Julio 29 de 2009
Según fuentes antimafia, Gaviria Vásquez fue clave para la llegada de un grupo élite de la Dijín al campamento de Víctor Mejía, en Tarazá (Antioquia), en mayo del 2008, cuando resultó abatido.
También colaboró en la captura de Miguel Mejía, una semana después.
El pasado sábado, dos hombres fueron asesinados en la vía que comunica a Medellín con el municipio de San Luis, en Antioquia. La Policía de Carreteras halló los cadáveres en dos carros, en la vereda Valle Sol, a 50 minutos de San Luis.
"Uno de los carros tenía 70 impactos", le dijo a EL TIEMPO una fuente allegada al caso.
Cuando las autoridades indagaron la identidad de los dos hombres se llevaron una doble sorpresa: se trataba del policía Luis Jairo Guerrero, de 29 años; y de Juan Manuel Gaviria Vásquez, de 45, antiguo socio del clan 'Los Mellizos', que conformaban Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Múnera y el informante estrella de Estados Unidos.
Fuentes de la Dirección de la Policía confirmaron que el uniformado había sido designado para brindarle seguridad mientras estaba en Colombia, a donde llegó hace unos días, procedente de Centroamérica, donde recibía el apoyo de E.U., en el programa de protección de testigos.
Según las autoridades, tras la caída de 'Los Mellizos', un grupo de narcos -que trabajaba con los Mejía- le puso precio a la cabeza de Gaviria: 3 millones de dólares.
Lo acusaban no sólo de la muerte y captura de los hermanos, sino de presionar a las esposas de los Mejía para quedarse con bienes, varios de los cuales están relacionados en un computador, con sus respectivos testaferros.
Cuñados de los Mejía habrían sido raptados y fotografiados para presionar la entrega de bienes y dinero, incluida una caleta con 20 millones de euros. En el sitio donde ocurrió el crimen, la Policía encontró una camioneta blindada de placa BIZ 670, la cual jalaba un remolque sobre el cual iban dos motocicletas Harley Davidson y que era conducida por Guerrero. Unos metros adelante, en un camión de placas UNJ 457 que llevaba varios caballos finos, iba Gaviria. En los vehículos hallaron papelería de una embajada.
Gaviria habría regresado al país al perder parte de los beneficios que le estaba dando el gobierno de E.U., pero se desconocen las razones. Así mismo, se sabe que una vez volvió, intentó comunicarse con Luis Enrique Calle Serna, alias 'Comba', sucesor de Varela y jefe de la banda 'Los Rastrojos', en busca de protección.
Sin embargo, éste se negó a prestársela. La Policía lo custodiaba porque aún hacía parte del programa de testigos.
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sábado, 21 de noviembre de 2009
sábado, 29 de noviembre de 2008
Cómo es hacer justicia bajo el fuego cruzado
Cómo es hacer justicia bajo el fuego cruzado
Funcionarios de la Justicia contaron al Centro de Estudios de Justicia y Sociedad (Dejusticia) sus historias de las investigaciones y fallos que emiten en regiones donde aún tienen poder los grupos armados ilegales.
César Paredes, periodista de Semana.com
“Desde que llegaron los paramilitares vivimos en esta guerra terrible entre los dos grupos armados ilegales; esa guerra es la que hace que nuestro oficio se limite esencialmente a levantar muertos, cuando lo que deberíamos estar haciendo es investigando y descubriendo a los culpables”, dice uno de los jueces que relató su testimonio para la investigación Jueces sin Estado hecha por el Centro de Estudios de Justicia y Sociedad (Dejusticia) y que se publicó la semana pasada.
Como este juez, otros funcionarios de la Justicia relatan cómo es su oficio en medio del fuego cruzado, en las regiones apartadas de Colombia. Allí, la Justicia se quita la corbata para hacer en el mejor de los casos, de trabajadora social, en el peor, de servidora de los grupos ilegales.
