En la zona de influencia de la Serranía de San Lucas vino la gran minería, se reforzó el Ejército, y en lugar de tranquilidad, hubo mayor tensión. Las sospechosas muertes de dos líderes así lo demuestran. Investigación especial de Semana.com.
Si hay un lugar de Colombia donde se han puesto a prueba los dos pilares del gobierno Uribe, confianza inversionista y seguridad democrática, ha sido en la agreste y rica región entre el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar, cuyo corazón es la Serranía de San Lucas.
Desde 2003 allí llegaron grandes y pequeñas empresas mineras en una versión contemporánea de la fiebre de oro. La gigante multinacional Anglo Gold Ashanti, con el estudio más completo jamás realizado sobre posibles depósitos de oro y otros metales en todo el país, vio la promesa en esta región y para 2004 había reservado un poco más de un millón de hectáreas en títulos mineros. Le siguieron San Lucas Gold y Uragoldcorp. También las nacionales, Promoción de Proyectos Mineros, Mineros de Antioquia y Mineros S.A. (ver cuadro).
No era terreno fácil para desarrollar un proyecto minero, sin vías de acceso, sin mayor presencia estatal, deterioro ambiental, cultivos ilegales y cocinas de coca, y con un largo y cruento dominio de grupos armados, primero del ELN, luego de las Farc y desde comienzo de los noventa, de los paramilitares. En medio de esas aguas turbulentas, los mineros artesanales y sus familias han sobrevivido con lo del día, barequeando duro al rayo del sol, en tierras sin títulos.
Era de esperarse que tras las multinacionales, llegarían los hombres armados como moscas a la miel. Dijo la Defensoría en 2006 que las Farc querían “restringir la explotación industrial de las minas auríferas”, pero más probable es que buscaran una tajada del negocio en expansión.
Precisamente para ayudarles a los nuevos inversionistas, y más a los extranjeros, a medírsele a zonas como ésta, el gobierno promete la seguridad democrática. Se reforzó la presencia militar en la Serranía y sus alrededores. E incluso algunas mineras grandes firmaron convenios especiales de protección con las Fuerzas Armadas, aunque oficialmente el Ejército lo negó cuando Semana.com se lo preguntó (ver respuesta del general Ricardo Vargas, comandante de la Quinta Brigada).
Los convenios son secretos pero según pudo establecer Semana consisten en que el Ejército se compromete a garantizar la seguridad de las actividades de las empresas, y éstas, le pagan una suma anual. Para evitar desvíos de los que sucedieron con los paramilitares, estos pactos de protección se cuidan de dejar por escrito que los dineros que se aporten a los militares no se pueden usar para labores ofensivas, ni para comprar armas o municiones.
Los mineros artesanales
Mientras las grandes mineras alistaban su desembarco en la zona, el Ministerio de Minas les dio a los mineros tradicionales un plazo muy corto para legalizar sus títulos, hasta el 31 de diciembre de 2004. Si no lo lograban, las recién llegadas podrían reclamarlos para ellos. Asustados porque temían que con las nuevas reglas de juego se quedarían sin minas y sin pan, y sospechando con sabiduría, que también implicaría una mayor puja violenta por el oro, los mineros comenzaron a reunirse. En San Lucas, Santa Rosa sur y otros pueblos, la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol) convocó a la gente; en Remedios, Antioquia el llamado lo hizo la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, sólo para citar dos ejemplos.
Algunos militares en terreno –y como suele suceder en el círculo vicioso de desconfianza del largo conflicto colombiano – creyeron que si los pequeños mineros rechazaban a los nuevos inversionistas era porque eran guerrilleros. Y se pusieron en la tarea de vigilarlos. Hasta ahí cumplían con su deber, quizás buscando al enemigo en el lugar equivocado, pero debían cerciorarse, pues no se puede desconocer que estas guerras irregulares no todo es como aparece.
Sin embargo, es probable que los militares hayan ido más allá de lo que la ley permite, pues entre fines de 2006 y comienzos de 2007, dos líderes mineros, Alejandro Uribe y Carlos Mario García, murieron con balas de soldados en circunstancias muy sospechosas.
Fusilado y sin registro
Alejandro Uribe, de 29 años, era el noveno de diez hijos y padre de dos niños. Dedicaba sus días a la minería, a su trabajo en la Junta de Acción Comunal de la vereda Mina Gallo (Municipio de Morales), donde vivía, y participaba activamente en Fedeagromisbol.
Era uno de los que más se oponía a la llegada de las compañías mineras. Consideraba que las grandes empresas estaban llegando sin consultarles a ellos, los mineros, que se habían hecho a esas tierras con generaciones de arduo trabajo.
El 19 de septiembre de 2006, él y su amigo Emiliano García, fiscal de Fedeagromisbol, salieron a las 9 de la mañana desde su vereda hacia otra llamada Las Culebras, pensado regresar el mismo día. Pero Alejandro no volvió. Sus vecinos, preocupados, salieron a buscarlo y en el camino, otros campesinos les dijeron que habían visto pasar su cuerpo sin vida colgando como saco en una mula conducida por soldados.
Oficialmente el comandante del Batallón Nueva Granada, dijo que Uribe era un guerrillero caído en combate; que había liderado una estrategia de las Farc y el ELN para organizar a los campesinos en contra el Estado. El informe oficial a la Fiscalía decía que le habían encontrado un fusil AK 47, una granada de mano, 54 cartuchos, 5 proveedores para fusil, un chaleco negro, documentos, un casete pequeño y otro grande marca Sony. (Vea el reporte).
“Para el mes de marzo de 2006, Alejandro Uribe (alias Andrés) participó en una ‘reunión de área’, allí dirigió a los asistentes a impedir la entrada de las multinacionales AngloGold Ashanti y Kedahda S.A”, según reza textualmente en otro documento elaborado por los militares.
Como las versiones de la comunidad y del Batallón Nueva Granada sobre Uribe y las circunstancias de su muerte eran tan contradictorias, Semana.com pidió información oficial del caso al Ejército. Después de un fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia por el derecho al acceso a la información que favoreció a Semana.com, el Ejército respondió a las preguntas de la revista sobre éste y otros casos de muertes sospechosas en la región. (Ver resumen del caso en que la Corte Suprema avaló el acceso a la información del Ejército).
La gran sorpresa fue que la Dirección de Operaciones del Ejército no tenía ningún dato sobre Alejandro Uribe. Ni su muerte ni la operación en la que ocurrió fueron reportadas ante los superiores como es obligación hacerlo. (Ver respuesta del general Matamoros)
Según le dijeron a Semana.com fuentes cercanas al caso, el dictamen de Medicina Legal de Alejandro Uribe decía que su cuerpo tenía tatuajes por dos disparos, uno por la espalda, lo que indica que se hicieron a menos de 50 centímetros de distancia. Es decir, fue fusilado.
Hasta ahora, el proceso por esta muerte se encuentra en investigación preliminar. La Fiscalía aún no ha ordenado capturar ni incluir a ningún militar en el caso.
Después de que se conociera la muerte de Uribe, cerca de 1.300 personas, lideradas por el presidente de Fedeagromisbol, Teófilo Acuña, se movilizaron hacia el casco urbano de Santa Rosa Sur para protestar porque estaban convencidos de que éste no era guerrillero. Incluso, la Iglesia Católica expresó su preocupación con lo ocurrido.
La gestión de Acuña para movilizar a la gente aparece mencionada en un informe de inteligencia militar como uno de los indicios que llevaban a pensar que él era guerrillero. Entre su supuesto actuar delictivo, citan también una reunión que realizó en la vereda Las Culebras, del municipio de Río Viejo (Sur de Bolívar).
