Condenados siete militares a 286 meses de prisión por torturar a jóvenes
Justicia
El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín condenó este viernes a un oficial, un suboficial, y cinco soldados de la IV Brigada del Ejército Nacional, a 286 meses de prisión, por torturar a cuatro jóvenes de la Comuna 13 de la capital antioqueña. El fallo lo emitió con base en pruebas técnicas y testimoniales que aportó la Fiscalía.
El teniente Cristian Alfonso Ríos Moncayo; el cabo Freddy Alexander Tocarruncho, y los soldados Jorge Andrés Cardona Alzate, Daladier Avendaño Usuga, Juan Gabriel Paniagua Urrego, Sergio Andrés Erazo y Luis Javier Atencia son los militares condenados.
Según la Fiscalía, el 10 de diciembre de 2006, una joven del barrio 20 de julio acudió a una base militar del sector para denunciar que había sido violada supuestamente por los jóvenes Edison de Jesús Quiceno Gil, Edison Hernando Gaviria Agudelo, y los hermanos Henry Alonso e Iván Darío Londoño Londoño.
Posteriormente, los presuntos victimarios fueron retenidos y conducidos hasta la guarnición militar donde fueron torturados y sometidos a malos tratos, que determinaron, según dictamen legal, 20 días de incapacidad para cada uno de los afectados.
En la misma decisión el Juez absolvió a los soldados Uvadel Ramón Bolaños Cotera, Jorge Luis Campiño Cañaveral, Jorge Andrés Ángel Ríos, Guillermo Alexander Henao Gómez y Juan Diego Hincapié.
El fallo fue apelado ante el Tribunal Superior de Medellín por el delegado del Ministerio Público y la defensa.
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sábado, 29 de noviembre de 2008
lunes, 3 de noviembre de 2008
Ex Auc cuenta cómo fue el reclutamiento de al menos 7 jóvenes en Sahagún (Córdoba)
Noviembre 1 de 2008
Ex Auc cuenta cómo fue el reclutamiento de al menos 7 jóvenes en Sahagún (Córdoba)
Los desaparecidos fueron reportados como guerrilleros muertos en combate por la Fuerza de Tarea Conjunta en el vecino departamento de Sucre.
El 22 de mayo de este año, un soldado y un cabo de dicha fuerza fueron a matar en su casa del barrio San Rafael a Daniel Alfonso Guerra Ruiz, desmovilizado del bloque 'Centauros', que desde meses atrás tenía una alianza con los militares para reclutar jóvenes, según la propia versión del ex Auc.
El ex 'para' logró escapar, pero su mamá, Fermina Ruiz, que fue testigo de la balacera, recibió un disparo en el abdomen. Él se fue directo a la Policía en Sahagún, donde pidió protección. De allí, una patrulla con cinco uniformados salió a perseguir a los dos hombres que habían disparado y que huyeron hacia la zona rural del municipio, ubicado a 52 kilómetros de Montería, la capital de Córdoba.
Tras varios minutos de persecución los capturaron e identificaron como el soldado profesional Roberto Carlos López Vega y el cabo segundo Luis Alejandro Toledo Sánchez, adscritos a la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, que opera en 14 municipios de ese departamento con tropas de la Infantería de Marina y de la Brigada 11 del Ejército.
La confesión del ex Auc
El 19 de junio pasado, el ex 'para' confesó ante un grupo de agentes de la Sijín haber conseguido a siete muchachos solicitados por el soldado López Vega, para supuestamente trabajar en fincas de Sincelejo, Sincé, Betulia y Ovejas (Sucre).
Eran de los barrios San José, El Triunfo, Simón Bolívar y La Apartada Carolina, sectores deprimidos Sahagún.
Seis aparecieron luego como muertos en combate con unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre.