La investigación de Dejusticia, en el capítulo ‘Relatos de Jueces’ recoge ocho testimonios de jueces y fiscales que laboran en regiones donde la guerra se ha llevado por delante la verdad, y en consecuencia la justicia. El trabajo muestra que pese al avance en seguridad del actual gobierno, este no se traduce en una mayor fortaleza de la institucionalidad de la rama judicial en las regiones donde el conflicto armado sigue vivo. Cada testimonio es la cara unas veces atemorizada, otras veces humillada, del papel de la Justicia en medio de “justicias paralelas”.
Los testimonios
“Aquí la Ley somos nosotros”, le dijo un integrante de las Farc al juez que relata la historia que se llama ‘Y yo con esas ganas de ser juez’. En ese momento este juez, que recién llegaba a trabajar a Murindó, en el Urabá antioqueño, comprendió que para hacer su trabajo no podía enfrentarse a quien ejercía la autoridad en el pueblo, sino que debía hacer el trabajo a medias para no ganarse problemas. Poco a poco se fue olvidando del idealismo que le enseñaron en la universidad, y pese a que ha tenido casos graves, relacionados con el cartel de Medellín, después de haber sido trasladado de varios pueblos de Antioquia y Córdoba relata no sin desconsuelo: “tengo unos casos de paramilitares, pero nunca he podido condenar a un pez gordo”.
El ejercicio de su profesión para estos administradores de Justicia se convierte en una osadía diaria. Así lo relata la fiscal Blanca Arellano en el testimonio que lleva por nombre ‘La fiscal de la funeraria’. Arellano cuenta cómo tuvo que disfrazarse de auxiliar de una funeraria para poder hacer el levantamiento de un cadáver y para poder sacarlo de la casa de unos jóvenes sicarios, que después de asesinarlo estaban celebrando. La Policía tenía miedo de enfrentarlos.
Finalmente Arellano logró procesar y llevar a un tribunal al asesino, quien después cayó muerto cuando atracaba un almacén. A pesar de que todos los días había homicidios en Taminango, Nariño, fue “la única denuncia que recibí y el único proceso por homicidio, entre más de cien que tuve en mis manos, que pude adelantar en el juzgado”, cuenta.
En el relato ‘Administrando justicias en el Sur de Bolívar’, al juez de Barranco de Loba, al Sur de Bolívar le tocó lidiar con el frente 37 de las Farc. Con el tiempo se ganó la confianza de la gente del lugar y daba clases sobre derechos a jóvenes en los colegios.
Esta actitud llevó a los guerrilleros a hacerle una oferta al juez: “administre justicia bajo nuestra supervisión”. Este juez decidió aceptar, porque como él mismo cuenta, “¿qué más podía hacer?”.
Así pasó tres años hasta que, cansado de la humillación logró un traslado a María la Baja. Pero allí era a otro precio. Enilce López, la empresaria del chance que llamaban la ‘Gata’ y un grupo de paramilitares tenían allí mucho poder. Dice el funcionario que sus lugartenientes metían la mano en las elecciones y mataban al que fallara en un proceso en contra de sus intereses. Por esta razón, el juez decidió incapacitarse en una jornada electoral, en la que tenía que ser clavero, para no incurrir en prevaricato y por no quedar como cómplice de los paras. Lo peor era que el juez no podía confiar ni en la Policía y el Ejército pues ellos no cumplían con las diligencias de la justicia cuando éstas afectaban a los paras. “Eso es muy complicado para el juez porque es uno administrando justicia con el propio Estado de enemigo”, cuenta.
“Como ve, ambas son justicias no sólo ilegales sino también militares, justicias de guerra. Y en ambas uno es un títere”, dice al finalizar su relato.
Un caso menos grave es el de ‘El Juez comunitario’, quien optó por hacer el papel de un trabajador social. Tuvo que abandonar su investidura para no reñir con los intereses de la guerrilla. La historia ocurrió también en el Urabá antioqueño y el juez, quien no tuvo problema en revelar su nombre, es Eladio Isaza.
