Diez años desaparecidos en la sierra
Bajo un espeso bosque de la Sierra Nevada de Santa Marta, un equipo judicial de Justicia y Paz encontró, por fin, los restos de tres jóvenes asesinados por los paramilitares en 1998. Para lograrlo fueron necesarios, un helicóptero, varios guías y más de 120 excavaciones.
Por Tadeo Martinez, corresponsal de Semana en la costa caribe
Fecha: 08/22/2008 -
Eduardo Andrés Delgado Torres, un bogotano estudiante de biología de 22 años; José "Pipo" Hidalgo, un samario dedicado al turismo ecológico y Marco Micheletti, un italiano interesado en conocer las condiciones de los cultivos de moras y frambuesas en la Sierra Nevada de Santa Marta, desaparecieron en julio de 1998 y nunca más sus familiares y amigos volvieron a saber de ellos.
Hasta que el pasado viernes 15 de agosto la coordinadora de la seccional de Justicia y Paz, fiscal Zenaida López, y un equipo de 14 funcionarios de la Fiscalía y el CTI encontraron en dos fosas, a 1.900 metros de altura, los restos óseos de los tres jóvenes.
Según las versiones de los familiares dadas a la Fiscalía, los tres muchachos se encontraban en la finca Miraflores de propiedad de la familia Delgado. Eduardo Andrés estaba esperando la admisión de una universidad en el exterior donde continuaría sus estudios en biología y el italiano Marco Micheletti estaba interesado en invertir en cultivos de frutas.
Las pistas sobre el crimen y la desaparición comenzaron a despejarse hace pocas semanas, cuando compareció ante Justicia y Paz, Rigoberto Rojas, conocido con el alias de "Rigo", quien aceptó los cargos de desaparición forzada y homicidio en persona protegida, con el argumento de que los tres jóvenes eran simpatizantes del Eln. Hace un año la madre de uno de los tres muchachos se había entrevistado con la fiscal Zenaida López y le había pedido encarecidamente que buscaran a su hijo y a sus amigos.
La población más cerca de la finca de la familia Delgado es Minca y es una zona fría en la que durante años han convivido las etnias indígenas con los grupos armados. A "Pipo" Hidalgo lo conocían porque se dedicaba al turismo ecológico en la Sierra Nevada. Entre los tres existía una estrecha amistad y Michelletti, era novio de una hermana de Hidalgo.
El año en que desaparecieron Delgado, Hidalgo y Michelletti, la zona era patrullada por hombres armados al mando del exparamilitar Rigoberto Rojas, hijo de Adán "El negro" Rojas, miembros ambos de una familia que venía de Tolima y se estableció en La Sierra Nevada a finales de los años sesenta. El "negro" Adán y su banda echaron raíces en la región, son temidos y han sido crueles y sanguinarios. Han estado al servicio del mejor postor, narcotráfico y paramilitares. La mayoría de los miembros de la familia hoy están presos, pero uno de ellos, Víctor Rojas, conocido con el alias de "Jagui", comanda un grupo de emergentes en la frontera entre Córdoba y Antioquia y lo señalan como el posible autor de las masacres ocurridas en Tierralta, Puerto Libertador y Valencia en Córdoba.
Después de la información dada por alias "Rigo", comenzó la preparación de la comisión que adelantaría la búsqueda de dos fosas a 1.799 metros sobre el nivel del mar. El equipo se trasladó a Santa Marta y desde la brigada partieron en la madrugada del martes 12 de agosto en helicóptero. Iban preparados para dos días máximo, pero hacer cálculos en la búsqueda de desaparecidos es imposible.
Las pistas dadas por el exparamilitar y las orientaciones de los guías, eran pocas. El primer y segundo día, fueron fallidos. Tuvieron que enviar por otro guía que al parecer sabía de la existencia de unas posibles fosas porque había pasado por una zona donde la tierra estaba removida y habían tumbado unos árboles. En total, a la comisión de exhumaciones de la fiscalía la acompañaron cuatro guías. Pero en diez años la tierra se sienta y donde no había árboles hoy había un bosque.
Después de abrir 48 huecos aparecieron los primeros restos, unas botas pantaneras y un termo verde. Luego una camiseta GAP y otras prensa de vestir. Las fosas estaban bajo un frondoso bosque joven, verde y frío, en una ladera. Difícil de encontrar. En esa fosa hallaron un cuerpo, tendrían que abrir el jueves y viernes otras 85 veces la tierra para encontrar los otros dos cuerpos. En una fosa había dos restos más. La primera sepultura estaba a 75 centímetros y la segunda a 95 centímetros.
Hallaron los documentos, cédulas, licencias de conducir y carné de buzo de alguno de ellos. "es como buscar una aguja en una pajar", dice la fiscal Zenaida López. El suelo, dice, es muy blando. "Las pistas que nos habían dado estaban ocultas por la vegetación".
La mañana que desaparecieron, el 11 de junio de 1998, "Pipo" Hidalgo había llamado a su hermana para decirle que iban para Minca. Al día siguiente, al no saber de ellos, subió y encontró la mesa tal y como la habían dejado el día anterior, los platos y vasos del último desayuno sin recoger.
Los Rojas patrullaban entre Bonda y Masinga, una zona en la que también había presencia del Eln. Los tres jóvenes estaban preocupados porque cerca de donde ellos estaban un grupo de hombres estaban talando el bosque.
sábado, 30 de agosto de 2008
Investigacion
El roscograma de la tierra en Colombia
La restitución de tierras a los desplazados es un elemento clave en la reparación a las víctimas del conflicto. Sin embargo, el Estado ha desvirtuado este modelo de acceso a la tierra premiando el interés particular, por sobre el general, según revela una investigación que presentó este jueves la senadora liberal Cecilia López.
Por César Paredes, periodista de Semana.com
Fecha: 08/22/2008 -
“Carimagua, un modelo desplazador”, es el nombre de la investigación hecha por la senadora del partido liberal Cecilia López, que revive el debate del acceso a la tierra en Colombia, y que fue presentado este jueves ante el Congreso. La investigación surgió del debate público que causó la entrega por parte del gobierno de tierras de una hacienda de ese nombre en el Meta a cultivadores privados de palma, en febrero pasado. Esas tierras habían sido prometidas antes a varias familias de campesinos desplazados.
En esa ocasión el gobierno se defendió con el argumento de que las tierras no eran aptas para el cultivo y que entregarlas en concesión al sector privado garantizaría la generación de empleo para los mismos desplazados. Pero se conoció que detrás del negocio de Carimagua había personas cercanas al Ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga y al coordinador de Acción Social, Luis Alfonso Hoyos con intereses personales y menos nobles que defender los derechos de los desplazados.
En la propuesta que el gobierno estuvo a punto de aceptar para entregar los predios a los palmeros participó una empresa de nombre Sapuga, de la cual uno de los miembros es Mario Escobar Aristizabal, tío del Ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga. Escobar Aristizabal también habría financiado campañas políticas de Luis Alfonso Hoyos Aristizabal, actual coordinador de Acción Social, según la investigación. La otra empresa interesada en el negocio fue Palmasol, donante de la campaña de Uribe.
Lea el documento completo: Carimagua, modelo desplazador
La indignación llegó a tal punto que sectores de la oposición convocaron a un debate para pedir la moción de censura al Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias.
En el capítulo “El debate sobre Carimagua”, la investigación se vale del emblemático caso de la hacienda que iba a ser entregada a los privados para hablar de los problemas que enfrentan los desplazados quienes tienen que abandonar sus tierras, y de la floja respuesta institucional de este gobierno. El estudio reseña como durante este gobierno el sector rural solo ha crecido una tercera parte del índice de crecimiento económico general del país, lo que demuestra el abandono del Estado a este sector económico.
Sin embargo advierte que no se trata de la discusión de la gestión del actual Ministro de Agricultura, sino de un debate más profundo: “es sobre el modelo de desarrollo que estamos (los colombianos) construyendo”.
En la investigación hecha por la senadora liberal y un equipo de investigadores, se pone en primer plano la falta de una política rural seria y se denuncia el histórico problema de la falta de una reforma agraria para permitir el acceso a la explotación de la tierra a los campesinos. En todos los momentos históricos, el Estado figura como actor determinante en el futuro de la tierra.
“Violencia y tierra han sido una dupla perturbadora desde los inicios de la nacionalidad y hoy vuelven a estar en el centro del conflicto. Entre cuatro y seis millones de hectáreas arrebatadas por la fuerza a tres millones de desplazados dan fe de la dramática situación que se vive actualmente el país, realidad que constituye una crisis humanitaria de diversas proporciones”, dice en síntesis el estudio en el capítulo que lleva por nombre: “La triste historia de la Tierra”.
En la última parte de este capítulo, la investigación alude a la última “contrarreforma agraria”, refiriéndose a las alianzas de narcotraficantes y paramilitares que terminó por agudizar el problema de la violencia rural, y por ratificar la tesis de que la tenencia de la tierra ha ido de la mano de la utilización de la violencia y del favorecimiento del interés particular por sobre el general.
La investigación pone de relieve el drama de los desplazados, cuya cantidad continúa ubicando al país en el deshonroso primer lugar de la lista de países con mayor número de personas que han tenido que dejar sus tierras a causa del conflicto. Recuerda que el Estado colombiano tiene la responsabilidad constitucional de garantizar la protección de sus derechos. Para esto cita tres fallos de la Corte Constitucional. Uno de ellos dice: “las autoridades están obligadas -por los medios que estimen conducentes – a corregir las visibles desigualdades sociales, a facilitar la inclusión y participación de sectores débiles, marginados y vulnerables de la población en la vida económica y social de la nación, y a estimular un mejoramiento progresivo de las condiciones materiales de existencia de los sectores más deprimidos de la sociedad”.
“Ante esto, ¿cómo respondió el gobierno?”, se pregunta la senadora Cecilia López en la investigación y procede a contar cómo fue que el gobierno en 2004, con apoyo de otros países y organismos internacionales planeó un proyecto ambiental de gran calado en la hacienda Carimagua, que pretendía beneficiar a desplazados y campesinos de la región, y después pretendió cambiar su destino para entregarlo en manos de particulares.
El documento incluye un“roscograma” (palabra acuñada por el propio presidente Álvaro Uribe para referirse al clientelismo en las instituciones del Estado) que da cuenta de quienes eran los principales beneficiados del proyecto que se pretendía llevar a cabo en la hacienda: personas cercanas al Presidente, entre ellos dos donantes de su campaña y familiares de miembros de su gabinete.
La investigación lista los documentos que demuestran que la tierra sí es viable para el cultivo, que sí se le había prometido a los desplazados y que sí había un proyecto ambiental para integrarla en los mercados verdes del mundo. Así rebate los argumentos con los que el gobierno pretendió justificar su decisión, y que según el estudio fueron “mentiras” de las que se valió para no cumplir con el proyecto inicial.
