Con tercer período a la vista, Colombia empieza a recorrer un camino desconocido en su historia política.
Pasó la conciliación y el Congreso aprobó el referendo para un tercer período de Álvaro Uribe. Contrario a lo que muchos vaticinaron -incluida esta revista-, el país se enfrenta a una nueva realidad política. Una realidad ajena a la tradición política de Colombia que durante dos siglos se había diferenciado de la mayoría de los países vecinos latinoamericanos cuyos gobernantes solían quedarse en el poder.
Al ser aprobada la conciliación solamente cambia la fecha del tercer período de Uribe de 2014 a 2010. Técnicamente esto no significa que el referendo esté aprobado. Pero dada la dinámica política que se está viviendo en el país todo indica que llegará el próximo año a la Corte Constitucional para que sea la cúspide de la justicia la que decida si los colombianos pueden elegir a un Uribe III.
Nadie cuestiona la popularidad del Presidente ni los éxitos que ha tenido su gobierno. Pero más allá de las encuestas, crece en diversos sectores de la sociedad la preocupación sobre las consecuencias de que una persona se perpetúe en el poder. No sólo porque se rompe el equilibrio de pesos y contrapesos de la democracia, sino que se cae en el tortuoso camino de los caudillismos por el cual los colombianos no habían transitado hasta ahora.
Con siete años de gobierno, Álvaro Uribe ya es el Presidente que más ha permanecido en el poder en forma ininterrumpida. Los únicos antecedentes comparables de prolongaciones presidenciales más allá de los períodos para los cuales fueron elegidos son Simón Bolívar y Rafael Núñez. Además de los mandatos largos, los tres tienen otras coincidencias: fueron liberales en sus primeros años de políticos y con el tiempo se volvieron conservadores, centralistas y de mano dura.
Independiente de la conveniencia o no de perpetuarse, hay que reconocer que el presidente Uribe lo llevó a cabo dentro de la normatividad jurídica vigente en el país en la actualidad.
Inicialmente trató de que la iniciativa del referendo fuera a sus espaldas sin la participación del gobierno. Esto no fue posible y le tocó recurrir a los vicios tradicionales de la política colombiana para sacarlo en el Congreso. Será la Corte Constitucional la que determine si el número y el calibre de vicios que fueron necesarios para aceitar la la conciliación son suficientemente graves para invalidar el resultado (ver artículo siguiente). Sin duda alguna hay múltiples irregularidades y el debate que se inicia ahora servirá para definir si son pecados veniales o pecados mortales.
El eje del asunto es que el Congreso aprobó el referendo con las tácticas a las que el Ejecutivo siempre ha recurrido en Colombia para pasar cualquier proyecto: clientelismo, un puesto aquí, un puesto acá, una notaría, un contrato. En ese sentido, todo lo que se ha visto no pasaría de ser lo mismo de siempre. Lo que le da una connotación diferente es que la aceitada del Congreso en esta ocasión es para el beneficio de la persona que está en el poder. Una cosa es 'manzanillear' para hacer aprobar una reforma tributaria y otra es hacerlo para cambiar la Constitución y aprobar un tercer período presidencial.
Pero lo verdaderamente delicado no ha sucedido aún. Tendría lugar en la eventualidad de que el gobierno, para sacar a cualquier costo el referendo, decidiera incurrir en prácticas más graves que las de violarse los topes y aceitar la maquinaria. En esta categoría estaría la idea, muy en borrador hasta ahora, de que el gobierno está contemplando introducir un artículo en la ley que reglamenta la reforma política para depurar el censo electoral y bajar así el número de votos que se necesitan para aprobar el referendo.
En la actualidad el censo es de 29.400.000 personas y el año entrante podría llegar a 31.000.000. Para aprobar el referendo debe salir a votar al menos el 25 por ciento de ese censo, es decir, entre 7,35 millones y 7,75 millones de personas. Según se ha denunciado el recorte pretendería que sólo se necesiten entre cuatro y cinco millones de votos para aprobar el referendo. Uno, al sacar a los muertos, lo cual es legítimo. Y lo otro, al eliminar del censo a los abstencionistas -que son la inmensa mayoría- lo cual sería una leguleyada con vicios de trampa pues una persona que no vota no deja de existir y por lo tanto hace parte del censo electoral.
Si el gobierno finalmente decide meterse en estos peligrosos terrenos, estaría pasando a irregularidades de una categoría muy diferente a la del clientelismo tradicional que se ha aplicado hasta ahora. Bajar el censo a la brava tendría una connotación no de politiquería sino de abuso de poder.
A pesar de que la dinámica política del referendo va a todo vapor después de salir del Congreso, el proceso que sigue de aquí en adelante tiene unos tiempos difíciles.
El presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, ya ha dicho que ese organismo se demorará unos cinco meses para llegar a un fallo, y el registrador, Carlos Ariel Sánchez, manifestó que tardará entre tres y cuatro meses para convocar al referendo. En el caso de la Corte Constitucional hay que tener en cuenta factores como las recusaciones a magistrados, las demandas a la ley e incluso la vacancia judicial que es obligatoria y dura poco más de 20 días. Y en el caso del Registrador tiene que esperar a que la Corte publique el fallo -no basta con el anuncio- para comenzar con los procesos de contratación para hacer las elecciones. El Registrador no podría aplicar el acelerador porque no puede hacer un solo giro de recursos para un referendo que no ha sido aprobado.
Y los demás? Así las cosas, en teoría, y siguiendo los tiempos expuestos, en el mejor de los casos la gente saldría a votar por el referendo a principios de mayo. Sin embargo, el gobierno aspira a sacarlo antes y buscará empatar el referendo reeleccionista con otros dos referendos bien taquilleros: el del agua y el de la cadena perpetua para los violadores de niños. Si logra hacerlos coincidir para el mismo día, mata tres pájaros de un tiro: se ahorra toneladas de dinero (cerca de 200.000 millones de pesos), estimula a más gente a salir a votar, y ayuda a neutralizar cualquier campaña de oposición que pretenda que la gente se quede en la casa ese día, sobre todo con la tentación de votar el referendo contra los abusadores de niños. .
Y es allí donde el referendo chocaría con el calendario electoral del país. La ley obliga a que los candidatos que aspiren a la Presidencia de la República se inscriban a más tardar el 12 de marzo de 2010 y el Registrador anunció que, para que Uribe pudiera participar de esa inscripción, el referendo tendría que ser votado a más tardar en febrero. Por eso, a primera vista, los tiempos no alcanzan.
Pero eso no quiere decir que el referendo esté sepultado, ni mucho menos. Los hechos recientes en el país han demostrado que la lógica política termina imponiéndose sobre las formas jurídicas. Así las cosas, lo más seguro es que el referendo llegue a la Corte Constitucional.
En cuanto a la Ley de Garantías, que busca asegurar que el Presidente no va a utilizar toda la maquinaria del Estado para hacerse reelegir dejando en franca desventaja a los demás candidatos, la cosa tampoco está fácil. A nueve meses de las elecciones, ni el gobierno, ni el Congreso han promovido una ley de este tenor. Hay quienes creen que podría utilizarse por analogía la ley de garantías anterior. Pero entonces se daría otro conflicto: según esa norma, y en ánimo de ser transparente, el presidente Álvaro Uribe tendría que anunciar antes del 30 de noviembre que piensa estar en la contienda por la Presidencia de 2010. ¿Cómo puede hacerlo sin incurrir en una ilegalidad si se tiene en cuenta que para esa fecha aún no se habrá aprobado en el país la reelección presidencial?
Mientras no se defina el referendo en las urnas, el panorama electoral continuará en el letargo que lo ha caracterizado durante los últimos meses. Los más afectados por la incertidumbre del proyecto son, por supuesto, los candidatos uribistas. Algunos, como Juan Manuel Santos y Andrés Felipe Arias (Uribito), porque han dicho a los cuatro vientos que si el Presidente aspira a una tercera reelección, saldrán de escena y se dedicarán a apoyar la causa reeleccionista. Otros, como Noemí Sanín, porque tendrán que esperar meses para saber si se pueden presentar ante a la opinión pública como los herederos de Álvaro Uribe.
En el caso del ex ministro Santos su condición política resulta paradójica. Desde que se retiró del Ministerio de Defensa, aparece en las encuestas como el favorito para suceder al Presidente. Por si fuera poco es el líder natural de la U, el partido que muchos prevén va a ser el más sólido electoralmente. Sin embargo sus aspiraciones están en el congelador. No en vano, el lema que vienen promoviendo sus seguidores es "Si no es Uribe, es Juan Manuel". El ex ministro ha estado tan comprometido con el referendo que días antes de la conciliación reunió a varios de los congresistas de su colectividad y los convenció de votarlo favorablemente. Y ha sido consecuente con ello, "Si él no es candidato, yo me lanzo a la Presidencia, este es un pacto que voy a cumplir", dijo el día que renunció al Ministerio.
Al ser aprobada la conciliación, a Andrés Felipe Arias también se le redujo el ajedrez. Al ver viable el referendo, buena parte de los congresistas que estaban con él le pusieron freno de mano a sus líderes locales. Entre Uribe y Uribito, es evidente que las fichas se mueven con el rey y no con el príncipe. Además, Arias enfrenta una encrucijada. Si gana la consulta conservadora, y asume la candidatura oficial de ese partido, lo más seguro es que cuelgue ese honor en el clóset y termine por adherir a la tercera campaña presidencial de su mentor. Y nuevamente los conservadores quedarían sin candidato.
Hasta el momento, Sergio Fajardo ha insistido en que no es ni uribista ni antiuribista y ha logrado cosechar votos de ambas orillas. Su estrategia electoral seguirá caminando al filo de una creciente polarización política. Pero hasta ahora Fajardo está bien parado como candidato independiente. Si Uribe se lanza -y Juan Manuel y Uribito no- Fajardo aparece como el segundo candidato más opcionado. Y si la reelección no pasa, Fajardo también se perfila como un candidato sólido para el sprint final de la presidencial.
Por las toldas de Noemí Sanín la cosa no pinta fácil. La candidata anunció que mantendrá sus aspiraciones independientemente de si Uribe se lanza o no. Sin embargo tiene el síndrome de todo candidato uribista: su aspiración se marchita si el gran jefe entra al ring. No se necesita ser un experto en marketing político para saber que siempre será mucho más fácil vender el producto original. Es indudable que Noemí tiene trayectoria, carisma y popularidad. Pero aterrizó tarde a la contienda y su gran desafío, por ahora, es arrebatarle a Uribito la candidatura del Partido Conservador que él venía cocinando a fuego lento desde comienzos de año.
El único sector que, paradójicamente, tembló menos con la aprobación del referendo en el Congreso fue el de la oposición. A pesar de que el espectro de la candidatura de Uribe opaca toda la política electoral, el Polo democrático y el Partido Liberal fortalecieron su identidad por cuenta del antiuribismo. Sobre todo en las toldas rojas, donde ha avanzado en un proceso de unidad bajo el liderazgo de César Gaviria, vehemente opositor del Presidente. Ambas colectividades tienen claro que, con o sin reelección, tendrán que trabajar duro para competirle al uribismo.
Por lo pronto, la incertidumbre seguirá hasta que Colombia oiga de boca de Uribe su aspiración de quedarse. Mientras tanto, las campañas políticas reacomodan sus fichas, los columnistas se atrincheran para atacar o defender el referendo y los académicos abren un debate sobre cuál es el verdadero papel de las mayorías en una democracia.
Pero en medio de la vorágine de noticias que produce el país y del caldeado ambiente político, el país transita lentamente hacia una creciente polarización entre quienes quieren que Uribe se quede y quienes quieren que se vaya.
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sábado, 26 de diciembre de 2009
lunes, 21 de diciembre de 2009
Senado aprueba referendo reeleccionista
Con 56 votos a favor y dos en contra fue aprobado el informe de conciliación del referendo que busca habilitar a Uribe para que sea candidato en 2010. Pero en la Cámara todavía es incierto el futuro del proyecto.
Este miércoles en la noche, el Senado de la República aprobó, con 56 votos a favor y dos en contra, el informe de conciliaciòn del referendo reeleccionista. El esperado debate que se pospuso desde el pasado 20 de junio cuando el Congreso dejó en vilo la conciliación de la iniciativa, duro cerca de 6 horas.
En ausencia de la oposiciòn, que argumentó que la colición uribista y el gobierno estaban derogando la Constitución de 1991 con el apoyo a otra reelección, y que despues se salió del recinto, la mayoria uribista aprobó la iniciativa que le permitiría al presidente Álvaro Uribe presentarse a unas nuevas elecciones en 2010.
Asi quedo el proyecto de Ley aprobado en el Senado, que consultará a la ciudadanía si quiere que se reforme la Constitución: “El inciso 1° del artículo 197 de la Constitución Política quedará así: Quien haya sido elegido a la Presidencia de la República por dos períodos constitucionales, podrá ser elegido para otro período”.
Esta semana, tras jornadas intensas de trabajo del gabinete ministerial, de los partidos de la coalición, de lideres políticos, el gobierno consiguió 32 firmas de 50 congresistas que integraron la comisión de conciliación (18 en Senado y 14 en Cámara), cuando el proyeto parecía agonizar.
Sin embargo, los reeleccionistas todavía no pueden cantar victoria. Al proyecto le falta la aprobación en la Cámara, en dónde se augura desde ya que no va a ser nada fácil. Muestra de ello fue que este martes, esta corporación decidió levantar la sesión, lo cual no permitió radicar el informe de conciliación, por lo cual la votación del informe en la Cámara quedó para la semana entrante.
Para que el proyecto salga definitivamente del Legislativo requiere como mínimo 84 votos de los representantes que conforman la Cámara de Representantes.
La rebeldía de la Cámara
En la Cámara la mayoría de los representantes aprobó el referendo reeleccionista pero que le permitía a Uribe presentarse en 2014 a una nueva elección. Ahora la Cámara deberá volver a votar el informe, con el que varios representantes, incluso uribistas, no están de acuerdo.
La bancada de Cambio Radical en la Cámara, integrada por 17 representantes insistirá en su posición de respaldar el texto original del referendo. La oposición también alista sus estrategias para impedir que el informe de la conciliación sea votado.
Una de estas estrategias es la jurídica. Liberales y el Polo apelarán al argumento de que el nuevo presidente de la Cámara Édgar Gómez, de Convergencia Ciudadana, incurrió en una irregularidad al nombrar los reemplazos de los conciliadores que renunciaron previamente (5 en total), por lo que en su criterio el informe de conciliación está viciado.
Cuando comenzó el último año legislativo de este Congreso, este 20 de julio, Germán Navas Talero, del Polo, recusó a Gómez para que se declarara impedido para nombrar a los conciliadores. La Comisión de Ética de esta corporación negó el impedimento y Navas apeló. Pero su apelación no fue aceptada por la Cámara. No obstante, el representante del Polo puso un recurso de queja ante la mesa directiva, y sin haber sido discutido y votado en la plenaria, el presidente de la Cámara decidió nombrar a los conciliadores, lo que podría constituirse en una falta al reglamento.
La falta podría derivar en una demanda penal.
A este escollo en la Cámara se suma el hecho de que la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación preliminar por un presunto prevaricato contra 86 congresistas que votaron el proyecto positivamente. Estos fueron denunciados por tramitar una iniciativa que todavía no cuenta con el visto bueno a la forma como fue financiada la recolección de firmas que la respaldan.
Así las cosas, los representantes tienen excusa para negarse a votar la iniciativa, o para presionar al gobierno por puestos y contratos como según varios congresistas han denunciado que está ocurriendo.
Si el informe de conciliación es votado negativamente en esta Cámara, el referendo se hunde. Falta ver qué capacidad de persuasión logra el gobierno esta vez para convencer a sus mayorías en la Cámara, que desde el pasado 20 de julio cuando eligieron la mesa directiva se mostró rebelde y rompió los acuerdos de la coalición.
La próxima semana se medirá el pulso en la Cámara. Sin embargo, todavía no está programada la sesión. Hay quienes dicen que tendrá un costo alto para el gobierno, y que este deberá hacer más de un desayuno de los que acostumbra para que el proyecto no se hunda.
Lo que falta
Si el referendo recibe el visto bueno del Congreso, pasará a la Corte Constitucional que deberá revisar si el proyecto cumple o no con los requisitos legales. Este Alto Tribunal deberá valorar hasta donde las denuncias por irregularidades en el trámite del proyecto, como la violación a los topes de la financiación de la recolección de firmas, pesan más que la “voluntad popular”.
La Corte Constitucional podría tardarse hasta tres meses para dar su veredicto. Después, el gobierno deberá decretar la consulta, y la Registraduría deberá organizar la logística para hacerla efectiva, lo que podría tardarse entre dos y tres meses más. Cada semana que pasa reduce la probabilidad de que los colombianos sean consultados si quieren o no una reelección.
No obstante, como está demostrado por los hechos recientes cualquier cosa pueda pasar y Uribe podría ser candidato pese a que voceros de la iglesia, sectores empresariales, integrantes de la coalición uribista y partidos como Cambio Radical, que han apoyado al gobierno, ven en una nueva reelección una amenaza para la democracia.
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Este miércoles en la noche, el Senado de la República aprobó, con 56 votos a favor y dos en contra, el informe de conciliaciòn del referendo reeleccionista. El esperado debate que se pospuso desde el pasado 20 de junio cuando el Congreso dejó en vilo la conciliación de la iniciativa, duro cerca de 6 horas.
En ausencia de la oposiciòn, que argumentó que la colición uribista y el gobierno estaban derogando la Constitución de 1991 con el apoyo a otra reelección, y que despues se salió del recinto, la mayoria uribista aprobó la iniciativa que le permitiría al presidente Álvaro Uribe presentarse a unas nuevas elecciones en 2010.
Asi quedo el proyecto de Ley aprobado en el Senado, que consultará a la ciudadanía si quiere que se reforme la Constitución: “El inciso 1° del artículo 197 de la Constitución Política quedará así: Quien haya sido elegido a la Presidencia de la República por dos períodos constitucionales, podrá ser elegido para otro período”.
Esta semana, tras jornadas intensas de trabajo del gabinete ministerial, de los partidos de la coalición, de lideres políticos, el gobierno consiguió 32 firmas de 50 congresistas que integraron la comisión de conciliación (18 en Senado y 14 en Cámara), cuando el proyeto parecía agonizar.
Sin embargo, los reeleccionistas todavía no pueden cantar victoria. Al proyecto le falta la aprobación en la Cámara, en dónde se augura desde ya que no va a ser nada fácil. Muestra de ello fue que este martes, esta corporación decidió levantar la sesión, lo cual no permitió radicar el informe de conciliación, por lo cual la votación del informe en la Cámara quedó para la semana entrante.
Para que el proyecto salga definitivamente del Legislativo requiere como mínimo 84 votos de los representantes que conforman la Cámara de Representantes.
La rebeldía de la Cámara
En la Cámara la mayoría de los representantes aprobó el referendo reeleccionista pero que le permitía a Uribe presentarse en 2014 a una nueva elección. Ahora la Cámara deberá volver a votar el informe, con el que varios representantes, incluso uribistas, no están de acuerdo.
La bancada de Cambio Radical en la Cámara, integrada por 17 representantes insistirá en su posición de respaldar el texto original del referendo. La oposición también alista sus estrategias para impedir que el informe de la conciliación sea votado.
Una de estas estrategias es la jurídica. Liberales y el Polo apelarán al argumento de que el nuevo presidente de la Cámara Édgar Gómez, de Convergencia Ciudadana, incurrió en una irregularidad al nombrar los reemplazos de los conciliadores que renunciaron previamente (5 en total), por lo que en su criterio el informe de conciliación está viciado.
Cuando comenzó el último año legislativo de este Congreso, este 20 de julio, Germán Navas Talero, del Polo, recusó a Gómez para que se declarara impedido para nombrar a los conciliadores. La Comisión de Ética de esta corporación negó el impedimento y Navas apeló. Pero su apelación no fue aceptada por la Cámara. No obstante, el representante del Polo puso un recurso de queja ante la mesa directiva, y sin haber sido discutido y votado en la plenaria, el presidente de la Cámara decidió nombrar a los conciliadores, lo que podría constituirse en una falta al reglamento.
La falta podría derivar en una demanda penal.
A este escollo en la Cámara se suma el hecho de que la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación preliminar por un presunto prevaricato contra 86 congresistas que votaron el proyecto positivamente. Estos fueron denunciados por tramitar una iniciativa que todavía no cuenta con el visto bueno a la forma como fue financiada la recolección de firmas que la respaldan.
Así las cosas, los representantes tienen excusa para negarse a votar la iniciativa, o para presionar al gobierno por puestos y contratos como según varios congresistas han denunciado que está ocurriendo.
Si el informe de conciliación es votado negativamente en esta Cámara, el referendo se hunde. Falta ver qué capacidad de persuasión logra el gobierno esta vez para convencer a sus mayorías en la Cámara, que desde el pasado 20 de julio cuando eligieron la mesa directiva se mostró rebelde y rompió los acuerdos de la coalición.
La próxima semana se medirá el pulso en la Cámara. Sin embargo, todavía no está programada la sesión. Hay quienes dicen que tendrá un costo alto para el gobierno, y que este deberá hacer más de un desayuno de los que acostumbra para que el proyecto no se hunda.
Lo que falta
Si el referendo recibe el visto bueno del Congreso, pasará a la Corte Constitucional que deberá revisar si el proyecto cumple o no con los requisitos legales. Este Alto Tribunal deberá valorar hasta donde las denuncias por irregularidades en el trámite del proyecto, como la violación a los topes de la financiación de la recolección de firmas, pesan más que la “voluntad popular”.
La Corte Constitucional podría tardarse hasta tres meses para dar su veredicto. Después, el gobierno deberá decretar la consulta, y la Registraduría deberá organizar la logística para hacerla efectiva, lo que podría tardarse entre dos y tres meses más. Cada semana que pasa reduce la probabilidad de que los colombianos sean consultados si quieren o no una reelección.
No obstante, como está demostrado por los hechos recientes cualquier cosa pueda pasar y Uribe podría ser candidato pese a que voceros de la iglesia, sectores empresariales, integrantes de la coalición uribista y partidos como Cambio Radical, que han apoyado al gobierno, ven en una nueva reelección una amenaza para la democracia.
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viernes, 2 de octubre de 2009
'En E.U. dos periodos funcionan. Tras 8 años, la gente quiere un cambio', le dijo Obama a Uribe
Junio 30 de 2009
El Presidente de Estados Unidos, incluso, citó el ejemplo de George Washington, presidente de E.U. de 1789 a 1797 quien rehusó la posibilidad de permanecer indefinidamente en el poder.
Indagado sobre el particular, Obama dijo que en su país "dos períodos" eran suficientes ya que después de ese lapso "la gente generalmente quiere un cambio".
"Le conté al presidente Uribe que uno de nuestros presidentes más venerados, George Washington, parte de lo que lo hizo tan memorable no solo fue ser uno de los fundadores de nuestro país sino que en momentos en que pudo quedarse presidente de por vida, pudo hacerse a un lado y regresar a la vida civil", afirmó Obama luego indicar que eran una decisión de cada pueblo y que E.U. respetaba la soberanía y la autodeterminación.
Aunque el presidente fue claro en expresar las preferencias de su gobierno en este sentido, no cuestionó la figura de la reelección como tal sino la forma como se puede llegar a ella: "A la larga lo importante es que la gente siente una sensación de legitimidad, que no es algo impuesto de arriba, que no involucre manipulación del electorado, o manipulación del proceso electoral, pero que cualquier cosa que pase se determine de una manera abierta y transparente para que la gente tenga confianza que quien este en el poder representa sus voces y sus intereses", sostuvo.
Uribe explicó que el tampoco pretendía perpetuarse en el poder, pero que si le preocupaba que se extendieran hacia el futuro sus políticas de seguridad democrática.
"Yo lo que les pido es que entiendan que una cosa es el debate sobre la conveniencia o inconveniencia de reelegir al presidente y otra que se cuestione la solidez de las instituciones en Colombia, que son totalmente sólidas", afirmó el presidente.
Asesores suyos dijeron después que fue Uribe mismo, cuando la reunión estaba a punto de concluir, el que le planteó el tema a Obama.
