Julio 5 de 2009
En seis de ellos, las menores fueron madres antes de los 14. A los investigadores les tomó casi dos años encontrar la primera persona dispuesta a declarar sobre las aberraciones de 'el Viejo'.
'Regresaba cada ocho días. Así quedé embarazada', le dijo a la Fiscalía una muchacha de 23 años que hace 10 tuvo un hijo del jefe 'para'.
El tema llegó a oídos de la Fiscalía como un rumor: muchos padres de la Sierra Nevada de Santa Marta prefirieron convertirse en desplazados antes que resignarse a que sus niñas se convirtieran en 'mujeres' del extraditado jefe 'para' Hernán Giraldo Serna. Hoy, la Fiscalía tiene documentados 19 historias de menores que tuvieron hijos de Giraldo.
"Una tarde mi mamá fue a Guachaca (corregimiento de Santa Marta) a una cita médica y me quedé sola en la finca. Como a las 4 de la tarde llegó el señor Hernán -dice el testimonio de la víctima, hoy de 23 años- (...) Yo sabía que él comandaba las autodefensas y me dijo que esa noche se iba a quedar conmigo. Al día siguiente se fue y después regresaba cada ocho días. Fue así como quedé embarazada".
Ella entonces tenía 13 años y le dio dos hijos al hombre que hace una década fue reseñado por la revista Newsweek como el 'sucesor de Pablo Escobar'. "Tengo conocimiento de que el señor Hernán tenía muchas 'peladas', todas jovencitas. Unas eran llevadas por las madres para que estuvieran con él y les ayudara (económicamente). Yo las veía por Machete (vereda Machete Pelao)", agregó la víctima.
A través de documentos en la Registraduría y en notarías de Santa Marta, Riohacha y varias poblaciones de la Costa y hasta de Bello (Antioquia), las autoridades han identificado a 22 de los hijos del extraditado ex jefe del Bloque Tayrona, que reconoció que tuvo 27. No obstante, en la Sierra Nevada se dice que tuvo más de 100 hijos desde que llegó a manejar el negocio de la coca a mediados de los 70.
"Tres generaciones de niñas crecieron a la sombra de su poder armado y a merced de lo que él quisiera hacer con ellas. Lo más dramático es que las víctimas y sus familias, en su gran mayoría, ven el asunto como algo normal o como algo que 'les tocó'", dijo uno de los investigadores.
Por meses, nadie en la Sierra quiso testificar contra el 'Patrón', como también le decían. "Hablamos con los personeros, inspectores de Policía, presidentes de juntas de acción comunal, sacerdotes, pastores, comadres -dice la fuente-. Hicimos reuniones de mujeres, y nada. Todo el mundo sabía lo que pasaba, que le había ocurrido a la hija de alguien, pero nadie habló".
Cuando el silencio se rompió empezaron a descubrir -dice el expediente conocido por EL TIEMPO- que hubo padres de familia que entregaron sus niñas "para que si a él le gustaban las hiciera sus mujeres y así aseguraban su futuro. Que (los padres) las llevaban a fiestas o eventos para que hicieran fila frente a él".
Hasta ahora, la Fiscalía ha recorrido 10 de las 102 veredas de la Sierra y considera que tiene material para acusar al extraditado 'para' por crímenes sexuales en el conflicto, que a la luz del DIH son de lesa humanidad.
Ahora, en poblaciones de la Costa buscan a una niña, que fue entregada por su madre al ex jefe 'para' y que terminó prostituida entre la tropa paramilitar. La Fiscalía también tiene información de una adolescente que fue 'escogida' por Giraldo y que supuestamente le fue infiel con uno de sus 'paras' conocido como 'el Flaco'. Él terminó muerto y de ella no se sabe nada desde que Giraldo la sacó de la casa que le había dado en Puerto Nuevo.
Giraldo no es el único jefe 'para' con esas historias. En pleno proceso de paz, 'Jorge 40' le mandó a decir a Salvatore Mancuso que él iba a seguir en la guerra mientras Mancuso seguía buscando "pelaítas". Y 'El Oso', 'para' de Sucre, está acusado por organizar reinados infantiles donde escogía a sus víctimas.
REDACCIÓN JUSTICIA
Publivado en
www.eltiempo.com
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viernes, 2 de octubre de 2009
lunes, 15 de junio de 2009
“Entregué a más de 30 jóvenes para ‘falsos positivos’”
Este es el testimonio del hombre que les entregó a algunos miembros del Ejército los jóvenes de Soacha que fueron asesinados el año pasado en Ocaña y presentados como muertos en combate. Su impresionante versión de los hechos lo han convertido en uno de los testigos claves de la Fiscalía.
"Yo no nací para vivir toda la vida". Con esta frase lapidaria comienza el recuento de su escalofriante historia un joven de apenas 21 años, cuyo testimonio puede poner contra la pared a varios militares de Ocaña que asesinaron por lo menos a 11 jóvenes de Soacha para presentarlos como guerrilleros muertos en combate.
Con su rostro esquelético y su mirada oscura y penetrante cuenta con frialdad cómo funcionaba por dentro la máquina de muerte que estremeció al país el año pasado cuando estalló el escándalo de los 'falsos positivos'. Este joven admite que participó en la muerte de por lo menos 30 víctimas. Se trata de un testigo de excepción que logró sobrevivir al propio entramado delincuencial para el cual trabajó y cuyo testimonio es hoy una pieza central en la investigación que adelantan la Fiscalía y la Procuraduría contra los 27 oficiales -incluidos tres generales y cuatro coroneles- que fueron destituidos por el gobierno en octubre.
"Es una historia larga" dice e inicia su narración de más de tres horas. Este testigo, hoy celosamente protegido por la Fiscalía, cuenta que abandonó el colegio en octavo grado porque se envició a los videojuegos y desde entonces su vida se limitó a las malas compañías y a recorrer de arriba abajo las calles de Ocaña rebuscándose la vida como mototaxista. Diariamente se hacía 20.000 pesos, "la mitad para mí y la mitad para el dueño de la moto", lo que no alcanzaba para colmar sus ambiciones.
Pero en 2006 su vida daría un giro, cuando Fabio Sanjuán Santiago, un ex soldado que había servido en Arauca, y reconocido jíbaro de la ciudad, empezó a contratarlo para hacer las entregas de droga. El pago era jugoso. "Cuando uno es ambicioso y tiene la manera de conseguir plata fácil, termina por tomar cualquier negocio que deje ganancias. Pero en algún momento llega un tope, bien por el cargo de conciencia o por miedo a terminar asesinado por los socios", reconoce.
Rápidamente, el joven se ganó la confianza de Sanjuán, quien le abrió más espacios en sus turbios negocios. No sólo en el expendio de drogas en bares y esquinas, sino como informante del Ejército. Sanjuán tenía fuertes conexiones con militares de la zona, quienes acudían al instante cuando este los llamaba o les reportaba la presencia de sospechosos o desconocidos en el bajo mundo de bares y prostíbulos. En pocos meses Sanjuán le confió al hoy testigo protegido suficiente droga para que él mismo la distribuyera, y lo contactó con suboficiales de confianza.
A finales de ese año, en 2006, Sanjuán lo llamó para que juntos transportaran a dos muchachos que acababan de llegar a Ocaña. Los cuatro hombres se tomaron unas cervezas en un bar y horas más tarde se fueron en sendas motos por la vía hacia el municipio de Convención. A los 10 kilómetros, aproximadamente, encontraron un retén militar. Sanjuán detuvo la marcha, se bajó de la moto y habló a solas con el suboficial que estaba al mando. Luego les dijo a los dos jóvenes de Bogota: "Ustedes se quedan acá, ellos les explican qué sigue". Sin darse cuenta, el testigo registraba su primera participación en un 'falso positivo'.
Una escena pavorosa
El testigo y Sanjuán regresaron a Ocaña de inmediato. Al día siguiente escuchó inquieto en la emisora local la noticia de un supuesto combate en las faldas del municipio de Convención adonde el Ejército había dado de baja a dos guerrilleros. Más tarde llegó Sanjuán y le entregó 300.000 pesos, y le advirtió que siempre y cuando se guardara absoluto silencio esas vueltas se pagaban bien. "Nunca había recibido de un solo totazo tanto dinero por hacer nada", dice el testigo. No le importó la suerte de los jóvenes que murieron. Ese día empezó su carrera homicida, mientras su ambición crecía.
A partir de entonces las "entregas", como llamaban entre ellos el traslado de las personas que serían asesinadas, se convirtieron en una rutina semanal. El testigo afirma que en varias oportunidades acompañó a Sanjuán a recoger muchachos en la terminal de buses de Ocaña. Venían de todo el país atraídos con el señuelo de vincularse a grupos paramilitares o como vigilantes. Sanjuán se los llevaba para su casa o para la de un cabo de apellido Gutiérrez, que supuestamente pertenecía a la Brigada Móvil 15. "Yo entendía que mientras menos supiera más vivía", explica el testigo. A estas alturas ya sabía con total claridad que su trabajo era llevar hacia el patíbulo a las víctimas que serían asesinadas por militares. Y por las que a él le pagaban bien.
A pesar de su frialdad, la primera semana de enero de 2007 una escena pavorosa lo puso a temblar. Ocurrió en la vereda Culebritas, en la zona rural de Convención. Hasta allí fue con Sanjuán a eso de las 10 de la noche, "todas las entregas se hacían de noche". En esa ocasión las víctimas fueron tres muchachos entre los 23 y los 27 años que estaban convencidos de que se vincularían a los paramilitares. Esperaron por dos horas que llegaran los militares. Hacia la medianoche, Sanjuán recibió una llamada en la que le dijeron que no había tropa para recoger a los muchachos pero le advirtieron que no podía regresar con ellos. Tras comentar en voz baja la situación con el testigo, Sanjuán llevó a los tres muchachos disimuladamente hacia el borde de una zanja, sacó su arma y, por la espalda, le propinó a cada uno varios tiros en la cabeza y el tórax. Tras verificar que todos estaban muertos los cubrieron con rastrojo y sin más bajaron de la vereda y regresaron a Ocaña. "Lo único que me dijo fue 'cuando toca así, toca'", recuerda. Dos años después el testigo intentó encontrar, junto a un grupo de investigadores del CTI, el lugar donde quedaron los cuerpos. Pero la diligencia continúa pendiente, pues en esa ocasión la Policía impidió el paso de la comitiva porque la zona estaba minada por la guerrilla.
Este triple asesinato se clavó en su mente y entendió que podría terminar como esos tres muchachos. Entonces decidió alejarse de todo incorporándose al Ejército. Pero poco tiempo después, desertó. Estuvo un par de meses en Cúcuta y luego, cuando el susto ya se había diluido en el tiempo, regresó a Ocaña, y de nuevo a sus andanzas criminales con Sanjuán.
"Después de los carnavales de Ocaña, en enero de 2008, Fabio me dice que lo acompañe a Bogotá para cuadrar un negocio. Estuvimos dos días y nos la pasamos tomando en una tienda de Soacha donde nos quedamos. Él habló con un tipo llamado Álex, que también fue soldado y luego nos devolvimos".