Según el relato del desmovilizado, desde el año pasado el soldado profesional lo contactó, primero para que aceptara el trabajo, y luego para que le ayudara a conseguir a los jóvenes. "Roberto Carlos un día fue a mi casa y me dijo que me estaba buscando hacía rato para ver si me iba a trabajar con unos manes duros de Sincelejo y Ovejas, para cuidar unas fincas. Que pagaban 650 mil pesos y yo iba a andar en moto. Le dije que me dejara pensar y que luego yo le daba una respuesta", dice la confesión del ex 'para'.
Y sigue: "El primero de enero de este año él llegó en una moto a mi casa y me dijo que le buscara un pelao para trabajar en la finca, y me fui al barrio Santa Lucía a buscar al 'Chino' Payares, que me dijo que sí... Lo llevé a la esquina de la casa donde yo vivo. Ahí estaba Roberto Carlos esperando y se lo llevó en una moto marca Honda XL 125, de color rojo, vía vereda La Unión".
El 'Chino Payares', que en realidad se llama Edwin Payares Vega, es el único de los siete que el ex 'para' reclutó que no ha aparecido. Sus padres lo dan por muerto.
En otro aparte de su declaración, el desmovilizado afirma que el pasado 10 de enero, a las 4 de la tarde, el soldado profesional le pidió que fuera por Rodrigo Antonio Avilés Salgado, apodado el 'Pescao', y lo alistara para llevárselo para Bucaramanga. Cuatro horas más tarde el joven fue supuestamente abatido en combate en la finca Charconiza, de Corozal (Sucre), según consta en el acta de levantamiento del CTI.
Hoy, el ex 'para' del 'Centauros' está en el programa de protección a testigos de la Fiscalía, y fue sacado de Córdoba.
Le ofrecieron plata
Apenas un día después del atentado en el que salió herida su madre, un hombre lo visitó en su casa. "Era de piel negra, creo que era un suboficial del Ejército. Me dijo que disculpara, que eso era un mal entendido y que me iba a dar cinco millones de pesos para que dijera que el atentado era porque yo me acostaba con la mujer de Roberto Carlos (el soldado profesional)".
Sin embargo, el ex 'Auc'se mantuvo en su confesión y sostiene que aún existe un plan para asesinarlo.
Por lo pronto, el soldado profesional está condenado a 4 años y 6 meses de prisión por porte ilegal de armas y lesiones personales, por haber provocado heridas a la madre del desmovilizado. El juez Penal del Circuito de Sahagún, Alberto Burgos, le concedió la casa por cárcel, la cual cumple en un municipio de Sucre.
El pasado 30 de mayo sus superiores le informaron que había sido retirado del servicio. Desde su lugar de reclusión niega las acusaciones del desmovilizado y se sostiene en que los celos lo impulsaron a cometer el atentado.
El cabo Toledo, mientras tanto, enfrenta una investigación por lesiones personales en la Fiscalía 27 de Sahagún, porque acompañaba al soldado el día que hirió a la madre del ex 'para'.
EL TIEMPO conoció que también en mayo de este año, cuando se desató el escándalo de los falsos positivos, el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, coronel Luis Fernando Borja, fue relevado y trasladado a Tolemaida. Este diario le dejó varios mensajes en el celular, pero nunca respondió.
El comandante de la Brigada 11 del Ejército con sede en Montería, coronel Jorge Salgado, del que depende la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, confirmó que la investigación por los hechos está en manos de la Fiscalía.
Estos fueron los engañados
Wilson Alfredo Salgado De la Vega, de 21 años. Trabajaba como administrador de un estadero en Sahagún. Desapareció el 12 de junio del 2007 y fue reportado como muerto en combate ese mismo día en Galeras (Sucre).
Leonardo Fabio Macea Oyola, de 21 años. Desapareció junto con Wilson Alfredo Salgado y sus cuerpos fueron hallados juntos el mismo día y en el mismo lugar en Galeras.
Saleth de Jesús Caldera Yánez, de 25 años. Desmovilizado del bloque 'Mineros'. Desapareció el 29 de enero de este año y ese mismo día fue "muerto en combate" en Sincé.