"Le aseguró que en Colombia no se iba a presentar un rompimiento del orden constitucional", dijo la fuente. Para aligerar el ambiente, que se tornó un poco pesado tras la pregunta sobre la reelección, el presidente Obama cerró con un comentario que tuvo de broma como de elogio: "La otra cosa es que debería decir es que si yo llegara a prestar dos períodos estoy seguro que no tendría el 70 por ciento que tiene el presidente Uribe".
Piden paciencia para aprobar el TLC
Sin comprometerse con una "cronograma específico", el presidente Barack Obama prometió ayer seguir empujando para sacar adelante el Tratado de Libre Comercio TLC que está pendiente de ser ratificado por este país.
Obama reiteró su oferta al concluir su primera reunión bilateral con el presidente Colombiano Álvaro Uribe en los predios de la Casa Blanca en Washington.
Durante el encuentro, que fue descrito como "cálido" por algunos de los asistentes, salieron a relucir temas polémicos como el de la segunda reelección del presidente Uribe.
Ambos presidentes estuvieron reunidos por más de hora y media. Primero en la Oficina Oval, donde permanecieron a solas, y luego en una sala contigua con asesores y ministros de ambos países.
Por Colombia estuvieron los ministros de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez; Hacienda, Óscar Iván Zuluaga; y Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata. Mientras por E.U., la secretaria de Estado, Hillary Clinton; el asesor de Seguridad Nacional, general Jim Jones; y el asesor económico de Obama, Larry Summers.
Obama, en una rueda de prensa posterior al encuentro, no ocultó su admiración por el gobierno Uribe al que reconoció un "admirable trabajo" en la lucha contra el narcotráfico y la recuperación económica tras describir la relación entre ambos países de "extremadamente fuerte".
Y le destacó a su vez grandes progresos en uno de los temas que usan los demócratas para bloquear el TLC en el Congreso: la violencia contra el sindicalismo y la impunidad. Clinton, durante la cita privada, hizo hincapié en este punto.
Para Obama , no obstante, todavía queda mucho trabajo por hacer y trajo a colación, aunque con sutileza, algunos escándalos que han sacudido al entorno del gobierno en meses recientes.
"Hablamos de ejecuciones extrajudiciales y de interceptaciones ilegales. Es importante que exista transparencia y el presidente lo sabe", dijo el mandatario estadounidense.
Preguntado por el TLC,. Obama enfatizó que había dado "instrucciones" de avanzar en ese tema pero explicó que por el momento su agenda legislativa estaba "llena" y que era un tema que requería el consenso del Congreso de mayoría demócrata.
EL TIEMPO estableció que tanto el representante Comercial Ron Kirk, como Gary Locke, secretario de Comercio, les pidieron "paciencia" a los miembros de la delegación colombiana.
El Congreso estadounidense deberá ocuparse primero de la reforma a la salud y de temas energéticos.
Y según estos, el libre comercio, con el TLC con Colombia a bordo, será el siguiente punto en la agenda.
El tema del narcotráfico, por supuesto, ocupó un lugar destacado en la charla. Obama ofreció más colaboración y elevar sus esfuerzos para controlar el consumo en E.U. y el tráfico de armas.
Antes de encontrarse con Obama, Uribe se reunió con el nuevo zar antidrogas de E. U., Gil Kerlikowske, quien dijo que Obama apoya lo que Uribe ha hecho en Colombia, y anunció un próximo viaje al país en septiembre.
El mandatario se reunió posteriormente con el secretario de Comercio, Gary Locke, así como con el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick entre otros.
Este lunes dará una charla en el Centro Woodrow Wilson Center antes de salir rumbo a Panamá hacia el medio día.
SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON
Publicado en
www.eltiempo.com
El Presidente de Estados Unidos, incluso, citó el ejemplo de George Washington, presidente de E.U. de 1789 a 1797 quien rehusó la posibilidad de permanecer indefinidamente en el poder.
Indagado sobre el particular, Obama dijo que en su país "dos períodos" eran suficientes ya que después de ese lapso "la gente generalmente quiere un cambio".
"Le conté al presidente Uribe que uno de nuestros presidentes más venerados, George Washington, parte de lo que lo hizo tan memorable no solo fue ser uno de los fundadores de nuestro país sino que en momentos en que pudo quedarse presidente de por vida, pudo hacerse a un lado y regresar a la vida civil", afirmó Obama luego indicar que eran una decisión de cada pueblo y que E.U. respetaba la soberanía y la autodeterminación.
Aunque el presidente fue claro en expresar las preferencias de su gobierno en este sentido, no cuestionó la figura de la reelección como tal sino la forma como se puede llegar a ella: "A la larga lo importante es que la gente siente una sensación de legitimidad, que no es algo impuesto de arriba, que no involucre manipulación del electorado, o manipulación del proceso electoral, pero que cualquier cosa que pase se determine de una manera abierta y transparente para que la gente tenga confianza que quien este en el poder representa sus voces y sus intereses", sostuvo.
Uribe explicó que el tampoco pretendía perpetuarse en el poder, pero que si le preocupaba que se extendieran hacia el futuro sus políticas de seguridad democrática.
"Yo lo que les pido es que entiendan que una cosa es el debate sobre la conveniencia o inconveniencia de reelegir al presidente y otra que se cuestione la solidez de las instituciones en Colombia, que son totalmente sólidas", afirmó el presidente.
Asesores suyos dijeron después que fue Uribe mismo, cuando la reunión estaba a punto de concluir, el que le planteó el tema a Obama.
"Le aseguró que en Colombia no se iba a presentar un rompimiento del orden constitucional", dijo la fuente. Para aligerar el ambiente, que se tornó un poco pesado tras la pregunta sobre la reelección, el presidente Obama cerró con un comentario que tuvo de broma como de elogio: "La otra cosa es que debería decir es que si yo llegara a prestar dos períodos estoy seguro que no tendría el 70 por ciento que tiene el presidente Uribe".
Piden paciencia para aprobar el TLC
Sin comprometerse con una "cronograma específico", el presidente Barack Obama prometió ayer seguir empujando para sacar adelante el Tratado de Libre Comercio TLC que está pendiente de ser ratificado por este país.
Obama reiteró su oferta al concluir su primera reunión bilateral con el presidente Colombiano Álvaro Uribe en los predios de la Casa Blanca en Washington.
Durante el encuentro, que fue descrito como "cálido" por algunos de los asistentes, salieron a relucir temas polémicos como el de la segunda reelección del presidente Uribe.
Ambos presidentes estuvieron reunidos por más de hora y media. Primero en la Oficina Oval, donde permanecieron a solas, y luego en una sala contigua con asesores y ministros de ambos países.
Por Colombia estuvieron los ministros de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez; Hacienda, Óscar Iván Zuluaga; y Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata. Mientras por E.U., la secretaria de Estado, Hillary Clinton; el asesor de Seguridad Nacional, general Jim Jones; y el asesor económico de Obama, Larry Summers.
Obama, en una rueda de prensa posterior al encuentro, no ocultó su admiración por el gobierno Uribe al que reconoció un "admirable trabajo" en la lucha contra el narcotráfico y la recuperación económica tras describir la relación entre ambos países de "extremadamente fuerte".
Y le destacó a su vez grandes progresos en uno de los temas que usan los demócratas para bloquear el TLC en el Congreso: la violencia contra el sindicalismo y la impunidad. Clinton, durante la cita privada, hizo hincapié en este punto.
Para Obama , no obstante, todavía queda mucho trabajo por hacer y trajo a colación, aunque con sutileza, algunos escándalos que han sacudido al entorno del gobierno en meses recientes.
"Hablamos de ejecuciones extrajudiciales y de interceptaciones ilegales. Es importante que exista transparencia y el presidente lo sabe", dijo el mandatario estadounidense.
Preguntado por el TLC,. Obama enfatizó que había dado "instrucciones" de avanzar en ese tema pero explicó que por el momento su agenda legislativa estaba "llena" y que era un tema que requería el consenso del Congreso de mayoría demócrata.
EL TIEMPO estableció que tanto el representante Comercial Ron Kirk, como Gary Locke, secretario de Comercio, les pidieron "paciencia" a los miembros de la delegación colombiana.
El Congreso estadounidense deberá ocuparse primero de la reforma a la salud y de temas energéticos.
Y según estos, el libre comercio, con el TLC con Colombia a bordo, será el siguiente punto en la agenda.
El tema del narcotráfico, por supuesto, ocupó un lugar destacado en la charla. Obama ofreció más colaboración y elevar sus esfuerzos para controlar el consumo en E.U. y el tráfico de armas.
Antes de encontrarse con Obama, Uribe se reunió con el nuevo zar antidrogas de E. U., Gil Kerlikowske, quien dijo que Obama apoya lo que Uribe ha hecho en Colombia, y anunció un próximo viaje al país en septiembre.
El mandatario se reunió posteriormente con el secretario de Comercio, Gary Locke, así como con el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick entre otros.
Este lunes dará una charla en el Centro Woodrow Wilson Center antes de salir rumbo a Panamá hacia el medio día.
SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON
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Reeleccion de Uribe,
Relación Bilateral EUA-Colombia
sábado, 5 de septiembre de 2009
El ventilador de las notarías
El ex superintendente de Notariado y Registro le confesó a la Corte Suprema cómo se entregaron más de 30 notarías para pasar la reelección. SEMANA investigó sus declaraciones y esto fue lo que encontró.
El miércoles 24 de junio, pasadas las 9 de la mañana, llegó a la Corte Suprema de Justicia un hombre que se convertirá en el súper testigo del segundo y más extenso capítulo de la llamada 'Yidis-política': la investigación que se adelanta para determinar si por lo menos 30 congresistas, al igual que ocurrió con Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, obtuvieron beneficios del gobierno a cambio de votar favorablemente la reelección. El hombre se llama Manuel Cuello Baute, quien entre 2004 y 2006 se desempeñó como superintendente de Notariado y Registro. Por su cargo, Cuello fue testigo de excepción de la forma como decenas de senadores y representantes habrían sido beneficiados con la entrega de notarías a cambio de sus votos.
SEMANA conoció parte de las declaraciones y de las pruebas de Cuello, que están siendo valoradas por la Corte, las cuales demostrarían los compromisos entre el gobierno y las prebendas que habrían recibido decenas de parlamentarios. Cuello es el hombre clave para aclarar cómo se pagó la reelección. Su testimonio llega en un momento crucial y, sin lugar a dudas, desatará una tormenta política y judicial.
Hace tres semanas la Corte Suprema emitió el fallo en el que condenó a Teodolindo Avendaño a ocho años de prisión por el delito de cohecho al comprobarse que recibió una notaría, que posteriormente vendió, para favorecer la reelección. Por ese mismo caso también fue sentenciado a seis años de cárcel el ex congresista Iván Díaz Mateus. A ellos se suma la condena de tres años y medio que había sido impuesta a Yidis Medina. A diferencia de lo que algunos pensaron, las condenas a estos tres ex congresistas no fueron el final de la investigación. Todo lo contrario. Por eso, el presidente de la Corte, Augusto Ibáñez, reconoció a los medios de comunicación que se estudiaba la posibilidad de investigar a por lo menos 33 congresistas. Pero con lo que no contaba la Corte es con que apareciera un testigo de la talla de Cuello Baute.
La importancia de Cuello para la Corte radica en que sabe quién dio las órdenes y para quiénes iban las notarías. Y eso es lo que ha empezado a contarle a la justicia. SEMANA conoció en exclusiva las declaraciones de Cuello y algunas de las pruebas que están en manos de los investigadores de la Corte.
El súper testigo
Cuando Cuello ingresó a la Corte Suprema el miércoles pasado, acompañado de su abogado, el reconocido penalista Álvaro Rolando Pérez, los magistrados difícilmente se imaginaron lo que estaba por contar. El ex superintendente comenzó por explicar que su retiro de esa entidad, a finales de agosto de 2006, obedeció a los choques y enfrentamientos que tuvo con altos funcionarios del gobierno que no estaban de acuerdo con que se implementara el concurso notarial. Según dijo Cuello a la Corte, funcionarios como el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y el ministro del Interior de ese entonces, Sabas Pretelt, lo recriminaron por insistir en sacar adelante la iniciativa que permitiría nombrar a los notarios por un concurso de méritos y no por recomendaciones políticas, como era la costumbre. De acuerdo con la declaración de Cuello, el malestar consistía en que el gobierno no podría cumplir con compromisos que ya habían sido adquiridos de entregar notarías a políticos, "situación que lastimosamente vi ejecutar", dijo.
Cuando le preguntaron a Cuello qué pruebas tenía para sustentar sus afirmaciones, el ex superintendente entregó, entre otras, un listado en el que aparecen 72 decretos por medio de los cuales, según él, se crearon y entregaron notarías a recomendados de políticos (ver recuadro).
Explicó que poco después de haber sido aprobada la reelección en el Congreso, comenzó a ser llamado frecuentemente por los miembros del gobierno, especialmente por Bernardo Moreno. "Para la Navidad de 2004 Bernardo Moreno me citó a Palacio y me pidió que llevara la relación de las notarías que para el año 2005 quedarían vacantes, así como los resultados económicos y protocolos de cada una de ellas, pero especialmente los de la notaría 57 de Bogotá. Me manifestó que al gobierno le urgía cumplir un compromiso con los representantes Eduardo Enríquez Maya, Roberto Camacho y Hernando Torres Barrera, por lo que habría que revisar requisitos y proyectar decretos a una persona cuya hoja de vida me harían llegar. Días después, Juan David Ortega (ex secretario general del Ministerio de Agricultura) me hizo entrega de la hoja de vida de Ligia Josefina Erazo, informándome que la había llevado a Palacio el representante Enríquez Maya. Se revisaron los requisitos y se expidió el Decreto 219 de febrero de 2005 nombrándola notaria 57", contó Cuello la semana pasada en la Corte.
Durante más de 10 horas Cuello relató otros episodios a la Corte en los que contó detalladamente cómo se hicieron nombramientos en varias notarías. "Hernando Angarita (ex viceministro de Interior) me remitió la hoja de vida del doctor Otto Paternina para verificar requisitos y nombrarlo notario 6 de Barranquilla. Así lo hice mediante el Decreto 809 de marzo 18 de 2005. Sin embargo, a los pocos días Angarita me remite la hoja de vida de Claudia Betancourt (esposa del representante Jaime Amín) para ser nombrada en la misma notaría.Le manifesté mi preocupación porque allí ya se había nombrado un notario y ya estaba en trámite la posesión. Me dijo que ese era un compromiso del gobierno con el representante Jaime Amín, que mi deber era simplemente verificar requisitos y que por la renuncia del doctor Paternina no me preocupara, que me la haría llegar a los pocos días. Se envió el proyecto de decreto 1201 de 19 de abril de 2005 para nombrarla.
"Sin embargo, un viernes recibí una llamada de Palacio. Era el Presidente, quien me preguntó que quién me había dado la orden de nombrar a la doctora Betancourt, a lo cual le contesté que había sido Bernardo Moreno, a través de Juan David Ortega, y el ministro Sabas, a través de Hernando Angarita. (El Presidente) me dijo que atendiera sus instrucciones y revocara ese decreto porque él había dado instrucciones a Moreno y Sabas de no nombrar a parientes cercanos de parlamentarios. Me dijo que buscara al ministro (Sabas) y revocara ese decreto. Ese fin de semana me comuniqué con el representante Jaime Amín, le comenté lo sucedido y le sugerí que su esposa declinara el nombramiento, a lo cual me manifestó que de ninguna manera, ya que se trataba de un compromiso del gobierno con él. El lunes busqué al Ministro y lo enteré de la orden presidencial. Me respondió que cumpliera con mi deber, ya que se trataba de un compromiso adquirido con Amín, y que él se encargaría de hablar del tema con el Presidente", relató Cuello a la Corte. Betancourt sigue siendo la notaria 6 de Barranquilla.
Feria de notarías
En su declaración, el ex superintendente hizo especial énfasis en una época. Recordó que el mes de noviembre de 2005 fue "un período bastante agitado por las llamadas constantes del ministro Sabas, Hernando Angarita, Bernardo Moreno y Juan David Ortega, para solicitar información de toda índole acerca de las notarías. Eran constantes las reuniones a las cuales era citado para brindarles información y fui testigo de la toma de decisiones frente a quienes les serían concedidos los despachos, de acuerdo con los compromisos adquiridos". Cuello hizo énfasis en dos fechas clave: el 23 y el 25 de noviembre, para explicar por qué lo llamaban tanto altos funcionarios del gobierno.
El 23 de noviembre de 2005 el gobierno expidió ocho decretos para crear notarías y nombrar notarios (ver recuadro). Uno de los notarios nombrados fue Luis Camilo O'Meara, en la notaría 67 de Bogotá. Esta notaría fue la que las investigaciones de la Corte demostraron que había sido asignada a Teodolindo Avendaño, quien posteriormente se la vendió a O'Meara. Por ese caso fue condenado Avendaño.
En su declaración en la Corte, el ex superintendente les explicó a los investigadores los pormenores de los nombramientos y las creaciones de notarías en esa fecha. "El 14 de octubre de 2003 la notaría 2 de Chía había sido suprimida por el gobierno mediante el Decreto 2915, ya que no era viable. Sin embargo, en noviembre de 2005 fui citado por Hernando Angarita a Palacio, en donde Bernardo Moreno me dijo que por orden del Presidente adelantara los estudios pertinentes para reabrir la notaría 2 de Chía. Fue un tema en el que recibí mucha presión por parte de Bernardo Moreno, tanto así que en una de las citas en Palacio me exigió muy alterado que acelerara el trámite para reabrir esa notaría porque había que cumplir un compromiso del gobierno con el representante Plinio Olano. Angarita me hizo llegar la hoja de vida de a quien debía nombrar y así se hizo. La creación de esa notaría y el nombramiento integran un solo decreto, el 4267 del 23 de noviembre de 2005", dijo Cuello a la Corte. Ese 23 de noviembre se crearon de un sólo plumazo ocho notarías más aparte de la de Chía.
El día más importante en todos estos episodios fue el 25 de noviembre de 2005. Esa fecha se expidieron 21 decretos para nombrar igual número de notarios (ver recuadro). Entre esos está el de la célebre notaría 2 de Barrancabermeja, en la cual fue nombrada María Lucely Valencia, la cuota de Yidis Medina, caso por el cual terminó condenada la ex congresista.
Cuello le contó a la Corte que pocos días antes de esa maratónica jornada de nombramientos fue citado al Palacio de Nariño, en donde estuvo reunido con Bernardo Moreno, Sabas Pretelt y Juan David Ortega. Allí, según Cuello, le dijeron a quién tenía que nombrar en determinada notaría y de quién era cuota. Por ejemplo, Cuello relató que ese día se nombró a Rosa Margarita Jiménez Nájera, quien era la cuñada del representante a la Cámara José María Imbett. Dos días antes se había creado la notaría 7 de Cartagena, la cual le fue asignada a Jiménez. Este es sólo uno de los muchos casos a los que ha hecho referencia Cuello y que están siendo evaluados por la Corte.
La inusual lluvia de nombramientos que ocurrió el 25 de noviembre tiene explicaciones. "El afán básicamente consistía en que había que cumplir con los acuerdos que se habían hecho con los políticos para la reelección, y el último plazo para hacerlo era ese día", explicó Cuello a la Corte. En efecto, dos días más tarde, el 27 de noviembre, Álvaro Uribe anunció que iba a ser candidato a la Presidencia. El lunes 28 entró a regir la ley de garantías, la cual le prohibía al gobierno realizar nombramientos en cargos públicos hasta las elecciones presidenciales de mayo de 2006.
No es la única razón. Apenas a finales de octubre la Corte Constitucional le había dado vía libre a la reelección. Sólo a partir de esa fecha tendrían valor los votos de los congresistas a favor de la reforma constitucional. Eso explica por qué apenas en noviembre de 2005 se les entregaron las notarías a Yidis y Teodolindo, si su rol fundamental fue en la votación en el tercer debate, que se realizó en junio de 2004. Sin la sentencia favorable del alto tribunal, no habría necesidad de pagarles las prebendas a esos parlamentarios y los otros que mencionó Cuello a la Corte.
Las palabras de Cuello coinciden con la declaración deYidis Medina en el proceso que se les adelantaba a Díaz Mateus y Teodolindo. Medina afirmó que varios votos de congresistas fueron comprados por medio de un decreto del gobierno que les asignaban notarías. "Señores magistrados, si ustedes desean, yo he logrado conseguir parte de las notarías, la relación de las notarías nombradas para esa fecha, y además, también, se hizo en un solo decreto, lo justificaron todo en un solo decreto, para los nombramientos a cada uno de los congresistas en las notarías", dice la declaración de Yidis.
"Debe advertirse que como Yidis Medina Padilla en su testimonio rendido ante esta Corporación en desarrollo de la audiencia pública de juzgamiento, entre otras afirmaciones que hizo, aludió de manera genérica a 'congresistas' cuyos comportamientos han podido dar lugar a la infracción de la ley penal y al Código Único Disciplinario, es menester ordenar la correspondiente expedición de copias para la investigación de rigor... Por la secretaría de la Sala, expídanse las copias para determinar si hay lugar al ejercicio de la acción penal en contra de algún congresista o congresistas", dice uno de los apartes de la sentencia contra Díaz Mateus en la que la Corte ordena la apertura de nuevas investigaciones.
Si bien hasta ahora las declaraciones de Medina la habían convertido en pieza clave de la investigación, la realidad es que su testimonio palidece al lado de lo que ha dicho, y dirá, Cuello Baute. La razón es simple: él, como superintendente de Notariado, fue el encargado por parte del gobierno de entregar las notarías a los políticos, entre ellas las de Yidis y Teodolindo, como lo reconoció ante la Corte. Para los investigadores de la Corte la responsabilidad de Cuello en los nombramientos de notarios y creación de notarías es relativa. De hecho, en algunos apartes de la sentencia condenatoria de Teodolindo se recalca que Cuello era un "convidado de piedra" y que la creación y la designación de notarías y notarios no era responsabilidad del funcionario porque era "obvio que se necesitaba la voluntad política y la orden del gobierno". Nombrar a un notario y crear una notaría es algo que sólo puede ordenar el Presidente de la República por medio de un decreto que va firmado por el mandatario y por el Ministro del Interior.
La confesión de Cuello abre una nueva etapa en la llamada Yidis-política. Hasta ahora, la Corte ha condenado a tres parlamentarios por su participación en el voto por la reelección, la Procuraduría ha absuelto a los funcionarios acusados de dar las prebendas y la Fiscalía sigue investigando.
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www.semana.com
El miércoles 24 de junio, pasadas las 9 de la mañana, llegó a la Corte Suprema de Justicia un hombre que se convertirá en el súper testigo del segundo y más extenso capítulo de la llamada 'Yidis-política': la investigación que se adelanta para determinar si por lo menos 30 congresistas, al igual que ocurrió con Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, obtuvieron beneficios del gobierno a cambio de votar favorablemente la reelección. El hombre se llama Manuel Cuello Baute, quien entre 2004 y 2006 se desempeñó como superintendente de Notariado y Registro. Por su cargo, Cuello fue testigo de excepción de la forma como decenas de senadores y representantes habrían sido beneficiados con la entrega de notarías a cambio de sus votos.
SEMANA conoció parte de las declaraciones y de las pruebas de Cuello, que están siendo valoradas por la Corte, las cuales demostrarían los compromisos entre el gobierno y las prebendas que habrían recibido decenas de parlamentarios. Cuello es el hombre clave para aclarar cómo se pagó la reelección. Su testimonio llega en un momento crucial y, sin lugar a dudas, desatará una tormenta política y judicial.
Hace tres semanas la Corte Suprema emitió el fallo en el que condenó a Teodolindo Avendaño a ocho años de prisión por el delito de cohecho al comprobarse que recibió una notaría, que posteriormente vendió, para favorecer la reelección. Por ese mismo caso también fue sentenciado a seis años de cárcel el ex congresista Iván Díaz Mateus. A ellos se suma la condena de tres años y medio que había sido impuesta a Yidis Medina. A diferencia de lo que algunos pensaron, las condenas a estos tres ex congresistas no fueron el final de la investigación. Todo lo contrario. Por eso, el presidente de la Corte, Augusto Ibáñez, reconoció a los medios de comunicación que se estudiaba la posibilidad de investigar a por lo menos 33 congresistas. Pero con lo que no contaba la Corte es con que apareciera un testigo de la talla de Cuello Baute.