“Lo que yo hacía era manejar las cosas con mucho cuidado; ser muy prudente; muy respetuoso de todo lo que pasaba. Entender la situación. Yo sabía que si me ponía de envalentonado a aplicar los códigos como si estuviera en la Alpujarra de Medellín me sacaban muerto a los ocho días”, dice.
Isaza se dedicó a resolver casos domésticos hasta que fue trasladado al municipio de Nariño, sur de Antioquia, donde la temible Karina, comandante del frente 47 de las Farc amedrantaba a la población. El temor de la guerrilla ante una escalada paramilitar hizo que desconfiaran de todos los funcionarios del Estado. La población quedó en medio de una guerra entre los paras de Ramón Isaza y el frente de Karina.
Fue cuando Isaza se convirtió en consejero, un apoyo moral para los habitantes del pueblo y un pacificador. Por esta razón la guerrilla lo dejó seguir en el pueblo lo que no ocurrió con otros funcionarios públicos. A él le tocó ser testigo de varias tomas guerrilleras, del asesinato de varios funcionarios, incluidos jueces y fiscales, incluso, de masacres.
En una libreta anotaba el número de cadáveres que bajaban por el río. “Yo no podía hacer el levantamiento de esos cadáveres, pero me tranquilizaba un poquito poder anotar en esa libreta, como en una acta imaginaria de levantamiento, cuántos eran, el nombre de alguno de ellos, los tiros que les habían dado, el estado del cadáver, las ropas que vestían, etc. En total conté 54 cadáveres que montaron al ‘carro de la muerte’ (el carro en el que transportaban los cadáveres)”, dice Isaza en su testimonio. Así hasta que logró otro traslado a un municipio de Antioquia más tranquilo.
En estos relatos se encuentran algunas de las reflexiones de estos funcionarios de la rama judicial que en ocasiones hacen de todo menos la labor para la cual se prepararon, por la que el Estado les paga.
Uno de los funcionarios entrevistados describe de manera muy efectiva, la encrucijada en la que se encuentran los funcionarios de la justicia que reclaman garantías para hacer su trabajo:
“Como ve, en esta parte del país la situación no es fácil para la justicia. Por eso es que los jueces tratan de acomodarse como mejor pueden al contexto en el cual les toca vivir y ejercer. Las amenazas y las dificultades para investigar, hacen que los jueces hagan lo mínimo, con tal de no asumir riesgos excesivos, con tal de salvar el pellejo. Es natural, ¿qué otra cosa se les puede pedir? ¿Que sean héroes? No. Por eso, porque se acomodan, todo parece funcionar como si estuviéramos en situación de normalidad.
Sobre todo en Bogotá creen eso. Nadie habla de la capacidad de los actores armados para neutralizar la labor de la justicia. Nadie se atreve a decir que la justicia se dedica sobre todo a hacer memoriales inútiles para luego archivarlos. Todos nos acostumbramos a no producir resultados y nos lavamos las manos con tal de que tengamos trabajo y de que los sueldos sigan siendo girados en nuestras cuentas. Es triste”, dice un fiscal nariñense, el protagonista en la historia titulada ‘La Justicia en medio de la guerra’.
www.semana.com
Funcionarios de la Justicia contaron al Centro de Estudios de Justicia y Sociedad (Dejusticia) sus historias de las investigaciones y fallos que emiten en regiones donde aún tienen poder los grupos armados ilegales.
César Paredes, periodista de Semana.com
“Desde que llegaron los paramilitares vivimos en esta guerra terrible entre los dos grupos armados ilegales; esa guerra es la que hace que nuestro oficio se limite esencialmente a levantar muertos, cuando lo que deberíamos estar haciendo es investigando y descubriendo a los culpables”, dice uno de los jueces que relató su testimonio para la investigación Jueces sin Estado hecha por el Centro de Estudios de Justicia y Sociedad (Dejusticia) y que se publicó la semana pasada.
Como este juez, otros funcionarios de la Justicia relatan cómo es su oficio en medio del fuego cruzado, en las regiones apartadas de Colombia. Allí, la Justicia se quita la corbata para hacer en el mejor de los casos, de trabajadora social, en el peor, de servidora de los grupos ilegales.
