El ex paramilitar recién capturado Rodrigo Zapata, la mano derecha de Vicente Castaño, es el hombre detrás de la reunión de ‘Job’ en la Casa de Nariño.
Rodrigo Zapata es un desconocido para la mayoría de los colombianos. Pero en el mundo del paramilitarismo su nombre infunde respeto y temor. Durante años permaneció al lado de Vicente Castaño y fue la sombra y la mano derecha del jefe de las autodefensas. A pesar de ser un hombre fuerte de ese movimiento, Zapata siempre optó mantener un perfil muy bajo. De hecho, cuando se desmovilizó hace cinco años lo hizo como un simple combatiente raso del Bloque Pacífico. El jueves de la semana pasada fue capturado en el centro comercial Unicentro, en el norte de Bogotá, por orden de una fiscal de Medellín que lo sindica de los delitos de homicidio y concierto para delinquir. Las autoridades lo acusan, entre otras, de estar relacionado con cerca de 1.200 asesinatos cometidos entre 1997 y 2004. La mayoría de estos asesinatos habrían ocurrido en los municipios de Titiribí, Angelópolis y Amagá, en el suroeste de Antioquia, zona a la cual fue enviado Zapata hace más de una década por orden de Castaño para ‘abrir plaza’, es decir, expandir el dominio paramilitar en esa región.
Investigadores de la Fiscalía de Medellín también han estado siguiendo la pista sobre las movidas de Zapata en Urabá. Testimonios de víctimas y desmovilizados lo señalan como una persona clave en los cultivos de palma de Vicente Castaño, que se hicieron a costa de desplazamientos forzados y violencia contra los campesinos. Se le señala como testaferro de Castaño y uno de los que habría heredado parte de sus negocios y territorios. Según la justicia, Zapata es clave para aclarar un sinnúmero de crímenes cometidos por los paramilitares.
Pero lo que desconoce la opinión pública es que este hombre de 41 años de edad es el eslabón perdido detrás del reciente escándalo que provocó la reunión entre emisarios de ‘Don Berna’ con funcionarios de la Casa de Nariño, el 23 de abril de 2008.
Como se recordará, en agosto del año pasado SEMANA reveló cómo Antonio López, alias ‘Job’, y Diego Álvarez, el abogado del jefe paramilitar ‘Don Berna’, ingresaron por los sótanos de Palacio y se reunieron con funcionarios de la Presidencia para entregar supuestas pruebas de un complot de miembros de la Corte Suprema contra el gobierno. Se conoció después que estuvieron en la cita el secretario jurídico, Edmundo del Castillo, y el secretario de prensa de la Presidencia, César Mauricio Velásquez; el entonces embajador designado Juan José Chaux; el abogado y lobysta Óscar Iván Palacio y la subdirectora de operaciones del DAS, Marta Inés Leal.
En su momento, los miembros del gobierno dieron confusas explicaciones sobre la peculiar visita, mientras la Procuraduría y la Fiscalía anunciaron la apertura de investigaciones sobre el caso, las cuales aún están en desarrollo. Cuando estalló el escándalo, ‘Job’ ya había sido asesinado en extrañas circunstancias en julio del año pasado en Medellín. En medio de un mar de versiones y declaraciones ante los medios de comunicación y las autoridades, los demás asistentes a la cita han tratado de explicar qué pasó realmente el día del encuentro en el Palacio de Nariño. Y es allí justamente donde Rodrigo Zapata juega un papel hasta ahora desconocido.
Nuevas grabaciones del DAS demuestran que Zapata tuvo un protagonismo más relevante del que hasta ahora se conocía en la polémica reunión con los funcionarios de la Casa de Nariño.
En una conversación, pocas horas antes de la reunión, Zapata le dice a ‘Job’: “Allá ya le armé un tinglado el h.p. Va el curita (supuestamente el jefe de prensa de Palacio, César Mauricio Velásquez), va el jefe de los abogados (presuntamente el secretario jurídico Edmundo del Castillo) y va yo no sé quién más, allá a las 6. Yo les dije que me constaba que esa cosa existía. Usted tiene que sacar eso allá. Usted al curita lo coge aparte y al otro señor que ayude... Esa es la oportunidad para que usted se faje ahí porque va el jefe de los abogados”. (Ver recuadro). La charla es bastante reveladora. Deja en evidencia que Zapata ayuda a organizar la reunión. Hasta ahora tanto en las declaraciones oficiales, como en las versiones a los medios, ninguno de los asistentes a la reunión ha mencionado a Zapata.
Una segunda conversación entre Zapata y ‘Job’ deja nuevos interrogantes sobre lo que se habló realmente en la reunión del 23 de abril en la oficina del Secretario Jurídico de la Presidencia. “Cómo le fue?”, pregunta Zapata. “De uno a 10, ...11”, responde ‘Job’. “Sí les gustó la cosa”, insiste Zapata. “Muy buena, muy buena”, afirma ‘Job’. “Lo importante es que eso funcione... para su papá (supuestamente ‘Don Berna), ya su papá sabe?”, dice Zapata. “Para todos eso funciona muy bien”, manifiesta ‘Job’. “¿Y fue el curita?”, indaga Zapata. “Sí, claro...”. Esta conversación ocurrió después de las 9 de la noche cuando ‘Job’ y sus acompañantes ya habían abandonado el Palacio de Nariño.
Estas dos conversaciones tienen ahora una mayor importancia, ya que aportan elementos nuevos sobre lo sucedido en la cita en la sede presidencial. En ese momento se argumentó que la presencia de ‘Job’ en la Casa de Nariño no tenía inconveniente, ya que este desmovilizado no tenía antecedentes penales.
Sin embargo, estas grabaciones no son los únicos fantasmas que rondan ese caso.
DespistaDAS
SEMANA tuvo acceso al voluminoso expediente que hace parte de la investigación que ha adelantado la Procuraduría General sobre este episodio. Su contenido es muy revelador. Sobre todo en tres cosas: 1) hay serios indicios de un intento de encubrimiento por parte del DAS, 2) se aclara la extraña presencia del ex embajador Juan José Chaux en la reunión y 3) salen a relucir versiones contradictorias de los protagonistas sobre qué pasó realmente ese miércoles en la Casa de Nariño.
Según se desprende del informe de la Procuraduría, el DAS tuvo la intención de ‘tapar’ lo ocurrido. La Procuraduría descubrió que el organismo de seguridad habría falsificado un informe sobre la reunión en Palacio. Por orden de la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, la subdirectora de operaciones de esa entidad, Martha Leal, fue enviada para asistir a la cita en la Casa de Nariño como representante del DAS. Esta funcionaria es la misma que salió de su cargo hace un mes a raíz del escándalo de las interceptaciones ilegales del DAS. La Procuraduría encontró que la doctora Leal redactó un informe de inteligencia, al cual le puso la fecha del 24 de abril. Al inspeccionar los peritos forenses de la Procuraduría el computador de la subdirectora, establecieron que el documento realmente había sido escrito el 23 de agosto, cuatro meses después, el día que SEMANA reveló las reuniones en Palacio. Por esta fecha falsa la Procuraduría abrió investigación contra la entonces directora del DAS y la subdirectora de operaciones.
Los investigadores de la Procuraduría también encontraron que la ex directora del DAS sólo envió las pruebas a la Fiscalía el 27 de agosto, casi cuatro meses después de los hechos y seis semanas después de haber aceptado que recibió en sus manos el material. Los sorprendió, así mismo, que no existiera ni una sola orden de trabajo por escrito en el DAS relacionada con el caso.
En la famosa reunión de la Casa de Nariño, ‘Job’ les entregó a los funcionarios de Palacio unos CD con unas conversaciones grabadas clandestinamente a un funcionario de la Corte, en las cuales supuestamente se demostraba que algunos magistrados conspiraban contra el Presidente manipulando testigos en su contra. Llamó la atención de la Procuraduría que las transcripciones de esas conversaciones estaban archivadas con el rótulo de ‘reservado’ pero con fechas que no coincidían. La entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, había declarado haber recibido estas pruebas sólo en el mes de julio. Sin embargo, los documentos tenían fecha del 25 de abril y en un extremo aparecía como fecha de elaboración el 26 de agosto.
Por su parte la subdirectora de operaciones del DAS, Martha Leal, había declarado que en la reunión en el Palacio de Nariño con ‘Job’ del 23 de abril nunca le entregaron los CD con esas conversaciones. Lo mismo afirmó el secretario jurídico de Palacio, Edmundo del Castillo. No obstante, el abogado de ‘Berna’, Diego Álvarez, y el controvertido lobysta Óscar Iván Palacio, quienes acompañaron a ‘Job’ en la reunión, testificaron que los CD sí habían sido entregados.
No son estas las únicas contradicciones de las versiones de los participantes de la controvertida reunión del 23 de abril. Según la funcionaria del DAS, el tema más polémico del encuentro fue la discusión de ‘Job’ sobre si se deberían filtrar o no a los medios de comunicación estos CD como “pruebas del complot” contra el Presidente. Curiosamente, se descartó esa acción porque “por el revuelo político que desprendería de un evento como éste, por las tensas relaciones que existen entre el Presidente y la Corte, y que por nuestra parte primero debíamos confrontar el contenido de las grabaciones”.
La subdirectora Leal también afirmó ante los investigadores que el ex embajador de Colombia en República Dominicana, Juan José Chaux, quien estuvo en la
reunión, le preguntó a ella sobre la posibilidad de que el DAS investigara al magistrado auxiliar de la Corte Iván Velásquez. Ella le contestó que no era posible sin orden judicial.
La participación de Chaux en la reunión sigue dando sorpresas. Cuando se reveló que había estado en la cita, Chaux trató de justificar su presencia con el argumento de que ese día estaba en Palacio y por accidente se metió a la reunión. La investigación de la Procuraduría demuestra, sin embargo, que eso era una gran mentira.
En primer lugar, el mismo Chaux, un mes antes de la cita en Presidencia, sostuvo una reunión en su apartamento con ‘Job’, el abogado de ‘Berna’ y el lobysta Óscar Iván Palacio. Según él, lo buscaron para contarle sobre el supuesto complot de la Corte Suprema contra el Presidente y enterarlo de las posibles pruebas que existían.
Queda claro en las declaraciones de Chaux ante la Procuraduría, que él estaba enterado con anterioridad de la reunión que se llevaría en la oficina de Del Castillo y del propósito de ésta. De hecho, dice en su declaración que antes de la reunión fue a almorzar con el asesor presidencial José Obdulio Gaviria, lo cual haría pensar que tocaron el tema del día.
Chaux siempre ha negado que su interés de asistir al encuentro era para discutir las acusaciones que le había formulado el jefe paramilitar Éver Veloza, alias ‘H.H.’, sobre un supuesto apoyo que las AUC le habrían dado a él para llegar a la Gobernación del Cauca. En su declaración en la Procuraduría el abogado de ‘Don Berna’, Diego Álvarez, dijo que la presencia de Chaux en la reunión era averiguar si ‘H.H.’ seguiría declarando en su contra.
En el expediente de la Procuraduría hay otros dos testimonios que no dejan bien parado a Chaux. El primero es de la abogada del jefe paramilitar ‘H.H’., Consuelo Ibeth Parra, conocida como ‘La Flaca’, quien afirmó que Óscar Iván Palacio, el lobysta y asesor de Chaux, la buscó para pedirle que le dijera al jefe paramilitar que suspendiera sus denuncias contra Chaux. En declaración ante la Procuraduría, el mismo ‘H.H.’ afirmó que su abogado efectivamente le contó sobre la presión de Óscar Iván para que se callara.
Las versiones
Óscar Iván Palacio, abogado y lobysta, es otro curioso personaje en estos episodios. Él mismo reconoce ser un frecuente visitante de la Casa de Nariño, donde tramita favores para sus clientes y amigos. También tiene buenas relaciones con sectores de las autodefensas y reconoce que ha sido amigo de Rodrigo Zapata, entonces la mano derecha de Vicente Castaño. Aunque en su declaración ante la Procuraduría minimiza el alcance de esa amistad, hay grabaciones que evidencian lo contrario. Hay una, por ejemplo, donde Zapata le dice a ‘Job’, después de que éste estuvo en la cumbre de la Casa de Nariño: “Hay que darle tres millones a Óscar Iván, él no quiere pedir nada pero hay que dárselos...” . (Ver recuadro).
Es importante anotar que todas las declaraciones y las investigaciones de la Procuraduría coinciden en que César Mauricio Velásquez, el secretario de prensa de Palacio, tuvo una participación mínima y marginal en la cita con los hombres de ‘Berna’. Sin embargo, como parte de su defensa ante la Procuraduría, existe una declaración extraprocesal de Zapata ante un notario, en la cual el ex paramilitar destaca su amistad con Velásquez.
El abogado del secretario de prensa, Jaime Granados, argumentó ante la Procuraduría que Zapata era un “hombre honorable, un desmovilizado comprometido con la paz, etcétera”, esto con el fin de demostrar que no había ningún inconveniente en que existiera una amistad entre Zapata y Velásquez. No obstante, después de su captura la semana pasada, se reveló que estaba vinculado con 1.200 asesinatos.
Para la Procuraduría la actuación del secretario jurídico, Edmundo del Castillo, también despierta algunos interrogantes. Llamó la atención que después de justificar su presencia en la reunión con el argumento de que se trataba de un delicado asunto de seguridad nacional, se limitara a entregar las supuestas pruebas del complot a una asistente de su despacho, una joven abogada de 25 años. La Procuraduría registra con sorpresa que unas supuestas pruebas de un complot de la Corte contra el Presidente, no fueran trasladadas a instancias más importantes.
Todos estos nuevos elementos lejos de aclarar las dudas que surgieron después de esa controvertida reunión en la Casa de Nariño las aumenta. Ya ha quedado claro que el propósito de esa cumbre era llevarles a los funcionarios de Palacio pruebas falsas de un supuesto complot contra el Presidente, con el objeto de ganarse la gratitud del gobierno. Las grabaciones que se llevaron eran inaudibles y prácticamente no se podían identificar los personajes. Por lo tanto la conspiración se fundamentaba más bien en el testimonio del que grababa que en el contenido de las cintas. Pero deja un mal sabor que dados los antecedentes de los personajes y la evidente fragilidad de las pruebas, funcionarios de alto nivel se hubieran prestado a darle un seguimiento a ese absurdo juego. Al fin y al cabo las reuniones no fueron una sino tres.
En gracia de discusión, se podría argumentar que a cualquier gobierno le interesa saber si es verdad que existe un complot para desacreditarlo. Pero resulta igual de grave haber realizado la reunión que intentar taparla cuando se hizo pública. O esa es por lo menos la conclusión a la que llega la Procuraduría después de varios meses de investigaciones.
Que la mano derecha de Vicente Castaño, un hombre sindicado de 1.200 asesinatos, esté grabado diciendo “ya le armé un tinglado el h.p.” refiriéndose a funcionarios del Palacio Presidencial es muy grave. Que Chaux haya mentido y que el DAS haya adulterado fechas también.
Desde que se conoció de la existencia de la reunión en la Casa de Nariño, el gobierno ha insistido en su transparencia. Pero las grabaciones de Zapata y la investigación de la Procuraduría demuestran todo lo contario.
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lunes, 15 de junio de 2009
lunes, 20 de abril de 2009
'Don Berna' implica al ex general Mario Montoya en actividades paramilitares
Lunes, 02 de Marzo de 2009 14:31
El confeso narcotraficante y jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna', admitió, ante la Corte del Distrito Sur de New York, alianzas con altos oficiales del Ejército y la Policía para incursionar en la comuna 13 de Medellín durante la llamada Operación Orión, ejecutada entre el 16 y el 19 de octubre de 2002
Por IPC especial para Verdad Abierta
Entre los oficiales citados por alias 'don Berna' se encuentran el ex general del Ejército Mario Montoya Uribe, hoy embajador de Colombia en República Dominicana, y al ex general de la Policía Nacional Leonardo Gallego, hoy en retiro.
Tales afirmaciones están contenidas en una nueva carta que Murillo Bejarano le envió al juez Richard M. Berman, fechada el 25 de febrero, a través de la cual intenta convencerlo para que le niegue la condición de víctima a una mujer cuyo hijo fue desaparecido de manera forzada días después de la Operación Orión, excluya ese testimonio y las pruebas en la audiencia de sentencia, y le niegue cualquier tipo de restitución económica.
“Las fuerzas de autodefensa del Bcn (bloque Cacique Nutibara) llegaron a la Comuna 13 como parte de la alianza con la Cuarta Brigada del Ejército, incluyendo a los generales Mario Montoya, del Ejército, y Leonardo Gallego, de la Policía”, aseveró alias 'don Berna'.
Para la época de la Operación Orión, el general Montoya se desempeñaba como comandante de la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín, y el general Gallego era el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
En su declaración, Murillo Bejarano agregó que al bloque Cacique Nutibara le fue asignada una unidad antisecuestro del Gaula para que “asistiera a sus hombres en los esfuerzos conjuntos durante la Operación Orión”, y narró que la coordinación con los militares y los policías para desalojar de la zona a las milicias de las Farc, el Eln y los Comandos Armados del Pueblo estaba bajo la responsabilidad de un hombre conocido con el alias de King Kong.
El trámite, que llevó a la posibilidad de que una víctima participe en el proceso de alias don Berna y sea escuchada este miércoles 4 de marzo en una Corte Federal, se logró gracias a la gestión adelantada por la Corporación Jurídica Libertad, que se apoyó en la Clínica Legal de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad California Berkeley.
Los apoderados de la mujer, a quien por razones de seguridad no se identifica, afirman que su clienta fue víctima de la conspiración de narcotráfico cometida por Murillo Bejarano contra los Estados Unidos. Según la moción legal presentada ante el juez Berman el pasado 17 de febrero, y que hace trámite en la Corte, el jefe paramilitar ordenó la desaparición y ejecución de residentes de la comuna 13, incluyendo el hijo de la peticionaria, con el fin de controlar un corredor estratégico para el narcotráfico.
En su carta al juez norteamericano, alias 'Don Berna' insistió en mostrar la Comuna 13 como un “área controlada en gran parte por la guerrilla marxista que aterrorizó a través de secuestros y asesinatos”. Aseveró también que “la guerrilla había establecido una política y estructura comunista en el ámbito de la Comuna 13 y las Farc y el Eln tenían un control completo de la zona”.
Por ello, según él, la ocupación de este sector de la ciudad por parte de “Policía, Ejército y paramilitares se efectuó por motivos políticos para eliminar a la guerrilla de la zona, en un esfuerzo para ayudar a la comunidad”. Insistió en argumentar que fueron “la comunidad y las fuerzas de seguridad del Estado” las que le pidieron “ayuda” al bloque Cacique Nutibara para “librar la zona de la guerrilla”.
“Como resultado de los esfuerzos militares conjuntos en la zona”, afirmó Murillo Bejarano, “por lo menos 20 personas que fueron secuestradas por la guerrilla fueron liberados”. Si bien admitió su comandancia del bloque Cacique Nutibara, dijo que “no di la orden para cometer delitos graves innecesarios en la zona, pero más tarde descubrí que se cometieron excesos”.
Es la primera vez que este jefe paramilitar, quien se desempeñó como Inspector General de las Auc, habla sobre la Operación Orión, pues en sus pocas audiencias ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz rendidas en Colombia no abordó el asunto.
A la carta de 'Don Berna' al juez Berman, su defensa le agregó el artículo de prensa publicado por el diario The Angeles Times el 25 de marzo de 2005 que revela los contenidos de un informe de agencias de inteligencia norteamericanas donde se afirma que el ex general Montoya y un grupo de paramilitares realizó de manera conjunta la Operación Orión.
Todos aportaron
Para rebatir los argumentos de la Fiscalía norteamericana y de los apoderados de la víctima, que lo señalan de haber penetrado en la Comuna 13 con el fin de proteger un corredor estratégico para el negocio del narcotráfico, alias 'Don Berna' le explicó al juez Berman cómo funcionó el sostenimiento y, de paso, involucró presuntamente a empresarios e industriales en su financiación, aunque no dio nombres concretos.
Según el jefe paramilitar, la financiación de todos los bloques de las Auc dependía de sus propias estrategias de recaudación. En el caso del bloque Cacique Nutibara, dijo que sus finanzas dependían en un 70% del robo de gasolina del poliducto de Ecopetrol que pasa por el corregimiento San Cristóbal, donde ubicaron válvulas clandestinas. El combustible era vendido en la ciudad a transportadores.
“Además, el bloque Cacique Nutibara fue financiado con las contribuciones de ricos hombres de negocios, empresas y hoteles, impuestos a los buses y a grandes empresas, el dinero de la gasolina y los impuestos a los traficantes de estupefacientes”, precisó.
Adicional a ello, aclaró que la Comuna 13 no era un corredor estratégico, como sí o era la carretera a través del corregimiento San Cristóbal, “la vía más rápida para obtener productos fuera de la ciudad de Medellín”. También negó que sus hombres se aliaran con las autoridades colombianas para promover actividades de tráfico de drogas en el ámbito de la Comuna 13.
Lo dicho por 'Don Berna' al juez Richard Berman confirmaría lo que tantas veces ha sido denunciado en Colombia por las comunidades afectadas y organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos que las han acompañado, sin que las autoridades hayan tenido oídos para ellas.
Le corresponderá a la justicia colombiana determinar la veracidad de los señalamientos del paramilitar que enfrenta la etapa decisiva de su juicio por narcotráfico en los Estados Unidos.
Publicado en
www.verdadabierta.com
El confeso narcotraficante y jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna', admitió, ante la Corte del Distrito Sur de New York, alianzas con altos oficiales del Ejército y la Policía para incursionar en la comuna 13 de Medellín durante la llamada Operación Orión, ejecutada entre el 16 y el 19 de octubre de 2002
Por IPC especial para Verdad Abierta
Entre los oficiales citados por alias 'don Berna' se encuentran el ex general del Ejército Mario Montoya Uribe, hoy embajador de Colombia en República Dominicana, y al ex general de la Policía Nacional Leonardo Gallego, hoy en retiro.
Tales afirmaciones están contenidas en una nueva carta que Murillo Bejarano le envió al juez Richard M. Berman, fechada el 25 de febrero, a través de la cual intenta convencerlo para que le niegue la condición de víctima a una mujer cuyo hijo fue desaparecido de manera forzada días después de la Operación Orión, excluya ese testimonio y las pruebas en la audiencia de sentencia, y le niegue cualquier tipo de restitución económica.
“Las fuerzas de autodefensa del Bcn (bloque Cacique Nutibara) llegaron a la Comuna 13 como parte de la alianza con la Cuarta Brigada del Ejército, incluyendo a los generales Mario Montoya, del Ejército, y Leonardo Gallego, de la Policía”, aseveró alias 'don Berna'.
Para la época de la Operación Orión, el general Montoya se desempeñaba como comandante de la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín, y el general Gallego era el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
En su declaración, Murillo Bejarano agregó que al bloque Cacique Nutibara le fue asignada una unidad antisecuestro del Gaula para que “asistiera a sus hombres en los esfuerzos conjuntos durante la Operación Orión”, y narró que la coordinación con los militares y los policías para desalojar de la zona a las milicias de las Farc, el Eln y los Comandos Armados del Pueblo estaba bajo la responsabilidad de un hombre conocido con el alias de King Kong.
El trámite, que llevó a la posibilidad de que una víctima participe en el proceso de alias don Berna y sea escuchada este miércoles 4 de marzo en una Corte Federal, se logró gracias a la gestión adelantada por la Corporación Jurídica Libertad, que se apoyó en la Clínica Legal de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad California Berkeley.
Los apoderados de la mujer, a quien por razones de seguridad no se identifica, afirman que su clienta fue víctima de la conspiración de narcotráfico cometida por Murillo Bejarano contra los Estados Unidos. Según la moción legal presentada ante el juez Berman el pasado 17 de febrero, y que hace trámite en la Corte, el jefe paramilitar ordenó la desaparición y ejecución de residentes de la comuna 13, incluyendo el hijo de la peticionaria, con el fin de controlar un corredor estratégico para el narcotráfico.
En su carta al juez norteamericano, alias 'Don Berna' insistió en mostrar la Comuna 13 como un “área controlada en gran parte por la guerrilla marxista que aterrorizó a través de secuestros y asesinatos”. Aseveró también que “la guerrilla había establecido una política y estructura comunista en el ámbito de la Comuna 13 y las Farc y el Eln tenían un control completo de la zona”.