La importancia de Cuello para la Corte radica en que sabe quién dio las órdenes y para quiénes iban las notarías. Y eso es lo que ha empezado a contarle a la justicia. SEMANA conoció en exclusiva las declaraciones de Cuello y algunas de las pruebas que están en manos de los investigadores de la Corte.
El súper testigo
Cuando Cuello ingresó a la Corte Suprema el miércoles pasado, acompañado de su abogado, el reconocido penalista Álvaro Rolando Pérez, los magistrados difícilmente se imaginaron lo que estaba por contar. El ex superintendente comenzó por explicar que su retiro de esa entidad, a finales de agosto de 2006, obedeció a los choques y enfrentamientos que tuvo con altos funcionarios del gobierno que no estaban de acuerdo con que se implementara el concurso notarial. Según dijo Cuello a la Corte, funcionarios como el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y el ministro del Interior de ese entonces, Sabas Pretelt, lo recriminaron por insistir en sacar adelante la iniciativa que permitiría nombrar a los notarios por un concurso de méritos y no por recomendaciones políticas, como era la costumbre. De acuerdo con la declaración de Cuello, el malestar consistía en que el gobierno no podría cumplir con compromisos que ya habían sido adquiridos de entregar notarías a políticos, "situación que lastimosamente vi ejecutar", dijo.
Cuando le preguntaron a Cuello qué pruebas tenía para sustentar sus afirmaciones, el ex superintendente entregó, entre otras, un listado en el que aparecen 72 decretos por medio de los cuales, según él, se crearon y entregaron notarías a recomendados de políticos (ver recuadro).
Explicó que poco después de haber sido aprobada la reelección en el Congreso, comenzó a ser llamado frecuentemente por los miembros del gobierno, especialmente por Bernardo Moreno. "Para la Navidad de 2004 Bernardo Moreno me citó a Palacio y me pidió que llevara la relación de las notarías que para el año 2005 quedarían vacantes, así como los resultados económicos y protocolos de cada una de ellas, pero especialmente los de la notaría 57 de Bogotá. Me manifestó que al gobierno le urgía cumplir un compromiso con los representantes Eduardo Enríquez Maya, Roberto Camacho y Hernando Torres Barrera, por lo que habría que revisar requisitos y proyectar decretos a una persona cuya hoja de vida me harían llegar. Días después, Juan David Ortega (ex secretario general del Ministerio de Agricultura) me hizo entrega de la hoja de vida de Ligia Josefina Erazo, informándome que la había llevado a Palacio el representante Enríquez Maya. Se revisaron los requisitos y se expidió el Decreto 219 de febrero de 2005 nombrándola notaria 57", contó Cuello la semana pasada en la Corte.
Durante más de 10 horas Cuello relató otros episodios a la Corte en los que contó detalladamente cómo se hicieron nombramientos en varias notarías. "Hernando Angarita (ex viceministro de Interior) me remitió la hoja de vida del doctor Otto Paternina para verificar requisitos y nombrarlo notario 6 de Barranquilla. Así lo hice mediante el Decreto 809 de marzo 18 de 2005. Sin embargo, a los pocos días Angarita me remite la hoja de vida de Claudia Betancourt (esposa del representante Jaime Amín) para ser nombrada en la misma notaría.Le manifesté mi preocupación porque allí ya se había nombrado un notario y ya estaba en trámite la posesión. Me dijo que ese era un compromiso del gobierno con el representante Jaime Amín, que mi deber era simplemente verificar requisitos y que por la renuncia del doctor Paternina no me preocupara, que me la haría llegar a los pocos días. Se envió el proyecto de decreto 1201 de 19 de abril de 2005 para nombrarla.
"Sin embargo, un viernes recibí una llamada de Palacio. Era el Presidente, quien me preguntó que quién me había dado la orden de nombrar a la doctora Betancourt, a lo cual le contesté que había sido Bernardo Moreno, a través de Juan David Ortega, y el ministro Sabas, a través de Hernando Angarita. (El Presidente) me dijo que atendiera sus instrucciones y revocara ese decreto porque él había dado instrucciones a Moreno y Sabas de no nombrar a parientes cercanos de parlamentarios. Me dijo que buscara al ministro (Sabas) y revocara ese decreto. Ese fin de semana me comuniqué con el representante Jaime Amín, le comenté lo sucedido y le sugerí que su esposa declinara el nombramiento, a lo cual me manifestó que de ninguna manera, ya que se trataba de un compromiso del gobierno con él. El lunes busqué al Ministro y lo enteré de la orden presidencial. Me respondió que cumpliera con mi deber, ya que se trataba de un compromiso adquirido con Amín, y que él se encargaría de hablar del tema con el Presidente", relató Cuello a la Corte. Betancourt sigue siendo la notaria 6 de Barranquilla.
Feria de notarías
En su declaración, el ex superintendente hizo especial énfasis en una época. Recordó que el mes de noviembre de 2005 fue "un período bastante agitado por las llamadas constantes del ministro Sabas, Hernando Angarita, Bernardo Moreno y Juan David Ortega, para solicitar información de toda índole acerca de las notarías. Eran constantes las reuniones a las cuales era citado para brindarles información y fui testigo de la toma de decisiones frente a quienes les serían concedidos los despachos, de acuerdo con los compromisos adquiridos". Cuello hizo énfasis en dos fechas clave: el 23 y el 25 de noviembre, para explicar por qué lo llamaban tanto altos funcionarios del gobierno.
El 23 de noviembre de 2005 el gobierno expidió ocho decretos para crear notarías y nombrar notarios (ver recuadro). Uno de los notarios nombrados fue Luis Camilo O'Meara, en la notaría 67 de Bogotá. Esta notaría fue la que las investigaciones de la Corte demostraron que había sido asignada a Teodolindo Avendaño, quien posteriormente se la vendió a O'Meara. Por ese caso fue condenado Avendaño.
En su declaración en la Corte, el ex superintendente les explicó a los investigadores los pormenores de los nombramientos y las creaciones de notarías en esa fecha. "El 14 de octubre de 2003 la notaría 2 de Chía había sido suprimida por el gobierno mediante el Decreto 2915, ya que no era viable. Sin embargo, en noviembre de 2005 fui citado por Hernando Angarita a Palacio, en donde Bernardo Moreno me dijo que por orden del Presidente adelantara los estudios pertinentes para reabrir la notaría 2 de Chía. Fue un tema en el que recibí mucha presión por parte de Bernardo Moreno, tanto así que en una de las citas en Palacio me exigió muy alterado que acelerara el trámite para reabrir esa notaría porque había que cumplir un compromiso del gobierno con el representante Plinio Olano. Angarita me hizo llegar la hoja de vida de a quien debía nombrar y así se hizo. La creación de esa notaría y el nombramiento integran un solo decreto, el 4267 del 23 de noviembre de 2005", dijo Cuello a la Corte. Ese 23 de noviembre se crearon de un sólo plumazo ocho notarías más aparte de la de Chía.
El día más importante en todos estos episodios fue el 25 de noviembre de 2005. Esa fecha se expidieron 21 decretos para nombrar igual número de notarios (ver recuadro). Entre esos está el de la célebre notaría 2 de Barrancabermeja, en la cual fue nombrada María Lucely Valencia, la cuota de Yidis Medina, caso por el cual terminó condenada la ex congresista.
Cuello le contó a la Corte que pocos días antes de esa maratónica jornada de nombramientos fue citado al Palacio de Nariño, en donde estuvo reunido con Bernardo Moreno, Sabas Pretelt y Juan David Ortega. Allí, según Cuello, le dijeron a quién tenía que nombrar en determinada notaría y de quién era cuota. Por ejemplo, Cuello relató que ese día se nombró a Rosa Margarita Jiménez Nájera, quien era la cuñada del representante a la Cámara José María Imbett. Dos días antes se había creado la notaría 7 de Cartagena, la cual le fue asignada a Jiménez. Este es sólo uno de los muchos casos a los que ha hecho referencia Cuello y que están siendo evaluados por la Corte.
La inusual lluvia de nombramientos que ocurrió el 25 de noviembre tiene explicaciones. "El afán básicamente consistía en que había que cumplir con los acuerdos que se habían hecho con los políticos para la reelección, y el último plazo para hacerlo era ese día", explicó Cuello a la Corte. En efecto, dos días más tarde, el 27 de noviembre, Álvaro Uribe anunció que iba a ser candidato a la Presidencia. El lunes 28 entró a regir la ley de garantías, la cual le prohibía al gobierno realizar nombramientos en cargos públicos hasta las elecciones presidenciales de mayo de 2006.
No es la única razón. Apenas a finales de octubre la Corte Constitucional le había dado vía libre a la reelección. Sólo a partir de esa fecha tendrían valor los votos de los congresistas a favor de la reforma constitucional. Eso explica por qué apenas en noviembre de 2005 se les entregaron las notarías a Yidis y Teodolindo, si su rol fundamental fue en la votación en el tercer debate, que se realizó en junio de 2004. Sin la sentencia favorable del alto tribunal, no habría necesidad de pagarles las prebendas a esos parlamentarios y los otros que mencionó Cuello a la Corte.
Las palabras de Cuello coinciden con la declaración deYidis Medina en el proceso que se les adelantaba a Díaz Mateus y Teodolindo. Medina afirmó que varios votos de congresistas fueron comprados por medio de un decreto del gobierno que les asignaban notarías. "Señores magistrados, si ustedes desean, yo he logrado conseguir parte de las notarías, la relación de las notarías nombradas para esa fecha, y además, también, se hizo en un solo decreto, lo justificaron todo en un solo decreto, para los nombramientos a cada uno de los congresistas en las notarías", dice la declaración de Yidis.
"Debe advertirse que como Yidis Medina Padilla en su testimonio rendido ante esta Corporación en desarrollo de la audiencia pública de juzgamiento, entre otras afirmaciones que hizo, aludió de manera genérica a 'congresistas' cuyos comportamientos han podido dar lugar a la infracción de la ley penal y al Código Único Disciplinario, es menester ordenar la correspondiente expedición de copias para la investigación de rigor... Por la secretaría de la Sala, expídanse las copias para determinar si hay lugar al ejercicio de la acción penal en contra de algún congresista o congresistas", dice uno de los apartes de la sentencia contra Díaz Mateus en la que la Corte ordena la apertura de nuevas investigaciones.
Si bien hasta ahora las declaraciones de Medina la habían convertido en pieza clave de la investigación, la realidad es que su testimonio palidece al lado de lo que ha dicho, y dirá, Cuello Baute. La razón es simple: él, como superintendente de Notariado, fue el encargado por parte del gobierno de entregar las notarías a los políticos, entre ellas las de Yidis y Teodolindo, como lo reconoció ante la Corte. Para los investigadores de la Corte la responsabilidad de Cuello en los nombramientos de notarios y creación de notarías es relativa. De hecho, en algunos apartes de la sentencia condenatoria de Teodolindo se recalca que Cuello era un "convidado de piedra" y que la creación y la designación de notarías y notarios no era responsabilidad del funcionario porque era "obvio que se necesitaba la voluntad política y la orden del gobierno". Nombrar a un notario y crear una notaría es algo que sólo puede ordenar el Presidente de la República por medio de un decreto que va firmado por el mandatario y por el Ministro del Interior.
La confesión de Cuello abre una nueva etapa en la llamada Yidis-política. Hasta ahora, la Corte ha condenado a tres parlamentarios por su participación en el voto por la reelección, la Procuraduría ha absuelto a los funcionarios acusados de dar las prebendas y la Fiscalía sigue investigando.
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Reeleccion de Uribe
martes, 21 de julio de 2009
"Si se consiguieron las firmas del referendo con ilegalidad no se deben validar"
Política El congresista Germán Navas, el primero en denunciar la Yidispolítica y las maniobras financieras para conseguir el respaldo al referendo reeleccionista habló duro: " No me gusta cuando se le dan visos de constitucionalidad a lo que es una dictadura".
César Paredes, periodista de Semana.com
Quizás quien más ha insistido en denunciar las irregularidades en el trámite del referendo reeleccionista es el representante a la Cámara Germán Navas Talero del Polo.
El 8 de enero pasado, Talero denunció ante la Fiscalía a los promotores del referendo pues con las falencias en la contabilidad pudieron incurrir en el delito de fraude procesal. Una semana después, denunció penalmente a los 86 representantes que votaron la propuesta en la plenaria de la Cámara. Según él, ellos podrían haber incurrido en el delito de prevaricato por votar a conciencia un proyecto viciado por no cumplir los requisitos exigidos por la ley.
El 25 de febrero entuteló al Fiscal, Mario Iguarán, para que le respondiera un derecho de petición que le preguntaba por qué cambió la fiscal que investigaba a los promotores de la consulta popular por sus cuentas enredadas.
Pero las denuncias de Germán Navas son de vieja data. En 2004, mientras se tramitaba el proyecto de reelección presidencial en la Cámara, denunció las reuniones que sostuvieron varios ministros de entonces y funcionarios del gobierno con los parlamentarios Yidis Medina y Teodolindo Avendaño. Según Navas estas reuniones tenían el propósito de llegar a los “acuerdos” para que con sus decisiones los parlamentarios favorecieran la aprobación del proyecto de Ley que permitió la reelección.
Medina ya fue condenada por la Corte Suprema de Justicia porque aceptó los cargos por el delito de cohecho y Avendaño está en proceso de juzgamiento. Su denuncia también dio origen a investigaciones en la Procuraduría y en la Fiscalía contra Ministro de Protección, Diego Palacio y al embajador en Italia, Sabas Pretelt de la Vega. La primera ya falló en favor de los ministros, pero la segunda aún está investigando.
La semana pasada, el Consejo Nacional Electoral anunció la apertura de investigación a los integrantes del Comité Promotor del Referendo por la posible violación a los topes individuales establecidos por la Ley en la financiación del referendo.
A propósito, Semana.com habló con el representante Navas, quien defendió las razones de sus denuncias, vaticinó lo que puede pasar con el trámite del referendo y explicó la importancia de denunciar los delitos con argumentos jurídicos.
Semana.com: ¿Cómo recibió usted el anuncio de que el Consejo Nacional Electoral abrió investigación contra los promotores del referendo reeleccionista?
Germán Navas: Eso prueba que yo no me equivoqué cuando denuncié por fraude procesal al Comité Promotor del Referendo. El hecho de que la Asociación Colombia Primero -que son los mismos promotores de la iniciativa- consiga el dinero para auto prestárselo al comité, fue un engaño para que el Registrador expidiera la certificación del proyecto. Eso se llama inducción en error. La Ley dice que el que induzca en error a un servidor público a fin de que produzca providencia o acto contrario de derecho, incurrirá en varias sanciones. Si el Registrador hubiera sabido desde el principio la verdad, no les da ninguna certificación.
Semana.com: Usted ha entutelado al Fiscal, ha hecho varias diligencias y denuncias. ¿Cuál es su interés de echar por tierra un proyecto que respaldan varios millones de firmas?
G.N.: Primero que todo, no son cinco millones de firmas, como han dicho. Las firmas que validó el Registrador son 3 millones 890 mil.
En segundo lugar, mi formación ha sido jurídica, he sido abogado y profesor de derecho penal. Me gusta que la Ley se cumpla. Es más, en mi condición de servidor público, la Ley me impone la obligación de denunciar los hechos punibles de que tenga conocimiento. Si no lo hago incurro en un abuso de autoridad por omisión de denuncia. Es imperativo de la Ley.
Tercero: no me gustan las reelecciones de quien tiene el poder para hacer donaciones, para hacer obras públicas. No me gustan las dictaduras. No me gusta que se engañe al pueblo para hablarle de una democracia cuando todas estas maniobras fraudulentas lo que hacen es darle visos de constitucionalidad a lo que es una dictadura.
Cuarto: Aquí se engaña a la gente diciéndole que el número de firmas es lo único importante, y no es así. Uno tiene que estudiar también el origen de esas firmas. Supóngase que esas firmas se hubieran obtenido amenazando a la gente con un arma, a nadie le cabría en la cabeza validarlas. Ahora, si las firmas se consiguieron comprándolas, tampoco. Puede que muchas personas hubieran firmado, pero si hubiesen sabido lo que estaba pasando no firman.
Semana.com: ¿Cuál cree que será el futuro del referendo en el Senado?
G.N.: La fuerza uribista es de tal magnitud que se convierte en algo irracional. No les importa (a los uribistas) aprobar algo sin mirar lo que hay detrás, con tal de cumplir las órdenes del jefe.
Semana.com: ¿Cómo ha visto la actuación de la Fiscalía frente a las investigaciones que usted ha denunciado?
G.N.: Permítame plagiar al señor Procurador: tengo una duda razonable frente al comportamiento del señor Fiscal en este caso. Porque yo presenté una denuncia en una oficina de reparto, como cualquier ciudadano, preciso el tipo de delito: fraude procesal, y señalo a los autores.
La Fiscal asignada comienza a trabajar. Esta señora fijó la fecha para audiencia de imputación de cargos contra los promotores del referendo. Pero el 12 de febrero le quitaron la investigación. El Fiscal Iguarán le entregó la investigación al fiscal José Edgar Collazos, de quien sé que es bastante amigo del Fiscal y del abogado del señor Luis Guillermo Giraldo (cerebro del referendo reeleccionista), que es el doctor Jaime Bernal Cuéllar. Yo pregunto por qué el cambio de fiscal y las demoras en la investigación, y la respuesta que me dan es que están haciendo unas diligencias reservadas.
Semana.com: ¿y por qué no acude al Procurador?
G.N.: Por lo mismo, porque tengo una duda razonable frente a estas instituciones.
Semana.com: En 2004, usted también denunció ante la Corte Suprema las reuniones entre ministros y congresistas, en las que posiblemente se fraguaron componendas para favorecer el proyecto de reelección…
G.N.: Inicialmente hubo quienes se mofaron de la denuncia. Un periodista dijo que ese parecía un buen libreto de televisión hecho por mi hermano Mauricio. No era un libreto, era la verdad contada con sencillas palabras. La presencia de los ministros en la oficina de Teodolindo yo la denuncié ahí. Aquí, en mi oficina, los trajimos para preguntarles por qué estaban encerrados. De manera que la presencia de los ministros en la oficina está más que demostrada como indicio. Pero tengo mi duda razonable con la suerte de ese caso, en el que Yidis ya aceptó el cohecho y los demás están disfrutando de las mieles del poder.
Semana.com: ¿Qué otra denuncia está preparando?
G.N.: Estoy trabajando en algunas cosas. Cuando las tenga claras les diré.
Publicado en
www.semana.com
César Paredes, periodista de Semana.com
Quizás quien más ha insistido en denunciar las irregularidades en el trámite del referendo reeleccionista es el representante a la Cámara Germán Navas Talero del Polo.
El 8 de enero pasado, Talero denunció ante la Fiscalía a los promotores del referendo pues con las falencias en la contabilidad pudieron incurrir en el delito de fraude procesal. Una semana después, denunció penalmente a los 86 representantes que votaron la propuesta en la plenaria de la Cámara. Según él, ellos podrían haber incurrido en el delito de prevaricato por votar a conciencia un proyecto viciado por no cumplir los requisitos exigidos por la ley.
El 25 de febrero entuteló al Fiscal, Mario Iguarán, para que le respondiera un derecho de petición que le preguntaba por qué cambió la fiscal que investigaba a los promotores de la consulta popular por sus cuentas enredadas.
Pero las denuncias de Germán Navas son de vieja data. En 2004, mientras se tramitaba el proyecto de reelección presidencial en la Cámara, denunció las reuniones que sostuvieron varios ministros de entonces y funcionarios del gobierno con los parlamentarios Yidis Medina y Teodolindo Avendaño. Según Navas estas reuniones tenían el propósito de llegar a los “acuerdos” para que con sus decisiones los parlamentarios favorecieran la aprobación del proyecto de Ley que permitió la reelección.
Medina ya fue condenada por la Corte Suprema de Justicia porque aceptó los cargos por el delito de cohecho y Avendaño está en proceso de juzgamiento. Su denuncia también dio origen a investigaciones en la Procuraduría y en la Fiscalía contra Ministro de Protección, Diego Palacio y al embajador en Italia, Sabas Pretelt de la Vega. La primera ya falló en favor de los ministros, pero la segunda aún está investigando.
La semana pasada, el Consejo Nacional Electoral anunció la apertura de investigación a los integrantes del Comité Promotor del Referendo por la posible violación a los topes individuales establecidos por la Ley en la financiación del referendo.
A propósito, Semana.com habló con el representante Navas, quien defendió las razones de sus denuncias, vaticinó lo que puede pasar con el trámite del referendo y explicó la importancia de denunciar los delitos con argumentos jurídicos.
Semana.com: ¿Cómo recibió usted el anuncio de que el Consejo Nacional Electoral abrió investigación contra los promotores del referendo reeleccionista?
Germán Navas: Eso prueba que yo no me equivoqué cuando denuncié por fraude procesal al Comité Promotor del Referendo. El hecho de que la Asociación Colombia Primero -que son los mismos promotores de la iniciativa- consiga el dinero para auto prestárselo al comité, fue un engaño para que el Registrador expidiera la certificación del proyecto. Eso se llama inducción en error. La Ley dice que el que induzca en error a un servidor público a fin de que produzca providencia o acto contrario de derecho, incurrirá en varias sanciones. Si el Registrador hubiera sabido desde el principio la verdad, no les da ninguna certificación.
Semana.com: Usted ha entutelado al Fiscal, ha hecho varias diligencias y denuncias. ¿Cuál es su interés de echar por tierra un proyecto que respaldan varios millones de firmas?
G.N.: Primero que todo, no son cinco millones de firmas, como han dicho. Las firmas que validó el Registrador son 3 millones 890 mil.
En segundo lugar, mi formación ha sido jurídica, he sido abogado y profesor de derecho penal. Me gusta que la Ley se cumpla. Es más, en mi condición de servidor público, la Ley me impone la obligación de denunciar los hechos punibles de que tenga conocimiento. Si no lo hago incurro en un abuso de autoridad por omisión de denuncia. Es imperativo de la Ley.
Tercero: no me gustan las reelecciones de quien tiene el poder para hacer donaciones, para hacer obras públicas. No me gustan las dictaduras. No me gusta que se engañe al pueblo para hablarle de una democracia cuando todas estas maniobras fraudulentas lo que hacen es darle visos de constitucionalidad a lo que es una dictadura.
Cuarto: Aquí se engaña a la gente diciéndole que el número de firmas es lo único importante, y no es así. Uno tiene que estudiar también el origen de esas firmas. Supóngase que esas firmas se hubieran obtenido amenazando a la gente con un arma, a nadie le cabría en la cabeza validarlas. Ahora, si las firmas se consiguieron comprándolas, tampoco. Puede que muchas personas hubieran firmado, pero si hubiesen sabido lo que estaba pasando no firman.
Semana.com: ¿Cuál cree que será el futuro del referendo en el Senado?
G.N.: La fuerza uribista es de tal magnitud que se convierte en algo irracional. No les importa (a los uribistas) aprobar algo sin mirar lo que hay detrás, con tal de cumplir las órdenes del jefe.
Semana.com: ¿Cómo ha visto la actuación de la Fiscalía frente a las investigaciones que usted ha denunciado?
G.N.: Permítame plagiar al señor Procurador: tengo una duda razonable frente al comportamiento del señor Fiscal en este caso. Porque yo presenté una denuncia en una oficina de reparto, como cualquier ciudadano, preciso el tipo de delito: fraude procesal, y señalo a los autores.
La Fiscal asignada comienza a trabajar. Esta señora fijó la fecha para audiencia de imputación de cargos contra los promotores del referendo. Pero el 12 de febrero le quitaron la investigación. El Fiscal Iguarán le entregó la investigación al fiscal José Edgar Collazos, de quien sé que es bastante amigo del Fiscal y del abogado del señor Luis Guillermo Giraldo (cerebro del referendo reeleccionista), que es el doctor Jaime Bernal Cuéllar. Yo pregunto por qué el cambio de fiscal y las demoras en la investigación, y la respuesta que me dan es que están haciendo unas diligencias reservadas.