Al parecer en esa charla se acordó el reclutamiento de jóvenes del sur de Bogotá que serían enviados con engaños a Ocaña, pues desde entonces empezaron las ejecuciones de "rolos". Aunque no recuerda con precisión las fechas, cuenta que la última semana de enero del año pasado llegaron los primeros tres jóvenes, quienes creían que iban a trabajar como escoltas en el negocio de un narco. "Estoy seguro de que uno se llamaba César". Al parecer, se trataba de Julio César Mesa, quien según su familia desapareció de Soacha el 26 de enero.
El testigo cuenta que los muchachos duraron dos días con él. En las noches se los llevaba de farra a los bares, y les daba todo el trago y la droga que quisieran "mientras llamaban a pedirlos". Al final, Sanjuán anunció que había que llevar a dos de ellos hacia Aguas Claras, un paraje en la vía Las Chircas, vereda aledaña a Ocaña. "Arrancamos y lo mismo: un retén, los muchachos se quedaron allá y nosotros nos devolvimos". Al otro día, a las 11 de la noche, le correspondió el turno al tercero de ese grupo. Lo entregamos en un taxi, por la vía al municipio de La Playa. "Por esos tres, Fabio me dio casi un millón de pesos".
Las "entregas" empezaron a multiplicarse y, por lo tanto, la plata que recibía el testigo, también. Recuerda por ejemplo a otros dos jóvenes que llegaron a Ocaña un día temprano en la mañana y que fueron "entregados" esa misma noche. No llevaban ni una hora tomando cerveza en el bar, cuando recibieron la instrucción de llevarlos hasta un retén en la vía que va al municipio de Teorama. Y a los pocos días dos más que entregaron por la carretera que conduce a Convención.
Comienza el escándalo
Uno de los investigadores de los 'falsos positivos' de Ocaña le dijo a SEMANA que se han verificado los hechos y tiempos descritos por el testigo, y que coinciden con las denuncias que hicieron las humildes familias de los 11 jóvenes desaparecidos de Soacha. El testigo reconoce que las víctimas eran generalmente desempleados, algunos con problemas de adicción e infracciones menores a la ley. "Escogían los más 'chirretes', los que estuvieran vagando y dispuestos a irse a ganar harta plata en trabajos raros", afirma el mismo testigo.
Alrededor de los 'falsos positivos' surgieron otros negocios de los que también se lucraban. Uno de ellos era la compra de revólveres, pistolas y municiones viejas en el mundo del lumpen para vendérselas a militares de la Brigada Móvil 15, que las usaban posteriormente para 'legalizar' las ejecuciones, y mostrar a las víctimas como peligrosos criminales que estaban armados. El testigo asegura que recibía entre 100.000 y 200.000 pesos por cada elemento que entregaban en la Central de Inteligencia de Ocaña (Cioca) adscrita al Batallón Santander, adonde entró y salió en varias oportunidades a pesar de ser desertor de esa guarnición.
La otra ganancia adicional resultó ser el aumento de la venta de droga en los bares a los que llegaban algunos de los soldados "a beber y meter vicio" para celebrar los días de permiso y las bonificaciones que conseguían por los resultados presentados.
Pero en agosto del año pasado tanto el testigo como Sanjuán empezaron a recibir amenazas de los militares. El escándalo de los 'falsos positivos' empezaba a gestarse. Medicina Legal y otras autoridades habían empezado a cruzar información para identificar a decenas de jóvenes que estaban enterrados como N.N. en fosas de Ocaña. Encontraron que casi todos ellos habían sido reportados como bajas en combate. La tensión en la Brigada Móvil 15 y en el Batallón Santander era total.
Fabio Sanjuán entendió que tenía que salir de Ocaña. "Me dijo que nos estaban buscando para matarnos, que él iba a vender unas armas y se desaparecía. Pero no alcanzó. Al siguiente día, el 13 de agosto, lo mataron en el barrio El Peñón".
El testigo huyó hacia Cúcuta. Pero a mediados de octubre regresó a Ocaña. De inmediato empezó a recibir llamadas amenazantes y a ser asediado por vehículos sospechosos que rondaban su casa. Para ese momento ya el escándalo de los 'falsos positivos' había estallado y todo el país estaba consternado y pidiendo justicia. El testigo se sintió acorralado y decidió presentarse ante la Fiscalía de Ocaña para "confesar quién era yo y qué había hecho".
Le contó a un grupo elite de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía todo lo que sabía. Señaló lugares, personas y modos de operación de la red criminal que había hecho de las ejecuciones un negocio. Se convirtió en un testigo protegido. Cinco meses después se queja. "Me prometieron que si colaboraba estaría en lugar seguro junto a mi familia y no me han cumplido". El Programa de Protección de Testigos, sin embargo, le ha hecho varios llamados de atención por no cumplir las normas que exige el programa.
Este joven, que en los dos últimos años llevó a la muerte a por lo menos 30 muchachos como él, hoy teme correr la misma suerte. Pero aunque se salve de sus enemigos, le esperan seguramente muchos años de cárcel. Por más que haya colaborado con la justicia, también está siendo procesado por estos crímenes atroces, que se convirtieron en una de las mayores vergüenzas de las Fuerzas Armadas. Un episodio lamentable que cometieron algunas manzanas podridas dentro del Ejército pero que desafortunadamente salpican a toda una institución que, paradójicamente, ha logrado sus mayores logros militares en la historia en esos mismos años.
"Yo no nací para vivir toda la vida". Con esta frase lapidaria comienza el recuento de su escalofriante historia un joven de apenas 21 años, cuyo testimonio puede poner contra la pared a varios militares de Ocaña que asesinaron por lo menos a 11 jóvenes de Soacha para presentarlos como guerrilleros muertos en combate.
Con su rostro esquelético y su mirada oscura y penetrante cuenta con frialdad cómo funcionaba por dentro la máquina de muerte que estremeció al país el año pasado cuando estalló el escándalo de los 'falsos positivos'. Este joven admite que participó en la muerte de por lo menos 30 víctimas. Se trata de un testigo de excepción que logró sobrevivir al propio entramado delincuencial para el cual trabajó y cuyo testimonio es hoy una pieza central en la investigación que adelantan la Fiscalía y la Procuraduría contra los 27 oficiales -incluidos tres generales y cuatro coroneles- que fueron destituidos por el gobierno en octubre.
"Es una historia larga" dice e inicia su narración de más de tres horas. Este testigo, hoy celosamente protegido por la Fiscalía, cuenta que abandonó el colegio en octavo grado porque se envició a los videojuegos y desde entonces su vida se limitó a las malas compañías y a recorrer de arriba abajo las calles de Ocaña rebuscándose la vida como mototaxista. Diariamente se hacía 20.000 pesos, "la mitad para mí y la mitad para el dueño de la moto", lo que no alcanzaba para colmar sus ambiciones.
Pero en 2006 su vida daría un giro, cuando Fabio Sanjuán Santiago, un ex soldado que había servido en Arauca, y reconocido jíbaro de la ciudad, empezó a contratarlo para hacer las entregas de droga. El pago era jugoso. "Cuando uno es ambicioso y tiene la manera de conseguir plata fácil, termina por tomar cualquier negocio que deje ganancias. Pero en algún momento llega un tope, bien por el cargo de conciencia o por miedo a terminar asesinado por los socios", reconoce.
Rápidamente, el joven se ganó la confianza de Sanjuán, quien le abrió más espacios en sus turbios negocios. No sólo en el expendio de drogas en bares y esquinas, sino como informante del Ejército. Sanjuán tenía fuertes conexiones con militares de la zona, quienes acudían al instante cuando este los llamaba o les reportaba la presencia de sospechosos o desconocidos en el bajo mundo de bares y prostíbulos. En pocos meses Sanjuán le confió al hoy testigo protegido suficiente droga para que él mismo la distribuyera, y lo contactó con suboficiales de confianza.
A finales de ese año, en 2006, Sanjuán lo llamó para que juntos transportaran a dos muchachos que acababan de llegar a Ocaña. Los cuatro hombres se tomaron unas cervezas en un bar y horas más tarde se fueron en sendas motos por la vía hacia el municipio de Convención. A los 10 kilómetros, aproximadamente, encontraron un retén militar. Sanjuán detuvo la marcha, se bajó de la moto y habló a solas con el suboficial que estaba al mando. Luego les dijo a los dos jóvenes de Bogota: "Ustedes se quedan acá, ellos les explican qué sigue". Sin darse cuenta, el testigo registraba su primera participación en un 'falso positivo'.
Una escena pavorosa
El testigo y Sanjuán regresaron a Ocaña de inmediato. Al día siguiente escuchó inquieto en la emisora local la noticia de un supuesto combate en las faldas del municipio de Convención adonde el Ejército había dado de baja a dos guerrilleros. Más tarde llegó Sanjuán y le entregó 300.000 pesos, y le advirtió que siempre y cuando se guardara absoluto silencio esas vueltas se pagaban bien. "Nunca había recibido de un solo totazo tanto dinero por hacer nada", dice el testigo. No le importó la suerte de los jóvenes que murieron. Ese día empezó su carrera homicida, mientras su ambición crecía.
A partir de entonces las "entregas", como llamaban entre ellos el traslado de las personas que serían asesinadas, se convirtieron en una rutina semanal. El testigo afirma que en varias oportunidades acompañó a Sanjuán a recoger muchachos en la terminal de buses de Ocaña. Venían de todo el país atraídos con el señuelo de vincularse a grupos paramilitares o como vigilantes. Sanjuán se los llevaba para su casa o para la de un cabo de apellido Gutiérrez, que supuestamente pertenecía a la Brigada Móvil 15. "Yo entendía que mientras menos supiera más vivía", explica el testigo. A estas alturas ya sabía con total claridad que su trabajo era llevar hacia el patíbulo a las víctimas que serían asesinadas por militares. Y por las que a él le pagaban bien.
A pesar de su frialdad, la primera semana de enero de 2007 una escena pavorosa lo puso a temblar. Ocurrió en la vereda Culebritas, en la zona rural de Convención. Hasta allí fue con Sanjuán a eso de las 10 de la noche, "todas las entregas se hacían de noche". En esa ocasión las víctimas fueron tres muchachos entre los 23 y los 27 años que estaban convencidos de que se vincularían a los paramilitares. Esperaron por dos horas que llegaran los militares. Hacia la medianoche, Sanjuán recibió una llamada en la que le dijeron que no había tropa para recoger a los muchachos pero le advirtieron que no podía regresar con ellos. Tras comentar en voz baja la situación con el testigo, Sanjuán llevó a los tres muchachos disimuladamente hacia el borde de una zanja, sacó su arma y, por la espalda, le propinó a cada uno varios tiros en la cabeza y el tórax. Tras verificar que todos estaban muertos los cubrieron con rastrojo y sin más bajaron de la vereda y regresaron a Ocaña. "Lo único que me dijo fue 'cuando toca así, toca'", recuerda. Dos años después el testigo intentó encontrar, junto a un grupo de investigadores del CTI, el lugar donde quedaron los cuerpos. Pero la diligencia continúa pendiente, pues en esa ocasión la Policía impidió el paso de la comitiva porque la zona estaba minada por la guerrilla.
