operativos militares contra ellos. Eso hace inviable ese cumplimiento.
ANDRÉS GÓMEZ OSORIO
REDACCIÓN POLÍTICA
Agrega Lozano que ahora "hay un acento más exigente, porque el conflicto está completamente degradado", agrega.
El endurecimiento del tono lo hizo en una reciente carta publicada en las páginas de opinión de este diario. Allí calificó como una "estupidez y despropósito" el plan de atentar contra el director de la SIP, Enrique Santos, y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
Lozano argumenta que "llegó el momento de negociar" y que la guerrilla debe renunciar al secuestro y al uso de minas antes de iniciar cualquier proceso de diálogo.
¿Por que sus palabras tan duras hacia las Farc?
La solución política del conflicto exige la voluntad del Gobierno y las Farc. Hay que hacer las críticas oportunas cuando esa falta de voluntad es más evidente. Llegó el momento de negociar, esto no da más. Insistir en la confrontación armada es irracional. Debemos ser muy incisivos y críticos con todas las partes, incluyendo a la guerrilla.
¿No cree que ese acento exigente debió empezar cuando los secuestros superaban los 3.000 al año?
Siempre hemos sido críticos de la guerrilla. Por ejemplo, en el tema del secuestro el Partido Comunista y sus dirigentes hemos sido críticos y nos hemos distanciado de eso. Quizás no lo habíamos hecho de una manera tan fuerte y tan pública como ahora.
Usted le pidió a 'Alfonso Cano' mayor acento político. ¿A qué se refiere?
Las Farc han demostrado en sus últimos pronunciamientos que hay un interés en ese acento político. Ante las exigencias de la realidad se requiere mucho más acento político de la guerrilla para contribuir a la solución pacífica del conflicto. Espero que
'Cano' y todo el secretariado reflexionen sobre esto.
Usted dijo que Colombianos por la Paz debía exigirles a las Farc un compromiso frente al secuestro y las minas antipersonales. ¿Cómo sería eso?
Las tres cartas de Colombianos por la Paz tienen como hilo conductor el intercambio humanitario, pero también el tema del secuestro. La guerrilla tiene que entender que hay que bajarle la intensidad al conflicto, en temas que afectan a la población civil como el secuestro y las minas.
¿Antes de un diálogo, las Farc deben renunciar al secuestro?
Claro, y los compromisos también deben ser del Gobierno. Se requiere arrancar un proceso de paz sobre compromisos de ambos: no a la desaparición forzada, no al secuestro, no a los 'falsos positivos', no a las minas.
El presidente Uribe pide que las Farc cesen acciones por 4 meses para que hayan condiciones. ¿Le suena?
Me suena un cese de hostilidades de ambos. Nada sacamos si siguen los operativos militares contra ellos. Eso hace inviable ese cumplimiento.
ANDRÉS GÓMEZ OSORIO
REDACCIÓN POLÍTICA
martes, 7 de julio de 2009
Carta completa del Secretariado de las Farc
Conflicto armado El siguiente es el texto que el Secretariado de las Farc envió a Colombianos por la paz y que habla sobre el intercambio humanitario, la entrega de los restos del mayor Julián Guevara y las cifras de secuestrados.
Colombianas y Colombianos por la Paz;
Senadora PIEDAD CÓRDOBA
Bogotá.
Reciban el saludo cordial de las guerrilleras y guerrilleros de las FARC-EP.
El diálogo epistolar sobre el problema de la guerra y la paz, reúne cada día a más y más colombianos, y suscita la adhesión de las más variadas organizaciones y personalidades del mundo, bajo la certeza del carácter político que reviste la confrontación.