La investigación de Dejusticia, en el capítulo ‘Relatos de Jueces’ recoge ocho testimonios de jueces y fiscales que laboran en regiones donde la guerra se ha llevado por delante la verdad, y en consecuencia la justicia. El trabajo muestra que pese al avance en seguridad del actual gobierno, este no se traduce en una mayor fortaleza de la institucionalidad de la rama judicial en las regiones donde el conflicto armado sigue vivo. Cada testimonio es la cara unas veces atemorizada, otras veces humillada, del papel de la Justicia en medio de “justicias paralelas”.
Los testimonios
“Aquí la Ley somos nosotros”, le dijo un integrante de las Farc al juez que relata la historia que se llama ‘Y yo con esas ganas de ser juez’. En ese momento este juez, que recién llegaba a trabajar a Murindó, en el Urabá antioqueño, comprendió que para hacer su trabajo no podía enfrentarse a quien ejercía la autoridad en el pueblo, sino que debía hacer el trabajo a medias para no ganarse problemas. Poco a poco se fue olvidando del idealismo que le enseñaron en la universidad, y pese a que ha tenido casos graves, relacionados con el cartel de Medellín, después de haber sido trasladado de varios pueblos de Antioquia y Córdoba relata no sin desconsuelo: “tengo unos casos de paramilitares, pero nunca he podido condenar a un pez gordo”.
El ejercicio de su profesión para estos administradores de Justicia se convierte en una osadía diaria. Así lo relata la fiscal Blanca Arellano en el testimonio que lleva por nombre ‘La fiscal de la funeraria’. Arellano cuenta cómo tuvo que disfrazarse de auxiliar de una funeraria para poder hacer el levantamiento de un cadáver y para poder sacarlo de la casa de unos jóvenes sicarios, que después de asesinarlo estaban celebrando. La Policía tenía miedo de enfrentarlos.
Finalmente Arellano logró procesar y llevar a un tribunal al asesino, quien después cayó muerto cuando atracaba un almacén. A pesar de que todos los días había homicidios en Taminango, Nariño, fue “la única denuncia que recibí y el único proceso por homicidio, entre más de cien que tuve en mis manos, que pude adelantar en el juzgado”, cuenta.
En el relato ‘Administrando justicias en el Sur de Bolívar’, al juez de Barranco de Loba, al Sur de Bolívar le tocó lidiar con el frente 37 de las Farc. Con el tiempo se ganó la confianza de la gente del lugar y daba clases sobre derechos a jóvenes en los colegios.
Esta actitud llevó a los guerrilleros a hacerle una oferta al juez: “administre justicia bajo nuestra supervisión”. Este juez decidió aceptar, porque como él mismo cuenta, “¿qué más podía hacer?”.
Así pasó tres años hasta que, cansado de la humillación logró un traslado a María la Baja. Pero allí era a otro precio. Enilce López, la empresaria del chance que llamaban la ‘Gata’ y un grupo de paramilitares tenían allí mucho poder. Dice el funcionario que sus lugartenientes metían la mano en las elecciones y mataban al que fallara en un proceso en contra de sus intereses. Por esta razón, el juez decidió incapacitarse en una jornada electoral, en la que tenía que ser clavero, para no incurrir en prevaricato y por no quedar como cómplice de los paras. Lo peor era que el juez no podía confiar ni en la Policía y el Ejército pues ellos no cumplían con las diligencias de la justicia cuando éstas afectaban a los paras. “Eso es muy complicado para el juez porque es uno administrando justicia con el propio Estado de enemigo”, cuenta.
“Como ve, ambas son justicias no sólo ilegales sino también militares, justicias de guerra. Y en ambas uno es un títere”, dice al finalizar su relato.
Un caso menos grave es el de ‘El Juez comunitario’, quien optó por hacer el papel de un trabajador social. Tuvo que abandonar su investidura para no reñir con los intereses de la guerrilla. La historia ocurrió también en el Urabá antioqueño y el juez, quien no tuvo problema en revelar su nombre, es Eladio Isaza.
