Álvaro Uribe dice que será difícil que sus enemigos lo lleven a la Corte Penal Internacional
Foto: Presidencia
El presidente Álvaro Uribe durante la conferencia de prensa que convocó ayer en la Casa de Nariño.
El mandatario se refirió a esta hipótesis, por una supuesta obstrucción a la justicia, mientras visita el país el fiscal jefe de ese organismo, el jurista argentino Luis Moreno Ocampo.
Palacio de Nariño pide nuevas aclaraciones al senador Juan Fernando Cristo
Se distancian aún más Uribe y Corte Suprema tras conocerse visita del para 'Job' a la Casa de Nariño
Corte Penal Internacional actuará si justicia colombiana no lo hace en casos de crímenes masivos
Se vigilará juzgamiento de 'paras', ratifica la Corte Penal Internacional Las declaraciones fueron hechas en una reunión con funcionarios para presentar los resultados de su administración y divulgadas este martes por la Presidencia.
"Hay muchos que mantienen mucha gana de tenerme preso aquí o destituido o preso en la Corte Penal Internacional. Les va dar mucha lidia, porque aquí hemos procedido con toda la honradez, con el más riguroso ceñimiento a la Constitución colombiana", manifestó el mandatario.
Uribe había reforzado ayer sus críticas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que generó un nuevo choque entre los poderes Ejecutivo y Judicial, que investiga a numerosos políticos oficialistas con nexos con la disuelta organización paramilitar de derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El mandatario respaldó a sus secretarios jurídico, Edmundo del Castillo, y de Prensa, César Mauricio Velásquez, quienes admitieron haberse reunido en la sede presidencial con emisarios de jefes paramilitares de derecha que dijeron que iban a entregarles pruebas de un supuesto complot de la Corte Suprema contra el Gobierno.
En la cita con sus funcionarios el jefe del estado colombiano manifestó que "enfrentar el tráfico de testigos no es obstruir la justicia, sino evitar corrupción en la justicia".
Uribe insinuó que quien está detrás de esa acusación es el ex presidente César Gaviria (1990-1994), director del Partido Liberal, a cuya administración acusó de aliarse con delincuentes para abatir al entonces capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar, en 1992.
"Me amenazan con la Corte Penal Internacional los que en su momento dejaron que el narcotráfico se impusiera en la Constituyente del 91 para eliminar la extradición", señaló Uribe.
Las AUC, que reunían los comandos de defensa campesina creados hace más de 20 años para combatir a las guerrillas izquierdistas, celebraron un proceso de paz con el Gobierno entre 2003 y 2006, en el que se desmovilizaron más de 31.000 combatientes.
El fiscal Moreno Ocampo viajó a Colombia para recoger informes sobre los procesos contra los paramilitares y contra políticos asociados con esos grupos ilegales.
Con EFE
www.eltiempo.com
sábado, 30 de agosto de 2008
Mi hermano y yo
Tras el escándalo de su hermano, Fabio Valencia, el ministro de Interior y de Justicia, enfrenta el dilema de renunciar, como la 'Conchi', o quedarse, como el general Óscar Naranjo, quienes sufrieron situaciones similares. ¿A cuál caso se parece?
Fecha: 08/23/2008 -1373
Hace dos meses Fabio Valencia Cossio no se cambiaba por nadie. El presidente Álvaro Uribe por fin le había cumplido la promesa de nombrarlo ministro de Interior y de Justicia. Había esperado tres años.
Con el ímpetu de un primíparo estrenando puesto, Valencia se puso a la tarea de recuperar el tiempo perdido: buscó bajarle la temperatura a la pelea con la Corte Suprema, consolidar las mayorías del gobierno en el Congreso y anunció dos reformas constitucionales -una política y otra de justicia- que, en sus palabras, serían trascendentales. Valencia aspiraba a dejar una marca indeleble en su paso por el ministerio político por excelencia. Y aunque el camino ha sido tortuoso -ninguno de sus objetivos se ha concretado-, en los mentideros políticos se le reconocía por lo menos el nuevo aire que le había dado al cargo.
El pasado jueves 21 de agosto ese sueño se convirtió rápidamente en una pesadilla. En un artículo de portada, la revista Cambio publicó varios textos de conversaciones entre Guillermo Valencia Cossio, hermano del ministro y entonces director seccional de fiscalías de Medellín, y Juan Felipe Sierra, presunto narcotraficante. Dada la gravedad de las grabaciones -insinúan una relación muy estrecha entre un delincuente y un funcionario judicial-, el fiscal general, Mario Iguarán, destituyó a Valencia (ver siguiente artículo).
Aunque María Consuelo Araújo no tenía nada que ver con la parapolítica, las acusaciones contra su hermano, el senador Álvaro Araújo, la obligaron a renunciar a la cancillería El general Óscar Naranjo puso la cara al país cuando se conoció la detención de su hermano en Alemania por posesión de droga en mayo de 2006
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Casi de inmediato, voceros de la oposición como Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo, y Cecilia López, del Partido Liberal, empezaron a clamar por la renuncia del ministro. Se les unió, curiosamente, la otrora estrella resplandeciente del uribismo y hoy voz disidente de la coalición de gobierno, la senadora Gina Parody. Todos coincidieron en que Valencia debía dimitir porque no tendría presentación un ministro de justicia con un hermano en la Fiscalía presuntamente involucrado en actividades delictivas. El Partido Conservador, del cual Fabio Valencia Cossio es uno de sus más connotados dirigentes, salió rápidamente a respaldar al Ministro, con la justificación de que: "las responsabilidades penales son individuales". En un comunicado de cuatro puntos, Valencia expresó su "dolor de hermano" por los hechos y su apoyo a las autoridades judiciales que adelantan la investigación. El viernes dijo que no se va.
No es fácil el dilema del Ministro. No es el primer alto funcionario del Estado en enfrentar la tragedia de tener a un familiar con problemas judiciales. En los últimos dos años, la entonces canciller, María Consuelo Araújo, y el hoy director de la Policía, Óscar Naranjo, vivieron el mismo trauma. La primera tuvo que renunciar y el segundo no. El gran interrogante es cuál de estos dos casos se parece al de Valencia.
Paradójicamente, el general Naranjo y el ministro del Interior tienen algo más en común: la investigación contra el fiscal Valencia es parte de un proceso más grande, que se abrió tras la detención de Juan David Naranjo en Alemania, en mayo de 2006, por posesión de drogas. Cuando se conoció la noticia de la captura de su hermano menor, Naranjo, en ese entonces director de la Dijín, le puso la cara al país y recibió el total respaldo de sus superiores y del Presidente. Pocos pidieron su cabeza; un reflejo del reconocimiento al general por sus años de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Hasta el gobierno de Estados Unidos le dio la mano. Un año después, fue nombrado director de la Policía, señal inequívoca de que la situación de su hermano había sido aceptada como un hecho aislado y ajeno a su control.
No le ocurrió igual a María Consuelo Araújo. La 'Conchi' se vio obligada a renunciar al Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de que su hermano, el senador Álvaro Araújo, fue llamado a indagatoria por presuntos vínculos con los paramilitares al mando de 'Jorge 40'. Lo hizo a pesar de que nadie, incluidos los opositores más radicales del gobierno, dudó de la inocencia de la Canciller en todo este episodio. Pero infortunadamente -y así lo comprendió ella-, su permanencia en el gabinete era insostenible, y más cuando los ojos del mundo estaban clavados en Colombia por el escándalo de los nexos entre paramilitares y políticos. No podría ser, como Canciller, la principal vocera del país una persona cuyos familiares enfrentaban un proceso judicial de esa naturaleza. Era un pierde-pierde tanto para ella como para el gobierno.
¿A Fabio Valencia se le debe aplicar el perdón y olvido de Naranjo o la injusta pero necesaria renuncia de la 'Conchi'? Al igual que el director de la Policía y la ex canciller, el Ministro no tiene la culpa de que uno de sus hermanos esté en el ojo del huracán. Las comprometedoras grabaciones implican sólo al fiscal Valencia Cossio y no al ministro Valencia Cossio. Aunque las conversaciones son explosivas, aún no han sido valoradas por la justicia. Guillermo León Valencia insiste que se han tomado "fuera de contexto". El problema, sin embargo, es su interlocutor: un hombre que presuntamente trabaja para la red del narcotraficante y paramilitar Daniel Rendón Herrera, 'Don Mario' que, según las autoridades, es uno de los nuevos grandes capos del país.
Es precisamente ese hecho -que su pariente andaba hablando con una organización delictiva de ese calibre- lo que tiene en aprietos al Ministro de Interior y de Justicia. No hay que olvidar que una de sus principales funciones es dirigir la política criminal del Estado. Y, a diferencia de Naranjo, cuyo hermano vivía desde hace varios años en el exterior y era un ciudadano común y corriente, el de Fabio Valencia era un funcionario judicial en su natal Medellín. Es la misma situación en que se encontraba María Consuelo Araújo cuando estalló la para-política en su grupo familiar; su hermano Álvaro era un senador muy reconocido.
En la Colombia de hoy, estar relacionado con un narcotraficante es grave, pero ser vinculado a un narco-paramilitar es aun peor. Tal vez por eso, el director de la Policía pudo sortear lo de su hermano; más aun porque Juan David Naranjo era un eslabón menor dentro de una organización criminal.
Valencia no enfrenta esa situación. Como en el caso de la 'Conchi', las acusaciones contra su hermano son de gran calibre. De implicaciones nacionales e internacionales. Todo lo que huele a paramilitar, política e infiltración criminal del Estado se sigue muy de cerca en el exterior. Para la muestra un botón; esta semana llega Luis Moreno Ocampo, el fiscal de la Corte Penal Internacional, quien recientemente le preguntó al gobierno colombiano sobre estos temas.
Fabio Valencia Cossio ha ganado mil y una batallas en sus décadas de accionar político. Sabe que después de la tormenta, siempre viene la calma. Y también es consciente de que el mejor seguro para quedarse en un cargo en la administración Uribe es que la oposición pida su cabeza. La pregunta es si realmente piensa que después de este escándalo podrá alcanzar los ambiciosos propósitos que ideó durante esos años en la embajada de Colombia en Roma y como consejero para la Competitividad en Palacio, cuando esperaba ansioso la llamada del Presidente para que asumiera como ministro del Interior y de Justicia. Y si genuinamente cree que su reforma a la justicia tendrá futuro con él como cabeza de playa del gobierno ante el Congreso y la Corte Suprema.
www.semana.com
Tras el escándalo de su hermano, Fabio Valencia, el ministro de Interior y de Justicia, enfrenta el dilema de renunciar, como la 'Conchi', o quedarse, como el general Óscar Naranjo, quienes sufrieron situaciones similares. ¿A cuál caso se parece?
Fecha: 08/23/2008 -1373
Hace dos meses Fabio Valencia Cossio no se cambiaba por nadie. El presidente Álvaro Uribe por fin le había cumplido la promesa de nombrarlo ministro de Interior y de Justicia. Había esperado tres años.
Con el ímpetu de un primíparo estrenando puesto, Valencia se puso a la tarea de recuperar el tiempo perdido: buscó bajarle la temperatura a la pelea con la Corte Suprema, consolidar las mayorías del gobierno en el Congreso y anunció dos reformas constitucionales -una política y otra de justicia- que, en sus palabras, serían trascendentales. Valencia aspiraba a dejar una marca indeleble en su paso por el ministerio político por excelencia. Y aunque el camino ha sido tortuoso -ninguno de sus objetivos se ha concretado-, en los mentideros políticos se le reconocía por lo menos el nuevo aire que le había dado al cargo.
El pasado jueves 21 de agosto ese sueño se convirtió rápidamente en una pesadilla. En un artículo de portada, la revista Cambio publicó varios textos de conversaciones entre Guillermo Valencia Cossio, hermano del ministro y entonces director seccional de fiscalías de Medellín, y Juan Felipe Sierra, presunto narcotraficante. Dada la gravedad de las grabaciones -insinúan una relación muy estrecha entre un delincuente y un funcionario judicial-, el fiscal general, Mario Iguarán, destituyó a Valencia (ver siguiente artículo).