La investigación cuestiona la premisa de que son los grandes empresarios los ejes del desarrollo y los desplazados son “minusválidos productivos”. Y resalta que el 95 por ciento de los recursos del programa Agro Ingreso Seguro, consistente en subsidios del gobierno dedicados al sector agrícola, se entregan a grandes y medianos empresarios y sólo el 3 y el 4 por ciento se entregan a pequeños campesinos. En este punto concluye que a los desplazados el gobierno les exige requisitos incumplibles, “que impiden un real acceso a la tierra, en este caso, a subsidios”.
Finalmente, la investigación propone una salida de fondo a la situación humanitaria que atraviesan los desplazados aduciendo que “si la pérdida de la tierra por la violencia ha sido la causa más importante del desplazamiento, el acceso a la misma debe ser parte sustantiva de la solución”. Para esto, López asegura que son imprescindibles dos condiciones: que haya paz en el campo y que se lleve a cabo un verdadero proceso de modernización de la producción rural, “que no se puede limitar a la expansión de las llamadas islas de modernidad, como las flores y la palma de aceite entre otras opciones, que hoy se mezclan con las precarias agricultura y ganadería campesinas”.
www.semana.com
El roscograma de la tierra en Colombia
La restitución de tierras a los desplazados es un elemento clave en la reparación a las víctimas del conflicto. Sin embargo, el Estado ha desvirtuado este modelo de acceso a la tierra premiando el interés particular, por sobre el general, según revela una investigación que presentó este jueves la senadora liberal Cecilia López.
Por César Paredes, periodista de Semana.com
Fecha: 08/22/2008 -
“Carimagua, un modelo desplazador”, es el nombre de la investigación hecha por la senadora del partido liberal Cecilia López, que revive el debate del acceso a la tierra en Colombia, y que fue presentado este jueves ante el Congreso. La investigación surgió del debate público que causó la entrega por parte del gobierno de tierras de una hacienda de ese nombre en el Meta a cultivadores privados de palma, en febrero pasado. Esas tierras habían sido prometidas antes a varias familias de campesinos desplazados.
En esa ocasión el gobierno se defendió con el argumento de que las tierras no eran aptas para el cultivo y que entregarlas en concesión al sector privado garantizaría la generación de empleo para los mismos desplazados. Pero se conoció que detrás del negocio de Carimagua había personas cercanas al Ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga y al coordinador de Acción Social, Luis Alfonso Hoyos con intereses personales y menos nobles que defender los derechos de los desplazados.
En la propuesta que el gobierno estuvo a punto de aceptar para entregar los predios a los palmeros participó una empresa de nombre Sapuga, de la cual uno de los miembros es Mario Escobar Aristizabal, tío del Ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga. Escobar Aristizabal también habría financiado campañas políticas de Luis Alfonso Hoyos Aristizabal, actual coordinador de Acción Social, según la investigación. La otra empresa interesada en el negocio fue Palmasol, donante de la campaña de Uribe.
Lea el documento completo: Carimagua, modelo desplazador
La indignación llegó a tal punto que sectores de la oposición convocaron a un debate para pedir la moción de censura al Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias.
En el capítulo “El debate sobre Carimagua”, la investigación se vale del emblemático caso de la hacienda que iba a ser entregada a los privados para hablar de los problemas que enfrentan los desplazados quienes tienen que abandonar sus tierras, y de la floja respuesta institucional de este gobierno. El estudio reseña como durante este gobierno el sector rural solo ha crecido una tercera parte del índice de crecimiento económico general del país, lo que demuestra el abandono del Estado a este sector económico.
Sin embargo advierte que no se trata de la discusión de la gestión del actual Ministro de Agricultura, sino de un debate más profundo: “es sobre el modelo de desarrollo que estamos (los colombianos) construyendo”.
En la investigación hecha por la senadora liberal y un equipo de investigadores, se pone en primer plano la falta de una política rural seria y se denuncia el histórico problema de la falta de una reforma agraria para permitir el acceso a la explotación de la tierra a los campesinos. En todos los momentos históricos, el Estado figura como actor determinante en el futuro de la tierra.
“Violencia y tierra han sido una dupla perturbadora desde los inicios de la nacionalidad y hoy vuelven a estar en el centro del conflicto. Entre cuatro y seis millones de hectáreas arrebatadas por la fuerza a tres millones de desplazados dan fe de la dramática situación que se vive actualmente el país, realidad que constituye una crisis humanitaria de diversas proporciones”, dice en síntesis el estudio en el capítulo que lleva por nombre: “La triste historia de la Tierra”.
En la última parte de este capítulo, la investigación alude a la última “contrarreforma agraria”, refiriéndose a las alianzas de narcotraficantes y paramilitares que terminó por agudizar el problema de la violencia rural, y por ratificar la tesis de que la tenencia de la tierra ha ido de la mano de la utilización de la violencia y del favorecimiento del interés particular por sobre el general.
La investigación pone de relieve el drama de los desplazados, cuya cantidad continúa ubicando al país en el deshonroso primer lugar de la lista de países con mayor número de personas que han tenido que dejar sus tierras a causa del conflicto. Recuerda que el Estado colombiano tiene la responsabilidad constitucional de garantizar la protección de sus derechos. Para esto cita tres fallos de la Corte Constitucional. Uno de ellos dice: “las autoridades están obligadas -por los medios que estimen conducentes – a corregir las visibles desigualdades sociales, a facilitar la inclusión y participación de sectores débiles, marginados y vulnerables de la población en la vida económica y social de la nación, y a estimular un mejoramiento progresivo de las condiciones materiales de existencia de los sectores más deprimidos de la sociedad”.
“Ante esto, ¿cómo respondió el gobierno?”, se pregunta la senadora Cecilia López en la investigación y procede a contar cómo fue que el gobierno en 2004, con apoyo de otros países y organismos internacionales planeó un proyecto ambiental de gran calado en la hacienda Carimagua, que pretendía beneficiar a desplazados y campesinos de la región, y después pretendió cambiar su destino para entregarlo en manos de particulares.
El documento incluye un“roscograma” (palabra acuñada por el propio presidente Álvaro Uribe para referirse al clientelismo en las instituciones del Estado) que da cuenta de quienes eran los principales beneficiados del proyecto que se pretendía llevar a cabo en la hacienda: personas cercanas al Presidente, entre ellos dos donantes de su campaña y familiares de miembros de su gabinete.
La investigación lista los documentos que demuestran que la tierra sí es viable para el cultivo, que sí se le había prometido a los desplazados y que sí había un proyecto ambiental para integrarla en los mercados verdes del mundo. Así rebate los argumentos con los que el gobierno pretendió justificar su decisión, y que según el estudio fueron “mentiras” de las que se valió para no cumplir con el proyecto inicial.
La investigación cuestiona la premisa de que son los grandes empresarios los ejes del desarrollo y los desplazados son “minusválidos productivos”. Y resalta que el 95 por ciento de los recursos del programa Agro Ingreso Seguro, consistente en subsidios del gobierno dedicados al sector agrícola, se entregan a grandes y medianos empresarios y sólo el 3 y el 4 por ciento se entregan a pequeños campesinos. En este punto concluye que a los desplazados el gobierno les exige requisitos incumplibles, “que impiden un real acceso a la tierra, en este caso, a subsidios”.
Finalmente, la investigación propone una salida de fondo a la situación humanitaria que atraviesan los desplazados aduciendo que “si la pérdida de la tierra por la violencia ha sido la causa más importante del desplazamiento, el acceso a la misma debe ser parte sustantiva de la solución”. Para esto, López asegura que son imprescindibles dos condiciones: que haya paz en el campo y que se lleve a cabo un verdadero proceso de modernización de la producción rural, “que no se puede limitar a la expansión de las llamadas islas de modernidad, como las flores y la palma de aceite entre otras opciones, que hoy se mezclan con las precarias agricultura y ganadería campesinas”.
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'Uribe debería decir a sus amigos que no desea un tercer período', dice 'The New York Times'
"Si cambia la Constitución para que pueda permanecer (en el poder), empañará su legado y debilitará el sistema de pesos y contrapesos, esenciales para la democracia colombiana", dice su editorial.
'The New York Times' reconoce los aciertos de Álvaro Uribe, pero dice que ha mostrado poco respecto por las instituciones de la democracia colombiana.
"La región necesita una democracia que se afinque en instituciones fuertes. Lo que no necesita son más hombres fuertes, sin importar lo populares que sean o lo indispensables que se sientan. Uribe debe dejar claro ya que este será su último período. Si lo hace será recordado como el líder que sacó a Colombia del precipicio y lo puso en la ruta de la paz.
El editorial menciona como la semana pasada sus seguidores terminaron el proceso de recolectar 5 millones de firmas para solicitar un referendo que permita modificar la Constitución, que actualmente solo permite un segundo período.
El Times reconoce que bajo Uribe se han dado importantes pasos en la lucha contra las Farc y la violencia, pero cuestiona sus ataques contra la Corte Suprema de Justicia y reformas propuestas por su gobierno que buscan sacar de la jurisdicción de la Corte las investigaciones que conciernen a la "parapolítica".
El editorial del Times llega un día después que se anunciara el viaje del presidente a la capital estadounidense para insistir en la aprobación del Tratado de Libre Comercio.
De acuerdo con Michel Shifter, del Diálogo Interamericano, es muy probable que el tema de su reelección sea parte de las discusiones durante su vista, prevista para el 17 de septiembre.
De hecho, y ya con el sol en la espalda, el gobierno colombiano lanzará a lo largo de septiembre toda una nueva ofensiva en Washington para tratar de convencer al Congreso estadounidense que apruebe el TLC que se firmó entre ambos países así casi dos años pero que aún está pendiente la ratificación legislativa.
Junto a Uribe, que estará durante cuatro días en la ciudad, llegarán varios ministros al igual que representantes de gremios, empresas, y sindicatos.
La estrategia, que había anunciada hace casi 15 días, prevé una virtual "toma del Congreso" a partir del 6 de septiembre y hasta finales de ese mes.
El momento es clave para la suerte del TLC pues se trata de las tres últimas semanas de actividad legislativa antes de que el Congreso concluya sus sesiones regulares para el 2008 y el país enteró fije su atención en las elecciones de noviembre, cuando se escogerá a un nuevo presidente, y se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.
Según Shifter, no obstante, la gira no llega en el mejor momento pues los legisladores están con un ojo puesto en las elecciones y el otro el culminar la actividad legislativa pendiente. Además, se sabe, los demócratas han dejado claro que de momento se oponen a su aprobación y nadie espera que eso cambie en septiembre.
"Hay que admirar la tenacidad del gobierno colombiano, pero no creo que de mayores resultados. Antes podría ser contraproducente pues podría incomodar a algunos o forzarlos a dejar en claro su oposición", dice el analista.