Por ello, según él, la ocupación de este sector de la ciudad por parte de “Policía, Ejército y paramilitares se efectuó por motivos políticos para eliminar a la guerrilla de la zona, en un esfuerzo para ayudar a la comunidad”. Insistió en argumentar que fueron “la comunidad y las fuerzas de seguridad del Estado” las que le pidieron “ayuda” al bloque Cacique Nutibara para “librar la zona de la guerrilla”.
“Como resultado de los esfuerzos militares conjuntos en la zona”, afirmó Murillo Bejarano, “por lo menos 20 personas que fueron secuestradas por la guerrilla fueron liberados”. Si bien admitió su comandancia del bloque Cacique Nutibara, dijo que “no di la orden para cometer delitos graves innecesarios en la zona, pero más tarde descubrí que se cometieron excesos”.
Es la primera vez que este jefe paramilitar, quien se desempeñó como Inspector General de las Auc, habla sobre la Operación Orión, pues en sus pocas audiencias ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz rendidas en Colombia no abordó el asunto.
A la carta de 'Don Berna' al juez Berman, su defensa le agregó el artículo de prensa publicado por el diario The Angeles Times el 25 de marzo de 2005 que revela los contenidos de un informe de agencias de inteligencia norteamericanas donde se afirma que el ex general Montoya y un grupo de paramilitares realizó de manera conjunta la Operación Orión.
Todos aportaron
Para rebatir los argumentos de la Fiscalía norteamericana y de los apoderados de la víctima, que lo señalan de haber penetrado en la Comuna 13 con el fin de proteger un corredor estratégico para el negocio del narcotráfico, alias 'Don Berna' le explicó al juez Berman cómo funcionó el sostenimiento y, de paso, involucró presuntamente a empresarios e industriales en su financiación, aunque no dio nombres concretos.
Según el jefe paramilitar, la financiación de todos los bloques de las Auc dependía de sus propias estrategias de recaudación. En el caso del bloque Cacique Nutibara, dijo que sus finanzas dependían en un 70% del robo de gasolina del poliducto de Ecopetrol que pasa por el corregimiento San Cristóbal, donde ubicaron válvulas clandestinas. El combustible era vendido en la ciudad a transportadores.
“Además, el bloque Cacique Nutibara fue financiado con las contribuciones de ricos hombres de negocios, empresas y hoteles, impuestos a los buses y a grandes empresas, el dinero de la gasolina y los impuestos a los traficantes de estupefacientes”, precisó.
Adicional a ello, aclaró que la Comuna 13 no era un corredor estratégico, como sí o era la carretera a través del corregimiento San Cristóbal, “la vía más rápida para obtener productos fuera de la ciudad de Medellín”. También negó que sus hombres se aliaran con las autoridades colombianas para promover actividades de tráfico de drogas en el ámbito de la Comuna 13.
Lo dicho por 'Don Berna' al juez Richard Berman confirmaría lo que tantas veces ha sido denunciado en Colombia por las comunidades afectadas y organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos que las han acompañado, sin que las autoridades hayan tenido oídos para ellas.
Le corresponderá a la justicia colombiana determinar la veracidad de los señalamientos del paramilitar que enfrenta la etapa decisiva de su juicio por narcotráfico en los Estados Unidos.
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www.verdadabierta.com
jueves, 5 de marzo de 2009
¿Por qué sólo se presentó 'La Gata'?
Tras las denuncias de que el negocio del chance que maneja 600 mil millones en Atlántico quedará en manos de la detenida empresaria Enilce López, organismos de control piden suspender la licitación.
Adjudicar el negocio del chance será siempre una tarea difícil. Para el gobierno departamental y la gerencia de la Lotería del Atlántico, no fue suficiente con haber pedido acompañamiento de los organismos de control, veedores y oficina del Zar Anticorrupción para adjudicar por un periodo de cinco años la concesión del multimillonario negocio de las apuestas conocido como ‘el chance’. Se estima que este negocio genera cerca de 600 mil millones de pesos en el departamento.
Horas previas al cierre de la hora límite para presentar propuestas, el senador del Polo Democrático, Gustavo Petro, denunció que las condiciones y requisitos exigidos favorecían a Uniapuestas, el actual concesionario.
A las tres en punto de la tarde y en presencia de veedores, los delegados de la Contraloría Departamental y la Procuraduría, el secretario jurídico del departamento, asesores y funcionarios de la lotería departamental, se cerró la urna y sólo hubo un proponente: Uniapuestas, una sociedad de vendedores de apuestas permanentes de la que hacen parte 80 personas, cuya socia mayoritaria es Enilce López Romero, conocida popularmente como ‘La Gata’ y quien hoy se encuentra detenida.
Las denuncias de Petro ponen en entredicho los esfuerzos que han los gobiernos departamentales por regular un negocio que ha estado salpicado por escándalos de corrupción, lavado de dinero y hasta crímenes y asesinatos entre empresarios y ganadores. Pero el gobernador Eduardo Verano de la Rosa y el gerente de la lotería del Atlántico, Luis Fernando De la Peña, lo defendieron, pues están seguros de haber sido transparentes y procedido de acuerdo con la ley.
Verano explicó que además de seguir al pie de la letra lo establecido en la ley 643 de 2001, analizaron los procesos adelantados en veinte departamentos en aspectos tales como valor del contrato, experiencia de las empresas, haber reportado transferencias al departamento, márgenes de utilidad, capital, nivel de endeudamiento, patrimonio técnico, capacidad tecnológica, software, hardware, que sumados a otros requisitos debían sumar mil puntos para poder ganar la licitación. Muchos más requisitos de los que según Petro, se tuvieron en cuenta para abrir la licitación .
Ayer el director de la Oficina Anticorrupción de la Presidencia de la República, Oscar Ortíz, quien había sido consultado a lo largo de todo el proceso y sus observaciones incluidas en las reglas de juego, le mandó una carta al gobernador Verano en la que le dice que solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación para que revise todo lo actuado y en consideración a éste acompañamiento, le solicita al gobernador que suspenda el proceso hasta que haya un pronunciamiento de la Procuraduría.
¿Por qué otras empresas de apuestas que operan en el país no presentaron propuestas?
Se dice que la empresas de chance han acordado no participar en licitaciones en departamentos ajenos a aquel donde surgieron. Una manera de respetarse los territorios entre empresarios que conocieron la ilegalidad y la clandestinidad y hoy dirigen negocios prósperos que en un periodo de cinco años, como el del Atlántico puede vender 600 mil millones de pesos, pagar 73 mil millones en regalías y aproximadamente 250 mil millones en premios.
José de Dios Moreno, un promotor de apuestas que se declara desplazado del negocio desde 1999. Moreno manifestó que el proceso estaba direccionado para que se lo ganara Uniapuestas y que por eso otras empresas interesadas como el Consorcio Chambacú y Circulante S.A de Bogotá, que en principio estaban actuando con un mismo representante, y la Lotería de Manizales, se abstuvieron de participar en la licitación.
El secretario jurídico del departamento manifestó que el pliego se había hecho sin restricciones y que las condiciones han sido amplias y en igualdad de condiciones. La mayoría de las loterías exigen experiencia en venta de chance entre diez y veinte años continuos. Atlántico exige cinco años discontinuos. Mientras otras loterías exigen que los licitantes hayan hecho transferencias, a los interesados en Atlántico no se les exigió.
Sin embargo, lo que sí exige Atlántico es que dentro de los próximos cinco años el concesionario debe transferir al departamento la suma de setenta y tres mil quinientos ventiun millones de pesos con destino a la salud. No cualquier empresa puede aportar semejante capital, y la única que aceptó aportar ese dinero fue Uniapuestas.
En cuanto a la denuncia de que Uniapuestas tiene una deuda de 6.000 millones con el departamento, el gobernador dijo que desconocía el hecho, pero que el requisito exigible a Uniapuestas como proponente era que en cumplimiento del contrato vigente haya cumplido con las transferencias y, según el gobernador y el gerente de la lotería, pagó en los últimos cinco años 64.000 millones de pesos que se habían estipulado en el contrato con base en el estudio de mercado de 2003. Los impuestos que adeudaría la empresa de apuestas al departamento, según fuentes de la gobernación, se encuentra en cobro coactivo.
El Contralor Departamental expresó que habían acompañado el proceso para apoyar una licitación transparente, pero que no podían pronunciarse sobre estos hechos porque el control que ese organismo ejerce es posterior a la suscripción del contrato.
El juego del chance surgió como un negocio ilegal en los años 60, por cuya venta incluso pagaban cárcel los responsables. Y la mayoría de los actuales socios de Uniapuestas fueron ilegales o trabajaron en la clandestinidad, hasta que mediante leyes y decretos a partir de los años 90 el juego fue reglamentado para que pagara regalías e impuestos. Alrededor de este juego existe una historia negra de apuestas no pagadas, de ganadores asesinados y atracados por haber arruinado a la casa de apuestas, y dineros sucios.
Publicado en
www.semana.com
Adjudicar el negocio del chance será siempre una tarea difícil. Para el gobierno departamental y la gerencia de la Lotería del Atlántico, no fue suficiente con haber pedido acompañamiento de los organismos de control, veedores y oficina del Zar Anticorrupción para adjudicar por un periodo de cinco años la concesión del multimillonario negocio de las apuestas conocido como ‘el chance’. Se estima que este negocio genera cerca de 600 mil millones de pesos en el departamento.
Horas previas al cierre de la hora límite para presentar propuestas, el senador del Polo Democrático, Gustavo Petro, denunció que las condiciones y requisitos exigidos favorecían a Uniapuestas, el actual concesionario.
A las tres en punto de la tarde y en presencia de veedores, los delegados de la Contraloría Departamental y la Procuraduría, el secretario jurídico del departamento, asesores y funcionarios de la lotería departamental, se cerró la urna y sólo hubo un proponente: Uniapuestas, una sociedad de vendedores de apuestas permanentes de la que hacen parte 80 personas, cuya socia mayoritaria es Enilce López Romero, conocida popularmente como ‘La Gata’ y quien hoy se encuentra detenida.
Las denuncias de Petro ponen en entredicho los esfuerzos que han los gobiernos departamentales por regular un negocio que ha estado salpicado por escándalos de corrupción, lavado de dinero y hasta crímenes y asesinatos entre empresarios y ganadores. Pero el gobernador Eduardo Verano de la Rosa y el gerente de la lotería del Atlántico, Luis Fernando De la Peña, lo defendieron, pues están seguros de haber sido transparentes y procedido de acuerdo con la ley.
Verano explicó que además de seguir al pie de la letra lo establecido en la ley 643 de 2001, analizaron los procesos adelantados en veinte departamentos en aspectos tales como valor del contrato, experiencia de las empresas, haber reportado transferencias al departamento, márgenes de utilidad, capital, nivel de endeudamiento, patrimonio técnico, capacidad tecnológica, software, hardware, que sumados a otros requisitos debían sumar mil puntos para poder ganar la licitación. Muchos más requisitos de los que según Petro, se tuvieron en cuenta para abrir la licitación .
Ayer el director de la Oficina Anticorrupción de la Presidencia de la República, Oscar Ortíz, quien había sido consultado a lo largo de todo el proceso y sus observaciones incluidas en las reglas de juego, le mandó una carta al gobernador Verano en la que le dice que solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación para que revise todo lo actuado y en consideración a éste acompañamiento, le solicita al gobernador que suspenda el proceso hasta que haya un pronunciamiento de la Procuraduría.
¿Por qué otras empresas de apuestas que operan en el país no presentaron propuestas?
Se dice que la empresas de chance han acordado no participar en licitaciones en departamentos ajenos a aquel donde surgieron. Una manera de respetarse los territorios entre empresarios que conocieron la ilegalidad y la clandestinidad y hoy dirigen negocios prósperos que en un periodo de cinco años, como el del Atlántico puede vender 600 mil millones de pesos, pagar 73 mil millones en regalías y aproximadamente 250 mil millones en premios.
José de Dios Moreno, un promotor de apuestas que se declara desplazado del negocio desde 1999. Moreno manifestó que el proceso estaba direccionado para que se lo ganara Uniapuestas y que por eso otras empresas interesadas como el Consorcio Chambacú y Circulante S.A de Bogotá, que en principio estaban actuando con un mismo representante, y la Lotería de Manizales, se abstuvieron de participar en la licitación.
El secretario jurídico del departamento manifestó que el pliego se había hecho sin restricciones y que las condiciones han sido amplias y en igualdad de condiciones. La mayoría de las loterías exigen experiencia en venta de chance entre diez y veinte años continuos. Atlántico exige cinco años discontinuos. Mientras otras loterías exigen que los licitantes hayan hecho transferencias, a los interesados en Atlántico no se les exigió.
Sin embargo, lo que sí exige Atlántico es que dentro de los próximos cinco años el concesionario debe transferir al departamento la suma de setenta y tres mil quinientos ventiun millones de pesos con destino a la salud. No cualquier empresa puede aportar semejante capital, y la única que aceptó aportar ese dinero fue Uniapuestas.
En cuanto a la denuncia de que Uniapuestas tiene una deuda de 6.000 millones con el departamento, el gobernador dijo que desconocía el hecho, pero que el requisito exigible a Uniapuestas como proponente era que en cumplimiento del contrato vigente haya cumplido con las transferencias y, según el gobernador y el gerente de la lotería, pagó en los últimos cinco años 64.000 millones de pesos que se habían estipulado en el contrato con base en el estudio de mercado de 2003. Los impuestos que adeudaría la empresa de apuestas al departamento, según fuentes de la gobernación, se encuentra en cobro coactivo.
El Contralor Departamental expresó que habían acompañado el proceso para apoyar una licitación transparente, pero que no podían pronunciarse sobre estos hechos porque el control que ese organismo ejerce es posterior a la suscripción del contrato.
El juego del chance surgió como un negocio ilegal en los años 60, por cuya venta incluso pagaban cárcel los responsables. Y la mayoría de los actuales socios de Uniapuestas fueron ilegales o trabajaron en la clandestinidad, hasta que mediante leyes y decretos a partir de los años 90 el juego fue reglamentado para que pagara regalías e impuestos. Alrededor de este juego existe una historia negra de apuestas no pagadas, de ganadores asesinados y atracados por haber arruinado a la casa de apuestas, y dineros sucios.
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lunes, 16 de febrero de 2009
Vinculación preliminar al congresista Mauricio Lizcano por la 'parapolítica'
Vinculación preliminar al congresista Mauricio Lizcano por la 'parapolítica'
Corte Suprema de Justicia investigará si el representante recibió apoyo político y financiero de personas vinculadas con el cartel del norte del Valle.La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia investigará si el representante por el Partido de la U recibió apoyo político y financiero de dos personas vinculadas con el cartel del norte del Valle.
Con Lizcano son ya cuatro los congresistas por el departamento de Caldas vinculados por la Corte en los procesos de la parapolítica: La senadora Adriana Gutiérrez y los representantes Dixon Tapasco y Emilio Enrique Ángel.En una corta nota de prensa divulgada en Bogotá, la CSJ explicó que la "indagación preliminar" contra Lizcano tiene como fin "verificar algún señalamiento sobre posibles vínculos con grupos armados al margen de la ley".
Mauricio Lizcano es un conservador que obtuvo en marzo de 2006 un escaño a la Cámara de Representantes por el departamento de Caldas.El padre de este político era representante a la Cámara por la época en la que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) lo hicieron cautivo en la misma región y lo integraron a la relación de rehenes con fines de canje por insurgentes presos.
Óscar Tulio Lizcano fue secuestrado a mediados de 2000 y en octubre pasado escapó de los rebeles con la ayuda de su carcelero, "Isaza", alias de Wilson Bueno Largo, que desertó para facilitar la fuga del rehén.
El rebelde fue acogido por el Gobierno de Francia y viajó a París el mes pasado con su novia, también desertora de las Farc, y en compañía de la colombo-francesa Íngrid Betancourt, rehén de esta guerrilla hasta julio último, cuando fue rescatada en una operación militar junto a tres estadounidenses y once militares y policías colombianos.
Unos setenta legisladores, la mayoría afines al presidente Álvaro Uribe, han sido procesados bajo el cargo de concierto para delinquir por el alto tribunal, que ha ordenado la detención de la mitad de ellos.
Con EFE
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Corte Suprema de Justicia investigará si el representante recibió apoyo político y financiero de personas vinculadas con el cartel del norte del Valle.La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia investigará si el representante por el Partido de la U recibió apoyo político y financiero de dos personas vinculadas con el cartel del norte del Valle.
Con Lizcano son ya cuatro los congresistas por el departamento de Caldas vinculados por la Corte en los procesos de la parapolítica: La senadora Adriana Gutiérrez y los representantes Dixon Tapasco y Emilio Enrique Ángel.En una corta nota de prensa divulgada en Bogotá, la CSJ explicó que la "indagación preliminar" contra Lizcano tiene como fin "verificar algún señalamiento sobre posibles vínculos con grupos armados al margen de la ley".
Mauricio Lizcano es un conservador que obtuvo en marzo de 2006 un escaño a la Cámara de Representantes por el departamento de Caldas.El padre de este político era representante a la Cámara por la época en la que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) lo hicieron cautivo en la misma región y lo integraron a la relación de rehenes con fines de canje por insurgentes presos.
Óscar Tulio Lizcano fue secuestrado a mediados de 2000 y en octubre pasado escapó de los rebeles con la ayuda de su carcelero, "Isaza", alias de Wilson Bueno Largo, que desertó para facilitar la fuga del rehén.
El rebelde fue acogido por el Gobierno de Francia y viajó a París el mes pasado con su novia, también desertora de las Farc, y en compañía de la colombo-francesa Íngrid Betancourt, rehén de esta guerrilla hasta julio último, cuando fue rescatada en una operación militar junto a tres estadounidenses y once militares y policías colombianos.
Unos setenta legisladores, la mayoría afines al presidente Álvaro Uribe, han sido procesados bajo el cargo de concierto para delinquir por el alto tribunal, que ha ordenado la detención de la mitad de ellos.
Con EFE
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sábado, 10 de enero de 2009
'Álvaro García se puso al servicio de los paras', denuncia Procuraduría sobre ex senador de Sucre
Quien fuera durante más de una década el mandamás político de ese departamneto, 'puso su investidura al servicio" de los paras y "les sirvió de instrumento de conservación y expansión'.
En esos términos se refiere la Procuraduría al ex senador al destituirlo e inhabilitarlo por 20 años para cargos públicos. Esto ocurre dos años después de que la Corte Suprema ordenó su captura.
La sanción, una de las más altas impuestas por ese organismo de control por el escándalo de la parapolítica, le llega a García a escasos días de que su juicio por concierto para delinquir agravado despegue en un juzgado especializado de Bogotá. También cuando una grabación hecha por el mismo Salvatore Mancuso podría enredarlo aún más con la masacre de Macayepo, por la que había sido acusado por la Corte antes de que su caso pasara a la Fiscalía.
En ese pueblo de los Montes de María los 'paras' de Rodrigo Mercado Peluffo, 'Cadena', mataron a 15 personas en el 2000.
La Procuraduría, que había recibido críticas porque absolvió a García por el caso de Macayepo, considera ahora que no hay la menor duda de que el político, "durante los períodos constitucionales de 1996 a 2006, en los que se desempeñó como senador, intervino en favor de la organización al margen de la ley".
Además de los testimonios de 'Pitirri' (testigo estrella de la parapolítica) y de otros ex Auc que dieron origen a la investigación contra García en la Corte, en el expediente hay grabaciones de 'paras' que delatan que el ex senador junto con el ex gobernador de Sucre Jorge Anaya, hoy investigado, supuestamente le entregaron 400 millones de pesos a 'Cadena' para que los apoyara electoralmente en el 2004.
En el mismo fallo se absolvió al ex senador Jairo Merlano por falta de pruebas y al ex representante Eric Morris (condenado por la Corte Suprema), pues aunque hay pruebas suficientes de sus alianzas con las Auc para ese momento no era funcionario público y no estaba bajo la órbita de la Procuraduría.
En esos términos se refiere la Procuraduría al ex senador al destituirlo e inhabilitarlo por 20 años para cargos públicos. Esto ocurre dos años después de que la Corte Suprema ordenó su captura.
La sanción, una de las más altas impuestas por ese organismo de control por el escándalo de la parapolítica, le llega a García a escasos días de que su juicio por concierto para delinquir agravado despegue en un juzgado especializado de Bogotá. También cuando una grabación hecha por el mismo Salvatore Mancuso podría enredarlo aún más con la masacre de Macayepo, por la que había sido acusado por la Corte antes de que su caso pasara a la Fiscalía.
En ese pueblo de los Montes de María los 'paras' de Rodrigo Mercado Peluffo, 'Cadena', mataron a 15 personas en el 2000.
La Procuraduría, que había recibido críticas porque absolvió a García por el caso de Macayepo, considera ahora que no hay la menor duda de que el político, "durante los períodos constitucionales de 1996 a 2006, en los que se desempeñó como senador, intervino en favor de la organización al margen de la ley".
Además de los testimonios de 'Pitirri' (testigo estrella de la parapolítica) y de otros ex Auc que dieron origen a la investigación contra García en la Corte, en el expediente hay grabaciones de 'paras' que delatan que el ex senador junto con el ex gobernador de Sucre Jorge Anaya, hoy investigado, supuestamente le entregaron 400 millones de pesos a 'Cadena' para que los apoyara electoralmente en el 2004.
En el mismo fallo se absolvió al ex senador Jairo Merlano por falta de pruebas y al ex representante Eric Morris (condenado por la Corte Suprema), pues aunque hay pruebas suficientes de sus alianzas con las Auc para ese momento no era funcionario público y no estaba bajo la órbita de la Procuraduría.
Asesinaron a otro testigo clave en caso de Alcalde de El Roble
A una semana de que se reinicie en Bogotá el juicio contra el ex gobernador de Sucre Salvador Arana por el asesinato del alcalde Eudaldo Díaz, los sicarios acaban de acallar a otro testigo clave.
Munir Cadavid, un amigo del Alcalde de El Roble que habría intervenido en ese crimen cometido por los 'paras' de Sucre en abril del 2003, fue asesinado en Chinú (Córdoba) en circunstancias que aún están por establecerse. Con él ya van 11 personas, entre testigos y supuestos cómplices del asesinato, que caen bajo las balas de los sicarios o han sido víctimas de sus ataques.
El nombre de Munir Córdoba había aparecido en el proceso porque la víctima, en una carta que dejó para su familia, contó que él lo iba a acompañar a la cita con 'Cadena', el jefe 'para' de Sucre, que terminó con su desaparición forzada y asesinato.Después Diógenes Meza, un mesero que supo del crimen y que moribundo tras un atentado alcanzó a hablar ante la justicia, también lo señaló.
Supuestamente, Córdoba convenció a Díaz de reunirse con el jefe paramilitar, pocos días después de que el mandatario denunció en un consejo comunitario, ante el presidente Álvaro Uribe, que los 'paras' y algunos políticos de Sucre lo iban a matar, como en efecto ocurrió.Sin embargo, no había sido vinculado a la investigación y apenas ahora los abogados de la familia del Alcalde habían logrado que lo llamaran a declarar durante el juicio contra Arana, a quien Procuraduría y Fiscalía señalan como autor intelectual del crimen.
Por esa situación, la familia pidió el relevo de la fiscal de derechos humanos que lleva el caso, decisión que está en manos del Fiscal General, Mario Iguarán.Además de Meza, entre las muertes supuestamente relacionadas con el caso del Alcalde de El Roble está la de un hermano de Juan Pablo Viloria, ex 'para' que declaró contra Arana.
El mismo Viloria fue víctima de un atentado en la cárcel y hace algunos meses hubo un ataque a tiros contra un familiar de Arana que también ha sido señalado por la familia de Díaz como implicado en el caso. Dos procuradores de Sucre, el ex comandante de Policía Norman Arango y otros funcionarios y ex funcionarios del departamento.
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Munir Cadavid, un amigo del Alcalde de El Roble que habría intervenido en ese crimen cometido por los 'paras' de Sucre en abril del 2003, fue asesinado en Chinú (Córdoba) en circunstancias que aún están por establecerse. Con él ya van 11 personas, entre testigos y supuestos cómplices del asesinato, que caen bajo las balas de los sicarios o han sido víctimas de sus ataques.