Rodrigo Antonio Avilés Salgado, 22 años. Vendedor de pizza. Desapareció el 10 de enero tras una promesa de trabajo en B/manga. 4 horas más tarde era muerto en Corozal.
Abraham Elías Geney Lora, de 37 años. Trabajaba en soldadura. Desapareció el 12 de junio del 2007 y ese mismo día fue reportado como muerto en combate en Sincé (Sucre).
Miguel Emiro Galeano Mendoza, de 24 años. Desapareció el 23 de septiembre del 2007 y fue reportado muerto 24 horas después en la finca Santa Rita, en Galeras (Sucre).
Edwin José Payares Bravo, de 22 años. Desmovilizado de las Auc. Se fue el primero de enero de este año supuestamente a trabajar en Sincé, pero no ha aparecido. Sus padres lo creen muerto.
Coincidencias en varias muertes
Un informe de la Fiscalía de Sincelejo sobre muertos en combate en el 2007 cuenta 53 personas, de las cuales 35 fueron identificadas.
Varios familiares aseguran que las muertes fueron reportadas cuatro o cinco horas después de que salieran de sus casas.
Casi todas conservaban la ropa que tenían puesta el día de la desaparición, pero llevaban botas pantaneras y armas.
Un agente del CTI que participó en la mayoría de levantamientos, y que pidió no revelar su nombre, dijo que en muchos casos esas botas tenían apariencia de nuevas y casi todos los cuerpos un solo impacto de fusil.
REDACCIÓN NACIONAL
www.eltiempo.com
Ex Auc cuenta cómo fue el reclutamiento de al menos 7 jóvenes en Sahagún (Córdoba)
Los desaparecidos fueron reportados como guerrilleros muertos en combate por la Fuerza de Tarea Conjunta en el vecino departamento de Sucre.
El 22 de mayo de este año, un soldado y un cabo de dicha fuerza fueron a matar en su casa del barrio San Rafael a Daniel Alfonso Guerra Ruiz, desmovilizado del bloque 'Centauros', que desde meses atrás tenía una alianza con los militares para reclutar jóvenes, según la propia versión del ex Auc.
El ex 'para' logró escapar, pero su mamá, Fermina Ruiz, que fue testigo de la balacera, recibió un disparo en el abdomen. Él se fue directo a la Policía en Sahagún, donde pidió protección. De allí, una patrulla con cinco uniformados salió a perseguir a los dos hombres que habían disparado y que huyeron hacia la zona rural del municipio, ubicado a 52 kilómetros de Montería, la capital de Córdoba.
Tras varios minutos de persecución los capturaron e identificaron como el soldado profesional Roberto Carlos López Vega y el cabo segundo Luis Alejandro Toledo Sánchez, adscritos a la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, que opera en 14 municipios de ese departamento con tropas de la Infantería de Marina y de la Brigada 11 del Ejército.
La confesión del ex Auc
El 19 de junio pasado, el ex 'para' confesó ante un grupo de agentes de la Sijín haber conseguido a siete muchachos solicitados por el soldado López Vega, para supuestamente trabajar en fincas de Sincelejo, Sincé, Betulia y Ovejas (Sucre).
Eran de los barrios San José, El Triunfo, Simón Bolívar y La Apartada Carolina, sectores deprimidos Sahagún.
Seis aparecieron luego como muertos en combate con unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre.
Según el relato del desmovilizado, desde el año pasado el soldado profesional lo contactó, primero para que aceptara el trabajo, y luego para que le ayudara a conseguir a los jóvenes. "Roberto Carlos un día fue a mi casa y me dijo que me estaba buscando hacía rato para ver si me iba a trabajar con unos manes duros de Sincelejo y Ovejas, para cuidar unas fincas. Que pagaban 650 mil pesos y yo iba a andar en moto. Le dije que me dejara pensar y que luego yo le daba una respuesta", dice la confesión del ex 'para'.