“Lo que yo hacía era manejar las cosas con mucho cuidado; ser muy prudente; muy respetuoso de todo lo que pasaba. Entender la situación. Yo sabía que si me ponía de envalentonado a aplicar los códigos como si estuviera en la Alpujarra de Medellín me sacaban muerto a los ocho días”, dice.
Isaza se dedicó a resolver casos domésticos hasta que fue trasladado al municipio de Nariño, sur de Antioquia, donde la temible Karina, comandante del frente 47 de las Farc amedrantaba a la población. El temor de la guerrilla ante una escalada paramilitar hizo que desconfiaran de todos los funcionarios del Estado. La población quedó en medio de una guerra entre los paras de Ramón Isaza y el frente de Karina.
Fue cuando Isaza se convirtió en consejero, un apoyo moral para los habitantes del pueblo y un pacificador. Por esta razón la guerrilla lo dejó seguir en el pueblo lo que no ocurrió con otros funcionarios públicos. A él le tocó ser testigo de varias tomas guerrilleras, del asesinato de varios funcionarios, incluidos jueces y fiscales, incluso, de masacres.
En una libreta anotaba el número de cadáveres que bajaban por el río. “Yo no podía hacer el levantamiento de esos cadáveres, pero me tranquilizaba un poquito poder anotar en esa libreta, como en una acta imaginaria de levantamiento, cuántos eran, el nombre de alguno de ellos, los tiros que les habían dado, el estado del cadáver, las ropas que vestían, etc. En total conté 54 cadáveres que montaron al ‘carro de la muerte’ (el carro en el que transportaban los cadáveres)”, dice Isaza en su testimonio. Así hasta que logró otro traslado a un municipio de Antioquia más tranquilo.
En estos relatos se encuentran algunas de las reflexiones de estos funcionarios de la rama judicial que en ocasiones hacen de todo menos la labor para la cual se prepararon, por la que el Estado les paga.
Uno de los funcionarios entrevistados describe de manera muy efectiva, la encrucijada en la que se encuentran los funcionarios de la justicia que reclaman garantías para hacer su trabajo:
“Como ve, en esta parte del país la situación no es fácil para la justicia. Por eso es que los jueces tratan de acomodarse como mejor pueden al contexto en el cual les toca vivir y ejercer. Las amenazas y las dificultades para investigar, hacen que los jueces hagan lo mínimo, con tal de no asumir riesgos excesivos, con tal de salvar el pellejo. Es natural, ¿qué otra cosa se les puede pedir? ¿Que sean héroes? No. Por eso, porque se acomodan, todo parece funcionar como si estuviéramos en situación de normalidad.
Sobre todo en Bogotá creen eso. Nadie habla de la capacidad de los actores armados para neutralizar la labor de la justicia. Nadie se atreve a decir que la justicia se dedica sobre todo a hacer memoriales inútiles para luego archivarlos. Todos nos acostumbramos a no producir resultados y nos lavamos las manos con tal de que tengamos trabajo y de que los sueldos sigan siendo girados en nuestras cuentas. Es triste”, dice un fiscal nariñense, el protagonista en la historia titulada ‘La Justicia en medio de la guerra’.
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sábado, 27 de septiembre de 2008
Justicia bajo fuego
Justicia bajo fuego
En los municipios donde hay actores armados la justicia funciona a medias o no funciona, concluye un estudio que pone la luz donde realmente se necesitaría una reforma a la justicia.
César Paredes, periodista de Semana.com
La mejoría en seguridad en muchas regiones del país no ha significado una mejoría en la administración de la justicia. En los municipios donde hay presencia de actores armados la justicia funciona a medias o no funciona, según una investigación del Centro de Estudios de Justicia y Sociedad, DeJuSticia.
La investigación que lleva por nombre ‘Jueces sin Estado’ y que será publicada próximamente, muestra que pese al avance en seguridad del gobierno entre 2002 y 2006, este no se traduce en una mayor fortaleza de la institucionalidad de la rama judicial.