El nombre de Munir Córdoba había aparecido en el proceso porque la víctima, en una carta que dejó para su familia, contó que él lo iba a acompañar a la cita con 'Cadena', el jefe 'para' de Sucre, que terminó con su desaparición forzada y asesinato.Después Diógenes Meza, un mesero que supo del crimen y que moribundo tras un atentado alcanzó a hablar ante la justicia, también lo señaló.
Supuestamente, Córdoba convenció a Díaz de reunirse con el jefe paramilitar, pocos días después de que el mandatario denunció en un consejo comunitario, ante el presidente Álvaro Uribe, que los 'paras' y algunos políticos de Sucre lo iban a matar, como en efecto ocurrió.Sin embargo, no había sido vinculado a la investigación y apenas ahora los abogados de la familia del Alcalde habían logrado que lo llamaran a declarar durante el juicio contra Arana, a quien Procuraduría y Fiscalía señalan como autor intelectual del crimen.
Por esa situación, la familia pidió el relevo de la fiscal de derechos humanos que lleva el caso, decisión que está en manos del Fiscal General, Mario Iguarán.Además de Meza, entre las muertes supuestamente relacionadas con el caso del Alcalde de El Roble está la de un hermano de Juan Pablo Viloria, ex 'para' que declaró contra Arana.
El mismo Viloria fue víctima de un atentado en la cárcel y hace algunos meses hubo un ataque a tiros contra un familiar de Arana que también ha sido señalado por la familia de Díaz como implicado en el caso. Dos procuradores de Sucre, el ex comandante de Policía Norman Arango y otros funcionarios y ex funcionarios del departamento.
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sábado, 13 de diciembre de 2008
Capturado Claudio Sánchez Parra, rector de la Universidad de Córdoba
Capturado Claudio Sánchez Parra, rector de la Universidad de Córdoba
Foto: Archivo particular
Claudio Sánchez Parra, rector Universidad de Córdoba.
Agentes del CTI de la Fiscalía lo detuvieron a las 8 a.m. de este jueves, cuando se encontraba en las instalaciones del Club Campestre de Montería.
Contra el rector cursan varias investigaciones en la Fiscalía y procesos disciplinarios en la Procuraduría, por su presunta relación y vinculación con los grupos paramilitares.
Recientemente, el desmovilizado y extraditado jefe 'para' Salvatore Mancuso, dijo desde Washington que Sánchez Parra llegó al cargo como cuota de las autodefensas en su proyecto político de tomarse el Alma Máter, que según Mancuso estaba permeado y tomado por la guerrilla de las Farc.
La captura de Sánchez Parra conmocionó no solo al estamento universitario de Montería, sino prácticamente a toda la ciudad, donde Sánchez es ampliamente conocido.
La jornada académica en la Universidad de Córdoba fue suspendida y a esta hora hay grupos de estudiantes, docentes y trabajadores en el campus universitario comentado el hecho.
Una de las investigaciones contra el rector se fundamentó en una denuncia que hizo en el 2002 el parlamentario Gustavo Petro, quien en una sesión de la Cámara denunció que la elección de Sánchez fue presionada por Salvatore Mancuso en una reunión que realizó en Santa fe de Ralito (antes de los diálogos de paz), y a la que convocó a docentes, sindicalistas y directivos del consejo superior de la Universidad.
La aprehensión de Claudio Sánchez se da en momentos en que docentes y trabajadores mantienen bloqueada desde hace tres días la entrada a la oficina de Rectoría, en protesta por lo que llaman incumplimientos a pactos laborales suscritos hace unos dos meses con el Ministerio de Educación, durante otra parálisis laboral.
La acción judicial del CTI coincide, igualmente, con una visita que una comisión de docentes hizo la semana pasada a la Fiscalía General de la Nación solicitándole al Fiscal Mario Iguarán más celeridad en los procesos que se desarrollan contra Sánchez Parra.
El rector se encuentra en las instalaciones del CTI y, hasta ahora, se desconoce si será escuchado en indagatoria allí mismo o si será trasladado a Bogotá.
MONTERÍA
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Foto: Archivo particular
Claudio Sánchez Parra, rector Universidad de Córdoba.
Agentes del CTI de la Fiscalía lo detuvieron a las 8 a.m. de este jueves, cuando se encontraba en las instalaciones del Club Campestre de Montería.
Contra el rector cursan varias investigaciones en la Fiscalía y procesos disciplinarios en la Procuraduría, por su presunta relación y vinculación con los grupos paramilitares.
Recientemente, el desmovilizado y extraditado jefe 'para' Salvatore Mancuso, dijo desde Washington que Sánchez Parra llegó al cargo como cuota de las autodefensas en su proyecto político de tomarse el Alma Máter, que según Mancuso estaba permeado y tomado por la guerrilla de las Farc.
La captura de Sánchez Parra conmocionó no solo al estamento universitario de Montería, sino prácticamente a toda la ciudad, donde Sánchez es ampliamente conocido.
La jornada académica en la Universidad de Córdoba fue suspendida y a esta hora hay grupos de estudiantes, docentes y trabajadores en el campus universitario comentado el hecho.
Una de las investigaciones contra el rector se fundamentó en una denuncia que hizo en el 2002 el parlamentario Gustavo Petro, quien en una sesión de la Cámara denunció que la elección de Sánchez fue presionada por Salvatore Mancuso en una reunión que realizó en Santa fe de Ralito (antes de los diálogos de paz), y a la que convocó a docentes, sindicalistas y directivos del consejo superior de la Universidad.
La aprehensión de Claudio Sánchez se da en momentos en que docentes y trabajadores mantienen bloqueada desde hace tres días la entrada a la oficina de Rectoría, en protesta por lo que llaman incumplimientos a pactos laborales suscritos hace unos dos meses con el Ministerio de Educación, durante otra parálisis laboral.
La acción judicial del CTI coincide, igualmente, con una visita que una comisión de docentes hizo la semana pasada a la Fiscalía General de la Nación solicitándole al Fiscal Mario Iguarán más celeridad en los procesos que se desarrollan contra Sánchez Parra.
El rector se encuentra en las instalaciones del CTI y, hasta ahora, se desconoce si será escuchado en indagatoria allí mismo o si será trasladado a Bogotá.
MONTERÍA
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Capturado el ex gobernador de Magdalena por "Pacto de Chivolo"
Capturado el ex gobernador de Magdalena por "Pacto de Chivolo"
Justicia La captura de José Domingo Dávila se suma a la de los dos últimos gobernadores de ese departamento por vínculos con grupos paramilitares.
Ayer fue detenido en Tasajera, Ciénaga, el exgobernador del departamento del Magdalena elegido en octubre del año 2000 para el periodo 2001 - 2003, José Domingo Dávila Armenta. Dávila viajaba de Barranquilla a Santa Marta cuando fue requerido por agentes del CTI de la Fiscalía.
Al exgobernador le abrieron una investigación por haber firmado y ser beneficiario del 'Pacto de Chivolo', un acuerdo suscrito en septiembre del año 2000 entre los grupos paramilitares del Bloque Norte comandados por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, con concejales, alcaldes y diputados, así como con aspirantes a estas corporaciones y a las 29 alcaldías de los municipios del departamento.
Como consecuencia de este pacto José Domingo Dávila, conocido como "Chelo", habría sido elegido gobernador derrotando al otro aspirante, el exdiputado Trino Luna Correa.
En prisión se encuentran los senadores Miguel Pinedo Vidal, Jorge Castro y Luis Vives Lacouture; los representantes a la cámara Alfonso Campo Escobar, José Gamarra Sierra, Jorge Luis Caballero Caballero, Karely Lara Vence y Alonso Ramírez Torres. El ex gobernador Trino Luna Correa, quien se había acogido a sentencia anticipada por cooperación con la justicia, fue condenado a 37 meses, pero por buena conducta y otros beneficios recuperó la libertad.
De acuerdo con un informe de la Fiscalía General de la Nación, Dávila Armenta habría sido el mayor favorecido con el Acuerdo de Chivolo sellado el 28 de septiembre del 2000 el cual llevaba la rúbrica de 13 candidatos a alcaldías y 395 personas más, todos candidatos a corporaciones públicas. Con ellos se consolidaría la fuerza política del movimiento ‘Provincia Unida Por Una Mejor Opción De Vida’, impulsado por ‘Jorge 40’.
También fue detenida la fundadora del movimiento Provincia Unida, Neyla Alfredina Soto Ruiz, conocida como alias "doña Sonia" o la "sombrerona", quien se desmovilizó en Ralito como perteneciente al Bloque Norte y su hija Victoria Paternina Soto, fundadora y directora ejecutiva de la fundación Provincia Unida, entidad que tenía contratos con alcaldías y organismos nacionales.
Otros 12 políticos que firmaron el pacto resultaron elegidos alcaldes municipales y a comienzos de octubre la Fiscalía llamó a indagatoria a 10 políticos firmantes del referido pacto. Ellos fueron el alcalde de Concordia, Miguel Aragón, los ex alcaldes de esa localidad, Aníbal Castro Martínez, José Ignacio Mercado Colón y Pablo José Salas Orozco; los ex diputados de la Asamblea Edgar Manuel Castro Castro, Fernando Jesús Mozo Ortiz, Franklin Lozano Pimienta y Jorge Vega Barrios, quienes también firmaron el Pacto de Pivijay siendo alcaldes en beneficio, pacto mediante el cual se buscaba la elección a senado en 2002 de Dieb Maloof y Jorge Castro al Senado, habiendo logrado ese propósito.
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Justicia La captura de José Domingo Dávila se suma a la de los dos últimos gobernadores de ese departamento por vínculos con grupos paramilitares.
Ayer fue detenido en Tasajera, Ciénaga, el exgobernador del departamento del Magdalena elegido en octubre del año 2000 para el periodo 2001 - 2003, José Domingo Dávila Armenta. Dávila viajaba de Barranquilla a Santa Marta cuando fue requerido por agentes del CTI de la Fiscalía.
Al exgobernador le abrieron una investigación por haber firmado y ser beneficiario del 'Pacto de Chivolo', un acuerdo suscrito en septiembre del año 2000 entre los grupos paramilitares del Bloque Norte comandados por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, con concejales, alcaldes y diputados, así como con aspirantes a estas corporaciones y a las 29 alcaldías de los municipios del departamento.
Como consecuencia de este pacto José Domingo Dávila, conocido como "Chelo", habría sido elegido gobernador derrotando al otro aspirante, el exdiputado Trino Luna Correa.
En prisión se encuentran los senadores Miguel Pinedo Vidal, Jorge Castro y Luis Vives Lacouture; los representantes a la cámara Alfonso Campo Escobar, José Gamarra Sierra, Jorge Luis Caballero Caballero, Karely Lara Vence y Alonso Ramírez Torres. El ex gobernador Trino Luna Correa, quien se había acogido a sentencia anticipada por cooperación con la justicia, fue condenado a 37 meses, pero por buena conducta y otros beneficios recuperó la libertad.
De acuerdo con un informe de la Fiscalía General de la Nación, Dávila Armenta habría sido el mayor favorecido con el Acuerdo de Chivolo sellado el 28 de septiembre del 2000 el cual llevaba la rúbrica de 13 candidatos a alcaldías y 395 personas más, todos candidatos a corporaciones públicas. Con ellos se consolidaría la fuerza política del movimiento ‘Provincia Unida Por Una Mejor Opción De Vida’, impulsado por ‘Jorge 40’.
También fue detenida la fundadora del movimiento Provincia Unida, Neyla Alfredina Soto Ruiz, conocida como alias "doña Sonia" o la "sombrerona", quien se desmovilizó en Ralito como perteneciente al Bloque Norte y su hija Victoria Paternina Soto, fundadora y directora ejecutiva de la fundación Provincia Unida, entidad que tenía contratos con alcaldías y organismos nacionales.
Otros 12 políticos que firmaron el pacto resultaron elegidos alcaldes municipales y a comienzos de octubre la Fiscalía llamó a indagatoria a 10 políticos firmantes del referido pacto. Ellos fueron el alcalde de Concordia, Miguel Aragón, los ex alcaldes de esa localidad, Aníbal Castro Martínez, José Ignacio Mercado Colón y Pablo José Salas Orozco; los ex diputados de la Asamblea Edgar Manuel Castro Castro, Fernando Jesús Mozo Ortiz, Franklin Lozano Pimienta y Jorge Vega Barrios, quienes también firmaron el Pacto de Pivijay siendo alcaldes en beneficio, pacto mediante el cual se buscaba la elección a senado en 2002 de Dieb Maloof y Jorge Castro al Senado, habiendo logrado ese propósito.
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sábado, 15 de noviembre de 2008
Investigan políticos del Magdalena por pactos con paramilitares
Investigan políticos del Magdalena por pactos con paramilitares
Conflicto armado La Fiscalía abrió una investigación penal contra nueve políticos del Magdalena, entre ellos un ex gobernador, un alcalde y ex diputados, involucrados con los pactos de Chivolo y Pivijay que firmaron 417 políticos con 'Jorge 40'.
Antes de que el caso prescribiera, como lo alcanzó a advertir la senador Gina Parodi, la Fiscalía abrió investigación penal contra los ex alcaldes del municipio de Concordia, Magdalena, Pablo José Salas Orozco. Anibal Castro Martínez y José Ignacio Mercado Colón, así como contra el actual mandatario de ese municipio, Miguel Antonio Aragón, y los ex diputados de ese departamento, Edgar Castro Castro, Fernando Jesús Mozo Ortiz, Franklin Lozano Pimienta y Jorge Vega Barrios, todos firmantes de los polémicos pactos de Chivolo y Pivijay con las autodefensas al mando de 'Jorge 40'.
El ente investigador también inició un proceso penal contra la desmovilizada Neyla Alfredina Soto Ortiz, conocida con el alias de 'Sonia'.
Según fuentes de la Fiscalía, estos pactos políticos presuntamente les permitió a las autodefensas tener un control burocrático y político de varios municipios del Magdalena, entre esos el de Concordia. En la misma investigación se analiza la conexión con el asesinato del médico y quien fuera candidato a la alcaldía de Concordia, Eugenio Escalante Ebrath, quien se habría opuesto a la imposición de un candidato único en este municipio. Escalante no firmó ninguno de los pactos políticos con los paramilitares y esto al parecer le habría costado la vida.
Estos pactos presuntamente fueron firmados por 417 políticos de Magdalena que representaron a 15 de los 20 municipios del departamento, quienes asistieron a dos reuniones, la primera el 28 de septiembre de 2000 en el corregimiento de la Estrella ubicado en Chivolo, en la que presuntamente se comprometieron a apoyar al aspirante a la gobernación del Magdalena José Domingo Dávila Armenta, conocido como 'Chelo' Dávila, quien saldría electo para el período 2001-2003.
La segunda reunión se dio el 22 de noviembre de 2001 y en esa ocasión, muchos actuando en su condición de alcaldes, concejales y diputados elegidos en los comicios de 2000, presuntamente se comprometen a apoyar a los candidatos al congreso para las elecciones del 2002 a través del llamado "Movimiento la Provincia Unida".
En las dos elecciones, que ahora investiga la Fiscalìa, 'Jorge 40' como jefe del Bloque Norte estableció una estrategia política que consistió en dividir el departamento de Magdalena en cuatro regiones o "distritos electorales" a través de la que los paramilitares realizaron un estricto control electoral y lograron elegir a varios candidatos al congreso, gobernación, alcaldías, concejos y asamblea, muchos de ellos hoy condenados por parapolítica como los ex congresistas José Gamarra y Jorge Caballero, así como el ex gobernador Trino Luna.
Los pactos políticos como el de 'Chivolo' y el de 'Pivijay', en Magdalena, así como el del Ralito en Córdoba y otros que no quedaron escritos, como el de los 'cuatrillizos', en Urabá; el de Curumaní, y el de Valledupar, fueron parte de una estrategia de los paramilitares para alzarse con el control político de las zonas que controlaban militarmente. Mientras en el de Ralito firmaron poco más de 30 dirigentes políticos, el de Chivolo, por ejemplo, lo firmaron 417.
Semana en el artículo "Los babyparapolíticos" contó que el alcalde de Pivijay, Ramón Antonio Prieto, no solo firmó los pactos de Chivolo y Pivijay, sino que se desmovilizó como 'informante' de las Auc en 2006.
Mientras que el alcalde de Sitionuevo, Magdalena, Miguel Parejo Osorio, es investigado por el asesinato de un ex alcalde e hizo parte de un pacto ordenado por el paramilitar 'Don Antonio'. Era tesorero en 2004, cuando la alcaldía, según confesó el para, les dio 120 millones de pesos a las Auc.
Estos pactos por lo general eran alianzas entre paramilitares y políticos en las cuales se acordaba quiénes eran los candidatos de los paras y cómo se distribuiría electoral y burocráticamente los cargos de elección popular.
Una de las cosas más graves es que los pactos, que podrían parecer, como el de Ralito, un simple acuerdo político, se firmaron justo cuando los paramilitares ya habían tomado cierto control territorial. Los pactos de Chivolo y Pivijay, por ejemplo, tuvieron como antesala las masacres de Piñón, en la que murieron 27 personas, y de Sitio Nuevo, con 37 víctimas, y el asesinato de cuatro alcaldes, dos ex alcaldes y cuatro concejales de la zona.
La senadora Gina Parody había denunciado en una dura carta al fiscal general, Mario Iguarán, que la mayoría de las investigaciones por los crímenes en los municipios en los que se dieron pactos entre políticos y paramilitares "han terminado en inhibitorios o siete años después siguen estando en práctica de pruebas".
Sin embargo, la Fiscalìa rápidamente asumió el caso y no lo dejó morir, y ahora tiene prácticamente en la mira a buena parte de la clase política del Magdalena por sus alianzas con el paramilitarismo.
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Conflicto armado La Fiscalía abrió una investigación penal contra nueve políticos del Magdalena, entre ellos un ex gobernador, un alcalde y ex diputados, involucrados con los pactos de Chivolo y Pivijay que firmaron 417 políticos con 'Jorge 40'.
Antes de que el caso prescribiera, como lo alcanzó a advertir la senador Gina Parodi, la Fiscalía abrió investigación penal contra los ex alcaldes del municipio de Concordia, Magdalena, Pablo José Salas Orozco. Anibal Castro Martínez y José Ignacio Mercado Colón, así como contra el actual mandatario de ese municipio, Miguel Antonio Aragón, y los ex diputados de ese departamento, Edgar Castro Castro, Fernando Jesús Mozo Ortiz, Franklin Lozano Pimienta y Jorge Vega Barrios, todos firmantes de los polémicos pactos de Chivolo y Pivijay con las autodefensas al mando de 'Jorge 40'.
El ente investigador también inició un proceso penal contra la desmovilizada Neyla Alfredina Soto Ortiz, conocida con el alias de 'Sonia'.
Según fuentes de la Fiscalía, estos pactos políticos presuntamente les permitió a las autodefensas tener un control burocrático y político de varios municipios del Magdalena, entre esos el de Concordia. En la misma investigación se analiza la conexión con el asesinato del médico y quien fuera candidato a la alcaldía de Concordia, Eugenio Escalante Ebrath, quien se habría opuesto a la imposición de un candidato único en este municipio. Escalante no firmó ninguno de los pactos políticos con los paramilitares y esto al parecer le habría costado la vida.
Estos pactos presuntamente fueron firmados por 417 políticos de Magdalena que representaron a 15 de los 20 municipios del departamento, quienes asistieron a dos reuniones, la primera el 28 de septiembre de 2000 en el corregimiento de la Estrella ubicado en Chivolo, en la que presuntamente se comprometieron a apoyar al aspirante a la gobernación del Magdalena José Domingo Dávila Armenta, conocido como 'Chelo' Dávila, quien saldría electo para el período 2001-2003.
La segunda reunión se dio el 22 de noviembre de 2001 y en esa ocasión, muchos actuando en su condición de alcaldes, concejales y diputados elegidos en los comicios de 2000, presuntamente se comprometen a apoyar a los candidatos al congreso para las elecciones del 2002 a través del llamado "Movimiento la Provincia Unida".
En las dos elecciones, que ahora investiga la Fiscalìa, 'Jorge 40' como jefe del Bloque Norte estableció una estrategia política que consistió en dividir el departamento de Magdalena en cuatro regiones o "distritos electorales" a través de la que los paramilitares realizaron un estricto control electoral y lograron elegir a varios candidatos al congreso, gobernación, alcaldías, concejos y asamblea, muchos de ellos hoy condenados por parapolítica como los ex congresistas José Gamarra y Jorge Caballero, así como el ex gobernador Trino Luna.
Los pactos políticos como el de 'Chivolo' y el de 'Pivijay', en Magdalena, así como el del Ralito en Córdoba y otros que no quedaron escritos, como el de los 'cuatrillizos', en Urabá; el de Curumaní, y el de Valledupar, fueron parte de una estrategia de los paramilitares para alzarse con el control político de las zonas que controlaban militarmente. Mientras en el de Ralito firmaron poco más de 30 dirigentes políticos, el de Chivolo, por ejemplo, lo firmaron 417.
Semana en el artículo "Los babyparapolíticos" contó que el alcalde de Pivijay, Ramón Antonio Prieto, no solo firmó los pactos de Chivolo y Pivijay, sino que se desmovilizó como 'informante' de las Auc en 2006.
Mientras que el alcalde de Sitionuevo, Magdalena, Miguel Parejo Osorio, es investigado por el asesinato de un ex alcalde e hizo parte de un pacto ordenado por el paramilitar 'Don Antonio'. Era tesorero en 2004, cuando la alcaldía, según confesó el para, les dio 120 millones de pesos a las Auc.
Estos pactos por lo general eran alianzas entre paramilitares y políticos en las cuales se acordaba quiénes eran los candidatos de los paras y cómo se distribuiría electoral y burocráticamente los cargos de elección popular.
Una de las cosas más graves es que los pactos, que podrían parecer, como el de Ralito, un simple acuerdo político, se firmaron justo cuando los paramilitares ya habían tomado cierto control territorial. Los pactos de Chivolo y Pivijay, por ejemplo, tuvieron como antesala las masacres de Piñón, en la que murieron 27 personas, y de Sitio Nuevo, con 37 víctimas, y el asesinato de cuatro alcaldes, dos ex alcaldes y cuatro concejales de la zona.
La senadora Gina Parody había denunciado en una dura carta al fiscal general, Mario Iguarán, que la mayoría de las investigaciones por los crímenes en los municipios en los que se dieron pactos entre políticos y paramilitares "han terminado en inhibitorios o siete años después siguen estando en práctica de pruebas".
Sin embargo, la Fiscalìa rápidamente asumió el caso y no lo dejó morir, y ahora tiene prácticamente en la mira a buena parte de la clase política del Magdalena por sus alianzas con el paramilitarismo.
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sábado, 27 de septiembre de 2008
The Washington Post dice que un testigo vincula al general Montoya con ‘paras’
The Washington Post dice que un testigo vincula al general Montoya con ‘paras’
La víspera de la llegada de Uribe a Washington, el rotativo retoma la versión del ex paramilitar Luis Adrián Palacio según la cual el hoy comandante del Ejército le dio armas a alias ‘Rodrigo 00’ en el año 2002, para que expulsara a las milicias de la guerrilla que operaban en los barios pobres de Medellín.
Juan Carlos Iragorri, corresponsal de Semana en Washington
El diario The Washington Post publica en su edición de hoy un artículo muy comprometedor para el comandante del Ejército, el general Mario Montoya. Según el rotativo, en abril del año 2002 el alto oficial le dio armas a un grupo paramilitar dirigido por Carlos Mario García, alias ‘Rodrigo 00’, que comandaba un grupo que se tomó a sangre y fuego algunos barrios pobres de Medellín con el fin de expulsar a las milicias urbanas de la guerrilla. El periódico afirma que todo eso consta en el testimonio rendido el pasado mes de agosto por Luis Adrián Palacio, antiguo paramilitar condenado a 14 años de prisión.
De acuerdo con la versión de Post, que es el periódico más influyente de la capital estadounidense, Palacio afirmó que Montoya “colaboró con escuadrones de la muerte que hace algunos años controlaron sectores pobres de Medellín”. El periódico añade que la declaración “arroja luces sobre los nexos entre el potente ejército colombiano, respaldado por Estados Unidos, y los brutales grupos paramilitares” y señala que si la versión de Palacio resulta cierta, “tendría consecuencias graves para la imagen del presidente Álvaro Uribe” en Estados Unidos.
