Miércoles, 15 de Abril de 2009 Daniel Rendón Herrera, el capturado jefe de las autodefensas Gaitanistas y ex miembro del bloque Centauros de las Auc, había iniciado guerras en varias zonas del país para quedarse con el negocio del narcotráfico luego de la desmovilización de las Autodefensas.
Después de su paso por las autodefensas, Daniel Rendón Herrera, alias 'Don Mario', se convirtió en uno de los narcotraficantes más buscados del país. Foto: Verdad Abierta.
‘Don Mario’, hermano de ‘El Alemán’ (ex jefe del bloque Elmer Cárdenas de las autodefensas y quien hoy se encuentra en la cárcel de Itagüí), lleva al menos dos décadas en la guerra paramilitar, su nombre salió a la luz pública gracias a las infiltraciones que hizo la Fiscalía y a la Policía.
Cuando los jefes ‘paras’ se desmovilizaron y fueron a dar a la cárcel, ‘Don Mario’ se apartó y casi solo comenzó a construir su nuevo cartel siguiendo las "enseñanzas" de su tutor en el Bloque Centauros, Miguel Arroyave, alias 'Arcangel'.
'Don Mario' se la pasaba entre Tierralta y Valencia, en Córdoba, luego subía hasta la Costa que corre desde Arboletes hasta Turbo, en Antioquia. Así consiguió aliarse con algunos ex paras del ‘Élmer Cárdenas’ y se hizo al control absoluto de una de las principales rutas de exportación de drogas por el Caribe.
Alias 'Don Mario', luego de la desmovilización de los jefes paramilitares, empezó a convertirse en un personaje mediático, mostrado sobre todo por las autoridades como el heredero de una importante tajada de la torta del narcotráfico, dejada por sus antiguos patrones y representadas en zonas de cultivo, laboratorios para cristalizar la droga y rutas de envío al exterior.
Cuando el proceso de desmovilización mostraba al país hechos que hacían presumir, sobre todo al Gobierno y a la Fiscalía, que la reinserción de más de 40.000 hombres sería un éxito y que las víctimas y la sociedad colombiana accederían a los derechos de verdad, justicia y reparación en relación con los crímenes de estas organizaciones ilegales, organismos de inteligencia empezaron a relacionar a alias don Mario con lo que llamaron en su momento grupos emergentes.
Una vez el proceso entró en crisis y dejó ver que los ex jefes paramilitares no solo seguían manejando algunas actividades ilegales, entre ellas las del narcotráfico y se habían enfrascado en una disputa territorial por el dominio de las zonas cocaleras y las rutas de envío, Rendón Herrera quedó como la cabeza visible de esa disputa, pero desde la ilegalidad, porque muchos de sus principales enemigos, entre ellos alias 'don Berna', fueron extraditados a Estados Unidos.
Urabá primero
Urabá fue el primer escenario en disputa y que, en términos criminales, ganó luego de una guerra a muerte contra los desmovilizados del bloque Bananero, que comandó Ever Velosa, alias HH, extraditado también a Estados Unidos, luego de confesar casi cinco mil delitos, la mayoría en la zona bananera.
Las autoridades regionales calculan que la guerra que libró alias don Mario en Urabá cobró la vida de más de 200 personas, la mayoría desmovilizados de las autodefensas que lo combatieron también o que se negaron a hacer parte de su estructura.
Cuando se sintió ganador, Rendón Herrera reclutó, calculan las mismas autoridades, cerca de 600 hombres de las antiguas estructuras de los bloques Bananero y Elmer Cárdenas, hombres con los que trasladó su intención de apoderarse de otras regiones.
Luego vino el bajo Cauca, donde algunas organizaciones derechos humanos, denunciaron que alias don Mario hizo alianzas temporales con otras organizaciones de narcotráfico para combatir a quienes, en su momento, obligaban a los campesinos a sembrar hoja de coca a la región.
Rendón Herrera se enfrentó a otra organización que la Policía identifica como Los Paisas, grupo cercano a la llamada Oficina de Envigado, otra estructura al servicio de narcotráfico en el Valle de Aburrá, dedicada a cobrar cuentas por medio de sus sicarios a sueldo.
