¿Más de 30.000 desaparecidos?


Hernando Salazar
Bogotá



La desaparición forzada de personas ha saltado a los titulares de la prensa colombiana en los últimos meses porque los números crecieron considerablemente y por las decisiones judiciales que se han adoptado.
Hace poco fue detenido un ex general del ejército y otros dos han sido llamados a indagatoria por la Fiscalía por la desaparición de una docena de personas durante la toma del Palacio de Justicia, en 1985.


Pero, además, están las confesiones hechas por paramilitares que buscan beneficios judiciales, la aparición de cementerios clandestinos y la recuperación de restos óseos por parte de la Fiscalía General.

Mientras en el año 2000 se hablaba de unos 3.500 casos de desaparecidos, ahora la Fiscalía General revela que está investigando la desaparición de 15.645 personas.

Las organizaciones no gubernamentales aseguran que podrían ser más de 30.000 las personas de las que no se tiene rastro.

"Basta"

"Seguramente van a ser más de 30.000", le dice a BBC Mundo Federico Andreu, consejero general de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), quien vino a Bogotá a un seminario internacional sobre desaparición forzada, que fue inaugurado por el juez español Baltasar Garzón.

El más reciente informe sobre Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó que en 2007 los paramilitares revelaron la ubicación de 1.009 fosas clandestinas, que permitieron la recuperación de los restos de 1.196 desaparecidos, aunque no muchos han sido identificados.

Según Andreu, el aumento de las cifras se debe a que había un mal registro de las desapariciones, sobre todo en las zonas rurales, pero también a que la gente está hablando más ahora y a que "la sociedad está empezando a decir: basta de esta realidad".


Seguramente van a ser más de 30.000 (los desaparecidos)
Federico Andreu, Comisión Internacional de Juristas

Al intervenir en el seminario, Gustavo Gallón, director de la CCJ, dijo que entre mediados de 2002 yde 2007 hubo 1.259 desapariciones forzadas en Colombia, el 97% de las cuales las atribuye su organización a agentes estatales y paramilitares, y el 3% a las guerrillas.

Andreu, un experto que trabajó en la redacción de la Convención de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, explica que una característica de ese delito "es que ha sido como el crimen del silencio, el crimen perfecto. La gente no quiere hablar, ni los familiares, ni los testigos".

Y no quieren hablar, añade, porque esperan que sus familiares regresen o porque han sido amenazados por quienes cometieron la desaparición.

Lo paradójico es que el aumento de las cifras ocurre después de que, en el año 2000, Colombia tipificó la desaparición forzada como delito en el Código Penal.

Hasta el momento, sin embargo, no se conocen muchas condenas por ese delito. Y tampoco ha concluido con sentencia judicial ninguno de los procesos de la ley de "justicia y paz", a la que se acogieron cerca de 3.000 paramilitares.

Voluntad política

Andreu cree que, a pesar de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano, falta voluntad política del sistema judicial doméstico para perseguir la desaparición forzada.


Mientras la gran mayoría de los países de Latinoamérica han superado esta triste historia, Colombia sigue siendo el único que año tras año figura dentro de la lista donde la desaparición forzada sigue como una práctica recurrente
Susan Lee, AI

Carlos Franco, director del Programa Presidencial de Derechos Humanos, ha subrayado que el gobierno del presidente Álvaro Uribe promovió la adopción del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas a comienzos de 2007 y también aprobó un plan de choque para luchar contra ese delito.

A pesar de eso, el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos sobre Colombia asegura que la apliación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha sido "muy incipiente".

Susan Lee, directora para las Américas de Amnistía Internacional, le dice a BBC Mundo que "se siguen presentando casi a diario casos de desaparición forzada en Colombia".

BBC Mundo le consultó a la Procuraduría General de la Nación, que es el máximo garante de los derechos humanos en el país, representa a la sociedad en los casos penales y vigila y sanciona disciplinariamente a los agentes del Estado.

La Procuraduría informó que actualmente desarrolla 16 investigaciones disciplinarias por desapariciones forzadas, en su mayoría contra miembros del ejército.

Sin sanciones por ahora

Aunque a principios de los años 90 la Procuraduría destituyó a dos generales por desapariciones forzadas, en ninguna de las investigaciones actuales se han producido, hasta ahora, sanciones disciplinarias contra los presuntos responsables.


Un alto funcionario de la Procuraduría admitió que la persecución penal y disciplinaria de los responsables de desapariciones forzadas frecuentemente se tropieza con trabas burocráticas, que les quitan rapidez y eficacia a las investigaciones y la búsqueda de las víctimas.
Lee señala que "llama mucho la atención que mientras la gran mayoría de los países de Latinoamérica han superado esta triste historia, Colombia sigue siendo el único que año tras año figura dentro de la lista donde la desaparición forzada sigue como una práctica recurrente".

Pese a todo, Andreu afirma que la penalización de la desaparición forzada terminará aplicándose tarde o temprano en Colombia, como está sucediendo en Perú con la ley que se adoptó en 1992, durante el gobierno de Alberto Fujimori.


Nota de BBCMundo.com:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/latin_america/newsid_7481000/7481399.stm

Publicada: 2008/06/30 12:56:40 GMT

El poder soy yo
Al proponer un referendo para repetir las elecciones, Uribe pone en jaque la institucionalidad del país.
Fecha: 06/28/2008 -1365
La feroz pelea entre el Presidente y la Corte Suprema de Justicia puede terminar haciéndoles más daño a las instituciones que los embates de la guerrilla o las garras del paramilitarismo. La yidis-política, un episodio burocrático que para muchos no es más que un trueque tradicional de la política clientelista, se convirtió en un detonante que está resquebrajando el Estado desde su propia cúspide.