Para la embajadora de Colombia en Washington, Carolina Barco, lo importante con respecto al artículo de The Washington Post es que la justicia está estudiando el caso. “Hay que dejar que opere”, le dijo hoy a Semana.com. Por su parte, el general Montoya le manifestó a The Washington Post que es mentira todo lo que asegura Palacio, y que la acusación del ex paramilitar, según la cual el alto oficial cargó un vehículo con seis rifles de asalto y una granada para los paramilitares “es absurda”.
En todo caso, no hay que esperar mucho para saber que el artículo le causará dificultades en Washington al gobierno colombiano. Su publicación se produce 24 horas antes de que Uribe aterrice en esta ciudad para poner en marcha la última gestión de cabildeo a favor de la aprobación en el Congreso norteamericano del Tratado de Libre Comercio (TLC). En su agenda, Uribe será recibido el sábado en la Casa Blanca por el presidente republicano George W. Bush.
La votación legislativa del acuerdo comercial está en veremos hasta que la presidenta de la Cámara de Representantes, la líder demócrata Nancy Pelosi, fije una fecha para considerarlo. No lo ha hecho porque tiene reservas frente a la seguridad física de los sindicalistas en Colombia, porque su partido abriga algunas dudas sobre los supuestos nexos de los militares colombianos con los paramilitares, y porque quiere oponerse al saliente Bush a toda costa.
El problema para el TLC es de tiempo. Las sesiones del Congreso estadounidense terminan el 26 de este mes. La esperanza del gobierno colombiano es que el tratado se apruebe en las sesiones extraordinarias, si es que las hay, después de las elecciones presidenciales del 4 de noviembre y antes de fin de año.
La nota de The Washington Post, titulada “Testigo denuncia vínculos entre General colombiano y paramilitares” (Witness Ties Colombian General to Paramilitaries)
sostiene que según varios entrevistados en Medellín, en el año 2002 la 4ª. Brigada del Ejército, entonces comandada por el general Montoya, “se alió con los paramilitares” para llevar a cabo la ‘Operación Orión’ tras la cual las milicias guerrilleras fueron expulsadas de la Comuna 13 de esa ciudad. “Los paramilitares”, agrega el texto, “enterraron algunos cadáveres en tumbas sin nombre”.
No es la primera vez que el nombre del general Mario Montoya, un militar célebre que dirigió la exitosa ‘Operación Jaque’ que sin disparar un solo tiro trajo de regreso a la libertad a Íngrid Betancourt y una decena de secuestrados más, sale a relucir en Estados Unidos por presuntos nexos con los paramilitares. El año pasado, un informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) divulgado por el diario Los Angeles Times lo vinculó con esos grupos ilegales.
Palacio, de acuerdo con el artículo del Post, se enroló en el Ejército en 1999 por orden de ´Rodrigo 00’, fue expulsado de esa fuerza en el 2002 y al año siguiente regresó a la actividad paramilitar. La justicia lo condenó a 14 años de prisión.
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La víspera de la llegada de Uribe a Washington, el rotativo retoma la versión del ex paramilitar Luis Adrián Palacio según la cual el hoy comandante del Ejército le dio armas a alias ‘Rodrigo 00’ en el año 2002, para que expulsara a las milicias de la guerrilla que operaban en los barios pobres de Medellín.
Juan Carlos Iragorri, corresponsal de Semana en Washington
El diario The Washington Post publica en su edición de hoy un artículo muy comprometedor para el comandante del Ejército, el general Mario Montoya. Según el rotativo, en abril del año 2002 el alto oficial le dio armas a un grupo paramilitar dirigido por Carlos Mario García, alias ‘Rodrigo 00’, que comandaba un grupo que se tomó a sangre y fuego algunos barrios pobres de Medellín con el fin de expulsar a las milicias urbanas de la guerrilla. El periódico afirma que todo eso consta en el testimonio rendido el pasado mes de agosto por Luis Adrián Palacio, antiguo paramilitar condenado a 14 años de prisión.
De acuerdo con la versión de Post, que es el periódico más influyente de la capital estadounidense, Palacio afirmó que Montoya “colaboró con escuadrones de la muerte que hace algunos años controlaron sectores pobres de Medellín”. El periódico añade que la declaración “arroja luces sobre los nexos entre el potente ejército colombiano, respaldado por Estados Unidos, y los brutales grupos paramilitares” y señala que si la versión de Palacio resulta cierta, “tendría consecuencias graves para la imagen del presidente Álvaro Uribe” en Estados Unidos.
Para la embajadora de Colombia en Washington, Carolina Barco, lo importante con respecto al artículo de The Washington Post es que la justicia está estudiando el caso. “Hay que dejar que opere”, le dijo hoy a Semana.com. Por su parte, el general Montoya le manifestó a The Washington Post que es mentira todo lo que asegura Palacio, y que la acusación del ex paramilitar, según la cual el alto oficial cargó un vehículo con seis rifles de asalto y una granada para los paramilitares “es absurda”.
En todo caso, no hay que esperar mucho para saber que el artículo le causará dificultades en Washington al gobierno colombiano. Su publicación se produce 24 horas antes de que Uribe aterrice en esta ciudad para poner en marcha la última gestión de cabildeo a favor de la aprobación en el Congreso norteamericano del Tratado de Libre Comercio (TLC). En su agenda, Uribe será recibido el sábado en la Casa Blanca por el presidente republicano George W. Bush.
La votación legislativa del acuerdo comercial está en veremos hasta que la presidenta de la Cámara de Representantes, la líder demócrata Nancy Pelosi, fije una fecha para considerarlo. No lo ha hecho porque tiene reservas frente a la seguridad física de los sindicalistas en Colombia, porque su partido abriga algunas dudas sobre los supuestos nexos de los militares colombianos con los paramilitares, y porque quiere oponerse al saliente Bush a toda costa.
El problema para el TLC es de tiempo. Las sesiones del Congreso estadounidense terminan el 26 de este mes. La esperanza del gobierno colombiano es que el tratado se apruebe en las sesiones extraordinarias, si es que las hay, después de las elecciones presidenciales del 4 de noviembre y antes de fin de año.
La nota de The Washington Post, titulada “Testigo denuncia vínculos entre General colombiano y paramilitares” (Witness Ties Colombian General to Paramilitaries)
sostiene que según varios entrevistados en Medellín, en el año 2002 la 4ª. Brigada del Ejército, entonces comandada por el general Montoya, “se alió con los paramilitares” para llevar a cabo la ‘Operación Orión’ tras la cual las milicias guerrilleras fueron expulsadas de la Comuna 13 de esa ciudad. “Los paramilitares”, agrega el texto, “enterraron algunos cadáveres en tumbas sin nombre”.
No es la primera vez que el nombre del general Mario Montoya, un militar célebre que dirigió la exitosa ‘Operación Jaque’ que sin disparar un solo tiro trajo de regreso a la libertad a Íngrid Betancourt y una decena de secuestrados más, sale a relucir en Estados Unidos por presuntos nexos con los paramilitares. El año pasado, un informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) divulgado por el diario Los Angeles Times lo vinculó con esos grupos ilegales.
Palacio, de acuerdo con el artículo del Post, se enroló en el Ejército en 1999 por orden de ´Rodrigo 00’, fue expulsado de esa fuerza en el 2002 y al año siguiente regresó a la actividad paramilitar. La justicia lo condenó a 14 años de prisión.
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Capturan a político por masacre de Trujillo
Capturan a político por masacre de Trujillo
On Line Con la captura del ex diputado Rubén Darío Agudelo Puerta se abre un nuevo capítulo sobre la posible responsabilidad de dirigentes políticos en el asesinato y desaparición de 342 personas en el Valle del Cauca.
Luis Angel Murcia, corresponsal de Semana en Cali
La trágica historia de Trujillo, un pequeño municipio ubicado al noroccidente del Valle del Cauca, se niega a quedar en el olvido.
Justo ahora que sus habitantes conmemoran 18 años del episodio de violencia que durante 8 años bañó con sangre sus calles y campos, las autoridades parecen haber escuchado el clamor de los familiares de las víctimas.
Hoy la Fiscalía profirió orden de captura contra el ex presidente de la asamblea del Valle, Rubén Darío Agudelo Puerta. El curtido político del partidor Conservador, estuvo en la duma departamental hasta diciembre de 2007. Aunque intentó ser reelegido para el periodo 2008-2011, no le alcanzaron los 8.735 votos que facturó. Fue alcalde de Trujillo y actualmente su esposa Gloria Amparo Espinosa ocupa ese cargo.
De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, al ex diputado se le endilga su responsabilidad en la muerte de al menos 107 personas de las 342 que fueron brutalmente asesinadas entre 1986 - 1994.
La vinculación de Agudelo Puerta en el proceso que actualmente investiga una comisión de Derechos Humanos de la Fiscalía tiene vital importancia por cuanto el caso está rodeado de completa impunidad y los únicos procesados por ese hecho son el narcotraficante Henry Loaiza Ceballos, alias el Alacrán, quien actualmente se encuentra en juicio y el mayor del ejército Alirio Urueña, capturado en 2007.
Precisamente en una de las audiencias que se desarrolló a comienzos de este año en Buga, Valle, El Alacrán a través de su abogado defensor, le pidió al juez repetir la recopilación de testimonios en su contra y que en ellos se agregue la declaración del ex ministro de Justicia y dirigente conservador del Valle, Carlos Holguín Sardi. La petición fue negada ( ver entrevista anexa ).
Hasta ahora no había sido vinculado ningún político al caso, pese a ser un elemento clave a la hora de reconstruir el rompecabezas de lo que realmente ocurrió con esa masacre y aclarar los verdaderos autores intelectuales, colaboradores y auspiciadores de una guerra que bajo la disculpa de acabar con reductos guerrilleros acabó con la vida de campesinos, mujeres y niños.
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Luis Angel Murcia, corresponsal de Semana en Cali
La trágica historia de Trujillo, un pequeño municipio ubicado al noroccidente del Valle del Cauca, se niega a quedar en el olvido.
Justo ahora que sus habitantes conmemoran 18 años del episodio de violencia que durante 8 años bañó con sangre sus calles y campos, las autoridades parecen haber escuchado el clamor de los familiares de las víctimas.
Hoy la Fiscalía profirió orden de captura contra el ex presidente de la asamblea del Valle, Rubén Darío Agudelo Puerta. El curtido político del partidor Conservador, estuvo en la duma departamental hasta diciembre de 2007. Aunque intentó ser reelegido para el periodo 2008-2011, no le alcanzaron los 8.735 votos que facturó. Fue alcalde de Trujillo y actualmente su esposa Gloria Amparo Espinosa ocupa ese cargo.
De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, al ex diputado se le endilga su responsabilidad en la muerte de al menos 107 personas de las 342 que fueron brutalmente asesinadas entre 1986 - 1994.
La vinculación de Agudelo Puerta en el proceso que actualmente investiga una comisión de Derechos Humanos de la Fiscalía tiene vital importancia por cuanto el caso está rodeado de completa impunidad y los únicos procesados por ese hecho son el narcotraficante Henry Loaiza Ceballos, alias el Alacrán, quien actualmente se encuentra en juicio y el mayor del ejército Alirio Urueña, capturado en 2007.
Precisamente en una de las audiencias que se desarrolló a comienzos de este año en Buga, Valle, El Alacrán a través de su abogado defensor, le pidió al juez repetir la recopilación de testimonios en su contra y que en ellos se agregue la declaración del ex ministro de Justicia y dirigente conservador del Valle, Carlos Holguín Sardi. La petición fue negada ( ver entrevista anexa ).
Hasta ahora no había sido vinculado ningún político al caso, pese a ser un elemento clave a la hora de reconstruir el rompecabezas de lo que realmente ocurrió con esa masacre y aclarar los verdaderos autores intelectuales, colaboradores y auspiciadores de una guerra que bajo la disculpa de acabar con reductos guerrilleros acabó con la vida de campesinos, mujeres y niños.
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Camioneta y entrega de antecedentes enredan más a Guillermo Valencia Cossio
Camioneta y entrega de antecedentes enredan más a Guillermo Valencia Cossio
Los casos demuestran los nexos entre el ex director seccional de fiscalías de Medellín y el empresario paisa Juan Felipe Sierra, gerente de la empresa de seguridad Control Total, capturado en agosto.
Sierra es señalado de ser el supuesto enlace del narcoparamilitar Daniel Rendón, alias 'Don Mario'.
EL TIEMPO estableció que hay evidencia de que Sierra pidió información sobre las investigaciones que tenían los cerca de dos mil empleados de su empresa, entre los que figuraba como asesor el señalado narcotraficante Jhon Freddy Manco Torres, alias 'El Indio', quien luego desapareció del organigrama de 'Don Mario'.
El segundo hecho es la donación a la Fiscalía en Medellín de una camioneta blindada Ford Explorer blanca, modelo 1998, de placas BKO 551, de propiedad de Suramericana de Seguros, para uso de Valencia Cossio.
Testigos indican que Sierra no solo habría servido de intermediario para el trámite de la donación -iniciado en abril pasado- sino que, además, le pagó a la Fiscalía el traspaso: 923 mil pesos.
La carta de Vanegas
Ambos episodios fueron narrados por Carlos Vanegas, hoy ex asistente de Valencia Cossio, en carta enviada al fiscal General, Mario Iguarán, el pasado 5 de septiembre, al considerar que era un deber ético poner en conocimiento de sus superiores los dos únicos contactos que, dice, tuvo con Juan Felipe Sierra.
La Fiscalía, sin embargo, ya contaba con interceptaciones telefónicas en las que tanto la entrega de antecedentes como la gestión de la camioneta quedaban en evidencia.
Diez nombres
En cualquier caso, Vanegas dice que él les explicó a Valencia y a Sierra que cada uno de los empleados de Control Total debía pasar una petición solicitando sus antecedentes.
"Entonces, el doctor Valencia me manifestó que le colaborara averiguando diez nombres de personas que iban a trabajar con el doctor Sierra (...) que al día siguiente nos llegarían los derechos de petición", le narró Vanegas al Fiscal. Sin embargo, dice que no recuerda los nombres que chequeó y cuyos antecedentes le entregó a Sierra en el restaurante Legrit de Medellín.
Contradicciones
Vanegas es uno de los que asegura que fue Valencia Cossio quien ordenó llamar a Sierra para tramitar con Suramericana la donación de la camioneta blindada.
"Me comuniqué con el doctor Sierra y me dio el nombre del doctor Santiago Velásquez, director de Seguridad de Suramericana, quien me manifestó la intención de esta importante empresa en donar este vehículo".
Luego, ante el reporte del director administrativo, Obed de Jesús Zuluaga Henao, de que no había dinero para pagar el traspaso, Vanegas dice que Valencia Cossio le dio instrucciones para que le pidiera la plata a Sierra.
Días después, afirma, el mismo Valencia lo puso al teléfono con Sierra, y éste le preguntó por el costo de la diligencia y le dijo que estuviera tranquilo, que él le hacía llegar ese dinero.
Suramericana niega la intermediación del hoy sindicado empresario y asegura que Sierra no tuvo nada que ver en el trámite.
No obstante, EL TIEMPO habló con el director administrativo de la Fiscalía de Medellín y este confirmó la procedencia del dinero, y aseguró que Julián Calderón, otro asistente de Valencia, también lo corroboró.
"Vanegas le contó a Calderón que él mismo llamó a Sierra para pedirle el dinero del traspaso, pero que esa llamada fue ordenada por Valencia Cossio", dijo Zuluaga.
No obstante, advirtió que era usual que algunos fiscales pagaran de su bolsillo ese tipo de gastos.
También dijo que desde abril Vanegas le había dicho que la donación del vehículo se logró gracias al empresario Sierra.
Carlos Vanegas -quien dice haber actuado de manera honesta y transparente- fue declarado insubsistente esta misma semana, como parte del paquete de medidas ordenadas por el Fiscal General de la Nación tras su visita a esa seccional.
Por ahora, tanto la Fiscalía como Suramericana intentan reversar ante la Superintendencia de Vigilancia la asignación del vehículo para uso exclusivo de Guillermo León Valencia, quien ya cumplió su primera sesión de indagatoria e insiste en su plena inocencia.
'No necesitábamos de un tercero': Suramericana
Suramericana de Seguros, propietaria del carro blindado que iba a ser donado para el uso de Guillermo León Valencia Cossio, asegura que Juan Felipe Sierra no sirvió de intermediario para esa donación: "Es un tema que manejamos internamente en el Departamento de Seguridad", dice Fernando Ojalvo, vicepresidente administrativo de la firma.
Agregó que la relación de Sierra con Suramericana fue solo comercial y se terminó cuando la Superintendencia de Vigilancia le suspendió la licencia a su empresa Control Total S.A.
Ojalvo cree, precisamente, que por la relación de Control Total con la seguridad de la compañía, Sierra se pudo haber enterado de que tenían ese vehículo para donación y se lo dijo a la Fiscalía.
Pero aclaró que el carro le fue ofrecido a la Fiscalía por Santiago Velásquez, director de seguridad de Suramericana, en una reunión de un frente de seguridad que opera en la zona donde está la compañía. Ojalvo manifestó que Suramericana no firmará el traspaso hasta tanto la Fiscalía precise el nombre del funcionario que lo usará y la Superintendencia responda un recurso en el que quede claro que es una donación y no una venta.
UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com.co
www.eltiempo.com
Los casos demuestran los nexos entre el ex director seccional de fiscalías de Medellín y el empresario paisa Juan Felipe Sierra, gerente de la empresa de seguridad Control Total, capturado en agosto.
Sierra es señalado de ser el supuesto enlace del narcoparamilitar Daniel Rendón, alias 'Don Mario'.
EL TIEMPO estableció que hay evidencia de que Sierra pidió información sobre las investigaciones que tenían los cerca de dos mil empleados de su empresa, entre los que figuraba como asesor el señalado narcotraficante Jhon Freddy Manco Torres, alias 'El Indio', quien luego desapareció del organigrama de 'Don Mario'.
El segundo hecho es la donación a la Fiscalía en Medellín de una camioneta blindada Ford Explorer blanca, modelo 1998, de placas BKO 551, de propiedad de Suramericana de Seguros, para uso de Valencia Cossio.
Testigos indican que Sierra no solo habría servido de intermediario para el trámite de la donación -iniciado en abril pasado- sino que, además, le pagó a la Fiscalía el traspaso: 923 mil pesos.
La carta de Vanegas
Ambos episodios fueron narrados por Carlos Vanegas, hoy ex asistente de Valencia Cossio, en carta enviada al fiscal General, Mario Iguarán, el pasado 5 de septiembre, al considerar que era un deber ético poner en conocimiento de sus superiores los dos únicos contactos que, dice, tuvo con Juan Felipe Sierra.
La Fiscalía, sin embargo, ya contaba con interceptaciones telefónicas en las que tanto la entrega de antecedentes como la gestión de la camioneta quedaban en evidencia.
Diez nombres
En cualquier caso, Vanegas dice que él les explicó a Valencia y a Sierra que cada uno de los empleados de Control Total debía pasar una petición solicitando sus antecedentes.
"Entonces, el doctor Valencia me manifestó que le colaborara averiguando diez nombres de personas que iban a trabajar con el doctor Sierra (...) que al día siguiente nos llegarían los derechos de petición", le narró Vanegas al Fiscal. Sin embargo, dice que no recuerda los nombres que chequeó y cuyos antecedentes le entregó a Sierra en el restaurante Legrit de Medellín.
Contradicciones
Vanegas es uno de los que asegura que fue Valencia Cossio quien ordenó llamar a Sierra para tramitar con Suramericana la donación de la camioneta blindada.
"Me comuniqué con el doctor Sierra y me dio el nombre del doctor Santiago Velásquez, director de Seguridad de Suramericana, quien me manifestó la intención de esta importante empresa en donar este vehículo".
Luego, ante el reporte del director administrativo, Obed de Jesús Zuluaga Henao, de que no había dinero para pagar el traspaso, Vanegas dice que Valencia Cossio le dio instrucciones para que le pidiera la plata a Sierra.
Días después, afirma, el mismo Valencia lo puso al teléfono con Sierra, y éste le preguntó por el costo de la diligencia y le dijo que estuviera tranquilo, que él le hacía llegar ese dinero.
Suramericana niega la intermediación del hoy sindicado empresario y asegura que Sierra no tuvo nada que ver en el trámite.
No obstante, EL TIEMPO habló con el director administrativo de la Fiscalía de Medellín y este confirmó la procedencia del dinero, y aseguró que Julián Calderón, otro asistente de Valencia, también lo corroboró.
"Vanegas le contó a Calderón que él mismo llamó a Sierra para pedirle el dinero del traspaso, pero que esa llamada fue ordenada por Valencia Cossio", dijo Zuluaga.
No obstante, advirtió que era usual que algunos fiscales pagaran de su bolsillo ese tipo de gastos.
También dijo que desde abril Vanegas le había dicho que la donación del vehículo se logró gracias al empresario Sierra.
Carlos Vanegas -quien dice haber actuado de manera honesta y transparente- fue declarado insubsistente esta misma semana, como parte del paquete de medidas ordenadas por el Fiscal General de la Nación tras su visita a esa seccional.
Por ahora, tanto la Fiscalía como Suramericana intentan reversar ante la Superintendencia de Vigilancia la asignación del vehículo para uso exclusivo de Guillermo León Valencia, quien ya cumplió su primera sesión de indagatoria e insiste en su plena inocencia.
'No necesitábamos de un tercero': Suramericana
Suramericana de Seguros, propietaria del carro blindado que iba a ser donado para el uso de Guillermo León Valencia Cossio, asegura que Juan Felipe Sierra no sirvió de intermediario para esa donación: "Es un tema que manejamos internamente en el Departamento de Seguridad", dice Fernando Ojalvo, vicepresidente administrativo de la firma.
Agregó que la relación de Sierra con Suramericana fue solo comercial y se terminó cuando la Superintendencia de Vigilancia le suspendió la licencia a su empresa Control Total S.A.
Ojalvo cree, precisamente, que por la relación de Control Total con la seguridad de la compañía, Sierra se pudo haber enterado de que tenían ese vehículo para donación y se lo dijo a la Fiscalía.
Pero aclaró que el carro le fue ofrecido a la Fiscalía por Santiago Velásquez, director de seguridad de Suramericana, en una reunión de un frente de seguridad que opera en la zona donde está la compañía. Ojalvo manifestó que Suramericana no firmará el traspaso hasta tanto la Fiscalía precise el nombre del funcionario que lo usará y la Superintendencia responda un recurso en el que quede claro que es una donación y no una venta.
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'Job' y el Embajador
'Job' y el Embajador
SEMANA revela comprometedoras conversaciones de Juan José Chaux, embajador de Colombia en República Dominicana, con un emisario de 'don Berna'. El diplomático y el ex paramilitar también estuvieron en la Casa de Nariño. Chaux renunció tras conocerse el escándalo.
El pasado 25 de agosto el presidente Álvaro Uribe convocó una rueda de prensa para explicar la presencia del abogado del ex jefe paramilitar 'don Berna', Diego Álvarez, y el desmovilizado Antonio López, 'Job', en una reunión en el Palacio de Nariño con dos altos funcionarios. Allí se informó que dicho encuentro se hacía para analizar unas presuntas pruebas entregadas por los paramilitares y que implicaban a la Corte Suprema. Nunca se mencionó que otras personas asistieron a dicha reunión y que en la misma se tocaron temas relacionados con casos puntuales de la para-política. Y que de allí surgió una polémica relación entre ‘Job’ y Juan José Chaux, actual embajador en República Dominicana, ex gobernador del Cauca e investigado por para-política.
Según se desprende de varias grabaciones de una agencia de inteligencia extranjera obtenidas por SEMANA, ‘Job’ se convirtió en una especie de asesor del diplomático en el proceso que adelanta la Fiscalía en su contra por presuntos vínculos con el ex comandante paramilitar Éver Velosa, alias 'H.H.' El contenido de las conversaciones deja mal parado a Chaux y genera nuevos interrogantes sobre las actuaciones del secretario jurídico, Edmundo del Castillo, y del secretario de Prensa, César Mauricio Velásquez.
Tanto Del Castillo como Velásquez haban omitido la presencia de otros dos asistentes al encuentro nocturno del 23 de abril en la Casa de Nariño: Chaux y Óscar Iván Palacio, un abogado que trabajó con Álvaro Uribe cuando era gobernador de Antioquia y hoy es un lobbista con buenos amigos en Presidencia.