Y sigue: "El primero de enero de este año él llegó en una moto a mi casa y me dijo que le buscara un pelao para trabajar en la finca, y me fui al barrio Santa Lucía a buscar al 'Chino' Payares, que me dijo que sí... Lo llevé a la esquina de la casa donde yo vivo. Ahí estaba Roberto Carlos esperando y se lo llevó en una moto marca Honda XL 125, de color rojo, vía vereda La Unión".
El 'Chino Payares', que en realidad se llama Edwin Payares Vega, es el único de los siete que el ex 'para' reclutó que no ha aparecido. Sus padres lo dan por muerto.
En otro aparte de su declaración, el desmovilizado afirma que el pasado 10 de enero, a las 4 de la tarde, el soldado profesional le pidió que fuera por Rodrigo Antonio Avilés Salgado, apodado el 'Pescao', y lo alistara para llevárselo para Bucaramanga. Cuatro horas más tarde el joven fue supuestamente abatido en combate en la finca Charconiza, de Corozal (Sucre), según consta en el acta de levantamiento del CTI.
Hoy, el ex 'para' del 'Centauros' está en el programa de protección a testigos de la Fiscalía, y fue sacado de Córdoba.
Le ofrecieron plata
Apenas un día después del atentado en el que salió herida su madre, un hombre lo visitó en su casa. "Era de piel negra, creo que era un suboficial del Ejército. Me dijo que disculpara, que eso era un mal entendido y que me iba a dar cinco millones de pesos para que dijera que el atentado era porque yo me acostaba con la mujer de Roberto Carlos (el soldado profesional)".
Sin embargo, el ex 'Auc'se mantuvo en su confesión y sostiene que aún existe un plan para asesinarlo.
Por lo pronto, el soldado profesional está condenado a 4 años y 6 meses de prisión por porte ilegal de armas y lesiones personales, por haber provocado heridas a la madre del desmovilizado. El juez Penal del Circuito de Sahagún, Alberto Burgos, le concedió la casa por cárcel, la cual cumple en un municipio de Sucre.
El pasado 30 de mayo sus superiores le informaron que había sido retirado del servicio. Desde su lugar de reclusión niega las acusaciones del desmovilizado y se sostiene en que los celos lo impulsaron a cometer el atentado.
El cabo Toledo, mientras tanto, enfrenta una investigación por lesiones personales en la Fiscalía 27 de Sahagún, porque acompañaba al soldado el día que hirió a la madre del ex 'para'.
EL TIEMPO conoció que también en mayo de este año, cuando se desató el escándalo de los falsos positivos, el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, coronel Luis Fernando Borja, fue relevado y trasladado a Tolemaida. Este diario le dejó varios mensajes en el celular, pero nunca respondió.
El comandante de la Brigada 11 del Ejército con sede en Montería, coronel Jorge Salgado, del que depende la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, confirmó que la investigación por los hechos está en manos de la Fiscalía.
Estos fueron los engañados
Wilson Alfredo Salgado De la Vega, de 21 años. Trabajaba como administrador de un estadero en Sahagún. Desapareció el 12 de junio del 2007 y fue reportado como muerto en combate ese mismo día en Galeras (Sucre).
Leonardo Fabio Macea Oyola, de 21 años. Desapareció junto con Wilson Alfredo Salgado y sus cuerpos fueron hallados juntos el mismo día y en el mismo lugar en Galeras.
Saleth de Jesús Caldera Yánez, de 25 años. Desmovilizado del bloque 'Mineros'. Desapareció el 29 de enero de este año y ese mismo día fue "muerto en combate" en Sincé.
Rodrigo Antonio Avilés Salgado, 22 años. Vendedor de pizza. Desapareció el 10 de enero tras una promesa de trabajo en B/manga. 4 horas más tarde era muerto en Corozal.
Abraham Elías Geney Lora, de 37 años. Trabajaba en soldadura. Desapareció el 12 de junio del 2007 y ese mismo día fue reportado como muerto en combate en Sincé (Sucre).