Este triple asesinato se clavó en su mente y entendió que podría terminar como esos tres muchachos. Entonces decidió alejarse de todo incorporándose al Ejército. Pero poco tiempo después, desertó. Estuvo un par de meses en Cúcuta y luego, cuando el susto ya se había diluido en el tiempo, regresó a Ocaña, y de nuevo a sus andanzas criminales con Sanjuán.
"Después de los carnavales de Ocaña, en enero de 2008, Fabio me dice que lo acompañe a Bogotá para cuadrar un negocio. Estuvimos dos días y nos la pasamos tomando en una tienda de Soacha donde nos quedamos. Él habló con un tipo llamado Álex, que también fue soldado y luego nos devolvimos".
Al parecer en esa charla se acordó el reclutamiento de jóvenes del sur de Bogotá que serían enviados con engaños a Ocaña, pues desde entonces empezaron las ejecuciones de "rolos". Aunque no recuerda con precisión las fechas, cuenta que la última semana de enero del año pasado llegaron los primeros tres jóvenes, quienes creían que iban a trabajar como escoltas en el negocio de un narco. "Estoy seguro de que uno se llamaba César". Al parecer, se trataba de Julio César Mesa, quien según su familia desapareció de Soacha el 26 de enero.
El testigo cuenta que los muchachos duraron dos días con él. En las noches se los llevaba de farra a los bares, y les daba todo el trago y la droga que quisieran "mientras llamaban a pedirlos". Al final, Sanjuán anunció que había que llevar a dos de ellos hacia Aguas Claras, un paraje en la vía Las Chircas, vereda aledaña a Ocaña. "Arrancamos y lo mismo: un retén, los muchachos se quedaron allá y nosotros nos devolvimos". Al otro día, a las 11 de la noche, le correspondió el turno al tercero de ese grupo. Lo entregamos en un taxi, por la vía al municipio de La Playa. "Por esos tres, Fabio me dio casi un millón de pesos".
Las "entregas" empezaron a multiplicarse y, por lo tanto, la plata que recibía el testigo, también. Recuerda por ejemplo a otros dos jóvenes que llegaron a Ocaña un día temprano en la mañana y que fueron "entregados" esa misma noche. No llevaban ni una hora tomando cerveza en el bar, cuando recibieron la instrucción de llevarlos hasta un retén en la vía que va al municipio de Teorama. Y a los pocos días dos más que entregaron por la carretera que conduce a Convención.
Comienza el escándalo
Uno de los investigadores de los 'falsos positivos' de Ocaña le dijo a SEMANA que se han verificado los hechos y tiempos descritos por el testigo, y que coinciden con las denuncias que hicieron las humildes familias de los 11 jóvenes desaparecidos de Soacha. El testigo reconoce que las víctimas eran generalmente desempleados, algunos con problemas de adicción e infracciones menores a la ley. "Escogían los más 'chirretes', los que estuvieran vagando y dispuestos a irse a ganar harta plata en trabajos raros", afirma el mismo testigo.
Alrededor de los 'falsos positivos' surgieron otros negocios de los que también se lucraban. Uno de ellos era la compra de revólveres, pistolas y municiones viejas en el mundo del lumpen para vendérselas a militares de la Brigada Móvil 15, que las usaban posteriormente para 'legalizar' las ejecuciones, y mostrar a las víctimas como peligrosos criminales que estaban armados. El testigo asegura que recibía entre 100.000 y 200.000 pesos por cada elemento que entregaban en la Central de Inteligencia de Ocaña (Cioca) adscrita al Batallón Santander, adonde entró y salió en varias oportunidades a pesar de ser desertor de esa guarnición.
La otra ganancia adicional resultó ser el aumento de la venta de droga en los bares a los que llegaban algunos de los soldados "a beber y meter vicio" para celebrar los días de permiso y las bonificaciones que conseguían por los resultados presentados.
Pero en agosto del año pasado tanto el testigo como Sanjuán empezaron a recibir amenazas de los militares. El escándalo de los 'falsos positivos' empezaba a gestarse. Medicina Legal y otras autoridades habían empezado a cruzar información para identificar a decenas de jóvenes que estaban enterrados como N.N. en fosas de Ocaña. Encontraron que casi todos ellos habían sido reportados como bajas en combate. La tensión en la Brigada Móvil 15 y en el Batallón Santander era total.
Fabio Sanjuán entendió que tenía que salir de Ocaña. "Me dijo que nos estaban buscando para matarnos, que él iba a vender unas armas y se desaparecía. Pero no alcanzó. Al siguiente día, el 13 de agosto, lo mataron en el barrio El Peñón".
El testigo huyó hacia Cúcuta. Pero a mediados de octubre regresó a Ocaña. De inmediato empezó a recibir llamadas amenazantes y a ser asediado por vehículos sospechosos que rondaban su casa. Para ese momento ya el escándalo de los 'falsos positivos' había estallado y todo el país estaba consternado y pidiendo justicia. El testigo se sintió acorralado y decidió presentarse ante la Fiscalía de Ocaña para "confesar quién era yo y qué había hecho".
Le contó a un grupo elite de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía todo lo que sabía. Señaló lugares, personas y modos de operación de la red criminal que había hecho de las ejecuciones un negocio. Se convirtió en un testigo protegido. Cinco meses después se queja. "Me prometieron que si colaboraba estaría en lugar seguro junto a mi familia y no me han cumplido". El Programa de Protección de Testigos, sin embargo, le ha hecho varios llamados de atención por no cumplir las normas que exige el programa.
Este joven, que en los dos últimos años llevó a la muerte a por lo menos 30 muchachos como él, hoy teme correr la misma suerte. Pero aunque se salve de sus enemigos, le esperan seguramente muchos años de cárcel. Por más que haya colaborado con la justicia, también está siendo procesado por estos crímenes atroces, que se convirtieron en una de las mayores vergüenzas de las Fuerzas Armadas. Un episodio lamentable que cometieron algunas manzanas podridas dentro del Ejército pero que desafortunadamente salpican a toda una institución que, paradójicamente, ha logrado sus mayores logros militares en la historia en esos mismos años.
martes, 12 de mayo de 2009
Los 'escribientes' del crimen
(Texto publicado en el Meridiano de Córdoba)
Lunes, 16 de Marzo de 2009 09:41
En dos semanas Montería se ha visto invadida de panfletos en el que le dan un ultimátum a maricas, prepago, cobradiarios, rateros, entre otros, para que abandonen sus prácticas o serán asesinados. 'Los escribientes del crimen' se han arrogado del derecho de dictarminar quien vive y quien no en una ciudad que, como el espiral, recorre las diferentes manifestaciones de la violencia sin tener la mínima oportunidad de salir de ella.
Por: Ginna Morelo del Meridiano de Córdoba
En muchos barrios de la ciudad han aparecido los pasquines regados en los andenes de las calles o pegados en postes. Desde El Cerro, en Sierra Chiquita, al sur, Montería es otra. Es la ciudad de las carencias, de la pobreza, y nuevamente del miedo. Un miedo que deambula en un pasquín que se regó por las trochas del sector y que también apareció en las calles de Cantaclaro, El Dorado, Rancho Grande, Róbinson Pitalúa, Dos de Septiembre, Mocarí... en fin.
No hubo punto cardinal a donde el mensaje del mal no arribara con toda su carga de zozobra. La temible lista que anuncia la muerte de prostitutas, enfermos de sida, maricas, rateros, cobradiarios e indigentes le quitó el sueño a los monterianos.
Esta ciudad, que con el paso de los almanaques ha visto pasar todo tipo de actores violentos, los cuales se han hecho llamar de distintas maneras, parece que estuviese condenada a repetir los climas de tensión como en un círculo vicioso. En esta oportunidad son los 'escribientes' del crimen los que auguran los malos momentos y presagian el fin de otros seres humanos.
Alfredo Guerrero, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Pablo VI, recuerda especialmente los tiempos de 'La mano negra', "por allá a finales de los años 80, cuando mataban todas las noches".
Era, sin duda, la época de 'Los Magníficos', muy respetados y temidos en Cantaclaro y La Pradera. Los mismos a quienes les cargaron los muertos de la masacre en el corregimiento Mejor Esquina, jurisdicción del municipio de Buenavista.
También en ese mismo año, 1988, otros que se hicieron llamar 'Los Mochacabezas' sembraron el terror en muchos rincones de Córdoba y por supuesto en Montería. A principios de la decáda de los años 90 los actores violentos cambiaron de nombre y arribaron las Autodefensas, que limpiaron a la región de todo lo que oliera a izquierda.
Las listas con los nombres de quienes serían ultimados se fueron pasando de mano en mano, obligando a muchos, entre ellos profesores, a huir de los paramilitares. En el corregimiento Las Palomas, Montería, los habitantes recuerdan con mucho temor un carro bautizado 'La última lágrima', que tras arribar a la vereda Guasimal dejó una estela de sangre a su paso.
El recorrido histórico de la violencia se fue transformando así como la teoría de la materia, que jamás se destruye. Un ex redactor judicial de este diario recuerda los más de 20 crímenes cometidos por un sujeto conocido como 'El hombre de la moto roja', quien sembró el terror en Montería. Solo las autoridades, después de tantos asesinatos, pudieron acabar con el delincuente que iba rumbo al mito.
Tiempo después se supo que no era un solo hombre, eran varios en motos de alto cilindraje los que repartían balín por las calles. Los muchachos hicieron parte de un grupo de limpieza social que cumplió con una misión por la que algunos pagaron en Montería y su zona rural. Sin embargo, el de la moto roja había sido eliminado y eso era lo que importaba y merecía quedar en la memoria de todos.
Como ese sicario, otros mimetizaron el accionar, heredaron las armas y siguieron empleándose al mejor postor hasta llegar a las famosas bandas emergentes o criminales, que tienen azotado al departamento y trabajando a marcha forzada a las autoridades. Se han esparcido más que las cenizas hasta el punto que no hay terreno vedado. Solo en Córdoba en lo que va corrido del año han asesinado a unas noventa personas.
Coincidencialmente los pasquines recorren los barrios de Montería y los municipios de Córdoba, en medio de una ola de asesinatos que hace que más de uno se pregunte si el que mataron en el Coliseo, los 'cobradiarios' de San Pelayo o las muchachas de Pueblo Nuevo, entre muchos otros, hacían parte de la temible lista, debido a que casi siempre se construye con alias.
"Ya uno ni siquiera se atreve a quedarse hasta tarde en la puerta de la casa", dice Catalina Zabaleta, abuela de varios chicos a quienes no deja de encomendar a Dios cada vez que le anuncian que van al colegio, o simplemente a la tienda.
El miedo que siente Catalina y que se respira en los barrios, lleva a recordar con nostalgia las coloridas narraciones del escritor David Sánchez Juliao, cuando con encanto y desparpajo refiere lo sabroso que resulta en estas tierras del Sinú disfrutar de una tertulia en la terraza de la casa. Eso ya no es posible debido a los amenazantes panfletos que le sembraron el susto a todos.