Para Chaux la reunión en la Casa de Nariño era una gran oportunidad porque ‘Job’ tenía línea directa con ‘don Berna’ y podía ayudarlo a persuadir a ‘H.H.’ a desistir de sus señalamientos. El comandante de las autodefensas dijo en noviembre de 2007 que Chaux se había reunido con los paras y que con el apoyo del bloque Calima, comandado por 'H.H', ese político ganó las elecciones a la gobernación del Cauca.
Según Óscar Iván Palacio, Chaux estuvo presente en la Casa de Nariño cuando los enviados de ‘Berna’ entregaron las supuestas pruebas contra la Corte a los altos funcionarios de Palacio. Dijo que “no recuerdo bien si se habló del caso de 'H.H.'”
Veinte días después de la reunión en el Palacio Presidencial, ‘Berna’ y otros 13 jefes paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos. A pesar de este hecho, Chaux decidió mantener su contacto con ‘Job’, quien no sólo era el encargado de los asuntos de ‘Berna’, sino que conocía a casi todos los paramilitares que quedaron en el país y estaba al tanto de los detalles de la reunión en la Casa de Nariño. Así queda en evidencia en unas grabaciones obtenidas por SEMANA en las que Chaux, muy preocupado, le pide ayuda a ‘Job’ para su caso.
En una de las conversaciones, Chaux le cuenta al ex paramilitar, como si se tratara de un viejo amigo, que acaba de llegar a Santo Domingo (República Dominicana) y que se está instalando. Al embajador lo inquietan las declaraciones que ‘H.H.’ haba dado a Noticias Uno el fin de semana del 25 de mayo donde lo volvió a salpicar. En un lenguaje cifrado le pregunta quién puede estar detrás de las nuevas revelaciones de ‘H.H.’ “¿Tú crees que sea orden del amigo del abuelo?”, pregunta.
‘Job’ lo piensa y contrapregunta. “¿Cuándo fue tu primera gobernación?”, a lo que Chaux responde que fue en 2004. “¿Para ese tiempo él ya estaba por allá?”, interrumpe ‘Job’ al referirse a la presencia de ‘H.H.’ en el Cauca. La respuesta del ex gobernador tiene un detalle revelador: “A ese tipo la única vez que lo vi fue en el 2000... el tipo (‘H.H.’) no hay forma que pruebe nada”.
Hasta ahora Chaux sólo ha aceptado públicamente que se reunió con Salvatore Mancuso y otros paramilitares en 2003 con el fin de indagar por la suerte de un hermano de un cuñado suyo que había sido secuestrado. Pero a ‘Job’ le dice que sí lo vio.
En esa charla queda claro también la gran preocupación de Chaux por saber si ‘H.H.’ declaró ante la Fiscalía y lo que ha dicho sobre él en algunos medios de comunicación. “¿Los informantes tuyos nos fallaron o qué?”, le recrimina Chaux a Job. “No, créeme él no le ha dicho nada a la Fiscalía”, le contestó el ex paramilitar. “Si lo dijo en esa entrevista significa que lo va a repetir en la Fiscalía”, le contesta el embajador muy preocupado.
Hay una frase de ‘Job’ que llama la atención. Dice que lo puede ayudar con una ‘cosa mejor’ y que para ello necesita “la ayuda de Óscar Iván (Palacio) y ojalá del curita”. En conversaciones anteriores entre ‘Job’, otros paramilitares y el abogado de ‘Berna’ se refieren a Velásquez, el jefe de prensa de Palacio, como ‘el cura’ o el ‘curita’.
Chaux le pide al ex paramilitar realizar una serie de averiguaciones y quedan en conversar después.
Otra grabación da cuenta de la charla que continúa una hora más tarde. Chaux le pregunta qué ha logrado indagar y ‘Job’ le responde con un consejo. “Ahora más importante que saber de dónde viene, es saber qué hacemos. ¿Cuándo vienes?”, indaga ‘Job’. “Pensar en ir ahora es imposible. Si acaso en un mes. Es que van a extraditar a ese tipo o qué?”, pregunta Chaux. ‘H.H’ está en vilo para ser extraditado a Estados Unidos.
“Lástima que estemos hablando por teléfono, pero hombre, dele autonomía a Óscar Iván (Palacio) y al abogado para hacer lo que tenemos que hacer”, dice ‘Job’.
En las conversaciones no sólo se evidencia la preocupación frente a sus investigaciones sino un tono de familiaridad con ‘Job’, con los alias y con el lenguaje del bajo mundo.
Esa misma noche, ‘Job’ y Chaux hablan por tercera vez: “Qué pena joderte tanto pero imagínate mi señora y yo estamos fríos. ¿La flaca con la que hablaste qué te dijo? ¿Será que lo va a dejar ahí o va a joder en Fiscalía?”, pregunta Chaux en esa llamada desde Santo Domingo. “Que no te preocupes, que no ha dicho nada en la Fiscalía. Pero lo primero que tienes que hacer es que el gobierno se enfile alrededor tuyo y si eso pasa, muy bueno. Yo quisiera hablar con Óscar (Óscar Iván Palacio). Mañana ábrete un correo nuevo y me lo tiras”, dice ‘Job’. “Listo, un correo nuevo en donde podamos hablar de algunas cosas que tú sugieres”, responde el embajador en República Dominicana. Intercambiar correos clandestinos y un hombre con un pasado delictivo como el de ‘Job’ no es precisamente la conducta que los colombianos esperan de un representante de su país en el exterior.
SEMANA intentó comunicarse con el embajador Chaux en numerosas ocasiones para conocer su opinión sobre estas conversaciones, su relación con Job y su presencia en la reunión que sostuvo en la Casa de Nariño, pero no fue posible. La explicación que Chaux le dio a El Tiempo sobre esta última es algo insólita: “Me dijeron que Job quería hablar conmigo porque había escuchado en los medios de comunicación que yo sería el nuevo embajador en La Haya. Fui a la reunión para aclararles que eso no era cierto”. ¿Quién le dijo a Chaux que ‘Job’ quería hablar con él? ¿Es acaso ese tipo de reunión -con emisarios de paramilitares- donde un embajador tiene que aclarar que no va a representar a Colombia en La Haya? ¿Estaban los paramilitares interesados en tener un contacto en La Haya, sede de la Corte Penal Internacional? ?
Antonio López, ‘Job’, fue asesinado el 28 de julio. En ese momento, según agencias de inteligencia y seguridad del Estado y el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, ‘Job’ era miembro activo de la organización delictiva conocida como la ‘Oficina de Envigado’. Aunque se había desmovilizado, nunca se alejó del crimen. Chaux es todo menos un político ingenuo. En las conversaciones es evidente que sabe que ‘Job’ no es un ciudadano común y corriente. No a cualquiera se le pide averiguar sobre la Fiscalía y los intereses que mueven a un temido jefe paramilitar como ‘H.H’, que ha confesado miles de asesinatos.
¿Qué gestiones le hizo ‘Job’ al embajador de Colombia en República Dominicana y quién alcanzó a ser postulado antes para la sede diplomática en La Haya? (ver recuadro).
Cuando estalló el escándalo sobre la reunión del 23 de abril, el gobierno hizo alarde sobre la transparencia de ese encuentro. Mostraron incluso un video de la entrada por el sótano de ‘Job’ y el abogado de ‘Berna’ a la Casa de Nariño. Pero, si todo era tan claro, ¿por qué negaron por dos semanas la presencia de Chaux y Palacio en la reunión? Y ¿por qué, si era tan intranscendente la asistencia de César Mauricio Velásquez a ese encuentro, como él mismo describió su participación, un mes después ‘Job’ considera útil y posible contar con la ayuda del ‘curita’? ¿Qué más pasó en ese encuentro citado por Del Castillo, secretario jurídico de Presidencia?
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SEMANA revela comprometedoras conversaciones de Juan José Chaux, embajador de Colombia en República Dominicana, con un emisario de 'don Berna'. El diplomático y el ex paramilitar también estuvieron en la Casa de Nariño. Chaux renunció tras conocerse el escándalo.
El pasado 25 de agosto el presidente Álvaro Uribe convocó una rueda de prensa para explicar la presencia del abogado del ex jefe paramilitar 'don Berna', Diego Álvarez, y el desmovilizado Antonio López, 'Job', en una reunión en el Palacio de Nariño con dos altos funcionarios. Allí se informó que dicho encuentro se hacía para analizar unas presuntas pruebas entregadas por los paramilitares y que implicaban a la Corte Suprema. Nunca se mencionó que otras personas asistieron a dicha reunión y que en la misma se tocaron temas relacionados con casos puntuales de la para-política. Y que de allí surgió una polémica relación entre ‘Job’ y Juan José Chaux, actual embajador en República Dominicana, ex gobernador del Cauca e investigado por para-política.
Según se desprende de varias grabaciones de una agencia de inteligencia extranjera obtenidas por SEMANA, ‘Job’ se convirtió en una especie de asesor del diplomático en el proceso que adelanta la Fiscalía en su contra por presuntos vínculos con el ex comandante paramilitar Éver Velosa, alias 'H.H.' El contenido de las conversaciones deja mal parado a Chaux y genera nuevos interrogantes sobre las actuaciones del secretario jurídico, Edmundo del Castillo, y del secretario de Prensa, César Mauricio Velásquez.
Tanto Del Castillo como Velásquez haban omitido la presencia de otros dos asistentes al encuentro nocturno del 23 de abril en la Casa de Nariño: Chaux y Óscar Iván Palacio, un abogado que trabajó con Álvaro Uribe cuando era gobernador de Antioquia y hoy es un lobbista con buenos amigos en Presidencia.
Para Chaux la reunión en la Casa de Nariño era una gran oportunidad porque ‘Job’ tenía línea directa con ‘don Berna’ y podía ayudarlo a persuadir a ‘H.H.’ a desistir de sus señalamientos. El comandante de las autodefensas dijo en noviembre de 2007 que Chaux se había reunido con los paras y que con el apoyo del bloque Calima, comandado por 'H.H', ese político ganó las elecciones a la gobernación del Cauca.
Según Óscar Iván Palacio, Chaux estuvo presente en la Casa de Nariño cuando los enviados de ‘Berna’ entregaron las supuestas pruebas contra la Corte a los altos funcionarios de Palacio. Dijo que “no recuerdo bien si se habló del caso de 'H.H.'”
Veinte días después de la reunión en el Palacio Presidencial, ‘Berna’ y otros 13 jefes paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos. A pesar de este hecho, Chaux decidió mantener su contacto con ‘Job’, quien no sólo era el encargado de los asuntos de ‘Berna’, sino que conocía a casi todos los paramilitares que quedaron en el país y estaba al tanto de los detalles de la reunión en la Casa de Nariño. Así queda en evidencia en unas grabaciones obtenidas por SEMANA en las que Chaux, muy preocupado, le pide ayuda a ‘Job’ para su caso.
En una de las conversaciones, Chaux le cuenta al ex paramilitar, como si se tratara de un viejo amigo, que acaba de llegar a Santo Domingo (República Dominicana) y que se está instalando. Al embajador lo inquietan las declaraciones que ‘H.H.’ haba dado a Noticias Uno el fin de semana del 25 de mayo donde lo volvió a salpicar. En un lenguaje cifrado le pregunta quién puede estar detrás de las nuevas revelaciones de ‘H.H.’ “¿Tú crees que sea orden del amigo del abuelo?”, pregunta.
‘Job’ lo piensa y contrapregunta. “¿Cuándo fue tu primera gobernación?”, a lo que Chaux responde que fue en 2004. “¿Para ese tiempo él ya estaba por allá?”, interrumpe ‘Job’ al referirse a la presencia de ‘H.H.’ en el Cauca. La respuesta del ex gobernador tiene un detalle revelador: “A ese tipo la única vez que lo vi fue en el 2000... el tipo (‘H.H.’) no hay forma que pruebe nada”.
Hasta ahora Chaux sólo ha aceptado públicamente que se reunió con Salvatore Mancuso y otros paramilitares en 2003 con el fin de indagar por la suerte de un hermano de un cuñado suyo que había sido secuestrado. Pero a ‘Job’ le dice que sí lo vio.
En esa charla queda claro también la gran preocupación de Chaux por saber si ‘H.H.’ declaró ante la Fiscalía y lo que ha dicho sobre él en algunos medios de comunicación. “¿Los informantes tuyos nos fallaron o qué?”, le recrimina Chaux a Job. “No, créeme él no le ha dicho nada a la Fiscalía”, le contestó el ex paramilitar. “Si lo dijo en esa entrevista significa que lo va a repetir en la Fiscalía”, le contesta el embajador muy preocupado.
Hay una frase de ‘Job’ que llama la atención. Dice que lo puede ayudar con una ‘cosa mejor’ y que para ello necesita “la ayuda de Óscar Iván (Palacio) y ojalá del curita”. En conversaciones anteriores entre ‘Job’, otros paramilitares y el abogado de ‘Berna’ se refieren a Velásquez, el jefe de prensa de Palacio, como ‘el cura’ o el ‘curita’.
Chaux le pide al ex paramilitar realizar una serie de averiguaciones y quedan en conversar después.
Otra grabación da cuenta de la charla que continúa una hora más tarde. Chaux le pregunta qué ha logrado indagar y ‘Job’ le responde con un consejo. “Ahora más importante que saber de dónde viene, es saber qué hacemos. ¿Cuándo vienes?”, indaga ‘Job’. “Pensar en ir ahora es imposible. Si acaso en un mes. Es que van a extraditar a ese tipo o qué?”, pregunta Chaux. ‘H.H’ está en vilo para ser extraditado a Estados Unidos.
“Lástima que estemos hablando por teléfono, pero hombre, dele autonomía a Óscar Iván (Palacio) y al abogado para hacer lo que tenemos que hacer”, dice ‘Job’.
En las conversaciones no sólo se evidencia la preocupación frente a sus investigaciones sino un tono de familiaridad con ‘Job’, con los alias y con el lenguaje del bajo mundo.
Esa misma noche, ‘Job’ y Chaux hablan por tercera vez: “Qué pena joderte tanto pero imagínate mi señora y yo estamos fríos. ¿La flaca con la que hablaste qué te dijo? ¿Será que lo va a dejar ahí o va a joder en Fiscalía?”, pregunta Chaux en esa llamada desde Santo Domingo. “Que no te preocupes, que no ha dicho nada en la Fiscalía. Pero lo primero que tienes que hacer es que el gobierno se enfile alrededor tuyo y si eso pasa, muy bueno. Yo quisiera hablar con Óscar (Óscar Iván Palacio). Mañana ábrete un correo nuevo y me lo tiras”, dice ‘Job’. “Listo, un correo nuevo en donde podamos hablar de algunas cosas que tú sugieres”, responde el embajador en República Dominicana. Intercambiar correos clandestinos y un hombre con un pasado delictivo como el de ‘Job’ no es precisamente la conducta que los colombianos esperan de un representante de su país en el exterior.
SEMANA intentó comunicarse con el embajador Chaux en numerosas ocasiones para conocer su opinión sobre estas conversaciones, su relación con Job y su presencia en la reunión que sostuvo en la Casa de Nariño, pero no fue posible. La explicación que Chaux le dio a El Tiempo sobre esta última es algo insólita: “Me dijeron que Job quería hablar conmigo porque había escuchado en los medios de comunicación que yo sería el nuevo embajador en La Haya. Fui a la reunión para aclararles que eso no era cierto”. ¿Quién le dijo a Chaux que ‘Job’ quería hablar con él? ¿Es acaso ese tipo de reunión -con emisarios de paramilitares- donde un embajador tiene que aclarar que no va a representar a Colombia en La Haya? ¿Estaban los paramilitares interesados en tener un contacto en La Haya, sede de la Corte Penal Internacional? ?
Antonio López, ‘Job’, fue asesinado el 28 de julio. En ese momento, según agencias de inteligencia y seguridad del Estado y el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, ‘Job’ era miembro activo de la organización delictiva conocida como la ‘Oficina de Envigado’. Aunque se había desmovilizado, nunca se alejó del crimen. Chaux es todo menos un político ingenuo. En las conversaciones es evidente que sabe que ‘Job’ no es un ciudadano común y corriente. No a cualquiera se le pide averiguar sobre la Fiscalía y los intereses que mueven a un temido jefe paramilitar como ‘H.H’, que ha confesado miles de asesinatos.
¿Qué gestiones le hizo ‘Job’ al embajador de Colombia en República Dominicana y quién alcanzó a ser postulado antes para la sede diplomática en La Haya? (ver recuadro).
Cuando estalló el escándalo sobre la reunión del 23 de abril, el gobierno hizo alarde sobre la transparencia de ese encuentro. Mostraron incluso un video de la entrada por el sótano de ‘Job’ y el abogado de ‘Berna’ a la Casa de Nariño. Pero, si todo era tan claro, ¿por qué negaron por dos semanas la presencia de Chaux y Palacio en la reunión? Y ¿por qué, si era tan intranscendente la asistencia de César Mauricio Velásquez a ese encuentro, como él mismo describió su participación, un mes después ‘Job’ considera útil y posible contar con la ayuda del ‘curita’? ¿Qué más pasó en ese encuentro citado por Del Castillo, secretario jurídico de Presidencia?
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lunes, 8 de septiembre de 2008
Con papeles falsos, autoridades venezolanas capturan a Álvaro Araújo
El padre de la ex canciller Consuelo Araújo, y del ex senador preso por parapolítica, Álvaro Araujo, llevaba dos años prófugo de la justicia colombiana. Sobre él recaen cargos por su presunta participación en el secuestro de un opositor político en el Cesar y vínculos con paras.
Fecha: 09/05/2008 -
A las 2 de la tarde de este jueves, mientras se movilizaba por una carretera de Maracaibo (Venezuela), portando documentos de identidad falsos, fue detenido por la Policía Antinarcóticos del Estado de Zulia el reconocido político del Cesar, Álvaro Araújo Noguera.
Pese a que los papeles con los que se identificaba no eran los suyos, más tarde fue reconocido plenamente por las autoridades de ese país y notificaron la captura a Interpol Colombia. Momentos después fue trasladado a Caracas, donde se iniciará el trámite para su deportación a Colombia.
Ese proceso puede tardar. Según explicaron en la Fiscalía colombiana, no existe un convenio de extradición con Venezuela que facilite su pronto arribo a Bogotá. Habría que esperar a que se le abra un caso en el país vecino por porte ilegal de documentos. Luego sí podría viajar.
Araújo Noguera es padre de la ex canciller María Consuelo Araújo Castro y del ex senador Álvaro Araújo Castro, este último en juicio por parapolítica. Durante su vida ocupó importantes cargos públicos como ministro de Agricultura y senador. Luego de una recorrida trayectoria política, le heredó el capital político a sus hijos, aunque su apellido seguía sonando.
Al veterano político de la costa se le acusa de ser el autor intelectual del secuestro de Víctor Ochoa, por haberse negado a hacer una alianza política con su hijo en las elecciones parlamentarias del 2006. El plagio se le atribuye al Bloque Norte de las Autodefensas comandado por el ex jefe paramilitar Jorge 40 quien al parecer fue instigado por los Araújo para hacerlo.
Según la acusación de la Fiscalía, la libertad de Ochoa Daza tenía como condición que Juana Ramírez, candidata a las elecciones, se sumara a la lista de Araújo Castro. La justicia colombiana requiere a Araújo Noguera para que responda si, en efecto, estuvo implicado en el secuestro del político y si actuó como emisario de ‘Jorge 40’ para liberarlo.
En julio de 2007, Araújo Noguera y Ochoa Daza volvieron a ser noticia por una reunión que sostuvieron en Venezuela.
Desde el principio, se rumoraba que estaba refugiado en Venezuela, pero su esposa salió a decir en público que se encontraba en Colombia. Según explicó la mujer en ese entonces, su esposo no se había entregado a la Fiscalía porque estaba reuniendo pruebas para demostrar su inocencia, pero que pronto le pondría la cara a la justicia, algo que jamás ocurrió.
Ochoa Daza era el cónsul de Colombia en Barquisimeto y se reunió con Araújo, al parecer, para que le enviara un documento con el fin de que le siguieran consignando una mesada. Pese a que el mismo cónsul fue quien lo denunció, nunca les reportó a las autoridades la presencia del fugitivo y eso le costó su puesto.
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El padre de la ex canciller Consuelo Araújo, y del ex senador preso por parapolítica, Álvaro Araujo, llevaba dos años prófugo de la justicia colombiana. Sobre él recaen cargos por su presunta participación en el secuestro de un opositor político en el Cesar y vínculos con paras.
Fecha: 09/05/2008 -
A las 2 de la tarde de este jueves, mientras se movilizaba por una carretera de Maracaibo (Venezuela), portando documentos de identidad falsos, fue detenido por la Policía Antinarcóticos del Estado de Zulia el reconocido político del Cesar, Álvaro Araújo Noguera.
Pese a que los papeles con los que se identificaba no eran los suyos, más tarde fue reconocido plenamente por las autoridades de ese país y notificaron la captura a Interpol Colombia. Momentos después fue trasladado a Caracas, donde se iniciará el trámite para su deportación a Colombia.
Ese proceso puede tardar. Según explicaron en la Fiscalía colombiana, no existe un convenio de extradición con Venezuela que facilite su pronto arribo a Bogotá. Habría que esperar a que se le abra un caso en el país vecino por porte ilegal de documentos. Luego sí podría viajar.
Araújo Noguera es padre de la ex canciller María Consuelo Araújo Castro y del ex senador Álvaro Araújo Castro, este último en juicio por parapolítica. Durante su vida ocupó importantes cargos públicos como ministro de Agricultura y senador. Luego de una recorrida trayectoria política, le heredó el capital político a sus hijos, aunque su apellido seguía sonando.
Al veterano político de la costa se le acusa de ser el autor intelectual del secuestro de Víctor Ochoa, por haberse negado a hacer una alianza política con su hijo en las elecciones parlamentarias del 2006. El plagio se le atribuye al Bloque Norte de las Autodefensas comandado por el ex jefe paramilitar Jorge 40 quien al parecer fue instigado por los Araújo para hacerlo.
Según la acusación de la Fiscalía, la libertad de Ochoa Daza tenía como condición que Juana Ramírez, candidata a las elecciones, se sumara a la lista de Araújo Castro. La justicia colombiana requiere a Araújo Noguera para que responda si, en efecto, estuvo implicado en el secuestro del político y si actuó como emisario de ‘Jorge 40’ para liberarlo.
En julio de 2007, Araújo Noguera y Ochoa Daza volvieron a ser noticia por una reunión que sostuvieron en Venezuela.
Desde el principio, se rumoraba que estaba refugiado en Venezuela, pero su esposa salió a decir en público que se encontraba en Colombia. Según explicó la mujer en ese entonces, su esposo no se había entregado a la Fiscalía porque estaba reuniendo pruebas para demostrar su inocencia, pero que pronto le pondría la cara a la justicia, algo que jamás ocurrió.
Ochoa Daza era el cónsul de Colombia en Barquisimeto y se reunió con Araújo, al parecer, para que le enviara un documento con el fin de que le siguieran consignando una mesada. Pese a que el mismo cónsul fue quien lo denunció, nunca les reportó a las autoridades la presencia del fugitivo y eso le costó su puesto.
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Una declaración refutada y un testigo amenazado en juicio contra ex gobernador de Cesar
Una declaración refutada y un testigo amenazado en juicio contra ex gobernador de Cesar
En los dos primeros días del juicio a Hernando Molina por concierto para delinquir en presunta complicidad con los paramilitares, un testigo de la Fiscalía fue controvertido por la defensa con una grabación, y otro, denunció que fue víctima de atentado.
Fecha: 09/03/2008 -
Jorge Luis Hernández, alias Boliche, es un narcotraficante que fue extraditado a Estados Unidos, acusado de haberle manejado negocios de drogas a Salvatore Mancuso y a Jorge 40. Su declaración fue pieza clave para llevar a juicio a Molina Araujo de quien aseguró: “no tengo dudas de que Hernando es ficha paramilitar. Lo puedo comprobar, de la misma manera que puedo decir cosas contra Jorge 40 y Mancuso”.
En la sesión de la tarde del lunes la defensa del ex gobernador presentó una grabación en la que “Boliche” asegura haberse referido a Molina como paramilitar motivado por un “momento de rabia”. Las frases, casi inaudibles para el auditorio, fueron extraídas de una conversación telefónica privada entre Hernández y el acusado en la que el narcotraficante asegura al ex gobernador “nunca haberlo visto vestido de uniforme”.