La mayoría de expertos coincide en que el único chance del TLC es que sea aprobado después de las elecciones del 4 de noviembre, y si el Congreso convoca a sesiones extraordinarias. Algo que todavía es incierto.
El viaje de Uribe representa su regreso a Washington tras más de un año de ausencia. Su última visita fue durante el verano del 2007 cuando visitó la capital estadounidense dos veces en menos de un mes. Los dos viajes se vieron eclipsados por el escándalo de la para política, que por esos días estaba en pleno auge, y por la vehemente oposición demócrata al TLC.
En uno de ellos, de hecho, el actual candidato a la presidencia por el partido demócrata, Barack Obama, encabezó una dura carta en la que miembros del Senado le pedían cuentas a Uribe por la para política.
Tan regular le fue a Uribe que Argelino Garzón, gobernador del Valle que lo acompañó en la visita, dijo que el trato de los congresistas había sido "humillante".
También se recuerdan los apuros de Uribe para reunirse con la presidente del Congreso Nancy Pelosi.
Aunque la reunión se dio, la legisladora sacó un comunicado minutos después de concluido el encuentro en el que reiteraba su oposición al TLC y su preocupación por la muerte de sindicalistas y los entre paramilitares y congresistas.
El siguiente es el texto completo del editorial:
La decisión de Uribe
Uribe debería decirle a sus amigos que no desea un tercer período.
La semana pasada, copartidarios entregaron 5 millones de firmas para apoyar un referendo para modificar la Constitución que permita la segunda reelección de Álvaro Uribe. Colombia ya ha cambiado su Constitución una vez para que Uribe pudiera ser reelegido en el 2006.
Uribe ha hecho progresos importantes en una guerra contra las brutales guerrillas izquierdistas y ha frenado la implacable violencia de Colombia. Sus índices de aprobación han alcanzado el 90 por ciento luego de la audaz operación de rescate de rehenes de 'alto perfil' (en manos de la guerrilla). Pero ha mostrado poco respecto por las instituciones de la democracia colombiana.
Después de que la Corte Suprema comenzó a investigar docenas de sus aliados políticos por presuntos nexos con los paramilitares de derecha, (Uribe) acusó a la Corte de estar políticamente motivada. Ahora, ha propuesto reformas que eliminarían la juridicción de la Corte Suprema para investigar a miembros del Congreso.
Es improbable que el plan encuentre mucha resistencia. Partidos aliados de Uribe tienen una gran mayoría en el Congreso, y cerca de 50 de sus miembros están bajo investigación o han sido dentenidos en estos casos.
El vecindario de Colombia tiene demasiados líderes autoritarios. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, apalancado en su enorme popularidad, ha tomado el control de virtualmente cada aspecto de la vida política y económica de su país. Los votantes venezolanos inteligentemente bloquearon sus planes para la reelección indefinida. Los presidentes Evo Morales, de Bolivia, y Rafael Correa, de Ecuador, también están tratando de reformar sus constituciones para ser reelegidos.
La región necesita democracia, sustentada por instituciones fuertes. No necesita más hombres fuertes -no importa qué tan populares sean o qué tan indispensables se consideren. Uribe debería aclarar -ahora- que este será su último período. Si lo hace, será recordado como el líder que sacó a Colombia del precipició y la llevó por un camino hacia la paz. Si cambia la Constitución, de forma que pueda permanecer (en el poder), empañará su legado y debilitará el sistema de pesos y contrapesos que son esenciales a la democracia colombiana.
SERGIO GÓMEZ
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON
"Si cambia la Constitución para que pueda permanecer (en el poder), empañará su legado y debilitará el sistema de pesos y contrapesos, esenciales para la democracia colombiana", dice su editorial.
'The New York Times' reconoce los aciertos de Álvaro Uribe, pero dice que ha mostrado poco respecto por las instituciones de la democracia colombiana.
"La región necesita una democracia que se afinque en instituciones fuertes. Lo que no necesita son más hombres fuertes, sin importar lo populares que sean o lo indispensables que se sientan. Uribe debe dejar claro ya que este será su último período. Si lo hace será recordado como el líder que sacó a Colombia del precipicio y lo puso en la ruta de la paz.
El editorial menciona como la semana pasada sus seguidores terminaron el proceso de recolectar 5 millones de firmas para solicitar un referendo que permita modificar la Constitución, que actualmente solo permite un segundo período.
El Times reconoce que bajo Uribe se han dado importantes pasos en la lucha contra las Farc y la violencia, pero cuestiona sus ataques contra la Corte Suprema de Justicia y reformas propuestas por su gobierno que buscan sacar de la jurisdicción de la Corte las investigaciones que conciernen a la "parapolítica".
El editorial del Times llega un día después que se anunciara el viaje del presidente a la capital estadounidense para insistir en la aprobación del Tratado de Libre Comercio.
De acuerdo con Michel Shifter, del Diálogo Interamericano, es muy probable que el tema de su reelección sea parte de las discusiones durante su vista, prevista para el 17 de septiembre.
De hecho, y ya con el sol en la espalda, el gobierno colombiano lanzará a lo largo de septiembre toda una nueva ofensiva en Washington para tratar de convencer al Congreso estadounidense que apruebe el TLC que se firmó entre ambos países así casi dos años pero que aún está pendiente la ratificación legislativa.
Junto a Uribe, que estará durante cuatro días en la ciudad, llegarán varios ministros al igual que representantes de gremios, empresas, y sindicatos.
La estrategia, que había anunciada hace casi 15 días, prevé una virtual "toma del Congreso" a partir del 6 de septiembre y hasta finales de ese mes.
El momento es clave para la suerte del TLC pues se trata de las tres últimas semanas de actividad legislativa antes de que el Congreso concluya sus sesiones regulares para el 2008 y el país enteró fije su atención en las elecciones de noviembre, cuando se escogerá a un nuevo presidente, y se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.
Según Shifter, no obstante, la gira no llega en el mejor momento pues los legisladores están con un ojo puesto en las elecciones y el otro el culminar la actividad legislativa pendiente. Además, se sabe, los demócratas han dejado claro que de momento se oponen a su aprobación y nadie espera que eso cambie en septiembre.
"Hay que admirar la tenacidad del gobierno colombiano, pero no creo que de mayores resultados. Antes podría ser contraproducente pues podría incomodar a algunos o forzarlos a dejar en claro su oposición", dice el analista.
La mayoría de expertos coincide en que el único chance del TLC es que sea aprobado después de las elecciones del 4 de noviembre, y si el Congreso convoca a sesiones extraordinarias. Algo que todavía es incierto.
El viaje de Uribe representa su regreso a Washington tras más de un año de ausencia. Su última visita fue durante el verano del 2007 cuando visitó la capital estadounidense dos veces en menos de un mes. Los dos viajes se vieron eclipsados por el escándalo de la para política, que por esos días estaba en pleno auge, y por la vehemente oposición demócrata al TLC.
En uno de ellos, de hecho, el actual candidato a la presidencia por el partido demócrata, Barack Obama, encabezó una dura carta en la que miembros del Senado le pedían cuentas a Uribe por la para política.
Tan regular le fue a Uribe que Argelino Garzón, gobernador del Valle que lo acompañó en la visita, dijo que el trato de los congresistas había sido "humillante".
También se recuerdan los apuros de Uribe para reunirse con la presidente del Congreso Nancy Pelosi.
Aunque la reunión se dio, la legisladora sacó un comunicado minutos después de concluido el encuentro en el que reiteraba su oposición al TLC y su preocupación por la muerte de sindicalistas y los entre paramilitares y congresistas.
El siguiente es el texto completo del editorial:
La decisión de Uribe
Uribe debería decirle a sus amigos que no desea un tercer período.
La semana pasada, copartidarios entregaron 5 millones de firmas para apoyar un referendo para modificar la Constitución que permita la segunda reelección de Álvaro Uribe. Colombia ya ha cambiado su Constitución una vez para que Uribe pudiera ser reelegido en el 2006.
Uribe ha hecho progresos importantes en una guerra contra las brutales guerrillas izquierdistas y ha frenado la implacable violencia de Colombia. Sus índices de aprobación han alcanzado el 90 por ciento luego de la audaz operación de rescate de rehenes de 'alto perfil' (en manos de la guerrilla). Pero ha mostrado poco respecto por las instituciones de la democracia colombiana.
Después de que la Corte Suprema comenzó a investigar docenas de sus aliados políticos por presuntos nexos con los paramilitares de derecha, (Uribe) acusó a la Corte de estar políticamente motivada. Ahora, ha propuesto reformas que eliminarían la juridicción de la Corte Suprema para investigar a miembros del Congreso.
Es improbable que el plan encuentre mucha resistencia. Partidos aliados de Uribe tienen una gran mayoría en el Congreso, y cerca de 50 de sus miembros están bajo investigación o han sido dentenidos en estos casos.
El vecindario de Colombia tiene demasiados líderes autoritarios. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, apalancado en su enorme popularidad, ha tomado el control de virtualmente cada aspecto de la vida política y económica de su país. Los votantes venezolanos inteligentemente bloquearon sus planes para la reelección indefinida. Los presidentes Evo Morales, de Bolivia, y Rafael Correa, de Ecuador, también están tratando de reformar sus constituciones para ser reelegidos.
La región necesita democracia, sustentada por instituciones fuertes. No necesita más hombres fuertes -no importa qué tan populares sean o qué tan indispensables se consideren. Uribe debería aclarar -ahora- que este será su último período. Si lo hace, será recordado como el líder que sacó a Colombia del precipició y la llevó por un camino hacia la paz. Si cambia la Constitución, de forma que pueda permanecer (en el poder), empañará su legado y debilitará el sistema de pesos y contrapesos que son esenciales a la democracia colombiana.
SERGIO GÓMEZ
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON
Agosto 22 de 2008 - 1:20 p.m.
Ministro Fabio Valencia Cossio seguirá en su cargo a pesar del escándalo de su hermano
Grabaciones que vinculan a Guillermo Valencia Cossio, ex director de Fiscalías de Antioquia, con narcotraficante alias 'Don Mario' llevaron al Fiscal General Mario Iguarán a declararlo insubsistente.
El ministro dijo en rueda de prensa en el Palacio de Nariño que "yo respondo por mis actos y si alguien tiene que formular algo contra mi conducta, estoy dispuesto a responder. Pero no puedo responder por los actos de mi hermano, ni de nadie. Las responsabilidades penales son individuales".
"En relación con lo hechos por la investigación de la Fiscalía contra mi hermano Guillermo León, les digo que como familiar estoy apesadumbrado, lamento estas situación y también quiero decir que le hemos solicitado a él que diga toda la verdad y que afronte la consecuencias de su conducta y que tiene la instancia de los jueves y el debido proceso", agregó.
El ministro Valencia Cossio, al anunciar que el martes el Gobierno va a radicar los proyectos de reforma política y a la Justicia en el Congreso, reiteró que "estaré al margen de ese proceso porque a pesar de que ni la Justicia, ni la rama judicial, ni la Fiscalía están en el ambito del Ministerio del Interior, no depende del Ministerio. Por tratarse de personas cercanas a mí, me marginaré del proceso".
