Vigías ambientales recuperan tejido social en zonas de riesgo
Crónica y reportaje
Por: Claudia Sandoval G.
Siendo Bogotá una de las veinte ciudades más grandes de América Latina y la más importante de Colombia, se ve compuesta por dos escenarios: la zona plana, donde se concentran las edificaciones de grandes empresas financieras, centros comerciales y conjuntos cerrados; y las enormes laderas construidas, donde habitan millones de personas, aquellas que han comprado su lote con los ahorros ganados trabajando en servicios generales, en vigilancia o como obreros de la construcción, así como las que se han visto obligadas a invadir un trozo de tierra después de perderlo todo en su tierra de origen por el fenómeno de desplazamiento.
En esas laderas se observan miles de viviendas construidas con ladrillos y cambuches levantados con latas, tablas, palos y cartón; viviendas que no soportan las inclemencias de las lluvias y se mueven –o se caen– al ritmo de los deslizamientos. Tampoco es extraño encontrarse con viejos armarios, neumáticos y demás desechos flotando o estancados en las quebradas que bajan desde la cima de las montañas y que, en otra época, fueron fuente de consumo y aseo para los habitantes de la montañas. En 2007, según fuentes oficiales, se presentaron unos 84 fenómenos por remoción en masa y 130 en lo que va corrido de este año. Se han presentado, en estos mismos periodos, 27 y 11 inundaciones en las zonas de ladera.
Para leer completa....
http://elturbion.modep.org/drupal/?q=node/871
sábado, 12 de julio de 2008
Alias ‘HH' entrega testamento de Carlos Castaño
Ever Veloza entregó a la Fiscalía una memoria digital con el testamento del desaparecido jefe de las Autodefensas Carlos Castaño. También aparecen copias de correos electrónicos enviados a otros comandantes e información reservada de la Policía Nacional.
Fecha: 07/09/2008 -
Ever Veloza García, desmovilizado de los bloques Calima y Bananero de las Autodefensas, entregó este miércoles a la Fiscalía una memoria USB que, según él, tenía Carlos Castaño Gil al momento de su muerte, informó la Fiscalía General en su sitio web.
El dispositivo electrónico, según alias ‘HH' o ‘Carepollo’, contiene el testamento del desaparecido cabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), correos electrónicos a otros comandantes de bloque, correos electrónicos con códigos de seguridad y valiosa información clasificada de la Policía Nacional donde se le avisaba de antemano sobre operativos para la infiltración de las autodefensas en todo el país.
La información contiene, según el informe de la Fiscalía, no sólo las fotos de los policías encubiertos, sino las cédulas y los cambios de identidad con las que debían realizar las infiltraciones.
Además de la memoria digital, el cabecilla paramilitar confesó que Raúl Emilio Hasbun, alias ‘Pedro Bonito', quiso incluir en el proceso de desmovilización de las AUC a los integrantes de la Convivir Papagayo que operó en la región bananera de Antioquia, pero que Vicente Castaño Gil se opuso a esa iniciativa por considerar que era necesario conservar esa estructura armada para después de la desmovilización.
Por otra parte, Veloza García controvirtió el testimonio que entregó alias ‘El Iguano', el pasado 18 de junio, donde aseguró que el secuestro de la senadora Piedad Córdoba en mayo del 99 obedeció a la información que contenían unos cassetes que le entregó José Miguel Narvaez, ex subdirector del DAS durante la era de Jorge Noguera, a Carlos Castaño (Ver Artículo). Según ‘H.H’ el plagio se ejecutó con fines políticos.
Señaló alias ‘HH' que Carlos Castaño ordenó a la banda delictiva conocida como ‘La Terraza' el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón en agosto del 99, aunque en reiteradas ocasiones Castaño Gil reconoció que había sido un error y que el crimen se llevó a cabo para “hacerle caso a unos amigos del Ejército Nacional”
Finalmente, en la diligencia judicial, Veloza dió los nombres de diez miembros de la UP asesinados en la zona bananera en 1995, que laboraban en fincas de la región
wwww.semana.com
Ever Veloza entregó a la Fiscalía una memoria digital con el testamento del desaparecido jefe de las Autodefensas Carlos Castaño. También aparecen copias de correos electrónicos enviados a otros comandantes e información reservada de la Policía Nacional.
Fecha: 07/09/2008 -
Ever Veloza García, desmovilizado de los bloques Calima y Bananero de las Autodefensas, entregó este miércoles a la Fiscalía una memoria USB que, según él, tenía Carlos Castaño Gil al momento de su muerte, informó la Fiscalía General en su sitio web.
El dispositivo electrónico, según alias ‘HH' o ‘Carepollo’, contiene el testamento del desaparecido cabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), correos electrónicos a otros comandantes de bloque, correos electrónicos con códigos de seguridad y valiosa información clasificada de la Policía Nacional donde se le avisaba de antemano sobre operativos para la infiltración de las autodefensas en todo el país.
La información contiene, según el informe de la Fiscalía, no sólo las fotos de los policías encubiertos, sino las cédulas y los cambios de identidad con las que debían realizar las infiltraciones.
Además de la memoria digital, el cabecilla paramilitar confesó que Raúl Emilio Hasbun, alias ‘Pedro Bonito', quiso incluir en el proceso de desmovilización de las AUC a los integrantes de la Convivir Papagayo que operó en la región bananera de Antioquia, pero que Vicente Castaño Gil se opuso a esa iniciativa por considerar que era necesario conservar esa estructura armada para después de la desmovilización.
Por otra parte, Veloza García controvirtió el testimonio que entregó alias ‘El Iguano', el pasado 18 de junio, donde aseguró que el secuestro de la senadora Piedad Córdoba en mayo del 99 obedeció a la información que contenían unos cassetes que le entregó José Miguel Narvaez, ex subdirector del DAS durante la era de Jorge Noguera, a Carlos Castaño (Ver Artículo). Según ‘H.H’ el plagio se ejecutó con fines políticos.
Señaló alias ‘HH' que Carlos Castaño ordenó a la banda delictiva conocida como ‘La Terraza' el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón en agosto del 99, aunque en reiteradas ocasiones Castaño Gil reconoció que había sido un error y que el crimen se llevó a cabo para “hacerle caso a unos amigos del Ejército Nacional”
Finalmente, en la diligencia judicial, Veloza dió los nombres de diez miembros de la UP asesinados en la zona bananera en 1995, que laboraban en fincas de la región
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¿En Colombia habrá parapolítica para rato?
Está visto que las vinculaciones judiciales de los políticos en Colombia al proceso conocido con el nombre de la parapolítica por ahora no van a cesar. Informe del Observatorio de Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco Iris.
Fecha: 07/11/2008 -
El escándalo de la parapolítica ha tocado a todos los niveles de la democracia en Colombia. Partiendo del Senado, pocos partidos y movimientos político, con excepción del Polo Democrático y el Movimiento Mira, escapan a este fenómeno.
Las investigaciones más recientes que abrió la Corte Suprema de Justicia fueron a los senadores Antonio Valencia, de Antioquia, elegido en la lista de Alas Equipo Colombia, y a la ex presidenta del senado Dilian Francisca Toro, del Partido de la U.
Valencia es quien que remplazó en la curul al ex senador detenido por presuntos vínculos con las Auc, Álvaro Araujo. De Valencia se tenían indicios de que habría participado en la reunión con el paramilitar Enrique Rendón, alias Germán Monsalve, hermano de Freddy Rendón, ‘El Alemán’, en la Casa de la Cultura de Mutatá (Antioquia) el 30 de agosto de 2004.
El desmovilizado Ever Veloza, alias ‘HH’, dijo en sus declaraciones en el proceso de Justicia y Paz que el apoyo paramilitar que llevó a la Cámara de Representantes al antioqueño Manuel Darío Ávila, de Cambio Radical, favoreció con votos al hoy senador Antonio Valencia, lo mismo que al también senador detenido por la parapolítica, Rubén Darío Quintero. La justicia determinará si esto es verdad. La curul de Avila fue ocupada posteriormente por Jesús Doval, ex alcalde de Turbo (Antioquia), por Estanislao Ortiz y César Andrade, quienes fueron congresistas durante un año cada uno.