El último episodio del pulso de poder entre el gobierno y la Corte está acercando al abismo la estabilidad institucional del país. La Corte Suprema, en el fallo que condenó a la congresista Yidis Medina a 47 meses de prisión, advirtió que la compra de su voto por parte de funcionarios del alto gobierno fue una "clara desviación de poder" que afecta la legalidad del acto legislativo que aprobó la reelección. Y, teniendo en cuenta que el voto de Yidis fue decisivo para ello, remitió el fallo para revisión de la Corte Constitucional, órgano encargado de pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto.

El Presidente, desafiado en su dignidad, sintió que la Corte Suprema estaba cuestionando la legitimidad de su reelección y, en una decisión precipitada y con sabor a revanchismo, amenazó con pedir un referendo para apelar al pueblo y repetir los comicios de 2006.

Y faltaba la Procuraduría...
¿Es posible el referendo que propone Uribe?
Diversas opiniones depertó la propuesta de Uribe de convocar referendo
Fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso de Yidis Medina
Después de conocer la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema que condena a Yidis Medina por cohecho, el ministro de protección social, Diego Palacio, con el respaldo del Presidente, decidió entablar una demanda a esta Sala por injuria y calumnia En su primera salida en público, el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, anunció que su prioridad será la reforma a la justicia, lo que le agrega más leña al fuego que hay entre el gobierno y la Corte Suprema. A la derecha, Yidis Medina fue condenada no sólo porque se autoincriminó sino porque la Corte tiene pruebas de que su voto por la reelección fue comprado Uribe mantiene muy en alto su popularidad. Su círculo de asesores asegura que eso es suficiente para ganar un referendo y dejar sin argumentos a la Corte Suprema. Pero ganar unas nuevas elecciones no borra el delito de cohecho, que es lo que critica la Corte El Presidente sólo se tomó tres horas para responderle a la Corte. Aquí ‘pule’ el comunicado con el recién posesionado ministro Fabio Valencia el secretario jurídico, Edmundo del Castillo, y el secretario de prensa, César Mauricio Velásquez
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Acto seguido, el alto gobierno mandó a dos de sus mosqueteros para que demandaran a la Corte Suprema ante la Comisión de Acusación. El ministro de Protección, Diego Palacio, interpuso una demanda penal porque, según él, los magistrados mintieron en el fallo. Y el alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, solicitó que se investigue la supuesta penetración del paramilitarismo en la Corte Suprema.

En este cruce de cables se mezcla lo jurídico con lo político. Una cosa es cuestionar la legalidad del trámite en el Congreso que aprobó la reelección, y otra, muy distinta, es cuestionar la voluntad popular que le dio la legitimidad a la elección del presidente Uribe. El fallo jurídico de la Corte se ciñe a lo primero y la reacción del gobierno se centra en lo segundo. El Presidente dio una respuesta política a un problema jurídico. Lo que está en tela de juicio no es la mayoría que respaldó al Presidente en las urnas, sino si tenía o no el derecho de presentarse a ellas. Mientras estas dos ramas del poder se dan garrote, la tercera -el Congreso- está arrinconada y débil luego de que el huracán de la para-política le dio un golpe de gracia a su credibilidad. Y la Corte Constitucional espera la 'papa caliente' de la reelección en medio de cuestionamientos sobre su independencia y de críticas sobre su cercanía al gobierno.

Un panorama poco alentador y originado, en últimas, por el espinoso episodio de la reelección. Por algo, desde tiempos del libertador Simón Bolívar, este país ha sido poco fértil en cuestión de repetir períodos presidenciales.

En esta borrasca institucional no hay colombiano que no se pregunte qué va a pasar. Con estos vicios que tiene la reelección, ¿el Presidente puede terminar su segundo período? ¿La convocatoria a referendo que pidió el Presidente para celebrar nuevas elecciones perpetuará a Uribe en el poder? ¿Qué va a pasar con la 'Comisión de Notables' para reformar la política? ¿Y la recolección de firmas? ¿Hasta dónde llegará este choque de trenes? ¿Se va a descuadernar el país?

Es difícil prever todavía si el país está ante un susto o una hecatombe. Lo cierto es que el camino que abrió el Presidente con su propuesta de referendo puede poner en peligro los pilares de la democracia.

En primer lugar, porque el Presidente, al convocar un referendo, utiliza la majestad de su cargo para litigar en causa propia. En lugar de respetar la separación de poderes y esperar que se surtan los trámites diseñados por la ley -y darle tiempo a la Corte Constitucional de que resuelva el lío de la reelección-, se brinca las instituciones para acudir al pueblo. El mensaje tiene un fuerte tufillo caudillista: la rama judicial puede decir todo lo que quiera, pero, en últimas, él hará lo que clamen las masas.

En segundo lugar, quizás el efecto más perverso del referendo es que torpedea innecesariamente las instituciones encargadas de hacerles frente a peligrosa tenaza de la guerrilla, las bandas emergentes y el narcotráfico, flagelos que aún amenazan la libertad y la seguridad de los colombianos.

Además del Congreso, que vive el peor desprestigio de su historia por la para-política, van a quedar en entredicho el poder ejecutivo y el poder judicial. La Corte Suprema de Justicia, cuyas investigaciones trataban de acabar con la penetración de la mafia en la política, puede terminar investigada por un debilitado Congreso. Un Congreso que, a su vez, es investigado por la Corte Suprema. La justicia, que resplandecía en medio de un país cuya clase política regional estaba capturada por los grupos armados, y era vista como demostración de fortaleza institucional, puede terminar ahora contra las cuerdas.

Y, como si no bastara con lo anterior, el propio gobierno queda cuestionado. La propuesta del presidente Uribe de convocar un referendo para repetir las elecciones de 2006 es interpretada dentro y fuera de Colombia como el comienzo de una estrategia del mandatario para perpetuarse en el poder al mejor estilo de vecinos de ingrata recordación como Fujimori, Menem o el mismo Chávez.

Con la fórmula de 'repetir' las elecciones de 2006, Uribe puede terminar adelantando las elecciones de 2010. Y así transforma el referendo para la segunda reelección -que si bien ya está recogiendo firmas, no es fácil de vender- en una ratificación de la primera reelección.