DeJusticia puso el foco en los problemas que tienen que enfrentar jueces y fiscales, a la hora de hacer su trabajo en los sitios donde hay presencia de grupos armados ilegales.
Una de las conclusiones más alarmantes es que en los municipios donde los grupos armados ejercen influencia, se altera significativamente el ejercicio de la Justicia (ver gráfico). Para demostrar este punto, DeJusticia comparó la cantidad de demandas instauradas formalmente ante los despachos judiciales (entradas), y el número de decisiones judiciales (salidas) en municipios afectados por la violencia política, con otros municipios que no sufren la presencia de actores armados.
Los investigadores recolectaron información relacionada con varios delitos, como homicidio, hurto y lesiones personales y violencia doméstica, entre otros.
El resultado: en los municipios pequeños (de menos de 20 mil habitantes) donde hay presencia de actores armados tanto las demandas instauradas como las decisiones de los jueces (fallos o condenas) disminuyen drásticamente.
En un segundo análisis de las cifras, DeJusticia comparó el número de eventos de conflicto (confrontaciones, ataques a los municipios, secuestros masivos, incursiones) entre 2002 y 2006, período que corresponde al actual gobierno, con los procesos de justicia que se iniciaron o decidieron (demandas y fallos o condenas). Otra vez la hipótesis que los investigadores presumieron fue comprobada: “a mayor cantidad de eventos de conflicto, menor justicia procesada”.
Los investigadores, aunque no son concluyentes al respecto, mencionan algunas de las interferencias más comunes que la violencia crea sobre la justicia cotidiana en los municipios del país.
En algunos casos la presencia de grupos armados ilegales, usurpa las funciones del Estado y genera una “justicia” paralela. En otros casos, el control férreo y la intimidación sobre la población, en particular el ejercicio de sus derechos y libertades (movilidad, trabajo, vida social) disminuye la conflictividad por la falta de interacción social. Es decir hay menos conflictos entre la gente porque la gente socializa menos porque tiene miedo y desconfianza.
El poder judicial en las zonas donde hay presencia de guerrilla o paramilitares se debilita, ya sea por la presión directa ejercida contra los jueces y fiscales, o bien por el poder corruptor del narcotráfico. En el peor de los casos, los jueces actúan a favor de un grupo ilegal recibiendo órdenes directas, si se rehúsa a hacer lo que le mandan es amenazado o incluso asesinado.
En el mejor de los casos la presencia de los jueces es figurativa, pues no pueden hacer su tarea libremente y actúan con “prudencia” para no afectar los intereses de los grupos ilegales y poner así en riesgo su vida. Así, su trabajo se concentra a la resolución de casos menores y pequeños conflictos domésticos, mientras las decisiones judiciales trascendentales, no se toman nunca.
“En síntesis, la violencia debilita la justicia, y la justicia debilitada contribuye a la reproducción de la violencia”, dice el estudio.
No es un Estado moderno
Para introducir su investigación, el centro de investigación incluye un capítulo titulado Estado Territorio y Ciudadanía, en el que condensa la historia de la formación del Estado colombiano. En éste se cuenta el origen del concepto de Estado moderno, que se remonta a ocho siglos atrás en Europa. El capítulo explica por qué ese modelo de Estado, cuyo proceso de formación ha tenido una larga y compleja historia, al intentar aplicarse en América Latina, dio resultados distintos a los que dio en los países del viejo continente.
En la investigación se describe el modelo de Estado colombiano, que en algunas administraciones locales ha logrado una institucionalidad sólida, y en otras, su soberanía todavía está en vilo, como lo es el caso donde los jueces y fiscales ejercen su oficio a la sombra de los grupos armados.
DeJusticia caracteriza ese país variopinto, como país difuso, que se compone de un Estado que unas veces ostenta fuerza con los débiles, y en otras, debilidad con los poderosos, y una sociedad que en algunos casos se apropia de sus derechos y en otros se encuentra desvalida. En síntesis “Colombia no responde al modelo de democracia y de Estado de derecho que dicen sus leyes y su Constitución, pero tampoco es la negación total de eso” dice la investigación.
