Preguntas sobre alocución presidencial
A continuación Semana.com publica apartes de la rueda de prensa que dio el presidente Álvaro Uribe a los medios en la mañana del lunes para dar explicaciones acerca de la supuestas pruebas que ex paramilitares entregaron a funcionarios de la Casa de Nariño que enlodaban a la Corte Suprema de Justicia, según lo denunció revista SEMANA. A pesar del esfuerzo del primer mandatario por aclarar lo sucedido, quedan varias preguntas sin responder.
Fecha: 08/25/2008 -
“No desautoricé que el Secretario Jurídico, Edmundo del Castillo, se reuniera con estos señores”
¿Por qué, como dijo el Presidente, “la Presidencia de la República tiene por norma recibir a todas las personas que traigan alguna información de orden público”, si para ello existe todo un aparato estatal de defensa y seguridad que le cuesta a los contribuyentes más del 6 por ciento del PIB al año? ¿No existen filtros entre un potencial denunciante y la Presidencia? ¿Por qué reciben a los ex paramilitares, los Secretarios Jurídico y de Prensa de la Presidencia, cuando no es esa función de ninguno de los dos? ¿Por qué el Presidente se arriesga a autorizar a que dos de sus hombres más cercanos acepten escuchar en la Casa de Nariño a ex paramilitares aún con fuertes vínculos con el crimen y reciban de ellos grabaciones clandestinas de los magistrados? ¿Por qué se les permitió a estos voceros entrar al sótano de la Casa de Nariño cuando gobernadores y congresistas siempre tienen que entrar por la puerta principal? ¿Por qué no quedó registrado el nombre de Antonio Lopez, alias Job, cuando entró a Palacio?
“¿Cómo íbamos a hacer una denuncia si no encontramos una información importante?”
¿Cómo podían constatar que la información no era importante si aún no la conocían en su totalidad y hasta ahora, según el Presidente, el DAS la está transcribiendo? ¿De quién es en realidad la obligación de investigar a Henry Anaya (el hombreque aparece en el video del escándalo haciéndose pidiéndole plata al abogado de Don Berna a cambio de supuestos favores en la Corte y en la Fiscalía) cuando éste era había sido nombrado por el gobierno como registrador en Barrancabermeja, justo una semana antes de que Don Berna fuera extraditado? ¿Por qué dice el Presidente que el DAS hasta ahora está transcribiendo la información cuándo un paquete con estas transcripciones ya había sido filtrado a por lo menos un medio por el mismo gobierno desde hacía algunas semanas?
“Nos parecía injusto con unas pruebas irrelevantes, salir a hacerle una acusación a la Corte Suprema de Justicia”
¿Quién es Henry Anaya?
BR>
¿Si las pruebas eran irrelevantes por qué se siguieron reuniendo los funcionarios de la Casa de Nariño con los paras, como lo indica una grabación revelada por Semana en la que uno de los visitantes a Palacio le dice a su colega ex paramilitar que el Secretario de Prensa de Presidencia lo está buscando? ¿Por qué en septiembre del año pasado, el Presidente sí le dio toda la credibilidad a la carta de Tasmania acusando a un magistrado de la Corte y en cambio ahora le parece injusto airear otras pruebas?
“Toda persona que quiera dar información seria sobre manipulación de testigos, aquí se la recibimos y la tramitaremos con la opinión pública y con las autoridades competentes”
¿Al anunciar que la Casa de Nariño está de puerta abiertas a cualquier información en contra la Corte, no está invitando el Presidente a que interesados en sabotear la justicia pesquen en río revuelto? ¿Es procedente que el Primer Mandatario invite a todas las personas a que traigan pruebas de un supuesto cartel de testigos armado por la Corte, cuando es esa Corte la que está investigando a varios congresistas, la mayoría de ellos de partidos uribistas? ¿Por qué insiste el Presidente en la existencia de un “cartel de testigos” cuando aún no se conoce una sola evidencia al respecto? ¿Y por qué dijo que los voceros de los paramilitares venían a dar información sobre este "cartel" cuando ninguna de las grabaciones que entregaron se refieren a este supuesto "cartel"?
“Hay que tomar decisiones ante los hechos y no ante las revelaciones de prensa”
¿Si las revelaciones de los medios sobre posibles hechos irregulares que involucren a funcionarios de la Casa de Nariño o del Alto Gobierno, son insuficientes para tomar medidas, entonces qué debe hacer un gobierno democrático, cuando la prensa hace graves denuncias? ¿Ignorarlas?
www.semana.com
sábado, 30 de agosto de 2008
El Complot de los Paras
El complot de los paras
En medio de su guerra contra la Corte Suprema de Justicia, el círculo íntimo del Presidente llegó al extremo de conversar en secreto con los hombres del ex jefe paramilitar 'Don Berna'.
Fecha: 08/23/2008 -1373
En los últimos meses el país ha visto cómo el pulso entre la Corte Suprema y el gobierno por el escándalo de la para-política se ha convertido en una batalla campal. De la sana separación de poderes se ha llegado a insultos, demandas y guerra de comunicados que convierten este episodio en una pelea de barrio. Lo que a ningún colombiano se le pasaba por la mente es que en este duro enfrentamiento algunos de los más cercanos colaboradores del Presidente se reunieran en la Casa de Nariño con ex paramilitares (aunque algunos seguían delinquiendo) para terminar salpicados en un complot que había armado un jefe para, con miras a enlodar a la Corte. SEMANA tiene audios y videos que revelan cómo el jefe paramilitar 'Don Berna' y sus hombres de confianza diseñaron un maquiavélico plan que consistió en grabar clandestinamente a miembros de la Corte -y otras personas- con el fin de llevarle las grabaciones al gobierno a cambio de beneficios.
Que los paramilitares, en este caso 'Don Berna' y compañía, estén en complots, grabando sin consentimiento, y en campañas de desprestigio que capitalizaban la pugna entre el gobierno y la Corte para sacar tajada, es grave pero no sorprende. Al fin y al cabo, son delincuentes con un modus operandi mafioso. Lo que sí sorprende es que en el corazón de la Casa de Nariño, a escasos metros de la oficina del presidente Álvaro Uribe, el secretario jurídico y el jefe de prensa se reúnan con los enviados de 'Don Berna' para recibirles información contra la Corte. ¿Y qué querían los paras a cambio? Dilatar la extradición de 'Don Berna', según dijeron los propios representantes de los paramilitares a SEMANA.
El complot paramilitar se comenzó a fraguar desde diciembre pasado. Para ese momento, la pelea entre la Corte Suprema y la Presidencia llevaba varios meses y atravesaba por uno de los momentos más candentes por cuenta de la afirmación de un paramilitar llamado José Orlando Moncada. A comienzos de octubre, ese hombre, conocido con el alias 'Tasmania', le envió una carta al Presidente en la que le decía que había sido presionado por el investigador estrella de la Corte en la para-política, el magistrado Iván Velásquez, para que declarara que Uribe era uno de los autores intelectuales del asesinato de otro paramilitar conocido con el alias de 'René'. El Presidente acusó públicamente a Velásquez y pidió que fuera investigado. Más tarde se demostró que todo era un montaje, pero en esos momentos el episodio de 'Tasmania' tenía crispada la pelea entre el Ejecutivo y la Corte Suprema.
La cámara oculta
Video: Cámara oculta
Preguntas sobre alocución presidencial
La Corte Suprema pide investigar a los funcionarios que se reunieron con 'paras'
En el nombre de América
Al rojo vivo está la pugna de Uribe con la oposición y con la Corte
"Que no me amenacen con la Corte Penal"
‘Job’ no fue registrado
“Los ataques del Presidente Uribe contra el liberalismo son parte de un plan sistemático de desestabilización”
Comunicado del Partido Liberal
Comunicado del ex presidente César Gaviria Trujillo
El ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, buscó dilatar su extradición jugando a la desconfianza entre el Palacio de Nariño y la Corte Suprema. Esta pelea lleva casi dos años sin resolverse El magistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez también cayó en la trampa de los paramilitares Antonio López, alias ‘Job’, fue una de las personas de mayor confianza de ‘Don Berna’. ‘Job’, quien fue asesinado el pasado mes de julio, fue el encargado de ejecutar la estrategia de los ex paramilitares. Acompañó al abogado de ‘Berna’ en por lo menos una de sus reuniones con funcionarios de la Presidencia de la República en el Palacio de Nariño
PUBLICIDAD
'Don Berna' y sus hombres decidieron entonces pescar en el río revuelto que producía ese choque institucional. La estrategia del ex jefe paramilitar fue tan siniestra como efectiva: realizar grabaciones clandestinas a diferentes personas con el objetivo de recaudar 'pruebas' para tratar de comprometer, y eventualmente chantajear, tanto al gobierno como a la Corte.
La grabaciones de 'Berna'
'Don Berna', quien se encontraba recluido en la cárcel La Picota, empezó a realizar grabaciones indiscriminadas a varios de sus compañeros de reclusión, la mayoría ex paramilitares. Uno de los personajes a los que más grabó fue el ex jefe de informática del DAS Rafael García, quien es el principal testigo en el caso de Jorge Noguera y la infiltración paramilitar en el DAS. En una de las muchas conversaciones a las que tuvo acceso SEMANA, 'Berna'conversa con García durante más de una hora. En el diálogo García le contó al ex comandante paramilitar detalles sobre su proceso penal y la forma como ayudaban desde el DAS a las AUC, entre muchos otros temas.
En esa conversación 'Berna' buscaba sacarle a García información que pudiera comprometer al presidente Uribe. No es de extrañar entonces que le preguntara en varias oportunidades sobre el jefe de Estado. "¿Cuántas veces se reunió usted con Uribe?", le pregunta 'Berna' al ex jefe de infórmática del DAS. "Don Diego (nombre real de 'Berna'), yo iba mucho con Jorge Noguera allá pero, que yo recuerde, tres veces significativas. Pero mire, don Diego, lo importante es que Uribe no aguanta un testimonio mío hoy día, que yo dé una entrevista, por ejemplo, en el 'Washington Post', Uribe no la aguanta", dice García en la grabación.
Para evitar que García sospechara que lo estaban grabando, 'Don Berna' dejó que hablara extensamente sobre gran variedad de temas. El ex jefe paramilitar esperaba entonces el momento adecuado y nuevamente le ponía el tema del Presidente o de personas cercanas al gobierno.
—"Me imagino el interés del FBI por charlar con usted sobre todos esos temas...", dijo 'Berna' en otro de los apartes de una de las conversaciones.
—"El tipo del FBI que vino me dijo: tu nos vas a decir todo lo que pasó en el DAS, el otro del FBI que vino me dijo que venía por el tema de las filtraciones en el DAS", contesta García.
—"¿Pero le preguntaron por Uribe?", dice 'Berna'.
—"No, no me preguntaron por nombres, sino por los del DAS... el lío es lo que siempre hemos hablado, Jorge Noguera para ellos es mucho más importante que cualquiera de ustedes porque Jorge era el jefe de la inteligencia y su jefe inmediato era Uribe...." .
Durante varios meses 'Berna' utilizó parte de su tiempo en La Picota para recolectar decenas de horas de grabaciones de este estilo con las que pretendía tener una especie de 'seguro' que pudiera usar en contra el gobierno en el momento adecuado.
Pero 'Berna', como buen mafioso, no se la jugó por un solo bando. Sus hombres de confianza se dedicaron a hacer grabaciones que buscaban enlodar a miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Uno de los encargados de hacer esa labor era Diego Álvarez, el abogado de 'Berna'. SEMANA obtuvo videos y grabaciones que el defensor del ex paramilitar hizo clandestinamente y que después fueron entregadas a funcionarios del Palacio de Nariño. Uno de los videos más interesantes fue realizado el 21 de diciembre de 2007 en la oficina del defensor de 'Berna'.
En la cámara, escondida en una esquina de la oficina, está registrada una larga conversación en la cual un hombre habla con el abogado de 'Berna'. El sujeto se presenta a nombre de la Corte Suprema y en el transcurso de la charla le hace escandalosos ofrecimientos al abogado del jefe paramilitar. Entre otras cosas, le dice que puede conseguirle beneficios a 'Berna' a cambio de que declare o ayude con información a la Corte sobre políticos de Antioquia, Santander y Cundinamarca, entre otros. Le dice, también, que es necesario que 'Berna' refuerce las versiones de la ex congresista detenida Rocío Arias. Y en otro aparte, el hombre le pide al abogado de 'Berna' 15.000 dólares para evitar que el ex jefe paramilitar sea trasladado a la cárcel de Cómbita.
El hombre siempre se presenta como enviado de la Corte, pero en realidad no tiene vinculación formal con esa corporación. Su nombre es Henry Anaya y es un abogado de Barrancabermeja que hasta mayo pasado, cuando fue nombrado registrador en ese municipio, se desempeñaba como veedor cívico en esa ciudad. Anaya es bastante conocido en altos círculos de la justicia. Tiene muy buenos contactos y amigos en la Fiscalía General, en la Procuraduría y en la Corte Suprema. No es inusual verlo recorrer como Pedro por su casa los corredores y los despachos de fiscales y magistrados.
Lo que resulta sin duda comprometedor es que tanto en el video como en las grabaciones de audio clandestinas que realizó el abogado de 'Berna', Anaya siempre actúa y habla como si lo hiciera a nombre de la Corte (ver recuadro).