Allí, le dijo a la gente que “de ninguna manera se podía permitir que fuera a entrar una multinacional en el Sur de Bolívar, como lo había hecho la Sociedad Kedahda (la filial original de la AngloGold en Colombia) en el corregimiento de Buena Seña, del mismo municipio, ni mucho menos que fueran a explotar el oro de las minas de San Lucas”. Por eso, dice el informe militar, está realizando “reuniones de proselitismo político en pro del ELN, aprovechándose de la inocencia del campesino”. (Lea el informe)
Semana.com le preguntó a Acuña sobre dicho encuentro y el porqué de su actitud contra la minera. Él confirmó que había dicho eso en la reunión porque temía que con la llegada de la multinacional se quedaran sin sustento cerca de 35 mil personas que viven de la minería en la zona.
Con base en aquel informe inteligencia militar, Acuña fue detenido el 26 de abril de 2007 acusado de rebelión por un fiscal de Simití (Bolívar), pero como no hubo pruebas suficientes, quedó libre. Sin embargo, tuvo que salir de la región amenazado y hoy recibe protección del mismo Estado. (Ver informe de la ONG Human Rights First). El pasado 2 de marzo otros tres integrantes de la junta de Fedeagomisbol fueron arrestados.
En las aguas turbias donde han sucedido estos acontecimientos, seguramente es difícil para las autoridades trazar líneas tajantes entre población civil y guerrilla. Sin embargo, por los hechos graves aquí descritos, un muerto fuera de combate y procesos judiciales que se caen a la primera revisión seria, cabe preguntarse si los militares no han confundido la protesta social legítima con subversión armada. Y más paradójico aún, si con estos actos irregulares, en lugar de contribuir a la seguridad de la zona y de las empresas están socavándola.
La otra pregunta obligada es si tuvieron que ver las compañías en estos actos irregulares del Ejército. Es muy difícil decirlo. La más grande, la AngloGold, y el blanco de las críticas de Fedeagromisbol, lo niega rotundamente. La trayectoria de la Anglo en el mundo no es impecable, pues fue cuestionada en el Congo por haber financiado en 2003 al grupo ilegal Frente Nacionalista e Integracionista (FNI) para poder explotar la mina Mongbwalu.
Sin embargo, en septiembre de 2007, esta compañía minera suscribió, ante el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia, un pacto global de responsabilidad social por el cual se comprometieron a tener buenas prácticas en derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción.
Además, según explicaron voceros de la empresa a Semana, la minera devolvió el 92 por ciento de las áreas que había pedido originalmente. Y hoy tiene solicitadas 102 mil hectáreas, de las cuales tiene ya concesionadas y firmadas 36 áreas que ocupan 64 mil hectáreas.
La Anglo ha desarrollado cuatro proyectos de exploración en el Sur de Bolivar, en Barranco de Loba, San Martín de Loba, en Buena Seña y Río Viejo y en todos, para hacer los muestreos de suelo y roca o perforar, se concertó con la comunidad con la cual se hicieron talleres y en Buena Seña se hizo una aula escolar. Los voceros aclararon que ninguno de estos proyectos está abierto en este momento porque la empresa tiene otras prioridades de exploración en el país.
La AngloGold no perseveró directamente en las explotaciones del Sur de Bolívar porque se cree que las reservas de oro allí econtradas no son superiores a las cinco millones de onzas troy, que son los proyectos que esta empresa suele acometer directamente. Aunque explicaron que sí seguirán en tareas de exploración y explotación en sociedad con las compañías B-2 Gold y Mineros de Antioquia.
Sobre las minas de la Fedeagromisbol, la AngloGold explicó que nunca tuvo interés en sus terrenos (como en efecto lo demuestran los mapas de Ingeominas que consultó Semana) y que, por el contrario, intentaron asesorarlos en la legalización y que, pese a que en las reuniones se mostraban interesados, afuera los seguían criticando duramente.
Fedeagromisbol sin embargo, no persistió en su resistencia para preservar la explotación artesanal de las minas de la que hablaban en sus proclamas; que no querían allí mineras grandes porque estas explotarían en unos pocos años las minas que a ellos, a pequeña escala, les darían sustento por una o dos generaciones . Pero apenas consiguieron los derechos legales sobre sus minas, los vendieron a la San Lucas Gold Corporation, una empresa minera estadounidense, por 500 millones de pesos de inversión inicial que deberán destinarse a inversión social y 250 millones de pesos semestralmente durante seis periodos para el fortalecimiento de esa Federación. Además, la compañía debe contratar para sus actividades a personal de la región.
El caso García
Unos meses después de la muerte de Uribe, de lado antioqueño de las estribaciones de la Serranía de San Lucas, en Remedios, hubo otra muerte sospechosa. La de Carlos Mario García, a quien reconocían como un joven de 22 años, servicial con su comunidad e integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda Ojos Claros y del grupo juvenil de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Acvc).
El trabajo de la Acvc en defensa de los derechos humanos fue reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que les otorgó medidas cautelares en 1999 y 2000 a sus miembros amenazados. Esta organización también se opuso a las mineras.
El domingo 25 de marzo de 2007, García salió con un amigo a hacerle el favor al vecino de llevarle una madera por el río Altamar. El lunes, la emisora Colombia Estéreo pasó la noticia de que el Batallón Calibío del Ejército había dado de baja en combate al guerrillero Carlos Mario García. El coronel Jorge Alberto Segura presentó el cadáver envuelto en una bolsa negra y dijo que García había muerto durante la ‘Operación Atenea’ y que sus hombres se habían incautado de un fusil AK-47, un proveedor y municiones. Supuestamente, en este operativo se desmanteló una sastrería de las Farc.
La gente de Remedios que conocía al joven García no creyó la versión oficial. Y menos cuando en esa zona los mineros habían reportado hasta ese momento otras seis muertes más en circunstancias extrañas. Una multitud de 350 campesinos marcharon hasta donde los militares a reclamar el cadáver del muchacho y luego se fueron a un campamento en la vereda Puerto Nuevo Ité, creado para albergar refugiados en peligro.
Otro medio centenar de campesinos entre adultos, niños, ancianos y mujeres viajaron a Bogotá en abril de 2007 para denunciar ante las autoridades su situación.
Juan*, el joven menor de 18 años que acompañaba a Carlos Mario aquella mañana de domingo, relató ante la Procuraduría lo que les sucedió después de que salieron a llevar la madera:“Íbamos en una balsa por el río Altamar cuando unos militares nos dijeron que los pasáramos al otro lado de la orilla. En los camuflados tenían insignias del Batallón Calibío. Les hicimos el favor. Ahí, nos dijeron que teníamos que ir donde el teniente porque nos iba a hacer unas preguntas. Nos dejaron esperando como media hora, entonces Carlos Mario y yo les dijimos que nos teníamos que ir porque nos iba a coger la tarde…nos llevaron a las malas hasta un sitio llamado Rancho Tembleque. Llegaron otros siete soldados y sólo me llevaron a mí y dejaron a Carlos Mario. Me pararon en una loma y un soldado me encañonó y otro le dijo que esperara un momento y bajó el fusil. Yo me tiré a una cañada y salí corriendo. Entonces los militares me hicieron varios disparos y me persiguieron, pero alcancé a volarme”. (Lea la declaración)
En la misma petición que hizo al Ejército por el caso de Alejandro Uribe, Semana pidió información sobre el de este joven de Remedios. El general Gustavo Matamoros, por entonces Jefe de Operaciones del Ejército, remitió una carta con los datos del caso, pero en lugar de esclarecer los hechos, ésta presentaba nuevas inconsistencias.
Según este informe oficial, Carlos Mario García era un guerrillero muerto en combate y desde antes, fuentes de inteligencia lo habían identificado como tal y lo habían visto portando un fusil AK-47.