Semana.com: ¿y por qué no acude al Procurador?
G.N.: Por lo mismo, porque tengo una duda razonable frente a estas instituciones.
Semana.com: En 2004, usted también denunció ante la Corte Suprema las reuniones entre ministros y congresistas, en las que posiblemente se fraguaron componendas para favorecer el proyecto de reelección…
G.N.: Inicialmente hubo quienes se mofaron de la denuncia. Un periodista dijo que ese parecía un buen libreto de televisión hecho por mi hermano Mauricio. No era un libreto, era la verdad contada con sencillas palabras. La presencia de los ministros en la oficina de Teodolindo yo la denuncié ahí. Aquí, en mi oficina, los trajimos para preguntarles por qué estaban encerrados. De manera que la presencia de los ministros en la oficina está más que demostrada como indicio. Pero tengo mi duda razonable con la suerte de ese caso, en el que Yidis ya aceptó el cohecho y los demás están disfrutando de las mieles del poder.
Semana.com: ¿Qué otra denuncia está preparando?
G.N.: Estoy trabajando en algunas cosas. Cuando las tenga claras les diré.
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lunes, 13 de julio de 2009
Procuraduría pide condena contra el ex congresista Teodolindo Avendaño
Para el Ministerio Público hay certeza de que el acusado recibió dinero a cambio de ausentarse de la votación de la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial.
De hecho, para el organismo de control el congresista debe responder, además del cohecho propio, por el de enriquecimiento ilícito.
Este último delito se habría configurado por el pago de varios cientos de millones de pesos a cambio de una Notaría.
"Hay certeza total de que los hechos ocurrieron y el congresista fue el autor de ellos", dijo el agente de la Procuraduría durante la audiencia que se efectúa en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En la misma audiencia, la Corte aceptó la renuncia del abogado Pablo Salah como defensor de Avendaño. Sin embargo, deberá seguir representándolo mientras se nombra uno nuevo.
No hubo conciliación
De ortro lado, el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, y Yidis Medina, se vieron hoy las caras en el despacho del Fiscal General pero no llegaron a ningún acuerdo por el pleito que tienen.
La audiencia de conciliación por las acusaciones del funcionario contra la ex parlamentaria no se llevó a cabo, porque no asistió a la diligencia el abogado de Yidis Medina, Ramón Ballesteros.
La ex representante había denunciado al titular de la cartera de la protección por unas declaraciones en las que la tildó de loca.
La Fiscalía anunció que en próximos días los citará nuevamente con miras a que lleguen a un acuerdo.
Publicado en
www.eltiempo.com
De hecho, para el organismo de control el congresista debe responder, además del cohecho propio, por el de enriquecimiento ilícito.
Este último delito se habría configurado por el pago de varios cientos de millones de pesos a cambio de una Notaría.
"Hay certeza total de que los hechos ocurrieron y el congresista fue el autor de ellos", dijo el agente de la Procuraduría durante la audiencia que se efectúa en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En la misma audiencia, la Corte aceptó la renuncia del abogado Pablo Salah como defensor de Avendaño. Sin embargo, deberá seguir representándolo mientras se nombra uno nuevo.
No hubo conciliación
De ortro lado, el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, y Yidis Medina, se vieron hoy las caras en el despacho del Fiscal General pero no llegaron a ningún acuerdo por el pleito que tienen.
La audiencia de conciliación por las acusaciones del funcionario contra la ex parlamentaria no se llevó a cabo, porque no asistió a la diligencia el abogado de Yidis Medina, Ramón Ballesteros.
La ex representante había denunciado al titular de la cartera de la protección por unas declaraciones en las que la tildó de loca.
La Fiscalía anunció que en próximos días los citará nuevamente con miras a que lleguen a un acuerdo.
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lunes, 23 de febrero de 2009
Entrevista a Gina Parody.
¿Qué tan peleada salió con el Presidente?
Parody afirma que su ruptura con el presidente Uribe comenzó cuando él no quiso apoyar la silla vacía para sacar los votos de los 'paras' del Congreso.
María Isabel Rueda: Senadora... Perdón. Ex senadora... ¿Usted hoy es antiuribista?
Gina Parody: Trato de ser lo menos antiuribista que pueda. A él solo le debo agradecimiento porque me permitió soñar. El término apropiado no es antiuribista, sino no uribista, aunque algunos quieran confundir estas dos posturas. Lo que pasa es que como me dijo una vez Vladdo, delante de los uribistas no se puede hablar ni mal de Uribe, ni bien de Uribe.
De Uribe tampoco se puede hablar con los antiuribistas por las mismas razones. La parte buena les parece inaudita. La mala, insuficiente...
(Risas) Es verdad.
¿Qué tan peleada sale con el Presidente?
No tengo peleas personales y menos con el presidente Uribe. Pero sí creo que hay que pelear por las convicciones. Salgo no uribista, y eso significa que aunque no voy a apoyarlo, tampoco le voy a hacer oposición o a obstaculizarle sus proyectos de reelección. Me hago a un lado. Si la ley de la vida y su única constante es el cambio, mi salida hace parte del cambio.
Usted chateaba con el Presidente desde las cuatro de la mañana. ¿Cuál fue el punto de ruptura de esa relación excepcional?
Cuando con el fracaso de la reforma política no fuimos capaces de enviar el mensaje de que el delito no paga. Él colaboró con ese fracaso. No quiso apoyar la silla vacía para sacar los votos de los paramilitares del Congreso.
En sus primeras declaraciones después de su salida ha utilizado innumerables veces la frase de que el proyecto político uribista mutó. ¿Mutó de qué a qué?
Comencé a apoyar su proyecto cuando Álvaro Uribe tenía en las encuestas un 2 por ciento de favoritismo. Entre otras cosas, porque usted me lo presentó, después de un foro económico con los demás precandidatos, en el que Uribe de lejos me pareció el mejor. Era una campaña soñadora e idealista. Fue tanto lo que me impresionó, que yo estudiaba en Nueva York, y me salí para ayudar a que lo eligieran. Consideré que era un acto patriótico conseguirle votos a esa persona.
¿Y en esa primera etapa nunca la desilusionó?
No. El cuadro de confianza que planeaba Uribe recuperar para los colombianos lo cumplió perfectamente. Después vino el proyecto de la primera reelección, en el que comienza lo que yo llamo su mutación, porque terminó armando una coalición con personas que tienen vínculos con la ilegalidad.
¿Cree que el Presidente es consciente de que para eso hizo pactos con el diablo?
No. Creo que el Presidente es inconsciente de que esté mal rodeado. Pero, además, este comenzó siendo un proyecto pluralista, y hoy la persona que piense distinto inmediatamente es catalogada como un enemigo antiuribista. De ese proyecto pluralista saltamos a uno que exige el unanimismo. Se pasó del respeto por la oposición a la eliminación del enemigo. De la supremacía de la Constitución a la decisión aparentemente democrática de perpetuarse en el poder cediendo a la tentación humana.
¿Cree que la coalición de Gobierno que hoy apoya al Presidente es un monstruo mutante?
Monstruo no. Pero sí una aplanadora sin pesos y contrapesos. Uno de ellos era la ley, que ya han demostrado que se pueden saltar. Y otro era el Presidente, que en vez de freno puso un acelerador al ponerle su propia firma al decreto en el que convocó a sesiones extras al Congreso, para que aprobara el referendo.
¿Significa que de prosperar la segunda reelección de Uribe vamos hacia un proyecto totalitario?
¡Ojalá no lleguemos a eso! Le voy a decir una frase de Montesquieu que ilustra el momento: "cuando un gobierno dura mucho tiempo se descompone poco a poco y sin notarlo".
¿Cree que la 'Yidispolítica' pasó tal y como dice la Corte Suprema que lo hizo?
La prueba es que tenemos condenados.
Pero eso se produjo debajo de las narices de otros congresistas, entre otros usted...
En mi época en el Congreso jamás me ofrecieron nada para que cambiara mi voto. Incluso se aguantaron mis disidencias en temas como la Ley de Justicia y Paz y la Reforma Política. Comencé a sentir por primera vez la distancia del Presidente cuando me opuse a su proyecto de reelección.
Ha dicho que su decisión de irse del Congreso no implica un retiro definitivo de la política...
Definitivo nunca. Temporal sí, en lo que por ahora implique cualquier proyecto partidista.
Sé que le han ofrecido columnas y espacios radiales en medios muy importantes ¿Va a aceptar?
Todo me suena. Vibro con la política y cualquiera de estos ofrecimientos es una herramienta atractiva para seguir haciendo presencia política. Pero a corto plazo, mientras se resuelve el proceso electoral del 2010, me mantendré al margen para no obstaculizar al Presidente y más bien me dedicaré a estudiar para prepararme mejor.
Prepararse mejor, ¿para hacer qué?
Para hacer política desde donde pueda hacerlo.
¿Por ejemplo para ser Alcaldesa de Bogotá?
No antes del 2010.
Si Uribe no estuviera en el juego electoral, ¿a cuál de los otros candidatos estaría apoyando para sucederlo?
No veo posible un escenario electoral sin Uribe. Entiendo que el uribismo hará todo lo que esté a su alcance para que eso no pase. Si la política es el arte de usar medios limitados para sacar resultados extraordinarios, aquí estamos ante todo lo contrario: utilizar medios extraordinarios para lograr fines limitados. Me queda bien difícil pensar en un escenario en el que Álvaro Uribe no esté, salvo porque él mismo decida no estar.
No necesariamente la decisión está en sus manos. La Corte Constitucional podría (y debería) tumbar ese esperpento de referendo.
Es cierto que la Corte podría tumbar el referendo. Pero la coalición uribista tiene varios mecanismos en sus manos, como el acto legislativo de la reforma política, para colgarle la reelección. Y si no es ese, habrá otros.
Como yo sí creo que el referendo se cae, entonces le pido que hagamos el esfuerzo de apreciar cuál sería el escenario electoral sin Uribe. ¿Quiénes de los que están aspirando le gustan?
Muchos. Colombia, a diferencia de otros países, está lleno de líderes políticos.
A ver: le menciono en desorden los que están sonando, y usted me los define con su principal cualidad y defecto. ¿Sergio Fajardo?
Es transparente, pero lo mata la vanidad.
¿Juan Manuel Santos?
Es gerencial. Su defecto, seguir ahí.
¿Gustavo Petro?
Es inteligentísimo, pero no ve la gama de grises.
¿Germán Vargas?
Es astuto, pero a veces demasiado astuto.
¿Lucho Garzón?
Es entrador, pero sale rápido.
¿Marta Lucía Ramírez?
Es disciplinada, pero muy intensa.
¿Noemí Sanín?
Muy carismática, pero calcula demasiado sus riesgos, si no ya estaría aquí jugándosela.
¿Piedad?
Es muy coherente ideológicamente, pero demasiado impulsiva.
¿Cecilia López?
Sobrada en academia, pero arrebatada.
Óscar Iván Zuluaga?
Es juicioso, pero demasiado conciliador.
¿Andrés Felipe Arias?
Tiene la ventaja de ser muy Uribito. Y la desventaja de ser muy uribito. Como dice el dicho "dale poder a un hombre... y lo conocerás".
¿Rafael Pardo?
Brillante, pero no comunica en público. Le toca exponerse más.
¿Alfonso Gómez?
Su memoria es a la vez su principal cualidad y su principal defecto. Creo que eso ya se lo había dicho Ernesto Samper.
¿Cuál fue su día más feliz en el Congreso y el más difícil?
El más feliz, el día en el que aprobaron mi ley de infancia. El más frustrante, el día en el que se hundió la reforma política.
¿Qué le produce nostalgia de los días en los que era la consentida de Palacio?
La amistad y el apoyo de Lina. Ella siempre tiene el corazón en la cabeza.
¿El Presidente debió quedar sorprendido con su renuncia o de alguna manera se la debía estar esperando?
El Presidente me hizo políticamente, él lo dice por todos lados y yo le doy la razón. Y me enseñó que un político piensa en las próximas elecciones y un estadista en las próximas generaciones. Si eso cambió, entonces debía suponer mi distancia.
Un consejo del Presidente que siempre llevará consigo...
Soñar, y madrugar para hacer los sueños realidad.
¿Algún consejo del Presidente que no se llevará?
Que hay que aprovechar que voten los congresistas mientras no estén en la cárcel.
¿Ve tan peligrosa para el país la segunda reelección de Uribe, hasta para llevarla a renunciar al Congreso y al Partido, o estará exagerando?
Yo la veo muuuuuy peligrosa. Y acá tenemos una divergencia de principios democráticos. Los que apoyan la reelección la ven como una profundización de la democracia, pero yo creo en cambio que le estamos clavando una daga en el corazón. No es una discusión de buenos y malos, sino de posturas y convicciones ideológicas. Por ejemplo, si la filósofa alemana Hannah Arendt estuviera viva, diría que este es el origen del totalitarismo.
María Isabel Rueda
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
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El Tiempo
Parody afirma que su ruptura con el presidente Uribe comenzó cuando él no quiso apoyar la silla vacía para sacar los votos de los 'paras' del Congreso.
María Isabel Rueda: Senadora... Perdón. Ex senadora... ¿Usted hoy es antiuribista?
Gina Parody: Trato de ser lo menos antiuribista que pueda. A él solo le debo agradecimiento porque me permitió soñar. El término apropiado no es antiuribista, sino no uribista, aunque algunos quieran confundir estas dos posturas. Lo que pasa es que como me dijo una vez Vladdo, delante de los uribistas no se puede hablar ni mal de Uribe, ni bien de Uribe.
De Uribe tampoco se puede hablar con los antiuribistas por las mismas razones. La parte buena les parece inaudita. La mala, insuficiente...
(Risas) Es verdad.
¿Qué tan peleada sale con el Presidente?
No tengo peleas personales y menos con el presidente Uribe. Pero sí creo que hay que pelear por las convicciones. Salgo no uribista, y eso significa que aunque no voy a apoyarlo, tampoco le voy a hacer oposición o a obstaculizarle sus proyectos de reelección. Me hago a un lado. Si la ley de la vida y su única constante es el cambio, mi salida hace parte del cambio.
Usted chateaba con el Presidente desde las cuatro de la mañana. ¿Cuál fue el punto de ruptura de esa relación excepcional?
Cuando con el fracaso de la reforma política no fuimos capaces de enviar el mensaje de que el delito no paga. Él colaboró con ese fracaso. No quiso apoyar la silla vacía para sacar los votos de los paramilitares del Congreso.
En sus primeras declaraciones después de su salida ha utilizado innumerables veces la frase de que el proyecto político uribista mutó. ¿Mutó de qué a qué?
Comencé a apoyar su proyecto cuando Álvaro Uribe tenía en las encuestas un 2 por ciento de favoritismo. Entre otras cosas, porque usted me lo presentó, después de un foro económico con los demás precandidatos, en el que Uribe de lejos me pareció el mejor. Era una campaña soñadora e idealista. Fue tanto lo que me impresionó, que yo estudiaba en Nueva York, y me salí para ayudar a que lo eligieran. Consideré que era un acto patriótico conseguirle votos a esa persona.
¿Y en esa primera etapa nunca la desilusionó?
No. El cuadro de confianza que planeaba Uribe recuperar para los colombianos lo cumplió perfectamente. Después vino el proyecto de la primera reelección, en el que comienza lo que yo llamo su mutación, porque terminó armando una coalición con personas que tienen vínculos con la ilegalidad.
¿Cree que el Presidente es consciente de que para eso hizo pactos con el diablo?
No. Creo que el Presidente es inconsciente de que esté mal rodeado. Pero, además, este comenzó siendo un proyecto pluralista, y hoy la persona que piense distinto inmediatamente es catalogada como un enemigo antiuribista. De ese proyecto pluralista saltamos a uno que exige el unanimismo. Se pasó del respeto por la oposición a la eliminación del enemigo. De la supremacía de la Constitución a la decisión aparentemente democrática de perpetuarse en el poder cediendo a la tentación humana.
¿Cree que la coalición de Gobierno que hoy apoya al Presidente es un monstruo mutante?
Monstruo no. Pero sí una aplanadora sin pesos y contrapesos. Uno de ellos era la ley, que ya han demostrado que se pueden saltar. Y otro era el Presidente, que en vez de freno puso un acelerador al ponerle su propia firma al decreto en el que convocó a sesiones extras al Congreso, para que aprobara el referendo.
¿Significa que de prosperar la segunda reelección de Uribe vamos hacia un proyecto totalitario?
¡Ojalá no lleguemos a eso! Le voy a decir una frase de Montesquieu que ilustra el momento: "cuando un gobierno dura mucho tiempo se descompone poco a poco y sin notarlo".
¿Cree que la 'Yidispolítica' pasó tal y como dice la Corte Suprema que lo hizo?
La prueba es que tenemos condenados.
Pero eso se produjo debajo de las narices de otros congresistas, entre otros usted...
En mi época en el Congreso jamás me ofrecieron nada para que cambiara mi voto. Incluso se aguantaron mis disidencias en temas como la Ley de Justicia y Paz y la Reforma Política. Comencé a sentir por primera vez la distancia del Presidente cuando me opuse a su proyecto de reelección.
Ha dicho que su decisión de irse del Congreso no implica un retiro definitivo de la política...
Definitivo nunca. Temporal sí, en lo que por ahora implique cualquier proyecto partidista.
Sé que le han ofrecido columnas y espacios radiales en medios muy importantes ¿Va a aceptar?
Todo me suena. Vibro con la política y cualquiera de estos ofrecimientos es una herramienta atractiva para seguir haciendo presencia política. Pero a corto plazo, mientras se resuelve el proceso electoral del 2010, me mantendré al margen para no obstaculizar al Presidente y más bien me dedicaré a estudiar para prepararme mejor.
Prepararse mejor, ¿para hacer qué?
Para hacer política desde donde pueda hacerlo.
¿Por ejemplo para ser Alcaldesa de Bogotá?
No antes del 2010.
Si Uribe no estuviera en el juego electoral, ¿a cuál de los otros candidatos estaría apoyando para sucederlo?
No veo posible un escenario electoral sin Uribe. Entiendo que el uribismo hará todo lo que esté a su alcance para que eso no pase. Si la política es el arte de usar medios limitados para sacar resultados extraordinarios, aquí estamos ante todo lo contrario: utilizar medios extraordinarios para lograr fines limitados. Me queda bien difícil pensar en un escenario en el que Álvaro Uribe no esté, salvo porque él mismo decida no estar.
No necesariamente la decisión está en sus manos. La Corte Constitucional podría (y debería) tumbar ese esperpento de referendo.
Es cierto que la Corte podría tumbar el referendo. Pero la coalición uribista tiene varios mecanismos en sus manos, como el acto legislativo de la reforma política, para colgarle la reelección. Y si no es ese, habrá otros.
Como yo sí creo que el referendo se cae, entonces le pido que hagamos el esfuerzo de apreciar cuál sería el escenario electoral sin Uribe. ¿Quiénes de los que están aspirando le gustan?
Muchos. Colombia, a diferencia de otros países, está lleno de líderes políticos.
A ver: le menciono en desorden los que están sonando, y usted me los define con su principal cualidad y defecto. ¿Sergio Fajardo?
Es transparente, pero lo mata la vanidad.
¿Juan Manuel Santos?
Es gerencial. Su defecto, seguir ahí.
¿Gustavo Petro?
Es inteligentísimo, pero no ve la gama de grises.
¿Germán Vargas?
Es astuto, pero a veces demasiado astuto.
¿Lucho Garzón?
Es entrador, pero sale rápido.
¿Marta Lucía Ramírez?
Es disciplinada, pero muy intensa.
¿Noemí Sanín?
Muy carismática, pero calcula demasiado sus riesgos, si no ya estaría aquí jugándosela.
¿Piedad?
Es muy coherente ideológicamente, pero demasiado impulsiva.
¿Cecilia López?
Sobrada en academia, pero arrebatada.
Óscar Iván Zuluaga?
Es juicioso, pero demasiado conciliador.
¿Andrés Felipe Arias?
Tiene la ventaja de ser muy Uribito. Y la desventaja de ser muy uribito. Como dice el dicho "dale poder a un hombre... y lo conocerás".
¿Rafael Pardo?
Brillante, pero no comunica en público. Le toca exponerse más.
¿Alfonso Gómez?
Su memoria es a la vez su principal cualidad y su principal defecto. Creo que eso ya se lo había dicho Ernesto Samper.
¿Cuál fue su día más feliz en el Congreso y el más difícil?
El más feliz, el día en el que aprobaron mi ley de infancia. El más frustrante, el día en el que se hundió la reforma política.
¿Qué le produce nostalgia de los días en los que era la consentida de Palacio?
La amistad y el apoyo de Lina. Ella siempre tiene el corazón en la cabeza.
¿El Presidente debió quedar sorprendido con su renuncia o de alguna manera se la debía estar esperando?
El Presidente me hizo políticamente, él lo dice por todos lados y yo le doy la razón. Y me enseñó que un político piensa en las próximas elecciones y un estadista en las próximas generaciones. Si eso cambió, entonces debía suponer mi distancia.
Un consejo del Presidente que siempre llevará consigo...
Soñar, y madrugar para hacer los sueños realidad.
¿Algún consejo del Presidente que no se llevará?
Que hay que aprovechar que voten los congresistas mientras no estén en la cárcel.
¿Ve tan peligrosa para el país la segunda reelección de Uribe, hasta para llevarla a renunciar al Congreso y al Partido, o estará exagerando?
Yo la veo muuuuuy peligrosa. Y acá tenemos una divergencia de principios democráticos. Los que apoyan la reelección la ven como una profundización de la democracia, pero yo creo en cambio que le estamos clavando una daga en el corazón. No es una discusión de buenos y malos, sino de posturas y convicciones ideológicas. Por ejemplo, si la filósofa alemana Hannah Arendt estuviera viva, diría que este es el origen del totalitarismo.
María Isabel Rueda
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
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El Tiempo
miércoles, 4 de febrero de 2009
Acusan de fraude al Comité por el referendo para reelección
Política Según una denuncia hecha por el representante Germán Navas ante la Fiscalía, la Asociación Colombia Primero sí recaudó dinero con el fin de impulsar el referendo.
La primera denuncia penal por el delito de fraude procesal contra los promotores del referendo de la reelección, encabezado por el ex secretario del partido de la U, Luis Guillermo Giraldo, fue instaurada este jueves por el representante del Polo Democrático, Germán Navas Talero.
Según el Representante que hizo la denuncia formal ante la Fiscalía, los promotores del referendo evadieron los topes de donaciones que impone la ley para este fin y trataron de engañar a la Registraduría General de la Nación para que avalara el referendo.
Según Navas la Asociación Colombia Primero recaudaba fondos con el fin específico de financiar la campaña de recolección de firmas a favor del referendo.
“La tramoya se cayó y ahora se sabe cómo los promotores del referendo obtuvieron dineros para cubrir los gastos exorbitantes de la recolección de firmas”, dice Navas en su denuncia.
Los promotores del referendo han negado que esto sea así, y han alegado que el dinero que recibió el Comité promotor del referendo de Colombia Primero fue en calidad de préstamo, sustentado por un supuesto pagaré.
Sin embargo, Navas hoy sustenta su acusación en un acta oficial del Consejo Central de Colombia Primero, fechada el 28 de abril de 2008, que muestra que esta Asociación sí se puso como meta recaudar estos fondos para el referendo.
“El Consejo Central de la Asociación Colombia Primero resuelve: primero: se autoriza la recepción de donaciones para financiar el apoyo de la iniciativa popular que permita la segunda reelección...”, dice el acta firmada por el presidente de la Asociación, Luis Guillermo Giraldo (también cabeza del Comité promotor del referendo) y Juan Carlos Salazar, secretario de la Asociación.
En la misma acta se autoriza recibir 305 millones de pesos de cinco donantes, Intersec Ltda., Interactiva S.A., Inversiones Zarate Gutierrez &Cia., Organización Ardila Lule y Colpatria S.A.