El punto crucial sobre el que giró el juicio fueron las circunstancias confusas que rodearon la elección del ex gobernador en el 2003 como candidato único. Cabe recordar que antes de iniciar los comicios, Abraham Romero y Cristián Moreno, sus dos principales contendores, decidieron hacerse a un lado denunciando falta de garantías por la presión de grupos paramilitares interesados en favorecer al candidato liberal.
Sobre su relación con Jorge 40, el ex gobernador Molina dijo no haber tenido contacto desde 1997 exceptuando un encuentro corto en las instalaciones de la policía de Villavicencio durante el proceso de desmovilización del Bloque Norte. En tal ocasión, el ex gobernador habría intentado hacer recapacitar a Jorge 40 por petición directa de la esposa del comandante paramilitar.
Otro elemento discutido a lo largo de la diligencia fue el alto porcentaje de votos en blanco en las elecciones en las que Molina resultó elegido. Para la Fiscalía los 70.138 tarjetones marcados podrían evidenciar el rechazo manifiesto de la ciudadanía a una candidatura ilegal; para la defensa son el resultado de un proceso democrático transparente en el que se recogieron los frutos políticos de la gestión adelantada por Maria Consuelo Araujo (La Cacica), madre del acusado, secuestrada por las Farc y luego asesinada.
El lunes, la sesión del juicio duró seis horas, de las cuales Molina permaneció al menos tres de pie. El segundo día, desde las 9 de la mañana las puertas del Juzgado Octavo de Bogotá estuvieron abiertas a los testigos del caso entre los que se destacaron el ex alcalde de Pailitas, José Concepción Meneses Contreras, por el lado de la defensa; y Augusto Guillermo Hoyos Gutiérrez, un ex paramilitar, por parte de los entes acusadores (Fiscalía y Procuraduría).
Vale destacar que Hoyos aseguró ante la prensa haber sido víctima de un atentado el pasado viernes en Barranquilla. Desde hace varios días ha detectado que hombres extraños vigilan sus movimientos. Él es el testigo principal del caso contra Molina. En múltiples ocasiones el ex paramilitar ha sugerido a Hernando Molina que se “desmovilice”.
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En los dos primeros días del juicio a Hernando Molina por concierto para delinquir en presunta complicidad con los paramilitares, un testigo de la Fiscalía fue controvertido por la defensa con una grabación, y otro, denunció que fue víctima de atentado.
Fecha: 09/03/2008 -
Jorge Luis Hernández, alias Boliche, es un narcotraficante que fue extraditado a Estados Unidos, acusado de haberle manejado negocios de drogas a Salvatore Mancuso y a Jorge 40. Su declaración fue pieza clave para llevar a juicio a Molina Araujo de quien aseguró: “no tengo dudas de que Hernando es ficha paramilitar. Lo puedo comprobar, de la misma manera que puedo decir cosas contra Jorge 40 y Mancuso”.
En la sesión de la tarde del lunes la defensa del ex gobernador presentó una grabación en la que “Boliche” asegura haberse referido a Molina como paramilitar motivado por un “momento de rabia”. Las frases, casi inaudibles para el auditorio, fueron extraídas de una conversación telefónica privada entre Hernández y el acusado en la que el narcotraficante asegura al ex gobernador “nunca haberlo visto vestido de uniforme”.
El punto crucial sobre el que giró el juicio fueron las circunstancias confusas que rodearon la elección del ex gobernador en el 2003 como candidato único. Cabe recordar que antes de iniciar los comicios, Abraham Romero y Cristián Moreno, sus dos principales contendores, decidieron hacerse a un lado denunciando falta de garantías por la presión de grupos paramilitares interesados en favorecer al candidato liberal.
Sobre su relación con Jorge 40, el ex gobernador Molina dijo no haber tenido contacto desde 1997 exceptuando un encuentro corto en las instalaciones de la policía de Villavicencio durante el proceso de desmovilización del Bloque Norte. En tal ocasión, el ex gobernador habría intentado hacer recapacitar a Jorge 40 por petición directa de la esposa del comandante paramilitar.
Otro elemento discutido a lo largo de la diligencia fue el alto porcentaje de votos en blanco en las elecciones en las que Molina resultó elegido. Para la Fiscalía los 70.138 tarjetones marcados podrían evidenciar el rechazo manifiesto de la ciudadanía a una candidatura ilegal; para la defensa son el resultado de un proceso democrático transparente en el que se recogieron los frutos políticos de la gestión adelantada por Maria Consuelo Araujo (La Cacica), madre del acusado, secuestrada por las Farc y luego asesinada.
El lunes, la sesión del juicio duró seis horas, de las cuales Molina permaneció al menos tres de pie. El segundo día, desde las 9 de la mañana las puertas del Juzgado Octavo de Bogotá estuvieron abiertas a los testigos del caso entre los que se destacaron el ex alcalde de Pailitas, José Concepción Meneses Contreras, por el lado de la defensa; y Augusto Guillermo Hoyos Gutiérrez, un ex paramilitar, por parte de los entes acusadores (Fiscalía y Procuraduría).
Vale destacar que Hoyos aseguró ante la prensa haber sido víctima de un atentado el pasado viernes en Barranquilla. Desde hace varios días ha detectado que hombres extraños vigilan sus movimientos. Él es el testigo principal del caso contra Molina. En múltiples ocasiones el ex paramilitar ha sugerido a Hernando Molina que se “desmovilice”.
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sábado, 30 de agosto de 2008
Alias "Don Antonio” implica a funcionario del DAS
Alias "Don Antonio” implica a funcionario del DAS
Según testimonio del ex paramilitar, el ex subdirector del DAS en Santa Marta, Javier Alfredo Valle Anaya, el informe que usó el organismo de inteligencia para sustentar la captura del profesor Alfredo Correa, pudo haber sido el mismo en el que se basaron las Auc para asesinarlo luego.
Fecha: 08/28/2008 -
En una madrugada de junio de 2004 un grupo de agentes del DAS y del CTI, por orden del entonces fiscal 36 de Cartagena, Demóstenes Camargo, ingresaron a la residencia del profesor universitario, escritor e investigador Alfredo Rafael Correa De Andreis, lo detuvieron y se lo llevaron de Barranquilla a esa ciudad donde le seguían un proceso acusado presuntamente de rebelión.
Dos meses después fue dejado en libertad porque las pruebas que tenían en su contra se fundaban en los testimonios de unos testigos que no conocían a Correa D'Andreis y que habían mentido, pues las fechas en las que ellos decían que el profesor había estado reunido con guerrilleros en la frontera con Venezuela, en realidad se encontraba reunido con su familia celebrando el cumpleaños de su padre en Barranquilla.
Sin embargo, a pesar de que la Fiscalía lo dejó en libertad por falta de pruebas, la orden de asesinarlo había sido dada. Así lo aseguró alias Don Antonio, el hombre del ex jefe paramilitar Jorge 40 en el Atlántico, ante un fiscal y otros funcionarios judiciales el pasado 14 de agosto.
Dijo además que las supuestas evidencias que tenían para matarlo se las dio el propio DAS y estaban consignadas, al parecer, en el mismo informe de inteligencia que le había servido al organismo para judicializarlo y detenerlo semanas antes de que fuera asesinado. Ese informe del DAS contenía, entre otras afirmaciones sin sustento, que Correa D'Andreis era el mismo "Eulogio", ideólogo del Eln.
El informe fue elaborado por Javier Alfredo Valle Anaya, quien se desempeñaba como investigador del DAS en Barranquilla, y a quien después trasladaron como subdirector a Santa Marta.
Don Antonio, dijo ante un fiscal y otros funcionaros judiciales, que el funcionario del DAS, Anaya lo transportaba a él y alias “Gonzalo” (exjefe político de las Auc en Atlántico), entre las ciudades de Santa Marta y Barranquilla, y entre estas ciudades y Valledeupar.
Don Antonio se acogió a sentencia anticipada y fue condenado el pasado 12 de agosto a 506 meses de prisión, sin embargo sólo pagará entre 60 y 84 meses, gracias a la desmovilización y a haberse acogido al proceso establecido en la Ley de Justicia y Paz.
Los siguientes son apartes de la última indagatoria de Don Antonio el pasado 14 de agosto de 2008 en la Cárcel Modelo de Barranquilla con funcionarios judiciales y su apoderado:
PREGUNTA EL FISCAL ¿Ha escuchado hablar de Javier Francisco Valle Anaya del DAS, de la Armada a Cristian y del Gaula a Eduard Abelardo Suárez Cuadros. En caso positivo, cuándo, cómo y qué sabe de ellos?
DON ANTONIO: A Javier Valle Anaya si lo he escuchado, era amigo de “Gonzalo”, que es Carlos Mario García, ex jefe político del frente José Pablo Díaz, y lo conocí porque alias “Gonzalo” me lo presentó, eso debió ser como A finales de 2004, comienzos de 2005. A los demás no los conozco.
F:: ¿En cuántas ocasiones observó usted a alias Gonzalo con Javier Valle Anaya.?
D.A.: : El día que me lo presentó, los vi a los dos.
F: ¿Sabe usted si Javier Valle Anaya trabajaba para las autodefensas?
D.A.: : Que trabajara directamente no. Lo que sí puedo decir es que colaboraba, le colaboraba a Gonzalo y a mí en algunas ocasiones.
F: ¿Explíquele al despacho en qué le colaboraba Javier Valle Anaya a alias Gonzalo y a usted?
D.A.: A mí en algunas ocasiones me desplazó o me movió desde Santa Marta hasta Barranquilla. A alias Gonzalo, creo que lo mismo, yo le escuché a Gonzalo que a él también lo movía de un municipio a otro, de una ciudad a otra.
F.: ¿Indíquenos si recuerda la fecha en la cual le colaboraba Valle Anaya a usted y a alias Gonzalo?
D.A.: No recuerdo, pero eso fue mientras se desempeñó como subdirector del DAS en Santa Marta.
F: ¿Indíquenos en qué vehículos Valle Anaya lo movilizaba a usted y a alias Gonzalo, indíquenos si lo hacía personalmente o le daba la orden a una tercera persona y si el vehículo era del DAS o personal de él?
D.A.: A mi él me movió personalmente. Las dos o tres veces que lo hizo fue personalmente, no sé si el vehículo era del DAS. A alias Gonzalo no sé.
F ¿En varias respuestas en esta diligencia ha indicado que usted vio a Valle Anaya, la ocasión que se lo presentó alias Gonzalo, y ahora ha manifestado que
él personalmente lo transportó como en dos o tres ocasiones, sírvase aclarar en cuántas ocasiones observó a Valle Anaya?
D.A.: Lo que dije fue que había visto juntos a alias Gonzalo y a Valle en una sola ocasión, eso fue lo que dije.
F:. ¿Sabe usted si alias Gonzalo tuvo participación en los hechos de Correa D´Andreis y su escolta?
D.A.: No tuvo ninguna participación.
F:. ¿Por qué Valle Anaya les movilizaba a usted y a alias Gonzalo?
D.A.: No sé, tendrá que preguntárselo usted.
F: ¿Usted y alias Gonzalo le requerían el servicio del transporte a Javier Valle Anaya?
D.A.: Sí, las dos veces que lo necesité sí le pedí el favor que me transportara.
F: ¿Cómo hacía contacto con Valle Anaya para solicitarle el servicio del transporte?
D.A.: Yo llamaba a alias Gonzalo y él lo llamaba a él.
F: ¿Por qué le solicitaba usted el servicio de transporte a Valle Anaya?
D.A.: : Por evadir a las autoridades.
F.: ¿En algún momento una persona le dijo a usted que Valle Anaya le podía colaborar para evadir las autoridades?
D.A.: : Sí, alias Gonzalo.
F: Explíquenos en qué términos le dijo alias Gonzalo que Valle Anaya le podía colaborar a evadir a las autoridades.
D.A.: Me dijo que él tenía un amigo en el DAS, que cuando necesitara moverme de Santa Marta a Barranquilla o de Santa Marta a Valledeupar, o de Barranquilla a
Valledeupar, él me podía colaborar.
F: En los correos electrónicos que aparecen en el
expediente menciona a “J. Valle”, y se dice que se está tratando de buscar un nombramiento para su esposa en la fiscalía de Barranquilla. Díganos si la persona que
allí aparece como “J. Valle”, es el mismo señor Javier Alfredo Valle Anaya, de quien estamos hablando?
D.A.: Sí, es el mismo.
F: ¿El señor Valle Anaya prestó algún tipo de colaboración o tuvo participación en los actos preparatorios y/o de ejecución del asesinato del profesor Correa D´Andreis y su escolta?
D.A.: No doctor, ninguna.
F: Ha reiterado en ésta diligencia que el profesor Correa fue dado de baja. ¿Díganos si las Auc, bloque Norte, consideraban al sociólogo como su enemigo?
D.A.: : Sí, era enemigo de las autodefensas y de la sociedad.
F¿Nos podría usted argumentar o sustentar por qué consideraban a Correa enemigo de las Auc y de la sociedad?
D.A.: Porque era ideólogo de las Farc, era conocido con el alias de “Eulogio”, básicamente eso era lo que decía el informe de inteligencia que me hizo llegar
el comandante de inteligencia del frente José Pablo Díaz, que era alias “El Sarco”, no recuerdo su nombre, así como si se desmovilizó.
F: ¿Constató usted la veracidad del informe de inteligencia, elaborado por alias “El Sarco”, con relación a la condición de ideólogo de las Farc?
D.A.: No hacía parte de mis funciones verificar las informaciones obtenidas por la comisión de inteligenciA precisamente para eso fue creada, porque sus miembros
tenían la misión de recibir las informaciones y convertirlas en inteligencia.
F: El proceso penal por el delito de rebelión que cursó contra Alfredo Correa D´Andreis, tuvo como fundamento un informe de inteligencia elaborado por
JAVIER ALFREDO VALLE ANAYA, informe que corresponde exactamente con el informe de inteligencia, que según usted alias “El Sarco”, realizó sobre éste asunto. ¿Tiene usted alguna explicación para estas coincidencias?
D.A.: Es posible que alguien del DAS le haya entregado este informe al jefe de la comisión de inteligencia.
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Según testimonio del ex paramilitar, el ex subdirector del DAS en Santa Marta, Javier Alfredo Valle Anaya, el informe que usó el organismo de inteligencia para sustentar la captura del profesor Alfredo Correa, pudo haber sido el mismo en el que se basaron las Auc para asesinarlo luego.
Fecha: 08/28/2008 -
En una madrugada de junio de 2004 un grupo de agentes del DAS y del CTI, por orden del entonces fiscal 36 de Cartagena, Demóstenes Camargo, ingresaron a la residencia del profesor universitario, escritor e investigador Alfredo Rafael Correa De Andreis, lo detuvieron y se lo llevaron de Barranquilla a esa ciudad donde le seguían un proceso acusado presuntamente de rebelión.
Dos meses después fue dejado en libertad porque las pruebas que tenían en su contra se fundaban en los testimonios de unos testigos que no conocían a Correa D'Andreis y que habían mentido, pues las fechas en las que ellos decían que el profesor había estado reunido con guerrilleros en la frontera con Venezuela, en realidad se encontraba reunido con su familia celebrando el cumpleaños de su padre en Barranquilla.
Sin embargo, a pesar de que la Fiscalía lo dejó en libertad por falta de pruebas, la orden de asesinarlo había sido dada. Así lo aseguró alias Don Antonio, el hombre del ex jefe paramilitar Jorge 40 en el Atlántico, ante un fiscal y otros funcionarios judiciales el pasado 14 de agosto.
Dijo además que las supuestas evidencias que tenían para matarlo se las dio el propio DAS y estaban consignadas, al parecer, en el mismo informe de inteligencia que le había servido al organismo para judicializarlo y detenerlo semanas antes de que fuera asesinado. Ese informe del DAS contenía, entre otras afirmaciones sin sustento, que Correa D'Andreis era el mismo "Eulogio", ideólogo del Eln.
El informe fue elaborado por Javier Alfredo Valle Anaya, quien se desempeñaba como investigador del DAS en Barranquilla, y a quien después trasladaron como subdirector a Santa Marta.
Don Antonio, dijo ante un fiscal y otros funcionaros judiciales, que el funcionario del DAS, Anaya lo transportaba a él y alias “Gonzalo” (exjefe político de las Auc en Atlántico), entre las ciudades de Santa Marta y Barranquilla, y entre estas ciudades y Valledeupar.
Don Antonio se acogió a sentencia anticipada y fue condenado el pasado 12 de agosto a 506 meses de prisión, sin embargo sólo pagará entre 60 y 84 meses, gracias a la desmovilización y a haberse acogido al proceso establecido en la Ley de Justicia y Paz.
Los siguientes son apartes de la última indagatoria de Don Antonio el pasado 14 de agosto de 2008 en la Cárcel Modelo de Barranquilla con funcionarios judiciales y su apoderado:
PREGUNTA EL FISCAL ¿Ha escuchado hablar de Javier Francisco Valle Anaya del DAS, de la Armada a Cristian y del Gaula a Eduard Abelardo Suárez Cuadros. En caso positivo, cuándo, cómo y qué sabe de ellos?
DON ANTONIO: A Javier Valle Anaya si lo he escuchado, era amigo de “Gonzalo”, que es Carlos Mario García, ex jefe político del frente José Pablo Díaz, y lo conocí porque alias “Gonzalo” me lo presentó, eso debió ser como A finales de 2004, comienzos de 2005. A los demás no los conozco.
F:: ¿En cuántas ocasiones observó usted a alias Gonzalo con Javier Valle Anaya.?
D.A.: : El día que me lo presentó, los vi a los dos.
F: ¿Sabe usted si Javier Valle Anaya trabajaba para las autodefensas?
D.A.: : Que trabajara directamente no. Lo que sí puedo decir es que colaboraba, le colaboraba a Gonzalo y a mí en algunas ocasiones.
F: ¿Explíquele al despacho en qué le colaboraba Javier Valle Anaya a alias Gonzalo y a usted?
D.A.: A mí en algunas ocasiones me desplazó o me movió desde Santa Marta hasta Barranquilla. A alias Gonzalo, creo que lo mismo, yo le escuché a Gonzalo que a él también lo movía de un municipio a otro, de una ciudad a otra.
F.: ¿Indíquenos si recuerda la fecha en la cual le colaboraba Valle Anaya a usted y a alias Gonzalo?
D.A.: No recuerdo, pero eso fue mientras se desempeñó como subdirector del DAS en Santa Marta.
F: ¿Indíquenos en qué vehículos Valle Anaya lo movilizaba a usted y a alias Gonzalo, indíquenos si lo hacía personalmente o le daba la orden a una tercera persona y si el vehículo era del DAS o personal de él?
D.A.: A mi él me movió personalmente. Las dos o tres veces que lo hizo fue personalmente, no sé si el vehículo era del DAS. A alias Gonzalo no sé.
F ¿En varias respuestas en esta diligencia ha indicado que usted vio a Valle Anaya, la ocasión que se lo presentó alias Gonzalo, y ahora ha manifestado que
él personalmente lo transportó como en dos o tres ocasiones, sírvase aclarar en cuántas ocasiones observó a Valle Anaya?
D.A.: Lo que dije fue que había visto juntos a alias Gonzalo y a Valle en una sola ocasión, eso fue lo que dije.
F:. ¿Sabe usted si alias Gonzalo tuvo participación en los hechos de Correa D´Andreis y su escolta?
D.A.: No tuvo ninguna participación.
F:. ¿Por qué Valle Anaya les movilizaba a usted y a alias Gonzalo?
D.A.: No sé, tendrá que preguntárselo usted.
F: ¿Usted y alias Gonzalo le requerían el servicio del transporte a Javier Valle Anaya?
D.A.: Sí, las dos veces que lo necesité sí le pedí el favor que me transportara.
F: ¿Cómo hacía contacto con Valle Anaya para solicitarle el servicio del transporte?
D.A.: Yo llamaba a alias Gonzalo y él lo llamaba a él.
F: ¿Por qué le solicitaba usted el servicio de transporte a Valle Anaya?
D.A.: : Por evadir a las autoridades.
F.: ¿En algún momento una persona le dijo a usted que Valle Anaya le podía colaborar para evadir las autoridades?
D.A.: : Sí, alias Gonzalo.
F: Explíquenos en qué términos le dijo alias Gonzalo que Valle Anaya le podía colaborar a evadir a las autoridades.
D.A.: Me dijo que él tenía un amigo en el DAS, que cuando necesitara moverme de Santa Marta a Barranquilla o de Santa Marta a Valledeupar, o de Barranquilla a
Valledeupar, él me podía colaborar.
F: En los correos electrónicos que aparecen en el
expediente menciona a “J. Valle”, y se dice que se está tratando de buscar un nombramiento para su esposa en la fiscalía de Barranquilla. Díganos si la persona que
allí aparece como “J. Valle”, es el mismo señor Javier Alfredo Valle Anaya, de quien estamos hablando?
D.A.: Sí, es el mismo.
F: ¿El señor Valle Anaya prestó algún tipo de colaboración o tuvo participación en los actos preparatorios y/o de ejecución del asesinato del profesor Correa D´Andreis y su escolta?
D.A.: No doctor, ninguna.
F: Ha reiterado en ésta diligencia que el profesor Correa fue dado de baja. ¿Díganos si las Auc, bloque Norte, consideraban al sociólogo como su enemigo?
D.A.: : Sí, era enemigo de las autodefensas y de la sociedad.
F¿Nos podría usted argumentar o sustentar por qué consideraban a Correa enemigo de las Auc y de la sociedad?
D.A.: Porque era ideólogo de las Farc, era conocido con el alias de “Eulogio”, básicamente eso era lo que decía el informe de inteligencia que me hizo llegar
el comandante de inteligencia del frente José Pablo Díaz, que era alias “El Sarco”, no recuerdo su nombre, así como si se desmovilizó.
F: ¿Constató usted la veracidad del informe de inteligencia, elaborado por alias “El Sarco”, con relación a la condición de ideólogo de las Farc?
D.A.: No hacía parte de mis funciones verificar las informaciones obtenidas por la comisión de inteligenciA precisamente para eso fue creada, porque sus miembros
tenían la misión de recibir las informaciones y convertirlas en inteligencia.
F: El proceso penal por el delito de rebelión que cursó contra Alfredo Correa D´Andreis, tuvo como fundamento un informe de inteligencia elaborado por
JAVIER ALFREDO VALLE ANAYA, informe que corresponde exactamente con el informe de inteligencia, que según usted alias “El Sarco”, realizó sobre éste asunto. ¿Tiene usted alguna explicación para estas coincidencias?
D.A.: Es posible que alguien del DAS le haya entregado este informe al jefe de la comisión de inteligencia.
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El enviado del Señor
Sarria le entregó a Villalba otras cartas para que firmara, cosa que él no hizo porque se había percatado de que el pastor lo estaba manipulando
Por Daniel Coronell
Fecha: 08/23/2008 -1373
Jesús Amado Sarria, el viudo de la ‘Monita Retrechera’, podría estar relacionado con una parte de los montajes que se vienen haciendo contra miembros de la Corte Suprema de Justicia, congresistas de la oposición y periodistas. Sarria volvió a la cárcel hace unos meses, como presunto autor del atentado contra un esmeraldero con quien había tenido diferencias de negocios.
‘Chucho’ Sarria, conocido antes como el ‘Brujo de Antero’, asegura que le ha entregado su vida al Señor. En calidad de Pastor recorre, sin mayores limitaciones, pabellones de la Cárcel Modelo de Bogotá y tiene comunicación permanente con amigos y relacionados que están dentro y fuera de las cárceles.
Con la Biblia en la mano, Sarria lleva mensajes celestiales –y terrenales– para esas almas pecadoras.
Entre quienes han recibido su ‘guía espiritual’ está el paramilitar Francisco Villalba.
Curiosamente, Villalba y otro paramilitar preso llamado Libardo Duarte le han enviado cartas al Presidente de la República. Cartas que –como ya empieza a ser costumbre– no tienen sello de recibido, ni número de radicación en la Casa de Nariño, pero que llegan cumplidamente al escritorio del Jefe de Estado.
Duarte le escribió al presidente Uribe para contarle que a través de un hueco, y de celda a celda, Francisco Villalba le había ofrecido 250 millones de pesos para que corroborara con su testimonio una versión suya contra el Presidente de la República.