Sin embargo, después de su supuesta muerte en combate, el informe asegura que García portaba “un fusil K-Orinco y un bolso que después del levantamiento del cadáver la Fiscalía encontró que se trataba de tres proveedores”. Semana.com consultó a un conocedor de tipos de armas y éste aclaró que debe haber un error porque no existen fusiles K-Orinco. Se puede tratar, sin embargo, de un fusil Norinco, que es una copia china de los fusiles estadounidenses R-15. Y además explicó que el fusil Norinco nada tiene que ver con un AK-47 que según inteligencia era el arma que le habían visto.
Para colmo de incoherencias, al final del reporte, el Comando del Ejército aseguró que “el material incautado fue una pistola y una granada de fragmentación”, sin informar qué pasó con el fusil ni con los proveedores que supuestamente portaba cuando cayó. Tampoco informan sobre ninguna sastrería desmantelada en esa acción militar. (Lea la respuesta del Ejército).
Además, los militares aseguraron que “los testigos afirman que alias ‘Flash’ (como identifican a Carlos Mario) se dedicaba a realizar trabajos extorsivos consistentes en cobros de dinero a ganaderos y mineros de la región”, una versión negada radicalmente por los cientos de personas que se movilizaron cuando lo mataron. (ver video)
Un año y siete meses después de ocurridos estos hechos, en octubre de 2008, cuando estalló el escándalo de los falsos positivos, el presidente Álvaro Uribe destituyó a los comandantes de este Batallón Calibío por haberse comprobado en una investigación interna que éste era muy poco riguroso en sustentar las operaciones con los respectivos planes de batalla y que era alto el riesgo de que algunos de sus miembros hubieran realizado ejecuciones extrajudiciales de civiles.
Semana.com consultó por los procesos de los destituidos de este batallón y la Fiscalía informó que “ninguno de los militares citados aparecen en el banco de datos de la Unidad de Derechos Humanos, en la que se encuentran procesados tanto por el viejo sistema penal como por el nuevo en lo ateniente a ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’”. O sea, los destituyeron, pero no los están investigando.
La persecución a los miembros de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Acvc) no se detuvo con la muerte de García. Entre fines de 2007 y comienzos de 2008 toda la junta directiva de esta entidad fue detenida bajo los cargos de rebelión. Hoy todos, menos uno de ellos, fueron liberados pues las pruebas contra ellos eran frágiles.
A juzgar por los hechos aquí descritos, hay suficientes dudas de que ni Alejandro Uribe, de Morales, ni Carlos Mario García, de Remedios, reportados como muertos en combate, eran realmente guerrilleros, como para que las autoridades emprendan una investigación a fondo. Y también, que es muy probable que hayan sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales por cuenta de unos militares que, con o sin la complicidad de empresas mineras, creyeron equivocadamente que garantizarles la seguridad era acallar a plomo todo debate público sobre su entrada a esta olvidada región.
Es un perfecto retrato en pequeño de los riesgos que tiene la filosofía oficial de pensar que la confianza inversionista se construye con una seguridad sólo basada en ofensiva militar. Y con frecuencia sucede como en esta región, que el oro prometido se vuelve plomo.
Publicado en
www.semana.com
sábado, 21 de noviembre de 2009
Asesinado Juan Manuel Gaviria Vásquez, testigo 'estrella' de E.U. contra clan de Los Mellizos
Julio 29 de 2009
Según fuentes antimafia, Gaviria Vásquez fue clave para la llegada de un grupo élite de la Dijín al campamento de Víctor Mejía, en Tarazá (Antioquia), en mayo del 2008, cuando resultó abatido.
También colaboró en la captura de Miguel Mejía, una semana después.
El pasado sábado, dos hombres fueron asesinados en la vía que comunica a Medellín con el municipio de San Luis, en Antioquia. La Policía de Carreteras halló los cadáveres en dos carros, en la vereda Valle Sol, a 50 minutos de San Luis.
"Uno de los carros tenía 70 impactos", le dijo a EL TIEMPO una fuente allegada al caso.
Cuando las autoridades indagaron la identidad de los dos hombres se llevaron una doble sorpresa: se trataba del policía Luis Jairo Guerrero, de 29 años; y de Juan Manuel Gaviria Vásquez, de 45, antiguo socio del clan 'Los Mellizos', que conformaban Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Múnera y el informante estrella de Estados Unidos.
Fuentes de la Dirección de la Policía confirmaron que el uniformado había sido designado para brindarle seguridad mientras estaba en Colombia, a donde llegó hace unos días, procedente de Centroamérica, donde recibía el apoyo de E.U., en el programa de protección de testigos.
Según las autoridades, tras la caída de 'Los Mellizos', un grupo de narcos -que trabajaba con los Mejía- le puso precio a la cabeza de Gaviria: 3 millones de dólares.
Lo acusaban no sólo de la muerte y captura de los hermanos, sino de presionar a las esposas de los Mejía para quedarse con bienes, varios de los cuales están relacionados en un computador, con sus respectivos testaferros.
Cuñados de los Mejía habrían sido raptados y fotografiados para presionar la entrega de bienes y dinero, incluida una caleta con 20 millones de euros. En el sitio donde ocurrió el crimen, la Policía encontró una camioneta blindada de placa BIZ 670, la cual jalaba un remolque sobre el cual iban dos motocicletas Harley Davidson y que era conducida por Guerrero. Unos metros adelante, en un camión de placas UNJ 457 que llevaba varios caballos finos, iba Gaviria. En los vehículos hallaron papelería de una embajada.
Gaviria habría regresado al país al perder parte de los beneficios que le estaba dando el gobierno de E.U., pero se desconocen las razones. Así mismo, se sabe que una vez volvió, intentó comunicarse con Luis Enrique Calle Serna, alias 'Comba', sucesor de Varela y jefe de la banda 'Los Rastrojos', en busca de protección.
Sin embargo, éste se negó a prestársela. La Policía lo custodiaba porque aún hacía parte del programa de testigos.
Según fuentes antimafia, Gaviria Vásquez fue clave para la llegada de un grupo élite de la Dijín al campamento de Víctor Mejía, en Tarazá (Antioquia), en mayo del 2008, cuando resultó abatido.
También colaboró en la captura de Miguel Mejía, una semana después.
El pasado sábado, dos hombres fueron asesinados en la vía que comunica a Medellín con el municipio de San Luis, en Antioquia. La Policía de Carreteras halló los cadáveres en dos carros, en la vereda Valle Sol, a 50 minutos de San Luis.
"Uno de los carros tenía 70 impactos", le dijo a EL TIEMPO una fuente allegada al caso.
Cuando las autoridades indagaron la identidad de los dos hombres se llevaron una doble sorpresa: se trataba del policía Luis Jairo Guerrero, de 29 años; y de Juan Manuel Gaviria Vásquez, de 45, antiguo socio del clan 'Los Mellizos', que conformaban Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Múnera y el informante estrella de Estados Unidos.
Fuentes de la Dirección de la Policía confirmaron que el uniformado había sido designado para brindarle seguridad mientras estaba en Colombia, a donde llegó hace unos días, procedente de Centroamérica, donde recibía el apoyo de E.U., en el programa de protección de testigos.
Según las autoridades, tras la caída de 'Los Mellizos', un grupo de narcos -que trabajaba con los Mejía- le puso precio a la cabeza de Gaviria: 3 millones de dólares.
Lo acusaban no sólo de la muerte y captura de los hermanos, sino de presionar a las esposas de los Mejía para quedarse con bienes, varios de los cuales están relacionados en un computador, con sus respectivos testaferros.