¿Por qué este hombre terminó hablando con el abogado de 'Berna' y aparece en un video realizando cuestionables ofrecimientos a nombre de la Corte Suprema? La respuesta es sencilla. Cuando el jefe paramilitar, su abogado y otros de sus hombres de confianza diseñaron la estrategia de hacer grabaciones clandestinas, sabían que una de las formas más eficaces y rápidas de enlodar a la Corte era usando a Anaya. Los hombres de 'Berna' conocían de las buenas relaciones y la amistad que Anaya tenía con algunos magistrados de la Corte y por eso lo contactaron, según le comentó a SEMANA uno de los hombres artífices del complot.
Anaya terminó convertido en un alfil clave para la estrategia que los paramilitares tenían contra el alto tribunal y en particular contra el investigador principal, Iván Velásquez.
La carnada era perfecta: Anaya conocía al magistrado Velásquez desde hace varios meses, ya que le había llevado testigos potenciales en procesos que adelantaba la Corte. A través de Anaya, el abogado de 'Berna' logró reunirse con el magistrado Velásquez para una supuesta colaboración del ex jefe paramilitar con la justicia. Pero todo era parte de una trampa. Los paras querían grabarlo a escondidas e inducirlo a cometer errores o irregularidades que luego ellos podrían ofrecerle al gobierno.
Velásquez acudió a varias citas, a petición del abogado de 'Berna' y de Anaya con el argumento de mirar la posibilidad de que el ex comandante paramilitar declarara en algunos de los procesos de la para-política. SEMANA tuvo acceso a esas conversaciones que los paras grabaron clandestinamente.
En varias de ellas, el abogado de 'Berna' le dice que su cliente está dispuesto a ayudar en ciertas investigaciones a cambio de algunos beneficios. Velásquez le explica cuáles son los beneficios que la ley contempla y le dice que la colaboración de 'Berna' es importante para aclarar investigaciones en varios departamentos como Antioquia y Santander.
A estas alturas, el complot de los paramilitares iba sólo a mitad de camino.
Las reuniones en Palacio
Llenos de grabaciones, videos clandestinos y engaños, a los paras les llegó a hora de decidir por cuál bando irse. El 3 de abril fue la fecha en la que 'Berna' y sus hombres de confianza adoptaron la decisión de tomar partido por el Palacio de Nariño, ya que ese día el Presidente firmó la resolución que autorizaba extraditar a Estados Unidos de Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco'. Esa decisión sorprendió y dejó muy preocupado a 'Berna', pues estaba seguro de que él podía ser el próximo en ser extraditado.
Antonio López, alias 'Job', el hombre que durante muchos años fue la mano derecha de 'Berna' y quien fue asesinado el mes pasado, le contó a SEMANA en ese entonces que la decisión de extraditar a 'Berna' dependía sólo de la firma del Presidente y por eso habían decidido 'ayudarle' al Palacio de Nariño en la pelea contra la Corte entregando los videos y las grabaciones que ellos tenían del magistrado, y el video de Anaya.
'Berna' esperaba que a cambio de esto pudieran dilatar su extradición. Aunque el ex jefe paramilitar sabía que era inevitable que terminara en una cárcel en Estados Unidos, el interés de ganar tiempo básicamente consistía en que necesitaba varios meses para consolidar su negociación con la justicia estadounidense. Adicionalmente quería organizar sus estructuras mafiosas en Medellín, que estaban en crisis debido al enfrentamiento con alias 'Don Mario'. 'Berna' dio la orden de que le entregaran todo al gobierno, directamente al círculo más cercano del Presidente. Sabía que en la efervescencia de la pelea entre el gobierno y la Corte, los funcionarios del gobierno iban a frotarse las manos con sus grabaciones que supuestamente dejaban muy mal parado al alto tribunal.
'Job' le dijo a SEMANA que ingresó al Palacio de Nariño para entregar las grabaciones al secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo. Del Castillo reconoció a SEMANA que en tres oportunidades había recibido al abogado de 'Berna' y en una de ellas había asistido 'Job'. En esa reunión del 23 de abril estuvo presente también el secretario de Prensa, César Mauricio Velásquez, según le confirmó él mismo a la revista.
Velásquez dijo que 'Job', a quien conoció cuando era miembro de la comisión de conciliación, había pedido que asistiera. Aunque 'Job' fungía como emisario de 'Berna', vocero de los desmovilizados en Medellín, en ese momento todos los organismos de inteligencia del Estado lo tenían en sus organigramas como integrante de la temida Oficina de Envigado. Eso no fue inconveniente para que entrara al Palacio de Nariño. Del Castillo dijo desconocer esa información.
En esa última cita, que duró una hora, los dos enviados de 'Berna' salieron de la Presidencia poco antes de las 9 de la noche. 'Job' hizo dos llamadas en cuanto salió. La primera a un amigo suyo, otro desmovilizado llamado Rodrigo Zapata, y la otra a 'Berna', en La Picota, para comentarles que le había ido "muy bien" en "La casa de Nari".
Del Castillo aceptó haber recibido el material de los enviados de 'Berna'. Dijo que había accedido a esos encuentros porque el abogado del ex jefe paramilitar decía tener pruebas de una conspiración de la Corte contra el gobierno. SEMANA conoció que la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, fue invitada a las reuniones con los emisarios de los paramilitares pero, dados los personajes y el motivo de los encuentros, no quiso asistir a ninguna.
Las versiones sobre qué pasó en esa última reunión difieren. Del Castillo dijo que 'Job' y compañía no pidieron nada a cambio, y que sólo querían apoyar a un gobierno que era víctima de un complot de la Corte. Dijo, además, que sabía que sus reuniones en Palacio con el abogado de 'Berna' estaban siendo grabadas clandestinamente por ese abogado.
Lo que más sorprende es que no le parezca grave que las grabaciones que le entregaron para salpicar a la Corte fueron hechas de manera clandestina y con propósitos turbios.
En resumen, el abogado de un delincuente como 'Berna' y un desmovilizado (con un pie en la ilegalidad) como 'Job' grabaron a escondidas al magistrado estrella de la para-política y les entregaron ese material a altos funcionarios del gobierno con el propósito de minar la credibilidad de la Corte Suprema y, éstos, en vez de denunciarlo a las autoridades, prefirieron guardar un silencio cómplice.
Como si esto fuera poco, buscaron una coartada. Para evitar que queden evidencias de que fueron los paramilitares los que entregaron grabaciones clandestinas, SEMANA confirmó con altos integrantes de organismos de inteligencia que un funcionario de Palacio de Nariño llamó al DAS para solicitar instalar micrófonos ocultos e interceptar líneas telefónicas, entre ellas las del magistrado Velásquez y la del hombre del video, Anaya. El objetivo era que cuando se filtrara la información, las grabaciones tuvieran un halo más oficial que ilegal. En el DAS la propuesta causó indignación y fue rechazada.
SEMANA pudo establecer que algunas de las grabaciones hechas por los paramilitares fueron filtradas a por lo menos un medio por funcionarios de Palacio.
Es evidente que los paramilitares no lograron su principal objetivo: dilatar la extradición de 'Berna', que fue efectiva el 7 de mayo. Lo que deja un mal sabor y múltiples interrogantes es por qué los altos funcionarios de Palacio les siguieron el plan perverso a los ex paramilitares.
¿Qué hacen el secretario jurídico y el jefe de Prensa de la Casa de Nariño recibiendo abogados de jefes paramilitares y temidos desmovilizados que llevan grabaciones clandestinas para perjudicar a la Corte? ¿Es tanta la paranoia con la Corte Suprema, que cualquier elemento que puedan utilizar en contra del alto tribunal amerite un cónclave del círculo de Presidencia? Si eran cosas sin importancia, como le dijo Del Castillo a SEMANA, ¿por qué aceptó tres reuniones? ¿Por qué mantuvieron en secreto esos contactos y no los pusieron en conocimiento de las autoridades judiciales? ¿No era más prudente seguir los conductos regulares, como enviar a los ex paramilitares a la Fiscalía -con material incluido-, en vez de guardarse la información y luego filtrarla?
Este lamentable episodio deja muy en evidencia hasta qué punto están resquebrajadas las relaciones entre la Casa de Nariño y la Corte Suprema. También deja serios interrogantes sobre la conducta de los altos funcionarios de Palacio que, en vez de hacerles el juego a estrategias maquiavélicas de los paramilitares deberían dedicarse a la función por la cual les pagan los colombianos: darle buenos consejos al Presidente para ayudarle en su gobierno.
Cámara oculta
En este video, Henry Anaya, quien se hace pasar por enviado de la Corte aunque no tiene ningún vínculo con ésta, ofrece al abogado de Don Berna, Diego Álvarez, conseguirle beneficios jurídicos y le pide dinero a cambio. Así los paramilitares desmovilizados pretendían enlodar a los magistrados. Anaya trabajaba entonces como veedor cívico en Barrancabermeja.
En medio de su guerra contra la Corte Suprema de Justicia, el círculo íntimo del Presidente llegó al extremo de conversar en secreto con los hombres del ex jefe paramilitar 'Don Berna'.
Fecha: 08/23/2008 -1373
En los últimos meses el país ha visto cómo el pulso entre la Corte Suprema y el gobierno por el escándalo de la para-política se ha convertido en una batalla campal. De la sana separación de poderes se ha llegado a insultos, demandas y guerra de comunicados que convierten este episodio en una pelea de barrio. Lo que a ningún colombiano se le pasaba por la mente es que en este duro enfrentamiento algunos de los más cercanos colaboradores del Presidente se reunieran en la Casa de Nariño con ex paramilitares (aunque algunos seguían delinquiendo) para terminar salpicados en un complot que había armado un jefe para, con miras a enlodar a la Corte. SEMANA tiene audios y videos que revelan cómo el jefe paramilitar 'Don Berna' y sus hombres de confianza diseñaron un maquiavélico plan que consistió en grabar clandestinamente a miembros de la Corte -y otras personas- con el fin de llevarle las grabaciones al gobierno a cambio de beneficios.
Que los paramilitares, en este caso 'Don Berna' y compañía, estén en complots, grabando sin consentimiento, y en campañas de desprestigio que capitalizaban la pugna entre el gobierno y la Corte para sacar tajada, es grave pero no sorprende. Al fin y al cabo, son delincuentes con un modus operandi mafioso. Lo que sí sorprende es que en el corazón de la Casa de Nariño, a escasos metros de la oficina del presidente Álvaro Uribe, el secretario jurídico y el jefe de prensa se reúnan con los enviados de 'Don Berna' para recibirles información contra la Corte. ¿Y qué querían los paras a cambio? Dilatar la extradición de 'Don Berna', según dijeron los propios representantes de los paramilitares a SEMANA.
El complot paramilitar se comenzó a fraguar desde diciembre pasado. Para ese momento, la pelea entre la Corte Suprema y la Presidencia llevaba varios meses y atravesaba por uno de los momentos más candentes por cuenta de la afirmación de un paramilitar llamado José Orlando Moncada. A comienzos de octubre, ese hombre, conocido con el alias 'Tasmania', le envió una carta al Presidente en la que le decía que había sido presionado por el investigador estrella de la Corte en la para-política, el magistrado Iván Velásquez, para que declarara que Uribe era uno de los autores intelectuales del asesinato de otro paramilitar conocido con el alias de 'René'. El Presidente acusó públicamente a Velásquez y pidió que fuera investigado. Más tarde se demostró que todo era un montaje, pero en esos momentos el episodio de 'Tasmania' tenía crispada la pelea entre el Ejecutivo y la Corte Suprema.
La cámara oculta
Video: Cámara oculta
Preguntas sobre alocución presidencial
La Corte Suprema pide investigar a los funcionarios que se reunieron con 'paras'
En el nombre de América
Al rojo vivo está la pugna de Uribe con la oposición y con la Corte
"Que no me amenacen con la Corte Penal"
‘Job’ no fue registrado
“Los ataques del Presidente Uribe contra el liberalismo son parte de un plan sistemático de desestabilización”
Comunicado del Partido Liberal
Comunicado del ex presidente César Gaviria Trujillo
El ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, buscó dilatar su extradición jugando a la desconfianza entre el Palacio de Nariño y la Corte Suprema. Esta pelea lleva casi dos años sin resolverse El magistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez también cayó en la trampa de los paramilitares Antonio López, alias ‘Job’, fue una de las personas de mayor confianza de ‘Don Berna’. ‘Job’, quien fue asesinado el pasado mes de julio, fue el encargado de ejecutar la estrategia de los ex paramilitares. Acompañó al abogado de ‘Berna’ en por lo menos una de sus reuniones con funcionarios de la Presidencia de la República en el Palacio de Nariño
PUBLICIDAD
'Don Berna' y sus hombres decidieron entonces pescar en el río revuelto que producía ese choque institucional. La estrategia del ex jefe paramilitar fue tan siniestra como efectiva: realizar grabaciones clandestinas a diferentes personas con el objetivo de recaudar 'pruebas' para tratar de comprometer, y eventualmente chantajear, tanto al gobierno como a la Corte.
La grabaciones de 'Berna'
'Don Berna', quien se encontraba recluido en la cárcel La Picota, empezó a realizar grabaciones indiscriminadas a varios de sus compañeros de reclusión, la mayoría ex paramilitares. Uno de los personajes a los que más grabó fue el ex jefe de informática del DAS Rafael García, quien es el principal testigo en el caso de Jorge Noguera y la infiltración paramilitar en el DAS. En una de las muchas conversaciones a las que tuvo acceso SEMANA, 'Berna'conversa con García durante más de una hora. En el diálogo García le contó al ex comandante paramilitar detalles sobre su proceso penal y la forma como ayudaban desde el DAS a las AUC, entre muchos otros temas.