El senador Antonio Valencia participó en las elecciones para Congreso en 2006 en la lista del Movimiento Alas Equipo Colombia, cuando logró una votación nacional de 22.340 votos y no salió elegido. Valencia concentró su votación en los departamentos de Chocó y Antioquia, pero cuando Álvaro Araujo renunció a su curul, lo reemplazó.
La Corte también le abrió investigación preliminar a la senadora del Partido de la U y ex Presidente del Senado, Dilian Francisca Toro.
La Ssenadora Dilian Francisca Toro, quien tiene sus orígenes políticos en el Partido Liberal, se le investiga por testimonios que reposan en la Corte que la vinculan con grupos de autodefensa. La ex presidenta del Senado comenzó la carrera política como concejal en su municipio natal, Guacarí, al norte de Cali, en el período 1984-88; fue Alcaldesa del municipio entre el 92 y el 94; Secretaria de Salud departamental hasta finales del 97; elegida senadora durante el período 2002 – 2006 por el Partido Liberal; fue reelegida como Senadora para el período 2006-2010, esta vez por el Partido de la U.
Dilian Francisca es la esposa de Julio Cesar Caicedo, senador durante el gobierno del ex presidente Ernesto Samper, y prima de Carlos Herney Abadía, un controvertido ex senador liberal que fue juzgado en del proceso 8.000, y quien se hizo famoso por haberse fugado de las casas fiscales de Bogotá (Las Villas), donde purgaba condena por los dineros que le recibió al cartel de Cali.
Herney Abadía fundó el Movimiento Popular Unido (MPU), partido que en 2002 presentó las candidaturas al Congreso de Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda, ambos detenidos por el proceso de la parapolitica. La senadora Dilian Francisca, ha dicho que no sabe por qué se la detiene, ni tiene vínculos con la parapolítica. La justicia tendrá que decidir.
La congresista vallecaucana para este período (2006-2010) logró una votación total de 98.505 votos, la mayor votación de la lista del Partido de la U y superó su anterior votación para Senado durante el período 2002-2006, cuando obtuvo un total de 71.721 votos. Para esta ocasión sus votos estuvieron concentrados en los departamentos del Valle del Cauca, Chocó, Cauca, Nariño, Magdalena y Antioquia.
Otra de las últimas noticias que ha dado la parapolitica es la absolución del senador sucreño Jairo Merlano, de quien la Juez Tercera Especializada de Bogotá consideró que no hizo parte de las autodefensas y que las pruebas aportadas por la Fiscalía no fueron suficientes para condenarlo. Sin embargo, La Fiscalía General de la Nación anunció que apelará este fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá porque en su criterio, en el caso de Merlano, sí existen pruebas tajantes que —según el ente investigador— lo relacionan directamente con grupos armado ilegales, contrario a lo que falló la Juez.
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Está visto que las vinculaciones judiciales de los políticos en Colombia al proceso conocido con el nombre de la parapolítica por ahora no van a cesar. Informe del Observatorio de Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco Iris.
Fecha: 07/11/2008 -
El escándalo de la parapolítica ha tocado a todos los niveles de la democracia en Colombia. Partiendo del Senado, pocos partidos y movimientos político, con excepción del Polo Democrático y el Movimiento Mira, escapan a este fenómeno.
Las investigaciones más recientes que abrió la Corte Suprema de Justicia fueron a los senadores Antonio Valencia, de Antioquia, elegido en la lista de Alas Equipo Colombia, y a la ex presidenta del senado Dilian Francisca Toro, del Partido de la U.
Valencia es quien que remplazó en la curul al ex senador detenido por presuntos vínculos con las Auc, Álvaro Araujo. De Valencia se tenían indicios de que habría participado en la reunión con el paramilitar Enrique Rendón, alias Germán Monsalve, hermano de Freddy Rendón, ‘El Alemán’, en la Casa de la Cultura de Mutatá (Antioquia) el 30 de agosto de 2004.
El desmovilizado Ever Veloza, alias ‘HH’, dijo en sus declaraciones en el proceso de Justicia y Paz que el apoyo paramilitar que llevó a la Cámara de Representantes al antioqueño Manuel Darío Ávila, de Cambio Radical, favoreció con votos al hoy senador Antonio Valencia, lo mismo que al también senador detenido por la parapolítica, Rubén Darío Quintero. La justicia determinará si esto es verdad. La curul de Avila fue ocupada posteriormente por Jesús Doval, ex alcalde de Turbo (Antioquia), por Estanislao Ortiz y César Andrade, quienes fueron congresistas durante un año cada uno.
El senador Antonio Valencia participó en las elecciones para Congreso en 2006 en la lista del Movimiento Alas Equipo Colombia, cuando logró una votación nacional de 22.340 votos y no salió elegido. Valencia concentró su votación en los departamentos de Chocó y Antioquia, pero cuando Álvaro Araujo renunció a su curul, lo reemplazó.
La Corte también le abrió investigación preliminar a la senadora del Partido de la U y ex Presidente del Senado, Dilian Francisca Toro.
La Ssenadora Dilian Francisca Toro, quien tiene sus orígenes políticos en el Partido Liberal, se le investiga por testimonios que reposan en la Corte que la vinculan con grupos de autodefensa. La ex presidenta del Senado comenzó la carrera política como concejal en su municipio natal, Guacarí, al norte de Cali, en el período 1984-88; fue Alcaldesa del municipio entre el 92 y el 94; Secretaria de Salud departamental hasta finales del 97; elegida senadora durante el período 2002 – 2006 por el Partido Liberal; fue reelegida como Senadora para el período 2006-2010, esta vez por el Partido de la U.
Dilian Francisca es la esposa de Julio Cesar Caicedo, senador durante el gobierno del ex presidente Ernesto Samper, y prima de Carlos Herney Abadía, un controvertido ex senador liberal que fue juzgado en del proceso 8.000, y quien se hizo famoso por haberse fugado de las casas fiscales de Bogotá (Las Villas), donde purgaba condena por los dineros que le recibió al cartel de Cali.
Herney Abadía fundó el Movimiento Popular Unido (MPU), partido que en 2002 presentó las candidaturas al Congreso de Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda, ambos detenidos por el proceso de la parapolitica. La senadora Dilian Francisca, ha dicho que no sabe por qué se la detiene, ni tiene vínculos con la parapolítica. La justicia tendrá que decidir.
La congresista vallecaucana para este período (2006-2010) logró una votación total de 98.505 votos, la mayor votación de la lista del Partido de la U y superó su anterior votación para Senado durante el período 2002-2006, cuando obtuvo un total de 71.721 votos. Para esta ocasión sus votos estuvieron concentrados en los departamentos del Valle del Cauca, Chocó, Cauca, Nariño, Magdalena y Antioquia.
Otra de las últimas noticias que ha dado la parapolitica es la absolución del senador sucreño Jairo Merlano, de quien la Juez Tercera Especializada de Bogotá consideró que no hizo parte de las autodefensas y que las pruebas aportadas por la Fiscalía no fueron suficientes para condenarlo. Sin embargo, La Fiscalía General de la Nación anunció que apelará este fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá porque en su criterio, en el caso de Merlano, sí existen pruebas tajantes que —según el ente investigador— lo relacionan directamente con grupos armado ilegales, contrario a lo que falló la Juez.
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'Salomón' dice que durante tres años sacaron coca con ayuda de la policía
Miguel Villarreal Archila, alias Salomón, revela que entre 2003 y 2006 los narcotraficantes sacaron más de 100 toneladas de coca con permiso de miembros de la Policía del Atlántico.
Por Tadeo Martínez, corresponsal de SEMANA
Fecha: 07/11/2008 -
El excomandante paramilitar desmovilizado del Bloque Norte, Miguel Villarreal Archila, conocido con los alias de “Salomón”, el “Flaco” y “Gabriel”, capturado el 20 abril de 2007, y quien quedó al mando de un grupo de paramilitares conocidos como la Banda de los 40, dijo el jueves ante la Fiscal 12 de Justicia y Paz, Deicy Jaramillo, que entre 2003 y 2006, los narcotraficantes que sacaban drogas por las costas de Bolívar y Atlántico, pagaron impuesto por el embarque de más de cien toneladas de droga.