En ésta descripción, DeJusticia sostiene la tesis de que las personas marginadas, desde la época de la Colonia, sostuvieron relaciones clientelistas con quienes detentaron el poder. Esta singularidad pervive en la relación del Estado colombiano con la sociedad, lo que ha estimulado la idea de que es más importante el estatus que los derechos. La investigación cita una encuesta de este año, hecha por Invamer Gallup y la Universidad de los Andes, en la que el 74 por ciento de los encuestados dijeron que para lograr el éxito en Colombia era necesario tener palanca, es decir, un padrino influyente.
Esta práctica desdibuja el concepto de país moderno y no permite que el avance hacia la conformación de una sociedad civil activa, y un Estado eficaz a la hora de suplir las necesidades de la gente. También hace que la gente amañe la ley a su conveniencia (o que coloquialmente se conoce como leguleyada). “Cuando la diferencia entre lo obligatorio y lo permitido no está claramente especificada, las personas se valen de la incertidumbre para no cumplir”, dice la investigación.
Este libro será publicado en unas semanas, justo en medio del debate de la iniciativa gubernamental de Reforma a la Justicia, que para muchos analistas no aborda los problemas reales de la rama judicial, como su eficacia y acercamiento a la ciudadanía. La investigación que incluye testimonios de jueces y fiscales que han tenido que hacer su trabajo de cara al conflicto armado, se une a las voces que reclaman una reforma a la Justicia de fondo, que responda a las necesidades reales para que la rama judicial pueda hacer su trabajo y termine la impunidad.
www.eltiempo.com
En los municipios donde hay actores armados la justicia funciona a medias o no funciona, concluye un estudio que pone la luz donde realmente se necesitaría una reforma a la justicia.
César Paredes, periodista de Semana.com
La mejoría en seguridad en muchas regiones del país no ha significado una mejoría en la administración de la justicia. En los municipios donde hay presencia de actores armados la justicia funciona a medias o no funciona, según una investigación del Centro de Estudios de Justicia y Sociedad, DeJuSticia.
La investigación que lleva por nombre ‘Jueces sin Estado’ y que será publicada próximamente, muestra que pese al avance en seguridad del gobierno entre 2002 y 2006, este no se traduce en una mayor fortaleza de la institucionalidad de la rama judicial.
DeJusticia puso el foco en los problemas que tienen que enfrentar jueces y fiscales, a la hora de hacer su trabajo en los sitios donde hay presencia de grupos armados ilegales.
Una de las conclusiones más alarmantes es que en los municipios donde los grupos armados ejercen influencia, se altera significativamente el ejercicio de la Justicia (ver gráfico). Para demostrar este punto, DeJusticia comparó la cantidad de demandas instauradas formalmente ante los despachos judiciales (entradas), y el número de decisiones judiciales (salidas) en municipios afectados por la violencia política, con otros municipios que no sufren la presencia de actores armados.
Los investigadores recolectaron información relacionada con varios delitos, como homicidio, hurto y lesiones personales y violencia doméstica, entre otros.
El resultado: en los municipios pequeños (de menos de 20 mil habitantes) donde hay presencia de actores armados tanto las demandas instauradas como las decisiones de los jueces (fallos o condenas) disminuyen drásticamente.
En un segundo análisis de las cifras, DeJusticia comparó el número de eventos de conflicto (confrontaciones, ataques a los municipios, secuestros masivos, incursiones) entre 2002 y 2006, período que corresponde al actual gobierno, con los procesos de justicia que se iniciaron o decidieron (demandas y fallos o condenas). Otra vez la hipótesis que los investigadores presumieron fue comprobada: “a mayor cantidad de eventos de conflicto, menor justicia procesada”.
Los investigadores, aunque no son concluyentes al respecto, mencionan algunas de las interferencias más comunes que la violencia crea sobre la justicia cotidiana en los municipios del país.