En esa conversación 'Berna' buscaba sacarle a García información que pudiera comprometer al presidente Uribe. No es de extrañar entonces que le preguntara en varias oportunidades sobre el jefe de Estado. "¿Cuántas veces se reunió usted con Uribe?", le pregunta 'Berna' al ex jefe de infórmática del DAS. "Don Diego (nombre real de 'Berna'), yo iba mucho con Jorge Noguera allá pero, que yo recuerde, tres veces significativas. Pero mire, don Diego, lo importante es que Uribe no aguanta un testimonio mío hoy día, que yo dé una entrevista, por ejemplo, en el 'Washington Post', Uribe no la aguanta", dice García en la grabación.
Para evitar que García sospechara que lo estaban grabando, 'Don Berna' dejó que hablara extensamente sobre gran variedad de temas. El ex jefe paramilitar esperaba entonces el momento adecuado y nuevamente le ponía el tema del Presidente o de personas cercanas al gobierno.
—"Me imagino el interés del FBI por charlar con usted sobre todos esos temas...", dijo 'Berna' en otro de los apartes de una de las conversaciones.
—"El tipo del FBI que vino me dijo: tu nos vas a decir todo lo que pasó en el DAS, el otro del FBI que vino me dijo que venía por el tema de las filtraciones en el DAS", contesta García.
—"¿Pero le preguntaron por Uribe?", dice 'Berna'.
—"No, no me preguntaron por nombres, sino por los del DAS... el lío es lo que siempre hemos hablado, Jorge Noguera para ellos es mucho más importante que cualquiera de ustedes porque Jorge era el jefe de la inteligencia y su jefe inmediato era Uribe...." .
Durante varios meses 'Berna' utilizó parte de su tiempo en La Picota para recolectar decenas de horas de grabaciones de este estilo con las que pretendía tener una especie de 'seguro' que pudiera usar en contra el gobierno en el momento adecuado.
Pero 'Berna', como buen mafioso, no se la jugó por un solo bando. Sus hombres de confianza se dedicaron a hacer grabaciones que buscaban enlodar a miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Uno de los encargados de hacer esa labor era Diego Álvarez, el abogado de 'Berna'. SEMANA obtuvo videos y grabaciones que el defensor del ex paramilitar hizo clandestinamente y que después fueron entregadas a funcionarios del Palacio de Nariño. Uno de los videos más interesantes fue realizado el 21 de diciembre de 2007 en la oficina del defensor de 'Berna'.
En la cámara, escondida en una esquina de la oficina, está registrada una larga conversación en la cual un hombre habla con el abogado de 'Berna'. El sujeto se presenta a nombre de la Corte Suprema y en el transcurso de la charla le hace escandalosos ofrecimientos al abogado del jefe paramilitar. Entre otras cosas, le dice que puede conseguirle beneficios a 'Berna' a cambio de que declare o ayude con información a la Corte sobre políticos de Antioquia, Santander y Cundinamarca, entre otros. Le dice, también, que es necesario que 'Berna' refuerce las versiones de la ex congresista detenida Rocío Arias. Y en otro aparte, el hombre le pide al abogado de 'Berna' 15.000 dólares para evitar que el ex jefe paramilitar sea trasladado a la cárcel de Cómbita.
El hombre siempre se presenta como enviado de la Corte, pero en realidad no tiene vinculación formal con esa corporación. Su nombre es Henry Anaya y es un abogado de Barrancabermeja que hasta mayo pasado, cuando fue nombrado registrador en ese municipio, se desempeñaba como veedor cívico en esa ciudad. Anaya es bastante conocido en altos círculos de la justicia. Tiene muy buenos contactos y amigos en la Fiscalía General, en la Procuraduría y en la Corte Suprema. No es inusual verlo recorrer como Pedro por su casa los corredores y los despachos de fiscales y magistrados.
Lo que resulta sin duda comprometedor es que tanto en el video como en las grabaciones de audio clandestinas que realizó el abogado de 'Berna', Anaya siempre actúa y habla como si lo hiciera a nombre de la Corte (ver recuadro).
¿Por qué este hombre terminó hablando con el abogado de 'Berna' y aparece en un video realizando cuestionables ofrecimientos a nombre de la Corte Suprema? La respuesta es sencilla. Cuando el jefe paramilitar, su abogado y otros de sus hombres de confianza diseñaron la estrategia de hacer grabaciones clandestinas, sabían que una de las formas más eficaces y rápidas de enlodar a la Corte era usando a Anaya. Los hombres de 'Berna' conocían de las buenas relaciones y la amistad que Anaya tenía con algunos magistrados de la Corte y por eso lo contactaron, según le comentó a SEMANA uno de los hombres artífices del complot.
Anaya terminó convertido en un alfil clave para la estrategia que los paramilitares tenían contra el alto tribunal y en particular contra el investigador principal, Iván Velásquez.
La carnada era perfecta: Anaya conocía al magistrado Velásquez desde hace varios meses, ya que le había llevado testigos potenciales en procesos que adelantaba la Corte. A través de Anaya, el abogado de 'Berna' logró reunirse con el magistrado Velásquez para una supuesta colaboración del ex jefe paramilitar con la justicia. Pero todo era parte de una trampa. Los paras querían grabarlo a escondidas e inducirlo a cometer errores o irregularidades que luego ellos podrían ofrecerle al gobierno.
Velásquez acudió a varias citas, a petición del abogado de 'Berna' y de Anaya con el argumento de mirar la posibilidad de que el ex comandante paramilitar declarara en algunos de los procesos de la para-política. SEMANA tuvo acceso a esas conversaciones que los paras grabaron clandestinamente.
En varias de ellas, el abogado de 'Berna' le dice que su cliente está dispuesto a ayudar en ciertas investigaciones a cambio de algunos beneficios. Velásquez le explica cuáles son los beneficios que la ley contempla y le dice que la colaboración de 'Berna' es importante para aclarar investigaciones en varios departamentos como Antioquia y Santander.
A estas alturas, el complot de los paramilitares iba sólo a mitad de camino.
Las reuniones en Palacio
Llenos de grabaciones, videos clandestinos y engaños, a los paras les llegó a hora de decidir por cuál bando irse. El 3 de abril fue la fecha en la que 'Berna' y sus hombres de confianza adoptaron la decisión de tomar partido por el Palacio de Nariño, ya que ese día el Presidente firmó la resolución que autorizaba extraditar a Estados Unidos de Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco'. Esa decisión sorprendió y dejó muy preocupado a 'Berna', pues estaba seguro de que él podía ser el próximo en ser extraditado.
Antonio López, alias 'Job', el hombre que durante muchos años fue la mano derecha de 'Berna' y quien fue asesinado el mes pasado, le contó a SEMANA en ese entonces que la decisión de extraditar a 'Berna' dependía sólo de la firma del Presidente y por eso habían decidido 'ayudarle' al Palacio de Nariño en la pelea contra la Corte entregando los videos y las grabaciones que ellos tenían del magistrado, y el video de Anaya.
'Berna' esperaba que a cambio de esto pudieran dilatar su extradición. Aunque el ex jefe paramilitar sabía que era inevitable que terminara en una cárcel en Estados Unidos, el interés de ganar tiempo básicamente consistía en que necesitaba varios meses para consolidar su negociación con la justicia estadounidense. Adicionalmente quería organizar sus estructuras mafiosas en Medellín, que estaban en crisis debido al enfrentamiento con alias 'Don Mario'. 'Berna' dio la orden de que le entregaran todo al gobierno, directamente al círculo más cercano del Presidente. Sabía que en la efervescencia de la pelea entre el gobierno y la Corte, los funcionarios del gobierno iban a frotarse las manos con sus grabaciones que supuestamente dejaban muy mal parado al alto tribunal.
'Job' le dijo a SEMANA que ingresó al Palacio de Nariño para entregar las grabaciones al secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo. Del Castillo reconoció a SEMANA que en tres oportunidades había recibido al abogado de 'Berna' y en una de ellas había asistido 'Job'. En esa reunión del 23 de abril estuvo presente también el secretario de Prensa, César Mauricio Velásquez, según le confirmó él mismo a la revista.
Velásquez dijo que 'Job', a quien conoció cuando era miembro de la comisión de conciliación, había pedido que asistiera. Aunque 'Job' fungía como emisario de 'Berna', vocero de los desmovilizados en Medellín, en ese momento todos los organismos de inteligencia del Estado lo tenían en sus organigramas como integrante de la temida Oficina de Envigado. Eso no fue inconveniente para que entrara al Palacio de Nariño. Del Castillo dijo desconocer esa información.
En esa última cita, que duró una hora, los dos enviados de 'Berna' salieron de la Presidencia poco antes de las 9 de la noche. 'Job' hizo dos llamadas en cuanto salió. La primera a un amigo suyo, otro desmovilizado llamado Rodrigo Zapata, y la otra a 'Berna', en La Picota, para comentarles que le había ido "muy bien" en "La casa de Nari".
Del Castillo aceptó haber recibido el material de los enviados de 'Berna'. Dijo que había accedido a esos encuentros porque el abogado del ex jefe paramilitar decía tener pruebas de una conspiración de la Corte contra el gobierno. SEMANA conoció que la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, fue invitada a las reuniones con los emisarios de los paramilitares pero, dados los personajes y el motivo de los encuentros, no quiso asistir a ninguna.
Las versiones sobre qué pasó en esa última reunión difieren. Del Castillo dijo que 'Job' y compañía no pidieron nada a cambio, y que sólo querían apoyar a un gobierno que era víctima de un complot de la Corte. Dijo, además, que sabía que sus reuniones en Palacio con el abogado de 'Berna' estaban siendo grabadas clandestinamente por ese abogado.
Lo que más sorprende es que no le parezca grave que las grabaciones que le entregaron para salpicar a la Corte fueron hechas de manera clandestina y con propósitos turbios.
En resumen, el abogado de un delincuente como 'Berna' y un desmovilizado (con un pie en la ilegalidad) como 'Job' grabaron a escondidas al magistrado estrella de la para-política y les entregaron ese material a altos funcionarios del gobierno con el propósito de minar la credibilidad de la Corte Suprema y, éstos, en vez de denunciarlo a las autoridades, prefirieron guardar un silencio cómplice.
Como si esto fuera poco, buscaron una coartada. Para evitar que queden evidencias de que fueron los paramilitares los que entregaron grabaciones clandestinas, SEMANA confirmó con altos integrantes de organismos de inteligencia que un funcionario de Palacio de Nariño llamó al DAS para solicitar instalar micrófonos ocultos e interceptar líneas telefónicas, entre ellas las del magistrado Velásquez y la del hombre del video, Anaya. El objetivo era que cuando se filtrara la información, las grabaciones tuvieran un halo más oficial que ilegal. En el DAS la propuesta causó indignación y fue rechazada.
SEMANA pudo establecer que algunas de las grabaciones hechas por los paramilitares fueron filtradas a por lo menos un medio por funcionarios de Palacio.
Es evidente que los paramilitares no lograron su principal objetivo: dilatar la extradición de 'Berna', que fue efectiva el 7 de mayo. Lo que deja un mal sabor y múltiples interrogantes es por qué los altos funcionarios de Palacio les siguieron el plan perverso a los ex paramilitares.
¿Qué hacen el secretario jurídico y el jefe de Prensa de la Casa de Nariño recibiendo abogados de jefes paramilitares y temidos desmovilizados que llevan grabaciones clandestinas para perjudicar a la Corte? ¿Es tanta la paranoia con la Corte Suprema, que cualquier elemento que puedan utilizar en contra del alto tribunal amerite un cónclave del círculo de Presidencia? Si eran cosas sin importancia, como le dijo Del Castillo a SEMANA, ¿por qué aceptó tres reuniones? ¿Por qué mantuvieron en secreto esos contactos y no los pusieron en conocimiento de las autoridades judiciales? ¿No era más prudente seguir los conductos regulares, como enviar a los ex paramilitares a la Fiscalía -con material incluido-, en vez de guardarse la información y luego filtrarla?
Este lamentable episodio deja muy en evidencia hasta qué punto están resquebrajadas las relaciones entre la Casa de Nariño y la Corte Suprema. También deja serios interrogantes sobre la conducta de los altos funcionarios de Palacio que, en vez de hacerles el juego a estrategias maquiavélicas de los paramilitares deberían dedicarse a la función por la cual les pagan los colombianos: darle buenos consejos al Presidente para ayudarle en su gobierno.
Cámara oculta
En este video, Henry Anaya, quien se hace pasar por enviado de la Corte aunque no tiene ningún vínculo con ésta, ofrece al abogado de Don Berna, Diego Álvarez, conseguirle beneficios jurídicos y le pide dinero a cambio. Así los paramilitares desmovilizados pretendían enlodar a los magistrados. Anaya trabajaba entonces como veedor cívico en Barrancabermeja.
Diez años desaparecidos en la sierra
Bajo un espeso bosque de la Sierra Nevada de Santa Marta, un equipo judicial de Justicia y Paz encontró, por fin, los restos de tres jóvenes asesinados por los paramilitares en 1998. Para lograrlo fueron necesarios, un helicóptero, varios guías y más de 120 excavaciones.