Alias Salomón se desmovilizó el seis de marzo en la Mesa, Cesar, con el Bloque Norte comandado por alias Jorge 40 y fue postulado para rendir versión libre. Miguel Villarreal Archila fue miembro de la Policía Nacional, entidad de la que se retiró con el grado de subintendente en 1999 y se vinculó al bloque norte desde principios de 2000. Posteriormente fue trasladado al Atlántico para coordinar actividades relacionadas con el narcotráfico, como son el cobro del gramaje y el impuesto de embarque que pagan las bandas de narcotraficantes cuando pasan por un territorio.
Alias Salomón reveló ayer que las estaciones de policía de los municipios costeros Piojo, Tubará, Juan de Acosta y Puerto Colombia en Atlántico, y Santa Catalina, Lomita Arena en Bolívar, recibían pagos mensuales entre ocho y diez millones de pesos. Con Salomón trabajaban un combo de expolicías que conocían el interior de la organización y se encargaban de coordinar los pagos y cuando caía una droga averiguar quién la había decomisado para pedir que la devolvieran.
El exparamilitar le explicaba a la fiscal que el territorio desde el Hotel las Américas en Cartagena hasta el Cabo de la Vela, en la Guajira era controlado por grupos paramilitares y los narcos pagaban impuesto de embarque. El ejercía control territorial desde Cartagena hasta Barranquilla y en Magdalena el negocio lo manejaba Hernán Giraldo a través de su sobrino Nodier, conocido como el “cabezón”, que fue extraditado a Estados Unidos hace dos meses. A su vez, “Salomón”, rendía informaba a Jorge 40 y le entregaba los dineros del impuesto, que se cobraba por transitar por territorio bajo su control o por embarque. Por cada kilo dijo los narcotraficantes pagaban 50 dólares, aunque en la sesión anterior había dicho que 75 dólares.
El grupo comandando por él comenzó a organizarse en el 2002 y en el 2003 alcanzaron a cobrar impuesto por embarque de 28 toneladas anuales. En los años siguientes, 2004 y 2005, la cantidad aumentó llegando a cobrar impuesto aproximadamente cien o más toneladas de drogas embarcada con destino a los países centroamericanos, el caribe insular y Estados Unidos.
Dijo que los narcotraficantes que más utilizaban estas costas para embarcar eran alias “Cuadro”, “Caliche”, el “negro Winston”, el “mello” y Fello”, “el Pelo Pulla y “Juan Pablo”. Aunque dice no conocer los nombres, dijo que alias Cuadro es barranquillero; que “fello” y el “mello” son de Santa Marta y son hermanos, que”Caliche” es de Cartagena, “Pelo pulla” es cachaco y el negro “Winston” es de Santa Marta también.
Cuando alguno de ellos quería sacar droga lo llamaban y le preguntaban por el valor del impuesto, él les decía cuánto y se pagaba antes del embarque. Una persona de su confianza se encargaba de verificar que la cantidad embarcada correspondía a la cantidad pagada, le informaba por teléfono y se autorizaba el embarque. Esa verificación se hacía en la playa. Ellos previamente controlaban las carreteras para que no se fuera a presentar ningún percance con la droga y como las estaciones de policía recibían una mensualidad de diez millones de pesos la droga “pasaba de gol”. Si se caía la droga ellos mismos frenteaban a los policías y les preguntaban qué si la tenían que la devolvieran.
En su versión la semana pasada Salomón le había dicho a la fiscal Jaramillo que el único problema que se presentó fue con dos mil cincuenta toneladas de coca que habían sapeado unos informantes que la DEA había presentado al Ejército y que se arregló con el general Gabriel Diaz para que la devolvieran. El operativo lo hicieron la noche antes que el Ejército hiciera un operativo para incautar la droga y presentarla como un positivo, eso fue a comienzos de 2002. El informante del Ejército había sido Angel León Sánchez Cotes, alias “el changue”, asesinado en septiembre del mismo año por orden de las autodefensas. El general Gabriel Diaz ha desmentido ha Salomón. Esa droga era de un caleño conocido como “Gilbert o el Cabezón”.
Se calcula que entre agentes y comandantes de estaciones de los pueblos mencionados, así como funcionarios del DAS y la SIJIN Atlántico, puede haber más de 40 personas vinculadas. Algunas de las cuales han sido detenidas por orden de captura libradas por la Fiscalía Quinta de DH, que ha instruido el proceso y por el que ya han sido capturadas más de cien personas.
La fiscal ha programado varias sesiones con alias Salomón para que aclare el funcionamiento del grupo de paramilitares dedicados a actividades del narcotráfico en el Bloque Norte y eso debe hacerse antes de que la Corte Suprema autorice su extradición y el Gobierno Nacional la ordene.
Salomón estuvo refugiado entre 2006 y parte de 2007 en Venezuela, antes de ser capturado, pues en ese entonces y con el desmonte de los bloques paramilitares se desató una guerra por el control territorial entre la oficina de cobro de Envigado comandada por alias Rogelio y los Mellizos, que habían adquirido a Jorge 40 y a Hernán Giraldo el territorio de la Sierra Nevada. Los paisas, como se conoce a la oficina de Envigado se metieron en Cartagena y Sincelejo y desataron una guerra con la Banda de los 40, uno de cuyos comandantes era alias Salomón. Una gente se voltió para donde los paisas y otra para donde los mellizos y los que no aceptaron irse con ninguno de estos bandos quedaron pagando y los “recogieron”, los asesinaron. Hasta el momento hay más de 120 capturas.
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Miguel Villarreal Archila, alias Salomón, revela que entre 2003 y 2006 los narcotraficantes sacaron más de 100 toneladas de coca con permiso de miembros de la Policía del Atlántico.
Por Tadeo Martínez, corresponsal de SEMANA
Fecha: 07/11/2008 -
El excomandante paramilitar desmovilizado del Bloque Norte, Miguel Villarreal Archila, conocido con los alias de “Salomón”, el “Flaco” y “Gabriel”, capturado el 20 abril de 2007, y quien quedó al mando de un grupo de paramilitares conocidos como la Banda de los 40, dijo el jueves ante la Fiscal 12 de Justicia y Paz, Deicy Jaramillo, que entre 2003 y 2006, los narcotraficantes que sacaban drogas por las costas de Bolívar y Atlántico, pagaron impuesto por el embarque de más de cien toneladas de droga.
Alias Salomón se desmovilizó el seis de marzo en la Mesa, Cesar, con el Bloque Norte comandado por alias Jorge 40 y fue postulado para rendir versión libre. Miguel Villarreal Archila fue miembro de la Policía Nacional, entidad de la que se retiró con el grado de subintendente en 1999 y se vinculó al bloque norte desde principios de 2000. Posteriormente fue trasladado al Atlántico para coordinar actividades relacionadas con el narcotráfico, como son el cobro del gramaje y el impuesto de embarque que pagan las bandas de narcotraficantes cuando pasan por un territorio.
Alias Salomón reveló ayer que las estaciones de policía de los municipios costeros Piojo, Tubará, Juan de Acosta y Puerto Colombia en Atlántico, y Santa Catalina, Lomita Arena en Bolívar, recibían pagos mensuales entre ocho y diez millones de pesos. Con Salomón trabajaban un combo de expolicías que conocían el interior de la organización y se encargaban de coordinar los pagos y cuando caía una droga averiguar quién la había decomisado para pedir que la devolvieran.
El exparamilitar le explicaba a la fiscal que el territorio desde el Hotel las Américas en Cartagena hasta el Cabo de la Vela, en la Guajira era controlado por grupos paramilitares y los narcos pagaban impuesto de embarque. El ejercía control territorial desde Cartagena hasta Barranquilla y en Magdalena el negocio lo manejaba Hernán Giraldo a través de su sobrino Nodier, conocido como el “cabezón”, que fue extraditado a Estados Unidos hace dos meses. A su vez, “Salomón”, rendía informaba a Jorge 40 y le entregaba los dineros del impuesto, que se cobraba por transitar por territorio bajo su control o por embarque. Por cada kilo dijo los narcotraficantes pagaban 50 dólares, aunque en la sesión anterior había dicho que 75 dólares.