Si el Presidente mantiene su propuesta de convocar al Congreso para un referendo, cambiaría por completo la percepción internacional y el ajedrez político nacional.

En la comunidad internacional la noticia no puede ser más negativa. Sobre todo cuando en Estados Unidos, el primer socio comercial y aliado militar de Colombia, Barak Obama se perfila como el más opcionado para ganar la presidencia, lo que le devolvería el carácter demócrata a la Casa Blanca. Obama no es precisamente un político cercano ideológicamente a Uribe. Ya lo ha dejado claro en temas como los derechos humanos y el TLC. Y estas insólitas jugadas de política interna dejan a Colombia más como una república bananera que como un país serio.

La inversión extranjera, que ha sido el principal motor de la economía en los últimos dos años, sería otra gran damnificada. Esa inversión, tan crucial para generar riqueza y que ha sido siempre un caballito de batalla del presidente Uribe para frenar iniciativas como la de la 'silla vacía', se podría ver muy afectada con el famoso referendo. Ya lo dijo Richard Francis, encargado de analizar a Colombia para Standard & Poor's en Nueva York: "Un tercer mandato debilitará los balances y eso no sería del mejor interés a más largo plazo".

En el ámbito interno también hay muchas inquietudes. La Comisión de Notables que el primer mandatario convocó para hacer un ajuste institucional queda ante una encrucijada. Si la propuesta del referendo persiste, es muy difícil que haya una comisión seria que se le mida a hacer una propuesta de reforma política estructural. No en vano el ex vicepresidente Humberto de la Calle, la cabeza visible del grupo de notables, ya dijo que no haría parte de la comisión si estaba de por medio la tercera elección del presidente Uribe.

Finalmente, la propuesta de reforma a la Justicia que hizo el recién estrenado ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, queda en el limbo. Mientras siga la pelea entre el Ejecutivo y la Corte Suprema, cualquier intento de reforma a la justicia por parte del gobierno será interpretado como un acto de venganza que no tendrá viabilidad política.

Por todo lo anterior, lo más razonable es que el Presidente desista de su idea de convocar un referendo para demostrar que su segunda elección fue legítima. Por estas mismas razones, para muchas personas que conocen el pragmatismo y el olfato político del Presidente, esta pelea está más relacionada con su bronca con la Corte Suprema que con un artilugio para hacerse reelegir.

Si de oficio la Corte Suprema le compulsó copias a la Corte Constitucional para que revise el acto legislativo que aprobó la reelección, ésta tiene dos posibilidades. La primera, argumentar que ya caducaron los términos para revisar vicios de trámite, o que ya se trata de una cosa juzgada sin lugar a revisión. Y la segunda, admitir que por la existencia de hechos nuevos -la compra de un voto-, se podría revisar su legalidad. Pero sería la legalidad del acto legislativo y no la de la elección de Uribe.

Aun en este escenario es muy remoto que la Corte 'tumbe' la reelección, pues frente a este tema ya se pronunció sobre la forma y el fondo. Entonces existe una probabilidad muy alta de que no pase nada allí y de que el referendo sea completamente innecesario, y lo único que se lograría, si el Presidente insiste en él, es agudizar una peligrosa pugna entre dos ramas del poder público.

Los esfuerzos del gobierno se deberían concentrar en buscarle caminos a una reforma política que permita recobrar la legitimidad y la dignidad en el ejercicio de la política. Fortalecer los partidos, recuperar la credibilidad del Congreso, blindar a los candidatos de los tentáculos de la mafia y los grupos armados ilegales o perfeccionar el acceso al poder. Es imperioso que el Presidente estimule la sana controversia entre los poderes públicos y no propicie un ambiente de estigmatización y maniqueísmo. La vida pública colombiana necesita un nuevo aire para enfrentar los verdaderos problemas del país: el conflicto con la guerrilla, el posconflicto con los paramilitares, mejorar la competitividad, combatir la desigualdad, entre otros.

Colombia ha entrado en un camino peligroso. De un pulso de poder se ha pasado a poner en juego a las instituciones que han evitado que naufrague a pesar de la guerra, el narcotráfico y la corrupción.

Un país con estos flagelos, y con las tragedias que padecen a diario miles de colombianos, no puede darse el lujo de llevarse por delante la seriedad institucional que tantos años, sudor y lágrimas le ha costado construir dentro y fuera de sus fronteras.


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El vuelo de las águilas negras
Las nueva bandas armadas son básicamente delincuenciales, pero estratégicamente quienes las combaten deben saber que además de dedicarse al narcotráfico, éstas están estableciendo control social, regulando actividades económicas y creando una incipiente base social.
Por Gerson Iván Arias*
Fecha: 06/23/2008 -
Desde inicios de 2006 distintos medios de comunicación, ONG, organismos de inteligencia del gobierno y la Misión de la OEA, alertaron sobre la reactivación de grupos violentos en zonas en donde los grupos paramilitares venían realizando su desmovilización. Son sin duda pura delincuencia, pero ahora se conoce evidencias que sugieren que podemos estar ante el germen de una reedición: la historia de la última generación del paramilitarismo.

Es difícil meter bajo una sola categoría a quienes conforman estos grupos. En su informe de febrero de 2006, el sexto, la Misión de la OEA estableció una muy buena tipología que muestra la diversidad: algunos son desmovilizados reagrupados, otros, reductos de paramilitares que nunca se desmovilizaron, y otros más, nuevos actores armados o algunos ya existentes que se fortalecieron en zonas dejadas por grupos desmovilizados. En julio de ese mismo año, la Policía Nacional a través de la Dirección de Carabineros inició formalmente el monitoreo a los desmovilizados de las autodefensas y denominó como Bacrim (Bandas Criminales Emergentes) a estos diversos grupos. También han ido apareciendo una infinidad de autodenominaciones, siendo la más común, la de “Águilas Negras”.