María, una menor de once años de edad, comentó en el parque de Rancho Grande, en medio de un partido de microfútbol, que debía apurarse si quería llegar rápido a su casa, porque "quien esté en la calle después de la 9:00 de la noche lo matan".
En una Universidad la semana pasada se vivieron dos días de asueto, pero no porque se les haya concedido vacaciones a los estudiantes, sencillamente porque los profesores debieron dedicar sus clases a responder decenas de inquietudes sobre los panfletos, que también llegaron a los salones de clase. Igualmente debieron escuchar los comentarios relacionados con los 'escribientes' del crimen.
El miedo ronda en Montería por cuenta de la circulación de pasquines amenazantes
"Son desocupados", "Son los malosos de los barrios, eso es lo que dice la muchacha de mi casa", relataban eufóricos los estudiantes que solo así han vuelto a ver los periódicos regionales y los noticieros. Los pasquines se han convertido en una realidad nacional que se vio en Turbana, Bolívar, donde publicaron una lista de mujeres infieles; en Dos Quebradas, Pereira, donde le advirtieron a las 'prepago' que se recogieran; en Valledupar, Cesar, donde le pusieron un ultimátum a los travestis para que se fueran; en Cali, donde han asesinado a 22 homosexuales en los últimos dos años, luego de que se dieran a conocer listas con sus nombres; en Medellín, donde proliferan los mensajes en la web con sentencias de muerte; o en Cereté, Córdoba, donde le exigen a los 'cobradiarios' y ajiotistas que bajen el cobro de intereses al 2.5 por ciento si no quieren morir en menos de 24 horas.
Ninguna autoridad ha podido determinar con certeza el origen de los panfletos. El general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional, sostuvo en su reciente intervención a la institución en el Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba, que las bandas criminales podrían estar detrás del asunto. Desafortunadamente son solo hipótesis que al pretender identificar al responsable no aminora la tensa calma que se respira en Montería. Finalmente sobre el particular no hay un solo detenido.
Ingrid Asendra, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Alfonso López, sueña con que el ambiente no vuelva a deteriorarse como en el pasado. "Queremos una ciudad sana y amable, un sitio donde nuestros hijos puedan crecer en paz, un lugar donde seamos libres para expresarnos sin el miedo a las represalias".
Con ese mismo lugar sueñan todos. Sin embargo, al despertarse y salir a las calles, la sorpresa es encontrar el panfleto tirado en los andenes, pegado en un poste o publicado en el diario local. La amenaza de los 'escribientes' del crimen se traduce en que la mano negra, las bandas del crimen o lo que sea, están a la vuelta de la esquina, haciéndole cacería a quienes no entendieron que debían irse si no querían morir.
Publicado en
www.verdadabierta.com
Lunes, 16 de Marzo de 2009 09:41
En dos semanas Montería se ha visto invadida de panfletos en el que le dan un ultimátum a maricas, prepago, cobradiarios, rateros, entre otros, para que abandonen sus prácticas o serán asesinados. 'Los escribientes del crimen' se han arrogado del derecho de dictarminar quien vive y quien no en una ciudad que, como el espiral, recorre las diferentes manifestaciones de la violencia sin tener la mínima oportunidad de salir de ella.
Por: Ginna Morelo del Meridiano de Córdoba
En muchos barrios de la ciudad han aparecido los pasquines regados en los andenes de las calles o pegados en postes. Desde El Cerro, en Sierra Chiquita, al sur, Montería es otra. Es la ciudad de las carencias, de la pobreza, y nuevamente del miedo. Un miedo que deambula en un pasquín que se regó por las trochas del sector y que también apareció en las calles de Cantaclaro, El Dorado, Rancho Grande, Róbinson Pitalúa, Dos de Septiembre, Mocarí... en fin.
No hubo punto cardinal a donde el mensaje del mal no arribara con toda su carga de zozobra. La temible lista que anuncia la muerte de prostitutas, enfermos de sida, maricas, rateros, cobradiarios e indigentes le quitó el sueño a los monterianos.
Esta ciudad, que con el paso de los almanaques ha visto pasar todo tipo de actores violentos, los cuales se han hecho llamar de distintas maneras, parece que estuviese condenada a repetir los climas de tensión como en un círculo vicioso. En esta oportunidad son los 'escribientes' del crimen los que auguran los malos momentos y presagian el fin de otros seres humanos.
Alfredo Guerrero, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Pablo VI, recuerda especialmente los tiempos de 'La mano negra', "por allá a finales de los años 80, cuando mataban todas las noches".
Era, sin duda, la época de 'Los Magníficos', muy respetados y temidos en Cantaclaro y La Pradera. Los mismos a quienes les cargaron los muertos de la masacre en el corregimiento Mejor Esquina, jurisdicción del municipio de Buenavista.
También en ese mismo año, 1988, otros que se hicieron llamar 'Los Mochacabezas' sembraron el terror en muchos rincones de Córdoba y por supuesto en Montería. A principios de la decáda de los años 90 los actores violentos cambiaron de nombre y arribaron las Autodefensas, que limpiaron a la región de todo lo que oliera a izquierda.
Las listas con los nombres de quienes serían ultimados se fueron pasando de mano en mano, obligando a muchos, entre ellos profesores, a huir de los paramilitares. En el corregimiento Las Palomas, Montería, los habitantes recuerdan con mucho temor un carro bautizado 'La última lágrima', que tras arribar a la vereda Guasimal dejó una estela de sangre a su paso.
El recorrido histórico de la violencia se fue transformando así como la teoría de la materia, que jamás se destruye. Un ex redactor judicial de este diario recuerda los más de 20 crímenes cometidos por un sujeto conocido como 'El hombre de la moto roja', quien sembró el terror en Montería. Solo las autoridades, después de tantos asesinatos, pudieron acabar con el delincuente que iba rumbo al mito.
Tiempo después se supo que no era un solo hombre, eran varios en motos de alto cilindraje los que repartían balín por las calles. Los muchachos hicieron parte de un grupo de limpieza social que cumplió con una misión por la que algunos pagaron en Montería y su zona rural. Sin embargo, el de la moto roja había sido eliminado y eso era lo que importaba y merecía quedar en la memoria de todos.
Como ese sicario, otros mimetizaron el accionar, heredaron las armas y siguieron empleándose al mejor postor hasta llegar a las famosas bandas emergentes o criminales, que tienen azotado al departamento y trabajando a marcha forzada a las autoridades. Se han esparcido más que las cenizas hasta el punto que no hay terreno vedado. Solo en Córdoba en lo que va corrido del año han asesinado a unas noventa personas.
Coincidencialmente los pasquines recorren los barrios de Montería y los municipios de Córdoba, en medio de una ola de asesinatos que hace que más de uno se pregunte si el que mataron en el Coliseo, los 'cobradiarios' de San Pelayo o las muchachas de Pueblo Nuevo, entre muchos otros, hacían parte de la temible lista, debido a que casi siempre se construye con alias.
"Ya uno ni siquiera se atreve a quedarse hasta tarde en la puerta de la casa", dice Catalina Zabaleta, abuela de varios chicos a quienes no deja de encomendar a Dios cada vez que le anuncian que van al colegio, o simplemente a la tienda.
El miedo que siente Catalina y que se respira en los barrios, lleva a recordar con nostalgia las coloridas narraciones del escritor David Sánchez Juliao, cuando con encanto y desparpajo refiere lo sabroso que resulta en estas tierras del Sinú disfrutar de una tertulia en la terraza de la casa. Eso ya no es posible debido a los amenazantes panfletos que le sembraron el susto a todos.
María, una menor de once años de edad, comentó en el parque de Rancho Grande, en medio de un partido de microfútbol, que debía apurarse si quería llegar rápido a su casa, porque "quien esté en la calle después de la 9:00 de la noche lo matan".
En una Universidad la semana pasada se vivieron dos días de asueto, pero no porque se les haya concedido vacaciones a los estudiantes, sencillamente porque los profesores debieron dedicar sus clases a responder decenas de inquietudes sobre los panfletos, que también llegaron a los salones de clase. Igualmente debieron escuchar los comentarios relacionados con los 'escribientes' del crimen.
El miedo ronda en Montería por cuenta de la circulación de pasquines amenazantes
"Son desocupados", "Son los malosos de los barrios, eso es lo que dice la muchacha de mi casa", relataban eufóricos los estudiantes que solo así han vuelto a ver los periódicos regionales y los noticieros. Los pasquines se han convertido en una realidad nacional que se vio en Turbana, Bolívar, donde publicaron una lista de mujeres infieles; en Dos Quebradas, Pereira, donde le advirtieron a las 'prepago' que se recogieran; en Valledupar, Cesar, donde le pusieron un ultimátum a los travestis para que se fueran; en Cali, donde han asesinado a 22 homosexuales en los últimos dos años, luego de que se dieran a conocer listas con sus nombres; en Medellín, donde proliferan los mensajes en la web con sentencias de muerte; o en Cereté, Córdoba, donde le exigen a los 'cobradiarios' y ajiotistas que bajen el cobro de intereses al 2.5 por ciento si no quieren morir en menos de 24 horas.
Ninguna autoridad ha podido determinar con certeza el origen de los panfletos. El general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional, sostuvo en su reciente intervención a la institución en el Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba, que las bandas criminales podrían estar detrás del asunto. Desafortunadamente son solo hipótesis que al pretender identificar al responsable no aminora la tensa calma que se respira en Montería. Finalmente sobre el particular no hay un solo detenido.
Ingrid Asendra, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Alfonso López, sueña con que el ambiente no vuelva a deteriorarse como en el pasado. "Queremos una ciudad sana y amable, un sitio donde nuestros hijos puedan crecer en paz, un lugar donde seamos libres para expresarnos sin el miedo a las represalias".
Con ese mismo lugar sueñan todos. Sin embargo, al despertarse y salir a las calles, la sorpresa es encontrar el panfleto tirado en los andenes, pegado en un poste o publicado en el diario local. La amenaza de los 'escribientes' del crimen se traduce en que la mano negra, las bandas del crimen o lo que sea, están a la vuelta de la esquina, haciéndole cacería a quienes no entendieron que debían irse si no querían morir.
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jueves, 26 de marzo de 2009
De la selva al Congreso
Casi todos los secuestrados liberados se la juegan por el intercambio humanitario en la próximas elecciones. Confían en que su calvario los convierta en un fenómeno electoral.
Cuando Sigifredo López se bajó del helicóptero y se fundió en un abrazo con sus dos hijos, Colombia entera lloró. El jueves, los canales de televisión pasaron una y otra vez en cámara lenta la imagen que mostraba cómo su rostro pasaba de la sonrisa al llanto incontenible, y su familia se aferraba a él con toda su fuerza.
Pocos minutos después, López empezó a hablar ante la multitud que lo aclamaba. Micrófono en mano, pronunció un discurso largo ante una plaza abarrotada de gente, al que le siguió una rueda de prensa en tono de campaña, que seguían millones de colombianos por la televisión. Literalmente, y sin escalas, pasó del aislamiento infernal del secuestro a la tribuna pública que lo conectaba con las masas.