"Quería manifestar esta situación para reiterar que seguiré cumpliendo de una manera determinante mis funciones. No alterará para nada mi compromiso con el país y mi responsabilidad como Ministro, y, por lo tanto, seguiré cumpliendo mi deber", dijo.
Comunicado del jueves
Ayer, el ministro Valencia, emitió una declaración escrita de solo cuatro puntos en los que deploró los acontecimientos que llevaron a la salida de su hermano de la Fiscalía y luego admitió hablar con los reporteros solo para ratificar lo dicho en el escueto documento.
El Ministro, quien lidera en la actualidad reformas de la Justicia y a la política, dijo sentir "profundo dolor" por los acontecimientos.
El siguiente es el texto del comunicado del ministro Valencia Cossio:
Con profundo dolor de hermano estoy mirando el desarrollo de estos hechos.
Toda la familia le ha pedido a Guillermo León que se sustente en la verdad, aunque esa verdad le traiga consecuencias.
Como ministro del Interior y de la Justicia, apoyo totalmente a las autoridades judiciales que están estudiando los hechos y reitero mi indeclinable decisión de mantenerme al margen de este proceso.
Acataré y respetaré sin reservas el fallo de los jueces.
La senadora Cecilia López, a nombre del partido liberal, pidió la renuncia de Fabio Valencia.
"El ministro Valencia ha perdido autoridad para el manejo de la cartera. Debe renunciar por dignidad. Debe declararse impedido, es el Ministro más importante del Gabinete. Un problema familiar de este tamaño lo inhabilita, le resta la autoridad moral. No le veo espacio político para seguir en la cartera".
Hernán Andrade, presidente del Congreso, en declaraciones a la emisora 'La W', dijo que aunque la bancada conservadora apoya al ministo Fabio Valencia Cossio, debe ser el Presidente Álvaro Uribe quien maneje evalúe la situación, que calificó de muy grave, aunque pidió esperar a que las investigaciones terminen.
Gina Parody aseguró que el Ministro Valencia Cossio debería renunciar, pero reconoció que esta es una decisión muy personal. Agregó que la renuncia de Fabio Valencia Cossio será la discusión en el Congreso todos los días porque los debates de la reforma a la justicia girarán en torno a si el Ministro estaba impedido o no por la vinculación de su hermano con la Fiscalía y, ahora, con las investigaciones que se adelantan en su contra.
Parmenio Cuellar, senador del Polo Democrático, aseguró que aunque las culpas y las responsabilidades penales son personales, existe un concepto llamado responsabilidad política que aplica a los altos funcionario del Estado. Aunque el Ministro no tiene responsabilidad penal, es más importante la dignidad del Estado, tiene que retirarse.
Las grabaciones del escándalo
La revista Cambio reveló las grabaciones que enredan al ex director de Fiscalías de Medellín Guillermo Valencia Cossio con miembros de la red del narcotraficante Daniel Rendón Herrera, 'Don Mario'.
La misma decisión se tomó sobre Perla Dávila, jefe de Fiscalías en Córdoba, quien también aparece comprometida en el caso.
Hace dos semanas un fiscal antimafia pidió que se investigara a Valencia y a Dávila porque sus nombres aparecían con frecuencia en una serie de interceptaciones que la Fiscalía hacía contra la banda de 'Don Mario', una organización que desde hace más de tres años se dedicó al envío de estupefacientes a Estados Unidos y Europa.
Precisamente, hace dos años, tras la captura en Alemania de tres colombianos, las autoridades de ambos países empezaron a seguirle la pista a esta red.
En el expediente también aparece el general Marco Antonio Pedreros, comandante de la Regional 6 de Policía, que tiene jurisdicción en Antioquia y Córdoba. La Fiscalía también ordenó revisar su caso. Fuentes de la Policía explicaron que por ahora no harán ningún pronunciamiento sobre la situación del general.
El pasado 4 de agosto, la Fiscalía capturó a Jhon Manco Torres, 'El Indio', señalado de ser el segundo de 'Don Mario', y a Juan Felipe Sierra, representante de Control Total, empresa de vigilancia privada cuya sede está en Envigado ( Antioquia).
Según las revelaciones de Cambio, el 13 de junio, Sierra le dice al fiscal Valencia que 'El Indio' está muy molesto porque su nombre aún está incluido en el organigrama de 'Don Mario'. Por eso Sierra le dice que "están caídos".
El 20 de junio, Valencia le responde que "todo está listo" y que él mismo estaba cuando lo sacaron -al 'Indio'- del organigrama. Valencia le dice a Sierra que "quedaron como unos príncipes".
Sierra y Valencia también hablan del nombramiento de Fabio Valencia como ministro del Interior y dicen que en adelante el ex jefe de Fiscalías deberá tener más cuidado con "la llevada de documentos".
Valencia Cossio envió ayer una carta al Fiscal en la que dice que decidió "por bien de la institución" renunciar al cargo de Fiscal delegado ante la Unidad del Tribunal Superior de Antioquia.
La fiscal Perla Dávila también aparece en grabaciones hablando con Sierra. En una de ellas le pide dinero para una cirugía. La mujer le envía un mensaje de texto con el número de una cuenta corriente y Sierra le consigna cinco millones de pesos.
Otras denuncias contra Perla Dávila
Dos testigos habrían asegurado que la fiscal Perla Dávila habría utilizado su cargo para frenar varios procesos contra miembros de la organización de Daniel Rendón, quien es hermano del 'Alemán', máximo jefe 'para' de Urabá.
Dávila también se ha desempeñado como directora administrativa y financiera en Montería, cargo en el que también resultó cuestionada.
Hay dos denuncias de por medio. Una, tiene que ver con una supuesta falsedad material en documento público en que habría incurrido Dávila cuando se posesionó. La otra está relacionada con una supuesta apropiación de elementos comprados por la Fiscalía para la remodelación de esa entidad en Montería, y que aparentemente fueron a parar a las obras de construcción de la residencia de la funcionaria.
Las situación del general Pedreros
El general Marco Antonio Pedreros estuvo al frente de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá desde septiembre del 2006 hasta el 19 de junio del 2008, cuando fue designado comandante de la Regional 6, responsable de la seguridad en Antioquia, Córdoba y Urabá, cinturón geográfico que se disputan la banda de Daniel Rendón Herrera, alias 'Don Mario' y la Oficina de Envigado.
En junio del 2008, el secretario de Gobierno de Antioquia, Jorge Mejía Martínez, llamó la atención de la Policía al manifestar públicamente su preocupación por la incautación de coca en Antioquia, pero sin que los operativos registraran capturas.
El general Pedreros se encuentra hoy encargado de la Dirección Operativa de la Policía Nacional en Bogotá.
Los documentos
Revista Cambio revela diálogo entre Guillermo Valencia y Felipe Sierra sobre posesión de Fabio Valencia.
Sierra: ¿Qué más hermano?
Valencia: Bien, aquí mirando unas cositas...don Fabio se posesiona el jueves. Entonces ellos mandan a subir el miércoles para la posesión.
Sierra: ¿Usted no?
Valencia: Yo...claro. De ahí sigo para Pereira.
Sierra: ¿La posesión es en Pereira?
Valencia: No hombre. Yo me voy el miércoles por la noche con mis hermanos para Bogotá. A las nueve es la posesión y de ahí salgo para Pereira a llevar los documentos que vos sabés...
Sierra: Sí , pero tenemos que hablar de eso de la llevada de documentos porque con eso de Fabio no me parece que haya más entregas personales de documentos.
Valencia: No, por eso. Pero ¿vos venís cuándo?
El diálogo sobre el organigrama
Revista Cambio revela grabación del diálogo entre Felipe Sierra y Guillermo Valencia, quien confirma que ya sacaron a 'El Indio' del organigrama de 'Don Mario'.
Felipe Sierra: Aló.
Guillermo Valencia: Listo hermano, todo listo.
Sierra: ¿Sí?
Valencia: Sí, todo. Yo mismo estaba ahí cuando lo sacaron y coincidió con la llegada de un coronel de esos de inteligencia y reconfirmó lo que nosotros decíamos.
Sierra: Excelente.
Valencia: Es para que le diga al muchacho.
Sierra: Listo, excelente.
Valencia: (...)Reconfirmado, mejor dicho, quedamos como unos príncipes porque nosotros no le estamos diciendo mentiras.
www.eltiempo.com
Ministro Fabio Valencia Cossio seguirá en su cargo a pesar del escándalo de su hermano
Grabaciones que vinculan a Guillermo Valencia Cossio, ex director de Fiscalías de Antioquia, con narcotraficante alias 'Don Mario' llevaron al Fiscal General Mario Iguarán a declararlo insubsistente.
El ministro dijo en rueda de prensa en el Palacio de Nariño que "yo respondo por mis actos y si alguien tiene que formular algo contra mi conducta, estoy dispuesto a responder. Pero no puedo responder por los actos de mi hermano, ni de nadie. Las responsabilidades penales son individuales".
"En relación con lo hechos por la investigación de la Fiscalía contra mi hermano Guillermo León, les digo que como familiar estoy apesadumbrado, lamento estas situación y también quiero decir que le hemos solicitado a él que diga toda la verdad y que afronte la consecuencias de su conducta y que tiene la instancia de los jueves y el debido proceso", agregó.
El ministro Valencia Cossio, al anunciar que el martes el Gobierno va a radicar los proyectos de reforma política y a la Justicia en el Congreso, reiteró que "estaré al margen de ese proceso porque a pesar de que ni la Justicia, ni la rama judicial, ni la Fiscalía están en el ambito del Ministerio del Interior, no depende del Ministerio. Por tratarse de personas cercanas a mí, me marginaré del proceso".
"Quería manifestar esta situación para reiterar que seguiré cumpliendo de una manera determinante mis funciones. No alterará para nada mi compromiso con el país y mi responsabilidad como Ministro, y, por lo tanto, seguiré cumpliendo mi deber", dijo.
Comunicado del jueves
Ayer, el ministro Valencia, emitió una declaración escrita de solo cuatro puntos en los que deploró los acontecimientos que llevaron a la salida de su hermano de la Fiscalía y luego admitió hablar con los reporteros solo para ratificar lo dicho en el escueto documento.
El Ministro, quien lidera en la actualidad reformas de la Justicia y a la política, dijo sentir "profundo dolor" por los acontecimientos.
El siguiente es el texto del comunicado del ministro Valencia Cossio:
Con profundo dolor de hermano estoy mirando el desarrollo de estos hechos.
Toda la familia le ha pedido a Guillermo León que se sustente en la verdad, aunque esa verdad le traiga consecuencias.
Como ministro del Interior y de la Justicia, apoyo totalmente a las autoridades judiciales que están estudiando los hechos y reitero mi indeclinable decisión de mantenerme al margen de este proceso.