Aunque María Consuelo Araújo no tenía nada que ver con la parapolítica, las acusaciones contra su hermano, el senador Álvaro Araújo, la obligaron a renunciar a la cancillería El general Óscar Naranjo puso la cara al país cuando se conoció la detención de su hermano en Alemania por posesión de droga en mayo de 2006
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Casi de inmediato, voceros de la oposición como Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo, y Cecilia López, del Partido Liberal, empezaron a clamar por la renuncia del ministro. Se les unió, curiosamente, la otrora estrella resplandeciente del uribismo y hoy voz disidente de la coalición de gobierno, la senadora Gina Parody. Todos coincidieron en que Valencia debía dimitir porque no tendría presentación un ministro de justicia con un hermano en la Fiscalía presuntamente involucrado en actividades delictivas. El Partido Conservador, del cual Fabio Valencia Cossio es uno de sus más connotados dirigentes, salió rápidamente a respaldar al Ministro, con la justificación de que: "las responsabilidades penales son individuales". En un comunicado de cuatro puntos, Valencia expresó su "dolor de hermano" por los hechos y su apoyo a las autoridades judiciales que adelantan la investigación. El viernes dijo que no se va.
No es fácil el dilema del Ministro. No es el primer alto funcionario del Estado en enfrentar la tragedia de tener a un familiar con problemas judiciales. En los últimos dos años, la entonces canciller, María Consuelo Araújo, y el hoy director de la Policía, Óscar Naranjo, vivieron el mismo trauma. La primera tuvo que renunciar y el segundo no. El gran interrogante es cuál de estos dos casos se parece al de Valencia.
Paradójicamente, el general Naranjo y el ministro del Interior tienen algo más en común: la investigación contra el fiscal Valencia es parte de un proceso más grande, que se abrió tras la detención de Juan David Naranjo en Alemania, en mayo de 2006, por posesión de drogas. Cuando se conoció la noticia de la captura de su hermano menor, Naranjo, en ese entonces director de la Dijín, le puso la cara al país y recibió el total respaldo de sus superiores y del Presidente. Pocos pidieron su cabeza; un reflejo del reconocimiento al general por sus años de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Hasta el gobierno de Estados Unidos le dio la mano. Un año después, fue nombrado director de la Policía, señal inequívoca de que la situación de su hermano había sido aceptada como un hecho aislado y ajeno a su control.
No le ocurrió igual a María Consuelo Araújo. La 'Conchi' se vio obligada a renunciar al Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de que su hermano, el senador Álvaro Araújo, fue llamado a indagatoria por presuntos vínculos con los paramilitares al mando de 'Jorge 40'. Lo hizo a pesar de que nadie, incluidos los opositores más radicales del gobierno, dudó de la inocencia de la Canciller en todo este episodio. Pero infortunadamente -y así lo comprendió ella-, su permanencia en el gabinete era insostenible, y más cuando los ojos del mundo estaban clavados en Colombia por el escándalo de los nexos entre paramilitares y políticos. No podría ser, como Canciller, la principal vocera del país una persona cuyos familiares enfrentaban un proceso judicial de esa naturaleza. Era un pierde-pierde tanto para ella como para el gobierno.
¿A Fabio Valencia se le debe aplicar el perdón y olvido de Naranjo o la injusta pero necesaria renuncia de la 'Conchi'? Al igual que el director de la Policía y la ex canciller, el Ministro no tiene la culpa de que uno de sus hermanos esté en el ojo del huracán. Las comprometedoras grabaciones implican sólo al fiscal Valencia Cossio y no al ministro Valencia Cossio. Aunque las conversaciones son explosivas, aún no han sido valoradas por la justicia. Guillermo León Valencia insiste que se han tomado "fuera de contexto". El problema, sin embargo, es su interlocutor: un hombre que presuntamente trabaja para la red del narcotraficante y paramilitar Daniel Rendón Herrera, 'Don Mario' que, según las autoridades, es uno de los nuevos grandes capos del país.
Es precisamente ese hecho -que su pariente andaba hablando con una organización delictiva de ese calibre- lo que tiene en aprietos al Ministro de Interior y de Justicia. No hay que olvidar que una de sus principales funciones es dirigir la política criminal del Estado. Y, a diferencia de Naranjo, cuyo hermano vivía desde hace varios años en el exterior y era un ciudadano común y corriente, el de Fabio Valencia era un funcionario judicial en su natal Medellín. Es la misma situación en que se encontraba María Consuelo Araújo cuando estalló la para-política en su grupo familiar; su hermano Álvaro era un senador muy reconocido.
En la Colombia de hoy, estar relacionado con un narcotraficante es grave, pero ser vinculado a un narco-paramilitar es aun peor. Tal vez por eso, el director de la Policía pudo sortear lo de su hermano; más aun porque Juan David Naranjo era un eslabón menor dentro de una organización criminal.
Valencia no enfrenta esa situación. Como en el caso de la 'Conchi', las acusaciones contra su hermano son de gran calibre. De implicaciones nacionales e internacionales. Todo lo que huele a paramilitar, política e infiltración criminal del Estado se sigue muy de cerca en el exterior. Para la muestra un botón; esta semana llega Luis Moreno Ocampo, el fiscal de la Corte Penal Internacional, quien recientemente le preguntó al gobierno colombiano sobre estos temas.
Fabio Valencia Cossio ha ganado mil y una batallas en sus décadas de accionar político. Sabe que después de la tormenta, siempre viene la calma. Y también es consciente de que el mejor seguro para quedarse en un cargo en la administración Uribe es que la oposición pida su cabeza. La pregunta es si realmente piensa que después de este escándalo podrá alcanzar los ambiciosos propósitos que ideó durante esos años en la embajada de Colombia en Roma y como consejero para la Competitividad en Palacio, cuando esperaba ansioso la llamada del Presidente para que asumiera como ministro del Interior y de Justicia. Y si genuinamente cree que su reforma a la justicia tendrá futuro con él como cabeza de playa del gobierno ante el Congreso y la Corte Suprema.
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Uribe se enfrenta a la Corte Suprema
Hernando Salazar
Bogotá
Nuevamente la parapolítica, la investigación de nexos entre dirigentes políticos y bandas paramilitares de derecha, enfrenta al presidente colombiano, Álvaro Uribe, y a la Corte Suprema de Justicia.
Se trata de una confrontación que para algunos analistas consultados por BBC Mundo, como Pedro Medellín, es una muestra de "la profundización de las diferencias entre el gobierno y la Corte".
Después de que tres de los 32 congresistas y ex congresistas que estaban detenidos recuperaran su libertad, Uribe dijo este lunes que existe "tráfico de testigos" para implicarle a él en el escándalo, donde buena parte de los investigados son seguidores suyos.
Poco antes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte, había denunciado la existencia de un "complot" para atacar al tribunal, en el que, según él, estarían involucrados funcionarios de la presidencia de la República.
Ricaurte no descartó, incluso, exponerle la situación al fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, quien se encuentra en Bogotá.
Además de los congresistas y ex congresistas detenidos, otros 38 están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía por su supuesta vinculación con los paramilitares.
El Fiscal General, Mario Iguarán, reveló este lunes que su organismo ha pedido investigar a 155 congresistas y ex congresistas por nexos con paramilitares, así como a 76 miembros de Fuerza Pública y a 35 funcionarios del estado.
Un video
El enfrentamiento entre Uribe y la Corte surgió después de que Noticias 1, un informativo de televisión, revelara que hubo tres reuniones "secretas" en la Casa de Nariño, sede de la Presidencia, entre emisarios de paramilitares y los secretarios Jurídico y de Prensa de Uribe.
La última de las citas tuvo lugar a finales de abril pasado.
En esas reuniones se mostró un video de un hombre que se hizo pasar como intermediario de la Corte Suprema de Justicia y que habría exigido dinero al abogado de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna.
Don Berna es uno de los principales jefes paramilitares del país y fue extraditado en mayo pasado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
Uno de los dos emisarios de Don Berna es un hombre que fue asesinado hace tres semanas. Se trata de Antonio López, un paramilitar desmovilizado que ha sido señalado por tener nexos con una temida organización de sicarios de Medellín.
Muy molesto con el episodio del video, Uribe convocó una rueda de prensa extraordinaria, en la que dijo insistentemente que la justicia tiene que investigar la supuesta manipulación de testigos, con los que se pretende relacionarle con los paramilitares.
El presidente dijo que él recibe casi todos los días a personas que le llevan información y que el episodio no había salido a la luz pública, porque no se encontraron pruebas sólidas en contra de la Corte.
Aunque el supuesto intermediario no es funcionario de la Corte, Uribe dijo que la policía secreta descubrió que sí solía ir a la sede del tribunal.
Ataques a la Corte
Uribe también atacó a Iván Velásquez, el magistrado estrella de la investigación en la Corte Suprema, y lo acusó de haber bebido licor en compañía de testigos del proceso judicial.
Cuando le preguntaron a Uribe por las quejas de la Corte por presiones en la investigación sobre la parapolítica, dijo que él también podría denunciar a los magistrados por no haber hecho "nada" respecto a ese tema antes de 2002.
"¿Van a denunciar al gobierno que puso en marcha la seguridad democrática, al gobierno que ha desmontado el paramilitarismo, al gobierno que ha creado las condiciones para que la justicia opere?", se preguntó.
Pero los roces de Uribe no son sólo con la Corte, sino también con la Fiscalía, a la cual el presidente colombiano acusó de no haber actuado a tiempo para separar de la entidad al fiscal jefe de Medellín, Guillermo Valencia Cossio, envuelto en un escándalo por supuestos nexos con narcotraficantes.
Este fiscal es hermano del recién nombrado ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio.
Iguarán responde
Uribe se quejó de que, pese a que le investigación llevaba un año y medio en marcha, la Fiscalía sólo hubiera actuado frente a Guillermo Valencia cuando unas grabaciones comprometedoras fueron reveladas por los medios de comunicación la semana anterior.
La Corte y la Fiscalía están presionadas por el gobierno, mientras que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, tiene los ojos puestos en los casos donde los investigados han sido absueltos
Ramiro Bejarano, abogado, profesor y columnista
Pero el Fiscal General, Mario Iguarán, se defendió y dijo incluso que el ministro del interior le llamó a hablarle de la inocencia de su hermano.
Iguarán también respondió a las críticas contra la Fiscalía por su actuación frente a la parapolítica y dijo que su organismo ya apeló ante los tribunales la absolución de dos ex congresistas que estaban presos y salieron en libertad.
¿Qué pasará con el proceso judicial más sonado de los últimos años en Colombia? Es imposible predecirlo.
En declaraciones a BBC Mundo, el abogado, profesor y columnista Ramiro Bejarano, afirmó que "la Corte y la Fiscalía están presionadas por el gobierno, mientras que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, tiene los ojos puestos en los casos donde los investigados han sido absueltos".
Por ahora, Moreno Ocampo sólo ha dicho que la justicia colombiana debería establecer prioridades para investigar a los paramilitares y sus socios.
Nota de BBCMundo.com:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/latin_america/newsid_7581000/7581390.stm
Publicada: 2008/08/25 22:18:05 GMT
Hernando Salazar
Bogotá
Nuevamente la parapolítica, la investigación de nexos entre dirigentes políticos y bandas paramilitares de derecha, enfrenta al presidente colombiano, Álvaro Uribe, y a la Corte Suprema de Justicia.
Se trata de una confrontación que para algunos analistas consultados por BBC Mundo, como Pedro Medellín, es una muestra de "la profundización de las diferencias entre el gobierno y la Corte".
Después de que tres de los 32 congresistas y ex congresistas que estaban detenidos recuperaran su libertad, Uribe dijo este lunes que existe "tráfico de testigos" para implicarle a él en el escándalo, donde buena parte de los investigados son seguidores suyos.
Poco antes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte, había denunciado la existencia de un "complot" para atacar al tribunal, en el que, según él, estarían involucrados funcionarios de la presidencia de la República.
Ricaurte no descartó, incluso, exponerle la situación al fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, quien se encuentra en Bogotá.
Además de los congresistas y ex congresistas detenidos, otros 38 están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía por su supuesta vinculación con los paramilitares.
El Fiscal General, Mario Iguarán, reveló este lunes que su organismo ha pedido investigar a 155 congresistas y ex congresistas por nexos con paramilitares, así como a 76 miembros de Fuerza Pública y a 35 funcionarios del estado.
Un video
El enfrentamiento entre Uribe y la Corte surgió después de que Noticias 1, un informativo de televisión, revelara que hubo tres reuniones "secretas" en la Casa de Nariño, sede de la Presidencia, entre emisarios de paramilitares y los secretarios Jurídico y de Prensa de Uribe.
La última de las citas tuvo lugar a finales de abril pasado.