Miguel Emiro Galeano Mendoza, de 24 años. Desapareció el 23 de septiembre del 2007 y fue reportado muerto 24 horas después en la finca Santa Rita, en Galeras (Sucre).
Edwin José Payares Bravo, de 22 años. Desmovilizado de las Auc. Se fue el primero de enero de este año supuestamente a trabajar en Sincé, pero no ha aparecido. Sus padres lo creen muerto.
Coincidencias en varias muertes
Un informe de la Fiscalía de Sincelejo sobre muertos en combate en el 2007 cuenta 53 personas, de las cuales 35 fueron identificadas.
Varios familiares aseguran que las muertes fueron reportadas cuatro o cinco horas después de que salieran de sus casas.
Casi todas conservaban la ropa que tenían puesta el día de la desaparición, pero llevaban botas pantaneras y armas.
Un agente del CTI que participó en la mayoría de levantamientos, y que pidió no revelar su nombre, dijo que en muchos casos esas botas tenían apariencia de nuevas y casi todos los cuerpos un solo impacto de fusil.
REDACCIÓN NACIONAL
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Tres generales, entre los 27 miembros del Ejército retirados por casos de derechos humanos
Octubre 29 de 2008 - 7:15 a.m.
Tres generales, entre los 27 miembros del Ejército retirados por casos de derechos humanos
Los generales llamados a calificar servicios fueron el mayor general Roberto Pico Hernández y los brigadieres generales José Joaquín Cortés Franco y Paulino Coronado Gámez.
La medida también afecta a 4 coroneles, 7 tenientes coroneles, 3 mayores un capitán y un teniente, además de 7 suboficiales, según reveló el comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla de León.
"No se puede confundir la eficacia en las operaciones militares con la cobardía para enfrentar a los delincuentes y la distorsión de la eficacia, asesinando a inocentes", dijo el presidente en una alocución televisada.
La decisión es trascendental, porque implica descabezar dos divisiones del Ejército sobre la base, en principio, de que sus generales no tomaron las medidas preventivas para evitar que estos hechos ocurrieran y que, cuando hubo denuncias, no profundizaron en ellas.
El otro general, Coronado, era de una nueva Brigada que operaba en la zona del Catatumbo y que desde el primer momento defendió la legalidad de las operaciones en las que murieron los jóvenes.
La Fiscalía adelanta en este momento más de 700 investigaciones por hechos similares desde el 2002.
Los departamentos de Meta, Antioquia y Córdoba, además de Norte de Santander, son los que reportaban más denuncias.
Fuentes que conocen el caso le hablaron a EL TIEMPO de dos tipos de situaciones que se investigan en este y otros casos y que influyeron en la salida de los militares: así como hay algunos que no ejercieron los controles debidos, otros habrían participado directamente en una especie de 'carrusel' criminal en el que tienen participación civiles y que contrataba a jóvenes para llevarlos a otras zonas del país con varias ofertas, entre ellas actos ilegales, y que luego incluso sacaban provecho económico de los golpes de los militares a través de recompensas.
Drásticas sanciones
El presidente Uribe explicó en su intervención que una comisión conformada por el ministerio de Defensa estableció que efectivos militares entraron en colusión con delincuentes para mostrar supuestos resultados operacionales y anunció la toma de "drásticas decisiones".
La comisión "ha encontrado que puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas incursos en asesinatos, y que hay fallas en procedimientos, en protocolos, en vigilancia", señaló Uribe.
El gobernante hizo referencia al caso de al menos una veintena de jóvenes de Soacha, municipio al sur Bogotá, que desaparecieron a comienzos de año y cuyos restos mortales fueron encontrados hace pocas semanas en fosas comunes de cementerios en el noreste del país.
Todos ellos fueron reportados como irregulares muertos en combate, según informó en su momento la Fiscalía General, que asumió la investigación penal de los hechos.