Acataré y respetaré sin reservas el fallo de los jueces.
La senadora Cecilia López, a nombre del partido liberal, pidió la renuncia de Fabio Valencia.
"El ministro Valencia ha perdido autoridad para el manejo de la cartera. Debe renunciar por dignidad. Debe declararse impedido, es el Ministro más importante del Gabinete. Un problema familiar de este tamaño lo inhabilita, le resta la autoridad moral. No le veo espacio político para seguir en la cartera".
Hernán Andrade, presidente del Congreso, en declaraciones a la emisora 'La W', dijo que aunque la bancada conservadora apoya al ministo Fabio Valencia Cossio, debe ser el Presidente Álvaro Uribe quien maneje evalúe la situación, que calificó de muy grave, aunque pidió esperar a que las investigaciones terminen.
Gina Parody aseguró que el Ministro Valencia Cossio debería renunciar, pero reconoció que esta es una decisión muy personal. Agregó que la renuncia de Fabio Valencia Cossio será la discusión en el Congreso todos los días porque los debates de la reforma a la justicia girarán en torno a si el Ministro estaba impedido o no por la vinculación de su hermano con la Fiscalía y, ahora, con las investigaciones que se adelantan en su contra.
Parmenio Cuellar, senador del Polo Democrático, aseguró que aunque las culpas y las responsabilidades penales son personales, existe un concepto llamado responsabilidad política que aplica a los altos funcionario del Estado. Aunque el Ministro no tiene responsabilidad penal, es más importante la dignidad del Estado, tiene que retirarse.
Las grabaciones del escándalo
La revista Cambio reveló las grabaciones que enredan al ex director de Fiscalías de Medellín Guillermo Valencia Cossio con miembros de la red del narcotraficante Daniel Rendón Herrera, 'Don Mario'.
La misma decisión se tomó sobre Perla Dávila, jefe de Fiscalías en Córdoba, quien también aparece comprometida en el caso.
Hace dos semanas un fiscal antimafia pidió que se investigara a Valencia y a Dávila porque sus nombres aparecían con frecuencia en una serie de interceptaciones que la Fiscalía hacía contra la banda de 'Don Mario', una organización que desde hace más de tres años se dedicó al envío de estupefacientes a Estados Unidos y Europa.
Precisamente, hace dos años, tras la captura en Alemania de tres colombianos, las autoridades de ambos países empezaron a seguirle la pista a esta red.
En el expediente también aparece el general Marco Antonio Pedreros, comandante de la Regional 6 de Policía, que tiene jurisdicción en Antioquia y Córdoba. La Fiscalía también ordenó revisar su caso. Fuentes de la Policía explicaron que por ahora no harán ningún pronunciamiento sobre la situación del general.
El pasado 4 de agosto, la Fiscalía capturó a Jhon Manco Torres, 'El Indio', señalado de ser el segundo de 'Don Mario', y a Juan Felipe Sierra, representante de Control Total, empresa de vigilancia privada cuya sede está en Envigado ( Antioquia).
Según las revelaciones de Cambio, el 13 de junio, Sierra le dice al fiscal Valencia que 'El Indio' está muy molesto porque su nombre aún está incluido en el organigrama de 'Don Mario'. Por eso Sierra le dice que "están caídos".
El 20 de junio, Valencia le responde que "todo está listo" y que él mismo estaba cuando lo sacaron -al 'Indio'- del organigrama. Valencia le dice a Sierra que "quedaron como unos príncipes".
Sierra y Valencia también hablan del nombramiento de Fabio Valencia como ministro del Interior y dicen que en adelante el ex jefe de Fiscalías deberá tener más cuidado con "la llevada de documentos".
Valencia Cossio envió ayer una carta al Fiscal en la que dice que decidió "por bien de la institución" renunciar al cargo de Fiscal delegado ante la Unidad del Tribunal Superior de Antioquia.
La fiscal Perla Dávila también aparece en grabaciones hablando con Sierra. En una de ellas le pide dinero para una cirugía. La mujer le envía un mensaje de texto con el número de una cuenta corriente y Sierra le consigna cinco millones de pesos.
Otras denuncias contra Perla Dávila
Dos testigos habrían asegurado que la fiscal Perla Dávila habría utilizado su cargo para frenar varios procesos contra miembros de la organización de Daniel Rendón, quien es hermano del 'Alemán', máximo jefe 'para' de Urabá.
Dávila también se ha desempeñado como directora administrativa y financiera en Montería, cargo en el que también resultó cuestionada.
Hay dos denuncias de por medio. Una, tiene que ver con una supuesta falsedad material en documento público en que habría incurrido Dávila cuando se posesionó. La otra está relacionada con una supuesta apropiación de elementos comprados por la Fiscalía para la remodelación de esa entidad en Montería, y que aparentemente fueron a parar a las obras de construcción de la residencia de la funcionaria.
Las situación del general Pedreros
El general Marco Antonio Pedreros estuvo al frente de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá desde septiembre del 2006 hasta el 19 de junio del 2008, cuando fue designado comandante de la Regional 6, responsable de la seguridad en Antioquia, Córdoba y Urabá, cinturón geográfico que se disputan la banda de Daniel Rendón Herrera, alias 'Don Mario' y la Oficina de Envigado.
En junio del 2008, el secretario de Gobierno de Antioquia, Jorge Mejía Martínez, llamó la atención de la Policía al manifestar públicamente su preocupación por la incautación de coca en Antioquia, pero sin que los operativos registraran capturas.
El general Pedreros se encuentra hoy encargado de la Dirección Operativa de la Policía Nacional en Bogotá.
Los documentos
Revista Cambio revela diálogo entre Guillermo Valencia y Felipe Sierra sobre posesión de Fabio Valencia.
Sierra: ¿Qué más hermano?
Valencia: Bien, aquí mirando unas cositas...don Fabio se posesiona el jueves. Entonces ellos mandan a subir el miércoles para la posesión.
Sierra: ¿Usted no?
Valencia: Yo...claro. De ahí sigo para Pereira.
Sierra: ¿La posesión es en Pereira?
Valencia: No hombre. Yo me voy el miércoles por la noche con mis hermanos para Bogotá. A las nueve es la posesión y de ahí salgo para Pereira a llevar los documentos que vos sabés...
Sierra: Sí , pero tenemos que hablar de eso de la llevada de documentos porque con eso de Fabio no me parece que haya más entregas personales de documentos.
Valencia: No, por eso. Pero ¿vos venís cuándo?
El diálogo sobre el organigrama
Revista Cambio revela grabación del diálogo entre Felipe Sierra y Guillermo Valencia, quien confirma que ya sacaron a 'El Indio' del organigrama de 'Don Mario'.
Felipe Sierra: Aló.
Guillermo Valencia: Listo hermano, todo listo.
Sierra: ¿Sí?
Valencia: Sí, todo. Yo mismo estaba ahí cuando lo sacaron y coincidió con la llegada de un coronel de esos de inteligencia y reconfirmó lo que nosotros decíamos.
Sierra: Excelente.
Valencia: Es para que le diga al muchacho.
Sierra: Listo, excelente.
Valencia: (...)Reconfirmado, mejor dicho, quedamos como unos príncipes porque nosotros no le estamos diciendo mentiras.
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Ex paramilitar 'Carlos Tijeras' se siente traicionado en Justicia y Paz
Ex paramilitar 'Carlos Tijeras' se siente traicionado en Justicia y Paz
'Carlos Tijeras' ha contado sin pelos en la lengua los horripilantes crímenes que cometió su grupo, entre ellos 780 homicidios en varios municipios de Magdalena. Ahora un investigador de la Corte Penal Internacional quiere saber lo que ha dicho.
Fecha: 08/20/2008 -
Si algo se le puede reconocer a José Gregorio Mangones Lugo, alias “Carlos Tijeras”, ex comandante paramilitar en siete municipios del Magdalena, es su colaboración para aclarar los hechos ocurridos durante los años en que fue comandante del Frente William Rivas.
En las treinta cinco versiones a las que ha concurrido, ha reconocido la comisión de más de novecientos hechos, entre los cuales la ocurrencia de 780 homicidios, desplazamiento forzado, masacres y desapariciones cometidos por él y los hombres bajo su mando en los municipios de Ciénaga, Fundación, Aracataca, El Retén, Pueblo Viejo y Zona Bananera.
Mangones Lugo ha sido prolífico y ha relatado con absoluto desparpajo los hechos cometidos por el Frente William Rivas entre 2001 y 2005. Tampoco se ha detenido a la hora de decir cómo fueron los pactos con los políticos del Magdalena. Se ha referido a los tratos realizados con los exparlamentarios Salomón Saade, Jorge Caballero, Dieb Maloof, Fuad Rapac, Jotica Vives, Luis Eduardo Vives, José Gamarra, Flor Gnecco, Karelly Lara y los exgobernadores José Domingo Dávila Armenta (2001 – 2003) y Trino Luna Correa (2004 – 2007). Con ellos, dijo, acordaron quiénes serían los directores de los hospitales de cada uno de los municipios, pero tenían que someterse a la “auditoría” del grupo armado.
Sobre los alcaldes elegidos en 2003, no sólo él dice haberlos escogido o avalado, sino que a otros les dijo que se retiraran porque los consideraba corruptos y él “necesitaba alcaldes” que se comprometieran a resolver los problemas de las comunidades, lucha contra la subversión y apoyo económico a la organización paramilitar. Uno de eso fue Fossy Marcos María, actual alcalde de Aracataca, a quien le dijo que le daba 24 horas para que se retirara en el 2003 porque el candidato era Pedro Sánchez.
En estos dos últimos días (martes y miércoles), la locuacidad y fluidez que lo ha caracterizado, se interrumpió ante un llamado de atención que le hizo la Procuradora Diana Cadena, quien le pidió a Mangones que no se refiriera a las víctimas con expresiones como “a ese le dimos de baja por bandido”. La procuradora pidió que no No utilizara expresiones denigrantes como “bandido”, ni la expresión “dimos de baja”, porque no se trata de militares o de hechos ocurridos en combates.
A Mangones, el llamado de atención, no le gustó. “Doctora, a mi me dicen bandido y si usted va a Lorica y le dice a mi mamá, que su hijo José Gregorio es un bandido, a ella no le va a gustar. Entonces a mi si me pueden decir bandido y a los guerrilleros que secuestraban, mataban y atentaban contra la línea férrea, ¿esos no eran bandidos?”.
“Eso hay que probarlo”, le dijo la Fiscal Deicy Jaramillo, “pero usted no puede referirse a las víctimas como bandidos”. Pero lo que menos le gustó fue que le dijeran que los homicidios cometidos por él y sus hombres fueron perpetrados en personas protegidas por el DIH, es decir, ciudadanos no involucrados en el conflicto.