Igualmente durante esa reunión de Colombia Primero se reforman los estatutos para permitirle al presidente de la asociación hacer contrataciones por hasta 1000 salarios mínimos (unos 4.700 millones de pesos), pues “la cuantía de cincuenta salarios mínimos legales es muy baja”, según queda consignado en el acta.
“Colombia Primero recibía donaciones muy por encima de lo permitido en las leyes electorales, muchas de ellas de contratistas del Estado, pero que no se inhabilitaban por cuanto esta fundación hacía unos juegos contables para aparecer prestándole a los promotores del referendo que altruistas uribistas le habían dado a la fundación”, escribe Navas en su denuncia ante la fiscalía.
En total, el Comité del referendo recaudó para la recolección de firmas más de 2 mil millones de pesos cuando el tope fijado por el Consejo Nacional Electoral en la resolución 067 del 30 de enero del 2008 fue de 334 millones de pesos.
Los promotores del referendo han dicho que no existía cercanía alguna entre Colombia Primero y el Comité Promotor del Referendo. Sin embargo, seis de los nueve miembros del Comité Promotor pertenecen al Consejo Directivo de Colombia Primero y el gerente del Comité del referendo, Luis Guillermo Giraldo, es el mismo representante legal de Colombia Primero.
“Estoy convencido que con esta maniobra artificial sólo quería buscarse encubrir a los verdaderos donantes de la campaña del referendo haciendo aparecer como un pasivo lo que habían sido donaciones para este fin, pasivo que debía ser cubierto, quién sabe cuando por el comité de promotores”, le dice Navas al fiscal en la denuncia
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La primera denuncia penal por el delito de fraude procesal contra los promotores del referendo de la reelección, encabezado por el ex secretario del partido de la U, Luis Guillermo Giraldo, fue instaurada este jueves por el representante del Polo Democrático, Germán Navas Talero.
Según el Representante que hizo la denuncia formal ante la Fiscalía, los promotores del referendo evadieron los topes de donaciones que impone la ley para este fin y trataron de engañar a la Registraduría General de la Nación para que avalara el referendo.
Según Navas la Asociación Colombia Primero recaudaba fondos con el fin específico de financiar la campaña de recolección de firmas a favor del referendo.
“La tramoya se cayó y ahora se sabe cómo los promotores del referendo obtuvieron dineros para cubrir los gastos exorbitantes de la recolección de firmas”, dice Navas en su denuncia.
Los promotores del referendo han negado que esto sea así, y han alegado que el dinero que recibió el Comité promotor del referendo de Colombia Primero fue en calidad de préstamo, sustentado por un supuesto pagaré.
Sin embargo, Navas hoy sustenta su acusación en un acta oficial del Consejo Central de Colombia Primero, fechada el 28 de abril de 2008, que muestra que esta Asociación sí se puso como meta recaudar estos fondos para el referendo.
“El Consejo Central de la Asociación Colombia Primero resuelve: primero: se autoriza la recepción de donaciones para financiar el apoyo de la iniciativa popular que permita la segunda reelección...”, dice el acta firmada por el presidente de la Asociación, Luis Guillermo Giraldo (también cabeza del Comité promotor del referendo) y Juan Carlos Salazar, secretario de la Asociación.
En la misma acta se autoriza recibir 305 millones de pesos de cinco donantes, Intersec Ltda., Interactiva S.A., Inversiones Zarate Gutierrez &Cia., Organización Ardila Lule y Colpatria S.A.
Igualmente durante esa reunión de Colombia Primero se reforman los estatutos para permitirle al presidente de la asociación hacer contrataciones por hasta 1000 salarios mínimos (unos 4.700 millones de pesos), pues “la cuantía de cincuenta salarios mínimos legales es muy baja”, según queda consignado en el acta.
“Colombia Primero recibía donaciones muy por encima de lo permitido en las leyes electorales, muchas de ellas de contratistas del Estado, pero que no se inhabilitaban por cuanto esta fundación hacía unos juegos contables para aparecer prestándole a los promotores del referendo que altruistas uribistas le habían dado a la fundación”, escribe Navas en su denuncia ante la fiscalía.
En total, el Comité del referendo recaudó para la recolección de firmas más de 2 mil millones de pesos cuando el tope fijado por el Consejo Nacional Electoral en la resolución 067 del 30 de enero del 2008 fue de 334 millones de pesos.
Los promotores del referendo han dicho que no existía cercanía alguna entre Colombia Primero y el Comité Promotor del Referendo. Sin embargo, seis de los nueve miembros del Comité Promotor pertenecen al Consejo Directivo de Colombia Primero y el gerente del Comité del referendo, Luis Guillermo Giraldo, es el mismo representante legal de Colombia Primero.
“Estoy convencido que con esta maniobra artificial sólo quería buscarse encubrir a los verdaderos donantes de la campaña del referendo haciendo aparecer como un pasivo lo que habían sido donaciones para este fin, pasivo que debía ser cubierto, quién sabe cuando por el comité de promotores”, le dice Navas al fiscal en la denuncia
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Formulan pliego de cargos a ministro Diego Palacios y a embajador Sabas Pretelt
El embajador Sabas Pretelt a su salida de la Procuraduría el pasado mes de mayo, después de declarar en el proceso de la 'yidispolítica'.
La medida de la Procuraduría también afecta al ex viceministro del Interior, Hernando Angarita, y el ex representante a la Cámara Teodolindo Avendaño.
A cinco días de entregar su cargo -y cuando el país está pendiente del fallo de la Procuraduría en el caso de las acusaciones de Yidis Medina sobre el trámite del proyecto de reelección en el 2004- el procurador Edgardo Maya formuló pliego de cargos contra ellos y contra el ex representante Teodolindo Avendaño porque éste supuestamente recibió una notaría por haber ayudado a la aprobación de la reelección.
La acusación disciplinaria dice que Pretelt y Angarita, en su calidad de jefes del Ministerio del Interior, habrían ofrecido "la vinculación de recomendados del señor Avendaño a la administración pública con ocasión del trámite del proyecto de reelección, lo que se hizo a través de la vinculación como notario del señor Luis Camilo O'meara Riveira".
O'meara es el notario 67 de Bogotá y Yidis (ya condenada por esos hechos), dice que ella medió para que Avendaño recibiera plata por ese despacho, que supuestamente le fue asignado por altos funcionarios tras la aprobación de la reelección.
La Procuraduría dice que Teodolindo habría incurrido en el delito de cohecho propio -el mismo que lo tiene preso por orden de la Corte Suprema de Justicia-, "al haber recibido utilidad y promesa remuneratoria para omitir un acto propio de su cargo, como fue haberse retirado de la discusión y votación del proyecto de reforma de Acto Legislativo, garantizando con ello la aprobación del mismo".
Cargos por filtración
Al ministro de la Protección, Diego Palacio, la Procuraduría lo cuestiona por haber revelado, en una rueda de prensa en la Casa de Nariño, apartes de una declaración reservada que la ex congresista dio en un proceso.
"El señor Palacio, amparado en su condición de sujeto procesal, solicitó y obtuvo copias de la versión libre rendida por la ex congresista Yidis Medina en otro proceso también cobijado con reserva -dice el pliego de cargos (...) Copias que posteriormente dio a conocer a los medios, para lo cual, haciendo uso de su investidura, convocó una rueda de prensa en la Casa de Nariño".
A la Procuraduría le llama la atención que en esa declaración aparecían teléfonos de Yidis que, después, fueron "citados por el señor presidente Álvaro Uribe Vélez como aquellos números desde los cuales se habrían realizado llamadas de presión al señor Tomás Uribe, hijo del Presidente de la República".
Palacio, Pretelt y Angarita ya tenían pliego de cargos por las acusaciones de Yidis y están pendientes de la decisión que tome la Procuraduría.
Explicaciones de Diego Palacio
El ministro de la Protección, Diego Palacio, le dijo anoche a EL TIEMPO que recibe tranquilo la decisión de la Procuraduría, pues no lo vincula con los cargos contra Avendaño por cohecho; y porque -dice- puede explicar las conductas que le reprochan.
Sobre la violación a la reserva al suministrar uno de los teléfonos usados por Yidis Medina, dice que se trata de un dato público que ella misma había mencionado para desmentir al Presidente.
En cuanto a la negativa de entregarle información pública no reservada al abogado Ramiro Bejarano, manifiesta que inicialmente se le pidió consignar el valor de las copias (medida prevista en la Ley) pero que luego se le entregó sin problema.
El pliego de cargos también señala que Palacio habría abusado de su jerarquía al ordenar a la Secretaria Privada y a la Jefa de Comunicaciones del Ministerio "realizar acciones ante los medios y en la Procuraduría ajenas a sus funciones y relacionadas con sus procesos disciplinarios". Pero Palacio argumenta que el material solicitado era para debates políticos y no para su defensa individual. La Procuraduría tiene la última palabra
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La medida de la Procuraduría también afecta al ex viceministro del Interior, Hernando Angarita, y el ex representante a la Cámara Teodolindo Avendaño.
A cinco días de entregar su cargo -y cuando el país está pendiente del fallo de la Procuraduría en el caso de las acusaciones de Yidis Medina sobre el trámite del proyecto de reelección en el 2004- el procurador Edgardo Maya formuló pliego de cargos contra ellos y contra el ex representante Teodolindo Avendaño porque éste supuestamente recibió una notaría por haber ayudado a la aprobación de la reelección.
La acusación disciplinaria dice que Pretelt y Angarita, en su calidad de jefes del Ministerio del Interior, habrían ofrecido "la vinculación de recomendados del señor Avendaño a la administración pública con ocasión del trámite del proyecto de reelección, lo que se hizo a través de la vinculación como notario del señor Luis Camilo O'meara Riveira".
O'meara es el notario 67 de Bogotá y Yidis (ya condenada por esos hechos), dice que ella medió para que Avendaño recibiera plata por ese despacho, que supuestamente le fue asignado por altos funcionarios tras la aprobación de la reelección.
La Procuraduría dice que Teodolindo habría incurrido en el delito de cohecho propio -el mismo que lo tiene preso por orden de la Corte Suprema de Justicia-, "al haber recibido utilidad y promesa remuneratoria para omitir un acto propio de su cargo, como fue haberse retirado de la discusión y votación del proyecto de reforma de Acto Legislativo, garantizando con ello la aprobación del mismo".
Cargos por filtración
Al ministro de la Protección, Diego Palacio, la Procuraduría lo cuestiona por haber revelado, en una rueda de prensa en la Casa de Nariño, apartes de una declaración reservada que la ex congresista dio en un proceso.
"El señor Palacio, amparado en su condición de sujeto procesal, solicitó y obtuvo copias de la versión libre rendida por la ex congresista Yidis Medina en otro proceso también cobijado con reserva -dice el pliego de cargos (...) Copias que posteriormente dio a conocer a los medios, para lo cual, haciendo uso de su investidura, convocó una rueda de prensa en la Casa de Nariño".
A la Procuraduría le llama la atención que en esa declaración aparecían teléfonos de Yidis que, después, fueron "citados por el señor presidente Álvaro Uribe Vélez como aquellos números desde los cuales se habrían realizado llamadas de presión al señor Tomás Uribe, hijo del Presidente de la República".
Palacio, Pretelt y Angarita ya tenían pliego de cargos por las acusaciones de Yidis y están pendientes de la decisión que tome la Procuraduría.
Explicaciones de Diego Palacio
El ministro de la Protección, Diego Palacio, le dijo anoche a EL TIEMPO que recibe tranquilo la decisión de la Procuraduría, pues no lo vincula con los cargos contra Avendaño por cohecho; y porque -dice- puede explicar las conductas que le reprochan.
Sobre la violación a la reserva al suministrar uno de los teléfonos usados por Yidis Medina, dice que se trata de un dato público que ella misma había mencionado para desmentir al Presidente.
En cuanto a la negativa de entregarle información pública no reservada al abogado Ramiro Bejarano, manifiesta que inicialmente se le pidió consignar el valor de las copias (medida prevista en la Ley) pero que luego se le entregó sin problema.
El pliego de cargos también señala que Palacio habría abusado de su jerarquía al ordenar a la Secretaria Privada y a la Jefa de Comunicaciones del Ministerio "realizar acciones ante los medios y en la Procuraduría ajenas a sus funciones y relacionadas con sus procesos disciplinarios". Pero Palacio argumenta que el material solicitado era para debates políticos y no para su defensa individual. La Procuraduría tiene la última palabra
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miércoles, 14 de enero de 2009
Uribe la está embarrando
El gobierno finalmente destapó sus cartas sobre la segunda reelección. La forma como lo hizo no está dejando bien parado al Presidente.

Álvaro Uribe hasta hace poco tiempo había sido considerado un iluminado político. Con su cara de seminarista, su hablado lleno de diminutivos y su empaque de auténtico paisa, se ha ganado un puesto único en el corazón de los colombianos. Esa habilidad de ser cercano al pueblo lo ha convertido en el Presidente más popular de los últimos 50 años. Y la combinación de paternalismo, microgerencia y mano dura hicieron de él un fenómeno poco común: un Presidente tan querido por el pueblo como por la clase dirigente.
Pero todo eso ha venido cambiando gradualmente en los últimos días. La prolongada ambigüedad sobre su reelección ha disminuido el entusiasmo por la misma. Por otra parte, el desgaste que produce el ejercicio del poder durante ocho años comienza a hacer mella.
Uribe es todavía un Presidente muy popular, pero por lo menos la clase dirigente ya no lo ve como un genio político. Colombia ha sido tradicionalmente un país de instituciones, lo cual es considerado por la opinión calificada como un patrimonio nacional. La elite económica, política e intelectual rechaza el caudillismo, tan común en la mayoría de los países del continente. El concepto del hombre fuerte o providencial no ha tenido arraigo en el país. Para su primera reelección, el Presidente había logrado neutralizar este sentimiento anticaudillista con sus triunfos contra la guerrilla. A esto se sumaba el argumento generalizado de que un período único de cuatro años era demasiado corto y por lo tanto valía la pena una reforma constitucional que solucionara el problema.
Estas consideraciones no son válidas en lo que se refiere a la segunda reelección. La experiencia de los sistemas presidencialistas han demostrado que ocho años es un período de gobierno más adecuado que 12. Reformar la Constitución por segunda vez con nombre propio carece de todo sentido en términos institucionales. Su única justificación sería la del hombre providencial, con lo cual se estarían invocando factores emocionales del líder y de las masas, consideraciones totalmente ajenas a un Estado desarrollado contemporáneo. El hecho de que el presidente Hugo Chávez esté haciendo exactamente lo mismo ilustra aun más lo inconveniente de este fenómeno.
Hasta la semana pasada se podía argumentar que todos estos arrebatos reeleccionistas eran el producto de una corte de áulicos que auténticamente creían que Álvaro Uribe era un hombre irreemplazable para la Nación. El Presidente se hacía el desentendido, pero se esperaba que su realismo y su sentido de autocrítica no estuvieran comprometidos en esa aventura. Con la declaración del Ministro del Interior y de Justicia la semana pasada de que al gobierno le gustaba el referendo, esa esperanza se desvaneció.
Y también se desvaneció la majestad de la Presidencia por la forma como se sacó a la brava el decreto de convocatoria a sesiones extras del Congreso para volver realidad esa reelección. Siempre se había pensado que por simples razones de pudor político el Presidente no permitiría que se convocara a sesiones extraordinarias solamente para perpetuarse en el poder. El hecho de que se hiciera dejó en evidencia que la ambigüedad de Uribe sobre el tema no obedecía a una estrategia de gobernabilidad, transitoria como se había especulado, sino a un interés concreto de aferrarse al cargo.
Ese destape se hizo de una forma lamentable. Una reforma constitucional de esa envergadura debería ser objeto de un tratamiento digno de su estatura. Lo que se vio la semana pasada fue más el producto de una aprobación a pupitrazo por parte de unas mayorías autoritarias que de un consenso nacional. La pretensión de que el referendo era un acto de iniciativa popular hecho a las espaldas del Presidente quedó borrada. El referendo de Luis Guillermo Giraldo quedó convertido en el referendo del gobierno. Seis ministros estuvieron presentes en el Congreso respaldando la iniciativa. Se ubicaron como guardia pretoriana alrededor del presidente de la Cámara para controlar todas sus palabras y sus movimientos. Una asesora del secretario General de Presidencia, lista en mano, tomaba nota de los parlamentarios presentes. "Está aquí para contarle al doctor Bernardo Moreno si hemos votado o no para que de pronto el gobierno tome represalias contra nosotros", denunció un congresista. Y otras dos asesoras se ubicaron en la puerta para evitar que se escapara cualquier voto clave. La segunda reelección de Álvaro Uribe, que comenzó como la voluntad del constituyente primario, acabó convertida en un gol de la mayoría uribista en el Congreso arriada por el gobierno.
Lo sorprendente de todo este proceso es que tendría más sentido si la segunda reelección de Álvaro Uribe estuviera asegurada. Pero no lo está. Hasta ahora lo único que ha sucedido es que de los cuatro debates requeridos para darle vida al referendo, se aprobaron dos, los de la Cámara de Representantes. De ahí en adelante falta la aprobación en otros dos debates del Senado, uno en la comisión primera y otro en la plenaria. Además de eso, la certificación por parte del Consejo Nacional Electoral de que todos los trámites del proceso, incluida la financiación, se ajustan a la ley. Después de esto se requiere el aval jurídico de la Corte Constitucional. Y, como si fuera poco, luego hay que conseguir que 7,3 millones de colombianos voten para que Uribe tenga el derecho de presentarse a una segunda reelección.
Cada una de las anteriores etapas tiene obstáculos propios. La aprobación en los dos debates que faltan en el Senado será más difícil de obtener de lo que fue en la Cámara. En privado, la mayoría de los senadores de la coalición que apoyan la reelección en público, ya no cree en esta. Por otra parte, el certificado de pureza en el proceso del referendo que debe dar el Consejo Nacional Electoral no se ve nada fácil si se tiene en cuenta la falta de claridad en las cuentas. El magistrado encargado del caso ha detectado de manera preliminar triangulación en la contabilidad y poco respeto por los topes exigidos por la ley.
En la Corte Constitucional la situación no es menos complicada. Cada vez que un actual o futuro miembro expresa su apoyo a la Constitución de 1991 está implícitamente dejando claro que se opone a un tercer período de Álvaro Uribe. Y hasta ahora son pocos los magistrados que no han enviado este mensaje. Si bien el gobierno puede incidir en las decisiones de la Corte, su campo de acción es limitado frente al que tiene en el Congreso. La Corte sin duda tendrá magistrados uribistas, pero estos son conscientes de que la independencia de este organismo y el prestigio como jurista de cada uno de ellos dependerán de la forma como se defina ese asunto.
Además, para que la Corte le dé luz verde a la segunda reelección de Uribe tendría que cambiar la jurisprudencia de ese mismo organismo, según la cual para resguardar el equilibrio de poderes, sólo podría haber una reelección inmediata.
Y si se llega a esta penúltima etapa, queda el obstáculo de los 7.300.000 votos que hay que producir. No es evidente que haya ese número de uribistas dispuestos a salir a la calle ese día. Tal vez ayude un hecho hasta ahora no tenido en cuenta por la opinión y es que se está pensando en hacer coincidir el referendo de la reelección con los otros dos referendos que están sobre el tapete -el de la cadena perpetua para quienes abusen de los niños y el del derecho al agua potable-. Empaquetado con dos causas tan populares, el de la reelección podría lograr una mayor participación.
A todo lo anterior se suma el problema de 2014. Ni a las 4.300.000 personas que firmaron a favor del referendo, ni al propio Uribe, les interesa que éste se retire del poder en 2010 y que deje una puerta abierta, por si el país lo necesita en el futuro. Sin embargo, el texto del referendo quedó mal escrito y no es seguro que ese error pueda ser corregido. El gobierno va a tratar en los dos debates que se avecinan en el Senado de cambiar la fecha por la de 2010. Pero ese intento ya lo hizo en la Cámara y fracasó. Como la mayoría de los parlamentarios uribistas en el fondo ya no cree en la segunda reelección, la forma de quedar bien con Dios y con el diablo es apoyar el texto original que fue presentado para las firmas. Con esa fórmula se puede argumentar que si bien pudo haber sido un error, legalmente no se puede modificar lo que quedó aprobado. Y esa disculpa santanderista para atajar la reelección puede ser invocada no sólo por el Congreso sino también por la Corte Constitucional, varios de cuyos miembros tienen las mismas reservas de los parlamentarios uribistas.
La realidad es que el referendo está siendo tramitado a la brava y que buena parte de quienes lo está apoyando en el Congreso y en la Corte lo están haciendo más por razones de lealtad que de convicción. Y ese mismo escepticismo se extiende no sólo a los gremios económicos, sino a varios de los más importantes funcionarios de este gobierno. Personajes como Juan Manuel Santos, Noemí Sanín y Andrés Felipe Arias, quienes de dientes para afuera tienen que profesar su apoyo al tercer período, para sus adentros ruegan que la iniciativa fracase lo más pronto posible para lanzar sus candidaturas.
En la opinión pública la tendencia tampoco es muy favorable. Según la última encuesta de Gallup, el número de personas que quiere que el primer mandatario se pueda presentar de nuevo a las elecciones en 2010 ha disminuido significativamente. En sólo cuatro meses ha caído 14 puntos el porcentaje de los que están de acuerdo con la reelección. Pasaron del 69 por ciento en el Gallup Poll de agosto al 55 por ciento en el del viernes pasado (ver gráficas).
Como todas las consideraciones anteriores son evidentes, la insistencia de seguir adelante con el referendo deja la impresión de que el presidente Álvaro Uribe está un poco desfasado frente a realidades políticas y económicas que han surgido en 2008. Su popularidad es todavía muy grande, pero la clase dirigente ya quiere un relevo. Es verdad que se puede ganar una elección con el apoyo de las masas y el escepticismo de la clase dirigente. Pero esto no sería un comienzo fresco ni un buen augurio para la gobernabilidad de ahí en adelante.
Y no hay que descartar del todo que pueda suceder lo impensable: que después de una fuerte recesión en 2009 y en medio de unas circunstancias económicas adversas, el hombre providencial sea derrotado en las urnas. Le sucedió a Churchill inmediatamente después de haberle ganado la guerra a Hitler. Y le sucedió a Enrique Peñalosa en Colombia este año. Ninguno de estos desenlaces sería una buena forma de cerrar con broche de oro una de las trayectorias políticas más exitosas que se han visto en la historia de Colombia.
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Álvaro Uribe hasta hace poco tiempo había sido considerado un iluminado político. Con su cara de seminarista, su hablado lleno de diminutivos y su empaque de auténtico paisa, se ha ganado un puesto único en el corazón de los colombianos. Esa habilidad de ser cercano al pueblo lo ha convertido en el Presidente más popular de los últimos 50 años. Y la combinación de paternalismo, microgerencia y mano dura hicieron de él un fenómeno poco común: un Presidente tan querido por el pueblo como por la clase dirigente.
Pero todo eso ha venido cambiando gradualmente en los últimos días. La prolongada ambigüedad sobre su reelección ha disminuido el entusiasmo por la misma. Por otra parte, el desgaste que produce el ejercicio del poder durante ocho años comienza a hacer mella.
Uribe es todavía un Presidente muy popular, pero por lo menos la clase dirigente ya no lo ve como un genio político. Colombia ha sido tradicionalmente un país de instituciones, lo cual es considerado por la opinión calificada como un patrimonio nacional. La elite económica, política e intelectual rechaza el caudillismo, tan común en la mayoría de los países del continente. El concepto del hombre fuerte o providencial no ha tenido arraigo en el país. Para su primera reelección, el Presidente había logrado neutralizar este sentimiento anticaudillista con sus triunfos contra la guerrilla. A esto se sumaba el argumento generalizado de que un período único de cuatro años era demasiado corto y por lo tanto valía la pena una reforma constitucional que solucionara el problema.
Estas consideraciones no son válidas en lo que se refiere a la segunda reelección. La experiencia de los sistemas presidencialistas han demostrado que ocho años es un período de gobierno más adecuado que 12. Reformar la Constitución por segunda vez con nombre propio carece de todo sentido en términos institucionales. Su única justificación sería la del hombre providencial, con lo cual se estarían invocando factores emocionales del líder y de las masas, consideraciones totalmente ajenas a un Estado desarrollado contemporáneo. El hecho de que el presidente Hugo Chávez esté haciendo exactamente lo mismo ilustra aun más lo inconveniente de este fenómeno.