Por Tadeo Martinez, corresponsal de Semana en la costa caribe
Fecha: 08/22/2008 -
Eduardo Andrés Delgado Torres, un bogotano estudiante de biología de 22 años; José "Pipo" Hidalgo, un samario dedicado al turismo ecológico y Marco Micheletti, un italiano interesado en conocer las condiciones de los cultivos de moras y frambuesas en la Sierra Nevada de Santa Marta, desaparecieron en julio de 1998 y nunca más sus familiares y amigos volvieron a saber de ellos.
Hasta que el pasado viernes 15 de agosto la coordinadora de la seccional de Justicia y Paz, fiscal Zenaida López, y un equipo de 14 funcionarios de la Fiscalía y el CTI encontraron en dos fosas, a 1.900 metros de altura, los restos óseos de los tres jóvenes.
Según las versiones de los familiares dadas a la Fiscalía, los tres muchachos se encontraban en la finca Miraflores de propiedad de la familia Delgado. Eduardo Andrés estaba esperando la admisión de una universidad en el exterior donde continuaría sus estudios en biología y el italiano Marco Micheletti estaba interesado en invertir en cultivos de frutas.
Las pistas sobre el crimen y la desaparición comenzaron a despejarse hace pocas semanas, cuando compareció ante Justicia y Paz, Rigoberto Rojas, conocido con el alias de "Rigo", quien aceptó los cargos de desaparición forzada y homicidio en persona protegida, con el argumento de que los tres jóvenes eran simpatizantes del Eln. Hace un año la madre de uno de los tres muchachos se había entrevistado con la fiscal Zenaida López y le había pedido encarecidamente que buscaran a su hijo y a sus amigos.
La población más cerca de la finca de la familia Delgado es Minca y es una zona fría en la que durante años han convivido las etnias indígenas con los grupos armados. A "Pipo" Hidalgo lo conocían porque se dedicaba al turismo ecológico en la Sierra Nevada. Entre los tres existía una estrecha amistad y Michelletti, era novio de una hermana de Hidalgo.
El año en que desaparecieron Delgado, Hidalgo y Michelletti, la zona era patrullada por hombres armados al mando del exparamilitar Rigoberto Rojas, hijo de Adán "El negro" Rojas, miembros ambos de una familia que venía de Tolima y se estableció en La Sierra Nevada a finales de los años sesenta. El "negro" Adán y su banda echaron raíces en la región, son temidos y han sido crueles y sanguinarios. Han estado al servicio del mejor postor, narcotráfico y paramilitares. La mayoría de los miembros de la familia hoy están presos, pero uno de ellos, Víctor Rojas, conocido con el alias de "Jagui", comanda un grupo de emergentes en la frontera entre Córdoba y Antioquia y lo señalan como el posible autor de las masacres ocurridas en Tierralta, Puerto Libertador y Valencia en Córdoba.
Después de la información dada por alias "Rigo", comenzó la preparación de la comisión que adelantaría la búsqueda de dos fosas a 1.799 metros sobre el nivel del mar. El equipo se trasladó a Santa Marta y desde la brigada partieron en la madrugada del martes 12 de agosto en helicóptero. Iban preparados para dos días máximo, pero hacer cálculos en la búsqueda de desaparecidos es imposible.
Las pistas dadas por el exparamilitar y las orientaciones de los guías, eran pocas. El primer y segundo día, fueron fallidos. Tuvieron que enviar por otro guía que al parecer sabía de la existencia de unas posibles fosas porque había pasado por una zona donde la tierra estaba removida y habían tumbado unos árboles. En total, a la comisión de exhumaciones de la fiscalía la acompañaron cuatro guías. Pero en diez años la tierra se sienta y donde no había árboles hoy había un bosque.
Después de abrir 48 huecos aparecieron los primeros restos, unas botas pantaneras y un termo verde. Luego una camiseta GAP y otras prensa de vestir. Las fosas estaban bajo un frondoso bosque joven, verde y frío, en una ladera. Difícil de encontrar. En esa fosa hallaron un cuerpo, tendrían que abrir el jueves y viernes otras 85 veces la tierra para encontrar los otros dos cuerpos. En una fosa había dos restos más. La primera sepultura estaba a 75 centímetros y la segunda a 95 centímetros.
Hallaron los documentos, cédulas, licencias de conducir y carné de buzo de alguno de ellos. "es como buscar una aguja en una pajar", dice la fiscal Zenaida López. El suelo, dice, es muy blando. "Las pistas que nos habían dado estaban ocultas por la vegetación".
La mañana que desaparecieron, el 11 de junio de 1998, "Pipo" Hidalgo había llamado a su hermana para decirle que iban para Minca. Al día siguiente, al no saber de ellos, subió y encontró la mesa tal y como la habían dejado el día anterior, los platos y vasos del último desayuno sin recoger.
Los Rojas patrullaban entre Bonda y Masinga, una zona en la que también había presencia del Eln. Los tres jóvenes estaban preocupados porque cerca de donde ellos estaban un grupo de hombres estaban talando el bosque.
Bajo un espeso bosque de la Sierra Nevada de Santa Marta, un equipo judicial de Justicia y Paz encontró, por fin, los restos de tres jóvenes asesinados por los paramilitares en 1998. Para lograrlo fueron necesarios, un helicóptero, varios guías y más de 120 excavaciones.
Por Tadeo Martinez, corresponsal de Semana en la costa caribe
Fecha: 08/22/2008 -
Eduardo Andrés Delgado Torres, un bogotano estudiante de biología de 22 años; José "Pipo" Hidalgo, un samario dedicado al turismo ecológico y Marco Micheletti, un italiano interesado en conocer las condiciones de los cultivos de moras y frambuesas en la Sierra Nevada de Santa Marta, desaparecieron en julio de 1998 y nunca más sus familiares y amigos volvieron a saber de ellos.
Hasta que el pasado viernes 15 de agosto la coordinadora de la seccional de Justicia y Paz, fiscal Zenaida López, y un equipo de 14 funcionarios de la Fiscalía y el CTI encontraron en dos fosas, a 1.900 metros de altura, los restos óseos de los tres jóvenes.
Según las versiones de los familiares dadas a la Fiscalía, los tres muchachos se encontraban en la finca Miraflores de propiedad de la familia Delgado. Eduardo Andrés estaba esperando la admisión de una universidad en el exterior donde continuaría sus estudios en biología y el italiano Marco Micheletti estaba interesado en invertir en cultivos de frutas.
Las pistas sobre el crimen y la desaparición comenzaron a despejarse hace pocas semanas, cuando compareció ante Justicia y Paz, Rigoberto Rojas, conocido con el alias de "Rigo", quien aceptó los cargos de desaparición forzada y homicidio en persona protegida, con el argumento de que los tres jóvenes eran simpatizantes del Eln. Hace un año la madre de uno de los tres muchachos se había entrevistado con la fiscal Zenaida López y le había pedido encarecidamente que buscaran a su hijo y a sus amigos.
La población más cerca de la finca de la familia Delgado es Minca y es una zona fría en la que durante años han convivido las etnias indígenas con los grupos armados. A "Pipo" Hidalgo lo conocían porque se dedicaba al turismo ecológico en la Sierra Nevada. Entre los tres existía una estrecha amistad y Michelletti, era novio de una hermana de Hidalgo.
El año en que desaparecieron Delgado, Hidalgo y Michelletti, la zona era patrullada por hombres armados al mando del exparamilitar Rigoberto Rojas, hijo de Adán "El negro" Rojas, miembros ambos de una familia que venía de Tolima y se estableció en La Sierra Nevada a finales de los años sesenta. El "negro" Adán y su banda echaron raíces en la región, son temidos y han sido crueles y sanguinarios. Han estado al servicio del mejor postor, narcotráfico y paramilitares. La mayoría de los miembros de la familia hoy están presos, pero uno de ellos, Víctor Rojas, conocido con el alias de "Jagui", comanda un grupo de emergentes en la frontera entre Córdoba y Antioquia y lo señalan como el posible autor de las masacres ocurridas en Tierralta, Puerto Libertador y Valencia en Córdoba.
Después de la información dada por alias "Rigo", comenzó la preparación de la comisión que adelantaría la búsqueda de dos fosas a 1.799 metros sobre el nivel del mar. El equipo se trasladó a Santa Marta y desde la brigada partieron en la madrugada del martes 12 de agosto en helicóptero. Iban preparados para dos días máximo, pero hacer cálculos en la búsqueda de desaparecidos es imposible.
Las pistas dadas por el exparamilitar y las orientaciones de los guías, eran pocas. El primer y segundo día, fueron fallidos. Tuvieron que enviar por otro guía que al parecer sabía de la existencia de unas posibles fosas porque había pasado por una zona donde la tierra estaba removida y habían tumbado unos árboles. En total, a la comisión de exhumaciones de la fiscalía la acompañaron cuatro guías. Pero en diez años la tierra se sienta y donde no había árboles hoy había un bosque.
Después de abrir 48 huecos aparecieron los primeros restos, unas botas pantaneras y un termo verde. Luego una camiseta GAP y otras prensa de vestir. Las fosas estaban bajo un frondoso bosque joven, verde y frío, en una ladera. Difícil de encontrar. En esa fosa hallaron un cuerpo, tendrían que abrir el jueves y viernes otras 85 veces la tierra para encontrar los otros dos cuerpos. En una fosa había dos restos más. La primera sepultura estaba a 75 centímetros y la segunda a 95 centímetros.
Hallaron los documentos, cédulas, licencias de conducir y carné de buzo de alguno de ellos. "es como buscar una aguja en una pajar", dice la fiscal Zenaida López. El suelo, dice, es muy blando. "Las pistas que nos habían dado estaban ocultas por la vegetación".
La mañana que desaparecieron, el 11 de junio de 1998, "Pipo" Hidalgo había llamado a su hermana para decirle que iban para Minca. Al día siguiente, al no saber de ellos, subió y encontró la mesa tal y como la habían dejado el día anterior, los platos y vasos del último desayuno sin recoger.
Los Rojas patrullaban entre Bonda y Masinga, una zona en la que también había presencia del Eln. Los tres jóvenes estaban preocupados porque cerca de donde ellos estaban un grupo de hombres estaban talando el bosque.
Investigacion
El roscograma de la tierra en Colombia
La restitución de tierras a los desplazados es un elemento clave en la reparación a las víctimas del conflicto. Sin embargo, el Estado ha desvirtuado este modelo de acceso a la tierra premiando el interés particular, por sobre el general, según revela una investigación que presentó este jueves la senadora liberal Cecilia López.
Por César Paredes, periodista de Semana.com
Fecha: 08/22/2008 -
“Carimagua, un modelo desplazador”, es el nombre de la investigación hecha por la senadora del partido liberal Cecilia López, que revive el debate del acceso a la tierra en Colombia, y que fue presentado este jueves ante el Congreso. La investigación surgió del debate público que causó la entrega por parte del gobierno de tierras de una hacienda de ese nombre en el Meta a cultivadores privados de palma, en febrero pasado. Esas tierras habían sido prometidas antes a varias familias de campesinos desplazados.
En esa ocasión el gobierno se defendió con el argumento de que las tierras no eran aptas para el cultivo y que entregarlas en concesión al sector privado garantizaría la generación de empleo para los mismos desplazados. Pero se conoció que detrás del negocio de Carimagua había personas cercanas al Ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga y al coordinador de Acción Social, Luis Alfonso Hoyos con intereses personales y menos nobles que defender los derechos de los desplazados.
En la propuesta que el gobierno estuvo a punto de aceptar para entregar los predios a los palmeros participó una empresa de nombre Sapuga, de la cual uno de los miembros es Mario Escobar Aristizabal, tío del Ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga. Escobar Aristizabal también habría financiado campañas políticas de Luis Alfonso Hoyos Aristizabal, actual coordinador de Acción Social, según la investigación. La otra empresa interesada en el negocio fue Palmasol, donante de la campaña de Uribe.
Lea el documento completo: Carimagua, modelo desplazador
La indignación llegó a tal punto que sectores de la oposición convocaron a un debate para pedir la moción de censura al Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias.
En el capítulo “El debate sobre Carimagua”, la investigación se vale del emblemático caso de la hacienda que iba a ser entregada a los privados para hablar de los problemas que enfrentan los desplazados quienes tienen que abandonar sus tierras, y de la floja respuesta institucional de este gobierno. El estudio reseña como durante este gobierno el sector rural solo ha crecido una tercera parte del índice de crecimiento económico general del país, lo que demuestra el abandono del Estado a este sector económico.
Sin embargo advierte que no se trata de la discusión de la gestión del actual Ministro de Agricultura, sino de un debate más profundo: “es sobre el modelo de desarrollo que estamos (los colombianos) construyendo”.
En la investigación hecha por la senadora liberal y un equipo de investigadores, se pone en primer plano la falta de una política rural seria y se denuncia el histórico problema de la falta de una reforma agraria para permitir el acceso a la explotación de la tierra a los campesinos. En todos los momentos históricos, el Estado figura como actor determinante en el futuro de la tierra.
“Violencia y tierra han sido una dupla perturbadora desde los inicios de la nacionalidad y hoy vuelven a estar en el centro del conflicto. Entre cuatro y seis millones de hectáreas arrebatadas por la fuerza a tres millones de desplazados dan fe de la dramática situación que se vive actualmente el país, realidad que constituye una crisis humanitaria de diversas proporciones”, dice en síntesis el estudio en el capítulo que lleva por nombre: “La triste historia de la Tierra”.