Cuñados de los Mejía habrían sido raptados y fotografiados para presionar la entrega de bienes y dinero, incluida una caleta con 20 millones de euros. En el sitio donde ocurrió el crimen, la Policía encontró una camioneta blindada de placa BIZ 670, la cual jalaba un remolque sobre el cual iban dos motocicletas Harley Davidson y que era conducida por Guerrero. Unos metros adelante, en un camión de placas UNJ 457 que llevaba varios caballos finos, iba Gaviria. En los vehículos hallaron papelería de una embajada.
Gaviria habría regresado al país al perder parte de los beneficios que le estaba dando el gobierno de E.U., pero se desconocen las razones. Así mismo, se sabe que una vez volvió, intentó comunicarse con Luis Enrique Calle Serna, alias 'Comba', sucesor de Varela y jefe de la banda 'Los Rastrojos', en busca de protección.
Sin embargo, éste se negó a prestársela. La Policía lo custodiaba porque aún hacía parte del programa de testigos.
miércoles, 11 de noviembre de 2009
Colombia avisó en junio a Venezuela sobre las armas de las FARC
El Gobierno de Uribe reacciona a la decisión de Chávez de congelar nuevamente las relaciones por las acusaciones de venta de armas a la guerrilla
AGENCIAS / EL PAÍS.com - Caracas / Bogotá / Madrid - 29/07/2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha ordenado la retirada de su embajador en Bogotá, Gustavo Márquez, como reacción a las acusaciones colombianas que vinculan Caracas con un arsenal incautado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). "Uribe prendió otra vez el ventilador (...) Ya basta, se acabó, no vamos a tolerar esto" y desde ahora "congelamos las relaciones", subrayó el gobernante venezolano. El Gobierno colombiano ha respondido informando de que había avisado ya el pasado 2 de junio a Caracas de haber hallado en manos de la FARC armamento que había sido adquirido por Venezuela.
El lunes, el vicepresidente colombiano, Francisco Santos, desveló que su Gobierno se incautó hace un año de un importante arsenal de armas en poder de las FARC que originalmente fue comprado por Venezuela a Suecia, algo que calificó de "gravedad inmensa" porque el material decomisado incluía potentes antitanques y lanzacohetes.
La revelación se produjo un día después de que Uribe pidiera a la comunidad internacional -sin citar a ningún país en concreto- que no venda armamento a las guerrillas, como reacción a un informe de la revista local Semana que desveló el hallazgo del arsenal. Según esta publicación, a finales de 2008 el Ejército encontró en el campamento de un guerrillero varios lanzacohetes AT-4 de fabricación sueca adquiridos por Venezuela, lo cual fue puesto en conocimiento de las autoridades de ambas naciones.
Este martes, el Gobierno de Suecia confirmó a medios de comunicación colombianos que los lanzacohetes incautados corresponden, efectivamente, a un lote comprado por Venezuela a finales de la década de los 80. El ministro sueco de Comercio, Jens Ericsson, admitió además que su país ha pedido a Caracas explicaciones sobre cómo esas armas pudieron caer en manos de la guerrilla colombiana, a lo que de momento no ha recibido respuesta.
Tensas relaciones
La confirmación del Gobierno sueco ha empeorado aún más las relaciones entre los ejecutivos de Chávez y Uribe, ya de por sí bastante tensas. El canciller venezolano, Nicolás Maduro, ha declarado que su país responderá "cuando sea el momento oportuno a esta nueva mentira". Según Maduro, Colombia trata con esas acusaciones de "escurrir el bulto" y de culpar a los vecinos de su conflicto armado interno.
La crisis bilateral se produce a menos de seis meses de la plena restitución de las relaciones diplomáticas, suspendidas por Caracas en marzo de 2008 en rechazo al ataque militar por parte de Colombia a un campamento de las FARC en Ecuador. Ese acontecimiento, que incluyó el movimiento de tropas venezolanas a la frontera, agravó la tensión bilateral en noviembre de 2007 después de que Uribe decidiera, unilateralmente, poner fin a la labor mediadora de Chávez y de la senadora colombiana Piedad Córdoba para la liberación de un grupo de secuestrados por las FARC.
Otro capítulo reciente es la relación de Colombia con EE UU, que Caracas considera "injustificable". Según Maduro, la nueva "campaña" contra Venezuela sobre el desvío de armas busca "justificar lo injustificable", en alusión al acuerdo que Colombia negocia con Washington para permitirle el uso de sus bases militares. Fue precisamente ese acuerdo militar el que llevó al presidente venezolano, Hugo Chávez, a anunciar una "revisión integral" de las relaciones con su vecino, al considerar ese convenio como una "amenaza". El cruce de declaraciones y acusaciones entre las autoridades de ambos países ha sido casi diario desde entonces.
Tanto la polémica por la supuesta venta de armas a las FARC como el incremento de la presencia militar estadounidense en Colombia demuestran para Chávez que Bogotá "no tiene respeto por los vecinos" ni "le importan las relaciones con ellos". "Si han decidido abrir las relaciones para que Estados Unidos instale no se sabe cuántas bases (...), esta es una agresión. Están demostrando que no les importa un pepino los vecinos. Esto es vergonzoso", aseveró.
La relación comercial entre Colombia y Venezuela también se resiente y la cámara de integración bilateral (Cavecol) prevé que el intercambio entre los dos países cerrará este año en unos 5.000 millones de dólares, frente a los 10.000 millones inicialmente previstos. Además, Colombia se queja de la falta de avances en el acuerdo firmado con Venezuela en abril pasado para permitir la exportación de 10.000 automóviles a ese país.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, instó hoy a Chávez a que no tome medidas contra Colombia y recurra al diálogo para resolver las diferencias. "Hago un llamado al diálogo para que se resuelva con espíritu de conciliación y en ningún caso tomar medidas que afectarían a mucha gente, estamos hablando de una relación comercial y económica que no es menor y de gente que va y viene entre los dos países", afirmó Insulza.
Las declaraciones de Chávez representan una ulterior escalada en la tensión regional reavivada por las fricciones entre Colombia con Ecuador, países que no tienen relaciones diplomáticas desde marzo de 2008, a raíz de la difusión, el 17 de julio, de un vídeo en el que el jefe militar de las FARC, Mono Jojoy, deja entrever que los rebeldes financiaron en 2006 la campaña electoral del presidente ecuatoriano, Rafael Correa. Chávez dijo la semana pasada que eso es una "gran falsedad" y contraatacó asegurando que lo que sí está comprobado es que el narcotráfico ha financiado a numerosos políticos colombianos.
En un comunicado difundido este martes, las FARC niegan "tajantemente haber entregado dinero a ninguna campaña electoral de ningún país vecino" y afirman que "Washington y Bogotá manipularon un vídeo de las FARC sacando de su contexto el documento" con objeto de "agredir" a Correa.
Publicado en
www.elpais.com
AGENCIAS / EL PAÍS.com - Caracas / Bogotá / Madrid - 29/07/2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha ordenado la retirada de su embajador en Bogotá, Gustavo Márquez, como reacción a las acusaciones colombianas que vinculan Caracas con un arsenal incautado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). "Uribe prendió otra vez el ventilador (...) Ya basta, se acabó, no vamos a tolerar esto" y desde ahora "congelamos las relaciones", subrayó el gobernante venezolano. El Gobierno colombiano ha respondido informando de que había avisado ya el pasado 2 de junio a Caracas de haber hallado en manos de la FARC armamento que había sido adquirido por Venezuela.
El lunes, el vicepresidente colombiano, Francisco Santos, desveló que su Gobierno se incautó hace un año de un importante arsenal de armas en poder de las FARC que originalmente fue comprado por Venezuela a Suecia, algo que calificó de "gravedad inmensa" porque el material decomisado incluía potentes antitanques y lanzacohetes.