En esas reuniones se mostró un video de un hombre que se hizo pasar como intermediario de la Corte Suprema de Justicia y que habría exigido dinero al abogado de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna.
Don Berna es uno de los principales jefes paramilitares del país y fue extraditado en mayo pasado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
Uno de los dos emisarios de Don Berna es un hombre que fue asesinado hace tres semanas. Se trata de Antonio López, un paramilitar desmovilizado que ha sido señalado por tener nexos con una temida organización de sicarios de Medellín.
Muy molesto con el episodio del video, Uribe convocó una rueda de prensa extraordinaria, en la que dijo insistentemente que la justicia tiene que investigar la supuesta manipulación de testigos, con los que se pretende relacionarle con los paramilitares.
El presidente dijo que él recibe casi todos los días a personas que le llevan información y que el episodio no había salido a la luz pública, porque no se encontraron pruebas sólidas en contra de la Corte.
Aunque el supuesto intermediario no es funcionario de la Corte, Uribe dijo que la policía secreta descubrió que sí solía ir a la sede del tribunal.
Ataques a la Corte
Uribe también atacó a Iván Velásquez, el magistrado estrella de la investigación en la Corte Suprema, y lo acusó de haber bebido licor en compañía de testigos del proceso judicial.
Cuando le preguntaron a Uribe por las quejas de la Corte por presiones en la investigación sobre la parapolítica, dijo que él también podría denunciar a los magistrados por no haber hecho "nada" respecto a ese tema antes de 2002.
"¿Van a denunciar al gobierno que puso en marcha la seguridad democrática, al gobierno que ha desmontado el paramilitarismo, al gobierno que ha creado las condiciones para que la justicia opere?", se preguntó.
Pero los roces de Uribe no son sólo con la Corte, sino también con la Fiscalía, a la cual el presidente colombiano acusó de no haber actuado a tiempo para separar de la entidad al fiscal jefe de Medellín, Guillermo Valencia Cossio, envuelto en un escándalo por supuestos nexos con narcotraficantes.
Este fiscal es hermano del recién nombrado ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio.
Iguarán responde
Uribe se quejó de que, pese a que le investigación llevaba un año y medio en marcha, la Fiscalía sólo hubiera actuado frente a Guillermo Valencia cuando unas grabaciones comprometedoras fueron reveladas por los medios de comunicación la semana anterior.
La Corte y la Fiscalía están presionadas por el gobierno, mientras que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, tiene los ojos puestos en los casos donde los investigados han sido absueltos
Ramiro Bejarano, abogado, profesor y columnista
Pero el Fiscal General, Mario Iguarán, se defendió y dijo incluso que el ministro del interior le llamó a hablarle de la inocencia de su hermano.
Iguarán también respondió a las críticas contra la Fiscalía por su actuación frente a la parapolítica y dijo que su organismo ya apeló ante los tribunales la absolución de dos ex congresistas que estaban presos y salieron en libertad.
¿Qué pasará con el proceso judicial más sonado de los últimos años en Colombia? Es imposible predecirlo.
En declaraciones a BBC Mundo, el abogado, profesor y columnista Ramiro Bejarano, afirmó que "la Corte y la Fiscalía están presionadas por el gobierno, mientras que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, tiene los ojos puestos en los casos donde los investigados han sido absueltos".
Por ahora, Moreno Ocampo sólo ha dicho que la justicia colombiana debería establecer prioridades para investigar a los paramilitares y sus socios.
Nota de BBCMundo.com:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/latin_america/newsid_7581000/7581390.stm
Publicada: 2008/08/25 22:18:05 GMT
¿Quién ganó con el exterminio de la UP?
Steven Dudley investigó durante cuatro años cómo se fraguó el exterminio de la Unión Patriótica, uno de los capítulos más confusos de la historia política del país. La respuesta no deja contento a nadie, ni siquiera a muchos sobrevivientes del partido.
Por Juan Diego Restrepo E. *
Fecha: 08/25/2008 -
“Escribí el libro para que haya debate, pero un debate serio, no infantil”, me dice Steven Dudley a través de la línea telefónica. Sus palabras suenas vehementes porque es consciente de que los resultados de su investigación, consignadas en el libro Armas y urnas. Historia de un genocidio político (Planeta, junio de 2008), no le caerán bien a todos aquellos que de una u otra manera estuvieron involucrados en la muerte y desaparición de los miembros de la Unión Patriótica (UP) ocurridas desde 1984.
Publicado en inglés en el año 2004 y traducido al español en este año, el libro aborda, no exento de polémica, un capítulo de la historia que el país aún no concluye y refleja una labor periodística de más de cuatro años de rigurosa investigación y escritura que intenta explicar las causas que derivaron en el genocidio de la UP a través de múltiples ópticas, todas ellas inmersas en el conflicto armado de este país.
En su libro Dudley atribuye gran parte de la responsabilidad del genocidio de la Unión Patriótica al Estado colombiano, un sector del ejército aliado con paramilitares, así como a empresarios y ganaderos. Pero además le da una buena carga a las mismas FARC, quienes a su juicio utilizaron al movimiento con un doble propósito: la política y la guerra.
“Las FARC utilizan su exterminio para justificar la guerra, mientras que los paramilitares la señalan como un ejemplo del engaño de la guerrilla, y quienes están en el medio la ven como una razón más por la cual la paz es todavía una realidad lejana”, escribe Dudley.
“En el libro no se salva nadie, no voy a decir que echo rosas al Partido Comunista, que no lo hago, ni a muchos miembros de la UP, pero tampoco es una cosa monolítica, no es perfecto porque nada es blanco y negro”, agrega Dudley, sin perder ese tono de voz de quien defiende su trabajo con ahínco y argumenta que precisamente escribió sobre la UP porque es un caso que muestra la complejidad de este país.
Una parte de la crítica colombiana, en particular de un amplio sector de la izquierda-incluso muchos sobrevivientes de la UP, no ha recibido con agrado el trabajo de este periodista y escritor norteamericano, quien vivió por más de diez años en el país y profundizó en él a través de su trabajo como observador de derechos humanos en las Brigadas Internacionales de Paz y luego como redactor de los diarios The Washington Post, The Economist, Miami Herald, BBC y National Public Radio.
Sus hallazgos, tal como lo advierte Dudley, no son cómodos para un país que ha presenciado, activa y pasivamente, la muerte de más de 3.600 integrantes de un partido político de izquierda que vio la luz en 1984 de la mano de la guerrilla de las Farc como parte de los acuerdos firmados en el municipio de la Uribe, Meta, con el Gobierno nacional en cabeza del presidente Belisario Betancur.
“No puedo negar que soy extranjero y que tengo una óptica distinta, pero me duele un poco la critica porque creo que hablan sin leer el libro”, expresa y, de paso, descarta una de las afirmaciones más drásticas que ha suscitado su trabajo: “Yo no digo que las Farc mataron a la UP, eso es lo que dicen los de la derecha”.
El punto de partida de su trabajo es una pregunta en apariencia simple: por qué mataron a Josué Giraldo, miembro del Partido Comunista, activista de la UP y presidente del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, quien murió baleado delante de sus hijas el 13 de octubre de 1996.
“El libro intenta contestar esa pregunta desde varias ópticas” me explica Dudley, “no sólo desde el círculo en el cual estaba, conformado por activistas de derechos humanos, miembros de la UP y del Partido Comunista, sindicalistas de la Unión Sindical Obrera y campesinos, sino desde las personas que mataron a la gente de la UP o que crearon la base ideológica para poder eliminar un partido político”.
¿A través de su investigación, pudo resolver por qué mataron a Josué Giraldo?
“De alguna manera encontré que obedeció a una serie de factores que se enredan en algún momento determinado y crean el ambiente para poder acabar con un partido político. Esas cosas van desde la misma combinación de todas las formas de lucha por parte del Estado como por las Farc. Ahora, yo no encuentro razones para decir que la guerrilla mató a miembros de la UP, eso es una mentira. Me duele que hagan esas preguntas porque el libro no lo dice. Lo que pasa es que la gente lee un columnista que sí lo dice y luego saca como conclusión que esas son mis conclusiones”.
¿Y cuál es su conclusión entonces?
“Mi conclusión es que el Estado tiene la responsabilidad por lo que pasó con la UP, pero las mismas Farc hicieron también un trabajo por reducir el espacio político que tenían esos señores y por no sacarlos a tiempo, por no decir “acabemos con esto y volvamos a la clandestinidad”.
¿En ese momento, carecieron las Farc de olfato político para evitar el genocidio?
“De alguna manera sí, pero hay que decir que también les sirvió porque las Farc creció mucho durante y después de la UP, y eso les dio la justificación perfecta para seguir su lucha para siempre; aunque ese no era el plan”.
¿Esa manera de involucrar a las Farc no podría entenderse como una forma de reducir la responsabilidad del Estado en el genocidio de la UP?
“No estoy justificando lo que ha hecho el Estado; incluso, en varios apartes del libro hablo sobre los nexos del Estado, la Policía, el Ejército y el DAS con aquellos que mataron a la mayoría de las personas de la UP. Entonces, no sé cómo es que estoy absolviendo al Estado. Con un estudio muy cuidadoso, muestro claramente que sí había un nexo muy fuerte entre sectores del Estado y los que matan a la gente de la UP”.
¿Por eso usted insiste en que hubo un compromiso del Estado en exterminar la UP?
“Hubo un gran compromiso por parte del Estado. La gran muestra, para mí es que no ataca a los paramilitares en los años 1986, 1987, incluso en 1988. No empieza a atacarlos sino hasta después de la muerte del candidato presidencia Luis Carlos Galán y la matanza de La Rochela, donde murieron 18 investigadores judiciales”.
¿Y por qué duró el Estado tres años sin señalar a los paramilitares?
“Porque no les importaba”.
¿Jugó algún papel el gobierno de Estados Unidos en el genocidio de la UP?
“Directamente no tanto, pero podría decir que esa base ideológica que acaba con la UP comienza en los años 50, cuando hay un auge importante de militares colombianos que reciben entrenamiento en Estados Unidos sobre la doctrina de seguridad nacional. Ahí sí juega un papel fundamental y crea una mentalidad, para mí perversa, que implica que cualquier persona puede ser enemigo, desde el cura hasta el ama de casa”.
¿En términos de democracia, qué cambios observa usted entre el periodo investigado y la actualidad?
“El espacio político de la izquierda es mucho mayor hoy que antes; incluso, he visto un auge muy importante del Polo Democrático Alternativo. En 1986 y 1990, sólo alcanzaba el 4% en las votaciones; en el año 2006, llegó al 22% con Carlos Gaviria. Hoy sé que ese porcentaje se puede conseguir sin que los maten. Es un logro y hay que reconocerlo. Si se protegen los espacios políticos, si las instituciones se ocupan de hacerlo y si la gente se siente segura al expresarse en todo tipo de debates, entonces habrá una discusión de fondo sobre el conflicto y ojalá eso lleve a una negociación”.
Por último, el país aún tiene muchas preguntas sobre el genocidio de la UP. ¿Usted cree que a través de su texto quedan resueltas?
“Las preguntas que quedan respondidas son sencillas. Hay una generación entera que no sabe que la UP era una iniciativa de las Farc; que no sabe el origen de los paramilitares, de la misma guerrilla y de la idea de autodefensa. Esas respuestas poco a poco contextualizan el conflicto colombiano. Aunque la idea es poner todas las cosas en la mesa para que la gente diga “esto es muy complejo” y concluya que para resolverlo se requiere un esfuerzo. Debo insistir que escribí el libro para que haya debate, pero un debate serio, no un debate infantil como el que estoy viendo por estos días en el país”.
* Editor de la Agencia de Prensa IPC, www.ipc.org.co
www.semana.co
Steven Dudley investigó durante cuatro años cómo se fraguó el exterminio de la Unión Patriótica, uno de los capítulos más confusos de la historia política del país. La respuesta no deja contento a nadie, ni siquiera a muchos sobrevivientes del partido.
Por Juan Diego Restrepo E. *
Fecha: 08/25/2008 -
“Escribí el libro para que haya debate, pero un debate serio, no infantil”, me dice Steven Dudley a través de la línea telefónica. Sus palabras suenas vehementes porque es consciente de que los resultados de su investigación, consignadas en el libro Armas y urnas. Historia de un genocidio político (Planeta, junio de 2008), no le caerán bien a todos aquellos que de una u otra manera estuvieron involucrados en la muerte y desaparición de los miembros de la Unión Patriótica (UP) ocurridas desde 1984.