Estamos seguros que la reciente liberación unilateral de seis prisioneros a instancias de su importante gestión, estimula el esfuerzo colectivo que busca la solución al inmenso drama que vive Colombia. Colombianas y Colombianos por la Paz está haciendo renacer la esperanza de un país que siente en lo profundo de su ser nacional que nuestro destino histórico no puede ser la guerra civil ni tampoco el sometimiento indefinido a un régimen corrupto e injusto, eminentemente militarista, guardián de intereses políticos y económicos de una minoría oligárquica y de una élite privilegiada, antidemocrática, excluyente socialmente, sorda a las angustias de las mayorías nacionales e insensible ante los reclamos y necesidades de la gente humilde. En las FARC-EP estamos convencidos que otra Colombia es posible y que se pueden forjar entre todos, alternativas políticas hacia la elaboración del proyecto de una nueva sociedad más equilibrada, incluyente y justa.
Quisiéramos reiterarles que estamos listos para el canje de prisioneros de guerra y en disposición de no hacer del lugar de diálogo un obstáculo insalvable, privilegiando la libertad de los prisioneros en poder de las partes contendientes.
Para nuestros voceros Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada y Fabián Ramírez reclamamos garantías efectivas, consignadas en protocolos acordados con nosotros, que definan condiciones de modo, tiempo y lugar, y publicitados con suficiente anticipación. Se hace necesario que además del acompañamiento de CPP también exista una veeduría de la comunidad internacional.
Estas exigencias no son un capricho. Ustedes y todo el país presenciaron las provocaciones y el riesgo real que rodearon y casi frustran la liberación unilateral de los cuatro uniformados, de Alan Jara y Sigifredo López que nos releva de referirles innumerables situaciones anteriores de idéntica factura y concepción.
En su misiva nos piden regresar al tema de las retenciones económicas, sobre el que ya les reflexionamos anteriormente con toda franqueza. Sucede que el gobierno, en aras de su lucha contrainsurgente, impulsa una matriz de opinión artificial y mentirosa en busca de un efecto en la población, deliberadamente falaz y manipulador.
Las cifras oficiales insisten, a través de una campaña machacona, que las FARC tendrían en su poder a más de 3.800 retenidos por razones económicas. Hemos consultado con todas nuestras estructuras político-militares desplegadas en el territorio nacional y podemos informar, que a la fecha, bajo responsabilidad de las FARC-EP, solo existen 9 retenidos por concepto de la ley 002.
El militarismo a ultranza y la desinformación que distingue a este gobierno ha intoxicado con su reconocida perfidia el asunto. Recordamos que en la carta anterior enumeramos el universo de los actores que en Colombia, practican esta modalidad.
Queremos insistirles en la importancia de mantener vigente la bandera de libertad para los presos políticos, la mayoría de ellos víctimas de montajes no ajenos a la estrategia gubernamental de disuasión a cualquier intento de proyecto de alternativa y opción política, así como también a no dejar apagar la lucha sobre esos crímenes oficiales y sistemáticos publicitados como "falsos positivos", las desapariciones forzadas y los desplazamientos que hoy estremecen a la opinión mundial.
Estamos analizando las propuestas de la senadora Piedad Córdoba encaminadas a dinamizar el camino hacia la paz con justicia social, y en este marco anunciamos el compromiso de enviar, cuando tengamos condiciones propicias, pruebas de supervivencia de los 20 militares y policías prisioneros, a sus familiares.
En atención a esa misma solicitud, los restos del mayor Guevara serán entregados a su madre en fecha y lugar que indicaremos más adelante cuando la situación de orden público lo permita, a la vez que elevamos la solicitud a Colombianas y Colombianos por la Paz a exigir del gobierno nacional la entrega de los cadáveres de los comandantes Raúl Reyes e Iván Ríos a sus familiares.
De ustedes, atentamente:
Secretariado del Estado Mayor Central, FARC-EP
Publicado en
www.semana.com
Colombianas y Colombianos por la Paz;
Senadora PIEDAD CÓRDOBA
Bogotá.
Reciban el saludo cordial de las guerrilleras y guerrilleros de las FARC-EP.
El diálogo epistolar sobre el problema de la guerra y la paz, reúne cada día a más y más colombianos, y suscita la adhesión de las más variadas organizaciones y personalidades del mundo, bajo la certeza del carácter político que reviste la confrontación.