La revelación se produjo un día después de que Uribe pidiera a la comunidad internacional -sin citar a ningún país en concreto- que no venda armamento a las guerrillas, como reacción a un informe de la revista local Semana que desveló el hallazgo del arsenal. Según esta publicación, a finales de 2008 el Ejército encontró en el campamento de un guerrillero varios lanzacohetes AT-4 de fabricación sueca adquiridos por Venezuela, lo cual fue puesto en conocimiento de las autoridades de ambas naciones.
Este martes, el Gobierno de Suecia confirmó a medios de comunicación colombianos que los lanzacohetes incautados corresponden, efectivamente, a un lote comprado por Venezuela a finales de la década de los 80. El ministro sueco de Comercio, Jens Ericsson, admitió además que su país ha pedido a Caracas explicaciones sobre cómo esas armas pudieron caer en manos de la guerrilla colombiana, a lo que de momento no ha recibido respuesta.
Tensas relaciones
La confirmación del Gobierno sueco ha empeorado aún más las relaciones entre los ejecutivos de Chávez y Uribe, ya de por sí bastante tensas. El canciller venezolano, Nicolás Maduro, ha declarado que su país responderá "cuando sea el momento oportuno a esta nueva mentira". Según Maduro, Colombia trata con esas acusaciones de "escurrir el bulto" y de culpar a los vecinos de su conflicto armado interno.
La crisis bilateral se produce a menos de seis meses de la plena restitución de las relaciones diplomáticas, suspendidas por Caracas en marzo de 2008 en rechazo al ataque militar por parte de Colombia a un campamento de las FARC en Ecuador. Ese acontecimiento, que incluyó el movimiento de tropas venezolanas a la frontera, agravó la tensión bilateral en noviembre de 2007 después de que Uribe decidiera, unilateralmente, poner fin a la labor mediadora de Chávez y de la senadora colombiana Piedad Córdoba para la liberación de un grupo de secuestrados por las FARC.
Otro capítulo reciente es la relación de Colombia con EE UU, que Caracas considera "injustificable". Según Maduro, la nueva "campaña" contra Venezuela sobre el desvío de armas busca "justificar lo injustificable", en alusión al acuerdo que Colombia negocia con Washington para permitirle el uso de sus bases militares. Fue precisamente ese acuerdo militar el que llevó al presidente venezolano, Hugo Chávez, a anunciar una "revisión integral" de las relaciones con su vecino, al considerar ese convenio como una "amenaza". El cruce de declaraciones y acusaciones entre las autoridades de ambos países ha sido casi diario desde entonces.
Tanto la polémica por la supuesta venta de armas a las FARC como el incremento de la presencia militar estadounidense en Colombia demuestran para Chávez que Bogotá "no tiene respeto por los vecinos" ni "le importan las relaciones con ellos". "Si han decidido abrir las relaciones para que Estados Unidos instale no se sabe cuántas bases (...), esta es una agresión. Están demostrando que no les importa un pepino los vecinos. Esto es vergonzoso", aseveró.
La relación comercial entre Colombia y Venezuela también se resiente y la cámara de integración bilateral (Cavecol) prevé que el intercambio entre los dos países cerrará este año en unos 5.000 millones de dólares, frente a los 10.000 millones inicialmente previstos. Además, Colombia se queja de la falta de avances en el acuerdo firmado con Venezuela en abril pasado para permitir la exportación de 10.000 automóviles a ese país.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, instó hoy a Chávez a que no tome medidas contra Colombia y recurra al diálogo para resolver las diferencias. "Hago un llamado al diálogo para que se resuelva con espíritu de conciliación y en ningún caso tomar medidas que afectarían a mucha gente, estamos hablando de una relación comercial y económica que no es menor y de gente que va y viene entre los dos países", afirmó Insulza.
Las declaraciones de Chávez representan una ulterior escalada en la tensión regional reavivada por las fricciones entre Colombia con Ecuador, países que no tienen relaciones diplomáticas desde marzo de 2008, a raíz de la difusión, el 17 de julio, de un vídeo en el que el jefe militar de las FARC, Mono Jojoy, deja entrever que los rebeldes financiaron en 2006 la campaña electoral del presidente ecuatoriano, Rafael Correa. Chávez dijo la semana pasada que eso es una "gran falsedad" y contraatacó asegurando que lo que sí está comprobado es que el narcotráfico ha financiado a numerosos políticos colombianos.
En un comunicado difundido este martes, las FARC niegan "tajantemente haber entregado dinero a ninguna campaña electoral de ningún país vecino" y afirman que "Washington y Bogotá manipularon un vídeo de las FARC sacando de su contexto el documento" con objeto de "agredir" a Correa.
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Varias bases gringas bajo la misma Manta
Por: Omar Vera*
Con el cierre de la base de Manta, ubicada en la costa Pacífica de Ecuador, y la propuesta del gobierno colombiano para que ésta sea trasladada a suelo colombiano, los intereses de Estados Unidos en el continente se juegan una carta fundamental. La base gringa estaría dispersa en varias instalaciones militares colombianas para, de este modo, multiplicar la 'guerra preventiva' y el control de buena parte de Suramérica.
No sólo se trata de la ubicación de uno de los principales centros de operaciones y de control de los gringos en el mundo. De dispersarse en el territorio colombiano, las operaciones de la base que funcionaba en Manta, cuyo fin decidió el gobierno de Rafael Correa, la intervención de la potencia del norte en Colombia se consolidaría.
Los recursos que, como los del Plan Colombia, se destinan a la guerra aumentarían considerablemente, mientras se exportaría la militarización de la sociedad y el intervencionismo gringo a los países vecinos, internacionalizando aún más el conflicto colombiano.
Luego de que, en 2007, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunciara que la decisión de no renovar el acuerdo era irrevocable y que prefería 'cortarse un brazo' antes de permitir que Manta siguiera operando como puesto militar de EEUU en Suramérica, la búsqueda de un nuevo emplazamiento sobre el Pacífico se ha vuelto una tarea prioritaria para los gringos: Perú y Colombia han sido los destinos más estimados para reubicar estas instalaciones, gracias a la cercanía con Washington de los presidentes Alan García y Álvaro Uribe.
Santos picando a Venezuela
Sin embargo, no fue sino hasta el anuncio, el año pasado, del ex ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, sobre la disposición de Colombia de ofrecer a los militares gringos una nueva ubicación para la base, que el debate nuevamente se calentó. En ese momento, el ministerio encabezado por Santos propuso como emplazamientos para la nueva base lugares como La Guajira y Arauca, ubicados en la frontera con Venezuela, en un claro intento por tensionar las relaciones con la hermana república. El Comando Sur rechazó en ese momento la propuesta de Bogotá por no ofrecer claras ventajas para el control del Pacífico.
Una nueva propuesta fue realizada por Santos en la víspera de la visita del almirante Michael Mullen, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de EEUU, del pasado 5 de marzo, y ha sido planteada también al almirante James Stavridis, jefe del Comando Sur, quien tendrá la última palabra antes de su aprobación por el presidente Obama y el Congreso de ese país.
En ella, se proponen diferentes opciones para dispersar lo que había en Manta, de acuerdo con lo negociado con el Comando Sur durante el último año. Según informaciones filtradas a la prensa, existe gran interés de parte de Washington por utilizar sitios como Tumaco (Nariño) y Bahía Málaga (Valle del Cauca) como bases navales y de inteligencia aérea, mientras bases aéreas como la Marco Fidel Suárez (Cali, Valle del Cauca), Palanquero (Cundinamarca), Apiay (Meta) y Tres Esquinas (Caquetá) serían consideradas como opciones para emplazar tropas de tierra y para el aterrizaje de aeronaves de gran envergadura para el transporte de personal, como el Galaxy C-5, o de aviones de combate.