Según afirma Duarte que le dijo Villalba, esa plata era la mitad de los 500 millones que le habían dado Piedad Córdoba, Gustavo Petro, Daniel Coronell y otros, para que perjudicara con su testimonio al Presidente.
Lo increíble es que mientras Duarte ponía en conocimiento del mandatario las supuestas maniobras de Francisco Villalba, éste último también le escribía al Presidente.
En su carta, Villalba le pedía perdón a Uribe por haber declarado contra él tiempo atrás y le contaba que había sido tocado “por el Espíritu de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo”.
Cuando algunos periodistas le preguntaron a Francisco Villalba por su retractación, él aseguró que jamás había escrito ese mensaje.
Contó que la carta, terminada, le había sido llevada por ‘Chucho’ Sarria y que él sólo la había puesto la firma y la huella, sin entender que se trataba de una retractación. Villalba también contó que Sarria le había ofrecido un traslado inmediato a un patio mejor, si ponía su firma en ese papel.
Y aquí empiezan las coincidencias. Las dos cartas, tanto la de Duarte como la de Villalba, están escritas aparentemente con la misma letra.
Buscando más pistas sobre este asunto, encontré que el 5 de enero de 1997, hace más de 11 años, durante la primera estada de ‘Chucho’ Sarria en La Modelo, efectivos de la Policía allanaron el penal. Allí encontraron que el marido de la ‘Monita Retrechera’ había montado un negocio clandestino de venta de diamantes y otras piedras preciosas.
Entre los elementos que decomisaron había recibos manuscritos y firmados por ‘Chucho’ Sarria. La letra de esos documentos es prodigiosamente similar a la usada en las cartas que recibió el Presidente. (VER VIDEO ADJUNTO CON LAS PRUEBAS).
Pero ahí no terminan las sorpresas. Jesús Amado Sarria le entregó a Villalba otras cartas para que firmara y estampara con su huella. Cosa que él no hizo porque, según dice, para ese momento ya se había percatado de que el Pastor Sarria lo estaba manipulando.
Entre las cartas no enviadas, pero escritas con la misma letra, hay una fechada el pasado 12 de mayo, dirigida a Edmundo del Castillo, secretario jurídico de la Presidencia de la República.
En esa misiva le pide al Secretario Jurídico de Palacio que mande una persona de su oficina a visitarlo y concluye “de usted no poderlo hacer, le ruego enviarme al señor abogado defensor del señor Presidente”.
¿Para quién estará trabajando ‘Chucho’ Sarria?
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Sarria le entregó a Villalba otras cartas para que firmara, cosa que él no hizo porque se había percatado de que el pastor lo estaba manipulando
Por Daniel Coronell
Fecha: 08/23/2008 -1373
Jesús Amado Sarria, el viudo de la ‘Monita Retrechera’, podría estar relacionado con una parte de los montajes que se vienen haciendo contra miembros de la Corte Suprema de Justicia, congresistas de la oposición y periodistas. Sarria volvió a la cárcel hace unos meses, como presunto autor del atentado contra un esmeraldero con quien había tenido diferencias de negocios.
‘Chucho’ Sarria, conocido antes como el ‘Brujo de Antero’, asegura que le ha entregado su vida al Señor. En calidad de Pastor recorre, sin mayores limitaciones, pabellones de la Cárcel Modelo de Bogotá y tiene comunicación permanente con amigos y relacionados que están dentro y fuera de las cárceles.
Con la Biblia en la mano, Sarria lleva mensajes celestiales –y terrenales– para esas almas pecadoras.
Entre quienes han recibido su ‘guía espiritual’ está el paramilitar Francisco Villalba.
Curiosamente, Villalba y otro paramilitar preso llamado Libardo Duarte le han enviado cartas al Presidente de la República. Cartas que –como ya empieza a ser costumbre– no tienen sello de recibido, ni número de radicación en la Casa de Nariño, pero que llegan cumplidamente al escritorio del Jefe de Estado.
Duarte le escribió al presidente Uribe para contarle que a través de un hueco, y de celda a celda, Francisco Villalba le había ofrecido 250 millones de pesos para que corroborara con su testimonio una versión suya contra el Presidente de la República.
Según afirma Duarte que le dijo Villalba, esa plata era la mitad de los 500 millones que le habían dado Piedad Córdoba, Gustavo Petro, Daniel Coronell y otros, para que perjudicara con su testimonio al Presidente.
Lo increíble es que mientras Duarte ponía en conocimiento del mandatario las supuestas maniobras de Francisco Villalba, éste último también le escribía al Presidente.
En su carta, Villalba le pedía perdón a Uribe por haber declarado contra él tiempo atrás y le contaba que había sido tocado “por el Espíritu de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo”.
Cuando algunos periodistas le preguntaron a Francisco Villalba por su retractación, él aseguró que jamás había escrito ese mensaje.
Contó que la carta, terminada, le había sido llevada por ‘Chucho’ Sarria y que él sólo la había puesto la firma y la huella, sin entender que se trataba de una retractación. Villalba también contó que Sarria le había ofrecido un traslado inmediato a un patio mejor, si ponía su firma en ese papel.
Y aquí empiezan las coincidencias. Las dos cartas, tanto la de Duarte como la de Villalba, están escritas aparentemente con la misma letra.
Buscando más pistas sobre este asunto, encontré que el 5 de enero de 1997, hace más de 11 años, durante la primera estada de ‘Chucho’ Sarria en La Modelo, efectivos de la Policía allanaron el penal. Allí encontraron que el marido de la ‘Monita Retrechera’ había montado un negocio clandestino de venta de diamantes y otras piedras preciosas.
Entre los elementos que decomisaron había recibos manuscritos y firmados por ‘Chucho’ Sarria. La letra de esos documentos es prodigiosamente similar a la usada en las cartas que recibió el Presidente. (VER VIDEO ADJUNTO CON LAS PRUEBAS).
Pero ahí no terminan las sorpresas. Jesús Amado Sarria le entregó a Villalba otras cartas para que firmara y estampara con su huella. Cosa que él no hizo porque, según dice, para ese momento ya se había percatado de que el Pastor Sarria lo estaba manipulando.
Entre las cartas no enviadas, pero escritas con la misma letra, hay una fechada el pasado 12 de mayo, dirigida a Edmundo del Castillo, secretario jurídico de la Presidencia de la República.
En esa misiva le pide al Secretario Jurídico de Palacio que mande una persona de su oficina a visitarlo y concluye “de usted no poderlo hacer, le ruego enviarme al señor abogado defensor del señor Presidente”.
¿Para quién estará trabajando ‘Chucho’ Sarria?
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La red “anticorrupción” de Jorge 40
Al reconstruir la contabilidad encontrada en una finca de Jorge 40, se descubrió que entre paramilitares y políticos se repartían el 10 por ciento de un impuesto que cobraban a la contratación municipal y departamental, a las administradoras del régimen subsidiado y a los proveedores. Estarían por abrirse cientos de investigaciones disciplinarias y penales.
Por Tadeo Martínez, corresponsal de Semana en Barranquilla
Fecha: 08/25/2008 -
En cuatro meses del año 2004 el Bloque Norte de las AUC tuvo ingresos reportados en su contabilidad por valor de 989 millones de pesos. Esos dineros provenían de un impuesto que cobraban a la contratación pública de 101 municipios y cuatro departamentos a las Administradoras del Régimen Subsidiado y a los proveedores. Esa contabilidad está registrada en un libro que se llamaba la “Red de Contratación”, un sistema que tenía como objetivo evitar que los “comandantes militares de frente”, en complicidad con los “comandantes financieros”, se quedaran con los recursos que las diferentes entidades territoriales tributaban al Bloque Norte.
Toda esta información de la contabilidad de Jorge 40 fue encontrada en un allanamiento que realizaron las autoridades en una finca del ex jefe paramilitar en San Ángel que sirvió de base al Bloque Norte de las Auc. Allí las autoridades de policía judicial y la Fiscalía encontraron abundante información sobre las finanzas del Bloque Norte y las relaciones entre las autoridades en los cuatros departamentos con el grupo paramilitar comandando por Tovar.
En marzo de 2002 Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, creó un grupo de trabajo al que llamó la Red de Contratación porque la plata que se recogía por diferentes conceptos en La Guajira, El Cesar, Magdalena y Atlántico, no llegaba completa a su “tesorería”. Esa red estuvo funcionando durante casi cuatro años, entre 2002 y 2006, cuando el Bloque Norte se desmovilizó en La Mesa y Chimila, Cesar.
Una planilla del "ministerio de Hacienda" de Jorge 40
Los miembros de la red sostenían reuniones periódicas y a ellas asistían los comandantes de los frentes con el “tesorero”, un hombre de confianza de Jorge 40 encargado de auditar estas finanzas. La contabilidad tenía tres columnas; contratación, ARS y proveedores. Una cuarta columna contenía las diferentes zonas geográficas en los cuatro departamentos, tal y como estaban organizados los frentes.
El Cesar estaba dividido en cinco zonas: la zona 16, la Herradura, Zona 39, Zona de Danilo y la Zona de Alex. En el Magdalena había siete zonas que correspondían a los alias de los comandantes: Carlos Tijeras. Jose, Rafa, Codazzi, Eduardo, La Herradura y Chane. La Guajira sólo tenía dos zonas, la de Ramiro y la de 39; y en Atlántico operaba la de Don Antonio.
El departamento que más aportaba económicamente era Cesar. Según el reporte de los cuatro meses al que tuvo acceso SEMANA, entre mayo y agosto de 2004, los cinco frentes del Cesar reportaron en total casi 560 millones de pesos (exactamente 557.197.741); seguido por la Guajira con 206 millones ($206.562.201); Magdalena con 205 millones ($205.562.201) y Atlántico con 10 millones de pesos. Llama la atención los pocos ingresos reportados por el frente de Atlántico, comandado por alias Don Antonio, pues en las finanzas halladas en el computador de Jorge 40 había registrados ingresos mensuales superiores a 45 millones de pesos. También hay que decir que con esos ingresos pagaban la nómina de sicarios y otros gastos. Además de acuerdo con la versión del propio “Don Antonio” ante Justicia y Paz, sólo Sitionuevo reportó en 2004, 120 millones de pesos que no se reflejan en ese registro.
Además de las reuniones que sostenía periódicamente el “tesorero de la empresa” (las AUC), con los comandantes de frentes, estos también organizaban reuniones con los alcaldes, concejales, diputados, senadores, representantes y gobernadores. En esas reuniones se repartían las utilidades concertadas de la siguiente manera sobre el 10 por ciento del valor total de un contrato: 3.33 por ciento para el frente que la reporta; 3.33 por ciento para el alcalde, gobernador, parlamentario, diputado o concejal que así lo exigiera; 1 por ciento para los tesoreros municipales, departamentales o de la entidad territorial (llámese hospital, organismo descentralizado, corporaciones ambientales etc) que les colaboraban, pues gracias a la información que suministraban los tesoreros se sabía qué contratos se iban a pagar; y el 2.33 por ciento para la Red de Contratación, que a su vez la reportaba a la organización. En total, el 5.6 por ciento del impuesto se quedaba en manos de las autodefensas.
En los documentos hallados también hay referencias a la inconveniencia del Puerto de Palermo y al manejo de tierras por parte de Incoder, una especie de glosas sobre proyectos y entregas de tierras. Un gran número de fiscales y jueces han comenzado a solicitar esta información como prueba, para diferentes procesos en los que están involucrados funcionarios de las entidades territoriales. En otros casos y ante las revelaciones que están haciendo los paramilitares postulados ante Justicia y Paz, se está conociendo lo que sucedió en las regiones durante casi diez años de dominio de los grupos armados de autodefensa.
También llevaban una contabilidad de distribución de esos ingresos, correspondiendo la mayor parte a los seis frentes del Cesar, que recibían más de 239 millones de pesos; los siete frentes del Magdalena, más de 76 millones y los de la Guajira casi 133 millones de pesos. Al frente José Pablo Díaz del Atlántico no le giraban.
Estos ingresos daban para la manutención del Bloque Norte y sus 16 frentes, que incluía pago de salarios y una diversidad de gastos de transporte, gasolina, viáticos, municiones y sobornos, entre otros.
A manera de ejemplo, hay documentos del pacto entre los aspirantes a Senado y Cámara por el Magdalena, Dieb Maloof, Jorge Castro, José Gamarra y Gustavo Orozco Jaraba, fue suscrito también por los alcaldes titulares de Pivijay, San Ángel, Algarrobo, Zapayán, Remolino, Chivolo, Salamina y Ariguaní. En ese pacto firmado el 21 de noviembre de 2001 se establece que los votos de la provincia serán para José Gamarra, quien los endosará a Maloof. Según el acuerdo, éste debe conseguir recursos de inversión social y deberá dar participación burocrática a sus socios del Magdalena de manera equitativa.
También revelan documentos y los testimonios de los ex paramilitares que en los municipios de la Zona Bananera, Fundación, Ciénaga, El Retén, Pueblo Viejo y Aracataca en Magdalena, el ex paramilitar “Carlos Tijeras” hizo pactos con los senadores Salomón Saade, Luis Eduardo Vives, Dieb Maloof y Flor Gnecco y los representantes a la Cámara Alfonso Campo, Jorge Caballero y José Gamarra para que apoyaran financieramente al Frente a través de las finanzas de los municipios y la contratación y suministro de los hospitales donde ellos tenían influencia y cuotas políticas. Los jefes políticos se comprometieron a que los alcaldes de la zona contribuirían con el impuesto y a cambio Tijeras les permitía hacer política en la zona. “Nosotros, dijo “Tijeras” en Justicia y Paz en su versión del pasado 24 de julio, nos metimos en la mitad y les dijimos que los directores de los hospitales tenían que pasar por el colador de la empresa (las AUC). Revisábamos las hojas de vida y les hacíamos entrevistas a los aspirantes. Teníamos que convivir: ellos conservaban sus cuotas políticas, se encargaban del parapeto de la meritocracia, pero se comprometían a menos burocracia, cero corbatas, nada de contratos chimbos y cero embargos arreglados. El cuarto compromiso era pagar el impuesto a la contratación, una ley obligatoria en los cuatro departamentos”.
El acuerdo entre políticos y paramilitares parece haber funcionado a la perfección, pues los políticos según los documentos hallados, se encargaban de los nombramientos y el manejo administrativo y los paramilitares “vigilábamos la gestión, los recursos, revisábamos las cuentas y los apretábamos para aconductarlos”, dijo Tijeras. Los paramilitares brindaban “protección y orden”, y los políticos veían la forma de darle presentación legal.
Pero los ingresos gruesos de la organización no están reportados en esta contabilidad, pues provenían del negocio del narcotráfico. En Atlántico funcionaba un frente que rendía cuentas a Jorge 40 y cuya jurisdicción iba desde la salida de Cartagena hacia Barranquilla hasta el muelle donde queda el muelle de la Drummond en Ciénaga, Magdalena. Hace tres semanas ante una fiscal de Justicia y Paz, el ex comandante de éste grupo, Miguel Villarreal Archila, alias Salomón, dijo que cobraron a varios carteles del narcotráfico impuestos por 100 toneladas de cocaína anuales durante tres años, a razón de 50 dólares por kilo. El grupo de Salomón puede haber recaudado por impuestos de embarque cobrado a los narcotraficantes más de 30 mil millones de pesos en tres años, los cuales eran entregados al ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias Jorge 40.
Semanas antes de ser extraditado, Nodier Giraldo, alias “el cabezón” , comandante de finanzas del Resistencia Tayrona, había dicho que entre el 2002 y el 2005 las fincas y el comercio rural del Magdalena habían pagado 1.450 millones de pesos; el comercio de Santa Marta había aportado 13.250 millones de pesos; los contrabandistas de gasolina e insumos químicos habían aportado en diez años (1995 – 2005), 23.640 millones y por el impuesto de embarque de más de 170 toneladas de cocaína entre 2005 y 2006, la suma de 17 mil millones de pesos, el 60 por ciento de los cuales fueron entregados por el Frente Resistencia Tayrona a Jorge 40, comandante del Bloque Norte.
Entre Salomón y el Resistencia Tayrona, recaudaron en tres años por concepto del impuesto del embarque de narcotráfico aproximadamente 47 mil millones de pesos; esto es alrededor de una quinta parte de los impuestos legales que se recaudan anualmente en una ciudad como Barranquilla.
La existencia de esta red de contratación del Bloque Norte dedicada a llevar el registro de los ingresos que la organización obtenía por el cobro de impuestos a entidades públicas, revela de manera escandalosa hasta dónde fueron capaces los jefes de las Auc de infiltrar al Estado y capturar sus rentas. Todos estos hechos ocurrieron con la complicidad de autoridades de policía, jueces, fiscales, agentes de organismos como el DAS y la SIJIN. Cientos de alcaldes, gerentes de hospitales, secretarios de alcaldías, contralores, personeros, concejales, empresarios y contratistas, hicieron parte de delitos como concierto para delinquir, concusión y cohecho. Los fiscales de Justicia y Paz han empezado a compulsar copias para que los fiscales anticorrupción y la Procuraduría empiecen también investigaciones que permitan sancionar disciplinaria y penalmente a los responsables.
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Al reconstruir la contabilidad encontrada en una finca de Jorge 40, se descubrió que entre paramilitares y políticos se repartían el 10 por ciento de un impuesto que cobraban a la contratación municipal y departamental, a las administradoras del régimen subsidiado y a los proveedores. Estarían por abrirse cientos de investigaciones disciplinarias y penales.
Por Tadeo Martínez, corresponsal de Semana en Barranquilla
Fecha: 08/25/2008 -
En cuatro meses del año 2004 el Bloque Norte de las AUC tuvo ingresos reportados en su contabilidad por valor de 989 millones de pesos. Esos dineros provenían de un impuesto que cobraban a la contratación pública de 101 municipios y cuatro departamentos a las Administradoras del Régimen Subsidiado y a los proveedores. Esa contabilidad está registrada en un libro que se llamaba la “Red de Contratación”, un sistema que tenía como objetivo evitar que los “comandantes militares de frente”, en complicidad con los “comandantes financieros”, se quedaran con los recursos que las diferentes entidades territoriales tributaban al Bloque Norte.
Toda esta información de la contabilidad de Jorge 40 fue encontrada en un allanamiento que realizaron las autoridades en una finca del ex jefe paramilitar en San Ángel que sirvió de base al Bloque Norte de las Auc. Allí las autoridades de policía judicial y la Fiscalía encontraron abundante información sobre las finanzas del Bloque Norte y las relaciones entre las autoridades en los cuatros departamentos con el grupo paramilitar comandando por Tovar.
En marzo de 2002 Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, creó un grupo de trabajo al que llamó la Red de Contratación porque la plata que se recogía por diferentes conceptos en La Guajira, El Cesar, Magdalena y Atlántico, no llegaba completa a su “tesorería”. Esa red estuvo funcionando durante casi cuatro años, entre 2002 y 2006, cuando el Bloque Norte se desmovilizó en La Mesa y Chimila, Cesar.
Una planilla del "ministerio de Hacienda" de Jorge 40
Los miembros de la red sostenían reuniones periódicas y a ellas asistían los comandantes de los frentes con el “tesorero”, un hombre de confianza de Jorge 40 encargado de auditar estas finanzas. La contabilidad tenía tres columnas; contratación, ARS y proveedores. Una cuarta columna contenía las diferentes zonas geográficas en los cuatro departamentos, tal y como estaban organizados los frentes.
El Cesar estaba dividido en cinco zonas: la zona 16, la Herradura, Zona 39, Zona de Danilo y la Zona de Alex. En el Magdalena había siete zonas que correspondían a los alias de los comandantes: Carlos Tijeras. Jose, Rafa, Codazzi, Eduardo, La Herradura y Chane. La Guajira sólo tenía dos zonas, la de Ramiro y la de 39; y en Atlántico operaba la de Don Antonio.
El departamento que más aportaba económicamente era Cesar. Según el reporte de los cuatro meses al que tuvo acceso SEMANA, entre mayo y agosto de 2004, los cinco frentes del Cesar reportaron en total casi 560 millones de pesos (exactamente 557.197.741); seguido por la Guajira con 206 millones ($206.562.201); Magdalena con 205 millones ($205.562.201) y Atlántico con 10 millones de pesos. Llama la atención los pocos ingresos reportados por el frente de Atlántico, comandado por alias Don Antonio, pues en las finanzas halladas en el computador de Jorge 40 había registrados ingresos mensuales superiores a 45 millones de pesos. También hay que decir que con esos ingresos pagaban la nómina de sicarios y otros gastos. Además de acuerdo con la versión del propio “Don Antonio” ante Justicia y Paz, sólo Sitionuevo reportó en 2004, 120 millones de pesos que no se reflejan en ese registro.
Además de las reuniones que sostenía periódicamente el “tesorero de la empresa” (las AUC), con los comandantes de frentes, estos también organizaban reuniones con los alcaldes, concejales, diputados, senadores, representantes y gobernadores. En esas reuniones se repartían las utilidades concertadas de la siguiente manera sobre el 10 por ciento del valor total de un contrato: 3.33 por ciento para el frente que la reporta; 3.33 por ciento para el alcalde, gobernador, parlamentario, diputado o concejal que así lo exigiera; 1 por ciento para los tesoreros municipales, departamentales o de la entidad territorial (llámese hospital, organismo descentralizado, corporaciones ambientales etc) que les colaboraban, pues gracias a la información que suministraban los tesoreros se sabía qué contratos se iban a pagar; y el 2.33 por ciento para la Red de Contratación, que a su vez la reportaba a la organización. En total, el 5.6 por ciento del impuesto se quedaba en manos de las autodefensas.
En los documentos hallados también hay referencias a la inconveniencia del Puerto de Palermo y al manejo de tierras por parte de Incoder, una especie de glosas sobre proyectos y entregas de tierras. Un gran número de fiscales y jueces han comenzado a solicitar esta información como prueba, para diferentes procesos en los que están involucrados funcionarios de las entidades territoriales. En otros casos y ante las revelaciones que están haciendo los paramilitares postulados ante Justicia y Paz, se está conociendo lo que sucedió en las regiones durante casi diez años de dominio de los grupos armados de autodefensa.
También llevaban una contabilidad de distribución de esos ingresos, correspondiendo la mayor parte a los seis frentes del Cesar, que recibían más de 239 millones de pesos; los siete frentes del Magdalena, más de 76 millones y los de la Guajira casi 133 millones de pesos. Al frente José Pablo Díaz del Atlántico no le giraban.
Estos ingresos daban para la manutención del Bloque Norte y sus 16 frentes, que incluía pago de salarios y una diversidad de gastos de transporte, gasolina, viáticos, municiones y sobornos, entre otros.
A manera de ejemplo, hay documentos del pacto entre los aspirantes a Senado y Cámara por el Magdalena, Dieb Maloof, Jorge Castro, José Gamarra y Gustavo Orozco Jaraba, fue suscrito también por los alcaldes titulares de Pivijay, San Ángel, Algarrobo, Zapayán, Remolino, Chivolo, Salamina y Ariguaní. En ese pacto firmado el 21 de noviembre de 2001 se establece que los votos de la provincia serán para José Gamarra, quien los endosará a Maloof. Según el acuerdo, éste debe conseguir recursos de inversión social y deberá dar participación burocrática a sus socios del Magdalena de manera equitativa.
También revelan documentos y los testimonios de los ex paramilitares que en los municipios de la Zona Bananera, Fundación, Ciénaga, El Retén, Pueblo Viejo y Aracataca en Magdalena, el ex paramilitar “Carlos Tijeras” hizo pactos con los senadores Salomón Saade, Luis Eduardo Vives, Dieb Maloof y Flor Gnecco y los representantes a la Cámara Alfonso Campo, Jorge Caballero y José Gamarra para que apoyaran financieramente al Frente a través de las finanzas de los municipios y la contratación y suministro de los hospitales donde ellos tenían influencia y cuotas políticas. Los jefes políticos se comprometieron a que los alcaldes de la zona contribuirían con el impuesto y a cambio Tijeras les permitía hacer política en la zona. “Nosotros, dijo “Tijeras” en Justicia y Paz en su versión del pasado 24 de julio, nos metimos en la mitad y les dijimos que los directores de los hospitales tenían que pasar por el colador de la empresa (las AUC). Revisábamos las hojas de vida y les hacíamos entrevistas a los aspirantes. Teníamos que convivir: ellos conservaban sus cuotas políticas, se encargaban del parapeto de la meritocracia, pero se comprometían a menos burocracia, cero corbatas, nada de contratos chimbos y cero embargos arreglados. El cuarto compromiso era pagar el impuesto a la contratación, una ley obligatoria en los cuatro departamentos”.