Publicado en inglés en el año 2004 y traducido al español en este año, el libro aborda, no exento de polémica, un capítulo de la historia que el país aún no concluye y refleja una labor periodística de más de cuatro años de rigurosa investigación y escritura que intenta explicar las causas que derivaron en el genocidio de la UP a través de múltiples ópticas, todas ellas inmersas en el conflicto armado de este país.
En su libro Dudley atribuye gran parte de la responsabilidad del genocidio de la Unión Patriótica al Estado colombiano, un sector del ejército aliado con paramilitares, así como a empresarios y ganaderos. Pero además le da una buena carga a las mismas FARC, quienes a su juicio utilizaron al movimiento con un doble propósito: la política y la guerra.
“Las FARC utilizan su exterminio para justificar la guerra, mientras que los paramilitares la señalan como un ejemplo del engaño de la guerrilla, y quienes están en el medio la ven como una razón más por la cual la paz es todavía una realidad lejana”, escribe Dudley.
“En el libro no se salva nadie, no voy a decir que echo rosas al Partido Comunista, que no lo hago, ni a muchos miembros de la UP, pero tampoco es una cosa monolítica, no es perfecto porque nada es blanco y negro”, agrega Dudley, sin perder ese tono de voz de quien defiende su trabajo con ahínco y argumenta que precisamente escribió sobre la UP porque es un caso que muestra la complejidad de este país.
Una parte de la crítica colombiana, en particular de un amplio sector de la izquierda-incluso muchos sobrevivientes de la UP, no ha recibido con agrado el trabajo de este periodista y escritor norteamericano, quien vivió por más de diez años en el país y profundizó en él a través de su trabajo como observador de derechos humanos en las Brigadas Internacionales de Paz y luego como redactor de los diarios The Washington Post, The Economist, Miami Herald, BBC y National Public Radio.
Sus hallazgos, tal como lo advierte Dudley, no son cómodos para un país que ha presenciado, activa y pasivamente, la muerte de más de 3.600 integrantes de un partido político de izquierda que vio la luz en 1984 de la mano de la guerrilla de las Farc como parte de los acuerdos firmados en el municipio de la Uribe, Meta, con el Gobierno nacional en cabeza del presidente Belisario Betancur.
“No puedo negar que soy extranjero y que tengo una óptica distinta, pero me duele un poco la critica porque creo que hablan sin leer el libro”, expresa y, de paso, descarta una de las afirmaciones más drásticas que ha suscitado su trabajo: “Yo no digo que las Farc mataron a la UP, eso es lo que dicen los de la derecha”.
El punto de partida de su trabajo es una pregunta en apariencia simple: por qué mataron a Josué Giraldo, miembro del Partido Comunista, activista de la UP y presidente del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, quien murió baleado delante de sus hijas el 13 de octubre de 1996.
“El libro intenta contestar esa pregunta desde varias ópticas” me explica Dudley, “no sólo desde el círculo en el cual estaba, conformado por activistas de derechos humanos, miembros de la UP y del Partido Comunista, sindicalistas de la Unión Sindical Obrera y campesinos, sino desde las personas que mataron a la gente de la UP o que crearon la base ideológica para poder eliminar un partido político”.
¿A través de su investigación, pudo resolver por qué mataron a Josué Giraldo?
“De alguna manera encontré que obedeció a una serie de factores que se enredan en algún momento determinado y crean el ambiente para poder acabar con un partido político. Esas cosas van desde la misma combinación de todas las formas de lucha por parte del Estado como por las Farc. Ahora, yo no encuentro razones para decir que la guerrilla mató a miembros de la UP, eso es una mentira. Me duele que hagan esas preguntas porque el libro no lo dice. Lo que pasa es que la gente lee un columnista que sí lo dice y luego saca como conclusión que esas son mis conclusiones”.
¿Y cuál es su conclusión entonces?
“Mi conclusión es que el Estado tiene la responsabilidad por lo que pasó con la UP, pero las mismas Farc hicieron también un trabajo por reducir el espacio político que tenían esos señores y por no sacarlos a tiempo, por no decir “acabemos con esto y volvamos a la clandestinidad”.
¿En ese momento, carecieron las Farc de olfato político para evitar el genocidio?
“De alguna manera sí, pero hay que decir que también les sirvió porque las Farc creció mucho durante y después de la UP, y eso les dio la justificación perfecta para seguir su lucha para siempre; aunque ese no era el plan”.
¿Esa manera de involucrar a las Farc no podría entenderse como una forma de reducir la responsabilidad del Estado en el genocidio de la UP?
“No estoy justificando lo que ha hecho el Estado; incluso, en varios apartes del libro hablo sobre los nexos del Estado, la Policía, el Ejército y el DAS con aquellos que mataron a la mayoría de las personas de la UP. Entonces, no sé cómo es que estoy absolviendo al Estado. Con un estudio muy cuidadoso, muestro claramente que sí había un nexo muy fuerte entre sectores del Estado y los que matan a la gente de la UP”.
¿Por eso usted insiste en que hubo un compromiso del Estado en exterminar la UP?
“Hubo un gran compromiso por parte del Estado. La gran muestra, para mí es que no ataca a los paramilitares en los años 1986, 1987, incluso en 1988. No empieza a atacarlos sino hasta después de la muerte del candidato presidencia Luis Carlos Galán y la matanza de La Rochela, donde murieron 18 investigadores judiciales”.
¿Y por qué duró el Estado tres años sin señalar a los paramilitares?
“Porque no les importaba”.
¿Jugó algún papel el gobierno de Estados Unidos en el genocidio de la UP?
“Directamente no tanto, pero podría decir que esa base ideológica que acaba con la UP comienza en los años 50, cuando hay un auge importante de militares colombianos que reciben entrenamiento en Estados Unidos sobre la doctrina de seguridad nacional. Ahí sí juega un papel fundamental y crea una mentalidad, para mí perversa, que implica que cualquier persona puede ser enemigo, desde el cura hasta el ama de casa”.
¿En términos de democracia, qué cambios observa usted entre el periodo investigado y la actualidad?
“El espacio político de la izquierda es mucho mayor hoy que antes; incluso, he visto un auge muy importante del Polo Democrático Alternativo. En 1986 y 1990, sólo alcanzaba el 4% en las votaciones; en el año 2006, llegó al 22% con Carlos Gaviria. Hoy sé que ese porcentaje se puede conseguir sin que los maten. Es un logro y hay que reconocerlo. Si se protegen los espacios políticos, si las instituciones se ocupan de hacerlo y si la gente se siente segura al expresarse en todo tipo de debates, entonces habrá una discusión de fondo sobre el conflicto y ojalá eso lleve a una negociación”.
Por último, el país aún tiene muchas preguntas sobre el genocidio de la UP. ¿Usted cree que a través de su texto quedan resueltas?
“Las preguntas que quedan respondidas son sencillas. Hay una generación entera que no sabe que la UP era una iniciativa de las Farc; que no sabe el origen de los paramilitares, de la misma guerrilla y de la idea de autodefensa. Esas respuestas poco a poco contextualizan el conflicto colombiano. Aunque la idea es poner todas las cosas en la mesa para que la gente diga “esto es muy complejo” y concluya que para resolverlo se requiere un esfuerzo. Debo insistir que escribí el libro para que haya debate, pero un debate serio, no un debate infantil como el que estoy viendo por estos días en el país”.
* Editor de la Agencia de Prensa IPC, www.ipc.org.co
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Preguntas sobre alocución presidencial
Preguntas sobre alocución presidencial
A continuación Semana.com publica apartes de la rueda de prensa que dio el presidente Álvaro Uribe a los medios en la mañana del lunes para dar explicaciones acerca de la supuestas pruebas que ex paramilitares entregaron a funcionarios de la Casa de Nariño que enlodaban a la Corte Suprema de Justicia, según lo denunció revista SEMANA. A pesar del esfuerzo del primer mandatario por aclarar lo sucedido, quedan varias preguntas sin responder.
Fecha: 08/25/2008 -
“No desautoricé que el Secretario Jurídico, Edmundo del Castillo, se reuniera con estos señores”
¿Por qué, como dijo el Presidente, “la Presidencia de la República tiene por norma recibir a todas las personas que traigan alguna información de orden público”, si para ello existe todo un aparato estatal de defensa y seguridad que le cuesta a los contribuyentes más del 6 por ciento del PIB al año? ¿No existen filtros entre un potencial denunciante y la Presidencia? ¿Por qué reciben a los ex paramilitares, los Secretarios Jurídico y de Prensa de la Presidencia, cuando no es esa función de ninguno de los dos? ¿Por qué el Presidente se arriesga a autorizar a que dos de sus hombres más cercanos acepten escuchar en la Casa de Nariño a ex paramilitares aún con fuertes vínculos con el crimen y reciban de ellos grabaciones clandestinas de los magistrados? ¿Por qué se les permitió a estos voceros entrar al sótano de la Casa de Nariño cuando gobernadores y congresistas siempre tienen que entrar por la puerta principal? ¿Por qué no quedó registrado el nombre de Antonio Lopez, alias Job, cuando entró a Palacio?
“¿Cómo íbamos a hacer una denuncia si no encontramos una información importante?”
¿Cómo podían constatar que la información no era importante si aún no la conocían en su totalidad y hasta ahora, según el Presidente, el DAS la está transcribiendo? ¿De quién es en realidad la obligación de investigar a Henry Anaya (el hombreque aparece en el video del escándalo haciéndose pidiéndole plata al abogado de Don Berna a cambio de supuestos favores en la Corte y en la Fiscalía) cuando éste era había sido nombrado por el gobierno como registrador en Barrancabermeja, justo una semana antes de que Don Berna fuera extraditado? ¿Por qué dice el Presidente que el DAS hasta ahora está transcribiendo la información cuándo un paquete con estas transcripciones ya había sido filtrado a por lo menos un medio por el mismo gobierno desde hacía algunas semanas?
“Nos parecía injusto con unas pruebas irrelevantes, salir a hacerle una acusación a la Corte Suprema de Justicia”
¿Quién es Henry Anaya?
BR>
¿Si las pruebas eran irrelevantes por qué se siguieron reuniendo los funcionarios de la Casa de Nariño con los paras, como lo indica una grabación revelada por Semana en la que uno de los visitantes a Palacio le dice a su colega ex paramilitar que el Secretario de Prensa de Presidencia lo está buscando? ¿Por qué en septiembre del año pasado, el Presidente sí le dio toda la credibilidad a la carta de Tasmania acusando a un magistrado de la Corte y en cambio ahora le parece injusto airear otras pruebas?
“Toda persona que quiera dar información seria sobre manipulación de testigos, aquí se la recibimos y la tramitaremos con la opinión pública y con las autoridades competentes”
¿Al anunciar que la Casa de Nariño está de puerta abiertas a cualquier información en contra la Corte, no está invitando el Presidente a que interesados en sabotear la justicia pesquen en río revuelto? ¿Es procedente que el Primer Mandatario invite a todas las personas a que traigan pruebas de un supuesto cartel de testigos armado por la Corte, cuando es esa Corte la que está investigando a varios congresistas, la mayoría de ellos de partidos uribistas? ¿Por qué insiste el Presidente en la existencia de un “cartel de testigos” cuando aún no se conoce una sola evidencia al respecto? ¿Y por qué dijo que los voceros de los paramilitares venían a dar información sobre este "cartel" cuando ninguna de las grabaciones que entregaron se refieren a este supuesto "cartel"?
“Hay que tomar decisiones ante los hechos y no ante las revelaciones de prensa”
¿Si las revelaciones de los medios sobre posibles hechos irregulares que involucren a funcionarios de la Casa de Nariño o del Alto Gobierno, son insuficientes para tomar medidas, entonces qué debe hacer un gobierno democrático, cuando la prensa hace graves denuncias? ¿Ignorarlas?
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A continuación Semana.com publica apartes de la rueda de prensa que dio el presidente Álvaro Uribe a los medios en la mañana del lunes para dar explicaciones acerca de la supuestas pruebas que ex paramilitares entregaron a funcionarios de la Casa de Nariño que enlodaban a la Corte Suprema de Justicia, según lo denunció revista SEMANA. A pesar del esfuerzo del primer mandatario por aclarar lo sucedido, quedan varias preguntas sin responder.