Seguir leyendo en El Turbión
Con el cierre de la base de Manta, ubicada en la costa Pacífica de Ecuador, y la propuesta del gobierno colombiano para que ésta sea trasladada a suelo colombiano, los intereses de Estados Unidos en el continente se juegan una carta fundamental. La base gringa estaría dispersa en varias instalaciones militares colombianas para, de este modo, multiplicar la 'guerra preventiva' y el control de buena parte de Suramérica.
No sólo se trata de la ubicación de uno de los principales centros de operaciones y de control de los gringos en el mundo. De dispersarse en el territorio colombiano, las operaciones de la base que funcionaba en Manta, cuyo fin decidió el gobierno de Rafael Correa, la intervención de la potencia del norte en Colombia se consolidaría.
Los recursos que, como los del Plan Colombia, se destinan a la guerra aumentarían considerablemente, mientras se exportaría la militarización de la sociedad y el intervencionismo gringo a los países vecinos, internacionalizando aún más el conflicto colombiano.
Luego de que, en 2007, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunciara que la decisión de no renovar el acuerdo era irrevocable y que prefería 'cortarse un brazo' antes de permitir que Manta siguiera operando como puesto militar de EEUU en Suramérica, la búsqueda de un nuevo emplazamiento sobre el Pacífico se ha vuelto una tarea prioritaria para los gringos: Perú y Colombia han sido los destinos más estimados para reubicar estas instalaciones, gracias a la cercanía con Washington de los presidentes Alan García y Álvaro Uribe.
Santos picando a Venezuela
Sin embargo, no fue sino hasta el anuncio, el año pasado, del ex ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, sobre la disposición de Colombia de ofrecer a los militares gringos una nueva ubicación para la base, que el debate nuevamente se calentó. En ese momento, el ministerio encabezado por Santos propuso como emplazamientos para la nueva base lugares como La Guajira y Arauca, ubicados en la frontera con Venezuela, en un claro intento por tensionar las relaciones con la hermana república. El Comando Sur rechazó en ese momento la propuesta de Bogotá por no ofrecer claras ventajas para el control del Pacífico.
Una nueva propuesta fue realizada por Santos en la víspera de la visita del almirante Michael Mullen, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de EEUU, del pasado 5 de marzo, y ha sido planteada también al almirante James Stavridis, jefe del Comando Sur, quien tendrá la última palabra antes de su aprobación por el presidente Obama y el Congreso de ese país.
En ella, se proponen diferentes opciones para dispersar lo que había en Manta, de acuerdo con lo negociado con el Comando Sur durante el último año. Según informaciones filtradas a la prensa, existe gran interés de parte de Washington por utilizar sitios como Tumaco (Nariño) y Bahía Málaga (Valle del Cauca) como bases navales y de inteligencia aérea, mientras bases aéreas como la Marco Fidel Suárez (Cali, Valle del Cauca), Palanquero (Cundinamarca), Apiay (Meta) y Tres Esquinas (Caquetá) serían consideradas como opciones para emplazar tropas de tierra y para el aterrizaje de aeronaves de gran envergadura para el transporte de personal, como el Galaxy C-5, o de aviones de combate.
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¿Quién es el nuevo Mindefensa, Gabriel Silva Luján?
Política Después de muchos candidatos que sonaron, el Presidente se quedó con el actual gerente de la Fedecafé como nuevo Ministro de Defensa quien asumirá el cargo en agosto.
Cuando el plazo estaba a punto de terminarse, el Presidente de la República se decidió por Gabriel Silva Luján como nuevo ministro de Defensa, luego de que su antecesor Juan Manuel Santos dejara el cargo el pasado mayo y de que el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, asumiera como encargado durante más de dos meses.
“El Presidente destaca la excelente labor que ha cumplido como ministro encargado el general Freddy Padilla de León, quien continuará como Comandante General de las Fuerzas Militares”, fue el comunicado que publicó la Casa de Nariño, que anunció en tres párrafos el nombramiento de Silva.
Finalmente, el presidente Álvaro Uribe se decidió por Silva Luján, hoy y durante los últimos siete años presidente de la Federación de Cafeteros de Colombia.
Formado en el llamado “kínder” del ex presidente César Gaviria, muy amigo de Juan Manuel Santos con fama de buen gerente, el nuevo ministro estudió Ciencia Política en la Universidad de los Andes y tiene títulos de posgrado en economía y relaciones internacionales en universidades de Estados Unidos. También fue asesor de asuntos internacionales del presidente Virgilio Barco y en 1993 fue embajador de Colombia en Estados Unidos.
Entonces se destacó por el buen manejo que le dio a una situación particularmente difícil para el gobierno de Gaviria en sus relaciones con Estados Unidos, cuando Pablo Escobar se fugó, luego de que se conocieran los escándalos de la cárcel de la "Catedral" donde estaba recluido.
Durante los últimos meses fueron muchos los nombres que se barajaron. Se dijo que era Bernardo Moreno, secretario general de la Presidencia; el ex ministro de Educación Rodirgo ‘Kiko’Lloreda; Luis Carlos Villegas, presidente de la Andi; e incluso el general Padilla.
Aunque también estaba Gabriel Silva, esa posibilidad parecía lejana, ya que Silva llevaba siete años como gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, y en los 80 años de esta agremiación, sólo ha tenido nueve gerentes. Silva, de 52 años, desde allí impulsó el programa de las tiendas de venta de café "Juan Valdez", que al final del 2008 ya contaban con 170 establecimientos en Colombia, Estados Unidos, Chile y Ecuador, según el gremio cafetero.
Con esta designación, muy seguramente el presidente Uribe pretende profundizar el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas.
El nuevo Ministro, quien tomará posesión en agosto, asume el ministerio en un momento bastante difícil, con las cifras mostrando retrocesos en seguridad por primera vez en el gobierno Uirbe, con los índices de inseguridad particularmente disparados en algunas de las principales ciudades y con nuevos grupos armados ilegales en plena expansión.
Así mismo será tarea de Silva consolidar las bases del llamado Salto Estratégico, una política que busca crear las condiciones para que haya una vida civilizada en todas las regiones de Colombia, donde la gente pueda producir legalmente y en paz, y con el Estado como único y legítimo mediador de los conflictos que surjan.
Pero quizá, lo más importante, sea ultimar los detalles de las negociaciones de la presencia militar norteamericana en bases militares colombianas y ayudar a calmar los ánimos de países como Venezuela y Ecuador por esta decisión.
Publicado en
www.semana.com
Cuando el plazo estaba a punto de terminarse, el Presidente de la República se decidió por Gabriel Silva Luján como nuevo ministro de Defensa, luego de que su antecesor Juan Manuel Santos dejara el cargo el pasado mayo y de que el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, asumiera como encargado durante más de dos meses.
“El Presidente destaca la excelente labor que ha cumplido como ministro encargado el general Freddy Padilla de León, quien continuará como Comandante General de las Fuerzas Militares”, fue el comunicado que publicó la Casa de Nariño, que anunció en tres párrafos el nombramiento de Silva.
Finalmente, el presidente Álvaro Uribe se decidió por Silva Luján, hoy y durante los últimos siete años presidente de la Federación de Cafeteros de Colombia.
Formado en el llamado “kínder” del ex presidente César Gaviria, muy amigo de Juan Manuel Santos con fama de buen gerente, el nuevo ministro estudió Ciencia Política en la Universidad de los Andes y tiene títulos de posgrado en economía y relaciones internacionales en universidades de Estados Unidos. También fue asesor de asuntos internacionales del presidente Virgilio Barco y en 1993 fue embajador de Colombia en Estados Unidos.
Entonces se destacó por el buen manejo que le dio a una situación particularmente difícil para el gobierno de Gaviria en sus relaciones con Estados Unidos, cuando Pablo Escobar se fugó, luego de que se conocieran los escándalos de la cárcel de la "Catedral" donde estaba recluido.