En algunos casos la presencia de grupos armados ilegales, usurpa las funciones del Estado y genera una “justicia” paralela. En otros casos, el control férreo y la intimidación sobre la población, en particular el ejercicio de sus derechos y libertades (movilidad, trabajo, vida social) disminuye la conflictividad por la falta de interacción social. Es decir hay menos conflictos entre la gente porque la gente socializa menos porque tiene miedo y desconfianza.
El poder judicial en las zonas donde hay presencia de guerrilla o paramilitares se debilita, ya sea por la presión directa ejercida contra los jueces y fiscales, o bien por el poder corruptor del narcotráfico. En el peor de los casos, los jueces actúan a favor de un grupo ilegal recibiendo órdenes directas, si se rehúsa a hacer lo que le mandan es amenazado o incluso asesinado.
En el mejor de los casos la presencia de los jueces es figurativa, pues no pueden hacer su tarea libremente y actúan con “prudencia” para no afectar los intereses de los grupos ilegales y poner así en riesgo su vida. Así, su trabajo se concentra a la resolución de casos menores y pequeños conflictos domésticos, mientras las decisiones judiciales trascendentales, no se toman nunca.
“En síntesis, la violencia debilita la justicia, y la justicia debilitada contribuye a la reproducción de la violencia”, dice el estudio.
No es un Estado moderno
Para introducir su investigación, el centro de investigación incluye un capítulo titulado Estado Territorio y Ciudadanía, en el que condensa la historia de la formación del Estado colombiano. En éste se cuenta el origen del concepto de Estado moderno, que se remonta a ocho siglos atrás en Europa. El capítulo explica por qué ese modelo de Estado, cuyo proceso de formación ha tenido una larga y compleja historia, al intentar aplicarse en América Latina, dio resultados distintos a los que dio en los países del viejo continente.
En la investigación se describe el modelo de Estado colombiano, que en algunas administraciones locales ha logrado una institucionalidad sólida, y en otras, su soberanía todavía está en vilo, como lo es el caso donde los jueces y fiscales ejercen su oficio a la sombra de los grupos armados.
DeJusticia caracteriza ese país variopinto, como país difuso, que se compone de un Estado que unas veces ostenta fuerza con los débiles, y en otras, debilidad con los poderosos, y una sociedad que en algunos casos se apropia de sus derechos y en otros se encuentra desvalida. En síntesis “Colombia no responde al modelo de democracia y de Estado de derecho que dicen sus leyes y su Constitución, pero tampoco es la negación total de eso” dice la investigación.
En ésta descripción, DeJusticia sostiene la tesis de que las personas marginadas, desde la época de la Colonia, sostuvieron relaciones clientelistas con quienes detentaron el poder. Esta singularidad pervive en la relación del Estado colombiano con la sociedad, lo que ha estimulado la idea de que es más importante el estatus que los derechos. La investigación cita una encuesta de este año, hecha por Invamer Gallup y la Universidad de los Andes, en la que el 74 por ciento de los encuestados dijeron que para lograr el éxito en Colombia era necesario tener palanca, es decir, un padrino influyente.
Esta práctica desdibuja el concepto de país moderno y no permite que el avance hacia la conformación de una sociedad civil activa, y un Estado eficaz a la hora de suplir las necesidades de la gente. También hace que la gente amañe la ley a su conveniencia (o que coloquialmente se conoce como leguleyada). “Cuando la diferencia entre lo obligatorio y lo permitido no está claramente especificada, las personas se valen de la incertidumbre para no cumplir”, dice la investigación.
Este libro será publicado en unas semanas, justo en medio del debate de la iniciativa gubernamental de Reforma a la Justicia, que para muchos analistas no aborda los problemas reales de la rama judicial, como su eficacia y acercamiento a la ciudadanía. La investigación que incluye testimonios de jueces y fiscales que han tenido que hacer su trabajo de cara al conflicto armado, se une a las voces que reclaman una reforma a la Justicia de fondo, que responda a las necesidades reales para que la rama judicial pueda hacer su trabajo y termine la impunidad.
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