Y aquí, la discusión llegó a su punto final, porque la fiscal le dijo que la calificación de la conducta corresponderá al magistrado de garantías. Los temores de Mangones Lugo estriban en que no tiene la certeza de que una vez termine el proceso él y los demás comandantes sean requeridos por la Corte Penal Internacional, pues la próxima semana un investigador de la CPI estará presente en la continuación de la versión.
“A veces preferiría estar muerto, para que todo esto termine. Creo que lo mejor que pudo ocurrirle a los excomandantes es que los hayan extraditado, porque a ellos no los va a juzgar la CPI. Pero a los que nos quedamos acá, no sabemos qué va a pasar. Hicimos un mal arreglo, esto es una trampa”, dijo Mangones.
Incluso, el ex paramilitar está considerando la posibilidad de acogerse a la justicia ordinaria. Hoy, le dijo a la fiscal, “estoy preocupado, me siento acorralado y prefiero no extenderme en mis respuestas. Yo voy a seguir aclarando todo lo que tenga que decir, pero la justicia debe reconocer que el estado no existía, se había ido. Nosotros éramos los que combatíamos a la guerrilla. Pero los frentes se fueron retirando y en la zona quedaron milicianos”. La Procuradora le dijo que la ausencia del Estado no legitima el accionar de grupos armados ni desaparece los delitos cometidos.
La sala de víctimas estaba atiborrada y en la mañana de hoy miércoles formularon más de veinte preguntas sobre personas muertas o desaparecidas. La fiscal Jaramillo le preguntó si ellos enviaban amenazas a las víctimas, en particular a grupos religiosos.
Mangones dijo que no tenían prevención contra evangélicos ni católicos. “Pero hubo unos guerrilleros que se hicieron pasar como pastores y los matamos porque le llevaban alimentos a la guerrilla. Como había tanta delincuencia y guerrilla, pusimos una valla que decía: “Después de las 10.00 p.m., quien se encuentre en la calle tiene problemas”.
-¿Por qué?, le preguntó la fiscal.
“Porque el frente 19 de las Farc y el Frente Francisco Javier Castaño del Eln, aprovechaban la noche para dinamitar la línea férrea, hacer pescas milagrosas y meterse en las fincas. A esa hora comenzábamos a patrullar y al que encontrábamos lo más seguro es que le dábamos de baja”.
Ahora a José Gregorio Mangones, alias “Carlos Tijeras”, le preocupa que la justicia diga que las Auc eran delincuentes comunes y que mataban por matar.
'Carlos Tijeras' ha contado sin pelos en la lengua los horripilantes crímenes que cometió su grupo, entre ellos 780 homicidios en varios municipios de Magdalena. Ahora un investigador de la Corte Penal Internacional quiere saber lo que ha dicho.
Fecha: 08/20/2008 -
Si algo se le puede reconocer a José Gregorio Mangones Lugo, alias “Carlos Tijeras”, ex comandante paramilitar en siete municipios del Magdalena, es su colaboración para aclarar los hechos ocurridos durante los años en que fue comandante del Frente William Rivas.
En las treinta cinco versiones a las que ha concurrido, ha reconocido la comisión de más de novecientos hechos, entre los cuales la ocurrencia de 780 homicidios, desplazamiento forzado, masacres y desapariciones cometidos por él y los hombres bajo su mando en los municipios de Ciénaga, Fundación, Aracataca, El Retén, Pueblo Viejo y Zona Bananera.
Mangones Lugo ha sido prolífico y ha relatado con absoluto desparpajo los hechos cometidos por el Frente William Rivas entre 2001 y 2005. Tampoco se ha detenido a la hora de decir cómo fueron los pactos con los políticos del Magdalena. Se ha referido a los tratos realizados con los exparlamentarios Salomón Saade, Jorge Caballero, Dieb Maloof, Fuad Rapac, Jotica Vives, Luis Eduardo Vives, José Gamarra, Flor Gnecco, Karelly Lara y los exgobernadores José Domingo Dávila Armenta (2001 – 2003) y Trino Luna Correa (2004 – 2007). Con ellos, dijo, acordaron quiénes serían los directores de los hospitales de cada uno de los municipios, pero tenían que someterse a la “auditoría” del grupo armado.
Sobre los alcaldes elegidos en 2003, no sólo él dice haberlos escogido o avalado, sino que a otros les dijo que se retiraran porque los consideraba corruptos y él “necesitaba alcaldes” que se comprometieran a resolver los problemas de las comunidades, lucha contra la subversión y apoyo económico a la organización paramilitar. Uno de eso fue Fossy Marcos María, actual alcalde de Aracataca, a quien le dijo que le daba 24 horas para que se retirara en el 2003 porque el candidato era Pedro Sánchez.
En estos dos últimos días (martes y miércoles), la locuacidad y fluidez que lo ha caracterizado, se interrumpió ante un llamado de atención que le hizo la Procuradora Diana Cadena, quien le pidió a Mangones que no se refiriera a las víctimas con expresiones como “a ese le dimos de baja por bandido”. La procuradora pidió que no No utilizara expresiones denigrantes como “bandido”, ni la expresión “dimos de baja”, porque no se trata de militares o de hechos ocurridos en combates.
A Mangones, el llamado de atención, no le gustó. “Doctora, a mi me dicen bandido y si usted va a Lorica y le dice a mi mamá, que su hijo José Gregorio es un bandido, a ella no le va a gustar. Entonces a mi si me pueden decir bandido y a los guerrilleros que secuestraban, mataban y atentaban contra la línea férrea, ¿esos no eran bandidos?”.
“Eso hay que probarlo”, le dijo la Fiscal Deicy Jaramillo, “pero usted no puede referirse a las víctimas como bandidos”. Pero lo que menos le gustó fue que le dijeran que los homicidios cometidos por él y sus hombres fueron perpetrados en personas protegidas por el DIH, es decir, ciudadanos no involucrados en el conflicto.
Y aquí, la discusión llegó a su punto final, porque la fiscal le dijo que la calificación de la conducta corresponderá al magistrado de garantías. Los temores de Mangones Lugo estriban en que no tiene la certeza de que una vez termine el proceso él y los demás comandantes sean requeridos por la Corte Penal Internacional, pues la próxima semana un investigador de la CPI estará presente en la continuación de la versión.
“A veces preferiría estar muerto, para que todo esto termine. Creo que lo mejor que pudo ocurrirle a los excomandantes es que los hayan extraditado, porque a ellos no los va a juzgar la CPI. Pero a los que nos quedamos acá, no sabemos qué va a pasar. Hicimos un mal arreglo, esto es una trampa”, dijo Mangones.
Incluso, el ex paramilitar está considerando la posibilidad de acogerse a la justicia ordinaria. Hoy, le dijo a la fiscal, “estoy preocupado, me siento acorralado y prefiero no extenderme en mis respuestas. Yo voy a seguir aclarando todo lo que tenga que decir, pero la justicia debe reconocer que el estado no existía, se había ido. Nosotros éramos los que combatíamos a la guerrilla. Pero los frentes se fueron retirando y en la zona quedaron milicianos”. La Procuradora le dijo que la ausencia del Estado no legitima el accionar de grupos armados ni desaparece los delitos cometidos.
La sala de víctimas estaba atiborrada y en la mañana de hoy miércoles formularon más de veinte preguntas sobre personas muertas o desaparecidas. La fiscal Jaramillo le preguntó si ellos enviaban amenazas a las víctimas, en particular a grupos religiosos.
Mangones dijo que no tenían prevención contra evangélicos ni católicos. “Pero hubo unos guerrilleros que se hicieron pasar como pastores y los matamos porque le llevaban alimentos a la guerrilla. Como había tanta delincuencia y guerrilla, pusimos una valla que decía: “Después de las 10.00 p.m., quien se encuentre en la calle tiene problemas”.
-¿Por qué?, le preguntó la fiscal.
“Porque el frente 19 de las Farc y el Frente Francisco Javier Castaño del Eln, aprovechaban la noche para dinamitar la línea férrea, hacer pescas milagrosas y meterse en las fincas. A esa hora comenzábamos a patrullar y al que encontrábamos lo más seguro es que le dábamos de baja”.
Ahora a José Gregorio Mangones, alias “Carlos Tijeras”, le preocupa que la justicia diga que las Auc eran delincuentes comunes y que mataban por matar.
jueves, 21 de agosto de 2008
Las Farc publicaron lista de canjeables
21 de agosto de 2008
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) maifestaron este jueves que mantienen su voluntad de intercambio humanitario y divulgaron un listado de "prisioneros de guerra" con los nombres de tres políticos y 26 soldados y policías.
"En una confrontación tan intensa como la actual, donde se presentan centenares de combates diariamente y miles de hechos de guerra por todo el territorio nacional, es entendible que se presenten además de muertes, capturas de integrantes de las fuerzas en lucha", señala la organización alzada en armas en un comunicado publicado por Anncol.
El Secretariado del Estado Mayor de las Farc señala que "es lógico" que la guerrilla y las familias de los guerrilleros presos los quieran "libres, lejos del oprobio y la humillación de las cárceles gringas (Estados Unidos) y de los calabozos de máxima seguridad de Colombia".
Ante ello, anotan, "mantenemos la propuesta de intercambio humanitario" y enseguida, y por primera vez, entrega un listado de los rehenes que dice mantiene como "prisioneros de guerra".
El ex parlamentario Óscar Tulio Lizcano, el diputado regional del Valle del Cauca, Sigifredo López y el ex gobernador del departamento del Meta Alan Jara son los tres políticos que aún permanecen cautivos.
En el listado también figuran el coronel Luis Mendieta Ovalle, los capitanes Enrique Murillo Sánchez y Guillermo Solórzano, y el teniente William Donato Gómez.
Igualmente aparece el cabo segundo Pablo Emilio Moncayo, que fue tomado cautivo el 17 de diciembre de 1997 y cuyo padre, el profesor Gustavo Moncayo, ha emprendido a pie varias travesías de miles de kilómetros para reclamar el intercambio humanitario.
Servicio y utilidad
Lista de canjeables en poder de las Farc
Capitán Edgar Yesid Duarte Valero
Teniente Elkin Hernández Rivas
Sargento Luís Alberto Erazo Maya
Cabo Segundo José Libio Martínez Estrada
Cabo Segundo Pablo Emilio Moncayo Cabrera
Intendente Álvaro Moreno
Soldado profesional William Yovani Domínguez Castro
Parlamentario Óscar Tulio Liscano
Diputado Sigifredo López
Ex-gobernador Alan Jara
Cabo Primero Luis Alfredo Moreno
Cabo Primero Luis Alfonso Beltrán
Cabo Primero Luis Arturo García
Cabo Primero Robinsón Salcedo
Sargento Segundo César Augusto Lazo
Cabo Primero José Libardo Forero
Subteniente Jorge Humberto Romero
Subteniente Carlos José Duarte
Subteniente Wilson Rojas Medina
Subteniente Jorge Trujillo
Coronel Luis Mendieta Ovalle
Teniente William Donato Gómez
Capitán Enrique Murillo Sánchez
Capitán Guillermo Solórzano
Sargento Segundo Arvey Delgado Argote
Cabo Primero Salin Antonio San Miguel Valderrama
Policía Juan Fernando Galicio Uribe
Policía José Walter Lozano Guarnizo
Policía Alexis Torres Zapata.
www.elcolombiano.com
21 de agosto de 2008
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) maifestaron este jueves que mantienen su voluntad de intercambio humanitario y divulgaron un listado de "prisioneros de guerra" con los nombres de tres políticos y 26 soldados y policías.