Durante los últimos meses fueron muchos los nombres que se barajaron. Se dijo que era Bernardo Moreno, secretario general de la Presidencia; el ex ministro de Educación Rodirgo ‘Kiko’Lloreda; Luis Carlos Villegas, presidente de la Andi; e incluso el general Padilla.
Aunque también estaba Gabriel Silva, esa posibilidad parecía lejana, ya que Silva llevaba siete años como gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, y en los 80 años de esta agremiación, sólo ha tenido nueve gerentes. Silva, de 52 años, desde allí impulsó el programa de las tiendas de venta de café "Juan Valdez", que al final del 2008 ya contaban con 170 establecimientos en Colombia, Estados Unidos, Chile y Ecuador, según el gremio cafetero.
Con esta designación, muy seguramente el presidente Uribe pretende profundizar el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas.
El nuevo Ministro, quien tomará posesión en agosto, asume el ministerio en un momento bastante difícil, con las cifras mostrando retrocesos en seguridad por primera vez en el gobierno Uirbe, con los índices de inseguridad particularmente disparados en algunas de las principales ciudades y con nuevos grupos armados ilegales en plena expansión.
Así mismo será tarea de Silva consolidar las bases del llamado Salto Estratégico, una política que busca crear las condiciones para que haya una vida civilizada en todas las regiones de Colombia, donde la gente pueda producir legalmente y en paz, y con el Estado como único y legítimo mediador de los conflictos que surjan.
Pero quizá, lo más importante, sea ultimar los detalles de las negociaciones de la presencia militar norteamericana en bases militares colombianas y ayudar a calmar los ánimos de países como Venezuela y Ecuador por esta decisión.
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Suecia y Colombia investigan cómo llegaron lanzacohetes a las Farc
Ambos países averiguarán por qué el armamento que el país europeo le vendió al Ejército de Venezuela, terminó en un campamento del grupo guerrillero. De "película barata", calificó el ministro del Interior venezolano el hecho.
"Suecia está trabajando conjuntamente con Colombia para investigar el caso", fueron las palabras que este lunes dijo el ministro de Comercio de ese país, Jens Ericsson, a la emisora de radio local Sveriges Radio, sobre los lanzacohetes que Suecia le vendió al Ejército venezolano, pero que inexplicablemente aparecieron en un campamento de las Farc en La Macarena, departamento del Meta, durante una incautación del Ejército colombiano hace pocos meses.
Desde febrero de 2008, la revista SEMANA había denunciado los correos que ‘Iván Márquez’ le había escrito a ‘Raúl Reyes’ sobre la ayuda que miembros del Ejército de Venezuela le dieron a la organización guerrillera en el tema de armas:
"Como estaba previsto, el 3 de enero me reuní con los generales (Cliver) Alcalá y (Hugo) Carvajal con el cual ya me había reunido en tres ocasiones en compañía de Ricardo (Rodrigo Granda)). Hablamos del Plan Patriota, canje, la 'para-política' y de tres aspectos del plan estratégico: finanzas, armas y política de fronteras (...) Entre tanto nos van a hacer llegar (la próxima semana) 20 bazucas (no recuerdo el calibre) de gran potencia, según ellos, de las cuales 10 serían para Timo (Timochenko) y 10 para acá. Alcalá sugirió que fuera una cantidad mayor", dice uno de los puntos de la carta.
Después, Márquez le envió otro mail a 'Tirofijo' y al Secretariado, donde les confirma que “los aparatos que hemos recibido con Timo son cohetes antitanque de 85 mm., dos tubos y 21 cargas. El amigo dice que tienen más de 1.000 cargas y que próximamente nos hará llegar otras más, así como algunos tubos".
Tanto Alcalá como Carvajal, son dos de los hombres más cercanos al presidente venezolano, Hugo Chávez, y las armas que se encontraron en La Macarena confirman el contenido de estos correos: en una caleta había varios lanzacohetes AT-4 de fabricados por la empresa sueca Saab Bofors Dynamics. Y el lote corresponde a uno que fue vendido al Ejército venezolano.
El ministro del Interior de Venezuela, Tareck El Aissami, respondió a estas revelaciones: "Me parece que es una nueva arremetida contra nuestro gobierno fundamentada en mentiras". Y agregó: "Desmentimos absolutamente que nuestro gobierno o nuestras instituciones estén prestas para colaborar con organizaciones criminales o terroristas. Da risa, parece una película barata del gobierno norteamericano y los pitiyanquis de la región".
Este domingo, el presidente Alvaro Uribe también se había pronunciado. “Sabemos que los grupos terroristas han adquirido lanzacohetes de marca en los mercados internacionales de armas... Colombia lo sabe (y) hemos elevado nuestra queja a través de los canales diplomáticos a los respectivos países", aseguró Uribe.
Y agregó que existen "dos opciones: o nos ponemos a apaciguar o procedemos con firmeza", dijo en Medellín a un grupo de víctimas que recibieron una indemnización del gobierno.
Por otro lado, en la misma emisora sueca habló el director general del Órgano de Inspección de Productos Estratégicos sueco, Jan-Erik Lövgren, quien aseguró que, desde 2006, Suecia no le vende armas a Venezuela.
La noticia atiza aún más las relaciones entre Colombia y Venezuela que de tiempo atrás están sensibles, no sólo por lo que tiene que ver con las Farc, sino más reciente, por la decisión del presidente Uribe de fortalecer la presencia militar norteamericana en las bases militares del país.
De comprobarse que hubo irregularidades por parte del Ejército del país vecino en este caso, los problemas podrían trascender las fronteras, ya que Suecia tiene en su lista de terroristas a las Farc y han dicho que no serán tolerantes en casos como este.
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"Suecia está trabajando conjuntamente con Colombia para investigar el caso", fueron las palabras que este lunes dijo el ministro de Comercio de ese país, Jens Ericsson, a la emisora de radio local Sveriges Radio, sobre los lanzacohetes que Suecia le vendió al Ejército venezolano, pero que inexplicablemente aparecieron en un campamento de las Farc en La Macarena, departamento del Meta, durante una incautación del Ejército colombiano hace pocos meses.
Desde febrero de 2008, la revista SEMANA había denunciado los correos que ‘Iván Márquez’ le había escrito a ‘Raúl Reyes’ sobre la ayuda que miembros del Ejército de Venezuela le dieron a la organización guerrillera en el tema de armas:
"Como estaba previsto, el 3 de enero me reuní con los generales (Cliver) Alcalá y (Hugo) Carvajal con el cual ya me había reunido en tres ocasiones en compañía de Ricardo (Rodrigo Granda)). Hablamos del Plan Patriota, canje, la 'para-política' y de tres aspectos del plan estratégico: finanzas, armas y política de fronteras (...) Entre tanto nos van a hacer llegar (la próxima semana) 20 bazucas (no recuerdo el calibre) de gran potencia, según ellos, de las cuales 10 serían para Timo (Timochenko) y 10 para acá. Alcalá sugirió que fuera una cantidad mayor", dice uno de los puntos de la carta.
Después, Márquez le envió otro mail a 'Tirofijo' y al Secretariado, donde les confirma que “los aparatos que hemos recibido con Timo son cohetes antitanque de 85 mm., dos tubos y 21 cargas. El amigo dice que tienen más de 1.000 cargas y que próximamente nos hará llegar otras más, así como algunos tubos".
Tanto Alcalá como Carvajal, son dos de los hombres más cercanos al presidente venezolano, Hugo Chávez, y las armas que se encontraron en La Macarena confirman el contenido de estos correos: en una caleta había varios lanzacohetes AT-4 de fabricados por la empresa sueca Saab Bofors Dynamics. Y el lote corresponde a uno que fue vendido al Ejército venezolano.