En la última parte de este capítulo, la investigación alude a la última “contrarreforma agraria”, refiriéndose a las alianzas de narcotraficantes y paramilitares que terminó por agudizar el problema de la violencia rural, y por ratificar la tesis de que la tenencia de la tierra ha ido de la mano de la utilización de la violencia y del favorecimiento del interés particular por sobre el general.
La investigación pone de relieve el drama de los desplazados, cuya cantidad continúa ubicando al país en el deshonroso primer lugar de la lista de países con mayor número de personas que han tenido que dejar sus tierras a causa del conflicto. Recuerda que el Estado colombiano tiene la responsabilidad constitucional de garantizar la protección de sus derechos. Para esto cita tres fallos de la Corte Constitucional. Uno de ellos dice: “las autoridades están obligadas -por los medios que estimen conducentes – a corregir las visibles desigualdades sociales, a facilitar la inclusión y participación de sectores débiles, marginados y vulnerables de la población en la vida económica y social de la nación, y a estimular un mejoramiento progresivo de las condiciones materiales de existencia de los sectores más deprimidos de la sociedad”.
“Ante esto, ¿cómo respondió el gobierno?”, se pregunta la senadora Cecilia López en la investigación y procede a contar cómo fue que el gobierno en 2004, con apoyo de otros países y organismos internacionales planeó un proyecto ambiental de gran calado en la hacienda Carimagua, que pretendía beneficiar a desplazados y campesinos de la región, y después pretendió cambiar su destino para entregarlo en manos de particulares.
El documento incluye un“roscograma” (palabra acuñada por el propio presidente Álvaro Uribe para referirse al clientelismo en las instituciones del Estado) que da cuenta de quienes eran los principales beneficiados del proyecto que se pretendía llevar a cabo en la hacienda: personas cercanas al Presidente, entre ellos dos donantes de su campaña y familiares de miembros de su gabinete.
La investigación lista los documentos que demuestran que la tierra sí es viable para el cultivo, que sí se le había prometido a los desplazados y que sí había un proyecto ambiental para integrarla en los mercados verdes del mundo. Así rebate los argumentos con los que el gobierno pretendió justificar su decisión, y que según el estudio fueron “mentiras” de las que se valió para no cumplir con el proyecto inicial.
La investigación cuestiona la premisa de que son los grandes empresarios los ejes del desarrollo y los desplazados son “minusválidos productivos”. Y resalta que el 95 por ciento de los recursos del programa Agro Ingreso Seguro, consistente en subsidios del gobierno dedicados al sector agrícola, se entregan a grandes y medianos empresarios y sólo el 3 y el 4 por ciento se entregan a pequeños campesinos. En este punto concluye que a los desplazados el gobierno les exige requisitos incumplibles, “que impiden un real acceso a la tierra, en este caso, a subsidios”.
Finalmente, la investigación propone una salida de fondo a la situación humanitaria que atraviesan los desplazados aduciendo que “si la pérdida de la tierra por la violencia ha sido la causa más importante del desplazamiento, el acceso a la misma debe ser parte sustantiva de la solución”. Para esto, López asegura que son imprescindibles dos condiciones: que haya paz en el campo y que se lleve a cabo un verdadero proceso de modernización de la producción rural, “que no se puede limitar a la expansión de las llamadas islas de modernidad, como las flores y la palma de aceite entre otras opciones, que hoy se mezclan con las precarias agricultura y ganadería campesinas”.
www.semana.com
El roscograma de la tierra en Colombia
La restitución de tierras a los desplazados es un elemento clave en la reparación a las víctimas del conflicto. Sin embargo, el Estado ha desvirtuado este modelo de acceso a la tierra premiando el interés particular, por sobre el general, según revela una investigación que presentó este jueves la senadora liberal Cecilia López.
Por César Paredes, periodista de Semana.com
Fecha: 08/22/2008 -
“Carimagua, un modelo desplazador”, es el nombre de la investigación hecha por la senadora del partido liberal Cecilia López, que revive el debate del acceso a la tierra en Colombia, y que fue presentado este jueves ante el Congreso. La investigación surgió del debate público que causó la entrega por parte del gobierno de tierras de una hacienda de ese nombre en el Meta a cultivadores privados de palma, en febrero pasado. Esas tierras habían sido prometidas antes a varias familias de campesinos desplazados.
En esa ocasión el gobierno se defendió con el argumento de que las tierras no eran aptas para el cultivo y que entregarlas en concesión al sector privado garantizaría la generación de empleo para los mismos desplazados. Pero se conoció que detrás del negocio de Carimagua había personas cercanas al Ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga y al coordinador de Acción Social, Luis Alfonso Hoyos con intereses personales y menos nobles que defender los derechos de los desplazados.
En la propuesta que el gobierno estuvo a punto de aceptar para entregar los predios a los palmeros participó una empresa de nombre Sapuga, de la cual uno de los miembros es Mario Escobar Aristizabal, tío del Ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga. Escobar Aristizabal también habría financiado campañas políticas de Luis Alfonso Hoyos Aristizabal, actual coordinador de Acción Social, según la investigación. La otra empresa interesada en el negocio fue Palmasol, donante de la campaña de Uribe.
Lea el documento completo: Carimagua, modelo desplazador
La indignación llegó a tal punto que sectores de la oposición convocaron a un debate para pedir la moción de censura al Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias.
En el capítulo “El debate sobre Carimagua”, la investigación se vale del emblemático caso de la hacienda que iba a ser entregada a los privados para hablar de los problemas que enfrentan los desplazados quienes tienen que abandonar sus tierras, y de la floja respuesta institucional de este gobierno. El estudio reseña como durante este gobierno el sector rural solo ha crecido una tercera parte del índice de crecimiento económico general del país, lo que demuestra el abandono del Estado a este sector económico.
Sin embargo advierte que no se trata de la discusión de la gestión del actual Ministro de Agricultura, sino de un debate más profundo: “es sobre el modelo de desarrollo que estamos (los colombianos) construyendo”.
En la investigación hecha por la senadora liberal y un equipo de investigadores, se pone en primer plano la falta de una política rural seria y se denuncia el histórico problema de la falta de una reforma agraria para permitir el acceso a la explotación de la tierra a los campesinos. En todos los momentos históricos, el Estado figura como actor determinante en el futuro de la tierra.
“Violencia y tierra han sido una dupla perturbadora desde los inicios de la nacionalidad y hoy vuelven a estar en el centro del conflicto. Entre cuatro y seis millones de hectáreas arrebatadas por la fuerza a tres millones de desplazados dan fe de la dramática situación que se vive actualmente el país, realidad que constituye una crisis humanitaria de diversas proporciones”, dice en síntesis el estudio en el capítulo que lleva por nombre: “La triste historia de la Tierra”.
En la última parte de este capítulo, la investigación alude a la última “contrarreforma agraria”, refiriéndose a las alianzas de narcotraficantes y paramilitares que terminó por agudizar el problema de la violencia rural, y por ratificar la tesis de que la tenencia de la tierra ha ido de la mano de la utilización de la violencia y del favorecimiento del interés particular por sobre el general.
La investigación pone de relieve el drama de los desplazados, cuya cantidad continúa ubicando al país en el deshonroso primer lugar de la lista de países con mayor número de personas que han tenido que dejar sus tierras a causa del conflicto. Recuerda que el Estado colombiano tiene la responsabilidad constitucional de garantizar la protección de sus derechos. Para esto cita tres fallos de la Corte Constitucional. Uno de ellos dice: “las autoridades están obligadas -por los medios que estimen conducentes – a corregir las visibles desigualdades sociales, a facilitar la inclusión y participación de sectores débiles, marginados y vulnerables de la población en la vida económica y social de la nación, y a estimular un mejoramiento progresivo de las condiciones materiales de existencia de los sectores más deprimidos de la sociedad”.
“Ante esto, ¿cómo respondió el gobierno?”, se pregunta la senadora Cecilia López en la investigación y procede a contar cómo fue que el gobierno en 2004, con apoyo de otros países y organismos internacionales planeó un proyecto ambiental de gran calado en la hacienda Carimagua, que pretendía beneficiar a desplazados y campesinos de la región, y después pretendió cambiar su destino para entregarlo en manos de particulares.
El documento incluye un“roscograma” (palabra acuñada por el propio presidente Álvaro Uribe para referirse al clientelismo en las instituciones del Estado) que da cuenta de quienes eran los principales beneficiados del proyecto que se pretendía llevar a cabo en la hacienda: personas cercanas al Presidente, entre ellos dos donantes de su campaña y familiares de miembros de su gabinete.
La investigación lista los documentos que demuestran que la tierra sí es viable para el cultivo, que sí se le había prometido a los desplazados y que sí había un proyecto ambiental para integrarla en los mercados verdes del mundo. Así rebate los argumentos con los que el gobierno pretendió justificar su decisión, y que según el estudio fueron “mentiras” de las que se valió para no cumplir con el proyecto inicial.
La investigación cuestiona la premisa de que son los grandes empresarios los ejes del desarrollo y los desplazados son “minusválidos productivos”. Y resalta que el 95 por ciento de los recursos del programa Agro Ingreso Seguro, consistente en subsidios del gobierno dedicados al sector agrícola, se entregan a grandes y medianos empresarios y sólo el 3 y el 4 por ciento se entregan a pequeños campesinos. En este punto concluye que a los desplazados el gobierno les exige requisitos incumplibles, “que impiden un real acceso a la tierra, en este caso, a subsidios”.
Finalmente, la investigación propone una salida de fondo a la situación humanitaria que atraviesan los desplazados aduciendo que “si la pérdida de la tierra por la violencia ha sido la causa más importante del desplazamiento, el acceso a la misma debe ser parte sustantiva de la solución”. Para esto, López asegura que son imprescindibles dos condiciones: que haya paz en el campo y que se lleve a cabo un verdadero proceso de modernización de la producción rural, “que no se puede limitar a la expansión de las llamadas islas de modernidad, como las flores y la palma de aceite entre otras opciones, que hoy se mezclan con las precarias agricultura y ganadería campesinas”.
www.semana.com
'Uribe debería decir a sus amigos que no desea un tercer período', dice 'The New York Times'
"Si cambia la Constitución para que pueda permanecer (en el poder), empañará su legado y debilitará el sistema de pesos y contrapesos, esenciales para la democracia colombiana", dice su editorial.
'The New York Times' reconoce los aciertos de Álvaro Uribe, pero dice que ha mostrado poco respecto por las instituciones de la democracia colombiana.
"La región necesita una democracia que se afinque en instituciones fuertes. Lo que no necesita son más hombres fuertes, sin importar lo populares que sean o lo indispensables que se sientan. Uribe debe dejar claro ya que este será su último período. Si lo hace será recordado como el líder que sacó a Colombia del precipicio y lo puso en la ruta de la paz.
El editorial menciona como la semana pasada sus seguidores terminaron el proceso de recolectar 5 millones de firmas para solicitar un referendo que permita modificar la Constitución, que actualmente solo permite un segundo período.
El Times reconoce que bajo Uribe se han dado importantes pasos en la lucha contra las Farc y la violencia, pero cuestiona sus ataques contra la Corte Suprema de Justicia y reformas propuestas por su gobierno que buscan sacar de la jurisdicción de la Corte las investigaciones que conciernen a la "parapolítica".
El editorial del Times llega un día después que se anunciara el viaje del presidente a la capital estadounidense para insistir en la aprobación del Tratado de Libre Comercio.
De acuerdo con Michel Shifter, del Diálogo Interamericano, es muy probable que el tema de su reelección sea parte de las discusiones durante su vista, prevista para el 17 de septiembre.
De hecho, y ya con el sol en la espalda, el gobierno colombiano lanzará a lo largo de septiembre toda una nueva ofensiva en Washington para tratar de convencer al Congreso estadounidense que apruebe el TLC que se firmó entre ambos países así casi dos años pero que aún está pendiente la ratificación legislativa.
Junto a Uribe, que estará durante cuatro días en la ciudad, llegarán varios ministros al igual que representantes de gremios, empresas, y sindicatos.
La estrategia, que había anunciada hace casi 15 días, prevé una virtual "toma del Congreso" a partir del 6 de septiembre y hasta finales de ese mes.
El momento es clave para la suerte del TLC pues se trata de las tres últimas semanas de actividad legislativa antes de que el Congreso concluya sus sesiones regulares para el 2008 y el país enteró fije su atención en las elecciones de noviembre, cuando se escogerá a un nuevo presidente, y se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.
Según Shifter, no obstante, la gira no llega en el mejor momento pues los legisladores están con un ojo puesto en las elecciones y el otro el culminar la actividad legislativa pendiente. Además, se sabe, los demócratas han dejado claro que de momento se oponen a su aprobación y nadie espera que eso cambie en septiembre.
"Hay que admirar la tenacidad del gobierno colombiano, pero no creo que de mayores resultados. Antes podría ser contraproducente pues podría incomodar a algunos o forzarlos a dejar en claro su oposición", dice el analista.
La mayoría de expertos coincide en que el único chance del TLC es que sea aprobado después de las elecciones del 4 de noviembre, y si el Congreso convoca a sesiones extraordinarias. Algo que todavía es incierto.
El viaje de Uribe representa su regreso a Washington tras más de un año de ausencia. Su última visita fue durante el verano del 2007 cuando visitó la capital estadounidense dos veces en menos de un mes. Los dos viajes se vieron eclipsados por el escándalo de la para política, que por esos días estaba en pleno auge, y por la vehemente oposición demócrata al TLC.