Si nos atenemos a los últimos informes de la Policía, una conclusión sale a la vista: el problema central de estos grupos nos son los desmovilizados. Entre los casi 4.000 capturados en los últimos dos años, apenas un 15 por ciento eran desmovilizados. Entre los muertos por las autoridades, la proporción de desmovilizados es aún menor. Por eso el centro de análisis debe estar puesto en aquellos paramilitares que nunca dejaron las armas ó que dejaron intactas sus retaguardias y sólo desmovilizaron bandas de barrio, desempleados ó simpatizantes que eufemísticamente fueron llamados “fuerzas de apoyo social”.

La desmovilización de 31.671 paramilitares fue un hecho sin precedentes. Pero la lógica de “acometer y rectificar” puesta en marcha por el gobierno a la hora de negociar y desmovilizar estas estructuras es una de las razones que explican la existencia de estos fenómenos de rearme. La otra, obviamente, es que los propios comandantes paramilitares siguieron delinquiendo.

A cinco años de haberse firmado el acuerdo de Santa Fe de Ralito, el vuelo de las Águilas Negras se extiende amenazante hacia el suroccidente y el oriente colombiano.

Luego de la desmovilización del Bloque Libertadores del Sur del BCB en 2005, sus antiguos comandantes crearon la Organización Nueva Generación (ONG) y luego estos vendieron su franquicia a hombres de Varela, el gran narcotraficante del Valle muerto este año en Venezuela. Las actividades delincuencias ligadas al narcotráfico y de control social por parte de la ONG no son de poca monta. Según las autoridades, han realizado alianzas con otros grupos, intentan crear un comando unificado, se uniforman, reciben entrenamiento y poseen una capacidad militar bastante importante. Algo similar está ocurriendo en el nororiente del país con las Águilas Negras de “Camilo”, y parece estarse configurando en algunos barrios de Medellín.

En los llanos orientales hombres comandados por alias “Cuchillo” quien se desmovilizó en abril de 2006, hoy tienen presencia en cuatro departamentos: Guaviare, Meta, Guanía y Vichada. En este último han reducido a su mínima expresión al otrora importante frente 16 de las Farc. Sus actividades están ligadas al negocio del narcotráfico y también han establecido alianzas con otros grupos armados.

El alcance de las Águilas Negras empieza a tener dimensiones regionales que deben llevar a las autoridades a repensar sus estrategias para enfrentarlas. Sin duda son un fenómeno delincuencial ligado al narcotráfico que debe ser entendido y atacando como tal. En ese sentido, resulta riesgoso que algunos estén hablando de ellos como grupos que “atentan militarmente contra el orden constitucional”, pues dicho lenguaje los puede catapultar al terreno de los delincuentes políticos. Pero a su vez, estratégicamente también es claro que quiénes los combaten además de saber que se trata de grupos que facilitan el procesamiento y la comercialización de la cocaína, en la práctica están estableciendo control social, regulando actividades económicas y creando una incipiente base social. Negar esta posibilidad es facilitar el terreno para una reedición de la más reciente historia del paramilitarismo en Colombia que estamos intentando superar.

*Coordinador del área de dinámicas del conflicto y negociaciones de paz, de la Fundación Ideas para la Paz (www.ideaspaz.org) , un centro de pensamiento independiente con sede en Bogotá, apoyado por el sector empresarial, cuya misión es contribuir con ideas y propuestas a la superación del conflicto en Colombia.

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Seis magistrados de la Corte Constitucional ya estudian acción contra fallo de reelección

Foto: Archivo / EL TIEMPO

Seis de nueve magistrados de la Sala Plenal de la Corte presentarán un proyecto de fallo sobre el recurso de revisión para ser discutido en tribunal.

Analizan la demanda que unas ONG interpusieron contra la sentencia del mismo tribunal que en el 2005 le dio vía libre a la reelección aprobada por el Congreso.


Ahora, tras el dictamen de la Corte Suprema contra la ex congresista Yidis Medina, en la que se cuestiona la aprobación de ese acto legislativo, definir el tema es prioridad para la Constitucional.

Así, a partir del miércoles de la próxima semana, los nueve magistrados de la Corte analizarán la eventual revisión de la sentencia del 2005, con la que este tribunal le dio el aval al proyecto de reelección presidencial.

La discusión no arrancará de ceros. La Corte ya había decidido en estos días, antes de que arreciara la polémica entre la Corte Suprema y el Gobierno por los alcances de la sentencia contra la ex congresista Yidis Medina, adelantar el tema. Pero ahora, tras el expediente de la Corte, su discusión tendrá prioridad.

Los detonantes de la revisión

El 17 de junio, una ONG solicitaron la revisión y nulidad de la sentencia con dos argumentos principales: que el Congreso que aprobó la reelección estaba infiltrado por los 'paras' en una alta proporción y, sobre todo, por las revelaciones hechas por la recién condenada ex congresista Yidis Medina, que asegura que vendió su voto por la reelección.

Ayer se unió a ese proceso el expediente que remitió la Corte Suprema, en el que cuestiona la aprobación de la reelección en el Congreso.

Los 6 elegidos

Los mismos magistrados, que hace tres años fueron ponentes del primer fallo sobre la reelección, tienen la tarea de elaborar ese proyecto.

Se trata de Rodrigo Escobar Gil, Humberto Sierra, Manuel José Cepeda, Marco Gerardo Monroy, Clara Inés Vargas y Mauricio González (en reemplazo de Álvaro Tafur).

¿Revisar sus propios fallos?

Lo que decidan los nueve guardianes de la Carta del 91 será clave para superar la coyuntura. "Estamos en medio de una crisis de poderes", dijo ayer un alto funcionario de ese tribunal.

¿Cuáles son los escenarios?

Que la Corte eche para atrás una de sus sentencias aceptando la aparición de nuevos elementos de juicio es algo que no se ha visto en unos 10 mil casos que ha decidido en sus 17 años de historia.

En el derecho constitucional colombiano no hay, hasta ahora, antecedentes de que se reabra un caso ya decidido por la Corte.