Hasta la semana pasada se podía argumentar que todos estos arrebatos reeleccionistas eran el producto de una corte de áulicos que auténticamente creían que Álvaro Uribe era un hombre irreemplazable para la Nación. El Presidente se hacía el desentendido, pero se esperaba que su realismo y su sentido de autocrítica no estuvieran comprometidos en esa aventura. Con la declaración del Ministro del Interior y de Justicia la semana pasada de que al gobierno le gustaba el referendo, esa esperanza se desvaneció.
Y también se desvaneció la majestad de la Presidencia por la forma como se sacó a la brava el decreto de convocatoria a sesiones extras del Congreso para volver realidad esa reelección. Siempre se había pensado que por simples razones de pudor político el Presidente no permitiría que se convocara a sesiones extraordinarias solamente para perpetuarse en el poder. El hecho de que se hiciera dejó en evidencia que la ambigüedad de Uribe sobre el tema no obedecía a una estrategia de gobernabilidad, transitoria como se había especulado, sino a un interés concreto de aferrarse al cargo.
Ese destape se hizo de una forma lamentable. Una reforma constitucional de esa envergadura debería ser objeto de un tratamiento digno de su estatura. Lo que se vio la semana pasada fue más el producto de una aprobación a pupitrazo por parte de unas mayorías autoritarias que de un consenso nacional. La pretensión de que el referendo era un acto de iniciativa popular hecho a las espaldas del Presidente quedó borrada. El referendo de Luis Guillermo Giraldo quedó convertido en el referendo del gobierno. Seis ministros estuvieron presentes en el Congreso respaldando la iniciativa. Se ubicaron como guardia pretoriana alrededor del presidente de la Cámara para controlar todas sus palabras y sus movimientos. Una asesora del secretario General de Presidencia, lista en mano, tomaba nota de los parlamentarios presentes. "Está aquí para contarle al doctor Bernardo Moreno si hemos votado o no para que de pronto el gobierno tome represalias contra nosotros", denunció un congresista. Y otras dos asesoras se ubicaron en la puerta para evitar que se escapara cualquier voto clave. La segunda reelección de Álvaro Uribe, que comenzó como la voluntad del constituyente primario, acabó convertida en un gol de la mayoría uribista en el Congreso arriada por el gobierno.
Lo sorprendente de todo este proceso es que tendría más sentido si la segunda reelección de Álvaro Uribe estuviera asegurada. Pero no lo está. Hasta ahora lo único que ha sucedido es que de los cuatro debates requeridos para darle vida al referendo, se aprobaron dos, los de la Cámara de Representantes. De ahí en adelante falta la aprobación en otros dos debates del Senado, uno en la comisión primera y otro en la plenaria. Además de eso, la certificación por parte del Consejo Nacional Electoral de que todos los trámites del proceso, incluida la financiación, se ajustan a la ley. Después de esto se requiere el aval jurídico de la Corte Constitucional. Y, como si fuera poco, luego hay que conseguir que 7,3 millones de colombianos voten para que Uribe tenga el derecho de presentarse a una segunda reelección.
Cada una de las anteriores etapas tiene obstáculos propios. La aprobación en los dos debates que faltan en el Senado será más difícil de obtener de lo que fue en la Cámara. En privado, la mayoría de los senadores de la coalición que apoyan la reelección en público, ya no cree en esta. Por otra parte, el certificado de pureza en el proceso del referendo que debe dar el Consejo Nacional Electoral no se ve nada fácil si se tiene en cuenta la falta de claridad en las cuentas. El magistrado encargado del caso ha detectado de manera preliminar triangulación en la contabilidad y poco respeto por los topes exigidos por la ley.
En la Corte Constitucional la situación no es menos complicada. Cada vez que un actual o futuro miembro expresa su apoyo a la Constitución de 1991 está implícitamente dejando claro que se opone a un tercer período de Álvaro Uribe. Y hasta ahora son pocos los magistrados que no han enviado este mensaje. Si bien el gobierno puede incidir en las decisiones de la Corte, su campo de acción es limitado frente al que tiene en el Congreso. La Corte sin duda tendrá magistrados uribistas, pero estos son conscientes de que la independencia de este organismo y el prestigio como jurista de cada uno de ellos dependerán de la forma como se defina ese asunto.
Además, para que la Corte le dé luz verde a la segunda reelección de Uribe tendría que cambiar la jurisprudencia de ese mismo organismo, según la cual para resguardar el equilibrio de poderes, sólo podría haber una reelección inmediata.
Y si se llega a esta penúltima etapa, queda el obstáculo de los 7.300.000 votos que hay que producir. No es evidente que haya ese número de uribistas dispuestos a salir a la calle ese día. Tal vez ayude un hecho hasta ahora no tenido en cuenta por la opinión y es que se está pensando en hacer coincidir el referendo de la reelección con los otros dos referendos que están sobre el tapete -el de la cadena perpetua para quienes abusen de los niños y el del derecho al agua potable-. Empaquetado con dos causas tan populares, el de la reelección podría lograr una mayor participación.
A todo lo anterior se suma el problema de 2014. Ni a las 4.300.000 personas que firmaron a favor del referendo, ni al propio Uribe, les interesa que éste se retire del poder en 2010 y que deje una puerta abierta, por si el país lo necesita en el futuro. Sin embargo, el texto del referendo quedó mal escrito y no es seguro que ese error pueda ser corregido. El gobierno va a tratar en los dos debates que se avecinan en el Senado de cambiar la fecha por la de 2010. Pero ese intento ya lo hizo en la Cámara y fracasó. Como la mayoría de los parlamentarios uribistas en el fondo ya no cree en la segunda reelección, la forma de quedar bien con Dios y con el diablo es apoyar el texto original que fue presentado para las firmas. Con esa fórmula se puede argumentar que si bien pudo haber sido un error, legalmente no se puede modificar lo que quedó aprobado. Y esa disculpa santanderista para atajar la reelección puede ser invocada no sólo por el Congreso sino también por la Corte Constitucional, varios de cuyos miembros tienen las mismas reservas de los parlamentarios uribistas.
La realidad es que el referendo está siendo tramitado a la brava y que buena parte de quienes lo está apoyando en el Congreso y en la Corte lo están haciendo más por razones de lealtad que de convicción. Y ese mismo escepticismo se extiende no sólo a los gremios económicos, sino a varios de los más importantes funcionarios de este gobierno. Personajes como Juan Manuel Santos, Noemí Sanín y Andrés Felipe Arias, quienes de dientes para afuera tienen que profesar su apoyo al tercer período, para sus adentros ruegan que la iniciativa fracase lo más pronto posible para lanzar sus candidaturas.
En la opinión pública la tendencia tampoco es muy favorable. Según la última encuesta de Gallup, el número de personas que quiere que el primer mandatario se pueda presentar de nuevo a las elecciones en 2010 ha disminuido significativamente. En sólo cuatro meses ha caído 14 puntos el porcentaje de los que están de acuerdo con la reelección. Pasaron del 69 por ciento en el Gallup Poll de agosto al 55 por ciento en el del viernes pasado (ver gráficas).
Como todas las consideraciones anteriores son evidentes, la insistencia de seguir adelante con el referendo deja la impresión de que el presidente Álvaro Uribe está un poco desfasado frente a realidades políticas y económicas que han surgido en 2008. Su popularidad es todavía muy grande, pero la clase dirigente ya quiere un relevo. Es verdad que se puede ganar una elección con el apoyo de las masas y el escepticismo de la clase dirigente. Pero esto no sería un comienzo fresco ni un buen augurio para la gobernabilidad de ahí en adelante.
Y no hay que descartar del todo que pueda suceder lo impensable: que después de una fuerte recesión en 2009 y en medio de unas circunstancias económicas adversas, el hombre providencial sea derrotado en las urnas. Le sucedió a Churchill inmediatamente después de haberle ganado la guerra a Hitler. Y le sucedió a Enrique Peñalosa en Colombia este año. Ninguno de estos desenlaces sería una buena forma de cerrar con broche de oro una de las trayectorias políticas más exitosas que se han visto en la historia de Colombia.
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sábado, 29 de noviembre de 2008
Aprobado proyecto de referendo para reelección en 2014
Aprobado proyecto de referendo para reelección en 2014
Política Fue sepultado en Comisión Primera de la Cámara el proyecto que pretendía facultar a Uribe para ser reelegido en 2010. Por 29 votos a 4 se aprobó el proyecto que le permite aspirar en 2014.
El proyecto de referendo que busca consultar a los colombianos si quieren o no que el Presidente pueda ser reelegido en 2010, fuesepultado en su primera jornada de debate en la Comisión Primera de la Cámara. De esta manera se suspende, por ahora, la posibilidad de que Álvaro Uribe continúe en el poder.
La ponencia que buscaba facultar a Uribe para seguir en el poder fue radicada por los partidos de la U y Alas Equipo Colombia.
En su lugar fue aprobada la propuesta que radicaron los partidos Por el país que soñamos y Cambio Radical que dejan tal y como está el texto con el cual se recogieron las firmas para la consulta popular. Es decir, Uribe podría aspirar a una nueva reelección en los comicios de 2014.
La propuesta ganó con una votación de 29 votos a favor y 4 en contra. El Partido Liberal, que está en la oposición, decidió unirse a esta votación.
Todavía no hay consenso en cuál será la suerte definitiva del proyecto aprobado, pues le faltan otros tres debates. Hay quienes aducen que se puede revivir la posibilidad de la reelección en 2010, y hay quienes dicen que esa posibilidad ya quedó enterrada definitivamente.
Al término del debate el representante de Cambio Radical, Roy Barreras dijo a Semana.com que era imposible revivir la ponencia que fue derrotada. “La única forma de enmendar el texto es que sea devuelto a la Comisión en la que ya fue debatido”, dijo Barreras.
Para Barreras, la iniciativa que consultará a la ciudadanía si quiere la reelección para 2014, es inatajable. El representante está convencido de que en el Pleno de la Cámara, donde se surtirá el próximo debate se aprobará la iniciativa sin mayor problema.
Sin embargo, los representantes del Partido de la U, expresaron que no se justifica el gasto del Estado (114 mil millones de pesos) para un referendo que permita la reelección en 2014 cuando la voluntad popular expresada en las más de 4 millones de firmas recogidas pide reelección inmediata.
Proyecto de referendo: Un camino tortuoso
El proyecto de referendo aprobado dice que cuando un presidente “haya ejercido dos períodos”, podrá aspirar a otra elección nuevamente. Así, fue radicado el texto por el comité de promotores, encabezado por el secretario del Partido de la U, Guillermo Giraldo, hecho que fue motivo de discusión pues cuando se presenten los candidatos a las elecciones, en 2010, Uribe no habrá terminado sus dos períodos constitucionales.
Luego, los mismos promotores decidieron presentar una ponencia a la Cámara para cambiar el texto original de manera que Uribe sí pudiera ser candidato en 2010. Esta propuesta fue rechazada por el partido Cambio Radical cuyo director, Germán Vargas, aspira a ser presidente en 2010.
La jornada de debate de este miércoles estuvo precedida por varios aplazamientos. La semana pasada, los candidatos de la oposición demandaron explicaciones sobre el origen de la financiación del proceso de recolección de firmas. Ante la falta de claridad en este tema, la Comisión Primera de la Cámara votó a favor de que el Registrador, Carlos Ariel Sánchez y el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Carlos Cepero, se presentaran al debate para explicar si el proyecto incurrió o no en un vicio de inconstitucionalidad.
En la jornada del martes los funcionarios Sánchez y Cepero no se presentaron y pidieron excusas, hecho que sirvió a la oposición para dilatar otro día más el debate. Aunque los representantes los volvieron a citar, se comprometieron, asisitieran o no, a votar el proyecto sin más dilaciones.
Sin embargo, este miércoles, los dos funcionarios sí se presentaron al debate . Dijeron que el proyecto de iniciativa popular contaba con los requisitos constitucionales, aunque no dieron explicaciones definitivas sobre su financiación, como lo pedía la oposición. También adujeron que estas dudas eran un hecho inédito en los procesos de consulta popular.
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Política Fue sepultado en Comisión Primera de la Cámara el proyecto que pretendía facultar a Uribe para ser reelegido en 2010. Por 29 votos a 4 se aprobó el proyecto que le permite aspirar en 2014.
El proyecto de referendo que busca consultar a los colombianos si quieren o no que el Presidente pueda ser reelegido en 2010, fuesepultado en su primera jornada de debate en la Comisión Primera de la Cámara. De esta manera se suspende, por ahora, la posibilidad de que Álvaro Uribe continúe en el poder.
La ponencia que buscaba facultar a Uribe para seguir en el poder fue radicada por los partidos de la U y Alas Equipo Colombia.
En su lugar fue aprobada la propuesta que radicaron los partidos Por el país que soñamos y Cambio Radical que dejan tal y como está el texto con el cual se recogieron las firmas para la consulta popular. Es decir, Uribe podría aspirar a una nueva reelección en los comicios de 2014.
La propuesta ganó con una votación de 29 votos a favor y 4 en contra. El Partido Liberal, que está en la oposición, decidió unirse a esta votación.
Todavía no hay consenso en cuál será la suerte definitiva del proyecto aprobado, pues le faltan otros tres debates. Hay quienes aducen que se puede revivir la posibilidad de la reelección en 2010, y hay quienes dicen que esa posibilidad ya quedó enterrada definitivamente.
Al término del debate el representante de Cambio Radical, Roy Barreras dijo a Semana.com que era imposible revivir la ponencia que fue derrotada. “La única forma de enmendar el texto es que sea devuelto a la Comisión en la que ya fue debatido”, dijo Barreras.
Para Barreras, la iniciativa que consultará a la ciudadanía si quiere la reelección para 2014, es inatajable. El representante está convencido de que en el Pleno de la Cámara, donde se surtirá el próximo debate se aprobará la iniciativa sin mayor problema.
Sin embargo, los representantes del Partido de la U, expresaron que no se justifica el gasto del Estado (114 mil millones de pesos) para un referendo que permita la reelección en 2014 cuando la voluntad popular expresada en las más de 4 millones de firmas recogidas pide reelección inmediata.
Proyecto de referendo: Un camino tortuoso
El proyecto de referendo aprobado dice que cuando un presidente “haya ejercido dos períodos”, podrá aspirar a otra elección nuevamente. Así, fue radicado el texto por el comité de promotores, encabezado por el secretario del Partido de la U, Guillermo Giraldo, hecho que fue motivo de discusión pues cuando se presenten los candidatos a las elecciones, en 2010, Uribe no habrá terminado sus dos períodos constitucionales.
Luego, los mismos promotores decidieron presentar una ponencia a la Cámara para cambiar el texto original de manera que Uribe sí pudiera ser candidato en 2010. Esta propuesta fue rechazada por el partido Cambio Radical cuyo director, Germán Vargas, aspira a ser presidente en 2010.
La jornada de debate de este miércoles estuvo precedida por varios aplazamientos. La semana pasada, los candidatos de la oposición demandaron explicaciones sobre el origen de la financiación del proceso de recolección de firmas. Ante la falta de claridad en este tema, la Comisión Primera de la Cámara votó a favor de que el Registrador, Carlos Ariel Sánchez y el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Carlos Cepero, se presentaran al debate para explicar si el proyecto incurrió o no en un vicio de inconstitucionalidad.
En la jornada del martes los funcionarios Sánchez y Cepero no se presentaron y pidieron excusas, hecho que sirvió a la oposición para dilatar otro día más el debate. Aunque los representantes los volvieron a citar, se comprometieron, asisitieran o no, a votar el proyecto sin más dilaciones.
Sin embargo, este miércoles, los dos funcionarios sí se presentaron al debate . Dijeron que el proyecto de iniciativa popular contaba con los requisitos constitucionales, aunque no dieron explicaciones definitivas sobre su financiación, como lo pedía la oposición. También adujeron que estas dudas eran un hecho inédito en los procesos de consulta popular.
www.semana.com
No fue aprobada la reelección de Álvaro Uribe en 2010
Noviembre 26 de 2008 - 3:15 p.m.
No fue aprobada la reelección de Álvaro Uribe en 2010
La Comisión Primera de la Cámara no aprobó el proyecto de ley de referendo que abría las puertas a una segunda reelección inmediata del presidente Uribe, en el primero de cuatro debates.
En contra de la reelección inmediata en el 2010 hubo 17 votos y 16 a favor. Esto quiere decir que los partidarios de reelegir a Uribe en el 2010 estuvieron a solo 1 voto de lograr su propósito.
La coalición uribista se resquebrajó ayer, luego de que los representantes conservadores Orlando Guerra ( de Putumayo) y Miriam Paredes (de Nariño), se negaron a votar, por presiones de sus comunidades, afectadas por el derrumbe de las pirámides.
Hasta el pasado martes Guerra y Paredes estaban dentro del bloque de votos "seguros" que le darían un tercer mandato inmediato al actual mandatario de los colombianos.
Aunque no se aprobó la posibilidad de que Uribe siga en la Casa de Nariño por cuatro años más, los miembros de la coalición oficialista creen que pueden reabrir esa puerta a partir del segundo debate que debe cumplirse en la plenaria de la Cámara, probablemente este mismo año. Los hechos que respaldan esta hipótesis es que, legalmente, la propuesta no fue negada, pues no tuvo los 18 votos que representan la mitad más uno de los miembros de la comisión.
Pero hay otra tesis contraria y es que, en efecto, la propuesta de la reelección en el 2010 fue votada y negada y que cuando esto ocurre, no es posible revivirla.
En cambio la comisión aprobó por 29 votos a favor y 4 en contra, la reelección en el 2014.
No está muerta
Parlamentarios del Partido de 'la U' como Nicolás Uribe y Miguel Ángel Rangel, reconocieron que el objetivo era aprobar la ponencia de David Luna, no tocar el texto en este primer debate, y buscar en la plenaria de la Cámara, reformular la pregunta.
"El tema de 2014 me parece poco serio. No es posible gastar 114 mil millones en un referendo cuando esto lo pudimos haber hecho vía reforma política", dijo Rangel.
"Queremos evacuar rápidamente el tema", dijo por su parte Uribe.
Hay quienes creen que con solo una proposición modificatoria de alguna de las ponencias el tema será revivido en los sucesivos debates.
La decisión del Congreso hoy, la primera de cuatro, lo que hizo fue profundizar las diferencias entre los defensores y detractores del presidente Álvaro Uribe y las posibilidades de que este continúe por cuatro años más en la Casa de Nariño.
Aún si la posibilidad de revivir el tema no se da, algunos parlamentarios están confiados en que durante el estudio de exequibilidad, la Corte Constitucional podría interpretar que el espíritu con el que más de cuatros millones de personas firmaron el proyecto de referendo es la reelección inmediata de Uribe.
Luis Guillermo Giraldo, vocero del comité promotor del referendo, prefirió no pronunciarse sobre la posibilidad. "Esperemos a ver qué pasa", dijo.
No fue aprobada la reelección de Álvaro Uribe en 2010
La Comisión Primera de la Cámara no aprobó el proyecto de ley de referendo que abría las puertas a una segunda reelección inmediata del presidente Uribe, en el primero de cuatro debates.
En contra de la reelección inmediata en el 2010 hubo 17 votos y 16 a favor. Esto quiere decir que los partidarios de reelegir a Uribe en el 2010 estuvieron a solo 1 voto de lograr su propósito.
La coalición uribista se resquebrajó ayer, luego de que los representantes conservadores Orlando Guerra ( de Putumayo) y Miriam Paredes (de Nariño), se negaron a votar, por presiones de sus comunidades, afectadas por el derrumbe de las pirámides.
Hasta el pasado martes Guerra y Paredes estaban dentro del bloque de votos "seguros" que le darían un tercer mandato inmediato al actual mandatario de los colombianos.
Aunque no se aprobó la posibilidad de que Uribe siga en la Casa de Nariño por cuatro años más, los miembros de la coalición oficialista creen que pueden reabrir esa puerta a partir del segundo debate que debe cumplirse en la plenaria de la Cámara, probablemente este mismo año. Los hechos que respaldan esta hipótesis es que, legalmente, la propuesta no fue negada, pues no tuvo los 18 votos que representan la mitad más uno de los miembros de la comisión.
Pero hay otra tesis contraria y es que, en efecto, la propuesta de la reelección en el 2010 fue votada y negada y que cuando esto ocurre, no es posible revivirla.
En cambio la comisión aprobó por 29 votos a favor y 4 en contra, la reelección en el 2014.
No está muerta
Parlamentarios del Partido de 'la U' como Nicolás Uribe y Miguel Ángel Rangel, reconocieron que el objetivo era aprobar la ponencia de David Luna, no tocar el texto en este primer debate, y buscar en la plenaria de la Cámara, reformular la pregunta.
"El tema de 2014 me parece poco serio. No es posible gastar 114 mil millones en un referendo cuando esto lo pudimos haber hecho vía reforma política", dijo Rangel.
"Queremos evacuar rápidamente el tema", dijo por su parte Uribe.
Hay quienes creen que con solo una proposición modificatoria de alguna de las ponencias el tema será revivido en los sucesivos debates.
La decisión del Congreso hoy, la primera de cuatro, lo que hizo fue profundizar las diferencias entre los defensores y detractores del presidente Álvaro Uribe y las posibilidades de que este continúe por cuatro años más en la Casa de Nariño.
Aún si la posibilidad de revivir el tema no se da, algunos parlamentarios están confiados en que durante el estudio de exequibilidad, la Corte Constitucional podría interpretar que el espíritu con el que más de cuatros millones de personas firmaron el proyecto de referendo es la reelección inmediata de Uribe.
Luis Guillermo Giraldo, vocero del comité promotor del referendo, prefirió no pronunciarse sobre la posibilidad. "Esperemos a ver qué pasa", dijo.
jueves, 21 de agosto de 2008
Ministro de Protección Social Diego Palacio, a indagatoria en Fiscalía por 'yidispolítica'
Foto: Mauricio Moreno/EL TIEMPO
Ministro de Protección Social, Diego Palacio.
Junto a él fueron vinculados el actual secretario general de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno, y el anterior titular de ese despacho, Alberto Velásquez. Fiscalía apelará.
Palacio afirmó que está tranquilo por esta decisión y que "estaba esperando el llamado porque quiero exponer mis puntos de vista sobre esto".
Palacio, Moreno y Veláquez están acusados de haber incurrido en el presunto delito de cohecho, al ofrecer dádivas a congresistas para que votaran a favor de la enmienda constitucional que permitió la reelección de Álvaro Uribe en el 2004.
Entre las personas señaladas en el mismo proceso figura también el ex ministro del Interior y Justicia y actual embajador en Italia, Sabas Pretelt.
Ya el ex ministro del Interior y actual embajador en Italia, Sabas Pretelt, había sido cobijado con la misma medida.
Palacio y Velásquez, según Yidis, le ofrecieron burocracia a cambio de su voto positivo por el proyecto. Y Bernardo Moreno, según la ex congresista, hoy condenada por ese caso, le sugirió que no escribiera un libro en el que hablaba del trámite del polémico acto legislativo en el Congreso.
El llamado a indagatoria fue anunciado por el vicefiscal general colombiano Guillermo Mendoza Diago y los tres altos cargos deberán comparecer ante su despacho en los próximos días.
Los presuntos ofrecimientos de dádivas y la aceptación de las mismas afectaron a los congresistas Yidis Medina, condenada hace pocas semanas a una pena de tres años, cuatro meses y 15 días de prisión, y al también ex parlamentario Teodolindo Avendaño.
La ex representante a la Cámara Medina, en sus declaraciones, señaló que ella y otros 17 congresistas acordaron frenar la reelección, pero fue abordada por funcionarios del Gobierno para motivar su cambio de posición en favor del proyecto que permitió un segundo mandato de Uribe.
A cambio, los funcionarios ofrecieron puestos en la nómina oficial, prebendas y otras dádivas.
La Sala Penal de la Corte debe decidir también, en breve, la situación del detenido ex congresista Teodolindo Avendaño, investigado también por cohecho.