Es un epílogo usual en la tragedia de los conflictos. Basta recordar cómo Nelson Mandela, después de 20 años de cárcel salió directamente a la Presidencia de Sudáfrica, y la influencia que tuvo su condición de víctima del apartheid para que se convirtiera en figura mundial. Lo mismo que el dramaturgo Vaclav Havel, quien después de años de cárcel y de ser proscrito por los comunistas, se reivindicó al ser elegido Presidente de Checoslovaquia, cuando colapsó el régimen.
En Colombia, guardadas las proporciones, podría estar pasando algo similar con los políticos que han recuperado la libertad y cuya condición de víctimas de la guerrilla los ha proyectado nacionalmente, ha incrementado su capital político y les ha dado opciones reales de ser protagonistas de la política de primera plana. Si bien algo va de Mandela a Jorge Géchem, lo que está demostrado es que la política se construye en lo emocional y que una historia humana cargada de dolor, como el secuestro, con adecuadas dosis de discurso y una estrategia política sencilla, los puede catapultar en las próximas elecciones.
Así ocurrió, por ejemplo, con el ex ministro Fernando Araújo, quien estuvo secuestrado durante seis años y se fugó en enero de 2007. Por su condición de víctima de inmediato fue nombrado Canciller, para que diera testimonio en el mundo entero sobre los métodos inhumanos que usan las Farc con sus rehenes. Aunque su gestión no ha merecido muchos elogios, ahora es un firme aspirante a la candidatura conservadora para la Presidencia.
Íngrid Betancourt era también un personaje controvertido y radical, y su marcación en las encuestas para Presidencia no llegaba al 2 por ciento. No obstante, ya libre, llegó a ser la persona con más preferencia entre la opinión, después de Álvaro Uribe.
En el plano regional, el fenómeno se puede repetir. Los políticos liberados, aunque hayan sido en el pasado apenas pequeños manzanillos o parlamentarios sin figuración, hoy están investidos de valores que identifican a la gente, como la estoica capacidad de sufrir, la dignidad como arma para doblegar la barbarie, y los intentos épicos de fuga, como la de Araújo, cuyo coraje quedó anclado en el alma de los colombianos. Pero, sobre todo, encarnan el valor supremo de la libertad.
Uno de los intelectuales más influyentes actualmente en teorías sobre comportamiento electoral, el neurolingüista George Lakoff, les da un enorme valor a las emociones como parte del conocimiento y de la experiencia política, y, según sus estudios, nada influye tanto en las decisiones electorales de la gente como las metáforas. A través de ellas, las personas comunes se identifican con el candidato y deciden su voto. Tal como ocurrió con Obama en Estados Unidos, donde no influye tanto lo que él diga, sino lo que él es y lo que representa. Como podría ocurrir con los secuestrados que, aunque no mencionen en campaña su cautiverio, llevan la metáfora de un país en guerra impresa en su rostro.
Íngrid Bolívar, profesora de la Universidad de los Andes especializada en emociones y política, comparte esta visión y dice que sólo con su presencia "los liberados ratifican un sentimiento popular contra las Farc" y eso es lo que la sociedad quiere ver y escuchar. Por eso no sería extraño que personas como Luis Eladio Pérez, Alan Jara, Jorge Géchem o Consuelo Perdomo se conviertan en las estrellas de las próximas elecciones.
Es cierto que a ellos el secuestro no los convirtió en políticos, puesto que ya lo eran, y justamente por eso los secuestraron. Pero el cautiverio sí les da un aura y un magnetismo con la opinión que ningún hombre en busca de votos puede despreciar. La gente los quiere y los admira, los medios de comunicación todavía tienen sus reflectores sobre ellos y sus palabras son escuchadas con respeto porque desde la autoridad moral triunfaron sobre la violencia.
SEMANA habló con casi todos los liberados y es prácticamente un hecho que todos se van a lanzar al ruedo. Unos a gobernaciones, pero la mayoría al Congreso.
Uno de los políticos que ha tenido mayor protagonismo después de su liberación es el ex gobernador de Meta Alan Jara, de filiación liberal. Por un lado, puso a todo el país a hablar sobre su discurso, en el que le hizo duras críticas al presidente Álvaro Uribe. Estas tuvieron tanto impacto en la opinión, que el propio Uribe fue el miércoles a Villavicencio para hablar con él y responder a sus comentarios. Si bien Alan Jara ya era popular en Meta, ahora tiene el espacio para lanzarse a lo que quiera, bien sea el Congreso o la Gobernación. Aunque es prematuro saber qué decisión política tomará Jara -no ha pasado ni una semana en libertad-, lo que sí ha dejado claro es que volverá a la política y que apostará duro por el intercambio humanitario y el diálogo con las Farc.
Algo similar ocurre con el conservador Sigifredo López. Al igual que Jara, envió un mensaje claro de que no va a tomarse un descanso demasiado largo, y de que empezará a moverse pronto en política. Quedó claro desde cuando agarró ese micrófono, a los pocos minutos de su liberación, y se echó un largo y emotivo discurso. Como único sobreviviente de la masacre de los diputados del Valle, tiene el momento más alto de reconocimiento y popularidad, y una candidatura suya podría ser un homenaje a los 11 diputados que nunca volvieron.
Por su parte, el ex ministro Fernando Araújo confirma sus aspiraciones. "Voy a participar de la consulta interna del Partido Conservador, para la selección de candidato presidencial". Araújo, quien es uribista declarado, es el único ex secuestrado que no apoya el intercambio humanitario y se declara continuador de las políticas de Seguridad Democrática. Se sabe que cuenta con el apoyo de muchos conservadores de la Costa, pero se enfrentará en su partido a una dura competencia en la que quizá podrán estar políticos de mucho peso, como Noemí Sanín, Andrés Felipe Arias y Carlos Holguín. No sería extraño que la figuración en la consulta interna lo deje bien posicionado para el Senado.
Entre tanto, Luis Eladio Pérez es uno de los pocos liberados que aseguran que no se volverán a medir en las urnas. Pero su proyecto tal vez es más ambicioso que el de los demás. Quiere crear un nuevo partido para el cual ya tiene nombre, Movimiento de Reconstrucción Nacional; aspira a recoger 500.000 firmas a partir de marzo y su propósito es "representar a 15 millones de colombianos que no salen a votar" porque no se identifican con los políticos.
Aunque Íngrid Betancourt se ha mostrado distante en los últimos meses, no sería extraño que este movimiento le sirviera de plataforma en caso de que decidiera lanzarse a la Presidencia. Al fin y al cabo, Íngrid y Luis Eladio dedicaron meses enteros de su cautiverio a discutir un programa de gobierno. El ex senador nariñense no revela el portafolio de su partido, pero anticipa que "hay muchísimas figuras públicas y políticas del país y serán muy sorprendentes".
Entre los ex secuestrados, la representación más grande es la de Huila. La clase política de este departamento fue una de las más golpeadas, en gran medida por la cercanía con la zona de retaguardia de las Farc que le facilitó a esa guerrilla tener la información necesaria para llevar a cabo los secuestros. De los cuatro liberados de Huila, dos se demoraron más en salir de la selva que en volcarse a las calles para dedicarse de nuevo al proselitismo político. Jorge Eduardo Géchem fue liberado en febrero y en abril ya estaba recorriendo los 37 municipios del departamento, 10 de Caquetá y otros pueblos de Putumayo.
Géchem es el único de todos los secuestrados que ya hizo público su interés de lanzarse al Senado y en su región es vox populi que su fórmula a la Cámara sería Orlando Beltrán, otro de los secuestrados, que ya también ha dejado clara su candidatura. "Es una obligación moral llegar al Congreso de nuevo para trabajar por quienes siguen en las selvas de Colombia. Vamos a pelear por la paz y el intercambio humanitario, y el Congreso es el mejor escenario para exigirle al gobierno", dice Beltrán, un ingeniero industrial que ha estado dos períodos en el Parlamento. En el caso de Géchem, parece pesarle mucho el bicho de la política, no en vano ha estado cuatro períodos en el Congreso. "Vuelvo a lo mismo que he hecho toda mi vida", anota el liberal de origen turbayista que en marzo decidirá por cuál partido se lanza.
Consuelo González no ha tomado una decisión final, pero es altamente probable que también se lance al Senado. Curiosamente, su experiencia en la selva hizo que se distanciara de Géchem -su jefe político regional y a quien su esposo, un hombre adinerado, financiaba-, y ahora va de la mano del gobernador liberal Rodrigo Villalba. Consuelo, una mujer centrada y a la que las Farc le interrumpieron su primera experiencia en el Congreso, dice que no quiere utilizar su condición de ex secuestrada para ganar elecciones: "Tengo muy claro que si vuelvo al ejercicio de la política no quiero aprovechar mi tragedia para conseguir votos. No quiero ser la víctima en una campaña".
El caso de Gloria Polanco es distinto porque nunca ha sido política. Ella fue congresista estando secuestrada, gracias a una jugada de su esposo, Jaime Losada, quien con las mejores intenciones de que la liberaran, la hizo elegir, pero la estrategia terminó yéndose en su contra. Sin embargo, Gloria sí quiere medirse en las urnas. Podría ser como candidata a la Gobernación, pues la gente tiene un buen recuerdo de ella como primera dama del departamento de Huila, y tampoco se descarta que haga parte de las listas a la Cámara del conservador Hernán Andrade, hoy presidente del Congreso.
En el grupo de Huila también habría que contar con otros dos personajes que si bien no estuvieron secuestrados, sí padecieron la reclusión de sus familiares y tuvieron un protagonismo en medios suficiente para estar hoy en la jugada política. Se trata de Jaime Felipe Losada, el hijo de Gloria Polanco, quien se lanzaría al Congreso, y Lucy Artunduaga, hoy separada de Géchem, que participa en una campaña antagonista de su otrora esposo.
Caso aparte merece Clara Rojas. Aunque en el momento del secuestro era prácticamente desconocida, su amistad con Íngrid Betancourt y la apasionante historia del hijo que tuvo en cautiverio, la pérdida del pequeño y su feliz reencuentro, la pusieron en un nivel de interés nacional e internacional que muchos envidiarían. Clara siempre ha sido una persona independiente y de centro, y esa actitud se ha reflejado en estos meses, pues aunque ha mantenido su presencia en los medios y defendido la idea de un intercambio humanitario, nunca ha sido radical frente a las políticas del gobierno. Aunque Clara no está en campaña, ya está en la mira de varios partidos que la quieren en sus listas futuras.
Quizá la excepción es Óscar Tulio Lizcano. Pese a que en el momento de su secuestro estaba en la mitad de su carrera política, ocho años en la selva lo dejaron sin ganas de volver a la tribuna pública. El ex representante a la Cámara, que protagonizó una heroica fuga de un campamento de las Farc hace pocos meses, asegura que aunque ha recibido propuestas políticas por parte de dirigentes del partido de La U, ha declinado, pues "todo el mundo sabe que necesito un largo proceso de recuperación". Lo que no descarta es ponerse al servicio de la carrera de su hijo Mauricio Lizcano, quien salió elegido a la Cámara en 2006 por el Partido de La U, apoyándose en el legado de su padre y en el juego mediático que le permitió el secuestro. No obstante, Lizcano hijo está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia, lo que podría dar al traste con sus aspiraciones.