"No hay facultad ni oficiosa ni rogada (pedida por terceros) para revisar una sentencia. Ese es el principio de cosa juzgada que es salvaguarda de la seguridad jurídica constitucional", explicó un experto en el tema.

Esta fue la posición que se asumió a comienzos de este año frente a una demanda que podía modificar la sentencia que aprobó la Reforma Laboral.

En ese orden de ideas, una opción viable es que la Corte decida que el tema está resuelto y que no hay por qué reabrirlo.

Los señalamientos de la Corte Suprema al trámite de la reelección, de todas maneras, son un elemento de juicio que los magistrados de la Constitucional tendrán que sopesar.

¿Qué pasaría si deciden que sí hay méritos para evaluar la decisión del 2005? En un caso extremo -según altas fuentes consultadas por EL TIEMPO-, la decisión podría ir hasta declarar inconstitucional la ley que aprobó el Congreso.

En ese caso, sería la misma Corte Constitucional la que debería determinar el camino a seguir, pues los actos legales surgidos de una actuación irregular, según la jurisprudencia, podrían ser considerados como ilegales.


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Las pruebas que sustentan la sentencia de la Corte

Las pruebas que sustentan la sentencia de la Corte
Estas son las evidencias que sustentaron el fallo condenatorio de la Corte Suprema a Yidis Medina por el delito de cohecho propio, y que van más allá de la confesión de la ex congresista santandereana.
Fecha: 06/27/2008 -

Además de las declaraciones de Yidis Medina, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia basó su polémica sentencia en documentos y testimonios que recopiló durante todo el proceso. La Corte pudo verificar los hechos denunciados por Medina con testimonios y documentos, algunos de los cuales aportó la misma Medina y otros son decretos oficiales en los cuales aparecen los nombramientos de las fichas políticas que según Medina se hicieron como pago por su voto a favor de la reelección.

A continuación presentamos las principales evidencias mencionadas por la Corte en su sentencia:

Medina entregó a la Corte copia de los siguientes documentos suscritos por algunos de sus recomendados políticos.

- Compromiso de colaboración política firmado por Juan Bautista Hernández en el cual consta la intervención de Yidis Medina en el nombramiento como director del Sena en Barrancabermeja de Bautista Hernández. Además una renuncia sin fecha, un pagaré y una letra en blanco firmados también por Hernández.

- Una letra y un pagaré en blanco firmados por Sandra Patricia Domínguez Mujica, designada como Notaria Segunda de Barrancabermeja.

- Compromiso de colaboración política con Yidis Medina firmado por Lucelly Valencia Giraldo. En el documento Valencia reconoce las bondades de la intervención de Medina frente al Gobierno Nacional para su nombramiento. También firmó unas letras de cambio y un pagaré en blanco.

Los ofrecimientos hechos a Yidis Medina se concretaron, según la sentencia, de la siguiente manera:

- El 2 de junio de 2004, durante una reunión en la casa de Nariño, a la que asistieron la entonces congresista Medina, los ministros Sabas Pretelt y Diego Palacios, el presidente Uribe, entre otros funcionarios, y el senador Armando Benedetti. La Corte constató que esa reunión se llevó a cabo y que en esta Benedetti le entregó un fax a Medina en el que constaba que el tío político de Yidis, el ginecólogo Eduardo Esquivel, habpia sido reintegrado a la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento.

- Ante la acusación de la ex parlamentaria de que el ministro de Protección Social, Diego Palacios, le ofreció participación en instituciones a cargo de su ministerio en el Magdalena Medio, la corte comprobó que así ocurrió porque nombraron a Carlos Correa Mosquera en la dirección de la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja, le otorgaron un contrato a su asesor César Guzmán como delegado de la Regional Oriente de Etesa para Santander y se designó a Juan Bautista Hernández en el Sena de Barrancabermeja.

- A través del Ministerio del Interior y de Justicia se vincularon varios referidos suyos en los siguientes cargos: dos contratos a César Guzmán, como Profesional Universitario de la Dirección de Prevención y Atención de Desastres, y una orden de servicios con la Oficina de Asuntos Territoriales. Así mismo, fue nombrada como Notaria Segunda de Barrancabermeja Sandra Patricia Domínguez Mujica, quien posteriormente fue reemplazada por María Lucelly Valencia Giraldo, también recomendada suya.

Decretos

Además la Corte recoge los decretos con los cuales se habrían pagado algunos de los favores:

- Decreto No. 1850 de junio 3 de 2005 mediante el cual se encargó a Sandra Patricia Domínguez Mujica como Notaria Segunda del Círculo de Barrancabermeja.

- Decreto No. 4334 de noviembre 25 de 2005, mediante el cual se nombra en a María Lucelly Valencia Giraldo, como Notaria Segunda del Círculo de Barrancabermeja.

- Decreto 4262 de noviembre 23 de 2005, mediante el cual se nombra a Luis Camilo O'meara Riveira como Notario Sesenta y Siete del Círculo de Bogotá.

- Dos contratos de prestación de servicios entre Etesa y César Augusto Guzmán Areiza. El primero firmado pocos días después de la votación, el 20 de agosto y que terminó en diciembre del 2004. Y otro entre el 21 de enero del 2005 y junio 23 del mismo año.

- Resolución No. 297 de junio 3 de 2004 mediante la cual fue nombrado Carlos Correa Mosquera como Director - en encargo - de la Unidad Hospitalaria Clínica Primero de Mayo y acta de posesión del día 23 del mismo mes y año.

- Copias del proceso de selección y nombramiento de Juan Bautista Hernández como Subdirector del Centro Multisectorial del SENA de Barrancabermeja. Hernández fue uno de los que firmó una constancia de que la intervención de Yidis Medina ante el gobierno fue determinante para su nombramiento, una renuncia en blanco, pagaré y una letra en blanco.

- Resolución No. 1950 de octubre 11 de 2005, mediante la cual se nombra con carácter provisional a César Guzmán Areiza como Profesional Universitario grado 13 de la Planta Global (Dirección de Infraestructura Carcelaria del Ministerio del Interior y de Justicia).