Fecha: 08/25/2008 -
“No desautoricé que el Secretario Jurídico, Edmundo del Castillo, se reuniera con estos señores”
¿Por qué, como dijo el Presidente, “la Presidencia de la República tiene por norma recibir a todas las personas que traigan alguna información de orden público”, si para ello existe todo un aparato estatal de defensa y seguridad que le cuesta a los contribuyentes más del 6 por ciento del PIB al año? ¿No existen filtros entre un potencial denunciante y la Presidencia? ¿Por qué reciben a los ex paramilitares, los Secretarios Jurídico y de Prensa de la Presidencia, cuando no es esa función de ninguno de los dos? ¿Por qué el Presidente se arriesga a autorizar a que dos de sus hombres más cercanos acepten escuchar en la Casa de Nariño a ex paramilitares aún con fuertes vínculos con el crimen y reciban de ellos grabaciones clandestinas de los magistrados? ¿Por qué se les permitió a estos voceros entrar al sótano de la Casa de Nariño cuando gobernadores y congresistas siempre tienen que entrar por la puerta principal? ¿Por qué no quedó registrado el nombre de Antonio Lopez, alias Job, cuando entró a Palacio?
“¿Cómo íbamos a hacer una denuncia si no encontramos una información importante?”
¿Cómo podían constatar que la información no era importante si aún no la conocían en su totalidad y hasta ahora, según el Presidente, el DAS la está transcribiendo? ¿De quién es en realidad la obligación de investigar a Henry Anaya (el hombreque aparece en el video del escándalo haciéndose pidiéndole plata al abogado de Don Berna a cambio de supuestos favores en la Corte y en la Fiscalía) cuando éste era había sido nombrado por el gobierno como registrador en Barrancabermeja, justo una semana antes de que Don Berna fuera extraditado? ¿Por qué dice el Presidente que el DAS hasta ahora está transcribiendo la información cuándo un paquete con estas transcripciones ya había sido filtrado a por lo menos un medio por el mismo gobierno desde hacía algunas semanas?
“Nos parecía injusto con unas pruebas irrelevantes, salir a hacerle una acusación a la Corte Suprema de Justicia”
¿Quién es Henry Anaya?
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¿Si las pruebas eran irrelevantes por qué se siguieron reuniendo los funcionarios de la Casa de Nariño con los paras, como lo indica una grabación revelada por Semana en la que uno de los visitantes a Palacio le dice a su colega ex paramilitar que el Secretario de Prensa de Presidencia lo está buscando? ¿Por qué en septiembre del año pasado, el Presidente sí le dio toda la credibilidad a la carta de Tasmania acusando a un magistrado de la Corte y en cambio ahora le parece injusto airear otras pruebas?
“Toda persona que quiera dar información seria sobre manipulación de testigos, aquí se la recibimos y la tramitaremos con la opinión pública y con las autoridades competentes”
¿Al anunciar que la Casa de Nariño está de puerta abiertas a cualquier información en contra la Corte, no está invitando el Presidente a que interesados en sabotear la justicia pesquen en río revuelto? ¿Es procedente que el Primer Mandatario invite a todas las personas a que traigan pruebas de un supuesto cartel de testigos armado por la Corte, cuando es esa Corte la que está investigando a varios congresistas, la mayoría de ellos de partidos uribistas? ¿Por qué insiste el Presidente en la existencia de un “cartel de testigos” cuando aún no se conoce una sola evidencia al respecto? ¿Y por qué dijo que los voceros de los paramilitares venían a dar información sobre este "cartel" cuando ninguna de las grabaciones que entregaron se refieren a este supuesto "cartel"?
“Hay que tomar decisiones ante los hechos y no ante las revelaciones de prensa”
¿Si las revelaciones de los medios sobre posibles hechos irregulares que involucren a funcionarios de la Casa de Nariño o del Alto Gobierno, son insuficientes para tomar medidas, entonces qué debe hacer un gobierno democrático, cuando la prensa hace graves denuncias? ¿Ignorarlas?
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El Complot de los Paras
El complot de los paras
En medio de su guerra contra la Corte Suprema de Justicia, el círculo íntimo del Presidente llegó al extremo de conversar en secreto con los hombres del ex jefe paramilitar 'Don Berna'.
Fecha: 08/23/2008 -1373
En los últimos meses el país ha visto cómo el pulso entre la Corte Suprema y el gobierno por el escándalo de la para-política se ha convertido en una batalla campal. De la sana separación de poderes se ha llegado a insultos, demandas y guerra de comunicados que convierten este episodio en una pelea de barrio. Lo que a ningún colombiano se le pasaba por la mente es que en este duro enfrentamiento algunos de los más cercanos colaboradores del Presidente se reunieran en la Casa de Nariño con ex paramilitares (aunque algunos seguían delinquiendo) para terminar salpicados en un complot que había armado un jefe para, con miras a enlodar a la Corte. SEMANA tiene audios y videos que revelan cómo el jefe paramilitar 'Don Berna' y sus hombres de confianza diseñaron un maquiavélico plan que consistió en grabar clandestinamente a miembros de la Corte -y otras personas- con el fin de llevarle las grabaciones al gobierno a cambio de beneficios.
Que los paramilitares, en este caso 'Don Berna' y compañía, estén en complots, grabando sin consentimiento, y en campañas de desprestigio que capitalizaban la pugna entre el gobierno y la Corte para sacar tajada, es grave pero no sorprende. Al fin y al cabo, son delincuentes con un modus operandi mafioso. Lo que sí sorprende es que en el corazón de la Casa de Nariño, a escasos metros de la oficina del presidente Álvaro Uribe, el secretario jurídico y el jefe de prensa se reúnan con los enviados de 'Don Berna' para recibirles información contra la Corte. ¿Y qué querían los paras a cambio? Dilatar la extradición de 'Don Berna', según dijeron los propios representantes de los paramilitares a SEMANA.
El complot paramilitar se comenzó a fraguar desde diciembre pasado. Para ese momento, la pelea entre la Corte Suprema y la Presidencia llevaba varios meses y atravesaba por uno de los momentos más candentes por cuenta de la afirmación de un paramilitar llamado José Orlando Moncada. A comienzos de octubre, ese hombre, conocido con el alias 'Tasmania', le envió una carta al Presidente en la que le decía que había sido presionado por el investigador estrella de la Corte en la para-política, el magistrado Iván Velásquez, para que declarara que Uribe era uno de los autores intelectuales del asesinato de otro paramilitar conocido con el alias de 'René'. El Presidente acusó públicamente a Velásquez y pidió que fuera investigado. Más tarde se demostró que todo era un montaje, pero en esos momentos el episodio de 'Tasmania' tenía crispada la pelea entre el Ejecutivo y la Corte Suprema.
La cámara oculta
Video: Cámara oculta
Preguntas sobre alocución presidencial
La Corte Suprema pide investigar a los funcionarios que se reunieron con 'paras'
En el nombre de América
Al rojo vivo está la pugna de Uribe con la oposición y con la Corte
"Que no me amenacen con la Corte Penal"
‘Job’ no fue registrado
“Los ataques del Presidente Uribe contra el liberalismo son parte de un plan sistemático de desestabilización”
Comunicado del Partido Liberal
Comunicado del ex presidente César Gaviria Trujillo
El ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, buscó dilatar su extradición jugando a la desconfianza entre el Palacio de Nariño y la Corte Suprema. Esta pelea lleva casi dos años sin resolverse El magistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez también cayó en la trampa de los paramilitares Antonio López, alias ‘Job’, fue una de las personas de mayor confianza de ‘Don Berna’. ‘Job’, quien fue asesinado el pasado mes de julio, fue el encargado de ejecutar la estrategia de los ex paramilitares. Acompañó al abogado de ‘Berna’ en por lo menos una de sus reuniones con funcionarios de la Presidencia de la República en el Palacio de Nariño
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'Don Berna' y sus hombres decidieron entonces pescar en el río revuelto que producía ese choque institucional. La estrategia del ex jefe paramilitar fue tan siniestra como efectiva: realizar grabaciones clandestinas a diferentes personas con el objetivo de recaudar 'pruebas' para tratar de comprometer, y eventualmente chantajear, tanto al gobierno como a la Corte.
La grabaciones de 'Berna'
'Don Berna', quien se encontraba recluido en la cárcel La Picota, empezó a realizar grabaciones indiscriminadas a varios de sus compañeros de reclusión, la mayoría ex paramilitares. Uno de los personajes a los que más grabó fue el ex jefe de informática del DAS Rafael García, quien es el principal testigo en el caso de Jorge Noguera y la infiltración paramilitar en el DAS. En una de las muchas conversaciones a las que tuvo acceso SEMANA, 'Berna'conversa con García durante más de una hora. En el diálogo García le contó al ex comandante paramilitar detalles sobre su proceso penal y la forma como ayudaban desde el DAS a las AUC, entre muchos otros temas.
En esa conversación 'Berna' buscaba sacarle a García información que pudiera comprometer al presidente Uribe. No es de extrañar entonces que le preguntara en varias oportunidades sobre el jefe de Estado. "¿Cuántas veces se reunió usted con Uribe?", le pregunta 'Berna' al ex jefe de infórmática del DAS. "Don Diego (nombre real de 'Berna'), yo iba mucho con Jorge Noguera allá pero, que yo recuerde, tres veces significativas. Pero mire, don Diego, lo importante es que Uribe no aguanta un testimonio mío hoy día, que yo dé una entrevista, por ejemplo, en el 'Washington Post', Uribe no la aguanta", dice García en la grabación.
Para evitar que García sospechara que lo estaban grabando, 'Don Berna' dejó que hablara extensamente sobre gran variedad de temas. El ex jefe paramilitar esperaba entonces el momento adecuado y nuevamente le ponía el tema del Presidente o de personas cercanas al gobierno.
—"Me imagino el interés del FBI por charlar con usted sobre todos esos temas...", dijo 'Berna' en otro de los apartes de una de las conversaciones.
—"El tipo del FBI que vino me dijo: tu nos vas a decir todo lo que pasó en el DAS, el otro del FBI que vino me dijo que venía por el tema de las filtraciones en el DAS", contesta García.
—"¿Pero le preguntaron por Uribe?", dice 'Berna'.
—"No, no me preguntaron por nombres, sino por los del DAS... el lío es lo que siempre hemos hablado, Jorge Noguera para ellos es mucho más importante que cualquiera de ustedes porque Jorge era el jefe de la inteligencia y su jefe inmediato era Uribe...." .
Durante varios meses 'Berna' utilizó parte de su tiempo en La Picota para recolectar decenas de horas de grabaciones de este estilo con las que pretendía tener una especie de 'seguro' que pudiera usar en contra el gobierno en el momento adecuado.
Pero 'Berna', como buen mafioso, no se la jugó por un solo bando. Sus hombres de confianza se dedicaron a hacer grabaciones que buscaban enlodar a miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Uno de los encargados de hacer esa labor era Diego Álvarez, el abogado de 'Berna'. SEMANA obtuvo videos y grabaciones que el defensor del ex paramilitar hizo clandestinamente y que después fueron entregadas a funcionarios del Palacio de Nariño. Uno de los videos más interesantes fue realizado el 21 de diciembre de 2007 en la oficina del defensor de 'Berna'.
En la cámara, escondida en una esquina de la oficina, está registrada una larga conversación en la cual un hombre habla con el abogado de 'Berna'. El sujeto se presenta a nombre de la Corte Suprema y en el transcurso de la charla le hace escandalosos ofrecimientos al abogado del jefe paramilitar. Entre otras cosas, le dice que puede conseguirle beneficios a 'Berna' a cambio de que declare o ayude con información a la Corte sobre políticos de Antioquia, Santander y Cundinamarca, entre otros. Le dice, también, que es necesario que 'Berna' refuerce las versiones de la ex congresista detenida Rocío Arias. Y en otro aparte, el hombre le pide al abogado de 'Berna' 15.000 dólares para evitar que el ex jefe paramilitar sea trasladado a la cárcel de Cómbita.
El hombre siempre se presenta como enviado de la Corte, pero en realidad no tiene vinculación formal con esa corporación. Su nombre es Henry Anaya y es un abogado de Barrancabermeja que hasta mayo pasado, cuando fue nombrado registrador en ese municipio, se desempeñaba como veedor cívico en esa ciudad. Anaya es bastante conocido en altos círculos de la justicia. Tiene muy buenos contactos y amigos en la Fiscalía General, en la Procuraduría y en la Corte Suprema. No es inusual verlo recorrer como Pedro por su casa los corredores y los despachos de fiscales y magistrados.