El grupo comandando por él comenzó a organizarse en el 2002 y en el 2003 alcanzaron a cobrar impuesto por embarque de 28 toneladas anuales. En los años siguientes, 2004 y 2005, la cantidad aumentó llegando a cobrar impuesto aproximadamente cien o más toneladas de drogas embarcada con destino a los países centroamericanos, el caribe insular y Estados Unidos.
Dijo que los narcotraficantes que más utilizaban estas costas para embarcar eran alias “Cuadro”, “Caliche”, el “negro Winston”, el “mello” y Fello”, “el Pelo Pulla y “Juan Pablo”. Aunque dice no conocer los nombres, dijo que alias Cuadro es barranquillero; que “fello” y el “mello” son de Santa Marta y son hermanos, que”Caliche” es de Cartagena, “Pelo pulla” es cachaco y el negro “Winston” es de Santa Marta también.
Cuando alguno de ellos quería sacar droga lo llamaban y le preguntaban por el valor del impuesto, él les decía cuánto y se pagaba antes del embarque. Una persona de su confianza se encargaba de verificar que la cantidad embarcada correspondía a la cantidad pagada, le informaba por teléfono y se autorizaba el embarque. Esa verificación se hacía en la playa. Ellos previamente controlaban las carreteras para que no se fuera a presentar ningún percance con la droga y como las estaciones de policía recibían una mensualidad de diez millones de pesos la droga “pasaba de gol”. Si se caía la droga ellos mismos frenteaban a los policías y les preguntaban qué si la tenían que la devolvieran.
En su versión la semana pasada Salomón le había dicho a la fiscal Jaramillo que el único problema que se presentó fue con dos mil cincuenta toneladas de coca que habían sapeado unos informantes que la DEA había presentado al Ejército y que se arregló con el general Gabriel Diaz para que la devolvieran. El operativo lo hicieron la noche antes que el Ejército hiciera un operativo para incautar la droga y presentarla como un positivo, eso fue a comienzos de 2002. El informante del Ejército había sido Angel León Sánchez Cotes, alias “el changue”, asesinado en septiembre del mismo año por orden de las autodefensas. El general Gabriel Diaz ha desmentido ha Salomón. Esa droga era de un caleño conocido como “Gilbert o el Cabezón”.
Se calcula que entre agentes y comandantes de estaciones de los pueblos mencionados, así como funcionarios del DAS y la SIJIN Atlántico, puede haber más de 40 personas vinculadas. Algunas de las cuales han sido detenidas por orden de captura libradas por la Fiscalía Quinta de DH, que ha instruido el proceso y por el que ya han sido capturadas más de cien personas.
La fiscal ha programado varias sesiones con alias Salomón para que aclare el funcionamiento del grupo de paramilitares dedicados a actividades del narcotráfico en el Bloque Norte y eso debe hacerse antes de que la Corte Suprema autorice su extradición y el Gobierno Nacional la ordene.
Salomón estuvo refugiado entre 2006 y parte de 2007 en Venezuela, antes de ser capturado, pues en ese entonces y con el desmonte de los bloques paramilitares se desató una guerra por el control territorial entre la oficina de cobro de Envigado comandada por alias Rogelio y los Mellizos, que habían adquirido a Jorge 40 y a Hernán Giraldo el territorio de la Sierra Nevada. Los paisas, como se conoce a la oficina de Envigado se metieron en Cartagena y Sincelejo y desataron una guerra con la Banda de los 40, uno de cuyos comandantes era alias Salomón. Una gente se voltió para donde los paisas y otra para donde los mellizos y los que no aceptaron irse con ninguno de estos bandos quedaron pagando y los “recogieron”, los asesinaron. Hasta el momento hay más de 120 capturas.
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“'César’ y ‘Gafas’ traicionaron su compromiso revolucionario”: Farc
Nueve días después del rescate de 15 secuestrados por un golpe de mano de las Fuerzas Militares, se conoce el pronunciamiento de las Farc. Quieren acuerdo humanitario, pero no hablan de despeje militar
Fecha: 07/11/2008 -
En un comunicado firmado por el Secretariado Farc el pasado 5 de julio, y publicado por la Agencia Bolivariana de Prensa este viernes, el grupo guerrillero responsabiliza a Antonio Aguilar, alias 'Cesar' y a Alexánder Farfán, alias ‘Enrique Gafas', del operativo que permitió el rescate de Íngrid Betancourt, tres estadounidenses y once uniformados que estuvieron secuestrados hasta el pasado 2 de julio.
“La fuga de los 15 prisioneros de guerra, el pasado miércoles 2 de julio, fue consecuencia directa de la despreciable conducta de César y Enrique, que traicionaron su compromiso revolucionario y la confianza que en ellos se depositó”, dice el primer punto del comunicado que coincide con el rumor de que estos dos líderes guerrilleros recibieron dinero a cambio de liberar a los secuestrados y entregarse ellos a la justicia. Sin embargo, hasta el momento nadie ha comprobado que el operativo de inteligencia militar haya sido un montaje.
Luis Eduardo Celis, miembro de la Fundación Arco Iris, cree que la denominada traición es una “versión que está dentro de las posibilidades, pues en el caso de alias ‘César’, quien llevaba cerca de 25 años en las Farc, pudo haber dejado de creer en el proyecto político de este grupo y verse motivado por intereses económicos”. Por otro lado el senador Gustavo Petro, del Polo Democráctico, dice que esto “es irrelevante para la opinión pública en Colombia”, la cual legitima día a día el protagonismo de Uribe.
En el segundo punto, las Farc hablan de concretar el canje de secuestrados por guerrilleros presos. “Independiente de un episodio como el sucedido, inherente a cualquier confrontación política y militar donde se presentan victorias y reveses, mantenemos vigente nuestra política por concretar acuerdos humanitarios que logren el intercambio y además protejan la población civil de los efectos del conflicto. De persistir en el rescate como única vía, el gobierno debe asumir todas las consecuencias de su temeraria y aventurera decisión”. Pero esta idea del intercambio suena desfasada de la realidad, ya que sólo el rescate de los 15 secuestrados la semana pasada es un golpe mortal al corazón de las Farc que ellos no reconocen, sino que le atribuyen a los reveses esporádicos de la guerra.
“Su respuesta hay que entenderla dentro de un cálculo político y un marco de confrontación, pues ellos no van a admitir que fue una gran victoria del estado y así buscarán minimizar el efecto militar y simbólico del operativo”, señala Celis. Entretanto el senador Petro opina que sobre el acuerdo humanitario, “lo único que les queda a las Farc es la liberación unilateral de los secuestrados”.
En seguida las Farc le envían un mensaje de solidaridad a los guerrilleros que se encuentran en las cárceles e insinúan que este rescate es parte de las “transformaciones revolucionarias” y que su compromiso crece “ante cada nuevo reto o dificultad”. Lo que indica que quieren bajarle el tono al que sin duda es uno de los golpes más graves que han recibido las Farc.
“La paz que requiere Colombia debe ser resultado de acuerdos que beneficien a las mayorías, no va a ser la paz de los sepulcros sostenida sobre la corrupción, el terror del Estado, la felonía y la traición. Las causas por las que luchan las FARC-EP siguen vivas, el presente es de lucha y el futuro es nuestro”, reza el quinto y último punto de este comunicado firmado por el “Secretariado del Estado Mayor Central” de las Farc, en el que es evidente un tono más académico, propio de ‘Alfonso Cano’ jefe máximo del grupo guerrillero, en reemplazo de ‘Manuel Marulanda Vélez’, quien falleció el pasado mes de marzo y quien manejaba un discurso más guerrerista.
Con esto las Farc pretenden desconocer su debilidad y el carácter obsoleto de su propuesta política, y por ello insisten en plantear el acuerdo humanitario como única salida para los secuestrados. “Es una respuesta dura y no se podía esperar otra cosa”, concluye Celis.