Los cargos contra los funcionarios
Diego Palacio Betancourt
Yidis Medina afirmó en su confesión que el ministro de Protección Social supuestamente le ofreció, de manera concreta, participación burocrática en insituciones a su cargo en el Magadalena Medio y en Barrancabermeja.
Los presuntos compromisos que se concretaron más tarde con el ministro Palacio fueron: Carlos Correa Mosquera en la dirección de la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja, un contrato para su asesor César Guzmán como arquitecto para asuntos penitenciarios, y posteriormente en Etesa, la Notaria Segunda de Barrancabermeja y la designación de Juan Bautista Hernández en el Sena.
Sabas Pretelt de la Vega
Según las declaraciones de la ex congresista Yidis Medina, el entonces ministro del Interior estuvo en una presunta reunión con el entonces representante a la Cámara Iván Díaz Mateus y ella. En esa reunión, aseguró la ex congresista en sus declaraciones ante la justicia, Pretelt de la Vega supuestamente le ofreció encargarse de su seguridad y la de sus hijos.
Alberto Velásquez
En la versión que ha suministrado Yidis Medina en los tribunales, Alberto Velásquez, quien en ese momento ejercía el cargo de secretario de la Presidencia, estuvo presente una reunión en el Palacio de Nariño a la que también habría asistido el presidente Álvaro Uribe Vélez y varios de sus asesores en la que supuestamente le manifestaron a la ex congresista su preocupación por su voto y le preguntaron que quería a cambio de su apoyo al proyecto.
Bernardo Moreno
Supuestamente quedó a cargo de los compromisos adquiridos por Alberto Velásquez al sucederlo en el cargo de secretario de la Presidencia, entre ellos, cargos prometidos en la red de solidaridad y en Etesa. El funcionario, supuestamente la citó después en el Palacio de Nariño para hacerle saber que el anuncio que hacía sobre la publicación de un libro podría perjudicar al gobierno.
www.eltiempo.com
Foto: Mauricio Moreno/EL TIEMPO
Ministro de Protección Social, Diego Palacio.
Junto a él fueron vinculados el actual secretario general de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno, y el anterior titular de ese despacho, Alberto Velásquez. Fiscalía apelará.
Palacio afirmó que está tranquilo por esta decisión y que "estaba esperando el llamado porque quiero exponer mis puntos de vista sobre esto".
Palacio, Moreno y Veláquez están acusados de haber incurrido en el presunto delito de cohecho, al ofrecer dádivas a congresistas para que votaran a favor de la enmienda constitucional que permitió la reelección de Álvaro Uribe en el 2004.
Entre las personas señaladas en el mismo proceso figura también el ex ministro del Interior y Justicia y actual embajador en Italia, Sabas Pretelt.
Ya el ex ministro del Interior y actual embajador en Italia, Sabas Pretelt, había sido cobijado con la misma medida.
Palacio y Velásquez, según Yidis, le ofrecieron burocracia a cambio de su voto positivo por el proyecto. Y Bernardo Moreno, según la ex congresista, hoy condenada por ese caso, le sugirió que no escribiera un libro en el que hablaba del trámite del polémico acto legislativo en el Congreso.
El llamado a indagatoria fue anunciado por el vicefiscal general colombiano Guillermo Mendoza Diago y los tres altos cargos deberán comparecer ante su despacho en los próximos días.
Los presuntos ofrecimientos de dádivas y la aceptación de las mismas afectaron a los congresistas Yidis Medina, condenada hace pocas semanas a una pena de tres años, cuatro meses y 15 días de prisión, y al también ex parlamentario Teodolindo Avendaño.
La ex representante a la Cámara Medina, en sus declaraciones, señaló que ella y otros 17 congresistas acordaron frenar la reelección, pero fue abordada por funcionarios del Gobierno para motivar su cambio de posición en favor del proyecto que permitió un segundo mandato de Uribe.
A cambio, los funcionarios ofrecieron puestos en la nómina oficial, prebendas y otras dádivas.
La Sala Penal de la Corte debe decidir también, en breve, la situación del detenido ex congresista Teodolindo Avendaño, investigado también por cohecho.
Los cargos contra los funcionarios
Diego Palacio Betancourt
Yidis Medina afirmó en su confesión que el ministro de Protección Social supuestamente le ofreció, de manera concreta, participación burocrática en insituciones a su cargo en el Magadalena Medio y en Barrancabermeja.
Los presuntos compromisos que se concretaron más tarde con el ministro Palacio fueron: Carlos Correa Mosquera en la dirección de la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja, un contrato para su asesor César Guzmán como arquitecto para asuntos penitenciarios, y posteriormente en Etesa, la Notaria Segunda de Barrancabermeja y la designación de Juan Bautista Hernández en el Sena.
Sabas Pretelt de la Vega
Según las declaraciones de la ex congresista Yidis Medina, el entonces ministro del Interior estuvo en una presunta reunión con el entonces representante a la Cámara Iván Díaz Mateus y ella. En esa reunión, aseguró la ex congresista en sus declaraciones ante la justicia, Pretelt de la Vega supuestamente le ofreció encargarse de su seguridad y la de sus hijos.
Alberto Velásquez
En la versión que ha suministrado Yidis Medina en los tribunales, Alberto Velásquez, quien en ese momento ejercía el cargo de secretario de la Presidencia, estuvo presente una reunión en el Palacio de Nariño a la que también habría asistido el presidente Álvaro Uribe Vélez y varios de sus asesores en la que supuestamente le manifestaron a la ex congresista su preocupación por su voto y le preguntaron que quería a cambio de su apoyo al proyecto.
Bernardo Moreno
Supuestamente quedó a cargo de los compromisos adquiridos por Alberto Velásquez al sucederlo en el cargo de secretario de la Presidencia, entre ellos, cargos prometidos en la red de solidaridad y en Etesa. El funcionario, supuestamente la citó después en el Palacio de Nariño para hacerle saber que el anuncio que hacía sobre la publicación de un libro podría perjudicar al gobierno.
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Yidis Medina reiteró acusaciones sobre trámite de la reelección al llegar a Comisión de Acusación
"Vengo a decir la verdad", dijo a periodistas la ex congresista, quien está condenada a 45 meses en prisión por el delito de cohecho.
La ex congresista llegó escoltada por seis guardianes del Inpec y dijo que asistía en calidad de testigo y que contará todo lo que sabe.
No obstante, los investigadores de la Comisión aseguraron ayer que Medina fue obligada a comparecer hoy debido a que ella se había negado a asistir argumentando razones de seguridad.
Medina está detenida en la cárcel El Buen Pastor luego de que le confesó a la Corte Suprema de Justicia que recibió prebendas en el año 2004 para cambiar su voto a favor de la reelección.
La ex congresista rindió testimonio en el proceso que abrió la Comisión de Acusación contra el presidente Álvaro Uribe por el supuesto delito de cohecho y que entabló el Polo Democrático en abril pasado.
La ex representante llegó a las 11 de la mañana, con dos horas de retraso, porque dijo que estaba esperando que la Procuraduría y la Defensoría estuvieran presentes "para que velen por mis derechos".
El presidente Uribe deberá también asistir a la Comisión de Acusación el próximo jueves 21 de agosto para rendir versión libre en este mismo proceso.
Inicialmente la ex congresista se negó a asistir a la citación que se le había impuesto alegando razones de seguridad.
Medina mandó hoy un escrito desde la cárcel el Buen Pastor pidiendo que se aplazara nuevamente la diligencia y que sus abogados estuvieran presentes.
La ex congresista también dijo que exigía que su declaración le fuera tomada en el centro de reclusión.
La comunicación fue rechazada de inmediato por el grupo de investigadores que lleva el proceso.
"Esto es una afrenta para la Comisión de Acusación. Hemos hablado con el director del Inpec y la directora del Buen Pastor y nos han dicho que hay plenas garantías para que Yidis Medina comparezca ante este despacho. Es obligatorio que ella asista", dijo el representante Edgar Eulises Torres, uno de lo investigadores del proceso.
El congresista añadió que "Creemos que las autoridades penitenciarias deben conducirla para que ella no aplace más (...) ella no comparece, dilatando la ejecución de un proceso que consideramos que es vital para el país".
El testimonio de Medina, que deberá entregar a las 9 de la mañana de este jueves, hará parte de la investigación que inició la Comisión de Acusación en abril pasado contra el presidente Álvaro Uribe por el supuesto delito de cohecho.
La denuncia fue entablada por el Polo Democrático que considera que el presidente Uribe también tendría responsabilidad en los supuestos ofrecimientos que se le hicieron a Yidis Medina para que cambiara su voto a favor de la reelección en el año 2004.
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"Vengo a decir la verdad", dijo a periodistas la ex congresista, quien está condenada a 45 meses en prisión por el delito de cohecho.
La ex congresista llegó escoltada por seis guardianes del Inpec y dijo que asistía en calidad de testigo y que contará todo lo que sabe.
No obstante, los investigadores de la Comisión aseguraron ayer que Medina fue obligada a comparecer hoy debido a que ella se había negado a asistir argumentando razones de seguridad.
Medina está detenida en la cárcel El Buen Pastor luego de que le confesó a la Corte Suprema de Justicia que recibió prebendas en el año 2004 para cambiar su voto a favor de la reelección.
La ex congresista rindió testimonio en el proceso que abrió la Comisión de Acusación contra el presidente Álvaro Uribe por el supuesto delito de cohecho y que entabló el Polo Democrático en abril pasado.
La ex representante llegó a las 11 de la mañana, con dos horas de retraso, porque dijo que estaba esperando que la Procuraduría y la Defensoría estuvieran presentes "para que velen por mis derechos".
El presidente Uribe deberá también asistir a la Comisión de Acusación el próximo jueves 21 de agosto para rendir versión libre en este mismo proceso.
Inicialmente la ex congresista se negó a asistir a la citación que se le había impuesto alegando razones de seguridad.
Medina mandó hoy un escrito desde la cárcel el Buen Pastor pidiendo que se aplazara nuevamente la diligencia y que sus abogados estuvieran presentes.
La ex congresista también dijo que exigía que su declaración le fuera tomada en el centro de reclusión.
La comunicación fue rechazada de inmediato por el grupo de investigadores que lleva el proceso.
"Esto es una afrenta para la Comisión de Acusación. Hemos hablado con el director del Inpec y la directora del Buen Pastor y nos han dicho que hay plenas garantías para que Yidis Medina comparezca ante este despacho. Es obligatorio que ella asista", dijo el representante Edgar Eulises Torres, uno de lo investigadores del proceso.
El congresista añadió que "Creemos que las autoridades penitenciarias deben conducirla para que ella no aplace más (...) ella no comparece, dilatando la ejecución de un proceso que consideramos que es vital para el país".
El testimonio de Medina, que deberá entregar a las 9 de la mañana de este jueves, hará parte de la investigación que inició la Comisión de Acusación en abril pasado contra el presidente Álvaro Uribe por el supuesto delito de cohecho.
La denuncia fue entablada por el Polo Democrático que considera que el presidente Uribe también tendría responsabilidad en los supuestos ofrecimientos que se le hicieron a Yidis Medina para que cambiara su voto a favor de la reelección en el año 2004.
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viernes, 1 de agosto de 2008
Reelección, ¿al fin qué?
El referendo para la reelección parece no tener reversa. Sin embargo, las personas más cercanas a Uribe aseguran que está indeciso.
Fecha: 07/26/2008 -1369
El histórico rescate de Íngrid Betancourt y los otros 14 secuestrados sepultó una bomba noticiosa de gran proporción que estaba a punto de salir a la luz pública por esos días: el presidente Álvaro Uribe les había dejado claro a varios de sus más cercanos colaboradores y familiares que no pensaba lanzarse como candidato presidencial en 2010.
Hasta ese momento, el primer mandatario no había querido dar respuesta, ni siquiera a sus más fieles allegados, sobre si se le iba a apuntar o no a una nueva reelección. Así entonces, la gran pregunta política de los últimos años parecía estar resuelta para su círculo íntimo. La idea de Uribe no era hacer pública su decisión sino cuando el momento político lo requiriera, pues es bien sabido que el suspenso sobre una posible reelección es una carta política que el Presidente ha jugado con gran habilidad para mantener firmes sus tropas.
Ahora, y luego de que se aplacó el tsunami mediático de la operación 'Jaque', el tema se vuelve a poner sobre el tapete porque el próximo 15 de agosto serán presentadas de manera oficial a la Registraduría cuatro millones de firmas para convocar un referendo que permitirá que un colombiano ocupe por tercera vez la Presidencia de la República.
Dará polémica
Firma a firma
Luis Guillermo Giraldo con el equipo de trabajo del referendo en el antiguo convento de la 72 que sirvió de sede de campaña a Pastrana, Noemí, Peñalosa y María Emma Los recolectores reclutados asisten a una capacitación para evitar errores. La regla de oro es ‘no meter la mano’ en la planilla. Les explican en qué consiste el referendo Empiezan la labor. No deben perder tiempo en persuadir a indecisos. Sólo lograr que estén los datos completos y legibles en las 15 casiilas Cada recolector tiene un código al que le suman las firmas válidas para el pago. Se numeran las planillas para empastarlas. Se empastan las planillas. 200 páginas por cada libro. Tendrán listos 1.800 Una planilla de firmas que apoyan el referendo para la reforma constitucional. El 20 de julio, en medio de la marcha contra el secuestro, Tomás Uribe, el mayor de los hijos del Presidente, estampó su rúbrica
PUBLICIDAD Esas dos realidades parecen entonces contradictorias y ya han comenzado los interrogantes: Si es verdad que el Presidente está contemplando la posibilidad de no lanzarse para 2010, ¿para qué deja avanzar el referendo? No sólo el montaje para recoger las firmas es una operación de alto turmequé que lleva varios meses en progreso (ver páginas 26 a la 30), sino que una vez entre al Congreso, suena poco probable que sea desmontado.
Si se cuenta sólo el andamiaje de Bogotá, son 130 personas pagas, trabajando en tres turnos, las 24 horas del día, entre recolectores de firmas, digitadores y verificadores de las mismas. En todo el país son cerca de 1.000 empleados. Pero tal vez lo más significativo es que el comité encabezado por Luis Guillermo Giraldo ha recibido aportes de grandes grupos económicos y esta es una de las razones que hacen pensar que este referendo no tiene reversa, pues es fácil explicar que se recojan firmas y no se utilicen, pero lo que no tiene sentido es que pidan plata para nada.
Lo que es indiscutible es que si el Presidente estuviera decidido a no lanzarse, podría parar en seco todo ese proceso con una simple llamada telefónica. El argumento de Luis Guillermo Giraldo de que esa iniciativa se ha llevado a cabo a espaldas del primer mandatario no convence a nadie. Como Uribe ni raja ni presta el hacha, la interpretación que se le ha dado a su pasividad es que aunque eventualmente decida no lanzarse, quiere dejar la puerta abierta con la teoría de la hecatombe. En otras palabras, si dentro de un año se ve suficientemente liquidada la guerrilla, como para considerar que su misión está cumplida, Uribe se haría a un lado. Si, por otra parte, hay un atisbo de zozobra o nubarrones negros, él no dejaría de ponerle el pecho al problema.
Se sabe que su esposa se opone intensamente a la reelección. Y que con excepción de José Obdulio Gaviria, todos sus más cercanos consejeros y amigos también.
En otras palabras, no es imposible que haya un referendo y que Uribe no sea candidato. Quedaría la reforma constitucional hacia el futuro sin que él haga uso de ella. Las personas que hacen este análisis son ministros y funcionarios de Palacio que tienen interlocución permanente con el Presidente y que aseguran verlo más inclinado al no que al sí en materia de reelección.
Como era de esperarse, esta interpretación produce risas entre los antiuribistas que consideran al Presidente ambicioso y maquiavélico, y a sus interlocutores, ingenuos y sumisos.
Otro grupo de allegados a Uribe, que incluye también ministros, da una interpretación intermedia. Según esta, el Presidente con el referendo quiere dejar abierta la puerta para volver a la Casa de Nariño. Pero no necesariamente en 2010, también puede ser en 2014 o después. La reforma que se le hizo a la Constitución para permitir la reelección inmediata dejó tajantemente prohibido un tercer período presidencial. Si no se encarga el mismo Uribe de reformarla de nuevo, es casi imposible que lo haga por él algún otro Presidente que lo suceda. Es mejor para el primer mandatario recoger firmas ahora, cuando la popularidad está tan alta, y votar el referendo, en el mejor de los casos, en mayo del año entrante, cuando aspira a mantener un respaldo que le permita lograr los 7,1 millones de votos que se necesitan para aprobarlo.
En todo caso, ya sea que el Presidente decida lanzarse en 2010 o en 2014, si llega a prosperar la reforma a la justicia, las fichas quedarían colocadas favorablemente para él en el ajedrez. El borrador informal que ha presentado el ministro Fabio Valencia dice que al Procurador y al Fiscal se les ampliará el período a ocho años, y a los magistrados de las Cortes, a 12 años. Esto no es que represente una ventaja electoral para 2014, pero sí representa una garantía de que hasta entonces los organismos de control que podrían molestar no estén en manos de sus enemigos.
En todo caso, la presentación de las firmas a la Registraduría en menos de tres semanas, si bien no define qué va a hacer exactamente el Presidente, sí parece dejar claro qué no va a hacer: desmontar ese referendo. Sus allegados pensaron que crear la expectativa de la reforma constitucional podría ser una estrategia para llenarse de gloria al renunciar a una segunda reelección en el momento oportuno. Como están las cosas, ese escenario ya no parece probable. Si Uribe quisiera hacerlo, el momento es ahora, notificándole a Luis Guillermo Giraldo que no es conveniente presentarlo ante la Registraduría.
Y por supuesto, no hay que descartar otro escenario. Que el primer mandatario esté inclinado a no ir a la reelección, pero en el referendo se dé un resultado de ocho o nueve millones de votos por el sí y Uribe lo considere como un mandato ineludible del constituyente primario.
Así funciona la máquina del referendo
La firma de Tomás Uribe este fin de semana en el acta de su matrimonio no ha sido la única rúbrica trascendental que ha estampado en los últimos días. El 20 de julio, mientras marchaba para pedir la liberación de los secuestrados, puso su granito de arena para la segunda reelección de su padre, el presidente Álvaro Uribe Vélez. Con su puño y letra escribió en una de las planillas que recogen las firmas para promover el referendo su nombre, número de cédula y la dirección de su residencia, que corresponde a la Casa de Nariño.
Como la firma de Tomás, casi tres millones más están listas, verificadas y empastadas en la sede de la reelección, en la calle 72 con séptima, en Bogotá. Muchas han sido recogidas por voluntarios o por líderes políticos a los que los impulsa el amor al uribismo, y otras tantas, si no la mayoría, las ha conseguido un batallón de ‘recolectores’ reclutados por empresas temporales.
La meta es completar cinco millones de firmas para presentarlas el próximo 15 de agosto en la Registraduría. El número es significativo porque es más del triple del mínimo necesario para convocar al referendo (1.403.069 firmas). Sin duda, a los promotores les interesa que sea contundente el mensaje del mandato popular. Sobre todo ahora, frente a un Congreso tan cuestionado en su legitimidad.
El referendo tiene a la cabeza al ex senador caldense Luis Guillermo Giraldo, hoy secretario general del Partido de La U quien, junto a otros ocho ciudadanos, conforma el Comité de Promotores, un grupo de personas que desde el 28 de abril se pusieron en la tarea de echar a andar este engranaje reeleccionista.
Pese a que todavía tienen un largo camino por delante, han logrado avanzar con rapidez. Esto ha sido posible gracias a un gigante y costoso andamiaje que envidiaría cualquiera de los otros referendos que están en proceso en el país y que empezó a funcionar desde mayo, cuando se trazaron una estrategia para no fallar en su propósito de mantener a Uribe en el poder.
Lo primero fue conformar una ONG que bautizaron Colombia Primero. Las mismas palabras, pero en distinto orden, del nombre de la fundación que manejó Fabio Echeverri en las dos campañas anteriores del presidente Uribe, que se llamaba Primero Colombia. Y lo segundo, reunir más de 20 empresas de servicios temporales y ofrecerles un buen negocio. Conseguir, cada una, 300.000 firmas, pagadas a 340 pesos por rúbrica. De los cuales, 250 se ganaba el que las recogiera y 90 la empresa.
Diecisiete aceptaron la oferta y hoy sólo quedan unas tres funcionando. Algunas terminaron el contrato porque no les fue rentable, y otras, como Redes Humanas Ltda., por el contrario, lo han ampliado más de cinco veces. “Nosotros contratamos más de 200 personas, y por eso hemos sido líderes en la recolección de las firmas, hemos aportado 1.200.000 y nos faltan 600.000 más”, dice Luz Esperanza Pérez, gerente de esta empresa que tiene más de 10 años de antigüedad.
Y es que el trabajo se ve fácilmente si se camina por estos días por las calles de las principales ciudades de Colombia. Mas de 1.000 personas, la mayoría jóvenes desempleados de escasos recursos, son las que recogen las firmas. A cada uno la empresa temporal le garantiza un salario mínimo mensual, con seguridad social y todos los requisitos de ley; ellos, a cambio, se comprometen a trabajar ocho horas diarias y a entregar a diario al menos 150 firmas, es decir, 10 planillas llenas correctamente, cada una con 15 firmas válidas.
Pero sus ganancias personales pueden aumentar. Además del subsidio de alimentación y transporte, existe un mecanismo de incentivos. Tanto las empresas como Colombia Primero motivan a los mejores recolectores. Por ejemplo, si la persona logra más de 150 firmas al día, recibe 200 pesos adicionales por cada una, y si sobrepasa las 200, 50 pesos más.
Y la cosa no para ahí. Cada viernes por la tarde, en la sede de la reelección se premia con 300.000 pesos a quien haya alcanzado el mayor número de firmas en la semana. “Algunas personas han ganado ese premio tres semanas seguidas”, comenta feliz Luz Esperanza, pues de cada tres premios, al menos dos han sido para sus muchachos. “Mucha gente que no tenía ni para comer ha podido mejorar su nivel de vida gracias a esta oportunidad”, agrega.
Aunque muchos reconocen que es un trabajo duro, con caminatas bajo el sol o la lluvia, consideran que están bien remunerados. Lady es una de las más entusiastas. Lleva un mes en el trabajo y ya ha salido de varias deudas que la tenían azotada. Y a pesar de que ahora está en un centro comercial del norte de Bogotá donde, según ella, la gente es “culta y de plata”, de vez en cuando le ha tocado lidiar con un feroz opositor a la hora de pedir la firma. Ha recibido insultos de gente que les dice “vendidos” o “paracos”. Incluso llegaron a forcejeos para impedir que les destruyeran las planillas, y en alguna ocasión perdió el trabajo de todo un día por un tipo que fingió firmar y de repente dañó las firmas ya recogidas escribiendo sobre ellas insultos al Presidente.
Pero si bien puede ser una buena oportunidad de empleo para algunos cientos de desempleados en el país, cabe preguntarse cuánto dinero invierte esta empresa en una reelección que hasta el momento es incierta.
Giraldo dice que sin contar los apoyos en especie, los gastos de la iniciativa popular van en unos 180 millones de pesos. Pero según las cifras que entrega tan solo una de las empresas temporales contratadas, Colombia Primero le ha pagado por el millón doscientas mil firmas, al menos 400 millones de pesos. Y si se tiene en cuenta que estaban dispuestos a contratar con 20 de estas empresas, se podría suponer que el referendo tuvo reservas presupuestales para pagar al menos 2.000 millones de pesos.
Ahora bien, no sólo han contratado personas para recolectar las firmas. Las planillas que a diario son entregadas por los recolectores a los coordinadores comienzan dentro de los salones de la vieja casona un dispendioso proceso de verificación. Uno por uno, los números de las cédulas son chequeados en computadores dotados de un software especial que verifica que la cédula corresponda al nombre y que haga parte del censo electoral.
Luego, cada una de las planillas se copia en el computador con un escáner y se guarda en archivos electrónicos que le servirán a Colombia Primero de respaldo una vez se lleve el papel a la Registraduría. En todo este proceso, trabajan al menos unas 30 personas. Algunas de ellas, digitadores de datos, manifestaron a SEMANA ganarse por lo menos 550.000 pesos mensuales más prestaciones. Lo cual aumenta el costo de esta titánica labor de cambiar la Constitución.