Los crímenes se registraron, principalmente, en el Norte de Santander, departamento de la frontera noreste con Venezuela y en el que estaban destacados los efectivos separados.
El grupo de removidos lo encabezan los generales Roberto Tito, José Joaquín Cortés y Paulino Coronado, comandantes de las divisiones séptima y dos del Ejército, y de la brigada 23, respectivamente.
Le siguen cuatro coroneles, siete tenientes coroneles, tres mayores, un capitán, un teniente y seis suboficiales, según la relación de removidos divulgada por el comandante de las Fuerzas Militares.
El presidente Uribe reconoció que la investigación del comité castrense interno estableció que en algunas instancias del Ejército "ha habido negligencia y falta de cuidado en los procedimientos que tienen que observarse" en las operaciones militares.
"Eso ha permitido que algunas personas puedan estar incursas en crímenes, crímenes resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del Ejército", se lamentó el jefe del Estado.
El mandatario agregó que se trata de crímenes que en algunas regiones "tienen por interés asesinar inocentes para dar la sensación de que se está enfrentando en esa región a los criminales, cuando
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Tres generales, entre los 27 miembros del Ejército retirados por casos de derechos humanos
Los generales llamados a calificar servicios fueron el mayor general Roberto Pico Hernández y los brigadieres generales José Joaquín Cortés Franco y Paulino Coronado Gámez.
La medida también afecta a 4 coroneles, 7 tenientes coroneles, 3 mayores un capitán y un teniente, además de 7 suboficiales, según reveló el comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla de León.
"No se puede confundir la eficacia en las operaciones militares con la cobardía para enfrentar a los delincuentes y la distorsión de la eficacia, asesinando a inocentes", dijo el presidente en una alocución televisada.
La decisión es trascendental, porque implica descabezar dos divisiones del Ejército sobre la base, en principio, de que sus generales no tomaron las medidas preventivas para evitar que estos hechos ocurrieran y que, cuando hubo denuncias, no profundizaron en ellas.
El otro general, Coronado, era de una nueva Brigada que operaba en la zona del Catatumbo y que desde el primer momento defendió la legalidad de las operaciones en las que murieron los jóvenes.
La Fiscalía adelanta en este momento más de 700 investigaciones por hechos similares desde el 2002.
Los departamentos de Meta, Antioquia y Córdoba, además de Norte de Santander, son los que reportaban más denuncias.
Fuentes que conocen el caso le hablaron a EL TIEMPO de dos tipos de situaciones que se investigan en este y otros casos y que influyeron en la salida de los militares: así como hay algunos que no ejercieron los controles debidos, otros habrían participado directamente en una especie de 'carrusel' criminal en el que tienen participación civiles y que contrataba a jóvenes para llevarlos a otras zonas del país con varias ofertas, entre ellas actos ilegales, y que luego incluso sacaban provecho económico de los golpes de los militares a través de recompensas.
Drásticas sanciones
El presidente Uribe explicó en su intervención que una comisión conformada por el ministerio de Defensa estableció que efectivos militares entraron en colusión con delincuentes para mostrar supuestos resultados operacionales y anunció la toma de "drásticas decisiones".
La comisión "ha encontrado que puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas incursos en asesinatos, y que hay fallas en procedimientos, en protocolos, en vigilancia", señaló Uribe.
El gobernante hizo referencia al caso de al menos una veintena de jóvenes de Soacha, municipio al sur Bogotá, que desaparecieron a comienzos de año y cuyos restos mortales fueron encontrados hace pocas semanas en fosas comunes de cementerios en el noreste del país.
Todos ellos fueron reportados como irregulares muertos en combate, según informó en su momento la Fiscalía General, que asumió la investigación penal de los hechos.
Los crímenes se registraron, principalmente, en el Norte de Santander, departamento de la frontera noreste con Venezuela y en el que estaban destacados los efectivos separados.