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Nueve días después del rescate de 15 secuestrados por un golpe de mano de las Fuerzas Militares, se conoce el pronunciamiento de las Farc. Quieren acuerdo humanitario, pero no hablan de despeje militar
Fecha: 07/11/2008 -
En un comunicado firmado por el Secretariado Farc el pasado 5 de julio, y publicado por la Agencia Bolivariana de Prensa este viernes, el grupo guerrillero responsabiliza a Antonio Aguilar, alias 'Cesar' y a Alexánder Farfán, alias ‘Enrique Gafas', del operativo que permitió el rescate de Íngrid Betancourt, tres estadounidenses y once uniformados que estuvieron secuestrados hasta el pasado 2 de julio.
“La fuga de los 15 prisioneros de guerra, el pasado miércoles 2 de julio, fue consecuencia directa de la despreciable conducta de César y Enrique, que traicionaron su compromiso revolucionario y la confianza que en ellos se depositó”, dice el primer punto del comunicado que coincide con el rumor de que estos dos líderes guerrilleros recibieron dinero a cambio de liberar a los secuestrados y entregarse ellos a la justicia. Sin embargo, hasta el momento nadie ha comprobado que el operativo de inteligencia militar haya sido un montaje.
Luis Eduardo Celis, miembro de la Fundación Arco Iris, cree que la denominada traición es una “versión que está dentro de las posibilidades, pues en el caso de alias ‘César’, quien llevaba cerca de 25 años en las Farc, pudo haber dejado de creer en el proyecto político de este grupo y verse motivado por intereses económicos”. Por otro lado el senador Gustavo Petro, del Polo Democráctico, dice que esto “es irrelevante para la opinión pública en Colombia”, la cual legitima día a día el protagonismo de Uribe.
En el segundo punto, las Farc hablan de concretar el canje de secuestrados por guerrilleros presos. “Independiente de un episodio como el sucedido, inherente a cualquier confrontación política y militar donde se presentan victorias y reveses, mantenemos vigente nuestra política por concretar acuerdos humanitarios que logren el intercambio y además protejan la población civil de los efectos del conflicto. De persistir en el rescate como única vía, el gobierno debe asumir todas las consecuencias de su temeraria y aventurera decisión”. Pero esta idea del intercambio suena desfasada de la realidad, ya que sólo el rescate de los 15 secuestrados la semana pasada es un golpe mortal al corazón de las Farc que ellos no reconocen, sino que le atribuyen a los reveses esporádicos de la guerra.
“Su respuesta hay que entenderla dentro de un cálculo político y un marco de confrontación, pues ellos no van a admitir que fue una gran victoria del estado y así buscarán minimizar el efecto militar y simbólico del operativo”, señala Celis. Entretanto el senador Petro opina que sobre el acuerdo humanitario, “lo único que les queda a las Farc es la liberación unilateral de los secuestrados”.
En seguida las Farc le envían un mensaje de solidaridad a los guerrilleros que se encuentran en las cárceles e insinúan que este rescate es parte de las “transformaciones revolucionarias” y que su compromiso crece “ante cada nuevo reto o dificultad”. Lo que indica que quieren bajarle el tono al que sin duda es uno de los golpes más graves que han recibido las Farc.
“La paz que requiere Colombia debe ser resultado de acuerdos que beneficien a las mayorías, no va a ser la paz de los sepulcros sostenida sobre la corrupción, el terror del Estado, la felonía y la traición. Las causas por las que luchan las FARC-EP siguen vivas, el presente es de lucha y el futuro es nuestro”, reza el quinto y último punto de este comunicado firmado por el “Secretariado del Estado Mayor Central” de las Farc, en el que es evidente un tono más académico, propio de ‘Alfonso Cano’ jefe máximo del grupo guerrillero, en reemplazo de ‘Manuel Marulanda Vélez’, quien falleció el pasado mes de marzo y quien manejaba un discurso más guerrerista.
Con esto las Farc pretenden desconocer su debilidad y el carácter obsoleto de su propuesta política, y por ello insisten en plantear el acuerdo humanitario como única salida para los secuestrados. “Es una respuesta dura y no se podía esperar otra cosa”, concluye Celis.
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Preocupación por expansión del poder paramilitar en la ciudad
El Concejo de Bogotá pidió explicaciones a la Alcaldía sobre qué está haciendo frente a los nuevos grupos paramilitares en la ciudad. Según varios concejales hay suficientes evidencias para preocuparse.
Por Lorenzo Morales, editor de Semana.com
Fecha: 07/11/2008 -
Concejales del Polo Democrático Alternativo pidieron a la administración del alcalde Samuel Moreno, del mismo partido, explicar qué medidas se están tomando para evitar la presencia y expansión de nuevos grupos paramilitares en la ciudad.
“El paramilitarismo existe en Bogotá y no podemos cerrar los ojos a esta realidad”, dijo el Concejal Jaime Caicedo del Polo Democrático Alternativo, quien citó a dar explicaciones a la secretaria de gobierno, Clara López.
Caicedo dijo que su afirmación se basa en varios informes de entidades del Estado que dan cuenta de que los paramilitares están incrustados en actividades económicas de la ciudad en por lo menos diez localidades. Pero, según él, bajo la suposición de que el paramilitarismo se acabó en el país tras el proceso de desmovilización, la policía y las autoridades están siendo negligentes en combatir este fenómeno criminal, por lo menos en la capital.
“Por el tamaño de la economía y la extensión de Bogotá es difícil que estos elementos criminales tengan un peso determinante en la vida de la ciudad a diferencia de Medellín o Cali, pero esto no quiere decir que no exista”, dijo Carlos Vicente de Roux, otro de los concejales citantes al debate.
La secretaria de Gobierno de la ciudad, Clara López, reconoció, en respuesta a un cuestionario, que hay un interés de lo que ella llamó el “poder mafioso”, por consolidar en Bogotá el lavado de dinero, y a través de ello se han incrustado en varios negocios.
Entre esos negocios sobresalen el de la construcción, los casinos, moteles finos, venta de automóviles con facilidades de crédito inusuales, venta de minutos a celular, en las centrales de abastos y frigoríficos.
“Varias de las muertes por encargo ocurridas en Bogotá desde el año 2005 y hasta el 2008 han sido por ajustes de cuentas entre los paisas y los llaneros, aunque parece que hoy han ido perdiendo su carácter de paramilitares para consolidarse más como mafiosos (narcotraficantes) con sus testaferros”, dijo López en respuesta a las preguntas enviadas por los concejales.
Los concejales dieron como ejemplo el caso específico de las “Águilas Negras”, un grupo emergente de paramilitares que hacen presencia en varias localidades donde imponen horarios para la circulación de la gente y reclutan a jóvenes para engrosar sus filas.
“Este es un nuevo paramilitarismo politizado y sin mayores vínculos con el tejido social que ataca y amenaza a quienes se animan a denunciar abusos y a exigir verdades dentro del proceso de Justicia y Paz”, dijo de Roux.
Sobre este aspecto el concejal Caicedo mostró varios ejemplos de panfletos y circulares intimidatorias que distribuyen estos nuevos grupos en las localidades donde tienen influencia. Entre los grupos con presencia en la ciudad aparecen el Bloque Central Santander, Autodefensas Campesinas Nueva Generación, Los Urabeños, Bloque Cacique Nutibara, Bloque Central Bolívar, Bloque Capital, y Águilas Negras.
Los concejales resaltaron que Bogotá, recibe el 10 por ciento de los desmovilizados de todo el país, cerca de 5.000 ex paramilitares, venidos de muchas zonas del país.
“No se puede exagerar”, dijo el concejal Antonio Sanguino, también del Polo. “No hay paramilitarización de la sociedad bogotana y presentarlo así distorsiona las políticas públicas que se formulen para la ciudad”, señaló.