Ante ese hecho ya consumado, el de que los secuestrados ahora en libertad quieren sumergirse de nuevo en el berenjenal de la política, quedan tres preguntas por resolver: ¿Saldrán elegidos? ¿Qué tan bueno puede ser que ganen? ¿Qué papel van a jugar en el Congreso?
A la primera pregunta, la respuesta obvia sería pensar que es casi seguro que todos los ex secuestrados que pongan su foto en el tarjetón van a salir elegidos. En particular quienes se lanzan al Senado, pues la circunscripción nacional termina favoreciendo a los personajes más mediáticos. Nunca antes un representante a la Cámara, ni siquiera un senador, había tenido más exposición y un tratamiento tan benévolo como los que los liberados han tenido por parte de los medios.
No cabe duda de que durante la campaña, con su etiqueta de ex secuestrados y sus increíbles dramas personales, seguirán siendo muy taquilleros. Y, finalmente, no se descarta que una buena parte del electorado interprete que apoyarlos es dar voto a favor de la libertad y en protesta contra unas Farc que hoy tienen unos índices de rechazo más bajos que los del propio demonio.
Pero no es suficiente tener el carné de secuestrado para que lluevan los votos. Si bien las emociones son importantes, en política no bastan. Mandela y Havel no sólo tenían sufrimiento en su historia personal, sino un legado político, atado a causas democráticas muy poderosas, que interpretaban el sentir de sus pueblos en coyunturas específicas. En el caso de los políticos colombianos que estuvieron secuestrados está por verse si el valor simbólico que son, y la credibilidad que tienen, son suficientes, por ejemplo, para convencer a la gente de que hay que negociar con las Farc. Algo que la mayoría de ellos defiende.
Hay que tener en cuenta además que todavía queda un año para las elecciones al Congreso y eso en política es mucho tiempo; se podría enfriar el entusiasmo de la gente y decaer la sintonía con su dolor. De no ser, por supuesto, que las historias de otros colombianos que siguen secuestrados en la selva mantengan clavada la espina del secuestro en el corazón del país.
Pero una cosa es que el secuestro los haya convertido en candidatos más atractivos en las urnas, y otra, muy distinta, que siete años en la selva los haya transformado en mejores políticos o les den credenciales más sólidas para ejercer su cargo. En muchos de los casos, no en todos, se estác hablando de personajes que en sus regiones no recuerdan con especial gratitud, algunos por ser caciques tradicionales, y otros por ser políticos sin mayor impacto.
Y por eso, más allá de su desempeño como políticos, se podría perfilar para las próximas elecciones a Congreso una especie de bancada por el intercambio humanitario y la negociación política con las Farc. Si bien en número la bancada de liberados no sería representativa, es difícil pensar que su voz no sea escuchada por el resto del Congreso y no se produzca un efecto de contagio entre sus compañeros.
La bancada de los liberados es una clara demostración de que el bicho de la política resiste la intemperie más furiosa de la selva. Esa inquebrantable vocación y la experiencia cruel e inédita que vivieron los ponen ante una oportunidad de oro. Aunque no se trata de exigirles nada a ellos, sin duda tienen por delante el desafío de lograr tener una voz única en el Congreso con una autoridad moral que ningún otro político tiene para lograr una transformación duradera en la guerra.
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Cuando Sigifredo López se bajó del helicóptero y se fundió en un abrazo con sus dos hijos, Colombia entera lloró. El jueves, los canales de televisión pasaron una y otra vez en cámara lenta la imagen que mostraba cómo su rostro pasaba de la sonrisa al llanto incontenible, y su familia se aferraba a él con toda su fuerza.
Pocos minutos después, López empezó a hablar ante la multitud que lo aclamaba. Micrófono en mano, pronunció un discurso largo ante una plaza abarrotada de gente, al que le siguió una rueda de prensa en tono de campaña, que seguían millones de colombianos por la televisión. Literalmente, y sin escalas, pasó del aislamiento infernal del secuestro a la tribuna pública que lo conectaba con las masas.
Es un epílogo usual en la tragedia de los conflictos. Basta recordar cómo Nelson Mandela, después de 20 años de cárcel salió directamente a la Presidencia de Sudáfrica, y la influencia que tuvo su condición de víctima del apartheid para que se convirtiera en figura mundial. Lo mismo que el dramaturgo Vaclav Havel, quien después de años de cárcel y de ser proscrito por los comunistas, se reivindicó al ser elegido Presidente de Checoslovaquia, cuando colapsó el régimen.
En Colombia, guardadas las proporciones, podría estar pasando algo similar con los políticos que han recuperado la libertad y cuya condición de víctimas de la guerrilla los ha proyectado nacionalmente, ha incrementado su capital político y les ha dado opciones reales de ser protagonistas de la política de primera plana. Si bien algo va de Mandela a Jorge Géchem, lo que está demostrado es que la política se construye en lo emocional y que una historia humana cargada de dolor, como el secuestro, con adecuadas dosis de discurso y una estrategia política sencilla, los puede catapultar en las próximas elecciones.
Así ocurrió, por ejemplo, con el ex ministro Fernando Araújo, quien estuvo secuestrado durante seis años y se fugó en enero de 2007. Por su condición de víctima de inmediato fue nombrado Canciller, para que diera testimonio en el mundo entero sobre los métodos inhumanos que usan las Farc con sus rehenes. Aunque su gestión no ha merecido muchos elogios, ahora es un firme aspirante a la candidatura conservadora para la Presidencia.
Íngrid Betancourt era también un personaje controvertido y radical, y su marcación en las encuestas para Presidencia no llegaba al 2 por ciento. No obstante, ya libre, llegó a ser la persona con más preferencia entre la opinión, después de Álvaro Uribe.
En el plano regional, el fenómeno se puede repetir. Los políticos liberados, aunque hayan sido en el pasado apenas pequeños manzanillos o parlamentarios sin figuración, hoy están investidos de valores que identifican a la gente, como la estoica capacidad de sufrir, la dignidad como arma para doblegar la barbarie, y los intentos épicos de fuga, como la de Araújo, cuyo coraje quedó anclado en el alma de los colombianos. Pero, sobre todo, encarnan el valor supremo de la libertad.
Uno de los intelectuales más influyentes actualmente en teorías sobre comportamiento electoral, el neurolingüista George Lakoff, les da un enorme valor a las emociones como parte del conocimiento y de la experiencia política, y, según sus estudios, nada influye tanto en las decisiones electorales de la gente como las metáforas. A través de ellas, las personas comunes se identifican con el candidato y deciden su voto. Tal como ocurrió con Obama en Estados Unidos, donde no influye tanto lo que él diga, sino lo que él es y lo que representa. Como podría ocurrir con los secuestrados que, aunque no mencionen en campaña su cautiverio, llevan la metáfora de un país en guerra impresa en su rostro.
Íngrid Bolívar, profesora de la Universidad de los Andes especializada en emociones y política, comparte esta visión y dice que sólo con su presencia "los liberados ratifican un sentimiento popular contra las Farc" y eso es lo que la sociedad quiere ver y escuchar. Por eso no sería extraño que personas como Luis Eladio Pérez, Alan Jara, Jorge Géchem o Consuelo Perdomo se conviertan en las estrellas de las próximas elecciones.
Es cierto que a ellos el secuestro no los convirtió en políticos, puesto que ya lo eran, y justamente por eso los secuestraron. Pero el cautiverio sí les da un aura y un magnetismo con la opinión que ningún hombre en busca de votos puede despreciar. La gente los quiere y los admira, los medios de comunicación todavía tienen sus reflectores sobre ellos y sus palabras son escuchadas con respeto porque desde la autoridad moral triunfaron sobre la violencia.
SEMANA habló con casi todos los liberados y es prácticamente un hecho que todos se van a lanzar al ruedo. Unos a gobernaciones, pero la mayoría al Congreso.
Uno de los políticos que ha tenido mayor protagonismo después de su liberación es el ex gobernador de Meta Alan Jara, de filiación liberal. Por un lado, puso a todo el país a hablar sobre su discurso, en el que le hizo duras críticas al presidente Álvaro Uribe. Estas tuvieron tanto impacto en la opinión, que el propio Uribe fue el miércoles a Villavicencio para hablar con él y responder a sus comentarios. Si bien Alan Jara ya era popular en Meta, ahora tiene el espacio para lanzarse a lo que quiera, bien sea el Congreso o la Gobernación. Aunque es prematuro saber qué decisión política tomará Jara -no ha pasado ni una semana en libertad-, lo que sí ha dejado claro es que volverá a la política y que apostará duro por el intercambio humanitario y el diálogo con las Farc.
Algo similar ocurre con el conservador Sigifredo López. Al igual que Jara, envió un mensaje claro de que no va a tomarse un descanso demasiado largo, y de que empezará a moverse pronto en política. Quedó claro desde cuando agarró ese micrófono, a los pocos minutos de su liberación, y se echó un largo y emotivo discurso. Como único sobreviviente de la masacre de los diputados del Valle, tiene el momento más alto de reconocimiento y popularidad, y una candidatura suya podría ser un homenaje a los 11 diputados que nunca volvieron.
Por su parte, el ex ministro Fernando Araújo confirma sus aspiraciones. "Voy a participar de la consulta interna del Partido Conservador, para la selección de candidato presidencial". Araújo, quien es uribista declarado, es el único ex secuestrado que no apoya el intercambio humanitario y se declara continuador de las políticas de Seguridad Democrática. Se sabe que cuenta con el apoyo de muchos conservadores de la Costa, pero se enfrentará en su partido a una dura competencia en la que quizá podrán estar políticos de mucho peso, como Noemí Sanín, Andrés Felipe Arias y Carlos Holguín. No sería extraño que la figuración en la consulta interna lo deje bien posicionado para el Senado.
Entre tanto, Luis Eladio Pérez es uno de los pocos liberados que aseguran que no se volverán a medir en las urnas. Pero su proyecto tal vez es más ambicioso que el de los demás. Quiere crear un nuevo partido para el cual ya tiene nombre, Movimiento de Reconstrucción Nacional; aspira a recoger 500.000 firmas a partir de marzo y su propósito es "representar a 15 millones de colombianos que no salen a votar" porque no se identifican con los políticos.
Aunque Íngrid Betancourt se ha mostrado distante en los últimos meses, no sería extraño que este movimiento le sirviera de plataforma en caso de que decidiera lanzarse a la Presidencia. Al fin y al cabo, Íngrid y Luis Eladio dedicaron meses enteros de su cautiverio a discutir un programa de gobierno. El ex senador nariñense no revela el portafolio de su partido, pero anticipa que "hay muchísimas figuras públicas y políticas del país y serán muy sorprendentes".
Entre los ex secuestrados, la representación más grande es la de Huila. La clase política de este departamento fue una de las más golpeadas, en gran medida por la cercanía con la zona de retaguardia de las Farc que le facilitó a esa guerrilla tener la información necesaria para llevar a cabo los secuestros. De los cuatro liberados de Huila, dos se demoraron más en salir de la selva que en volcarse a las calles para dedicarse de nuevo al proselitismo político. Jorge Eduardo Géchem fue liberado en febrero y en abril ya estaba recorriendo los 37 municipios del departamento, 10 de Caquetá y otros pueblos de Putumayo.