El Bajo Cauca es hoy por hoy, junto a Medellín y sus municipios vecinos, una de las zonas más conflictivas de Antioquia, debido al accionar de grupos de narcotraficantes y a la disputa entre los hombres de alias don Mario y de Los Paisas.
La Gobernación de Antioquia calcula que el 80 por ciento de las zonas productivas del Bajo Cauca está sembrado con hoja de coca, pese a que durante 2008 se erradicaron, de forma manual, unas 20.000 hectáreas.
Objetivo, Medellín
La estrategia de alias don Mario empezaba a impactar de forma violenta en Medellín, sobre todo algunos barrios populares de Medellín, debido a que logró “reclutar” a un importante jefe de La Oficina para que le hiciera la guerra a sus ex compañeros.
Un investigador judicial de la Fiscalía le dijo a Verdad Abierta que la división en La Oficina de Envigado tendrá mucho impacto entre las bandas delincuenciales del Valle de Aburrá, pues cada uno de los jefes de esa estructura de narcotraficantes maneja, en promedio, entre 30 y 40 bandas, muchas de las cuales están integradas por desmovilizados que se apartaron del proceso de reinserción.
Explicó que en Medellín, entre el 3 de abril y el 14 de abril de este año, ocurrieron 30 homicidios, y que pueden estar relacionados con esa disputa y con la intención de alias don Mario de apoderarse de los “negocios” de las personas que manejaban las redes de narcotráfico en Medellín y el Valle de Aburrá.
Barrios como Santo Domingo Savio y algunas de las comunas oriental y 13, de Medellín, empezaron a mostrar un reacomodo de estructuras criminales, al punto que revivieron prácticas que muchas personas pensaron superadas como los famosos límites imaginarios, en alusión a los dominios de uno y otro grupo y sobre el cual el enemigo no puede tomar posesión.
Uno de los crímenes que desató la oleada de venganza ocurrió el martes 7 de abril pasado, cuando hombres armados mataron a Andrés Casas, un desmovilizado del bloque Héroes de Granada quien, en opinión de las autoridades locales, se separó del proceso de reinserción y volvió a armar una estructura ilegal de mucho renombre a finales de los años 90 y principios de este siglo, por su capacidad para sicarial, conocida como La 29.
"Hay algunos lugares en las comunas de Medellín, que es un tema preocupante, y en otros lugares Cesar y Magdalena, áreas que se han convertido en zonas de riesgo y territorios de disputa de las nuevas estructuras de delincuentes", dijo hace casi dos años Sergio Caramagna, el ex jefe de la Misión de Observación del proceso de paz con las autodefensas en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA).
A finales del año pasado, la Policía informó que luego de la desmovilización de todas las estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), capturó a 4.551 integrantes de bandas criminales, de los cuales 675 eran desmovilizados.
'Don Mario': ¿Afuera de Justicia y Paz?
El pasado 11 de marzo la Corte Suprema de Justicia emitió una providencia sobre el caso de alias 'Don Mario'. Aunque no es una decisión de fondo, porque simplemente está ordenando al Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá que se pronuncie sobre la solicitud de exclusión del proceso de Justicia y Paz del ex jefe paramilitar, puede convertirse en el primer paso para que 'Don Mario', no pueda someterse a los beneficios de la Ley 975, entre ellos, la pena alternativa de 5 a 8 años de prisión. (ver providencia completa)
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www.verdadabierta.com
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lunes, 17 de agosto de 2009
jueves, 16 de abril de 2009
'Don Mario', a la conquista del centro de Medellín
Una docena de muertos es el resultado hasta ahora de la lucha entre hombres de 'don Mario' y de la Oficina de Envigado por el control del negocio de la droga y las extorsiones en el centro de Medellín. Informe de la agencia de prensa del IPC.
Agencia de Prensa del IPC*
El centro de Medellín se ha convertido en campo de una soterrada batalla. Diversas facciones de grupos delincuenciales buscan ganar el control de las organizaciones ilegales que ofrecen 'seguridad' a comerciantes a cambio de dinero que cobran con amenazas. Este conflicto lo están aprovechando estructuras armadas al mando de Diego Rendón Herrera, alias don Mario, para fortalecer su presencia en la ciudad.
Así lo ha podido determinar la Agencia de Prensa IPC al conocer documentos elaborados por organismos de inteligencia policial que analizan la situación, a la que califican de muy grave, pues estiman que la confrontación se ha recrudecido y ya ha dejado por lo menos 12 muertos.