"En una confrontación tan intensa como la actual, donde se presentan centenares de combates diariamente y miles de hechos de guerra por todo el territorio nacional, es entendible que se presenten además de muertes, capturas de integrantes de las fuerzas en lucha", señala la organización alzada en armas en un comunicado publicado por Anncol.
El Secretariado del Estado Mayor de las Farc señala que "es lógico" que la guerrilla y las familias de los guerrilleros presos los quieran "libres, lejos del oprobio y la humillación de las cárceles gringas (Estados Unidos) y de los calabozos de máxima seguridad de Colombia".
Ante ello, anotan, "mantenemos la propuesta de intercambio humanitario" y enseguida, y por primera vez, entrega un listado de los rehenes que dice mantiene como "prisioneros de guerra".
El ex parlamentario Óscar Tulio Lizcano, el diputado regional del Valle del Cauca, Sigifredo López y el ex gobernador del departamento del Meta Alan Jara son los tres políticos que aún permanecen cautivos.
En el listado también figuran el coronel Luis Mendieta Ovalle, los capitanes Enrique Murillo Sánchez y Guillermo Solórzano, y el teniente William Donato Gómez.
Igualmente aparece el cabo segundo Pablo Emilio Moncayo, que fue tomado cautivo el 17 de diciembre de 1997 y cuyo padre, el profesor Gustavo Moncayo, ha emprendido a pie varias travesías de miles de kilómetros para reclamar el intercambio humanitario.
Servicio y utilidad
Lista de canjeables en poder de las Farc
Capitán Edgar Yesid Duarte Valero
Teniente Elkin Hernández Rivas
Sargento Luís Alberto Erazo Maya
Cabo Segundo José Libio Martínez Estrada
Cabo Segundo Pablo Emilio Moncayo Cabrera
Intendente Álvaro Moreno
Soldado profesional William Yovani Domínguez Castro
Parlamentario Óscar Tulio Liscano
Diputado Sigifredo López
Ex-gobernador Alan Jara
Cabo Primero Luis Alfredo Moreno
Cabo Primero Luis Alfonso Beltrán
Cabo Primero Luis Arturo García
Cabo Primero Robinsón Salcedo
Sargento Segundo César Augusto Lazo
Cabo Primero José Libardo Forero
Subteniente Jorge Humberto Romero
Subteniente Carlos José Duarte
Subteniente Wilson Rojas Medina
Subteniente Jorge Trujillo
Coronel Luis Mendieta Ovalle
Teniente William Donato Gómez
Capitán Enrique Murillo Sánchez
Capitán Guillermo Solórzano
Sargento Segundo Arvey Delgado Argote
Cabo Primero Salin Antonio San Miguel Valderrama
Policía Juan Fernando Galicio Uribe
Policía José Walter Lozano Guarnizo
Policía Alexis Torres Zapata.
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La pruebas ácidas de la parapolítica
Tres ex congresistas que renunciaron a su fuero para ser investigados por la Fiscalía, han sido exonerados, dando la impresión de que el proceso judicial más importante de la historia reciente del país flota sobre un mar de indicios que no logran convertirse en pruebas sólidas.
Fecha: 08/21/2008 -
Con la absolución del ex congresista del Partido Conservador, William Montes, ya son seis los parlamentarios que salen airosos de las investigaciones de la parapolítica. En tres casos, la misma Corte Suprema que les inició procesos, los cerró, pues no encontró mérito para seguirlos. Es ese el valor de la justicia: reemplaza los mantos de dudas por certezas.
Los otros tres casos que llevaba la Fiscalía son diferentes. Los congresistas en cuestión habían renunciado a su fuero para evitar que los investigara la Corte, y en dos casos la Fiscalía acusó y los llevó a juicio. Los jueces de primera instancia, sin embargo, encontraron que las pruebas no eran suficientes. En el tercer caso, el Fiscal decidió archivar el proceso por falta de pruebas.
Y es aquí donde surge las preguntas: ¿simplemente se hizo justicia? ¿o falla algo en la estrategia de la Fiscalía para sustentar las acusaciones y presentarlas a los jueces? ¿o más bien, están los jueces interpretando la pruebas con un criterio más laxo en favor del acusado que el usado por la Corte?
No hay que olvidar que la Sala Penal de la Corte Suprema ha condenado a 9 congresistas, y uno está a la espera de fallo condenatorio. De estos, seis se acogieron a sentencia anticipada, es decir aceptaron de entrada ser culpables.
Miércoles 20: Escuche debate de radio sobre las investigaciones a la parapolítica
A las recientes absoluciones se suma la decisión que tomó la Fiscalía este martes de revocar la medida de aseguramiento del ex senador y aliado político del Presidente, Mario Uribe, con el mismo argumento de que no hay suficientes pruebas. ¿Para qué entonces la Fiscalía hizo tanto aspaviento en meterlo a la cárcel, cuando no sabía siquiera si las pruebas eran sólidas? Aunque, el ex congresista sigue vinculado a las investigaciones, la decisión que suscribió el ente investigador arroja un manto de duda.
No se sabe si la decisión es más política que jurídica, debido a la enorme presión que ha ejercido el Ejecutivo en este caso, o está genuinamente basada en derecho, y realmente pone en duda la veracidad de las pruebas y testimonios, entre los cuales está el de Jairo Castillo, alias Pitirri, que han sido clave en los procesos contra otros congresistas que lleva la Corte.
Si bien aún no se cierran los casos contra William Montes ni contra Merlano, pues hasta ahora hay fallo de primera instancia y finalmente la Corte Suprema será la que diga la última palabra, vale la pena abrir el debate público sobre estas preguntas que dejan sobre el tapete las últimas decisiones judiciales. De cómo resulte el proceso de la parapolítica dependen en gran parte el futuro de la democracia colombiana, pues sólo una justicia firme e independiente podrá garantizar que todo servidor público que haya sido cómplice de la barbarie paramilitar quede impune, y a la vez, que quien haya sido involucrado injustamente pueda dejar su nombre en limpio.
El debate
“La Fiscalía le está dando la razón a los congresistas que han renunciado a su fuero para evadir la justicia y buscar, no más tiempo ni una doble instancia, como dicen, sino impunidad y absolución”, dijo Claudia López, quien ha sido una de las investigadoras académicas más reconocidas por su trabajo sobre la parapolítica. Según ella el rasero con el que la Fiscalía está valorando las pruebas es muy distinto al que ha usado la Corte Suprema de Justicia.
La senadora Gina Parody también denunció en los últimos días la falta de eficacia de la Fiscalía en la investigación de otros pactos secretos que, como el de Ralito, sellaron la alianza entre paramilitares y políticos, como el de Chivolo y el de Pivijay. Estos casos están a punto de precluir por vencimiento de términos. “Creo que la Fiscalía está exponiendo al país a que sea la Corte Penal Internacional la que juzgue”, dijo Parody a Semana.com.
Las preocupaciones de Parody y otros han tenido eco internacional. La semana pasada la Corte Penal Internacional (CPI) expresó, a través de una carta, su interés en que se juzgue también a políticos que fraguaron alianzas con paramilitares, y que fueron cómplices, o coautores en algunos casos, de crímenes de lesa humanidad. Hasta ahora los congresistas han sido investigados por el delito de concierto para delinquir y no por delitos contra el Derecho Internacional Humanitario.
El caso Montes
Pese a que William Montes suscribió el ‘Pacto de Ralito’ (en el que 32 personas entre paramilitares y políticos se reunieron para ‘refundar la patria’), el Juzgado Séptimo Especializado de Bogotá no encontró pruebas suficientes para inculparlo de algún delito.
Montes Medina (yerno de Nicolás Curi) estaba detenido desde el 14 de mayo de 2007. El ex director de informática del DAS, Rafael García, lo acusó de haber recibido el apoyo de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, en las elecciones de 2002. El puente para este apoyo habría sido la empresaria del chance, Enilse López, conocida como ‘La Gata’.
Sin embargo a su favor declararon los ex jefes paramilitares Diego Vecino y Salvatore Mancuso, quienes desmintieron la versión.
“La asistencia a la reunión de Ralito y la firma del documento que allí se suscribió por parte de Montes Medina son circunstancias que por sí solas no confirman el delito de concierto para delinquir”, indicó la sentencia del juzgado.
“¿Cómo se va a explicar eso a la Justicia Internacional?”, preguntó la investigadora López, quien adujo que el Pacto de Ralito es parte importante del soporte probatorio en la investigación de la parapolítica que adelanta la Corte.
“¿Cómo es que ahora la Justicia dice que firmar el pacto de Ralito no constituye en sí mismo un delito? Yo si quiero ver cómo le vamos a explicar a la Corte Penal Internacional, que en Colombia se acepta que los políticos hagan pactos para ‘refundar el Estado’, que en efecto, cambien las normas para juzgar a los criminales, como fue la ley de Justicia y paz, pero que eso en Colombia no se considera un delito”, reiteró López.
De todos modos la Fiscalía apelará el fallo del juez y eventualmente el caso llegará a la Sala de Casación Penal de la Corte. El problema es que esto puede tomar mucho tiempo.
El caso de Gómez Gallo
Otro de los casos que quedó a cargo de la Fiscalía fue el del ex congresista conservador, Humberto Gómez Gallo, quien quedó en libertad el pasado 12 de agosto. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema ordenó archivar la investigación en su contra, que inició en 2007 la Corte Suprema de Justicia.
Gómez fue vinculado en el proceso por sus presuntos nexos con el narcotraficante Eduardo Restrepo Victoria, alias ‘El Socio’ quien fue, el creador del Bloque Tolima de la AUC, hoy extraditado a los Estados Unidos. En su contra atestiguó José Wilton Bedoya Rayo, alias 'Moisés', quien aseguró que Gómez se reunió con alias 'Elías' un jefe del mismo bloque paramilitar que hoy está muerto, en el 2001, con el objetivo concertar apoyos políticos.
Moisés también dijo a los magistrados, en el momento en que la investigación estaba a cargo de la Corte, que Gómez había pagado 300 millones de pesos a los paramilitares para asesinar al representante a la Cámara Pompilio de Jesús Avendaño, en 2001.