En uno de ellos, de hecho, el actual candidato a la presidencia por el partido demócrata, Barack Obama, encabezó una dura carta en la que miembros del Senado le pedían cuentas a Uribe por la para política.
Tan regular le fue a Uribe que Argelino Garzón, gobernador del Valle que lo acompañó en la visita, dijo que el trato de los congresistas había sido "humillante".
También se recuerdan los apuros de Uribe para reunirse con la presidente del Congreso Nancy Pelosi.
Aunque la reunión se dio, la legisladora sacó un comunicado minutos después de concluido el encuentro en el que reiteraba su oposición al TLC y su preocupación por la muerte de sindicalistas y los entre paramilitares y congresistas.
El siguiente es el texto completo del editorial:
La decisión de Uribe
Uribe debería decirle a sus amigos que no desea un tercer período.
La semana pasada, copartidarios entregaron 5 millones de firmas para apoyar un referendo para modificar la Constitución que permita la segunda reelección de Álvaro Uribe. Colombia ya ha cambiado su Constitución una vez para que Uribe pudiera ser reelegido en el 2006.
Uribe ha hecho progresos importantes en una guerra contra las brutales guerrillas izquierdistas y ha frenado la implacable violencia de Colombia. Sus índices de aprobación han alcanzado el 90 por ciento luego de la audaz operación de rescate de rehenes de 'alto perfil' (en manos de la guerrilla). Pero ha mostrado poco respecto por las instituciones de la democracia colombiana.
Después de que la Corte Suprema comenzó a investigar docenas de sus aliados políticos por presuntos nexos con los paramilitares de derecha, (Uribe) acusó a la Corte de estar políticamente motivada. Ahora, ha propuesto reformas que eliminarían la juridicción de la Corte Suprema para investigar a miembros del Congreso.
Es improbable que el plan encuentre mucha resistencia. Partidos aliados de Uribe tienen una gran mayoría en el Congreso, y cerca de 50 de sus miembros están bajo investigación o han sido dentenidos en estos casos.
El vecindario de Colombia tiene demasiados líderes autoritarios. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, apalancado en su enorme popularidad, ha tomado el control de virtualmente cada aspecto de la vida política y económica de su país. Los votantes venezolanos inteligentemente bloquearon sus planes para la reelección indefinida. Los presidentes Evo Morales, de Bolivia, y Rafael Correa, de Ecuador, también están tratando de reformar sus constituciones para ser reelegidos.
La región necesita democracia, sustentada por instituciones fuertes. No necesita más hombres fuertes -no importa qué tan populares sean o qué tan indispensables se consideren. Uribe debería aclarar -ahora- que este será su último período. Si lo hace, será recordado como el líder que sacó a Colombia del precipició y la llevó por un camino hacia la paz. Si cambia la Constitución, de forma que pueda permanecer (en el poder), empañará su legado y debilitará el sistema de pesos y contrapesos que son esenciales a la democracia colombiana.
SERGIO GÓMEZ
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON
"Si cambia la Constitución para que pueda permanecer (en el poder), empañará su legado y debilitará el sistema de pesos y contrapesos, esenciales para la democracia colombiana", dice su editorial.
'The New York Times' reconoce los aciertos de Álvaro Uribe, pero dice que ha mostrado poco respecto por las instituciones de la democracia colombiana.
"La región necesita una democracia que se afinque en instituciones fuertes. Lo que no necesita son más hombres fuertes, sin importar lo populares que sean o lo indispensables que se sientan. Uribe debe dejar claro ya que este será su último período. Si lo hace será recordado como el líder que sacó a Colombia del precipicio y lo puso en la ruta de la paz.
El editorial menciona como la semana pasada sus seguidores terminaron el proceso de recolectar 5 millones de firmas para solicitar un referendo que permita modificar la Constitución, que actualmente solo permite un segundo período.
El Times reconoce que bajo Uribe se han dado importantes pasos en la lucha contra las Farc y la violencia, pero cuestiona sus ataques contra la Corte Suprema de Justicia y reformas propuestas por su gobierno que buscan sacar de la jurisdicción de la Corte las investigaciones que conciernen a la "parapolítica".
El editorial del Times llega un día después que se anunciara el viaje del presidente a la capital estadounidense para insistir en la aprobación del Tratado de Libre Comercio.
De acuerdo con Michel Shifter, del Diálogo Interamericano, es muy probable que el tema de su reelección sea parte de las discusiones durante su vista, prevista para el 17 de septiembre.
De hecho, y ya con el sol en la espalda, el gobierno colombiano lanzará a lo largo de septiembre toda una nueva ofensiva en Washington para tratar de convencer al Congreso estadounidense que apruebe el TLC que se firmó entre ambos países así casi dos años pero que aún está pendiente la ratificación legislativa.
Junto a Uribe, que estará durante cuatro días en la ciudad, llegarán varios ministros al igual que representantes de gremios, empresas, y sindicatos.
La estrategia, que había anunciada hace casi 15 días, prevé una virtual "toma del Congreso" a partir del 6 de septiembre y hasta finales de ese mes.
El momento es clave para la suerte del TLC pues se trata de las tres últimas semanas de actividad legislativa antes de que el Congreso concluya sus sesiones regulares para el 2008 y el país enteró fije su atención en las elecciones de noviembre, cuando se escogerá a un nuevo presidente, y se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.
Según Shifter, no obstante, la gira no llega en el mejor momento pues los legisladores están con un ojo puesto en las elecciones y el otro el culminar la actividad legislativa pendiente. Además, se sabe, los demócratas han dejado claro que de momento se oponen a su aprobación y nadie espera que eso cambie en septiembre.
"Hay que admirar la tenacidad del gobierno colombiano, pero no creo que de mayores resultados. Antes podría ser contraproducente pues podría incomodar a algunos o forzarlos a dejar en claro su oposición", dice el analista.
La mayoría de expertos coincide en que el único chance del TLC es que sea aprobado después de las elecciones del 4 de noviembre, y si el Congreso convoca a sesiones extraordinarias. Algo que todavía es incierto.
El viaje de Uribe representa su regreso a Washington tras más de un año de ausencia. Su última visita fue durante el verano del 2007 cuando visitó la capital estadounidense dos veces en menos de un mes. Los dos viajes se vieron eclipsados por el escándalo de la para política, que por esos días estaba en pleno auge, y por la vehemente oposición demócrata al TLC.
En uno de ellos, de hecho, el actual candidato a la presidencia por el partido demócrata, Barack Obama, encabezó una dura carta en la que miembros del Senado le pedían cuentas a Uribe por la para política.
Tan regular le fue a Uribe que Argelino Garzón, gobernador del Valle que lo acompañó en la visita, dijo que el trato de los congresistas había sido "humillante".
También se recuerdan los apuros de Uribe para reunirse con la presidente del Congreso Nancy Pelosi.
Aunque la reunión se dio, la legisladora sacó un comunicado minutos después de concluido el encuentro en el que reiteraba su oposición al TLC y su preocupación por la muerte de sindicalistas y los entre paramilitares y congresistas.
El siguiente es el texto completo del editorial:
La decisión de Uribe
Uribe debería decirle a sus amigos que no desea un tercer período.
La semana pasada, copartidarios entregaron 5 millones de firmas para apoyar un referendo para modificar la Constitución que permita la segunda reelección de Álvaro Uribe. Colombia ya ha cambiado su Constitución una vez para que Uribe pudiera ser reelegido en el 2006.
Uribe ha hecho progresos importantes en una guerra contra las brutales guerrillas izquierdistas y ha frenado la implacable violencia de Colombia. Sus índices de aprobación han alcanzado el 90 por ciento luego de la audaz operación de rescate de rehenes de 'alto perfil' (en manos de la guerrilla). Pero ha mostrado poco respecto por las instituciones de la democracia colombiana.
Después de que la Corte Suprema comenzó a investigar docenas de sus aliados políticos por presuntos nexos con los paramilitares de derecha, (Uribe) acusó a la Corte de estar políticamente motivada. Ahora, ha propuesto reformas que eliminarían la juridicción de la Corte Suprema para investigar a miembros del Congreso.
Es improbable que el plan encuentre mucha resistencia. Partidos aliados de Uribe tienen una gran mayoría en el Congreso, y cerca de 50 de sus miembros están bajo investigación o han sido dentenidos en estos casos.
El vecindario de Colombia tiene demasiados líderes autoritarios. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, apalancado en su enorme popularidad, ha tomado el control de virtualmente cada aspecto de la vida política y económica de su país. Los votantes venezolanos inteligentemente bloquearon sus planes para la reelección indefinida. Los presidentes Evo Morales, de Bolivia, y Rafael Correa, de Ecuador, también están tratando de reformar sus constituciones para ser reelegidos.
La región necesita democracia, sustentada por instituciones fuertes. No necesita más hombres fuertes -no importa qué tan populares sean o qué tan indispensables se consideren. Uribe debería aclarar -ahora- que este será su último período. Si lo hace, será recordado como el líder que sacó a Colombia del precipició y la llevó por un camino hacia la paz. Si cambia la Constitución, de forma que pueda permanecer (en el poder), empañará su legado y debilitará el sistema de pesos y contrapesos que son esenciales a la democracia colombiana.
SERGIO GÓMEZ
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON
Agosto 22 de 2008 - 1:20 p.m.
Ministro Fabio Valencia Cossio seguirá en su cargo a pesar del escándalo de su hermano
Grabaciones que vinculan a Guillermo Valencia Cossio, ex director de Fiscalías de Antioquia, con narcotraficante alias 'Don Mario' llevaron al Fiscal General Mario Iguarán a declararlo insubsistente.
El ministro dijo en rueda de prensa en el Palacio de Nariño que "yo respondo por mis actos y si alguien tiene que formular algo contra mi conducta, estoy dispuesto a responder. Pero no puedo responder por los actos de mi hermano, ni de nadie. Las responsabilidades penales son individuales".
"En relación con lo hechos por la investigación de la Fiscalía contra mi hermano Guillermo León, les digo que como familiar estoy apesadumbrado, lamento estas situación y también quiero decir que le hemos solicitado a él que diga toda la verdad y que afronte la consecuencias de su conducta y que tiene la instancia de los jueves y el debido proceso", agregó.
El ministro Valencia Cossio, al anunciar que el martes el Gobierno va a radicar los proyectos de reforma política y a la Justicia en el Congreso, reiteró que "estaré al margen de ese proceso porque a pesar de que ni la Justicia, ni la rama judicial, ni la Fiscalía están en el ambito del Ministerio del Interior, no depende del Ministerio. Por tratarse de personas cercanas a mí, me marginaré del proceso".
"Quería manifestar esta situación para reiterar que seguiré cumpliendo de una manera determinante mis funciones. No alterará para nada mi compromiso con el país y mi responsabilidad como Ministro, y, por lo tanto, seguiré cumpliendo mi deber", dijo.
Comunicado del jueves
Ayer, el ministro Valencia, emitió una declaración escrita de solo cuatro puntos en los que deploró los acontecimientos que llevaron a la salida de su hermano de la Fiscalía y luego admitió hablar con los reporteros solo para ratificar lo dicho en el escueto documento.
El Ministro, quien lidera en la actualidad reformas de la Justicia y a la política, dijo sentir "profundo dolor" por los acontecimientos.
El siguiente es el texto del comunicado del ministro Valencia Cossio:
Con profundo dolor de hermano estoy mirando el desarrollo de estos hechos.
Toda la familia le ha pedido a Guillermo León que se sustente en la verdad, aunque esa verdad le traiga consecuencias.
Como ministro del Interior y de la Justicia, apoyo totalmente a las autoridades judiciales que están estudiando los hechos y reitero mi indeclinable decisión de mantenerme al margen de este proceso.
Acataré y respetaré sin reservas el fallo de los jueces.
La senadora Cecilia López, a nombre del partido liberal, pidió la renuncia de Fabio Valencia.
"El ministro Valencia ha perdido autoridad para el manejo de la cartera. Debe renunciar por dignidad. Debe declararse impedido, es el Ministro más importante del Gabinete. Un problema familiar de este tamaño lo inhabilita, le resta la autoridad moral. No le veo espacio político para seguir en la cartera".
Hernán Andrade, presidente del Congreso, en declaraciones a la emisora 'La W', dijo que aunque la bancada conservadora apoya al ministo Fabio Valencia Cossio, debe ser el Presidente Álvaro Uribe quien maneje evalúe la situación, que calificó de muy grave, aunque pidió esperar a que las investigaciones terminen.
Gina Parody aseguró que el Ministro Valencia Cossio debería renunciar, pero reconoció que esta es una decisión muy personal. Agregó que la renuncia de Fabio Valencia Cossio será la discusión en el Congreso todos los días porque los debates de la reforma a la justicia girarán en torno a si el Ministro estaba impedido o no por la vinculación de su hermano con la Fiscalía y, ahora, con las investigaciones que se adelantan en su contra.
Parmenio Cuellar, senador del Polo Democrático, aseguró que aunque las culpas y las responsabilidades penales son personales, existe un concepto llamado responsabilidad política que aplica a los altos funcionario del Estado. Aunque el Ministro no tiene responsabilidad penal, es más importante la dignidad del Estado, tiene que retirarse.
Las grabaciones del escándalo
La revista Cambio reveló las grabaciones que enredan al ex director de Fiscalías de Medellín Guillermo Valencia Cossio con miembros de la red del narcotraficante Daniel Rendón Herrera, 'Don Mario'.