El aumento de criminalidad en el centro de la ciudad preocupa a las autoridades que han dispuesto el incremento de la fuerza pública en las calles y la intensificación de las labores de inteligencia para recopilar información que permita desarticular las bandas delincuenciales y lograr su judicialización. El anuncio lo hizo el secretario de Gobierno municipal, Jesús Ramírez, en rueda de prensa realizada este martes 25 de febrero.
La disputa entre delincuentes se centra en ganar el control de las llamadas "convivires" y sus millonarias rentas, que provienen del cobro de extorsiones a cambio de 'seguridad' a todo aquel que posea un negocio en el centro de la ciudad. Estos grupos son organizaciones ilegales conformadas por civiles, muchos de ellos desmovilizados de las Auc y algunos ex policías.
Los informes policiales han venido reconstruyendo la manera cómo operan estos grupos, identificados por comerciantes, vendedores ambulantes y habitantes como “las convivires”. El nombre viene de las cooperativas de vigilancia y seguridad privada autorizadas por el Gobierno nacional y conocidas con ese nombre desde 1995, que tuvieron en Antioquia y Medellín sus mayores desarrollos, hasta cuando fueron desactivadas en julio de 1998.
Estas estructuras le cobran servicios de seguridad y vigilancia a todo tipo de negocios legalmente establecidos, ventas ambulantes y sitios clandestinos de venta de alucinógenos. Los montos van desde 100 mil pesos hasta 2 millones de pesos semanales, según el establecimiento y el tipo de actividad comercial. Quienes se resisten a cancelar las cuotas exigidas son presionados de diversas maneras, entre las que se destacan los daños a la propiedad y los asaltos.
Del cobro no se libran ni aquellos ladrones de almacenes llamados “escaperos”, quienes deben pagar entre 30 mil y 40 mil pesos semanales para que los dejen “trabajar”.
Quien domine el centro de la ciudad no sólo se hace a millones de pesos producto de los cobros; además, regula actividades asociadas al narcotráfico. Una de ellas es la autorización de la apertura de nuevas plazas de vicio, por las cuales el interesado, una vez aprobada su solicitud, debe cancelar un “impuesto” de 8 millones de pesos.
Lo que se observa en el centro de la ciudad es una organización jerarquizada a partir de un coordinador general, que le responde a un superior y que tiene bajo su control a por lo menos 120 hombres, distribuidos en 23 sectores.
En cada sector opera un grupo de por lo menos 6 hombres, quienes portan armas de corto alcance con salvoconducto expedidos por la IV Brigada y vigilan desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, seg´´un los informes de la policía. Además, manejan pequeñas oficinas de “cobros”, desde donde se patrocinan actividades sicariales, a través del préstamo de armas o de facilitar los homicidios, creando las condiciones para la huida de los asesinos.
Dos aspectos llaman la atención de los investigadores: el primero es que el cobro de las cuotas se ha refinado de tal manera que los recibos ya incluyen números de cuentas bancarias en las cuales se debe depositar el dinero; y el segundo es la utilización de radios de comunicación suministrados de forma legal por la Policía Nacional a las redes de apoyo, grupos de civiles que apoyan la labor de las utoridades con información.
Los informes policiales detallan que los sectores bajo vigilancia de estos grupos ilegales son: Prado Centro, La Bayadera, Parque del Periodista, Parque San Antonio, Barrio Triste, Avenida Juan del Corral, Pasaje Peatonal Carabobo, Plaza Botero, Parque Bolívar y Barbacoas, Viaducto del Metro sobre Carrera Bolívar, Carabobo con Juanambú y Rojas Pinilla, Avenida La Playa con la Avenida Oriental, El Raudal, Carrera Junín con Calle San Juan, San Benito, Calle Maturín, El hueco, Pasaje Boyacá, Pasaje La Bastilla, Plaza de Flores, El Chagualo y San Diego.
Si bien los cobros por seguridad y vigilancia son generalizados, los que más generan dinero son los servicios prestados a los sitios donde se expenden sustancias alucinógenas, entre las que se destacan la cocaína, cuyo consumo va en aumento y es mucho más rentable que la marihuana y bazuco.