- Actos administrativos de nombramiento, posesión y aceptación de renuncia a Jairo Alfonso Plata Quintero, como Coordinador de la Unidad Territorial de Acción Social en el Magdalena Medio, con sede en Barrancabermeja.

La Corte, además, escuchó el testimonio de las fichas políticas y beneficiarios de las prebendas ofrecidas por el Gobierno a Yidis Medina. En la sentencia citan las declaraciones que coinciden con lo dicho por Medina de César Guzmán, del equipo de trabajo de la ex congresista; de Eduardo Esquivel, contratista de la clínica Luis Carlos Galán Sarmiento a quien le anunciaron que le iban a cancelar los contratos y luego de la intercesión de Medina en su favor, lo llamaron para firmar un nuevo contrato; de Carlos Correa, nombrado director de la Clínica Primero de Mayo en Barrancabermeja, quien dijo que si bien no fue nombrado por ayuda de Yidis, ella sí fue pieza clave en la materialización de algunos proyectos que él propuso.

Con los diferentes documentos y testimonios, la Corte decidió condenar a Yidis Medina a 47 meses y 26 días de prisión, 48 salarios mínimos legales vigentes, e inhabilidad por el mismo tiempo de la prisión. Por su condición de madre cabeza de familia, la Corte decidió beneficiarla con la detención domiciliaria.

La Corte también pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría investigar a los funcionarios que fueron beneficiados con cargos, por intervención de Medina. También pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría y a la Comisión de Acusaciones investigar a los funcionarios públicos involucrados en el delito de cohecho.



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Procuraduría abre pliego de cargos contra ministros implicados en Yidispolítica
Menos de 24 horas después del fallo de la Corte Suprema en el caso de Yidis Medina, la Procuraduría abrió pliego de cargos en contra de los funcionarios acusados de ofrecerle dádivas a la parlamentaria para que apoyara la reelección.
Fecha: 06/27/2008 -
La Procuraduría abrió este viernes pliego de cargos en contra de el ex ministro del Interior y de Justicia Sabas Pretelt de la Vega, el ministro de Protección Social Diego Palacio Betancourt, el ex Superintendente de Notariado y Registro, José Félix Lafaurie Rivera, el ex Director del DAS Jorge Noguera Cotes, y el ex Jefe de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Hernando Angarita.

Los anteriores funcionarios serán investigados por “ejercer las potestades que su empleo o función les conceden para una finalidad distinta a la prevista, influyendo en la congresista Yidis Medina para conseguir beneficios para sí y para otro; por ofrecer vincular a sus recomendados con ocasión del trámite del proyecto legislativo; y por utilizar sus cargos para participar en actividades partidistas, extralimitándose y abusando del ejercicio de sus cargos y funciones”, según informó en un comunicado el Ministerio Público.

Para tomar la decisión la Procuraduría se basó en la práctica de decenas de pruebas, la recepción de versiones de los disciplinados, el análisis de los antecedentes que sobre el proyecto se encontraban en Senado y Cámara; además de las quejas que algunos Congresistas expresaron respecto a la presión y abuso que estarían ejerciendo desde la rama ejecutiva.

Las motivaciones del pliego de cargos de la Procuraduría coinciden con las motivaciones contenidas en el fallo que emitió también este jueves la Corte Suprema de Justicia en contra de Yidis Medina por cohecho propio.

Ambas coinciden en mencionar el nombramiento de la señora Sandra Dominguez Mujica y posteriormente de Maria Lucelly Valencia, previa recomendación de la señora Yidis Medina Padilla, como titulares de la Notaria Segunda de Barrancabermeja; la vinculación al Ministerio del Interior y de Justicia del señor Cesar Guzmán Areiza asesor y amigo de la Representante Yidis Medina; el trámite fallido para el nombramiento del señor Cesar Guzmán Areiza en la Red de Solidaridad y del nombramiento del señor Carlos Correa Mosquera en la Dirección de la Clínica Primero de Mayo adscrita a la ESE Francisco de Paula Santander del Seguro Social en Santander, entre otros.

Gobierno denuncia a magistrados ante la Comisión de Acusaciones

En el mismo proceso de la Yidispolítica el ministro Diego Palacio dirigió a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes una denuncia en contra de los magistrados por falsas imputaciones en el fallo en contra de la ex congresista Medina.

La otra denuncia la dirigió a la Comisión de Acusaciones el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, por los presuntos nexos entre los magistrados y el narcotraficante italiano Giorgo Sale.

La denuncia interpuesta por Luis Carlos Restrepo está relacionada en las declaraciones que entregó, antes de ser extraditado, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Uribe vs. Corte Suprema: ¿qué salidas hay?
Quizás nunca antes en Colombia se había visto que el Ejecutivo cuestionara de tal manera una decisión del órgano rector del Poder Judicial. Informe sobre los cálculos de Uribe tras su insólita propuesta de adelantar elecciones y las posibilidades que le quedan a la Corte Constitucional para preservar la institucionalidad.
Fecha: 06/27/2008 -
El ataque del presidente Álvaro Uribe a la Corte Suprema de Justicia, en respuesta a la sentencia de ésta que condenó Yidis Medina por el delito de cohecho propio y de paso cuestionó la legitimidad del acto legislativo proclamado en 2004 que permitió su reelección, ha derivado en una crisis inédita en la institucionalidad del Estado.

En su sentencia la Corte había dicho que “…el voto que en su calidad de congresista emitió Yidis Medina a favor del proyecto de reelección presidencial, estuvo condicionado por actos corruptos previos al debate”. En otro de sus apartes califica de “inaudito que desde las altas esferas del poder de la época, por algunos de sus miembros, se impulse la desinstitucionalización al promover el quebrantamiento de las reglas básicas del modelo de Estado cuando en busca de un beneficio particular se impulsó a toda costa un Acto Legislativo”. Por las razones que expuso, la sentencia pone en entredicho la legitimidad del procedimiento que sacó avante la reelección: “el delito no puede generar ningún tipo de legitimación constitucional o legal”, concluye.