El grupo de removidos lo encabezan los generales Roberto Tito, José Joaquín Cortés y Paulino Coronado, comandantes de las divisiones séptima y dos del Ejército, y de la brigada 23, respectivamente.
Le siguen cuatro coroneles, siete tenientes coroneles, tres mayores, un capitán, un teniente y seis suboficiales, según la relación de removidos divulgada por el comandante de las Fuerzas Militares.
El presidente Uribe reconoció que la investigación del comité castrense interno estableció que en algunas instancias del Ejército "ha habido negligencia y falta de cuidado en los procedimientos que tienen que observarse" en las operaciones militares.
"Eso ha permitido que algunas personas puedan estar incursas en crímenes, crímenes resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del Ejército", se lamentó el jefe del Estado.
El mandatario agregó que se trata de crímenes que en algunas regiones "tienen por interés asesinar inocentes para dar la sensación de que se está enfrentando en esa región a los criminales, cuando
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Militares relacionados en desapariciones serían procesados por justicia ordinaria
Bogotá | 28 octubre 2008 - 4:21pm
Militares relacionados en desapariciones serían procesados por justicia ordinaria
Por: Elespectador.com
El concejal Orlando Parada recibió del Juez 37 penal militar una respuesta que asegura que en dos de los casos de las desapariciones en el sur de la capital, se encuentran en la Fiscalía 72 delegada de Derechos Humanos con sede en la ciudad de Cúcuta.
El pasado seis de octubre el concejal Orlando Parada solicitó por escrito el envío de los expedientes de los jóvenes Elkin Gustavo Verano Hernandez Y Joaquín Castro Hernandez a la jurisdicción ordinaria, para que la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario abordaran la investigación.En respuesta enviada al Concejal Parada, el Juez 37 Penal Militar le informó a Parada que las investigaciones - oficios corresponden a los números 2434 Investigación Preliminar 124-08; oficio 2421 proceso penal 347-08; y oficio 2428 proceso penal 348-08- estaban en manos de la Fiscalía en Cúcuta."Una vez más es claro que los miembros de las fuerzas armadas que incurran en conductas ajenas al ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, deben ser juzgados por la justicia ordinaria. De ninguna manera se puede aceptar que la Justicia Penal Militar conozca de delitos cometidos por individuos que abusan de la autoridad que el pueblo colombiano les ha conferido", señaló Parada.Los cuerpos de los jóvenes mencionados fueron hallados en fosas comunes de Santander y Norte de Santander y según el Ministro de Defensa fueron dados de baja en combates con la fuerza pública.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo86552-militares-relacionados-desapariciones-serian-procesados-justicia-ordin
Militares relacionados en desapariciones serían procesados por justicia ordinaria
Por: Elespectador.com
El concejal Orlando Parada recibió del Juez 37 penal militar una respuesta que asegura que en dos de los casos de las desapariciones en el sur de la capital, se encuentran en la Fiscalía 72 delegada de Derechos Humanos con sede en la ciudad de Cúcuta.
El pasado seis de octubre el concejal Orlando Parada solicitó por escrito el envío de los expedientes de los jóvenes Elkin Gustavo Verano Hernandez Y Joaquín Castro Hernandez a la jurisdicción ordinaria, para que la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario abordaran la investigación.En respuesta enviada al Concejal Parada, el Juez 37 Penal Militar le informó a Parada que las investigaciones - oficios corresponden a los números 2434 Investigación Preliminar 124-08; oficio 2421 proceso penal 347-08; y oficio 2428 proceso penal 348-08- estaban en manos de la Fiscalía en Cúcuta."Una vez más es claro que los miembros de las fuerzas armadas que incurran en conductas ajenas al ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, deben ser juzgados por la justicia ordinaria. De ninguna manera se puede aceptar que la Justicia Penal Militar conozca de delitos cometidos por individuos que abusan de la autoridad que el pueblo colombiano les ha conferido", señaló Parada.Los cuerpos de los jóvenes mencionados fueron hallados en fosas comunes de Santander y Norte de Santander y según el Ministro de Defensa fueron dados de baja en combates con la fuerza pública.