Géchem es el único de todos los secuestrados que ya hizo público su interés de lanzarse al Senado y en su región es vox populi que su fórmula a la Cámara sería Orlando Beltrán, otro de los secuestrados, que ya también ha dejado clara su candidatura. "Es una obligación moral llegar al Congreso de nuevo para trabajar por quienes siguen en las selvas de Colombia. Vamos a pelear por la paz y el intercambio humanitario, y el Congreso es el mejor escenario para exigirle al gobierno", dice Beltrán, un ingeniero industrial que ha estado dos períodos en el Parlamento. En el caso de Géchem, parece pesarle mucho el bicho de la política, no en vano ha estado cuatro períodos en el Congreso. "Vuelvo a lo mismo que he hecho toda mi vida", anota el liberal de origen turbayista que en marzo decidirá por cuál partido se lanza.
Consuelo González no ha tomado una decisión final, pero es altamente probable que también se lance al Senado. Curiosamente, su experiencia en la selva hizo que se distanciara de Géchem -su jefe político regional y a quien su esposo, un hombre adinerado, financiaba-, y ahora va de la mano del gobernador liberal Rodrigo Villalba. Consuelo, una mujer centrada y a la que las Farc le interrumpieron su primera experiencia en el Congreso, dice que no quiere utilizar su condición de ex secuestrada para ganar elecciones: "Tengo muy claro que si vuelvo al ejercicio de la política no quiero aprovechar mi tragedia para conseguir votos. No quiero ser la víctima en una campaña".
El caso de Gloria Polanco es distinto porque nunca ha sido política. Ella fue congresista estando secuestrada, gracias a una jugada de su esposo, Jaime Losada, quien con las mejores intenciones de que la liberaran, la hizo elegir, pero la estrategia terminó yéndose en su contra. Sin embargo, Gloria sí quiere medirse en las urnas. Podría ser como candidata a la Gobernación, pues la gente tiene un buen recuerdo de ella como primera dama del departamento de Huila, y tampoco se descarta que haga parte de las listas a la Cámara del conservador Hernán Andrade, hoy presidente del Congreso.
En el grupo de Huila también habría que contar con otros dos personajes que si bien no estuvieron secuestrados, sí padecieron la reclusión de sus familiares y tuvieron un protagonismo en medios suficiente para estar hoy en la jugada política. Se trata de Jaime Felipe Losada, el hijo de Gloria Polanco, quien se lanzaría al Congreso, y Lucy Artunduaga, hoy separada de Géchem, que participa en una campaña antagonista de su otrora esposo.
Caso aparte merece Clara Rojas. Aunque en el momento del secuestro era prácticamente desconocida, su amistad con Íngrid Betancourt y la apasionante historia del hijo que tuvo en cautiverio, la pérdida del pequeño y su feliz reencuentro, la pusieron en un nivel de interés nacional e internacional que muchos envidiarían. Clara siempre ha sido una persona independiente y de centro, y esa actitud se ha reflejado en estos meses, pues aunque ha mantenido su presencia en los medios y defendido la idea de un intercambio humanitario, nunca ha sido radical frente a las políticas del gobierno. Aunque Clara no está en campaña, ya está en la mira de varios partidos que la quieren en sus listas futuras.
Quizá la excepción es Óscar Tulio Lizcano. Pese a que en el momento de su secuestro estaba en la mitad de su carrera política, ocho años en la selva lo dejaron sin ganas de volver a la tribuna pública. El ex representante a la Cámara, que protagonizó una heroica fuga de un campamento de las Farc hace pocos meses, asegura que aunque ha recibido propuestas políticas por parte de dirigentes del partido de La U, ha declinado, pues "todo el mundo sabe que necesito un largo proceso de recuperación". Lo que no descarta es ponerse al servicio de la carrera de su hijo Mauricio Lizcano, quien salió elegido a la Cámara en 2006 por el Partido de La U, apoyándose en el legado de su padre y en el juego mediático que le permitió el secuestro. No obstante, Lizcano hijo está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia, lo que podría dar al traste con sus aspiraciones.
Ante ese hecho ya consumado, el de que los secuestrados ahora en libertad quieren sumergirse de nuevo en el berenjenal de la política, quedan tres preguntas por resolver: ¿Saldrán elegidos? ¿Qué tan bueno puede ser que ganen? ¿Qué papel van a jugar en el Congreso?
A la primera pregunta, la respuesta obvia sería pensar que es casi seguro que todos los ex secuestrados que pongan su foto en el tarjetón van a salir elegidos. En particular quienes se lanzan al Senado, pues la circunscripción nacional termina favoreciendo a los personajes más mediáticos. Nunca antes un representante a la Cámara, ni siquiera un senador, había tenido más exposición y un tratamiento tan benévolo como los que los liberados han tenido por parte de los medios.
No cabe duda de que durante la campaña, con su etiqueta de ex secuestrados y sus increíbles dramas personales, seguirán siendo muy taquilleros. Y, finalmente, no se descarta que una buena parte del electorado interprete que apoyarlos es dar voto a favor de la libertad y en protesta contra unas Farc que hoy tienen unos índices de rechazo más bajos que los del propio demonio.
Pero no es suficiente tener el carné de secuestrado para que lluevan los votos. Si bien las emociones son importantes, en política no bastan. Mandela y Havel no sólo tenían sufrimiento en su historia personal, sino un legado político, atado a causas democráticas muy poderosas, que interpretaban el sentir de sus pueblos en coyunturas específicas. En el caso de los políticos colombianos que estuvieron secuestrados está por verse si el valor simbólico que son, y la credibilidad que tienen, son suficientes, por ejemplo, para convencer a la gente de que hay que negociar con las Farc. Algo que la mayoría de ellos defiende.
Hay que tener en cuenta además que todavía queda un año para las elecciones al Congreso y eso en política es mucho tiempo; se podría enfriar el entusiasmo de la gente y decaer la sintonía con su dolor. De no ser, por supuesto, que las historias de otros colombianos que siguen secuestrados en la selva mantengan clavada la espina del secuestro en el corazón del país.
Pero una cosa es que el secuestro los haya convertido en candidatos más atractivos en las urnas, y otra, muy distinta, que siete años en la selva los haya transformado en mejores políticos o les den credenciales más sólidas para ejercer su cargo. En muchos de los casos, no en todos, se estác hablando de personajes que en sus regiones no recuerdan con especial gratitud, algunos por ser caciques tradicionales, y otros por ser políticos sin mayor impacto.
Y por eso, más allá de su desempeño como políticos, se podría perfilar para las próximas elecciones a Congreso una especie de bancada por el intercambio humanitario y la negociación política con las Farc. Si bien en número la bancada de liberados no sería representativa, es difícil pensar que su voz no sea escuchada por el resto del Congreso y no se produzca un efecto de contagio entre sus compañeros.
La bancada de los liberados es una clara demostración de que el bicho de la política resiste la intemperie más furiosa de la selva. Esa inquebrantable vocación y la experiencia cruel e inédita que vivieron los ponen ante una oportunidad de oro. Aunque no se trata de exigirles nada a ellos, sin duda tienen por delante el desafío de lograr tener una voz única en el Congreso con una autoridad moral que ningún otro político tiene para lograr una transformación duradera en la guerra.
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lunes, 23 de febrero de 2009
Salen 10 oficiales y un suboficial que pasaron por el Batallón La Popa por falsos positivos
Denuncias por 'falsos positivos' sobre militares del Batallón La Popa han sido frecuentes y son numerosos los expedientes. Entre el 2007 y el 2008 la Fiscalía de Valledupar abrió 25 investigaciones.
EL TIEMPO confirmó que, después de tres investigaciones internas, se encontraron problemas de mando y control similares a los que provocaron el retiro de 27 militares el año pasado. La última averiguación en el Cesar estuvo en manos de varios generales. "Hay situaciones de mando de las tropas que no satisfacen ni a la cúpula militar ni al ministro Juan Manuel Santos", indicó una fuente.
El comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla De León, señaló que contra los uniformados que fueron retirados no hay ningún proceso penal y que las inclusiones de las investigaciones internas serán entregadas a la Fiscalía."Queremos proceder con determinación, justicia, prudencia y oportunamente", señaló. No todos los afectados seguían en La Popa, pero estaban activos.
La parte penal correrá por cuenta de la Fiscalía, que ha capturado en el último año a varios oficiales, suboficiales y soldados de La Popa.Militares de esa unidad, que en su momento fue una de las que reportaban mejores resultados, aparecen en decenas de expedientes sobre muertes fuera de combate.
Entre el 2007 y el 2008 la seccional de la Fiscalía en Valledupar abrió 25 investigaciones por falsos positivos. Por estos hechos ha solicitado ante jueces de control de garantías 30 capturas y se han hecho efectivas 16. Un listado preliminar habla de hasta 150 víctimas.Entre las últimas capturas, este mes, está la de un sargento y dos militares más, señalados por el asesinato de tres campesinos que, como los muchachos de Soacha, se fueron de sus casas por una oferta de trabajo y terminaron muertos un día después de que llegaron a la zona. En este caso, el parte militar los presentó como guerrilleros del Eln.
En septiembre, la Procuraduría acusó otros 10 militares de La Popa, entre ellos un teniente, por el homicidio del indígena kankuamo Víctor Hugo Maestre, quien fue presentado como guerrillero. Y en abril del año pasado, 15 militares de la unidad fueron detenidos por el asesinato, en el 2005, de dos campesinos que un boletín de prensa del batallón presentó como "guerrilleros del frente 41 de las Farc".
De todos los militares de La Popa con líos, el más conocido es el coronel Hernán Mejía, comandante del batallón que está preso por supuestas alianzas con los 'paras' de 'Jorge 40'. Uno de los cargos en su contra es otro 'falso positivo': la muerte de 18 supuestos guerrilleros del Eln que, según la Fiscalía, eran 'paras' asesinados por sus propios compañeros. La salida de 27 militares el año pasado, entre los cuales había dos generales, se produjo tras el escándalo por el caso de varios jóvenes reportados como desaparecidos en el centro del país y que luego aparecieron como ilegales muertos en combate en los santanderes.
Acabaron brigada involucrada en falsos positivos
El Comando del Ejército decidió acabar de un tajo con la polémica Brigada Móvil 15, que actuaba en Norte de Santander y que se vio envuelta en el escándalo por jóvenes que desaparecían en Soacha (Cundinamarca) y aparecían muertos en Ocaña. El caso generó la salida de 27 oficiales y suboficiales, entre ellos tres generales.
Al Catatumbo llega una nueva Brigada Móvil, la 23.
"Todos los hombres fueron cambiados y quienes entran a la zona desde mañana (hoy) son uniformados especializados en Derechos Humanos, contraguerrilla y pertenecen a la Escuela de Soldados Profesionales (Espro)", dijo una fuente del Ejército. La Procuraduría anunció la semana pasada la creación de grupos especiales para resolver pronto las investigaciones por falsos positivos.