La reacción del Presidente fue inmediata. En dos alocuciones televisadas el jueves en la noche y el viernes en la mañana, el mandatario arremetió contra la Corte Suprema de Justicia y le pidió al Congreso convocar a un referendo para ratificar la legitimidad de las elecciones de 2006.

El presidente Uribe acusó a la Corte de “presionar indebidamente, mediante abuso de poder” a otros órganos de justicia y de “desvirtuar la transparencia democrática” del Acto Legislativo que permitió la reelección.

En la transcripción de la alocución presidencial de este jueves, publicada por la Presidencia, dijo que la Sala Plena del Alto Tribunal “ha llegado al extremo de presionar al Presidente de la República, a través de carta carente de rigor jurídico, en extraña protesta por la reciente decisión gubernamental que hizo efectiva la extradición de varias personas”.

La mención que hace el Presidente se refiere a una carta que le envió la Corte pidiendo explicaciones por la decisión de extraditar a 14 jefes paramilitares y por haber denunciado a los mismos si continuaban delinquiendo desde las cárceles. En ella decía: “Con respecto de esas dos situaciones, así como en relación con la extradición, la Sala de Casación Penal tiene injerencia jurídica. Respetuosamente se le requiere para que le informe a la Sala las razones oficiales de tal trámite".

Pero la andanada de acusaciones del Ejecutivo a la Corte no paró ahí. En uno de los apartes el Presidente dijo que el ente judicial aplicaba justicia de manera selectiva y añadió que los magistrados de las Sala Penal se han prestado a la trampa del “terrorismo” y, sin que se entienda bien a qué se refería dijo, que “ese hecho no tenía solución judicial”.

Al medio día del viernes, el mandatario fue más explícito y dijo que la Corte había tomado como indicio las declaraciones de Salvatore Mancuso cuando advirtió que un 35 por ciento del Congreso lo habían puesto las AUC, pero que no había dado credibilidad a las declaraciones del jefe paramilitar cuando dijo que la Corte Suprema también estaba infiltrada. “¿Por qué eso no se ha investigado? ¿Por qué la Sala Penal de la Corte es tan diligente para investigar y condenar a unos congresistas y por qué es tan negligente cuando se trata de vinculaciones con las Farc? (…) un compatriota me decía que estamos frente a los coletazos del terrorismo. Vamos a enfrentarlo”, advirtió un Presidente encolerizado.

El malestar del presidente Uribe quedó en evidencia por el sólo hecho de que en menos de 24 horas quiso poner a la Corte bajo sospecha por presunta infiltración de dos fuerzas opositoras: las guerrillas de las Farc y los paramilitares extraditados. Quizás el desespero lo hizo caer en tan flagrante contradicción, pues no resulta coherente que la Corte pueda estar a la vez infiltrada por el paramilitarismo, como lo aseveró el Presidente, y al mismo tiempo, sirva a los intereses del terrorismo de las Farc.

La andanada gubernamental contra la Corte también se materializó en la anunciada decisión del Ministro de la Protección Social, Diego Palacio, de denunciar a los magistrados de la Corte ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pues según Palacios, el fallo contra Yidis Medina contiene “afirmaciones falsas”.

Quizás nunca antes en Colombia se había visto que el Ejecutivo cuestionara de tal manera una decisión del órgano rector del Poder Judicial. El caso pone en evidencia un peligroso resquebrajamiento institucional y sienta un precedente que tiene escandalizados a juristas, y analistas políticos. El Presidente ha propuesto, ni más ni menos, rebatir una decisión judicial inapelable, en las urnas, y con ello propone un desbarajuste mayor del aparato democrático. En esta lógica la justicia no la ejercen las cortes, sino el voto popular.

Unos enfatizan en que todos los ciudadanos, incluido el Presidente, deben acatar las decisiones judiciales y acudir a los recursos constitucionales para evitar que la tensión entre la rama judicial y la ejecutiva se escale. Otros piden rodear a la Justicia ya que en un régimen presidencialista como el colombiano, donde Uribe tiene un alto índice de favorabilidad, los embates a del gobierno podrían derivar en su debilitamiento. Y otros más cercanos al gobierno argumentan que la Corte fue la que se equivocó y que no obró en derecho sino políticamente.

Algunos sectores de opinión han calificado las declaraciones de Uribe de desproporcionadas y apresuradas. Ante una arremetida contra la Corte de ese tamaño se abre la pregunta por cuáles son los intereses reales del mandatario. ¿Querrá ahorrarse un nuevo y largo trámite para conseguir su tercer mandato, reemplazándolo por un adelanto de elecciones en 2009?, o su salida es simplemente una eficaz movida de “spin”, es decir darle la vuelta rápidamente a una situación que afecta su gobierno gravemente y convertirla en una situación favorable.

¿Por qué la escandola del gobierno?

Unos consideran que la sorpresiva salida del Presidente es apenas una táctica de coyuntura para evitar titulares que le hubieran sido muy adversos, después del fallo de la Corte: “Corte determina que gobierno compró la reforma constitucional que permitió la reelección” o “Corte dice que reelección tiene origen ilegítimo”. En cambio el viernes en la mañana, los titulares de prensa fueron “Uribe propone referendo para repetir elecciones de 2006” y otros por el estilo.

Además, con esta rápida reacción el gobierno logró poner en tela de juicio los motivos de la Corte, y sembrar la duda sobre si compró o no los votos definitivos para aprobar la reelección.

Otra interpretación de los hechos es que la reacción fue mucho más de fondo y que en realidad el gobierno sí se propone sacar adelante el anunciado referendo para ratificar las elecciones presidenciales.

Aplicando la estrategia de que la mejor defensa es el ataque, Uribe decidió embestir a la Corte Suprema, para encarar la crisis que lo ha venido erosionando en el último año y conjurarla de una vez por todas.