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En los dos últimos años se han presentado 533 ejecuciones en Colombia
Nacional | 28 octubre 2008 - 6:49pm
En los dos últimos años se han presentado 533 ejecuciones en Colombia
Por: Elespectador.com
El 58% de los casos correspondían a menores de edad. Las cifras serán presentadas este miércoles en un evento organizado por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, coalición conformada por 199 organizaciones colombianas que trabajan en la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos.
Estas y otras cifras de interés sobre el tema de ejecuciones extrajudiciales, así como el contexto de nuevos patrones y modalidades para encubrir la comisión de estos hechos, los departamentos más afectados, y la exposición de algunos casos de relevancia, será el asunto a tratar mañana miércoles 29 de octubre, en el marco de la realización del evento "Ejecuciones extrajudiciales: realidad inocultable", que se efectuará a partir de las 9 a.m., en el Centro Cultural Gabriel García Márquez (Calle 11 n.° 5-60, Bogotá)."En el último quinquenio se ha constatado un aumento del 67,71% en los registros de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuidas a la Fuerza Pública, lapso que coincide con la aplicación de la política de seguridad democrática promovida por el Gobierno actual desde su posesión el 7 de agosto de 2002", revela parte del informe.En su último informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones reconoció que: "la persistencia de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública, fundamentalmente del ejército", señalando además que "algunas características comunes a los casos denunciados son presentar a las víctimas como muertos en combate, alterar la escena de los hechos antes del levantamiento del cadáver y en la mayoría de las ocasiones hacer que la justicia penal militar asuma las investigaciones".Según el documento, las investigaciones adelantadas por las autoridades sobre algunos de estos casos revelan que podrían estar motivados por la presión por parte de las superiores, respecto a los resultados que deben presentar los miembros de la fuerza pública.Durante el evento además se tocará el tema de las desapariciones en el sur de la capital y las continuas versiones que al respecto han salido a flote.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo86584-los-dos-ultimos-anos-se-han-presentado-533-ejecuciones-colombia
En los dos últimos años se han presentado 533 ejecuciones en Colombia
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El 58% de los casos correspondían a menores de edad. Las cifras serán presentadas este miércoles en un evento organizado por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, coalición conformada por 199 organizaciones colombianas que trabajan en la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos.
Estas y otras cifras de interés sobre el tema de ejecuciones extrajudiciales, así como el contexto de nuevos patrones y modalidades para encubrir la comisión de estos hechos, los departamentos más afectados, y la exposición de algunos casos de relevancia, será el asunto a tratar mañana miércoles 29 de octubre, en el marco de la realización del evento "Ejecuciones extrajudiciales: realidad inocultable", que se efectuará a partir de las 9 a.m., en el Centro Cultural Gabriel García Márquez (Calle 11 n.° 5-60, Bogotá)."En el último quinquenio se ha constatado un aumento del 67,71% en los registros de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuidas a la Fuerza Pública, lapso que coincide con la aplicación de la política de seguridad democrática promovida por el Gobierno actual desde su posesión el 7 de agosto de 2002", revela parte del informe.En su último informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones reconoció que: "la persistencia de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública, fundamentalmente del ejército", señalando además que "algunas características comunes a los casos denunciados son presentar a las víctimas como muertos en combate, alterar la escena de los hechos antes del levantamiento del cadáver y en la mayoría de las ocasiones hacer que la justicia penal militar asuma las investigaciones".Según el documento, las investigaciones adelantadas por las autoridades sobre algunos de estos casos revelan que podrían estar motivados por la presión por parte de las superiores, respecto a los resultados que deben presentar los miembros de la fuerza pública.Durante el evento además se tocará el tema de las desapariciones en el sur de la capital y las continuas versiones que al respecto han salido a flote.
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