El ministro del Interior de Venezuela, Tareck El Aissami, respondió a estas revelaciones: "Me parece que es una nueva arremetida contra nuestro gobierno fundamentada en mentiras". Y agregó: "Desmentimos absolutamente que nuestro gobierno o nuestras instituciones estén prestas para colaborar con organizaciones criminales o terroristas. Da risa, parece una película barata del gobierno norteamericano y los pitiyanquis de la región".
Este domingo, el presidente Alvaro Uribe también se había pronunciado. “Sabemos que los grupos terroristas han adquirido lanzacohetes de marca en los mercados internacionales de armas... Colombia lo sabe (y) hemos elevado nuestra queja a través de los canales diplomáticos a los respectivos países", aseguró Uribe.
Y agregó que existen "dos opciones: o nos ponemos a apaciguar o procedemos con firmeza", dijo en Medellín a un grupo de víctimas que recibieron una indemnización del gobierno.
Por otro lado, en la misma emisora sueca habló el director general del Órgano de Inspección de Productos Estratégicos sueco, Jan-Erik Lövgren, quien aseguró que, desde 2006, Suecia no le vende armas a Venezuela.
La noticia atiza aún más las relaciones entre Colombia y Venezuela que de tiempo atrás están sensibles, no sólo por lo que tiene que ver con las Farc, sino más reciente, por la decisión del presidente Uribe de fortalecer la presencia militar norteamericana en las bases militares del país.
De comprobarse que hubo irregularidades por parte del Ejército del país vecino en este caso, los problemas podrían trascender las fronteras, ya que Suecia tiene en su lista de terroristas a las Farc y han dicho que no serán tolerantes en casos como este.
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Colombia denuncia que Venezuela vendió armas a las FARC
Bogotá asegura haber hallado un potente arsenal comprado por Caracas a Suecia en un campamento de la guerrilla
AGENCIAS / EL PAÍS.com - Bogotá / Caracas / Madrid - 27/07/2009
El Gobierno de Colombia se incautó hace un año de un importante arsenal de armas en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que originalmente fue comprado por Venezuela a Suecia. Así lo reveló este lunes el vicepresidente Francisco Santos, que explicó que el material decomisado incluía potentes antitanques y lanzacohetes y alertó de que es de una "gravedad inmensa" que la guerrilla esté adquiriendo equipo militar sofisticado.
El ministro de comercio sueco, Jens Ericsson, ha confirmado que su país "está trabajando conjuntamente con Colombia para investigar el caso", según informa Radio Caracol. "Está confirmado que una pequeña cantidad de armas producidas en Suecia fue encontrada en un campamento de las FARC. Pedimos explicaciones a responsables del gobierno de Venezuela para que nos diga cómo este equipamiento ha sido econtrado en Colombia", asegura Ericsson.
La revelación de Santos se produce un día después de que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, pidiera a la comunidad internacional y a los países vecinos -sin citar a ninguno en concreto- que no vendan armamento a las FARC, como reacción a un informe de la revista local Semana que desveló el hallazgo del arsenal. Según esta publicación, a finales del 2008 el Ejército encontró en el campamento de un guerrillero varios lanzacohetes AT-4 de fabricación sueca adquiridos por Venezuela, lo cual fue puesto en conocimiento de las autoridades de ambas naciones.
Caracas se defiende
Las insinuaciones de Bogotá llegan en medio de un deterioro de sus relaciones con Caracas, que recientemente consideró "inamistoso" un preacuerdo en el que Uribe autoriza a Estados Unidos usar bases militares para operaciones antidrogas, después de que Washington entregara la instalación de Manta, en Ecuador. En respuesta a la acusación de la venta de armas, el ministro venezolano de Exteriores, Nicolás Maduro, ha denunciado que existe una "campaña de mentiras" contra el Ejecutivo Chávez que compara al "montaje" sobre la existencia de armas de destrucción masiva en Irak para justificar su ocupación militar, y que en este caso, según el canciller, intenta "justificar" la "pretensión de instalar cuatro bases militares" estadounidenses en territorio colombiano.
También respondió el ministro del Interior y Justicia venezolano, Tareck El Aissami, que calificó de "show mediático" la versión de Colombia. Irónicamente, El Aissami ha declarado que no le sorprendería que Colombia diga que el suministro de armamento esté reflejado también en el ordenador decomisado al ex número dos de la guerrilla, Raúl Reyes, de donde el Gobierno de Álvaro Uribe ha sustraído información para sus investigaciones que supuestamente confirma nexos de las FARC no sólo con Venezuela sino también con otros países del entorno.
En los últimos días, el Ejército colombiano ha intensificado su ofensiva en una amplia región del sur y el oriente del país para dar con el paradero del actual jefe militar de las FARC, conocido como Mono Jojoy. Los lanzacohetes fueron encontrados en una de estas operaciones en el campamento de uno de sus comandantes.
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El Gobierno de Colombia se incautó hace un año de un importante arsenal de armas en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que originalmente fue comprado por Venezuela a Suecia. Así lo reveló este lunes el vicepresidente Francisco Santos, que explicó que el material decomisado incluía potentes antitanques y lanzacohetes y alertó de que es de una "gravedad inmensa" que la guerrilla esté adquiriendo equipo militar sofisticado.
El ministro de comercio sueco, Jens Ericsson, ha confirmado que su país "está trabajando conjuntamente con Colombia para investigar el caso", según informa Radio Caracol. "Está confirmado que una pequeña cantidad de armas producidas en Suecia fue encontrada en un campamento de las FARC. Pedimos explicaciones a responsables del gobierno de Venezuela para que nos diga cómo este equipamiento ha sido econtrado en Colombia", asegura Ericsson.
La revelación de Santos se produce un día después de que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, pidiera a la comunidad internacional y a los países vecinos -sin citar a ninguno en concreto- que no vendan armamento a las FARC, como reacción a un informe de la revista local Semana que desveló el hallazgo del arsenal. Según esta publicación, a finales del 2008 el Ejército encontró en el campamento de un guerrillero varios lanzacohetes AT-4 de fabricación sueca adquiridos por Venezuela, lo cual fue puesto en conocimiento de las autoridades de ambas naciones.
Caracas se defiende
Las insinuaciones de Bogotá llegan en medio de un deterioro de sus relaciones con Caracas, que recientemente consideró "inamistoso" un preacuerdo en el que Uribe autoriza a Estados Unidos usar bases militares para operaciones antidrogas, después de que Washington entregara la instalación de Manta, en Ecuador. En respuesta a la acusación de la venta de armas, el ministro venezolano de Exteriores, Nicolás Maduro, ha denunciado que existe una "campaña de mentiras" contra el Ejecutivo Chávez que compara al "montaje" sobre la existencia de armas de destrucción masiva en Irak para justificar su ocupación militar, y que en este caso, según el canciller, intenta "justificar" la "pretensión de instalar cuatro bases militares" estadounidenses en territorio colombiano.
También respondió el ministro del Interior y Justicia venezolano, Tareck El Aissami, que calificó de "show mediático" la versión de Colombia. Irónicamente, El Aissami ha declarado que no le sorprendería que Colombia diga que el suministro de armamento esté reflejado también en el ordenador decomisado al ex número dos de la guerrilla, Raúl Reyes, de donde el Gobierno de Álvaro Uribe ha sustraído información para sus investigaciones que supuestamente confirma nexos de las FARC no sólo con Venezuela sino también con otros países del entorno.
En los últimos días, el Ejército colombiano ha intensificado su ofensiva en una amplia región del sur y el oriente del país para dar con el paradero del actual jefe militar de las FARC, conocido como Mono Jojoy. Los lanzacohetes fueron encontrados en una de estas operaciones en el campamento de uno de sus comandantes.
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