Estamos seguros que la reciente liberación unilateral de seis prisioneros a instancias de su importante gestión, estimula el esfuerzo colectivo que busca la solución al inmenso drama que vive Colombia. Colombianas y Colombianos por la Paz está haciendo renacer la esperanza de un país que siente en lo profundo de su ser nacional que nuestro destino histórico no puede ser la guerra civil ni tampoco el sometimiento indefinido a un régimen corrupto e injusto, eminentemente militarista, guardián de intereses políticos y económicos de una minoría oligárquica y de una élite privilegiada, antidemocrática, excluyente socialmente, sorda a las angustias de las mayorías nacionales e insensible ante los reclamos y necesidades de la gente humilde. En las FARC-EP estamos convencidos que otra Colombia es posible y que se pueden forjar entre todos, alternativas políticas hacia la elaboración del proyecto de una nueva sociedad más equilibrada, incluyente y justa.
Quisiéramos reiterarles que estamos listos para el canje de prisioneros de guerra y en disposición de no hacer del lugar de diálogo un obstáculo insalvable, privilegiando la libertad de los prisioneros en poder de las partes contendientes.
Para nuestros voceros Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada y Fabián Ramírez reclamamos garantías efectivas, consignadas en protocolos acordados con nosotros, que definan condiciones de modo, tiempo y lugar, y publicitados con suficiente anticipación. Se hace necesario que además del acompañamiento de CPP también exista una veeduría de la comunidad internacional.
Estas exigencias no son un capricho. Ustedes y todo el país presenciaron las provocaciones y el riesgo real que rodearon y casi frustran la liberación unilateral de los cuatro uniformados, de Alan Jara y Sigifredo López que nos releva de referirles innumerables situaciones anteriores de idéntica factura y concepción.
En su misiva nos piden regresar al tema de las retenciones económicas, sobre el que ya les reflexionamos anteriormente con toda franqueza. Sucede que el gobierno, en aras de su lucha contrainsurgente, impulsa una matriz de opinión artificial y mentirosa en busca de un efecto en la población, deliberadamente falaz y manipulador.
Las cifras oficiales insisten, a través de una campaña machacona, que las FARC tendrían en su poder a más de 3.800 retenidos por razones económicas. Hemos consultado con todas nuestras estructuras político-militares desplegadas en el territorio nacional y podemos informar, que a la fecha, bajo responsabilidad de las FARC-EP, solo existen 9 retenidos por concepto de la ley 002.
El militarismo a ultranza y la desinformación que distingue a este gobierno ha intoxicado con su reconocida perfidia el asunto. Recordamos que en la carta anterior enumeramos el universo de los actores que en Colombia, practican esta modalidad.
Queremos insistirles en la importancia de mantener vigente la bandera de libertad para los presos políticos, la mayoría de ellos víctimas de montajes no ajenos a la estrategia gubernamental de disuasión a cualquier intento de proyecto de alternativa y opción política, así como también a no dejar apagar la lucha sobre esos crímenes oficiales y sistemáticos publicitados como "falsos positivos", las desapariciones forzadas y los desplazamientos que hoy estremecen a la opinión mundial.
Estamos analizando las propuestas de la senadora Piedad Córdoba encaminadas a dinamizar el camino hacia la paz con justicia social, y en este marco anunciamos el compromiso de enviar, cuando tengamos condiciones propicias, pruebas de supervivencia de los 20 militares y policías prisioneros, a sus familiares.
En atención a esa misma solicitud, los restos del mayor Guevara serán entregados a su madre en fecha y lugar que indicaremos más adelante cuando la situación de orden público lo permita, a la vez que elevamos la solicitud a Colombianas y Colombianos por la Paz a exigir del gobierno nacional la entrega de los cadáveres de los comandantes Raúl Reyes e Iván Ríos a sus familiares.
De ustedes, atentamente:
Secretariado del Estado Mayor Central, FARC-EP
Publicado en
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