Justamente esas rentas son las que en la actualidad se convirtieron en objeto de disputa entre hombres de la Oficina de Envigado y un sujeto conocido como 'don Pedro', de quien no se tienen mayores datos que lo identifiquen plenamente. De él se sabe que posee el dominio de las plazas de vicio ubicadas en el sector conocido como La Aurora, en la Avenida Primero de Mayo con Tenerife, el Bazar de Los Puentes y en la carrera 51, entre calles 47 y 48.
En su afán de expansión, la llamada Oficina de Envigado, a través de “las convivires”, le pidieron a 'don Pedro' que les dejara la administración de sus plazas a ellos, pero éste sólo les entregó dos. La negativa generó una cruenta confrontación que entre los meses de octubre del año pasado y enero de este año dejó por lo menos 12 muertos, varios de ellos ocasionados por arma blanca. El número podría ser más alto si se contabilizan las muertes ocurridas durante el mes de febrero.
Dada la desigual confrontación, 'don Pedro' decidió buscar patrocinio para enfrentar a la Oficina de Envigado y lo halló, inicialmente, en el cartel del Norte del Valle. Se planteó entonces un conflicto en el que se dijo que por cada “jíbaro” que mataran los de Envigado, serían asesinados dos “convivires.
En medio de esa disputa han llegado hombres de alias 'don Mario' que quieren pescar en río revuelto y hacerse al dominio de las plazas de vicio en el centro, con el ánimo de acumular territorio y convertirse en el nuevo “patrón” de la ciudad.
Quienes trabajan en el centro de la ciudad esperan que las medidas tomadas por la administración municipal, en conjunto con las autoridades policiales, generen tranquilidad, incremente la seguridad en sus calles y acaben con todas aquellas expresiones de ilegalidad. No piden menos.
* El Instituto Popular de Capacitación, de Medellín
Publicado en
www.semana.com
Agencia de Prensa del IPC*
El centro de Medellín se ha convertido en campo de una soterrada batalla. Diversas facciones de grupos delincuenciales buscan ganar el control de las organizaciones ilegales que ofrecen 'seguridad' a comerciantes a cambio de dinero que cobran con amenazas. Este conflicto lo están aprovechando estructuras armadas al mando de Diego Rendón Herrera, alias don Mario, para fortalecer su presencia en la ciudad.
Así lo ha podido determinar la Agencia de Prensa IPC al conocer documentos elaborados por organismos de inteligencia policial que analizan la situación, a la que califican de muy grave, pues estiman que la confrontación se ha recrudecido y ya ha dejado por lo menos 12 muertos.
El aumento de criminalidad en el centro de la ciudad preocupa a las autoridades que han dispuesto el incremento de la fuerza pública en las calles y la intensificación de las labores de inteligencia para recopilar información que permita desarticular las bandas delincuenciales y lograr su judicialización. El anuncio lo hizo el secretario de Gobierno municipal, Jesús Ramírez, en rueda de prensa realizada este martes 25 de febrero.
La disputa entre delincuentes se centra en ganar el control de las llamadas "convivires" y sus millonarias rentas, que provienen del cobro de extorsiones a cambio de 'seguridad' a todo aquel que posea un negocio en el centro de la ciudad. Estos grupos son organizaciones ilegales conformadas por civiles, muchos de ellos desmovilizados de las Auc y algunos ex policías.
Los informes policiales han venido reconstruyendo la manera cómo operan estos grupos, identificados por comerciantes, vendedores ambulantes y habitantes como “las convivires”. El nombre viene de las cooperativas de vigilancia y seguridad privada autorizadas por el Gobierno nacional y conocidas con ese nombre desde 1995, que tuvieron en Antioquia y Medellín sus mayores desarrollos, hasta cuando fueron desactivadas en julio de 1998.
Estas estructuras le cobran servicios de seguridad y vigilancia a todo tipo de negocios legalmente establecidos, ventas ambulantes y sitios clandestinos de venta de alucinógenos. Los montos van desde 100 mil pesos hasta 2 millones de pesos semanales, según el establecimiento y el tipo de actividad comercial. Quienes se resisten a cancelar las cuotas exigidas son presionados de diversas maneras, entre las que se destacan los daños a la propiedad y los asaltos.