Lo que resulta sin duda comprometedor es que tanto en el video como en las grabaciones de audio clandestinas que realizó el abogado de 'Berna', Anaya siempre actúa y habla como si lo hiciera a nombre de la Corte (ver recuadro).
¿Por qué este hombre terminó hablando con el abogado de 'Berna' y aparece en un video realizando cuestionables ofrecimientos a nombre de la Corte Suprema? La respuesta es sencilla. Cuando el jefe paramilitar, su abogado y otros de sus hombres de confianza diseñaron la estrategia de hacer grabaciones clandestinas, sabían que una de las formas más eficaces y rápidas de enlodar a la Corte era usando a Anaya. Los hombres de 'Berna' conocían de las buenas relaciones y la amistad que Anaya tenía con algunos magistrados de la Corte y por eso lo contactaron, según le comentó a SEMANA uno de los hombres artífices del complot.
Anaya terminó convertido en un alfil clave para la estrategia que los paramilitares tenían contra el alto tribunal y en particular contra el investigador principal, Iván Velásquez.
La carnada era perfecta: Anaya conocía al magistrado Velásquez desde hace varios meses, ya que le había llevado testigos potenciales en procesos que adelantaba la Corte. A través de Anaya, el abogado de 'Berna' logró reunirse con el magistrado Velásquez para una supuesta colaboración del ex jefe paramilitar con la justicia. Pero todo era parte de una trampa. Los paras querían grabarlo a escondidas e inducirlo a cometer errores o irregularidades que luego ellos podrían ofrecerle al gobierno.
Velásquez acudió a varias citas, a petición del abogado de 'Berna' y de Anaya con el argumento de mirar la posibilidad de que el ex comandante paramilitar declarara en algunos de los procesos de la para-política. SEMANA tuvo acceso a esas conversaciones que los paras grabaron clandestinamente.
En varias de ellas, el abogado de 'Berna' le dice que su cliente está dispuesto a ayudar en ciertas investigaciones a cambio de algunos beneficios. Velásquez le explica cuáles son los beneficios que la ley contempla y le dice que la colaboración de 'Berna' es importante para aclarar investigaciones en varios departamentos como Antioquia y Santander.
A estas alturas, el complot de los paramilitares iba sólo a mitad de camino.
Las reuniones en Palacio
Llenos de grabaciones, videos clandestinos y engaños, a los paras les llegó a hora de decidir por cuál bando irse. El 3 de abril fue la fecha en la que 'Berna' y sus hombres de confianza adoptaron la decisión de tomar partido por el Palacio de Nariño, ya que ese día el Presidente firmó la resolución que autorizaba extraditar a Estados Unidos de Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco'. Esa decisión sorprendió y dejó muy preocupado a 'Berna', pues estaba seguro de que él podía ser el próximo en ser extraditado.
Antonio López, alias 'Job', el hombre que durante muchos años fue la mano derecha de 'Berna' y quien fue asesinado el mes pasado, le contó a SEMANA en ese entonces que la decisión de extraditar a 'Berna' dependía sólo de la firma del Presidente y por eso habían decidido 'ayudarle' al Palacio de Nariño en la pelea contra la Corte entregando los videos y las grabaciones que ellos tenían del magistrado, y el video de Anaya.
'Berna' esperaba que a cambio de esto pudieran dilatar su extradición. Aunque el ex jefe paramilitar sabía que era inevitable que terminara en una cárcel en Estados Unidos, el interés de ganar tiempo básicamente consistía en que necesitaba varios meses para consolidar su negociación con la justicia estadounidense. Adicionalmente quería organizar sus estructuras mafiosas en Medellín, que estaban en crisis debido al enfrentamiento con alias 'Don Mario'. 'Berna' dio la orden de que le entregaran todo al gobierno, directamente al círculo más cercano del Presidente. Sabía que en la efervescencia de la pelea entre el gobierno y la Corte, los funcionarios del gobierno iban a frotarse las manos con sus grabaciones que supuestamente dejaban muy mal parado al alto tribunal.
'Job' le dijo a SEMANA que ingresó al Palacio de Nariño para entregar las grabaciones al secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo. Del Castillo reconoció a SEMANA que en tres oportunidades había recibido al abogado de 'Berna' y en una de ellas había asistido 'Job'. En esa reunión del 23 de abril estuvo presente también el secretario de Prensa, César Mauricio Velásquez, según le confirmó él mismo a la revista.
Velásquez dijo que 'Job', a quien conoció cuando era miembro de la comisión de conciliación, había pedido que asistiera. Aunque 'Job' fungía como emisario de 'Berna', vocero de los desmovilizados en Medellín, en ese momento todos los organismos de inteligencia del Estado lo tenían en sus organigramas como integrante de la temida Oficina de Envigado. Eso no fue inconveniente para que entrara al Palacio de Nariño. Del Castillo dijo desconocer esa información.
En esa última cita, que duró una hora, los dos enviados de 'Berna' salieron de la Presidencia poco antes de las 9 de la noche. 'Job' hizo dos llamadas en cuanto salió. La primera a un amigo suyo, otro desmovilizado llamado Rodrigo Zapata, y la otra a 'Berna', en La Picota, para comentarles que le había ido "muy bien" en "La casa de Nari".
Del Castillo aceptó haber recibido el material de los enviados de 'Berna'. Dijo que había accedido a esos encuentros porque el abogado del ex jefe paramilitar decía tener pruebas de una conspiración de la Corte contra el gobierno. SEMANA conoció que la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, fue invitada a las reuniones con los emisarios de los paramilitares pero, dados los personajes y el motivo de los encuentros, no quiso asistir a ninguna.
Las versiones sobre qué pasó en esa última reunión difieren. Del Castillo dijo que 'Job' y compañía no pidieron nada a cambio, y que sólo querían apoyar a un gobierno que era víctima de un complot de la Corte. Dijo, además, que sabía que sus reuniones en Palacio con el abogado de 'Berna' estaban siendo grabadas clandestinamente por ese abogado.
Lo que más sorprende es que no le parezca grave que las grabaciones que le entregaron para salpicar a la Corte fueron hechas de manera clandestina y con propósitos turbios.
En resumen, el abogado de un delincuente como 'Berna' y un desmovilizado (con un pie en la ilegalidad) como 'Job' grabaron a escondidas al magistrado estrella de la para-política y les entregaron ese material a altos funcionarios del gobierno con el propósito de minar la credibilidad de la Corte Suprema y, éstos, en vez de denunciarlo a las autoridades, prefirieron guardar un silencio cómplice.
Como si esto fuera poco, buscaron una coartada. Para evitar que queden evidencias de que fueron los paramilitares los que entregaron grabaciones clandestinas, SEMANA confirmó con altos integrantes de organismos de inteligencia que un funcionario de Palacio de Nariño llamó al DAS para solicitar instalar micrófonos ocultos e interceptar líneas telefónicas, entre ellas las del magistrado Velásquez y la del hombre del video, Anaya. El objetivo era que cuando se filtrara la información, las grabaciones tuvieran un halo más oficial que ilegal. En el DAS la propuesta causó indignación y fue rechazada.
SEMANA pudo establecer que algunas de las grabaciones hechas por los paramilitares fueron filtradas a por lo menos un medio por funcionarios de Palacio.
Es evidente que los paramilitares no lograron su principal objetivo: dilatar la extradición de 'Berna', que fue efectiva el 7 de mayo. Lo que deja un mal sabor y múltiples interrogantes es por qué los altos funcionarios de Palacio les siguieron el plan perverso a los ex paramilitares.
¿Qué hacen el secretario jurídico y el jefe de Prensa de la Casa de Nariño recibiendo abogados de jefes paramilitares y temidos desmovilizados que llevan grabaciones clandestinas para perjudicar a la Corte? ¿Es tanta la paranoia con la Corte Suprema, que cualquier elemento que puedan utilizar en contra del alto tribunal amerite un cónclave del círculo de Presidencia? Si eran cosas sin importancia, como le dijo Del Castillo a SEMANA, ¿por qué aceptó tres reuniones? ¿Por qué mantuvieron en secreto esos contactos y no los pusieron en conocimiento de las autoridades judiciales? ¿No era más prudente seguir los conductos regulares, como enviar a los ex paramilitares a la Fiscalía -con material incluido-, en vez de guardarse la información y luego filtrarla?
Este lamentable episodio deja muy en evidencia hasta qué punto están resquebrajadas las relaciones entre la Casa de Nariño y la Corte Suprema. También deja serios interrogantes sobre la conducta de los altos funcionarios de Palacio que, en vez de hacerles el juego a estrategias maquiavélicas de los paramilitares deberían dedicarse a la función por la cual les pagan los colombianos: darle buenos consejos al Presidente para ayudarle en su gobierno.
Cámara oculta
En este video, Henry Anaya, quien se hace pasar por enviado de la Corte aunque no tiene ningún vínculo con ésta, ofrece al abogado de Don Berna, Diego Álvarez, conseguirle beneficios jurídicos y le pide dinero a cambio. Así los paramilitares desmovilizados pretendían enlodar a los magistrados. Anaya trabajaba entonces como veedor cívico en Barrancabermeja.
En medio de su guerra contra la Corte Suprema de Justicia, el círculo íntimo del Presidente llegó al extremo de conversar en secreto con los hombres del ex jefe paramilitar 'Don Berna'.
Fecha: 08/23/2008 -1373
En los últimos meses el país ha visto cómo el pulso entre la Corte Suprema y el gobierno por el escándalo de la para-política se ha convertido en una batalla campal. De la sana separación de poderes se ha llegado a insultos, demandas y guerra de comunicados que convierten este episodio en una pelea de barrio. Lo que a ningún colombiano se le pasaba por la mente es que en este duro enfrentamiento algunos de los más cercanos colaboradores del Presidente se reunieran en la Casa de Nariño con ex paramilitares (aunque algunos seguían delinquiendo) para terminar salpicados en un complot que había armado un jefe para, con miras a enlodar a la Corte. SEMANA tiene audios y videos que revelan cómo el jefe paramilitar 'Don Berna' y sus hombres de confianza diseñaron un maquiavélico plan que consistió en grabar clandestinamente a miembros de la Corte -y otras personas- con el fin de llevarle las grabaciones al gobierno a cambio de beneficios.
Que los paramilitares, en este caso 'Don Berna' y compañía, estén en complots, grabando sin consentimiento, y en campañas de desprestigio que capitalizaban la pugna entre el gobierno y la Corte para sacar tajada, es grave pero no sorprende. Al fin y al cabo, son delincuentes con un modus operandi mafioso. Lo que sí sorprende es que en el corazón de la Casa de Nariño, a escasos metros de la oficina del presidente Álvaro Uribe, el secretario jurídico y el jefe de prensa se reúnan con los enviados de 'Don Berna' para recibirles información contra la Corte. ¿Y qué querían los paras a cambio? Dilatar la extradición de 'Don Berna', según dijeron los propios representantes de los paramilitares a SEMANA.
El complot paramilitar se comenzó a fraguar desde diciembre pasado. Para ese momento, la pelea entre la Corte Suprema y la Presidencia llevaba varios meses y atravesaba por uno de los momentos más candentes por cuenta de la afirmación de un paramilitar llamado José Orlando Moncada. A comienzos de octubre, ese hombre, conocido con el alias 'Tasmania', le envió una carta al Presidente en la que le decía que había sido presionado por el investigador estrella de la Corte en la para-política, el magistrado Iván Velásquez, para que declarara que Uribe era uno de los autores intelectuales del asesinato de otro paramilitar conocido con el alias de 'René'. El Presidente acusó públicamente a Velásquez y pidió que fuera investigado. Más tarde se demostró que todo era un montaje, pero en esos momentos el episodio de 'Tasmania' tenía crispada la pelea entre el Ejecutivo y la Corte Suprema.