La misma decisión se tomó sobre Perla Dávila, jefe de Fiscalías en Córdoba, quien también aparece comprometida en el caso.
Hace dos semanas un fiscal antimafia pidió que se investigara a Valencia y a Dávila porque sus nombres aparecían con frecuencia en una serie de interceptaciones que la Fiscalía hacía contra la banda de 'Don Mario', una organización que desde hace más de tres años se dedicó al envío de estupefacientes a Estados Unidos y Europa.
Precisamente, hace dos años, tras la captura en Alemania de tres colombianos, las autoridades de ambos países empezaron a seguirle la pista a esta red.
En el expediente también aparece el general Marco Antonio Pedreros, comandante de la Regional 6 de Policía, que tiene jurisdicción en Antioquia y Córdoba. La Fiscalía también ordenó revisar su caso. Fuentes de la Policía explicaron que por ahora no harán ningún pronunciamiento sobre la situación del general.
El pasado 4 de agosto, la Fiscalía capturó a Jhon Manco Torres, 'El Indio', señalado de ser el segundo de 'Don Mario', y a Juan Felipe Sierra, representante de Control Total, empresa de vigilancia privada cuya sede está en Envigado ( Antioquia).
Según las revelaciones de Cambio, el 13 de junio, Sierra le dice al fiscal Valencia que 'El Indio' está muy molesto porque su nombre aún está incluido en el organigrama de 'Don Mario'. Por eso Sierra le dice que "están caídos".
El 20 de junio, Valencia le responde que "todo está listo" y que él mismo estaba cuando lo sacaron -al 'Indio'- del organigrama. Valencia le dice a Sierra que "quedaron como unos príncipes".
Sierra y Valencia también hablan del nombramiento de Fabio Valencia como ministro del Interior y dicen que en adelante el ex jefe de Fiscalías deberá tener más cuidado con "la llevada de documentos".
Valencia Cossio envió ayer una carta al Fiscal en la que dice que decidió "por bien de la institución" renunciar al cargo de Fiscal delegado ante la Unidad del Tribunal Superior de Antioquia.
La fiscal Perla Dávila también aparece en grabaciones hablando con Sierra. En una de ellas le pide dinero para una cirugía. La mujer le envía un mensaje de texto con el número de una cuenta corriente y Sierra le consigna cinco millones de pesos.
Otras denuncias contra Perla Dávila
Dos testigos habrían asegurado que la fiscal Perla Dávila habría utilizado su cargo para frenar varios procesos contra miembros de la organización de Daniel Rendón, quien es hermano del 'Alemán', máximo jefe 'para' de Urabá.
Dávila también se ha desempeñado como directora administrativa y financiera en Montería, cargo en el que también resultó cuestionada.
Hay dos denuncias de por medio. Una, tiene que ver con una supuesta falsedad material en documento público en que habría incurrido Dávila cuando se posesionó. La otra está relacionada con una supuesta apropiación de elementos comprados por la Fiscalía para la remodelación de esa entidad en Montería, y que aparentemente fueron a parar a las obras de construcción de la residencia de la funcionaria.
Las situación del general Pedreros
El general Marco Antonio Pedreros estuvo al frente de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá desde septiembre del 2006 hasta el 19 de junio del 2008, cuando fue designado comandante de la Regional 6, responsable de la seguridad en Antioquia, Córdoba y Urabá, cinturón geográfico que se disputan la banda de Daniel Rendón Herrera, alias 'Don Mario' y la Oficina de Envigado.
En junio del 2008, el secretario de Gobierno de Antioquia, Jorge Mejía Martínez, llamó la atención de la Policía al manifestar públicamente su preocupación por la incautación de coca en Antioquia, pero sin que los operativos registraran capturas.
El general Pedreros se encuentra hoy encargado de la Dirección Operativa de la Policía Nacional en Bogotá.
Los documentos
Revista Cambio revela diálogo entre Guillermo Valencia y Felipe Sierra sobre posesión de Fabio Valencia.
Sierra: ¿Qué más hermano?
Valencia: Bien, aquí mirando unas cositas...don Fabio se posesiona el jueves. Entonces ellos mandan a subir el miércoles para la posesión.
Sierra: ¿Usted no?
Valencia: Yo...claro. De ahí sigo para Pereira.
Sierra: ¿La posesión es en Pereira?
Valencia: No hombre. Yo me voy el miércoles por la noche con mis hermanos para Bogotá. A las nueve es la posesión y de ahí salgo para Pereira a llevar los documentos que vos sabés...
Sierra: Sí , pero tenemos que hablar de eso de la llevada de documentos porque con eso de Fabio no me parece que haya más entregas personales de documentos.
Valencia: No, por eso. Pero ¿vos venís cuándo?
El diálogo sobre el organigrama
Revista Cambio revela grabación del diálogo entre Felipe Sierra y Guillermo Valencia, quien confirma que ya sacaron a 'El Indio' del organigrama de 'Don Mario'.
Felipe Sierra: Aló.
Guillermo Valencia: Listo hermano, todo listo.
Sierra: ¿Sí?
Valencia: Sí, todo. Yo mismo estaba ahí cuando lo sacaron y coincidió con la llegada de un coronel de esos de inteligencia y reconfirmó lo que nosotros decíamos.
Sierra: Excelente.
Valencia: Es para que le diga al muchacho.
Sierra: Listo, excelente.
Valencia: (...)Reconfirmado, mejor dicho, quedamos como unos príncipes porque nosotros no le estamos diciendo mentiras.
www.eltiempo.com
Ministro Fabio Valencia Cossio seguirá en su cargo a pesar del escándalo de su hermano
Grabaciones que vinculan a Guillermo Valencia Cossio, ex director de Fiscalías de Antioquia, con narcotraficante alias 'Don Mario' llevaron al Fiscal General Mario Iguarán a declararlo insubsistente.
El ministro dijo en rueda de prensa en el Palacio de Nariño que "yo respondo por mis actos y si alguien tiene que formular algo contra mi conducta, estoy dispuesto a responder. Pero no puedo responder por los actos de mi hermano, ni de nadie. Las responsabilidades penales son individuales".
"En relación con lo hechos por la investigación de la Fiscalía contra mi hermano Guillermo León, les digo que como familiar estoy apesadumbrado, lamento estas situación y también quiero decir que le hemos solicitado a él que diga toda la verdad y que afronte la consecuencias de su conducta y que tiene la instancia de los jueves y el debido proceso", agregó.
El ministro Valencia Cossio, al anunciar que el martes el Gobierno va a radicar los proyectos de reforma política y a la Justicia en el Congreso, reiteró que "estaré al margen de ese proceso porque a pesar de que ni la Justicia, ni la rama judicial, ni la Fiscalía están en el ambito del Ministerio del Interior, no depende del Ministerio. Por tratarse de personas cercanas a mí, me marginaré del proceso".
"Quería manifestar esta situación para reiterar que seguiré cumpliendo de una manera determinante mis funciones. No alterará para nada mi compromiso con el país y mi responsabilidad como Ministro, y, por lo tanto, seguiré cumpliendo mi deber", dijo.
Comunicado del jueves
Ayer, el ministro Valencia, emitió una declaración escrita de solo cuatro puntos en los que deploró los acontecimientos que llevaron a la salida de su hermano de la Fiscalía y luego admitió hablar con los reporteros solo para ratificar lo dicho en el escueto documento.
El Ministro, quien lidera en la actualidad reformas de la Justicia y a la política, dijo sentir "profundo dolor" por los acontecimientos.
El siguiente es el texto del comunicado del ministro Valencia Cossio:
Con profundo dolor de hermano estoy mirando el desarrollo de estos hechos.
Toda la familia le ha pedido a Guillermo León que se sustente en la verdad, aunque esa verdad le traiga consecuencias.
Como ministro del Interior y de la Justicia, apoyo totalmente a las autoridades judiciales que están estudiando los hechos y reitero mi indeclinable decisión de mantenerme al margen de este proceso.
Acataré y respetaré sin reservas el fallo de los jueces.
La senadora Cecilia López, a nombre del partido liberal, pidió la renuncia de Fabio Valencia.
"El ministro Valencia ha perdido autoridad para el manejo de la cartera. Debe renunciar por dignidad. Debe declararse impedido, es el Ministro más importante del Gabinete. Un problema familiar de este tamaño lo inhabilita, le resta la autoridad moral. No le veo espacio político para seguir en la cartera".
Hernán Andrade, presidente del Congreso, en declaraciones a la emisora 'La W', dijo que aunque la bancada conservadora apoya al ministo Fabio Valencia Cossio, debe ser el Presidente Álvaro Uribe quien maneje evalúe la situación, que calificó de muy grave, aunque pidió esperar a que las investigaciones terminen.
Gina Parody aseguró que el Ministro Valencia Cossio debería renunciar, pero reconoció que esta es una decisión muy personal. Agregó que la renuncia de Fabio Valencia Cossio será la discusión en el Congreso todos los días porque los debates de la reforma a la justicia girarán en torno a si el Ministro estaba impedido o no por la vinculación de su hermano con la Fiscalía y, ahora, con las investigaciones que se adelantan en su contra.
Parmenio Cuellar, senador del Polo Democrático, aseguró que aunque las culpas y las responsabilidades penales son personales, existe un concepto llamado responsabilidad política que aplica a los altos funcionario del Estado. Aunque el Ministro no tiene responsabilidad penal, es más importante la dignidad del Estado, tiene que retirarse.
Las grabaciones del escándalo
La revista Cambio reveló las grabaciones que enredan al ex director de Fiscalías de Medellín Guillermo Valencia Cossio con miembros de la red del narcotraficante Daniel Rendón Herrera, 'Don Mario'.
La misma decisión se tomó sobre Perla Dávila, jefe de Fiscalías en Córdoba, quien también aparece comprometida en el caso.
Hace dos semanas un fiscal antimafia pidió que se investigara a Valencia y a Dávila porque sus nombres aparecían con frecuencia en una serie de interceptaciones que la Fiscalía hacía contra la banda de 'Don Mario', una organización que desde hace más de tres años se dedicó al envío de estupefacientes a Estados Unidos y Europa.
Precisamente, hace dos años, tras la captura en Alemania de tres colombianos, las autoridades de ambos países empezaron a seguirle la pista a esta red.
En el expediente también aparece el general Marco Antonio Pedreros, comandante de la Regional 6 de Policía, que tiene jurisdicción en Antioquia y Córdoba. La Fiscalía también ordenó revisar su caso. Fuentes de la Policía explicaron que por ahora no harán ningún pronunciamiento sobre la situación del general.
El pasado 4 de agosto, la Fiscalía capturó a Jhon Manco Torres, 'El Indio', señalado de ser el segundo de 'Don Mario', y a Juan Felipe Sierra, representante de Control Total, empresa de vigilancia privada cuya sede está en Envigado ( Antioquia).
Según las revelaciones de Cambio, el 13 de junio, Sierra le dice al fiscal Valencia que 'El Indio' está muy molesto porque su nombre aún está incluido en el organigrama de 'Don Mario'. Por eso Sierra le dice que "están caídos".
El 20 de junio, Valencia le responde que "todo está listo" y que él mismo estaba cuando lo sacaron -al 'Indio'- del organigrama. Valencia le dice a Sierra que "quedaron como unos príncipes".
Sierra y Valencia también hablan del nombramiento de Fabio Valencia como ministro del Interior y dicen que en adelante el ex jefe de Fiscalías deberá tener más cuidado con "la llevada de documentos".
Valencia Cossio envió ayer una carta al Fiscal en la que dice que decidió "por bien de la institución" renunciar al cargo de Fiscal delegado ante la Unidad del Tribunal Superior de Antioquia.
La fiscal Perla Dávila también aparece en grabaciones hablando con Sierra. En una de ellas le pide dinero para una cirugía. La mujer le envía un mensaje de texto con el número de una cuenta corriente y Sierra le consigna cinco millones de pesos.
Otras denuncias contra Perla Dávila
Dos testigos habrían asegurado que la fiscal Perla Dávila habría utilizado su cargo para frenar varios procesos contra miembros de la organización de Daniel Rendón, quien es hermano del 'Alemán', máximo jefe 'para' de Urabá.
Dávila también se ha desempeñado como directora administrativa y financiera en Montería, cargo en el que también resultó cuestionada.
Hay dos denuncias de por medio. Una, tiene que ver con una supuesta falsedad material en documento público en que habría incurrido Dávila cuando se posesionó. La otra está relacionada con una supuesta apropiación de elementos comprados por la Fiscalía para la remodelación de esa entidad en Montería, y que aparentemente fueron a parar a las obras de construcción de la residencia de la funcionaria.
Las situación del general Pedreros
El general Marco Antonio Pedreros estuvo al frente de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá desde septiembre del 2006 hasta el 19 de junio del 2008, cuando fue designado comandante de la Regional 6, responsable de la seguridad en Antioquia, Córdoba y Urabá, cinturón geográfico que se disputan la banda de Daniel Rendón Herrera, alias 'Don Mario' y la Oficina de Envigado.
En junio del 2008, el secretario de Gobierno de Antioquia, Jorge Mejía Martínez, llamó la atención de la Policía al manifestar públicamente su preocupación por la incautación de coca en Antioquia, pero sin que los operativos registraran capturas.
El general Pedreros se encuentra hoy encargado de la Dirección Operativa de la Policía Nacional en Bogotá.