Del cobro no se libran ni aquellos ladrones de almacenes llamados “escaperos”, quienes deben pagar entre 30 mil y 40 mil pesos semanales para que los dejen “trabajar”.
Quien domine el centro de la ciudad no sólo se hace a millones de pesos producto de los cobros; además, regula actividades asociadas al narcotráfico. Una de ellas es la autorización de la apertura de nuevas plazas de vicio, por las cuales el interesado, una vez aprobada su solicitud, debe cancelar un “impuesto” de 8 millones de pesos.
Lo que se observa en el centro de la ciudad es una organización jerarquizada a partir de un coordinador general, que le responde a un superior y que tiene bajo su control a por lo menos 120 hombres, distribuidos en 23 sectores.
En cada sector opera un grupo de por lo menos 6 hombres, quienes portan armas de corto alcance con salvoconducto expedidos por la IV Brigada y vigilan desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, seg´´un los informes de la policía. Además, manejan pequeñas oficinas de “cobros”, desde donde se patrocinan actividades sicariales, a través del préstamo de armas o de facilitar los homicidios, creando las condiciones para la huida de los asesinos.
Dos aspectos llaman la atención de los investigadores: el primero es que el cobro de las cuotas se ha refinado de tal manera que los recibos ya incluyen números de cuentas bancarias en las cuales se debe depositar el dinero; y el segundo es la utilización de radios de comunicación suministrados de forma legal por la Policía Nacional a las redes de apoyo, grupos de civiles que apoyan la labor de las utoridades con información.
Los informes policiales detallan que los sectores bajo vigilancia de estos grupos ilegales son: Prado Centro, La Bayadera, Parque del Periodista, Parque San Antonio, Barrio Triste, Avenida Juan del Corral, Pasaje Peatonal Carabobo, Plaza Botero, Parque Bolívar y Barbacoas, Viaducto del Metro sobre Carrera Bolívar, Carabobo con Juanambú y Rojas Pinilla, Avenida La Playa con la Avenida Oriental, El Raudal, Carrera Junín con Calle San Juan, San Benito, Calle Maturín, El hueco, Pasaje Boyacá, Pasaje La Bastilla, Plaza de Flores, El Chagualo y San Diego.
Si bien los cobros por seguridad y vigilancia son generalizados, los que más generan dinero son los servicios prestados a los sitios donde se expenden sustancias alucinógenas, entre las que se destacan la cocaína, cuyo consumo va en aumento y es mucho más rentable que la marihuana y bazuco.
Justamente esas rentas son las que en la actualidad se convirtieron en objeto de disputa entre hombres de la Oficina de Envigado y un sujeto conocido como 'don Pedro', de quien no se tienen mayores datos que lo identifiquen plenamente. De él se sabe que posee el dominio de las plazas de vicio ubicadas en el sector conocido como La Aurora, en la Avenida Primero de Mayo con Tenerife, el Bazar de Los Puentes y en la carrera 51, entre calles 47 y 48.
En su afán de expansión, la llamada Oficina de Envigado, a través de “las convivires”, le pidieron a 'don Pedro' que les dejara la administración de sus plazas a ellos, pero éste sólo les entregó dos. La negativa generó una cruenta confrontación que entre los meses de octubre del año pasado y enero de este año dejó por lo menos 12 muertos, varios de ellos ocasionados por arma blanca. El número podría ser más alto si se contabilizan las muertes ocurridas durante el mes de febrero.
Dada la desigual confrontación, 'don Pedro' decidió buscar patrocinio para enfrentar a la Oficina de Envigado y lo halló, inicialmente, en el cartel del Norte del Valle. Se planteó entonces un conflicto en el que se dijo que por cada “jíbaro” que mataran los de Envigado, serían asesinados dos “convivires.
En medio de esa disputa han llegado hombres de alias 'don Mario' que quieren pescar en río revuelto y hacerse al dominio de las plazas de vicio en el centro, con el ánimo de acumular territorio y convertirse en el nuevo “patrón” de la ciudad.
Quienes trabajan en el centro de la ciudad esperan que las medidas tomadas por la administración municipal, en conjunto con las autoridades policiales, generen tranquilidad, incremente la seguridad en sus calles y acaben con todas aquellas expresiones de ilegalidad. No piden menos.
* El Instituto Popular de Capacitación, de Medellín
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