Las candidaturas anticipadas de varios líderes políticos impacientes por salir a la palestra, el debilitamiento del Congreso por cuenta de la parapolítica, la dispersión de las mayorías uribistas, el frenazo de la economía, y el desgaste natural de un gobierno que lleva seis años en funciones, son razones que suficientes para creer que el gobierno pretende con su salida encarar la amenaza de una crisis.

Y para hacerlo, el mandatario echó mano de su principal aliado: la popularidad entre la población. De ahí su propuesta de un referendo que le renueve su legitimidad y deje atrás los sucesivos escándalos de parapolítica y yidispolítica. Con esta salida volvió a ratificar su ‘máxima’: “el juez de una democracia es el pueblo”. Peligroso pensamiento que invalida las instituciones creadas para hacer justicia y que garantizan el equilibrio de pesos y contra pesos.

El senador liberal Hector Helí Rojas, en entrevista con Semana.com argumentó que la decisión del gobierno de convocar a un referendo es un pretexto para “lavarse” en el pueblo. Es decir que el gobierno lo que busca es salir airoso de una crisis que puede terminar como terminó en Perú el gobierno de Fujimori, o en Argentina el de Menem: perseguidos por la justicia y con varios de sus más cercanos amigos en la cárcel.

Persiste el lío institucional

No obstante, si la intención del presidente Uribe de repetir las elecciones de 2006 se llevara a cabo, esto no solucionaría el problema jurídico que planteó el Alto Tribunal.

“El presidente ha respondido con un argumento político a una decisión judicial. Repetir la reelección no soluciona un fallo que puso en duda el Acto Legislativo que permitió que se diera la reelección ”, dijo el ex magistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández a Semana.com.

En una maniobra política, el gobierno está diciendo que la Corte cuestionó la elección de Uribe en 2006, lo que no es exacto, pues lo que encontró fraudulento la Corte fue la forma como el gobierno logró la modificación constitucional que permitió la reelección inmediata. La distorsión es evidente: dijo el asesor presidencial Jose Obdulio Gaviria durante una rueda de prensa este medio día “Cómo la Corte está insinuando que el presidente se robó las elecciones es necesario repetirlas para comprobar la legitimidad de los comicios para el periodo 2006-2010”.

Pero esa distorsión del fallo de la Corte no parece inocente. Al hacerla, el gobierno enfrenta a la Corte directamente con el pueblo, el soberano que reeligió a Uribe con la más alta votación de la historia. Y en ese enfrentamiento sale claramente perdiendo la Corte.

En todo caso repetir las elecciones parece utópico, pues confirmar la legitimidad de la elección de Uribe en 2006 a través de una nueva votación necesitaría que se repitieran las mismas condiciones de ese entonces.

“¿Vamos a pedirle a Horacio Serpa y a Carlos Gaviria que vuelvan a lanzarse a la presidencia y hagan campaña? Creo que no”, dijo el ex magistrado Hernández quien consideró que la réplica del gobierno genera presión sobre la Corte Constitucional, la cual, en todo caso, no se ha pronunciado.

Es por esto que tantos analistas están diciendo que el llamado a repetir las elecciones de 2006, no es más que un eufemismo para adelantar las elecciones de 2010 a 2009, y ahorrarse así todo el trámite de referendo en curso para una tercera elección. “Unifica los dos referendos en uno que adelante elecciones en 2009 y así se asegura un mandato hasta el 2013, sin pedir otra modificación de la Constitución”, dijo un jurista.

La Corte Constitucional es la que decide

Presente el gobierno o no su proyecto de referendo, debido a la petición que cursa ante la Corte Constitucional y el envío que le hizo del caso la Corte Suprema, es la Corte Constitucional la que define qué sucede ahora.

La Corte Constitucional puede tomar una de dos decisiones: decir que no revisará el Acto Legislativo por ser cosa juzgada o revisar su fallo anterior cuando declaró exequible la norma.

Para tomar el primer camino, la Corte puede argumentar que después de un año venció el plazo para demandar su fallo que tuvo lugar en 2004 y que ya se pronunció al respecto. En este caso sus argumentos además de tener validez jurídica, le sería lo menos traumático desde el puto de vista político. Atajaría los alcances políticos e institucionales del fallo de la Suprema y, como seis 6 de los 9 magistrados terminan su periodo a final de este año, es poco probable que quieran chamuscarse en el último minuto en un enfrentamiento que puede resultar muy impopular.

Pero la Corte puede, sin embargo, revisar el fallo aduciendo que hechos sobrevinientes o posteriores a su fallo (como es la comprobación de que los votos clave para aprobar el Acto Legislativo fueron comprados con prebendas) ameritan que lo vuelva a estudiar.
Si la Corte decide revisar la decisión, también tiene dos alternativas, según explicó Rodrigo Uprimny, director de DeJusticia, un centro académico de estudios jurídicos. La primera, sería devolver la reforma a la Cámara y que allí se vuelva a votar. Esta opción sería casi tan rebuscada como la de repetir las elecciones que propone el Presidente, dado que la actual Cámara no es la misma que votó en 2004 y por tanto sería imposible validar un votación con la otra.

El otro camino más posible, sería el que declare inconstitucional el Acto Legislativo que permitió la reelección, pero aclare que las elecciones de 2006 tuvieron lugar mientras ese artículo estaba vigente y por tanto la elección fue legal. Esta decisión, según varios jurista consultados, sería salomónica, pues evitaría que el Presidente meta al país en una aventura de alto riesgo para la estabilidad democrática, como es la de repetir unas elecciones, en realidad irrepetibles, y a la vez dejaría en firme la decisión de la Corte Suprema de castigar a quienes se involucraron en el acto ilegal.

Entre tanto, la yidis política seguirá su curso. La Fiscalía y la Procuraduría tendrán que decidir acerca de los ministros señalados de haber sido los cómplices de Yidis y la Comisión de Acusaciones evaluará el caso contra el Presidente.


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