Contra Gómez también atestiguaron varios paras de esa región, que hoy están en la cárcel de Picaleña (Ibagué). Entre ellos, alias 'Esteban' quien dijo que había sido testigo de un encuentro entre Gómez y el 'Socio'.
Sobre la preclusión del caso de Gómez Gallo, quien fue presidente del Congreso al igual que Mario Uribe, el Fiscal General, Mario Iguarán dijo a SEMANA que se debió a que “no se dieron los elementos para una acusación”. Sin embargo, esa misma semana se vencían los términos, así que no es claro si el fiscal se apresuró a cerrar el caso porque ya vencían los términos o si realmente investigó y encontró que los diversos testigos que coincidieron en acusarlo mintieron.
El caso Merlano
Jairo Merlano, fue el primer congresista que renunció a su fuero de congresista para no ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia, sino por la justicia ordinaria. Esta estrategia se puso de moda entre los congresistas investigados por sus presuntos nexos con los paramilitares.
El pasado 20 de junio, el ex congresista de Colombia Democrática, salió de la cárcel convirtiéndose en el primer procesado por 'parapolítica' declarado inocente por la justicia ordinaria. La Jueza Tercera Especializada de Bogotá, Claudia Merchán, consideró que no había pruebas de acuerdos entre Merlano y los paramilitares de Sucre. "Las acusaciones contra el congresista por presuntas alianzas políticas con grupos paramilitares que operaban en Sucre quedaron en el "campo de las probabilidades", suscribió en la providencia la Jueza.
Merlano llevaba 20 meses en la cárcel. El 17 de noviembre de 2006, tras huir nueve días de la justicia y después de que le negaran una tutela con la cual pretendía evitar su reclusión, se entregó a las autoridades.
Como en el caso Montes , en este la Fiscalía decidió apelar. De nuevo, la Corte es la que tendrá la última palabra.
www.semana.com
Tres ex congresistas que renunciaron a su fuero para ser investigados por la Fiscalía, han sido exonerados, dando la impresión de que el proceso judicial más importante de la historia reciente del país flota sobre un mar de indicios que no logran convertirse en pruebas sólidas.
Fecha: 08/21/2008 -
Con la absolución del ex congresista del Partido Conservador, William Montes, ya son seis los parlamentarios que salen airosos de las investigaciones de la parapolítica. En tres casos, la misma Corte Suprema que les inició procesos, los cerró, pues no encontró mérito para seguirlos. Es ese el valor de la justicia: reemplaza los mantos de dudas por certezas.
Los otros tres casos que llevaba la Fiscalía son diferentes. Los congresistas en cuestión habían renunciado a su fuero para evitar que los investigara la Corte, y en dos casos la Fiscalía acusó y los llevó a juicio. Los jueces de primera instancia, sin embargo, encontraron que las pruebas no eran suficientes. En el tercer caso, el Fiscal decidió archivar el proceso por falta de pruebas.
Y es aquí donde surge las preguntas: ¿simplemente se hizo justicia? ¿o falla algo en la estrategia de la Fiscalía para sustentar las acusaciones y presentarlas a los jueces? ¿o más bien, están los jueces interpretando la pruebas con un criterio más laxo en favor del acusado que el usado por la Corte?
No hay que olvidar que la Sala Penal de la Corte Suprema ha condenado a 9 congresistas, y uno está a la espera de fallo condenatorio. De estos, seis se acogieron a sentencia anticipada, es decir aceptaron de entrada ser culpables.
Miércoles 20: Escuche debate de radio sobre las investigaciones a la parapolítica
A las recientes absoluciones se suma la decisión que tomó la Fiscalía este martes de revocar la medida de aseguramiento del ex senador y aliado político del Presidente, Mario Uribe, con el mismo argumento de que no hay suficientes pruebas. ¿Para qué entonces la Fiscalía hizo tanto aspaviento en meterlo a la cárcel, cuando no sabía siquiera si las pruebas eran sólidas? Aunque, el ex congresista sigue vinculado a las investigaciones, la decisión que suscribió el ente investigador arroja un manto de duda.
No se sabe si la decisión es más política que jurídica, debido a la enorme presión que ha ejercido el Ejecutivo en este caso, o está genuinamente basada en derecho, y realmente pone en duda la veracidad de las pruebas y testimonios, entre los cuales está el de Jairo Castillo, alias Pitirri, que han sido clave en los procesos contra otros congresistas que lleva la Corte.
Si bien aún no se cierran los casos contra William Montes ni contra Merlano, pues hasta ahora hay fallo de primera instancia y finalmente la Corte Suprema será la que diga la última palabra, vale la pena abrir el debate público sobre estas preguntas que dejan sobre el tapete las últimas decisiones judiciales. De cómo resulte el proceso de la parapolítica dependen en gran parte el futuro de la democracia colombiana, pues sólo una justicia firme e independiente podrá garantizar que todo servidor público que haya sido cómplice de la barbarie paramilitar quede impune, y a la vez, que quien haya sido involucrado injustamente pueda dejar su nombre en limpio.
El debate
“La Fiscalía le está dando la razón a los congresistas que han renunciado a su fuero para evadir la justicia y buscar, no más tiempo ni una doble instancia, como dicen, sino impunidad y absolución”, dijo Claudia López, quien ha sido una de las investigadoras académicas más reconocidas por su trabajo sobre la parapolítica. Según ella el rasero con el que la Fiscalía está valorando las pruebas es muy distinto al que ha usado la Corte Suprema de Justicia.
La senadora Gina Parody también denunció en los últimos días la falta de eficacia de la Fiscalía en la investigación de otros pactos secretos que, como el de Ralito, sellaron la alianza entre paramilitares y políticos, como el de Chivolo y el de Pivijay. Estos casos están a punto de precluir por vencimiento de términos. “Creo que la Fiscalía está exponiendo al país a que sea la Corte Penal Internacional la que juzgue”, dijo Parody a Semana.com.
Las preocupaciones de Parody y otros han tenido eco internacional. La semana pasada la Corte Penal Internacional (CPI) expresó, a través de una carta, su interés en que se juzgue también a políticos que fraguaron alianzas con paramilitares, y que fueron cómplices, o coautores en algunos casos, de crímenes de lesa humanidad. Hasta ahora los congresistas han sido investigados por el delito de concierto para delinquir y no por delitos contra el Derecho Internacional Humanitario.
El caso Montes
Pese a que William Montes suscribió el ‘Pacto de Ralito’ (en el que 32 personas entre paramilitares y políticos se reunieron para ‘refundar la patria’), el Juzgado Séptimo Especializado de Bogotá no encontró pruebas suficientes para inculparlo de algún delito.
Montes Medina (yerno de Nicolás Curi) estaba detenido desde el 14 de mayo de 2007. El ex director de informática del DAS, Rafael García, lo acusó de haber recibido el apoyo de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, en las elecciones de 2002. El puente para este apoyo habría sido la empresaria del chance, Enilse López, conocida como ‘La Gata’.
Sin embargo a su favor declararon los ex jefes paramilitares Diego Vecino y Salvatore Mancuso, quienes desmintieron la versión.
“La asistencia a la reunión de Ralito y la firma del documento que allí se suscribió por parte de Montes Medina son circunstancias que por sí solas no confirman el delito de concierto para delinquir”, indicó la sentencia del juzgado.
“¿Cómo se va a explicar eso a la Justicia Internacional?”, preguntó la investigadora López, quien adujo que el Pacto de Ralito es parte importante del soporte probatorio en la investigación de la parapolítica que adelanta la Corte.
“¿Cómo es que ahora la Justicia dice que firmar el pacto de Ralito no constituye en sí mismo un delito? Yo si quiero ver cómo le vamos a explicar a la Corte Penal Internacional, que en Colombia se acepta que los políticos hagan pactos para ‘refundar el Estado’, que en efecto, cambien las normas para juzgar a los criminales, como fue la ley de Justicia y paz, pero que eso en Colombia no se considera un delito”, reiteró López.
De todos modos la Fiscalía apelará el fallo del juez y eventualmente el caso llegará a la Sala de Casación Penal de la Corte. El problema es que esto puede tomar mucho tiempo.
El caso de Gómez Gallo
Otro de los casos que quedó a cargo de la Fiscalía fue el del ex congresista conservador, Humberto Gómez Gallo, quien quedó en libertad el pasado 12 de agosto. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema ordenó archivar la investigación en su contra, que inició en 2007 la Corte Suprema de Justicia.
Gómez fue vinculado en el proceso por sus presuntos nexos con el narcotraficante Eduardo Restrepo Victoria, alias ‘El Socio’ quien fue, el creador del Bloque Tolima de la AUC, hoy extraditado a los Estados Unidos. En su contra atestiguó José Wilton Bedoya Rayo, alias 'Moisés', quien aseguró que Gómez se reunió con alias 'Elías' un jefe del mismo bloque paramilitar que hoy está muerto, en el 2001, con el objetivo concertar apoyos políticos.
Moisés también dijo a los magistrados, en el momento en que la investigación estaba a cargo de la Corte, que Gómez había pagado 300 millones de pesos a los paramilitares para asesinar al representante a la Cámara Pompilio de Jesús Avendaño, en 2001.
Contra Gómez también atestiguaron varios paras de esa región, que hoy están en la cárcel de Picaleña (Ibagué). Entre ellos, alias 'Esteban' quien dijo que había sido testigo de un encuentro entre Gómez y el 'Socio'.
Sobre la preclusión del caso de Gómez Gallo, quien fue presidente del Congreso al igual que Mario Uribe, el Fiscal General, Mario Iguarán dijo a SEMANA que se debió a que “no se dieron los elementos para una acusación”. Sin embargo, esa misma semana se vencían los términos, así que no es claro si el fiscal se apresuró a cerrar el caso porque ya vencían los términos o si realmente investigó y encontró que los diversos testigos que coincidieron en acusarlo mintieron.
El caso Merlano
Jairo Merlano, fue el primer congresista que renunció a su fuero de congresista para no ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia, sino por la justicia ordinaria. Esta estrategia se puso de moda entre los congresistas investigados por sus presuntos nexos con los paramilitares.
El pasado 20 de junio, el ex congresista de Colombia Democrática, salió de la cárcel convirtiéndose en el primer procesado por 'parapolítica' declarado inocente por la justicia ordinaria. La Jueza Tercera Especializada de Bogotá, Claudia Merchán, consideró que no había pruebas de acuerdos entre Merlano y los paramilitares de Sucre. "Las acusaciones contra el congresista por presuntas alianzas políticas con grupos paramilitares que operaban en Sucre quedaron en el "campo de las probabilidades", suscribió en la providencia la Jueza.
Merlano llevaba 20 meses en la cárcel. El 17 de noviembre de 2006, tras huir nueve días de la justicia y después de que le negaran una tutela con la cual pretendía evitar su reclusión, se entregó a las autoridades.
Como en el caso Montes , en este la Fiscalía decidió apelar. De nuevo, la Corte es la que tendrá la última palabra.
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