La cámara oculta
Video: Cámara oculta
Preguntas sobre alocución presidencial
La Corte Suprema pide investigar a los funcionarios que se reunieron con 'paras'
En el nombre de América
Al rojo vivo está la pugna de Uribe con la oposición y con la Corte
"Que no me amenacen con la Corte Penal"
‘Job’ no fue registrado
“Los ataques del Presidente Uribe contra el liberalismo son parte de un plan sistemático de desestabilización”
Comunicado del Partido Liberal
Comunicado del ex presidente César Gaviria Trujillo
El ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, buscó dilatar su extradición jugando a la desconfianza entre el Palacio de Nariño y la Corte Suprema. Esta pelea lleva casi dos años sin resolverse El magistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez también cayó en la trampa de los paramilitares Antonio López, alias ‘Job’, fue una de las personas de mayor confianza de ‘Don Berna’. ‘Job’, quien fue asesinado el pasado mes de julio, fue el encargado de ejecutar la estrategia de los ex paramilitares. Acompañó al abogado de ‘Berna’ en por lo menos una de sus reuniones con funcionarios de la Presidencia de la República en el Palacio de Nariño
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'Don Berna' y sus hombres decidieron entonces pescar en el río revuelto que producía ese choque institucional. La estrategia del ex jefe paramilitar fue tan siniestra como efectiva: realizar grabaciones clandestinas a diferentes personas con el objetivo de recaudar 'pruebas' para tratar de comprometer, y eventualmente chantajear, tanto al gobierno como a la Corte.
La grabaciones de 'Berna'
'Don Berna', quien se encontraba recluido en la cárcel La Picota, empezó a realizar grabaciones indiscriminadas a varios de sus compañeros de reclusión, la mayoría ex paramilitares. Uno de los personajes a los que más grabó fue el ex jefe de informática del DAS Rafael García, quien es el principal testigo en el caso de Jorge Noguera y la infiltración paramilitar en el DAS. En una de las muchas conversaciones a las que tuvo acceso SEMANA, 'Berna'conversa con García durante más de una hora. En el diálogo García le contó al ex comandante paramilitar detalles sobre su proceso penal y la forma como ayudaban desde el DAS a las AUC, entre muchos otros temas.
En esa conversación 'Berna' buscaba sacarle a García información que pudiera comprometer al presidente Uribe. No es de extrañar entonces que le preguntara en varias oportunidades sobre el jefe de Estado. "¿Cuántas veces se reunió usted con Uribe?", le pregunta 'Berna' al ex jefe de infórmática del DAS. "Don Diego (nombre real de 'Berna'), yo iba mucho con Jorge Noguera allá pero, que yo recuerde, tres veces significativas. Pero mire, don Diego, lo importante es que Uribe no aguanta un testimonio mío hoy día, que yo dé una entrevista, por ejemplo, en el 'Washington Post', Uribe no la aguanta", dice García en la grabación.
Para evitar que García sospechara que lo estaban grabando, 'Don Berna' dejó que hablara extensamente sobre gran variedad de temas. El ex jefe paramilitar esperaba entonces el momento adecuado y nuevamente le ponía el tema del Presidente o de personas cercanas al gobierno.
—"Me imagino el interés del FBI por charlar con usted sobre todos esos temas...", dijo 'Berna' en otro de los apartes de una de las conversaciones.
—"El tipo del FBI que vino me dijo: tu nos vas a decir todo lo que pasó en el DAS, el otro del FBI que vino me dijo que venía por el tema de las filtraciones en el DAS", contesta García.
—"¿Pero le preguntaron por Uribe?", dice 'Berna'.
—"No, no me preguntaron por nombres, sino por los del DAS... el lío es lo que siempre hemos hablado, Jorge Noguera para ellos es mucho más importante que cualquiera de ustedes porque Jorge era el jefe de la inteligencia y su jefe inmediato era Uribe...." .
Durante varios meses 'Berna' utilizó parte de su tiempo en La Picota para recolectar decenas de horas de grabaciones de este estilo con las que pretendía tener una especie de 'seguro' que pudiera usar en contra el gobierno en el momento adecuado.
Pero 'Berna', como buen mafioso, no se la jugó por un solo bando. Sus hombres de confianza se dedicaron a hacer grabaciones que buscaban enlodar a miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Uno de los encargados de hacer esa labor era Diego Álvarez, el abogado de 'Berna'. SEMANA obtuvo videos y grabaciones que el defensor del ex paramilitar hizo clandestinamente y que después fueron entregadas a funcionarios del Palacio de Nariño. Uno de los videos más interesantes fue realizado el 21 de diciembre de 2007 en la oficina del defensor de 'Berna'.
En la cámara, escondida en una esquina de la oficina, está registrada una larga conversación en la cual un hombre habla con el abogado de 'Berna'. El sujeto se presenta a nombre de la Corte Suprema y en el transcurso de la charla le hace escandalosos ofrecimientos al abogado del jefe paramilitar. Entre otras cosas, le dice que puede conseguirle beneficios a 'Berna' a cambio de que declare o ayude con información a la Corte sobre políticos de Antioquia, Santander y Cundinamarca, entre otros. Le dice, también, que es necesario que 'Berna' refuerce las versiones de la ex congresista detenida Rocío Arias. Y en otro aparte, el hombre le pide al abogado de 'Berna' 15.000 dólares para evitar que el ex jefe paramilitar sea trasladado a la cárcel de Cómbita.
El hombre siempre se presenta como enviado de la Corte, pero en realidad no tiene vinculación formal con esa corporación. Su nombre es Henry Anaya y es un abogado de Barrancabermeja que hasta mayo pasado, cuando fue nombrado registrador en ese municipio, se desempeñaba como veedor cívico en esa ciudad. Anaya es bastante conocido en altos círculos de la justicia. Tiene muy buenos contactos y amigos en la Fiscalía General, en la Procuraduría y en la Corte Suprema. No es inusual verlo recorrer como Pedro por su casa los corredores y los despachos de fiscales y magistrados.
Lo que resulta sin duda comprometedor es que tanto en el video como en las grabaciones de audio clandestinas que realizó el abogado de 'Berna', Anaya siempre actúa y habla como si lo hiciera a nombre de la Corte (ver recuadro).
¿Por qué este hombre terminó hablando con el abogado de 'Berna' y aparece en un video realizando cuestionables ofrecimientos a nombre de la Corte Suprema? La respuesta es sencilla. Cuando el jefe paramilitar, su abogado y otros de sus hombres de confianza diseñaron la estrategia de hacer grabaciones clandestinas, sabían que una de las formas más eficaces y rápidas de enlodar a la Corte era usando a Anaya. Los hombres de 'Berna' conocían de las buenas relaciones y la amistad que Anaya tenía con algunos magistrados de la Corte y por eso lo contactaron, según le comentó a SEMANA uno de los hombres artífices del complot.
Anaya terminó convertido en un alfil clave para la estrategia que los paramilitares tenían contra el alto tribunal y en particular contra el investigador principal, Iván Velásquez.
La carnada era perfecta: Anaya conocía al magistrado Velásquez desde hace varios meses, ya que le había llevado testigos potenciales en procesos que adelantaba la Corte. A través de Anaya, el abogado de 'Berna' logró reunirse con el magistrado Velásquez para una supuesta colaboración del ex jefe paramilitar con la justicia. Pero todo era parte de una trampa. Los paras querían grabarlo a escondidas e inducirlo a cometer errores o irregularidades que luego ellos podrían ofrecerle al gobierno.
Velásquez acudió a varias citas, a petición del abogado de 'Berna' y de Anaya con el argumento de mirar la posibilidad de que el ex comandante paramilitar declarara en algunos de los procesos de la para-política. SEMANA tuvo acceso a esas conversaciones que los paras grabaron clandestinamente.
En varias de ellas, el abogado de 'Berna' le dice que su cliente está dispuesto a ayudar en ciertas investigaciones a cambio de algunos beneficios. Velásquez le explica cuáles son los beneficios que la ley contempla y le dice que la colaboración de 'Berna' es importante para aclarar investigaciones en varios departamentos como Antioquia y Santander.
A estas alturas, el complot de los paramilitares iba sólo a mitad de camino.
Las reuniones en Palacio
Llenos de grabaciones, videos clandestinos y engaños, a los paras les llegó a hora de decidir por cuál bando irse. El 3 de abril fue la fecha en la que 'Berna' y sus hombres de confianza adoptaron la decisión de tomar partido por el Palacio de Nariño, ya que ese día el Presidente firmó la resolución que autorizaba extraditar a Estados Unidos de Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco'. Esa decisión sorprendió y dejó muy preocupado a 'Berna', pues estaba seguro de que él podía ser el próximo en ser extraditado.
Antonio López, alias 'Job', el hombre que durante muchos años fue la mano derecha de 'Berna' y quien fue asesinado el mes pasado, le contó a SEMANA en ese entonces que la decisión de extraditar a 'Berna' dependía sólo de la firma del Presidente y por eso habían decidido 'ayudarle' al Palacio de Nariño en la pelea contra la Corte entregando los videos y las grabaciones que ellos tenían del magistrado, y el video de Anaya.
'Berna' esperaba que a cambio de esto pudieran dilatar su extradición. Aunque el ex jefe paramilitar sabía que era inevitable que terminara en una cárcel en Estados Unidos, el interés de ganar tiempo básicamente consistía en que necesitaba varios meses para consolidar su negociación con la justicia estadounidense. Adicionalmente quería organizar sus estructuras mafiosas en Medellín, que estaban en crisis debido al enfrentamiento con alias 'Don Mario'. 'Berna' dio la orden de que le entregaran todo al gobierno, directamente al círculo más cercano del Presidente. Sabía que en la efervescencia de la pelea entre el gobierno y la Corte, los funcionarios del gobierno iban a frotarse las manos con sus grabaciones que supuestamente dejaban muy mal parado al alto tribunal.
'Job' le dijo a SEMANA que ingresó al Palacio de Nariño para entregar las grabaciones al secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo. Del Castillo reconoció a SEMANA que en tres oportunidades había recibido al abogado de 'Berna' y en una de ellas había asistido 'Job'. En esa reunión del 23 de abril estuvo presente también el secretario de Prensa, César Mauricio Velásquez, según le confirmó él mismo a la revista.
Velásquez dijo que 'Job', a quien conoció cuando era miembro de la comisión de conciliación, había pedido que asistiera. Aunque 'Job' fungía como emisario de 'Berna', vocero de los desmovilizados en Medellín, en ese momento todos los organismos de inteligencia del Estado lo tenían en sus organigramas como integrante de la temida Oficina de Envigado. Eso no fue inconveniente para que entrara al Palacio de Nariño. Del Castillo dijo desconocer esa información.
En esa última cita, que duró una hora, los dos enviados de 'Berna' salieron de la Presidencia poco antes de las 9 de la noche. 'Job' hizo dos llamadas en cuanto salió. La primera a un amigo suyo, otro desmovilizado llamado Rodrigo Zapata, y la otra a 'Berna', en La Picota, para comentarles que le había ido "muy bien" en "La casa de Nari".
Del Castillo aceptó haber recibido el material de los enviados de 'Berna'. Dijo que había accedido a esos encuentros porque el abogado del ex jefe paramilitar decía tener pruebas de una conspiración de la Corte contra el gobierno. SEMANA conoció que la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, fue invitada a las reuniones con los emisarios de los paramilitares pero, dados los personajes y el motivo de los encuentros, no quiso asistir a ninguna.
Las versiones sobre qué pasó en esa última reunión difieren. Del Castillo dijo que 'Job' y compañía no pidieron nada a cambio, y que sólo querían apoyar a un gobierno que era víctima de un complot de la Corte. Dijo, además, que sabía que sus reuniones en Palacio con el abogado de 'Berna' estaban siendo grabadas clandestinamente por ese abogado.
Lo que más sorprende es que no le parezca grave que las grabaciones que le entregaron para salpicar a la Corte fueron hechas de manera clandestina y con propósitos turbios.
En resumen, el abogado de un delincuente como 'Berna' y un desmovilizado (con un pie en la ilegalidad) como 'Job' grabaron a escondidas al magistrado estrella de la para-política y les entregaron ese material a altos funcionarios del gobierno con el propósito de minar la credibilidad de la Corte Suprema y, éstos, en vez de denunciarlo a las autoridades, prefirieron guardar un silencio cómplice.
Como si esto fuera poco, buscaron una coartada. Para evitar que queden evidencias de que fueron los paramilitares los que entregaron grabaciones clandestinas, SEMANA confirmó con altos integrantes de organismos de inteligencia que un funcionario de Palacio de Nariño llamó al DAS para solicitar instalar micrófonos ocultos e interceptar líneas telefónicas, entre ellas las del magistrado Velásquez y la del hombre del video, Anaya. El objetivo era que cuando se filtrara la información, las grabaciones tuvieran un halo más oficial que ilegal. En el DAS la propuesta causó indignación y fue rechazada.
SEMANA pudo establecer que algunas de las grabaciones hechas por los paramilitares fueron filtradas a por lo menos un medio por funcionarios de Palacio.