¿De dónde ha venido el dinero? Para Giraldo, proviene de donantes, colombianos de buena voluntad que quieren apoyar al Presidente. SEMANA estableció que algunos grupos económicos ya dieron los aportes, así como empresarios que apuestan a que el recorrido de la iniciativa sea exitoso a pesar de que saben que su platica se puede embolatar si mañana el presidente Uribe decide despejar la duda sobre sus aspiraciones. Giraldo, que ha ido de ciudad en ciudad buscando los recursos, cree que esta incertidumbre es parte de su apuesta democrática “La democracia es un riesgo, se gana o se pierde”, concluye.
Ahora bien, la ley no establece un tope de dinero para el proceso general de recolección de firmas, pero sí consagra uno para las cuantías que aporten “personas naturales o jurídicas de derecho privado”, que es de 3.300.000 pesos. Así que los aportes tendrán que ser muchos para alcanzar las cifras que se están manejando.
Carlos Alberto Jaramillo es el gerente de Colombia Primero y a su celular entran a menudo llamadas en las que se le oye dar las gracias por ese aporte. Jaramillo, que se dedica a la edición de libros, está en esto como voluntario por la causa. Tiene programadas para los próximos días dos actividades para recoger fondos. Una es la venta de obras de un pintor paisa que donó a la campaña 500 cuadros para que sean vendidos en 500.000 pesos cada uno. Y la otra, un baile con la Billo’s Caracas Boys, la tradicional orquesta venezolana, al que piensa que pueden llegar 4.000 personas. Además están quienes –según Jaramillo– regalan muchas cosas para la campaña: camisetas, afiches, calcomanías, vallas y hasta papelería.
Giraldo repite que ni el presidente Uribe ni nadie de su gobierno tienen que ver con la iniciativa, y menos aun con el trabajo de conseguir donantes. “Somos unos modestísimos ciudadanos que creemos que el país necesita de más Uribe”, pregona. Y por supuesto, en la Casa de Nariño no se pronuncia oficialmente una sola palabra sobre el referendo. Se conoce, eso sí, que las opiniones frente al empeño reformista tienen al equipo dividido. A muchos de los uribistas no les cae bien y otros lo aplauden, pero sea cual sea la postura del Presidente, lo cierto es que este referendo va muy en serio.
La empresa no funciona sólo en la capital. Sumadas a los empleados reclutados, también las maquinarias políticas están moviéndose a toda marcha. Los diputados y los concejales del Partido de La U en todo el país están en la tarea de conseguir firmas. En Barranquilla, por ejemplo, el líder es el senador José David Náder Cardozo, que mueve a los diputados y los concejales de su partido. Náder dice que el proceso ha sido fácil porque en el 99 por ciento de los casos la gente firma de manera espontánea. Allí, aunque no hay personal contratado, los concejales y los diputados andan con las planillas listas para levantar apoyos.
Y en Cali, la infraestructura montada alrededor de ese propósito es la misma con la que cuentan los dirigentes políticos de la región, es decir, sus líderes de base. Dilian Francisca Toro, senadora uribista, tiene tres diputados, 13 alcaldes y al menos 100 concejales dedicados a cumplir con la tarea.
En realidad, de los partidos de la coalición uribista, sólo La U tiene un mandato claro. En los otros partidos no se ha dado una orden perentoria de participar en la recolección de firmas. Alas Equipo Colombia trabaja un poco en la costa y otro tanto hace Colombia Democrática. Los conservadores poco y nada colaboran, y a Cambio Radical no se le conoce la cara en la causa reeleccionista.
En otras ciudades intermedias y pequeños municipios, son los líderes de las juntas de acción comunal los que se encargan de que en las tiendas, las misceláneas o las plazas de mercado estén disponibles las planillas para que los voluntarios estampen sus rúbricas.
Los términos de ley indican que el comité promotor tiene plazo de seis meses, desde el momento en que inscribe el referendo, para entregar a la Registraduría las firmas de no menos del 5 por ciento del censo electoral. Sin embargo, estarán listas para agosto. Así lo dice Giraldo y así lo confirman los contratos suscritos con las empresas de trabajo temporal que vencen el 4 de ese mes. Así las cosas, si la Registraduría da el visto bueno sobre las firmas, para lo cual ya también se está preparando, el proyecto de ley tendrá que haber hecho su trámite en el Congreso, y haber sido aprobado o negado, antes de diciembre de este año (ver recuadro).
Y entonces comenzará el estudio por parte de la Corte Constitucional de la ley que convoca al referendo, que será el momento álgido del debate. Las discusiones se darán en una nueva Corte Constitucional, que para entonces tendrá seis nuevos magistrados –se eligen en octubre y se posesionan en enero–. Algunos serían los puntos más polémicos: el principal, si la ley echa a tierra la arquitectura de pesos y contrapesos de la democracia e implicaría la sustitución de la Constitución, y otro sería determinar si la reforma sugerida no se aplica para el período 2010, pues dice explícitamente que “quien haya ejercido dos períodos constitucionales, podrá ser elegido”. Es decir, ¿puede el presidente Uribe ser elegido sin terminar su período?
Lo cierto es que a la empresa del referendo no le preocupa por ahora ningún obstáculo futuro. Sólo le interesa sumar y sumar firmas que significan el “apoyo del pueblo”. Y, a decir verdad, a quien firma o deja de firmar poco le ocupan esos pasos complicados que se avecinan. Para esa mayoría, la cosa es simple: firman porque quieren más Uribe o no firman porque sienten que ya estuvo bien.
El referendo para la reelección parece no tener reversa. Sin embargo, las personas más cercanas a Uribe aseguran que está indeciso.
Fecha: 07/26/2008 -1369
El histórico rescate de Íngrid Betancourt y los otros 14 secuestrados sepultó una bomba noticiosa de gran proporción que estaba a punto de salir a la luz pública por esos días: el presidente Álvaro Uribe les había dejado claro a varios de sus más cercanos colaboradores y familiares que no pensaba lanzarse como candidato presidencial en 2010.
Hasta ese momento, el primer mandatario no había querido dar respuesta, ni siquiera a sus más fieles allegados, sobre si se le iba a apuntar o no a una nueva reelección. Así entonces, la gran pregunta política de los últimos años parecía estar resuelta para su círculo íntimo. La idea de Uribe no era hacer pública su decisión sino cuando el momento político lo requiriera, pues es bien sabido que el suspenso sobre una posible reelección es una carta política que el Presidente ha jugado con gran habilidad para mantener firmes sus tropas.
Ahora, y luego de que se aplacó el tsunami mediático de la operación 'Jaque', el tema se vuelve a poner sobre el tapete porque el próximo 15 de agosto serán presentadas de manera oficial a la Registraduría cuatro millones de firmas para convocar un referendo que permitirá que un colombiano ocupe por tercera vez la Presidencia de la República.
Dará polémica
Firma a firma
Luis Guillermo Giraldo con el equipo de trabajo del referendo en el antiguo convento de la 72 que sirvió de sede de campaña a Pastrana, Noemí, Peñalosa y María Emma Los recolectores reclutados asisten a una capacitación para evitar errores. La regla de oro es ‘no meter la mano’ en la planilla. Les explican en qué consiste el referendo Empiezan la labor. No deben perder tiempo en persuadir a indecisos. Sólo lograr que estén los datos completos y legibles en las 15 casiilas Cada recolector tiene un código al que le suman las firmas válidas para el pago. Se numeran las planillas para empastarlas. Se empastan las planillas. 200 páginas por cada libro. Tendrán listos 1.800 Una planilla de firmas que apoyan el referendo para la reforma constitucional. El 20 de julio, en medio de la marcha contra el secuestro, Tomás Uribe, el mayor de los hijos del Presidente, estampó su rúbrica
PUBLICIDAD Esas dos realidades parecen entonces contradictorias y ya han comenzado los interrogantes: Si es verdad que el Presidente está contemplando la posibilidad de no lanzarse para 2010, ¿para qué deja avanzar el referendo? No sólo el montaje para recoger las firmas es una operación de alto turmequé que lleva varios meses en progreso (ver páginas 26 a la 30), sino que una vez entre al Congreso, suena poco probable que sea desmontado.
Si se cuenta sólo el andamiaje de Bogotá, son 130 personas pagas, trabajando en tres turnos, las 24 horas del día, entre recolectores de firmas, digitadores y verificadores de las mismas. En todo el país son cerca de 1.000 empleados. Pero tal vez lo más significativo es que el comité encabezado por Luis Guillermo Giraldo ha recibido aportes de grandes grupos económicos y esta es una de las razones que hacen pensar que este referendo no tiene reversa, pues es fácil explicar que se recojan firmas y no se utilicen, pero lo que no tiene sentido es que pidan plata para nada.
Lo que es indiscutible es que si el Presidente estuviera decidido a no lanzarse, podría parar en seco todo ese proceso con una simple llamada telefónica. El argumento de Luis Guillermo Giraldo de que esa iniciativa se ha llevado a cabo a espaldas del primer mandatario no convence a nadie. Como Uribe ni raja ni presta el hacha, la interpretación que se le ha dado a su pasividad es que aunque eventualmente decida no lanzarse, quiere dejar la puerta abierta con la teoría de la hecatombe. En otras palabras, si dentro de un año se ve suficientemente liquidada la guerrilla, como para considerar que su misión está cumplida, Uribe se haría a un lado. Si, por otra parte, hay un atisbo de zozobra o nubarrones negros, él no dejaría de ponerle el pecho al problema.
Se sabe que su esposa se opone intensamente a la reelección. Y que con excepción de José Obdulio Gaviria, todos sus más cercanos consejeros y amigos también.
En otras palabras, no es imposible que haya un referendo y que Uribe no sea candidato. Quedaría la reforma constitucional hacia el futuro sin que él haga uso de ella. Las personas que hacen este análisis son ministros y funcionarios de Palacio que tienen interlocución permanente con el Presidente y que aseguran verlo más inclinado al no que al sí en materia de reelección.
Como era de esperarse, esta interpretación produce risas entre los antiuribistas que consideran al Presidente ambicioso y maquiavélico, y a sus interlocutores, ingenuos y sumisos.
Otro grupo de allegados a Uribe, que incluye también ministros, da una interpretación intermedia. Según esta, el Presidente con el referendo quiere dejar abierta la puerta para volver a la Casa de Nariño. Pero no necesariamente en 2010, también puede ser en 2014 o después. La reforma que se le hizo a la Constitución para permitir la reelección inmediata dejó tajantemente prohibido un tercer período presidencial. Si no se encarga el mismo Uribe de reformarla de nuevo, es casi imposible que lo haga por él algún otro Presidente que lo suceda. Es mejor para el primer mandatario recoger firmas ahora, cuando la popularidad está tan alta, y votar el referendo, en el mejor de los casos, en mayo del año entrante, cuando aspira a mantener un respaldo que le permita lograr los 7,1 millones de votos que se necesitan para aprobarlo.
En todo caso, ya sea que el Presidente decida lanzarse en 2010 o en 2014, si llega a prosperar la reforma a la justicia, las fichas quedarían colocadas favorablemente para él en el ajedrez. El borrador informal que ha presentado el ministro Fabio Valencia dice que al Procurador y al Fiscal se les ampliará el período a ocho años, y a los magistrados de las Cortes, a 12 años. Esto no es que represente una ventaja electoral para 2014, pero sí representa una garantía de que hasta entonces los organismos de control que podrían molestar no estén en manos de sus enemigos.
En todo caso, la presentación de las firmas a la Registraduría en menos de tres semanas, si bien no define qué va a hacer exactamente el Presidente, sí parece dejar claro qué no va a hacer: desmontar ese referendo. Sus allegados pensaron que crear la expectativa de la reforma constitucional podría ser una estrategia para llenarse de gloria al renunciar a una segunda reelección en el momento oportuno. Como están las cosas, ese escenario ya no parece probable. Si Uribe quisiera hacerlo, el momento es ahora, notificándole a Luis Guillermo Giraldo que no es conveniente presentarlo ante la Registraduría.
Y por supuesto, no hay que descartar otro escenario. Que el primer mandatario esté inclinado a no ir a la reelección, pero en el referendo se dé un resultado de ocho o nueve millones de votos por el sí y Uribe lo considere como un mandato ineludible del constituyente primario.
Así funciona la máquina del referendo
La firma de Tomás Uribe este fin de semana en el acta de su matrimonio no ha sido la única rúbrica trascendental que ha estampado en los últimos días. El 20 de julio, mientras marchaba para pedir la liberación de los secuestrados, puso su granito de arena para la segunda reelección de su padre, el presidente Álvaro Uribe Vélez. Con su puño y letra escribió en una de las planillas que recogen las firmas para promover el referendo su nombre, número de cédula y la dirección de su residencia, que corresponde a la Casa de Nariño.
Como la firma de Tomás, casi tres millones más están listas, verificadas y empastadas en la sede de la reelección, en la calle 72 con séptima, en Bogotá. Muchas han sido recogidas por voluntarios o por líderes políticos a los que los impulsa el amor al uribismo, y otras tantas, si no la mayoría, las ha conseguido un batallón de ‘recolectores’ reclutados por empresas temporales.
La meta es completar cinco millones de firmas para presentarlas el próximo 15 de agosto en la Registraduría. El número es significativo porque es más del triple del mínimo necesario para convocar al referendo (1.403.069 firmas). Sin duda, a los promotores les interesa que sea contundente el mensaje del mandato popular. Sobre todo ahora, frente a un Congreso tan cuestionado en su legitimidad.
El referendo tiene a la cabeza al ex senador caldense Luis Guillermo Giraldo, hoy secretario general del Partido de La U quien, junto a otros ocho ciudadanos, conforma el Comité de Promotores, un grupo de personas que desde el 28 de abril se pusieron en la tarea de echar a andar este engranaje reeleccionista.
Pese a que todavía tienen un largo camino por delante, han logrado avanzar con rapidez. Esto ha sido posible gracias a un gigante y costoso andamiaje que envidiaría cualquiera de los otros referendos que están en proceso en el país y que empezó a funcionar desde mayo, cuando se trazaron una estrategia para no fallar en su propósito de mantener a Uribe en el poder.
Lo primero fue conformar una ONG que bautizaron Colombia Primero. Las mismas palabras, pero en distinto orden, del nombre de la fundación que manejó Fabio Echeverri en las dos campañas anteriores del presidente Uribe, que se llamaba Primero Colombia. Y lo segundo, reunir más de 20 empresas de servicios temporales y ofrecerles un buen negocio. Conseguir, cada una, 300.000 firmas, pagadas a 340 pesos por rúbrica. De los cuales, 250 se ganaba el que las recogiera y 90 la empresa.
Diecisiete aceptaron la oferta y hoy sólo quedan unas tres funcionando. Algunas terminaron el contrato porque no les fue rentable, y otras, como Redes Humanas Ltda., por el contrario, lo han ampliado más de cinco veces. “Nosotros contratamos más de 200 personas, y por eso hemos sido líderes en la recolección de las firmas, hemos aportado 1.200.000 y nos faltan 600.000 más”, dice Luz Esperanza Pérez, gerente de esta empresa que tiene más de 10 años de antigüedad.
Y es que el trabajo se ve fácilmente si se camina por estos días por las calles de las principales ciudades de Colombia. Mas de 1.000 personas, la mayoría jóvenes desempleados de escasos recursos, son las que recogen las firmas. A cada uno la empresa temporal le garantiza un salario mínimo mensual, con seguridad social y todos los requisitos de ley; ellos, a cambio, se comprometen a trabajar ocho horas diarias y a entregar a diario al menos 150 firmas, es decir, 10 planillas llenas correctamente, cada una con 15 firmas válidas.
Pero sus ganancias personales pueden aumentar. Además del subsidio de alimentación y transporte, existe un mecanismo de incentivos. Tanto las empresas como Colombia Primero motivan a los mejores recolectores. Por ejemplo, si la persona logra más de 150 firmas al día, recibe 200 pesos adicionales por cada una, y si sobrepasa las 200, 50 pesos más.
Y la cosa no para ahí. Cada viernes por la tarde, en la sede de la reelección se premia con 300.000 pesos a quien haya alcanzado el mayor número de firmas en la semana. “Algunas personas han ganado ese premio tres semanas seguidas”, comenta feliz Luz Esperanza, pues de cada tres premios, al menos dos han sido para sus muchachos. “Mucha gente que no tenía ni para comer ha podido mejorar su nivel de vida gracias a esta oportunidad”, agrega.
Aunque muchos reconocen que es un trabajo duro, con caminatas bajo el sol o la lluvia, consideran que están bien remunerados. Lady es una de las más entusiastas. Lleva un mes en el trabajo y ya ha salido de varias deudas que la tenían azotada. Y a pesar de que ahora está en un centro comercial del norte de Bogotá donde, según ella, la gente es “culta y de plata”, de vez en cuando le ha tocado lidiar con un feroz opositor a la hora de pedir la firma. Ha recibido insultos de gente que les dice “vendidos” o “paracos”. Incluso llegaron a forcejeos para impedir que les destruyeran las planillas, y en alguna ocasión perdió el trabajo de todo un día por un tipo que fingió firmar y de repente dañó las firmas ya recogidas escribiendo sobre ellas insultos al Presidente.
Pero si bien puede ser una buena oportunidad de empleo para algunos cientos de desempleados en el país, cabe preguntarse cuánto dinero invierte esta empresa en una reelección que hasta el momento es incierta.
Giraldo dice que sin contar los apoyos en especie, los gastos de la iniciativa popular van en unos 180 millones de pesos. Pero según las cifras que entrega tan solo una de las empresas temporales contratadas, Colombia Primero le ha pagado por el millón doscientas mil firmas, al menos 400 millones de pesos. Y si se tiene en cuenta que estaban dispuestos a contratar con 20 de estas empresas, se podría suponer que el referendo tuvo reservas presupuestales para pagar al menos 2.000 millones de pesos.
Ahora bien, no sólo han contratado personas para recolectar las firmas. Las planillas que a diario son entregadas por los recolectores a los coordinadores comienzan dentro de los salones de la vieja casona un dispendioso proceso de verificación. Uno por uno, los números de las cédulas son chequeados en computadores dotados de un software especial que verifica que la cédula corresponda al nombre y que haga parte del censo electoral.
Luego, cada una de las planillas se copia en el computador con un escáner y se guarda en archivos electrónicos que le servirán a Colombia Primero de respaldo una vez se lleve el papel a la Registraduría. En todo este proceso, trabajan al menos unas 30 personas. Algunas de ellas, digitadores de datos, manifestaron a SEMANA ganarse por lo menos 550.000 pesos mensuales más prestaciones. Lo cual aumenta el costo de esta titánica labor de cambiar la Constitución.
¿De dónde ha venido el dinero? Para Giraldo, proviene de donantes, colombianos de buena voluntad que quieren apoyar al Presidente. SEMANA estableció que algunos grupos económicos ya dieron los aportes, así como empresarios que apuestan a que el recorrido de la iniciativa sea exitoso a pesar de que saben que su platica se puede embolatar si mañana el presidente Uribe decide despejar la duda sobre sus aspiraciones. Giraldo, que ha ido de ciudad en ciudad buscando los recursos, cree que esta incertidumbre es parte de su apuesta democrática “La democracia es un riesgo, se gana o se pierde”, concluye.
Ahora bien, la ley no establece un tope de dinero para el proceso general de recolección de firmas, pero sí consagra uno para las cuantías que aporten “personas naturales o jurídicas de derecho privado”, que es de 3.300.000 pesos. Así que los aportes tendrán que ser muchos para alcanzar las cifras que se están manejando.
Carlos Alberto Jaramillo es el gerente de Colombia Primero y a su celular entran a menudo llamadas en las que se le oye dar las gracias por ese aporte. Jaramillo, que se dedica a la edición de libros, está en esto como voluntario por la causa. Tiene programadas para los próximos días dos actividades para recoger fondos. Una es la venta de obras de un pintor paisa que donó a la campaña 500 cuadros para que sean vendidos en 500.000 pesos cada uno. Y la otra, un baile con la Billo’s Caracas Boys, la tradicional orquesta venezolana, al que piensa que pueden llegar 4.000 personas. Además están quienes –según Jaramillo– regalan muchas cosas para la campaña: camisetas, afiches, calcomanías, vallas y hasta papelería.
Giraldo repite que ni el presidente Uribe ni nadie de su gobierno tienen que ver con la iniciativa, y menos aun con el trabajo de conseguir donantes. “Somos unos modestísimos ciudadanos que creemos que el país necesita de más Uribe”, pregona. Y por supuesto, en la Casa de Nariño no se pronuncia oficialmente una sola palabra sobre el referendo. Se conoce, eso sí, que las opiniones frente al empeño reformista tienen al equipo dividido. A muchos de los uribistas no les cae bien y otros lo aplauden, pero sea cual sea la postura del Presidente, lo cierto es que este referendo va muy en serio.
La empresa no funciona sólo en la capital. Sumadas a los empleados reclutados, también las maquinarias políticas están moviéndose a toda marcha. Los diputados y los concejales del Partido de La U en todo el país están en la tarea de conseguir firmas. En Barranquilla, por ejemplo, el líder es el senador José David Náder Cardozo, que mueve a los diputados y los concejales de su partido. Náder dice que el proceso ha sido fácil porque en el 99 por ciento de los casos la gente firma de manera espontánea. Allí, aunque no hay personal contratado, los concejales y los diputados andan con las planillas listas para levantar apoyos.
Y en Cali, la infraestructura montada alrededor de ese propósito es la misma con la que cuentan los dirigentes políticos de la región, es decir, sus líderes de base. Dilian Francisca Toro, senadora uribista, tiene tres diputados, 13 alcaldes y al menos 100 concejales dedicados a cumplir con la tarea.
En realidad, de los partidos de la coalición uribista, sólo La U tiene un mandato claro. En los otros partidos no se ha dado una orden perentoria de participar en la recolección de firmas. Alas Equipo Colombia trabaja un poco en la costa y otro tanto hace Colombia Democrática. Los conservadores poco y nada colaboran, y a Cambio Radical no se le conoce la cara en la causa reeleccionista.
En otras ciudades intermedias y pequeños municipios, son los líderes de las juntas de acción comunal los que se encargan de que en las tiendas, las misceláneas o las plazas de mercado estén disponibles las planillas para que los voluntarios estampen sus rúbricas.
Los términos de ley indican que el comité promotor tiene plazo de seis meses, desde el momento en que inscribe el referendo, para entregar a la Registraduría las firmas de no menos del 5 por ciento del censo electoral. Sin embargo, estarán listas para agosto. Así lo dice Giraldo y así lo confirman los contratos suscritos con las empresas de trabajo temporal que vencen el 4 de ese mes. Así las cosas, si la Registraduría da el visto bueno sobre las firmas, para lo cual ya también se está preparando, el proyecto de ley tendrá que haber hecho su trámite en el Congreso, y haber sido aprobado o negado, antes de diciembre de este año (ver recuadro).
Y entonces comenzará el estudio por parte de la Corte Constitucional de la ley que convoca al referendo, que será el momento álgido del debate. Las discusiones se darán en una nueva Corte Constitucional, que para entonces tendrá seis nuevos magistrados –se eligen en octubre y se posesionan en enero–. Algunos serían los puntos más polémicos: el principal, si la ley echa a tierra la arquitectura de pesos y contrapesos de la democracia e implicaría la sustitución de la Constitución, y otro sería determinar si la reforma sugerida no se aplica para el período 2010, pues dice explícitamente que “quien haya ejercido dos períodos constitucionales, podrá ser elegido”. Es decir, ¿puede el presidente Uribe ser elegido sin terminar su período?
Lo cierto es que a la empresa del referendo no le preocupa por ahora ningún obstáculo futuro. Sólo le interesa sumar y sumar firmas que significan el “apoyo del pueblo”. Y, a decir verdad, a quien firma o deja de firmar poco le ocupan esos pasos complicados que se avecinan. Para esa mayoría, la cosa es simple: firman porque quieren más Uribe o no firman porque sienten que ya estuvo bien.
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