Los documentos
Revista Cambio revela diálogo entre Guillermo Valencia y Felipe Sierra sobre posesión de Fabio Valencia.
Sierra: ¿Qué más hermano?
Valencia: Bien, aquí mirando unas cositas...don Fabio se posesiona el jueves. Entonces ellos mandan a subir el miércoles para la posesión.
Sierra: ¿Usted no?
Valencia: Yo...claro. De ahí sigo para Pereira.
Sierra: ¿La posesión es en Pereira?
Valencia: No hombre. Yo me voy el miércoles por la noche con mis hermanos para Bogotá. A las nueve es la posesión y de ahí salgo para Pereira a llevar los documentos que vos sabés...
Sierra: Sí , pero tenemos que hablar de eso de la llevada de documentos porque con eso de Fabio no me parece que haya más entregas personales de documentos.
Valencia: No, por eso. Pero ¿vos venís cuándo?
El diálogo sobre el organigrama
Revista Cambio revela grabación del diálogo entre Felipe Sierra y Guillermo Valencia, quien confirma que ya sacaron a 'El Indio' del organigrama de 'Don Mario'.
Felipe Sierra: Aló.
Guillermo Valencia: Listo hermano, todo listo.
Sierra: ¿Sí?
Valencia: Sí, todo. Yo mismo estaba ahí cuando lo sacaron y coincidió con la llegada de un coronel de esos de inteligencia y reconfirmó lo que nosotros decíamos.
Sierra: Excelente.
Valencia: Es para que le diga al muchacho.
Sierra: Listo, excelente.
Valencia: (...)Reconfirmado, mejor dicho, quedamos como unos príncipes porque nosotros no le estamos diciendo mentiras.
www.eltiempo.com
Ex paramilitar 'Carlos Tijeras' se siente traicionado en Justicia y Paz
Ex paramilitar 'Carlos Tijeras' se siente traicionado en Justicia y Paz
'Carlos Tijeras' ha contado sin pelos en la lengua los horripilantes crímenes que cometió su grupo, entre ellos 780 homicidios en varios municipios de Magdalena. Ahora un investigador de la Corte Penal Internacional quiere saber lo que ha dicho.
Fecha: 08/20/2008 -
Si algo se le puede reconocer a José Gregorio Mangones Lugo, alias “Carlos Tijeras”, ex comandante paramilitar en siete municipios del Magdalena, es su colaboración para aclarar los hechos ocurridos durante los años en que fue comandante del Frente William Rivas.
En las treinta cinco versiones a las que ha concurrido, ha reconocido la comisión de más de novecientos hechos, entre los cuales la ocurrencia de 780 homicidios, desplazamiento forzado, masacres y desapariciones cometidos por él y los hombres bajo su mando en los municipios de Ciénaga, Fundación, Aracataca, El Retén, Pueblo Viejo y Zona Bananera.
Mangones Lugo ha sido prolífico y ha relatado con absoluto desparpajo los hechos cometidos por el Frente William Rivas entre 2001 y 2005. Tampoco se ha detenido a la hora de decir cómo fueron los pactos con los políticos del Magdalena. Se ha referido a los tratos realizados con los exparlamentarios Salomón Saade, Jorge Caballero, Dieb Maloof, Fuad Rapac, Jotica Vives, Luis Eduardo Vives, José Gamarra, Flor Gnecco, Karelly Lara y los exgobernadores José Domingo Dávila Armenta (2001 – 2003) y Trino Luna Correa (2004 – 2007). Con ellos, dijo, acordaron quiénes serían los directores de los hospitales de cada uno de los municipios, pero tenían que someterse a la “auditoría” del grupo armado.
Sobre los alcaldes elegidos en 2003, no sólo él dice haberlos escogido o avalado, sino que a otros les dijo que se retiraran porque los consideraba corruptos y él “necesitaba alcaldes” que se comprometieran a resolver los problemas de las comunidades, lucha contra la subversión y apoyo económico a la organización paramilitar. Uno de eso fue Fossy Marcos María, actual alcalde de Aracataca, a quien le dijo que le daba 24 horas para que se retirara en el 2003 porque el candidato era Pedro Sánchez.
En estos dos últimos días (martes y miércoles), la locuacidad y fluidez que lo ha caracterizado, se interrumpió ante un llamado de atención que le hizo la Procuradora Diana Cadena, quien le pidió a Mangones que no se refiriera a las víctimas con expresiones como “a ese le dimos de baja por bandido”. La procuradora pidió que no No utilizara expresiones denigrantes como “bandido”, ni la expresión “dimos de baja”, porque no se trata de militares o de hechos ocurridos en combates.
A Mangones, el llamado de atención, no le gustó. “Doctora, a mi me dicen bandido y si usted va a Lorica y le dice a mi mamá, que su hijo José Gregorio es un bandido, a ella no le va a gustar. Entonces a mi si me pueden decir bandido y a los guerrilleros que secuestraban, mataban y atentaban contra la línea férrea, ¿esos no eran bandidos?”.
“Eso hay que probarlo”, le dijo la Fiscal Deicy Jaramillo, “pero usted no puede referirse a las víctimas como bandidos”. Pero lo que menos le gustó fue que le dijeran que los homicidios cometidos por él y sus hombres fueron perpetrados en personas protegidas por el DIH, es decir, ciudadanos no involucrados en el conflicto.
Y aquí, la discusión llegó a su punto final, porque la fiscal le dijo que la calificación de la conducta corresponderá al magistrado de garantías. Los temores de Mangones Lugo estriban en que no tiene la certeza de que una vez termine el proceso él y los demás comandantes sean requeridos por la Corte Penal Internacional, pues la próxima semana un investigador de la CPI estará presente en la continuación de la versión.
“A veces preferiría estar muerto, para que todo esto termine. Creo que lo mejor que pudo ocurrirle a los excomandantes es que los hayan extraditado, porque a ellos no los va a juzgar la CPI. Pero a los que nos quedamos acá, no sabemos qué va a pasar. Hicimos un mal arreglo, esto es una trampa”, dijo Mangones.
Incluso, el ex paramilitar está considerando la posibilidad de acogerse a la justicia ordinaria. Hoy, le dijo a la fiscal, “estoy preocupado, me siento acorralado y prefiero no extenderme en mis respuestas. Yo voy a seguir aclarando todo lo que tenga que decir, pero la justicia debe reconocer que el estado no existía, se había ido. Nosotros éramos los que combatíamos a la guerrilla. Pero los frentes se fueron retirando y en la zona quedaron milicianos”. La Procuradora le dijo que la ausencia del Estado no legitima el accionar de grupos armados ni desaparece los delitos cometidos.
La sala de víctimas estaba atiborrada y en la mañana de hoy miércoles formularon más de veinte preguntas sobre personas muertas o desaparecidas. La fiscal Jaramillo le preguntó si ellos enviaban amenazas a las víctimas, en particular a grupos religiosos.
Mangones dijo que no tenían prevención contra evangélicos ni católicos. “Pero hubo unos guerrilleros que se hicieron pasar como pastores y los matamos porque le llevaban alimentos a la guerrilla. Como había tanta delincuencia y guerrilla, pusimos una valla que decía: “Después de las 10.00 p.m., quien se encuentre en la calle tiene problemas”.
-¿Por qué?, le preguntó la fiscal.
“Porque el frente 19 de las Farc y el Frente Francisco Javier Castaño del Eln, aprovechaban la noche para dinamitar la línea férrea, hacer pescas milagrosas y meterse en las fincas. A esa hora comenzábamos a patrullar y al que encontrábamos lo más seguro es que le dábamos de baja”.
Ahora a José Gregorio Mangones, alias “Carlos Tijeras”, le preocupa que la justicia diga que las Auc eran delincuentes comunes y que mataban por matar.
'Carlos Tijeras' ha contado sin pelos en la lengua los horripilantes crímenes que cometió su grupo, entre ellos 780 homicidios en varios municipios de Magdalena. Ahora un investigador de la Corte Penal Internacional quiere saber lo que ha dicho.
Fecha: 08/20/2008 -
Si algo se le puede reconocer a José Gregorio Mangones Lugo, alias “Carlos Tijeras”, ex comandante paramilitar en siete municipios del Magdalena, es su colaboración para aclarar los hechos ocurridos durante los años en que fue comandante del Frente William Rivas.
En las treinta cinco versiones a las que ha concurrido, ha reconocido la comisión de más de novecientos hechos, entre los cuales la ocurrencia de 780 homicidios, desplazamiento forzado, masacres y desapariciones cometidos por él y los hombres bajo su mando en los municipios de Ciénaga, Fundación, Aracataca, El Retén, Pueblo Viejo y Zona Bananera.
Mangones Lugo ha sido prolífico y ha relatado con absoluto desparpajo los hechos cometidos por el Frente William Rivas entre 2001 y 2005. Tampoco se ha detenido a la hora de decir cómo fueron los pactos con los políticos del Magdalena. Se ha referido a los tratos realizados con los exparlamentarios Salomón Saade, Jorge Caballero, Dieb Maloof, Fuad Rapac, Jotica Vives, Luis Eduardo Vives, José Gamarra, Flor Gnecco, Karelly Lara y los exgobernadores José Domingo Dávila Armenta (2001 – 2003) y Trino Luna Correa (2004 – 2007). Con ellos, dijo, acordaron quiénes serían los directores de los hospitales de cada uno de los municipios, pero tenían que someterse a la “auditoría” del grupo armado.
Sobre los alcaldes elegidos en 2003, no sólo él dice haberlos escogido o avalado, sino que a otros les dijo que se retiraran porque los consideraba corruptos y él “necesitaba alcaldes” que se comprometieran a resolver los problemas de las comunidades, lucha contra la subversión y apoyo económico a la organización paramilitar. Uno de eso fue Fossy Marcos María, actual alcalde de Aracataca, a quien le dijo que le daba 24 horas para que se retirara en el 2003 porque el candidato era Pedro Sánchez.
En estos dos últimos días (martes y miércoles), la locuacidad y fluidez que lo ha caracterizado, se interrumpió ante un llamado de atención que le hizo la Procuradora Diana Cadena, quien le pidió a Mangones que no se refiriera a las víctimas con expresiones como “a ese le dimos de baja por bandido”. La procuradora pidió que no No utilizara expresiones denigrantes como “bandido”, ni la expresión “dimos de baja”, porque no se trata de militares o de hechos ocurridos en combates.
A Mangones, el llamado de atención, no le gustó. “Doctora, a mi me dicen bandido y si usted va a Lorica y le dice a mi mamá, que su hijo José Gregorio es un bandido, a ella no le va a gustar. Entonces a mi si me pueden decir bandido y a los guerrilleros que secuestraban, mataban y atentaban contra la línea férrea, ¿esos no eran bandidos?”.
“Eso hay que probarlo”, le dijo la Fiscal Deicy Jaramillo, “pero usted no puede referirse a las víctimas como bandidos”. Pero lo que menos le gustó fue que le dijeran que los homicidios cometidos por él y sus hombres fueron perpetrados en personas protegidas por el DIH, es decir, ciudadanos no involucrados en el conflicto.
Y aquí, la discusión llegó a su punto final, porque la fiscal le dijo que la calificación de la conducta corresponderá al magistrado de garantías. Los temores de Mangones Lugo estriban en que no tiene la certeza de que una vez termine el proceso él y los demás comandantes sean requeridos por la Corte Penal Internacional, pues la próxima semana un investigador de la CPI estará presente en la continuación de la versión.
“A veces preferiría estar muerto, para que todo esto termine. Creo que lo mejor que pudo ocurrirle a los excomandantes es que los hayan extraditado, porque a ellos no los va a juzgar la CPI. Pero a los que nos quedamos acá, no sabemos qué va a pasar. Hicimos un mal arreglo, esto es una trampa”, dijo Mangones.
Incluso, el ex paramilitar está considerando la posibilidad de acogerse a la justicia ordinaria. Hoy, le dijo a la fiscal, “estoy preocupado, me siento acorralado y prefiero no extenderme en mis respuestas. Yo voy a seguir aclarando todo lo que tenga que decir, pero la justicia debe reconocer que el estado no existía, se había ido. Nosotros éramos los que combatíamos a la guerrilla. Pero los frentes se fueron retirando y en la zona quedaron milicianos”. La Procuradora le dijo que la ausencia del Estado no legitima el accionar de grupos armados ni desaparece los delitos cometidos.
La sala de víctimas estaba atiborrada y en la mañana de hoy miércoles formularon más de veinte preguntas sobre personas muertas o desaparecidas. La fiscal Jaramillo le preguntó si ellos enviaban amenazas a las víctimas, en particular a grupos religiosos.
Mangones dijo que no tenían prevención contra evangélicos ni católicos. “Pero hubo unos guerrilleros que se hicieron pasar como pastores y los matamos porque le llevaban alimentos a la guerrilla. Como había tanta delincuencia y guerrilla, pusimos una valla que decía: “Después de las 10.00 p.m., quien se encuentre en la calle tiene problemas”.
-¿Por qué?, le preguntó la fiscal.
“Porque el frente 19 de las Farc y el Frente Francisco Javier Castaño del Eln, aprovechaban la noche para dinamitar la línea férrea, hacer pescas milagrosas y meterse en las fincas. A esa hora comenzábamos a patrullar y al que encontrábamos lo más seguro es que le dábamos de baja”.
Ahora a José Gregorio Mangones, alias “Carlos Tijeras”, le preocupa que la justicia diga que las Auc eran delincuentes comunes y que mataban por matar.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)