El acuerdo entre políticos y paramilitares parece haber funcionado a la perfección, pues los políticos según los documentos hallados, se encargaban de los nombramientos y el manejo administrativo y los paramilitares “vigilábamos la gestión, los recursos, revisábamos las cuentas y los apretábamos para aconductarlos”, dijo Tijeras. Los paramilitares brindaban “protección y orden”, y los políticos veían la forma de darle presentación legal.
Pero los ingresos gruesos de la organización no están reportados en esta contabilidad, pues provenían del negocio del narcotráfico. En Atlántico funcionaba un frente que rendía cuentas a Jorge 40 y cuya jurisdicción iba desde la salida de Cartagena hacia Barranquilla hasta el muelle donde queda el muelle de la Drummond en Ciénaga, Magdalena. Hace tres semanas ante una fiscal de Justicia y Paz, el ex comandante de éste grupo, Miguel Villarreal Archila, alias Salomón, dijo que cobraron a varios carteles del narcotráfico impuestos por 100 toneladas de cocaína anuales durante tres años, a razón de 50 dólares por kilo. El grupo de Salomón puede haber recaudado por impuestos de embarque cobrado a los narcotraficantes más de 30 mil millones de pesos en tres años, los cuales eran entregados al ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias Jorge 40.
Semanas antes de ser extraditado, Nodier Giraldo, alias “el cabezón” , comandante de finanzas del Resistencia Tayrona, había dicho que entre el 2002 y el 2005 las fincas y el comercio rural del Magdalena habían pagado 1.450 millones de pesos; el comercio de Santa Marta había aportado 13.250 millones de pesos; los contrabandistas de gasolina e insumos químicos habían aportado en diez años (1995 – 2005), 23.640 millones y por el impuesto de embarque de más de 170 toneladas de cocaína entre 2005 y 2006, la suma de 17 mil millones de pesos, el 60 por ciento de los cuales fueron entregados por el Frente Resistencia Tayrona a Jorge 40, comandante del Bloque Norte.
Entre Salomón y el Resistencia Tayrona, recaudaron en tres años por concepto del impuesto del embarque de narcotráfico aproximadamente 47 mil millones de pesos; esto es alrededor de una quinta parte de los impuestos legales que se recaudan anualmente en una ciudad como Barranquilla.
La existencia de esta red de contratación del Bloque Norte dedicada a llevar el registro de los ingresos que la organización obtenía por el cobro de impuestos a entidades públicas, revela de manera escandalosa hasta dónde fueron capaces los jefes de las Auc de infiltrar al Estado y capturar sus rentas. Todos estos hechos ocurrieron con la complicidad de autoridades de policía, jueces, fiscales, agentes de organismos como el DAS y la SIJIN. Cientos de alcaldes, gerentes de hospitales, secretarios de alcaldías, contralores, personeros, concejales, empresarios y contratistas, hicieron parte de delitos como concierto para delinquir, concusión y cohecho. Los fiscales de Justicia y Paz han empezado a compulsar copias para que los fiscales anticorrupción y la Procuraduría empiecen también investigaciones que permitan sancionar disciplinaria y penalmente a los responsables.
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La red “anticorrupción” de Jorge 40
Al reconstruir la contabilidad encontrada en una finca de Jorge 40, se descubrió que entre paramilitares y políticos se repartían el 10 por ciento de un impuesto que cobraban a la contratación municipal y departamental, a las administradoras del régimen subsidiado y a los proveedores. Estarían por abrirse cientos de investigaciones disciplinarias y penales.
Por Tadeo Martínez, corresponsal de Semana en Barranquilla
Fecha: 08/25/2008 -
En cuatro meses del año 2004 el Bloque Norte de las AUC tuvo ingresos reportados en su contabilidad por valor de 989 millones de pesos. Esos dineros provenían de un impuesto que cobraban a la contratación pública de 101 municipios y cuatro departamentos a las Administradoras del Régimen Subsidiado y a los proveedores. Esa contabilidad está registrada en un libro que se llamaba la “Red de Contratación”, un sistema que tenía como objetivo evitar que los “comandantes militares de frente”, en complicidad con los “comandantes financieros”, se quedaran con los recursos que las diferentes entidades territoriales tributaban al Bloque Norte.
Toda esta información de la contabilidad de Jorge 40 fue encontrada en un allanamiento que realizaron las autoridades en una finca del ex jefe paramilitar en San Ángel que sirvió de base al Bloque Norte de las Auc. Allí las autoridades de policía judicial y la Fiscalía encontraron abundante información sobre las finanzas del Bloque Norte y las relaciones entre las autoridades en los cuatros departamentos con el grupo paramilitar comandando por Tovar.
En marzo de 2002 Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, creó un grupo de trabajo al que llamó la Red de Contratación porque la plata que se recogía por diferentes conceptos en La Guajira, El Cesar, Magdalena y Atlántico, no llegaba completa a su “tesorería”. Esa red estuvo funcionando durante casi cuatro años, entre 2002 y 2006, cuando el Bloque Norte se desmovilizó en La Mesa y Chimila, Cesar.
Una planilla del "ministerio de Hacienda" de Jorge 40
Los miembros de la red sostenían reuniones periódicas y a ellas asistían los comandantes de los frentes con el “tesorero”, un hombre de confianza de Jorge 40 encargado de auditar estas finanzas. La contabilidad tenía tres columnas; contratación, ARS y proveedores. Una cuarta columna contenía las diferentes zonas geográficas en los cuatro departamentos, tal y como estaban organizados los frentes.
El Cesar estaba dividido en cinco zonas: la zona 16, la Herradura, Zona 39, Zona de Danilo y la Zona de Alex. En el Magdalena había siete zonas que correspondían a los alias de los comandantes: Carlos Tijeras. Jose, Rafa, Codazzi, Eduardo, La Herradura y Chane. La Guajira sólo tenía dos zonas, la de Ramiro y la de 39; y en Atlántico operaba la de Don Antonio.
El departamento que más aportaba económicamente era Cesar. Según el reporte de los cuatro meses al que tuvo acceso SEMANA, entre mayo y agosto de 2004, los cinco frentes del Cesar reportaron en total casi 560 millones de pesos (exactamente 557.197.741); seguido por la Guajira con 206 millones ($206.562.201); Magdalena con 205 millones ($205.562.201) y Atlántico con 10 millones de pesos. Llama la atención los pocos ingresos reportados por el frente de Atlántico, comandado por alias Don Antonio, pues en las finanzas halladas en el computador de Jorge 40 había registrados ingresos mensuales superiores a 45 millones de pesos. También hay que decir que con esos ingresos pagaban la nómina de sicarios y otros gastos. Además de acuerdo con la versión del propio “Don Antonio” ante Justicia y Paz, sólo Sitionuevo reportó en 2004, 120 millones de pesos que no se reflejan en ese registro.
Además de las reuniones que sostenía periódicamente el “tesorero de la empresa” (las AUC), con los comandantes de frentes, estos también organizaban reuniones con los alcaldes, concejales, diputados, senadores, representantes y gobernadores. En esas reuniones se repartían las utilidades concertadas de la siguiente manera sobre el 10 por ciento del valor total de un contrato: 3.33 por ciento para el frente que la reporta; 3.33 por ciento para el alcalde, gobernador, parlamentario, diputado o concejal que así lo exigiera; 1 por ciento para los tesoreros municipales, departamentales o de la entidad territorial (llámese hospital, organismo descentralizado, corporaciones ambientales etc) que les colaboraban, pues gracias a la información que suministraban los tesoreros se sabía qué contratos se iban a pagar; y el 2.33 por ciento para la Red de Contratación, que a su vez la reportaba a la organización. En total, el 5.6 por ciento del impuesto se quedaba en manos de las autodefensas.
En los documentos hallados también hay referencias a la inconveniencia del Puerto de Palermo y al manejo de tierras por parte de Incoder, una especie de glosas sobre proyectos y entregas de tierras. Un gran número de fiscales y jueces han comenzado a solicitar esta información como prueba, para diferentes procesos en los que están involucrados funcionarios de las entidades territoriales. En otros casos y ante las revelaciones que están haciendo los paramilitares postulados ante Justicia y Paz, se está conociendo lo que sucedió en las regiones durante casi diez años de dominio de los grupos armados de autodefensa.
También llevaban una contabilidad de distribución de esos ingresos, correspondiendo la mayor parte a los seis frentes del Cesar, que recibían más de 239 millones de pesos; los siete frentes del Magdalena, más de 76 millones y los de la Guajira casi 133 millones de pesos. Al frente José Pablo Díaz del Atlántico no le giraban.
Estos ingresos daban para la manutención del Bloque Norte y sus 16 frentes, que incluía pago de salarios y una diversidad de gastos de transporte, gasolina, viáticos, municiones y sobornos, entre otros.
A manera de ejemplo, hay documentos del pacto entre los aspirantes a Senado y Cámara por el Magdalena, Dieb Maloof, Jorge Castro, José Gamarra y Gustavo Orozco Jaraba, fue suscrito también por los alcaldes titulares de Pivijay, San Ángel, Algarrobo, Zapayán, Remolino, Chivolo, Salamina y Ariguaní. En ese pacto firmado el 21 de noviembre de 2001 se establece que los votos de la provincia serán para José Gamarra, quien los endosará a Maloof. Según el acuerdo, éste debe conseguir recursos de inversión social y deberá dar participación burocrática a sus socios del Magdalena de manera equitativa.
También revelan documentos y los testimonios de los ex paramilitares que en los municipios de la Zona Bananera, Fundación, Ciénaga, El Retén, Pueblo Viejo y Aracataca en Magdalena, el ex paramilitar “Carlos Tijeras” hizo pactos con los senadores Salomón Saade, Luis Eduardo Vives, Dieb Maloof y Flor Gnecco y los representantes a la Cámara Alfonso Campo, Jorge Caballero y José Gamarra para que apoyaran financieramente al Frente a través de las finanzas de los municipios y la contratación y suministro de los hospitales donde ellos tenían influencia y cuotas políticas. Los jefes políticos se comprometieron a que los alcaldes de la zona contribuirían con el impuesto y a cambio Tijeras les permitía hacer política en la zona. “Nosotros, dijo “Tijeras” en Justicia y Paz en su versión del pasado 24 de julio, nos metimos en la mitad y les dijimos que los directores de los hospitales tenían que pasar por el colador de la empresa (las AUC). Revisábamos las hojas de vida y les hacíamos entrevistas a los aspirantes. Teníamos que convivir: ellos conservaban sus cuotas políticas, se encargaban del parapeto de la meritocracia, pero se comprometían a menos burocracia, cero corbatas, nada de contratos chimbos y cero embargos arreglados. El cuarto compromiso era pagar el impuesto a la contratación, una ley obligatoria en los cuatro departamentos”.
El acuerdo entre políticos y paramilitares parece haber funcionado a la perfección, pues los políticos según los documentos hallados, se encargaban de los nombramientos y el manejo administrativo y los paramilitares “vigilábamos la gestión, los recursos, revisábamos las cuentas y los apretábamos para aconductarlos”, dijo Tijeras. Los paramilitares brindaban “protección y orden”, y los políticos veían la forma de darle presentación legal.
Pero los ingresos gruesos de la organización no están reportados en esta contabilidad, pues provenían del negocio del narcotráfico. En Atlántico funcionaba un frente que rendía cuentas a Jorge 40 y cuya jurisdicción iba desde la salida de Cartagena hacia Barranquilla hasta el muelle donde queda el muelle de la Drummond en Ciénaga, Magdalena. Hace tres semanas ante una fiscal de Justicia y Paz, el ex comandante de éste grupo, Miguel Villarreal Archila, alias Salomón, dijo que cobraron a varios carteles del narcotráfico impuestos por 100 toneladas de cocaína anuales durante tres años, a razón de 50 dólares por kilo. El grupo de Salomón puede haber recaudado por impuestos de embarque cobrado a los narcotraficantes más de 30 mil millones de pesos en tres años, los cuales eran entregados al ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias Jorge 40.
Semanas antes de ser extraditado, Nodier Giraldo, alias “el cabezón” , comandante de finanzas del Resistencia Tayrona, había dicho que entre el 2002 y el 2005 las fincas y el comercio rural del Magdalena habían pagado 1.450 millones de pesos; el comercio de Santa Marta había aportado 13.250 millones de pesos; los contrabandistas de gasolina e insumos químicos habían aportado en diez años (1995 – 2005), 23.640 millones y por el impuesto de embarque de más de 170 toneladas de cocaína entre 2005 y 2006, la suma de 17 mil millones de pesos, el 60 por ciento de los cuales fueron entregados por el Frente Resistencia Tayrona a Jorge 40, comandante del Bloque Norte.
Entre Salomón y el Resistencia Tayrona, recaudaron en tres años por concepto del impuesto del embarque de narcotráfico aproximadamente 47 mil millones de pesos; esto es alrededor de una quinta parte de los impuestos legales que se recaudan anualmente en una ciudad como Barranquilla.
La existencia de esta red de contratación del Bloque Norte dedicada a llevar el registro de los ingresos que la organización obtenía por el cobro de impuestos a entidades públicas, revela de manera escandalosa hasta dónde fueron capaces los jefes de las Auc de infiltrar al Estado y capturar sus rentas. Todos estos hechos ocurrieron con la complicidad de autoridades de policía, jueces, fiscales, agentes de organismos como el DAS y la SIJIN. Cientos de alcaldes, gerentes de hospitales, secretarios de alcaldías, contralores, personeros, concejales, empresarios y contratistas, hicieron parte de delitos como concierto para delinquir, concusión y cohecho. Los fiscales de Justicia y Paz han empezado a compulsar copias para que los fiscales anticorrupción y la Procuraduría empiecen también investigaciones que permitan sancionar disciplinaria y penalmente a los responsables.
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Al reconstruir la contabilidad encontrada en una finca de Jorge 40, se descubrió que entre paramilitares y políticos se repartían el 10 por ciento de un impuesto que cobraban a la contratación municipal y departamental, a las administradoras del régimen subsidiado y a los proveedores. Estarían por abrirse cientos de investigaciones disciplinarias y penales.
Por Tadeo Martínez, corresponsal de Semana en Barranquilla
Fecha: 08/25/2008 -
En cuatro meses del año 2004 el Bloque Norte de las AUC tuvo ingresos reportados en su contabilidad por valor de 989 millones de pesos. Esos dineros provenían de un impuesto que cobraban a la contratación pública de 101 municipios y cuatro departamentos a las Administradoras del Régimen Subsidiado y a los proveedores. Esa contabilidad está registrada en un libro que se llamaba la “Red de Contratación”, un sistema que tenía como objetivo evitar que los “comandantes militares de frente”, en complicidad con los “comandantes financieros”, se quedaran con los recursos que las diferentes entidades territoriales tributaban al Bloque Norte.
Toda esta información de la contabilidad de Jorge 40 fue encontrada en un allanamiento que realizaron las autoridades en una finca del ex jefe paramilitar en San Ángel que sirvió de base al Bloque Norte de las Auc. Allí las autoridades de policía judicial y la Fiscalía encontraron abundante información sobre las finanzas del Bloque Norte y las relaciones entre las autoridades en los cuatros departamentos con el grupo paramilitar comandando por Tovar.
En marzo de 2002 Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, creó un grupo de trabajo al que llamó la Red de Contratación porque la plata que se recogía por diferentes conceptos en La Guajira, El Cesar, Magdalena y Atlántico, no llegaba completa a su “tesorería”. Esa red estuvo funcionando durante casi cuatro años, entre 2002 y 2006, cuando el Bloque Norte se desmovilizó en La Mesa y Chimila, Cesar.
Una planilla del "ministerio de Hacienda" de Jorge 40
Los miembros de la red sostenían reuniones periódicas y a ellas asistían los comandantes de los frentes con el “tesorero”, un hombre de confianza de Jorge 40 encargado de auditar estas finanzas. La contabilidad tenía tres columnas; contratación, ARS y proveedores. Una cuarta columna contenía las diferentes zonas geográficas en los cuatro departamentos, tal y como estaban organizados los frentes.
El Cesar estaba dividido en cinco zonas: la zona 16, la Herradura, Zona 39, Zona de Danilo y la Zona de Alex. En el Magdalena había siete zonas que correspondían a los alias de los comandantes: Carlos Tijeras. Jose, Rafa, Codazzi, Eduardo, La Herradura y Chane. La Guajira sólo tenía dos zonas, la de Ramiro y la de 39; y en Atlántico operaba la de Don Antonio.
El departamento que más aportaba económicamente era Cesar. Según el reporte de los cuatro meses al que tuvo acceso SEMANA, entre mayo y agosto de 2004, los cinco frentes del Cesar reportaron en total casi 560 millones de pesos (exactamente 557.197.741); seguido por la Guajira con 206 millones ($206.562.201); Magdalena con 205 millones ($205.562.201) y Atlántico con 10 millones de pesos. Llama la atención los pocos ingresos reportados por el frente de Atlántico, comandado por alias Don Antonio, pues en las finanzas halladas en el computador de Jorge 40 había registrados ingresos mensuales superiores a 45 millones de pesos. También hay que decir que con esos ingresos pagaban la nómina de sicarios y otros gastos. Además de acuerdo con la versión del propio “Don Antonio” ante Justicia y Paz, sólo Sitionuevo reportó en 2004, 120 millones de pesos que no se reflejan en ese registro.
Además de las reuniones que sostenía periódicamente el “tesorero de la empresa” (las AUC), con los comandantes de frentes, estos también organizaban reuniones con los alcaldes, concejales, diputados, senadores, representantes y gobernadores. En esas reuniones se repartían las utilidades concertadas de la siguiente manera sobre el 10 por ciento del valor total de un contrato: 3.33 por ciento para el frente que la reporta; 3.33 por ciento para el alcalde, gobernador, parlamentario, diputado o concejal que así lo exigiera; 1 por ciento para los tesoreros municipales, departamentales o de la entidad territorial (llámese hospital, organismo descentralizado, corporaciones ambientales etc) que les colaboraban, pues gracias a la información que suministraban los tesoreros se sabía qué contratos se iban a pagar; y el 2.33 por ciento para la Red de Contratación, que a su vez la reportaba a la organización. En total, el 5.6 por ciento del impuesto se quedaba en manos de las autodefensas.
En los documentos hallados también hay referencias a la inconveniencia del Puerto de Palermo y al manejo de tierras por parte de Incoder, una especie de glosas sobre proyectos y entregas de tierras. Un gran número de fiscales y jueces han comenzado a solicitar esta información como prueba, para diferentes procesos en los que están involucrados funcionarios de las entidades territoriales. En otros casos y ante las revelaciones que están haciendo los paramilitares postulados ante Justicia y Paz, se está conociendo lo que sucedió en las regiones durante casi diez años de dominio de los grupos armados de autodefensa.
También llevaban una contabilidad de distribución de esos ingresos, correspondiendo la mayor parte a los seis frentes del Cesar, que recibían más de 239 millones de pesos; los siete frentes del Magdalena, más de 76 millones y los de la Guajira casi 133 millones de pesos. Al frente José Pablo Díaz del Atlántico no le giraban.
Estos ingresos daban para la manutención del Bloque Norte y sus 16 frentes, que incluía pago de salarios y una diversidad de gastos de transporte, gasolina, viáticos, municiones y sobornos, entre otros.
A manera de ejemplo, hay documentos del pacto entre los aspirantes a Senado y Cámara por el Magdalena, Dieb Maloof, Jorge Castro, José Gamarra y Gustavo Orozco Jaraba, fue suscrito también por los alcaldes titulares de Pivijay, San Ángel, Algarrobo, Zapayán, Remolino, Chivolo, Salamina y Ariguaní. En ese pacto firmado el 21 de noviembre de 2001 se establece que los votos de la provincia serán para José Gamarra, quien los endosará a Maloof. Según el acuerdo, éste debe conseguir recursos de inversión social y deberá dar participación burocrática a sus socios del Magdalena de manera equitativa.
También revelan documentos y los testimonios de los ex paramilitares que en los municipios de la Zona Bananera, Fundación, Ciénaga, El Retén, Pueblo Viejo y Aracataca en Magdalena, el ex paramilitar “Carlos Tijeras” hizo pactos con los senadores Salomón Saade, Luis Eduardo Vives, Dieb Maloof y Flor Gnecco y los representantes a la Cámara Alfonso Campo, Jorge Caballero y José Gamarra para que apoyaran financieramente al Frente a través de las finanzas de los municipios y la contratación y suministro de los hospitales donde ellos tenían influencia y cuotas políticas. Los jefes políticos se comprometieron a que los alcaldes de la zona contribuirían con el impuesto y a cambio Tijeras les permitía hacer política en la zona. “Nosotros, dijo “Tijeras” en Justicia y Paz en su versión del pasado 24 de julio, nos metimos en la mitad y les dijimos que los directores de los hospitales tenían que pasar por el colador de la empresa (las AUC). Revisábamos las hojas de vida y les hacíamos entrevistas a los aspirantes. Teníamos que convivir: ellos conservaban sus cuotas políticas, se encargaban del parapeto de la meritocracia, pero se comprometían a menos burocracia, cero corbatas, nada de contratos chimbos y cero embargos arreglados. El cuarto compromiso era pagar el impuesto a la contratación, una ley obligatoria en los cuatro departamentos”.
El acuerdo entre políticos y paramilitares parece haber funcionado a la perfección, pues los políticos según los documentos hallados, se encargaban de los nombramientos y el manejo administrativo y los paramilitares “vigilábamos la gestión, los recursos, revisábamos las cuentas y los apretábamos para aconductarlos”, dijo Tijeras. Los paramilitares brindaban “protección y orden”, y los políticos veían la forma de darle presentación legal.
Pero los ingresos gruesos de la organización no están reportados en esta contabilidad, pues provenían del negocio del narcotráfico. En Atlántico funcionaba un frente que rendía cuentas a Jorge 40 y cuya jurisdicción iba desde la salida de Cartagena hacia Barranquilla hasta el muelle donde queda el muelle de la Drummond en Ciénaga, Magdalena. Hace tres semanas ante una fiscal de Justicia y Paz, el ex comandante de éste grupo, Miguel Villarreal Archila, alias Salomón, dijo que cobraron a varios carteles del narcotráfico impuestos por 100 toneladas de cocaína anuales durante tres años, a razón de 50 dólares por kilo. El grupo de Salomón puede haber recaudado por impuestos de embarque cobrado a los narcotraficantes más de 30 mil millones de pesos en tres años, los cuales eran entregados al ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias Jorge 40.
Semanas antes de ser extraditado, Nodier Giraldo, alias “el cabezón” , comandante de finanzas del Resistencia Tayrona, había dicho que entre el 2002 y el 2005 las fincas y el comercio rural del Magdalena habían pagado 1.450 millones de pesos; el comercio de Santa Marta había aportado 13.250 millones de pesos; los contrabandistas de gasolina e insumos químicos habían aportado en diez años (1995 – 2005), 23.640 millones y por el impuesto de embarque de más de 170 toneladas de cocaína entre 2005 y 2006, la suma de 17 mil millones de pesos, el 60 por ciento de los cuales fueron entregados por el Frente Resistencia Tayrona a Jorge 40, comandante del Bloque Norte.
Entre Salomón y el Resistencia Tayrona, recaudaron en tres años por concepto del impuesto del embarque de narcotráfico aproximadamente 47 mil millones de pesos; esto es alrededor de una quinta parte de los impuestos legales que se recaudan anualmente en una ciudad como Barranquilla.
La existencia de esta red de contratación del Bloque Norte dedicada a llevar el registro de los ingresos que la organización obtenía por el cobro de impuestos a entidades públicas, revela de manera escandalosa hasta dónde fueron capaces los jefes de las Auc de infiltrar al Estado y capturar sus rentas. Todos estos hechos ocurrieron con la complicidad de autoridades de policía, jueces, fiscales, agentes de organismos como el DAS y la SIJIN. Cientos de alcaldes, gerentes de hospitales, secretarios de alcaldías, contralores, personeros, concejales, empresarios y contratistas, hicieron parte de delitos como concierto para delinquir, concusión y cohecho. Los fiscales de Justicia y Paz han empezado a compulsar copias para que los fiscales anticorrupción y la Procuraduría empiecen también investigaciones que permitan sancionar disciplinaria y penalmente a los responsables.
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