La preocupación de los concejales se basa principalmente en los informes de alerta emitidos por la Defensoría del Pueblo en el último año que dan cuenta de nuevas amenazas paramilitares en sectores aledaños a Bogotá como Altos de Cazucá en Soacha, y en localidades de la capital como Ciudad Bolivar, Rafael Uribe, Usme y Suba, y en barrios como Luis Carlos Galán, La Isla, Oasis, Altos del Pino, Ismael Perdomo, Jerusalén, Arborizadora, Lucero, El Tesoro y San Francisco.
“Un factor que agudiza el riesgo para la población civil es la existencia de contradicciones entre las propias estructuras paramilitares y las disputas entre grupos y facciones rivales por detentar y/o ampliar el poder, el reacomodamiento de cuadros medios y bajos, la lucha por los territorios y corredores estratégicos, por las fuentes de financiación y en los ajustes de cuentas que provocan enfrentamientos entre grupos grandes y pequeños”, dice la Defensoría en una alerta temprana emitida el 31 de mayo del año pasado sobre la presencia de estos grupos en Soacha y Bogotá.
La secretaria de Gobierno, Clara López escuchó durante la mañana los llamados de atención de los concejales, pero no pudo ahondar en sus explicaciones pues debió retirarse del recinto para atender otras obligaciones. El debate se aplazó pero no se confirmó nueva fecha aún.
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El Concejo de Bogotá pidió explicaciones a la Alcaldía sobre qué está haciendo frente a los nuevos grupos paramilitares en la ciudad. Según varios concejales hay suficientes evidencias para preocuparse.
Por Lorenzo Morales, editor de Semana.com
Fecha: 07/11/2008 -
Concejales del Polo Democrático Alternativo pidieron a la administración del alcalde Samuel Moreno, del mismo partido, explicar qué medidas se están tomando para evitar la presencia y expansión de nuevos grupos paramilitares en la ciudad.
“El paramilitarismo existe en Bogotá y no podemos cerrar los ojos a esta realidad”, dijo el Concejal Jaime Caicedo del Polo Democrático Alternativo, quien citó a dar explicaciones a la secretaria de gobierno, Clara López.
Caicedo dijo que su afirmación se basa en varios informes de entidades del Estado que dan cuenta de que los paramilitares están incrustados en actividades económicas de la ciudad en por lo menos diez localidades. Pero, según él, bajo la suposición de que el paramilitarismo se acabó en el país tras el proceso de desmovilización, la policía y las autoridades están siendo negligentes en combatir este fenómeno criminal, por lo menos en la capital.
“Por el tamaño de la economía y la extensión de Bogotá es difícil que estos elementos criminales tengan un peso determinante en la vida de la ciudad a diferencia de Medellín o Cali, pero esto no quiere decir que no exista”, dijo Carlos Vicente de Roux, otro de los concejales citantes al debate.
La secretaria de Gobierno de la ciudad, Clara López, reconoció, en respuesta a un cuestionario, que hay un interés de lo que ella llamó el “poder mafioso”, por consolidar en Bogotá el lavado de dinero, y a través de ello se han incrustado en varios negocios.
Entre esos negocios sobresalen el de la construcción, los casinos, moteles finos, venta de automóviles con facilidades de crédito inusuales, venta de minutos a celular, en las centrales de abastos y frigoríficos.
“Varias de las muertes por encargo ocurridas en Bogotá desde el año 2005 y hasta el 2008 han sido por ajustes de cuentas entre los paisas y los llaneros, aunque parece que hoy han ido perdiendo su carácter de paramilitares para consolidarse más como mafiosos (narcotraficantes) con sus testaferros”, dijo López en respuesta a las preguntas enviadas por los concejales.
Los concejales dieron como ejemplo el caso específico de las “Águilas Negras”, un grupo emergente de paramilitares que hacen presencia en varias localidades donde imponen horarios para la circulación de la gente y reclutan a jóvenes para engrosar sus filas.
“Este es un nuevo paramilitarismo politizado y sin mayores vínculos con el tejido social que ataca y amenaza a quienes se animan a denunciar abusos y a exigir verdades dentro del proceso de Justicia y Paz”, dijo de Roux.
Sobre este aspecto el concejal Caicedo mostró varios ejemplos de panfletos y circulares intimidatorias que distribuyen estos nuevos grupos en las localidades donde tienen influencia. Entre los grupos con presencia en la ciudad aparecen el Bloque Central Santander, Autodefensas Campesinas Nueva Generación, Los Urabeños, Bloque Cacique Nutibara, Bloque Central Bolívar, Bloque Capital, y Águilas Negras.
Los concejales resaltaron que Bogotá, recibe el 10 por ciento de los desmovilizados de todo el país, cerca de 5.000 ex paramilitares, venidos de muchas zonas del país.
“No se puede exagerar”, dijo el concejal Antonio Sanguino, también del Polo. “No hay paramilitarización de la sociedad bogotana y presentarlo así distorsiona las políticas públicas que se formulen para la ciudad”, señaló.
La preocupación de los concejales se basa principalmente en los informes de alerta emitidos por la Defensoría del Pueblo en el último año que dan cuenta de nuevas amenazas paramilitares en sectores aledaños a Bogotá como Altos de Cazucá en Soacha, y en localidades de la capital como Ciudad Bolivar, Rafael Uribe, Usme y Suba, y en barrios como Luis Carlos Galán, La Isla, Oasis, Altos del Pino, Ismael Perdomo, Jerusalén, Arborizadora, Lucero, El Tesoro y San Francisco.
“Un factor que agudiza el riesgo para la población civil es la existencia de contradicciones entre las propias estructuras paramilitares y las disputas entre grupos y facciones rivales por detentar y/o ampliar el poder, el reacomodamiento de cuadros medios y bajos, la lucha por los territorios y corredores estratégicos, por las fuentes de financiación y en los ajustes de cuentas que provocan enfrentamientos entre grupos grandes y pequeños”, dice la Defensoría en una alerta temprana emitida el 31 de mayo del año pasado sobre la presencia de estos grupos en Soacha y Bogotá.
La secretaria de Gobierno, Clara López escuchó durante la mañana los llamados de atención de los concejales, pero no pudo ahondar en sus explicaciones pues debió retirarse del recinto para atender otras obligaciones. El debate se aplazó pero no se confirmó nueva fecha aún.
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La mano negra
Haciendo su tesis de periodista a *Julian le robaron la cámara de video. Lo difícil fue tratar de recuperarla en un peligroso barrio de Medellín.
Fecha: 05/27/2008 -
Era diciembre de 1996 y la ciudad no era la misma desde la desaparición de Pablo Escobar. La muerte del capo había dejado a muchas pistolas sin trabajo y a muchas oficinas sin cobrar. Sin cabeza visible, la horda delincuencial buscaba desesperadamente algo qué hacer para satisfacer el apetito desmedido de las grandes riquezas conseguidas en poco tiempo y sin mucho esfuerzo, a que se habían mal acostumbrado.
El barrio Antioquia no era la excepción. Esa enorme dispensa de drogas y armas para la ciudad, ahora trabajaba para el que la pudiera pagar, y las “plazas” se disputaban su territorio con sangre. Cada cuadra era un campo de batalla con su vecino, “El Coco”, “La Cueva”, “El Chispero”, “La 24”, “El Lavadero”, “Los Talleres”, “Los Ranchitos”, eran espacios vedados para unos y la última morada para cientos de muchachos. El Cura párroco Alejandro hasta la fecha, tenía entre sus oficios religiosos más de mil misas de jóvenes muertos en cinco años de guerra en el barrio.
Ir al barrio a comprar marihuana ya no era el parche para armar la rumba, mercar para el paseo o la acampada, era estar expuesto a morir en una balacera fortuita y dar la vida por un ‘bareto’. Eso para los más sanos. Los más de malas, morían accidentalmente cuando un “pepo” demente y desprovisto de miedo los asesinaba para probar el arma que le acababan de vender en alguna plaza.