Es evidente que los paramilitares no lograron su principal objetivo: dilatar la extradición de 'Berna', que fue efectiva el 7 de mayo. Lo que deja un mal sabor y múltiples interrogantes es por qué los altos funcionarios de Palacio les siguieron el plan perverso a los ex paramilitares.
¿Qué hacen el secretario jurídico y el jefe de Prensa de la Casa de Nariño recibiendo abogados de jefes paramilitares y temidos desmovilizados que llevan grabaciones clandestinas para perjudicar a la Corte? ¿Es tanta la paranoia con la Corte Suprema, que cualquier elemento que puedan utilizar en contra del alto tribunal amerite un cónclave del círculo de Presidencia? Si eran cosas sin importancia, como le dijo Del Castillo a SEMANA, ¿por qué aceptó tres reuniones? ¿Por qué mantuvieron en secreto esos contactos y no los pusieron en conocimiento de las autoridades judiciales? ¿No era más prudente seguir los conductos regulares, como enviar a los ex paramilitares a la Fiscalía -con material incluido-, en vez de guardarse la información y luego filtrarla?
Este lamentable episodio deja muy en evidencia hasta qué punto están resquebrajadas las relaciones entre la Casa de Nariño y la Corte Suprema. También deja serios interrogantes sobre la conducta de los altos funcionarios de Palacio que, en vez de hacerles el juego a estrategias maquiavélicas de los paramilitares deberían dedicarse a la función por la cual les pagan los colombianos: darle buenos consejos al Presidente para ayudarle en su gobierno.
Cámara oculta
En este video, Henry Anaya, quien se hace pasar por enviado de la Corte aunque no tiene ningún vínculo con ésta, ofrece al abogado de Don Berna, Diego Álvarez, conseguirle beneficios jurídicos y le pide dinero a cambio. Así los paramilitares desmovilizados pretendían enlodar a los magistrados. Anaya trabajaba entonces como veedor cívico en Barrancabermeja.
Diez años desaparecidos en la sierra
Bajo un espeso bosque de la Sierra Nevada de Santa Marta, un equipo judicial de Justicia y Paz encontró, por fin, los restos de tres jóvenes asesinados por los paramilitares en 1998. Para lograrlo fueron necesarios, un helicóptero, varios guías y más de 120 excavaciones.
Por Tadeo Martinez, corresponsal de Semana en la costa caribe
Fecha: 08/22/2008 -
Eduardo Andrés Delgado Torres, un bogotano estudiante de biología de 22 años; José "Pipo" Hidalgo, un samario dedicado al turismo ecológico y Marco Micheletti, un italiano interesado en conocer las condiciones de los cultivos de moras y frambuesas en la Sierra Nevada de Santa Marta, desaparecieron en julio de 1998 y nunca más sus familiares y amigos volvieron a saber de ellos.
Hasta que el pasado viernes 15 de agosto la coordinadora de la seccional de Justicia y Paz, fiscal Zenaida López, y un equipo de 14 funcionarios de la Fiscalía y el CTI encontraron en dos fosas, a 1.900 metros de altura, los restos óseos de los tres jóvenes.
Según las versiones de los familiares dadas a la Fiscalía, los tres muchachos se encontraban en la finca Miraflores de propiedad de la familia Delgado. Eduardo Andrés estaba esperando la admisión de una universidad en el exterior donde continuaría sus estudios en biología y el italiano Marco Micheletti estaba interesado en invertir en cultivos de frutas.
Las pistas sobre el crimen y la desaparición comenzaron a despejarse hace pocas semanas, cuando compareció ante Justicia y Paz, Rigoberto Rojas, conocido con el alias de "Rigo", quien aceptó los cargos de desaparición forzada y homicidio en persona protegida, con el argumento de que los tres jóvenes eran simpatizantes del Eln. Hace un año la madre de uno de los tres muchachos se había entrevistado con la fiscal Zenaida López y le había pedido encarecidamente que buscaran a su hijo y a sus amigos.
La población más cerca de la finca de la familia Delgado es Minca y es una zona fría en la que durante años han convivido las etnias indígenas con los grupos armados. A "Pipo" Hidalgo lo conocían porque se dedicaba al turismo ecológico en la Sierra Nevada. Entre los tres existía una estrecha amistad y Michelletti, era novio de una hermana de Hidalgo.
El año en que desaparecieron Delgado, Hidalgo y Michelletti, la zona era patrullada por hombres armados al mando del exparamilitar Rigoberto Rojas, hijo de Adán "El negro" Rojas, miembros ambos de una familia que venía de Tolima y se estableció en La Sierra Nevada a finales de los años sesenta. El "negro" Adán y su banda echaron raíces en la región, son temidos y han sido crueles y sanguinarios. Han estado al servicio del mejor postor, narcotráfico y paramilitares. La mayoría de los miembros de la familia hoy están presos, pero uno de ellos, Víctor Rojas, conocido con el alias de "Jagui", comanda un grupo de emergentes en la frontera entre Córdoba y Antioquia y lo señalan como el posible autor de las masacres ocurridas en Tierralta, Puerto Libertador y Valencia en Córdoba.
Después de la información dada por alias "Rigo", comenzó la preparación de la comisión que adelantaría la búsqueda de dos fosas a 1.799 metros sobre el nivel del mar. El equipo se trasladó a Santa Marta y desde la brigada partieron en la madrugada del martes 12 de agosto en helicóptero. Iban preparados para dos días máximo, pero hacer cálculos en la búsqueda de desaparecidos es imposible.
Las pistas dadas por el exparamilitar y las orientaciones de los guías, eran pocas. El primer y segundo día, fueron fallidos. Tuvieron que enviar por otro guía que al parecer sabía de la existencia de unas posibles fosas porque había pasado por una zona donde la tierra estaba removida y habían tumbado unos árboles. En total, a la comisión de exhumaciones de la fiscalía la acompañaron cuatro guías. Pero en diez años la tierra se sienta y donde no había árboles hoy había un bosque.
Después de abrir 48 huecos aparecieron los primeros restos, unas botas pantaneras y un termo verde. Luego una camiseta GAP y otras prensa de vestir. Las fosas estaban bajo un frondoso bosque joven, verde y frío, en una ladera. Difícil de encontrar. En esa fosa hallaron un cuerpo, tendrían que abrir el jueves y viernes otras 85 veces la tierra para encontrar los otros dos cuerpos. En una fosa había dos restos más. La primera sepultura estaba a 75 centímetros y la segunda a 95 centímetros.
Hallaron los documentos, cédulas, licencias de conducir y carné de buzo de alguno de ellos. "es como buscar una aguja en una pajar", dice la fiscal Zenaida López. El suelo, dice, es muy blando. "Las pistas que nos habían dado estaban ocultas por la vegetación".
La mañana que desaparecieron, el 11 de junio de 1998, "Pipo" Hidalgo había llamado a su hermana para decirle que iban para Minca. Al día siguiente, al no saber de ellos, subió y encontró la mesa tal y como la habían dejado el día anterior, los platos y vasos del último desayuno sin recoger.
Los Rojas patrullaban entre Bonda y Masinga, una zona en la que también había presencia del Eln. Los tres jóvenes estaban preocupados porque cerca de donde ellos estaban un grupo de hombres estaban talando el bosque.
Bajo un espeso bosque de la Sierra Nevada de Santa Marta, un equipo judicial de Justicia y Paz encontró, por fin, los restos de tres jóvenes asesinados por los paramilitares en 1998. Para lograrlo fueron necesarios, un helicóptero, varios guías y más de 120 excavaciones.
Por Tadeo Martinez, corresponsal de Semana en la costa caribe
Fecha: 08/22/2008 -
Eduardo Andrés Delgado Torres, un bogotano estudiante de biología de 22 años; José "Pipo" Hidalgo, un samario dedicado al turismo ecológico y Marco Micheletti, un italiano interesado en conocer las condiciones de los cultivos de moras y frambuesas en la Sierra Nevada de Santa Marta, desaparecieron en julio de 1998 y nunca más sus familiares y amigos volvieron a saber de ellos.
Hasta que el pasado viernes 15 de agosto la coordinadora de la seccional de Justicia y Paz, fiscal Zenaida López, y un equipo de 14 funcionarios de la Fiscalía y el CTI encontraron en dos fosas, a 1.900 metros de altura, los restos óseos de los tres jóvenes.
Según las versiones de los familiares dadas a la Fiscalía, los tres muchachos se encontraban en la finca Miraflores de propiedad de la familia Delgado. Eduardo Andrés estaba esperando la admisión de una universidad en el exterior donde continuaría sus estudios en biología y el italiano Marco Micheletti estaba interesado en invertir en cultivos de frutas.
Las pistas sobre el crimen y la desaparición comenzaron a despejarse hace pocas semanas, cuando compareció ante Justicia y Paz, Rigoberto Rojas, conocido con el alias de "Rigo", quien aceptó los cargos de desaparición forzada y homicidio en persona protegida, con el argumento de que los tres jóvenes eran simpatizantes del Eln. Hace un año la madre de uno de los tres muchachos se había entrevistado con la fiscal Zenaida López y le había pedido encarecidamente que buscaran a su hijo y a sus amigos.
La población más cerca de la finca de la familia Delgado es Minca y es una zona fría en la que durante años han convivido las etnias indígenas con los grupos armados. A "Pipo" Hidalgo lo conocían porque se dedicaba al turismo ecológico en la Sierra Nevada. Entre los tres existía una estrecha amistad y Michelletti, era novio de una hermana de Hidalgo.
El año en que desaparecieron Delgado, Hidalgo y Michelletti, la zona era patrullada por hombres armados al mando del exparamilitar Rigoberto Rojas, hijo de Adán "El negro" Rojas, miembros ambos de una familia que venía de Tolima y se estableció en La Sierra Nevada a finales de los años sesenta. El "negro" Adán y su banda echaron raíces en la región, son temidos y han sido crueles y sanguinarios. Han estado al servicio del mejor postor, narcotráfico y paramilitares. La mayoría de los miembros de la familia hoy están presos, pero uno de ellos, Víctor Rojas, conocido con el alias de "Jagui", comanda un grupo de emergentes en la frontera entre Córdoba y Antioquia y lo señalan como el posible autor de las masacres ocurridas en Tierralta, Puerto Libertador y Valencia en Córdoba.
Después de la información dada por alias "Rigo", comenzó la preparación de la comisión que adelantaría la búsqueda de dos fosas a 1.799 metros sobre el nivel del mar. El equipo se trasladó a Santa Marta y desde la brigada partieron en la madrugada del martes 12 de agosto en helicóptero. Iban preparados para dos días máximo, pero hacer cálculos en la búsqueda de desaparecidos es imposible.
Las pistas dadas por el exparamilitar y las orientaciones de los guías, eran pocas. El primer y segundo día, fueron fallidos. Tuvieron que enviar por otro guía que al parecer sabía de la existencia de unas posibles fosas porque había pasado por una zona donde la tierra estaba removida y habían tumbado unos árboles. En total, a la comisión de exhumaciones de la fiscalía la acompañaron cuatro guías. Pero en diez años la tierra se sienta y donde no había árboles hoy había un bosque.
Después de abrir 48 huecos aparecieron los primeros restos, unas botas pantaneras y un termo verde. Luego una camiseta GAP y otras prensa de vestir. Las fosas estaban bajo un frondoso bosque joven, verde y frío, en una ladera. Difícil de encontrar. En esa fosa hallaron un cuerpo, tendrían que abrir el jueves y viernes otras 85 veces la tierra para encontrar los otros dos cuerpos. En una fosa había dos restos más. La primera sepultura estaba a 75 centímetros y la segunda a 95 centímetros.
Hallaron los documentos, cédulas, licencias de conducir y carné de buzo de alguno de ellos. "es como buscar una aguja en una pajar", dice la fiscal Zenaida López. El suelo, dice, es muy blando. "Las pistas que nos habían dado estaban ocultas por la vegetación".
La mañana que desaparecieron, el 11 de junio de 1998, "Pipo" Hidalgo había llamado a su hermana para decirle que iban para Minca. Al día siguiente, al no saber de ellos, subió y encontró la mesa tal y como la habían dejado el día anterior, los platos y vasos del último desayuno sin recoger.
Los Rojas patrullaban entre Bonda y Masinga, una zona en la que también había presencia del Eln. Los tres jóvenes estaban preocupados porque cerca de donde ellos estaban un grupo de hombres estaban talando el bosque.
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