Por estos motivos pensé llamar mi tesis “Zona de Tolerancia”, porque allí todo se toleraba. Promovido por el mismo gobierno local incluso, quien en la década del 50 emitió un decreto en donde todas las casas de prostitución y todo lo que rodeaban estos centros, fueron trasladados al Barrio Trinidad, que desde entonces, pasó a conocerse popularmente como el Barrio Antioquia, decretándolo “Zona Única de Tolerancia” de la ciudad. Condenando a los primeros moradores de este barrio a tener que sortear toda la ilegalidad que se trasladó a sus calles. El gobierno de esa época, creía que así limpiaría los problemas de la ciudad. No le faltó sino meter a toda esta gente en tres barcos y creer que caerían por el abismo final del océano.
Después de Escobar, quedó un mafioso que mandaba más que todos los emergentes delincuentes del barrio: *“El Señor Jara”. Quien con el visto bueno del Asesor del Programa de Paz y Convivencia de la Ciudad de esa época, decretó el primer proceso de paz urbano exitoso para el barrio Antioquia y para Medellín. Así no está escrito oficialmente, y nunca lo estará, pero realmente fue así como ocurrió: se llamó al orden a los líderes de los combos, se implantaron las normas del nuevo patrón y se pasó a decorar cada cuadra con papeles y plásticos finamente cortados, que iban de lado a lado de la calle llenando de colores el cielo. La algarabía de la gente era total y se festejaba en cada cuadra la paz con marrano y guaro para cada combo. Sobraba marihuana, perico, diablitos, bazuco, voladores y pepas. Como contrapartida el gobierno les consiguió 50 empleos de barrenderos o “escobitas”, a estos delincuentes y matones profesionales.
La paz estaba acordada y pactada. No se podía ir “pepo” y “rambotizado” al otro barrio a dar bala porque ya sabía cada combo lo que le esperaba: la mano negra oficial y no la interminable venganza del ofendido, que había sumido al barrio en más de cinco años de guerra interminable y de balaceras indiscriminadas a cualquier hora del día.
Y ahí estaba yo, en pleno diciembre buscando la manera de hablar con el “Patrón” para que me ayudara a recobrar la cámara que me habían robado. Era un sábado y pasaban las nueve de la noche, cuando fui a una salsamentaria que actuaba como fachada de la oficina del “Señor Roldán” y le dije a “Mao”, un segundón suyo que atendía el negocio con un 38 sobresaliéndole por la pretina del pantalón, que me ayudara a recuperar la cámara, que estaba dispuesto a pagar por ella al ladrón para que me devolviera el aparato y el material que había grabado: una singular marcha con banda marcial, saltimbanquis y payasos, que acompañaban a los niños de pre-escolar del barrio que celebraban la libertad de poder estudiar tranquilamente en sus planteles. Era el final feliz del documental, pero la realidad me decía lo contrario, que ese no era el final del barrio ni mucho menos el mío o el de mi documental.
La gente festejaba por todos lados, menos yo. La cámara no era mía, me la habían prestado y no tenía un peso con qué pagársela a su dueña. Y lo peor: la cámara tenía un valor sentimental incalculable, pues era el último regalo que le había hecho su padre que ahora estaba secuestrado, me dijo. No lo pensé más, como fuera tenía que recuperarla y para eso tenía que contar con la ayuda del único que podría aparecer y desaparecer las cosas en el barrio. Eso sí, con mucho miedo de enfrentarlo y de pedirle semejante favor, sabiendo que esto me traería malestar y muy seguramente un nuevo enemigo.
Pedí una cerveza y pensaba seriamente tragarme una pepa para ver si se me quitaba ese miedo, pero debía estar alerta y no como un zombie, decliné probar lo que se siente estar “rambotizado” en frente del patrón. El hombrecito del 38 no me decía nada al respecto de la vuelta, si me iba ayudar con el patrón o qué. De pronto las luces altas de una Toyota iluminaron el grafiti que estaba oculto en el paredón de la calle: “LA MAFIA”, decía entre manchas de aerosol negro. Se bajaron dos gordos de la camioneta, gordísimos para mí, atrayendo las miradas y despertando los comentarios y murmuraciones de todos los presentes en el lugar.
Era “El Señor Jara” y sus guardaespaldas. Dios me estaba ayudando con la cámara pensé. Se sentó en una silla roja de plástico mientras sus guardaespaldas pedían gaseosas para ellos. Se sentó en el fondo de la salsamentaria recostando su espalda contra la pared, desde donde contemplaba estratégicamente las tres puertas del local y las esquinas del frente de la calle. No me atrevía a mirarlo fijamente para no ofenderlo, ni mucho menos, aunque me muria de ganas por hablar con él tan sólo cinco minutos. El hombre escuchaba atento a “Mao” y se reían, hasta que escuché que le pidió mi favor y no de la mejor manera: “vea, por aquí están estos periodistas que vienen y se desaparecen y después vuelven a pedirle favores a uno de una cámara que le robaron…..esas son las maricadas que no le gustan a uno, tantos problemas y chismes por ahí y uno en la mitad”. Un frío helado recorrió mi cuerpo mientras giré mi rostro para ver la cara del que hablaba a mis espaldas, hundiéndome frente al patrón, cuando de repente sonaron cinco tiros secos, uno tras el otro, pausados, serenos y escandalosos. Al principio parecieron papeletas, pero al cuarto estallido, el pánico se tomaba las calles y la histeria de varias mujeres hicieron temer lo peor cuando un hombre que salía corriendo del local del frente, guardaba presuroso su revólver en la espalda. Habían asesinado a alguien y el patrón estaba en primera fila. Al instante de lo ocurrido y diciéndole a “Mao” que después terminaban la conversación, “El Señor Jara” y sus guardaespaldas partieron en medio de la noche sin hacer ruido mientras del local del frente cuatro hombres tomaban al baleado bañado en sangre de pies y manos, buscando desesperadamente un auxilio. La mano negra había dejado otra vez su firma.
Al día siguiente por una informante amiga en el barrio me enteré que la cámara tenía por precio balas revestidas de arsénico y que si quería recuperarla tendría yo que matar al ladrón para quitársela o dejar que me mataran por tratar de ladrones públicamente en demanda por robo, a unos pacifistas entregados a la limpieza social de su reducto.
De ahí nació mi exilio forzoso a las selvas del Chocó y mi lucha por la supervivencia en tierras donde los “paras” entraban a disputarle a la guerrilla con sangre y motosierra, el control territorial del Urabá Chocoano. Y yo huía en mi travesía, sin quererlo, a su encuentro, en busca del paraíso perdido que estaba al otro lado del Golfo bananero, en Cabo Tiburón y la “piscina de los dioses” en el mar azul de Capurganá.
Doce años después las cosas no han cambiado mucho. El asesinato al parecer de un taxista ha desencadenado la muerte de un policía, de un civil y la sed de venganza de varios heridos en una balacera callejera como las que acostumbraban los combos de lado y lado de la avenida 65, algunos años atrás. Ya no está “El Señor Jara” pero continúa la gran expensa de drogas, armas y delitos en el barrio Antioquia.
Lo que todavía persiste es la tolerancia social al delito, a la impunidad y al silencio descarado que sobrevive al atropello. Como el que sentí cuando el jefe de redacción de un periódico en Medellín, me dijo que estas crónicas no le interesaban porque ya habían pasado hace mucho tiempo y no le aportaban nada diferente a nadie.
* Nombres cambiados
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Haciendo su tesis de periodista a *Julian le robaron la cámara de video. Lo difícil fue tratar de recuperarla en un peligroso barrio de Medellín.
Fecha: 05/27/2008 -
Era diciembre de 1996 y la ciudad no era la misma desde la desaparición de Pablo Escobar. La muerte del capo había dejado a muchas pistolas sin trabajo y a muchas oficinas sin cobrar. Sin cabeza visible, la horda delincuencial buscaba desesperadamente algo qué hacer para satisfacer el apetito desmedido de las grandes riquezas conseguidas en poco tiempo y sin mucho esfuerzo, a que se habían mal acostumbrado.
El barrio Antioquia no era la excepción. Esa enorme dispensa de drogas y armas para la ciudad, ahora trabajaba para el que la pudiera pagar, y las “plazas” se disputaban su territorio con sangre. Cada cuadra era un campo de batalla con su vecino, “El Coco”, “La Cueva”, “El Chispero”, “La 24”, “El Lavadero”, “Los Talleres”, “Los Ranchitos”, eran espacios vedados para unos y la última morada para cientos de muchachos. El Cura párroco Alejandro hasta la fecha, tenía entre sus oficios religiosos más de mil misas de jóvenes muertos en cinco años de guerra en el barrio.
Ir al barrio a comprar marihuana ya no era el parche para armar la rumba, mercar para el paseo o la acampada, era estar expuesto a morir en una balacera fortuita y dar la vida por un ‘bareto’. Eso para los más sanos. Los más de malas, morían accidentalmente cuando un “pepo” demente y desprovisto de miedo los asesinaba para probar el arma que le acababan de vender en alguna plaza.
Por estos motivos pensé llamar mi tesis “Zona de Tolerancia”, porque allí todo se toleraba. Promovido por el mismo gobierno local incluso, quien en la década del 50 emitió un decreto en donde todas las casas de prostitución y todo lo que rodeaban estos centros, fueron trasladados al Barrio Trinidad, que desde entonces, pasó a conocerse popularmente como el Barrio Antioquia, decretándolo “Zona Única de Tolerancia” de la ciudad. Condenando a los primeros moradores de este barrio a tener que sortear toda la ilegalidad que se trasladó a sus calles. El gobierno de esa época, creía que así limpiaría los problemas de la ciudad. No le faltó sino meter a toda esta gente en tres barcos y creer que caerían por el abismo final del océano.
Después de Escobar, quedó un mafioso que mandaba más que todos los emergentes delincuentes del barrio: *“El Señor Jara”. Quien con el visto bueno del Asesor del Programa de Paz y Convivencia de la Ciudad de esa época, decretó el primer proceso de paz urbano exitoso para el barrio Antioquia y para Medellín. Así no está escrito oficialmente, y nunca lo estará, pero realmente fue así como ocurrió: se llamó al orden a los líderes de los combos, se implantaron las normas del nuevo patrón y se pasó a decorar cada cuadra con papeles y plásticos finamente cortados, que iban de lado a lado de la calle llenando de colores el cielo. La algarabía de la gente era total y se festejaba en cada cuadra la paz con marrano y guaro para cada combo. Sobraba marihuana, perico, diablitos, bazuco, voladores y pepas. Como contrapartida el gobierno les consiguió 50 empleos de barrenderos o “escobitas”, a estos delincuentes y matones profesionales.
La paz estaba acordada y pactada. No se podía ir “pepo” y “rambotizado” al otro barrio a dar bala porque ya sabía cada combo lo que le esperaba: la mano negra oficial y no la interminable venganza del ofendido, que había sumido al barrio en más de cinco años de guerra interminable y de balaceras indiscriminadas a cualquier hora del día.
Y ahí estaba yo, en pleno diciembre buscando la manera de hablar con el “Patrón” para que me ayudara a recobrar la cámara que me habían robado. Era un sábado y pasaban las nueve de la noche, cuando fui a una salsamentaria que actuaba como fachada de la oficina del “Señor Roldán” y le dije a “Mao”, un segundón suyo que atendía el negocio con un 38 sobresaliéndole por la pretina del pantalón, que me ayudara a recuperar la cámara, que estaba dispuesto a pagar por ella al ladrón para que me devolviera el aparato y el material que había grabado: una singular marcha con banda marcial, saltimbanquis y payasos, que acompañaban a los niños de pre-escolar del barrio que celebraban la libertad de poder estudiar tranquilamente en sus planteles. Era el final feliz del documental, pero la realidad me decía lo contrario, que ese no era el final del barrio ni mucho menos el mío o el de mi documental.
La gente festejaba por todos lados, menos yo. La cámara no era mía, me la habían prestado y no tenía un peso con qué pagársela a su dueña. Y lo peor: la cámara tenía un valor sentimental incalculable, pues era el último regalo que le había hecho su padre que ahora estaba secuestrado, me dijo. No lo pensé más, como fuera tenía que recuperarla y para eso tenía que contar con la ayuda del único que podría aparecer y desaparecer las cosas en el barrio. Eso sí, con mucho miedo de enfrentarlo y de pedirle semejante favor, sabiendo que esto me traería malestar y muy seguramente un nuevo enemigo.
Pedí una cerveza y pensaba seriamente tragarme una pepa para ver si se me quitaba ese miedo, pero debía estar alerta y no como un zombie, decliné probar lo que se siente estar “rambotizado” en frente del patrón. El hombrecito del 38 no me decía nada al respecto de la vuelta, si me iba ayudar con el patrón o qué. De pronto las luces altas de una Toyota iluminaron el grafiti que estaba oculto en el paredón de la calle: “LA MAFIA”, decía entre manchas de aerosol negro. Se bajaron dos gordos de la camioneta, gordísimos para mí, atrayendo las miradas y despertando los comentarios y murmuraciones de todos los presentes en el lugar.
Era “El Señor Jara” y sus guardaespaldas. Dios me estaba ayudando con la cámara pensé. Se sentó en una silla roja de plástico mientras sus guardaespaldas pedían gaseosas para ellos. Se sentó en el fondo de la salsamentaria recostando su espalda contra la pared, desde donde contemplaba estratégicamente las tres puertas del local y las esquinas del frente de la calle. No me atrevía a mirarlo fijamente para no ofenderlo, ni mucho menos, aunque me muria de ganas por hablar con él tan sólo cinco minutos. El hombre escuchaba atento a “Mao” y se reían, hasta que escuché que le pidió mi favor y no de la mejor manera: “vea, por aquí están estos periodistas que vienen y se desaparecen y después vuelven a pedirle favores a uno de una cámara que le robaron…..esas son las maricadas que no le gustan a uno, tantos problemas y chismes por ahí y uno en la mitad”. Un frío helado recorrió mi cuerpo mientras giré mi rostro para ver la cara del que hablaba a mis espaldas, hundiéndome frente al patrón, cuando de repente sonaron cinco tiros secos, uno tras el otro, pausados, serenos y escandalosos. Al principio parecieron papeletas, pero al cuarto estallido, el pánico se tomaba las calles y la histeria de varias mujeres hicieron temer lo peor cuando un hombre que salía corriendo del local del frente, guardaba presuroso su revólver en la espalda. Habían asesinado a alguien y el patrón estaba en primera fila. Al instante de lo ocurrido y diciéndole a “Mao” que después terminaban la conversación, “El Señor Jara” y sus guardaespaldas partieron en medio de la noche sin hacer ruido mientras del local del frente cuatro hombres tomaban al baleado bañado en sangre de pies y manos, buscando desesperadamente un auxilio. La mano negra había dejado otra vez su firma.
Al día siguiente por una informante amiga en el barrio me enteré que la cámara tenía por precio balas revestidas de arsénico y que si quería recuperarla tendría yo que matar al ladrón para quitársela o dejar que me mataran por tratar de ladrones públicamente en demanda por robo, a unos pacifistas entregados a la limpieza social de su reducto.
De ahí nació mi exilio forzoso a las selvas del Chocó y mi lucha por la supervivencia en tierras donde los “paras” entraban a disputarle a la guerrilla con sangre y motosierra, el control territorial del Urabá Chocoano. Y yo huía en mi travesía, sin quererlo, a su encuentro, en busca del paraíso perdido que estaba al otro lado del Golfo bananero, en Cabo Tiburón y la “piscina de los dioses” en el mar azul de Capurganá.
Doce años después las cosas no han cambiado mucho. El asesinato al parecer de un taxista ha desencadenado la muerte de un policía, de un civil y la sed de venganza de varios heridos en una balacera callejera como las que acostumbraban los combos de lado y lado de la avenida 65, algunos años atrás. Ya no está “El Señor Jara” pero continúa la gran expensa de drogas, armas y delitos en el barrio Antioquia.
Lo que todavía persiste es la tolerancia social al delito, a la impunidad y al silencio descarado que sobrevive al atropello. Como el que sentí cuando el jefe de redacción de un periódico en Medellín, me dijo que estas crónicas no le interesaban porque ya habían pasado hace mucho tiempo y no le aportaban nada diferente a nadie.
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