BUCARAMANGA
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EL tiempo
EL TIEMPO confirmó que, después de tres investigaciones internas, se encontraron problemas de mando y control similares a los que provocaron el retiro de 27 militares el año pasado. La última averiguación en el Cesar estuvo en manos de varios generales. "Hay situaciones de mando de las tropas que no satisfacen ni a la cúpula militar ni al ministro Juan Manuel Santos", indicó una fuente.
El comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla De León, señaló que contra los uniformados que fueron retirados no hay ningún proceso penal y que las inclusiones de las investigaciones internas serán entregadas a la Fiscalía."Queremos proceder con determinación, justicia, prudencia y oportunamente", señaló. No todos los afectados seguían en La Popa, pero estaban activos.
La parte penal correrá por cuenta de la Fiscalía, que ha capturado en el último año a varios oficiales, suboficiales y soldados de La Popa.Militares de esa unidad, que en su momento fue una de las que reportaban mejores resultados, aparecen en decenas de expedientes sobre muertes fuera de combate.
Entre el 2007 y el 2008 la seccional de la Fiscalía en Valledupar abrió 25 investigaciones por falsos positivos. Por estos hechos ha solicitado ante jueces de control de garantías 30 capturas y se han hecho efectivas 16. Un listado preliminar habla de hasta 150 víctimas.Entre las últimas capturas, este mes, está la de un sargento y dos militares más, señalados por el asesinato de tres campesinos que, como los muchachos de Soacha, se fueron de sus casas por una oferta de trabajo y terminaron muertos un día después de que llegaron a la zona. En este caso, el parte militar los presentó como guerrilleros del Eln.
En septiembre, la Procuraduría acusó otros 10 militares de La Popa, entre ellos un teniente, por el homicidio del indígena kankuamo Víctor Hugo Maestre, quien fue presentado como guerrillero. Y en abril del año pasado, 15 militares de la unidad fueron detenidos por el asesinato, en el 2005, de dos campesinos que un boletín de prensa del batallón presentó como "guerrilleros del frente 41 de las Farc".
De todos los militares de La Popa con líos, el más conocido es el coronel Hernán Mejía, comandante del batallón que está preso por supuestas alianzas con los 'paras' de 'Jorge 40'. Uno de los cargos en su contra es otro 'falso positivo': la muerte de 18 supuestos guerrilleros del Eln que, según la Fiscalía, eran 'paras' asesinados por sus propios compañeros. La salida de 27 militares el año pasado, entre los cuales había dos generales, se produjo tras el escándalo por el caso de varios jóvenes reportados como desaparecidos en el centro del país y que luego aparecieron como ilegales muertos en combate en los santanderes.
Acabaron brigada involucrada en falsos positivos
El Comando del Ejército decidió acabar de un tajo con la polémica Brigada Móvil 15, que actuaba en Norte de Santander y que se vio envuelta en el escándalo por jóvenes que desaparecían en Soacha (Cundinamarca) y aparecían muertos en Ocaña. El caso generó la salida de 27 oficiales y suboficiales, entre ellos tres generales.
Al Catatumbo llega una nueva Brigada Móvil, la 23.
"Todos los hombres fueron cambiados y quienes entran a la zona desde mañana (hoy) son uniformados especializados en Derechos Humanos, contraguerrilla y pertenecen a la Escuela de Soldados Profesionales (Espro)", dijo una fuente del Ejército. La Procuraduría anunció la semana pasada la creación de grupos especiales para resolver pronto las investigaciones por falsos positivos.
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sábado, 17 de enero de 2009
La lista negra de las Auc en Barranca
Viernes, 19 de Diciembre de 2008 10:25
El rumor de una lista en la que aparecían miembros de la USO en Barrancabermeja provocó momentos de incertidumbre en el puerto petrolero, a principios de este siglo.
En los años 2000 y 2002 circuló por las calles de Barrancabermeja (Santander) un rumor por la supuesta aparición de una lista con los nombres de los dirigentes sindicales que serían objeto de ataques del bloque Central Bolívar (Bcb), de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
El rumor dejó de ser preocupación y se convirtió en una angustia total cuando murieron de forma violenta dos afiliados a la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato de Ecopetrol, que tiene la mayor refinería del país en ese puerto petrolero.
En 2002, en dos hechos que conmocionaron a los habitantes de esa población, hombres del frente Fidel Castaño, de las Auc, mataron de varios impactos de arma de fuego a Rafael Jaimes Torra y Manuel Salvador Guerrero Angulo, quien ya estaba pensionado y retirado de la empresa.
Esos dos crímenes serán reconocidos por Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, ex comandante militar del BCB, quien en diligencia de versión libre, celebrada el pasado lunes ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz de Medellín, prometió que en una próxima sesión ampliará los detalles sobre estos y otros hechos.
Pérez Alzate dijo que el rumor de la lista inició cuando en uno de los barrios nororientales de Barrancabermeja, en un retén clandestino, las Auc retuvieron a Fredis de Jesús Rueda, miembro de la USO y quien luego se haría conocer dentro de las filas de las autodefensas como 'el Indio'.
Rueda, en concepto del desmovilizado jefe de los paramilitares, le ofreció a sus captores información valiosa sobre las actividades de sus compañeros sindicalistas a cambio de que le respetaran la vida.
A una pregunta de la fiscal que coordinaba la diligencia sobre si a partir de ese momento el dirigente se volvió integrante de las Auc, Pérez Alzate respondió que, en adelante, hizo parte de lo que llamó informantes y colaboradores.
Por decisión de las directivas de Ecopetrol, Rueda fue despedido junto a otras 33 personas el 7 de mayo de 2004 y su caso hizo parte de una lista de reclamaciones de la USO ante instancias internacionales, por considerar que había una persecución patronal.
La sindicación contra el dirigente sindical hace parte de una versión del postulado que deberá comprobar, pues algún sector de la dirigencia sindical de Barrancabermeja considera que se trata de acusaciones infundadas para revictimizar y, de alguna manera, justificar los crímenes de las Auc en esa población.
En la diligencia Pérez Alzate agregó que en la lista también apareció Hernando Hernández, quien era para entonces el presidente de la USO y el vicepresidente Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Contra Hernández nada pudieron hacer –dijo Pérez Alzate- porque había la orden expresa de Carlos Castaño de no atentar contra él, pues así lo se acordó durante el encuentro conocido como la Reunión del Nudo de Paramillo, en el que participó el dirigente sindical.
Esa reunión, celebrada el 26 de julio de 1998, fue quizá el primer contacto de los entonces comandantes de las Auc, entre quienes también estaba Salvatore Mancuso, con dirigentes nacionales para buscar un posible acuerdo de negociación política con el Gobierno Nacional.
En la reunión también estuvieron José Fernando Castro Caicedo, como defensor del Pueblo (fallecido el pasado 7 de mayo); Augusto Ramírez Ocampo, como canciller del gobierno de Ernesto Samper; el ex alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, como presidente de la CUT; el entonces senador y actual alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, el ex presidente de Fedegán y ex embajador Jorge Visbal Martelo, el ex presidente de Fenalco, ex ministro del Interior y actual embajador, Sabas Pretelt de la Vega y el presidente de Confecámaras, Eugenio Marulanda.
Aun así la fiscal le dijo al ex jefe paramilitar que el organismo investiga un atentado perpetrado contra Hernández, perpetrado en junio de 2001, a lo cual Pérez Alzate respondió que no pudo venir de sus hombres, dado que para la época ya estaba dada la orden de Carlos Castaño.
De la famosa lista también hicieron parte Gregorio Alfonso Mejía, Julián Cote, Nelson Díaz, Pedro Chaparro, Jorge Gamboa y Rafael Jaimes.
Pérez Alzate dijo que las amenazas a los sindicalistas provinieron del desaparecido jefe paramilitar Guillermo Hurtado Moreno, alias 70, comandante del bloque Fidel Castaño, quien recibió los nombres de Wilfred Martínez Giraldo, alias Gavilán, un ex guerrillero del Epl que se le entregó a las autodefensas en Barrancabermeja.
Martínez Giraldo fue quien retuvo al sindicalista Rueda e incluso, según Pérez Alzate, propuso que él mismo se encargaba de perpetrar un atentado dinamitero, pues sabía el lugar y la hora de reunión de los dirigentes de la USO.
Pérez Alzate dijo en la audiencia que cuando llegó esa información a sus manos y la intención de atentar contra los sindicalistas le ordenó a 70 que suspendiera cualquier acción de ese tipo.
“Nunca he sido partidario de las listas ni de las amenazas”, pues su idea “era actuar militarmente cuando era necesario”.
Negó amenazas…
El desmovilizado jefe paramilitar negó las amenazas contra los dirigentes del sindicato de trabajadores de la embotelladora de Coca Cola en Barrancabermeja, Juan Carlos Galvis y William Mendoza.
Mendoza denunció ante la Fiscalía una serie de amenazas relacionada con sufragios y llamadas telefónicas, ante lo cual Pérez Alzate contó la historia de que esas intimidaciones provinieron de la ex esposa del dirigente sindical.
A juicio del ex jefe paramilitar, Mendoza se sintió amenazado porque durante algún tiempo buscó un encuentro personal con Gavilán, debido al temor de que este atentara contra su vida, pues en el pasado tuvieron un encuentro que lo comprometía.
Se trató de un atentado que perpetró Gavilán contra la embotelladora y que, a juicio de Pérez Alzate, los dos dirigentes facilitaron al darle información y permitir el ingreso de los guerrilleros a esas instalaciones.
La fiscal le recordó al ex jefe paramilitar que se trataba de una grave denuncia que debía investigarse a fondo, pues existen registros de las amenazas.
Publicado en
www.verdadabierta.com
El rumor de una lista en la que aparecían miembros de la USO en Barrancabermeja provocó momentos de incertidumbre en el puerto petrolero, a principios de este siglo.
En los años 2000 y 2002 circuló por las calles de Barrancabermeja (Santander) un rumor por la supuesta aparición de una lista con los nombres de los dirigentes sindicales que serían objeto de ataques del bloque Central Bolívar (Bcb), de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
El rumor dejó de ser preocupación y se convirtió en una angustia total cuando murieron de forma violenta dos afiliados a la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato de Ecopetrol, que tiene la mayor refinería del país en ese puerto petrolero.
En 2002, en dos hechos que conmocionaron a los habitantes de esa población, hombres del frente Fidel Castaño, de las Auc, mataron de varios impactos de arma de fuego a Rafael Jaimes Torra y Manuel Salvador Guerrero Angulo, quien ya estaba pensionado y retirado de la empresa.
Esos dos crímenes serán reconocidos por Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, ex comandante militar del BCB, quien en diligencia de versión libre, celebrada el pasado lunes ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz de Medellín, prometió que en una próxima sesión ampliará los detalles sobre estos y otros hechos.
Pérez Alzate dijo que el rumor de la lista inició cuando en uno de los barrios nororientales de Barrancabermeja, en un retén clandestino, las Auc retuvieron a Fredis de Jesús Rueda, miembro de la USO y quien luego se haría conocer dentro de las filas de las autodefensas como 'el Indio'.
Rueda, en concepto del desmovilizado jefe de los paramilitares, le ofreció a sus captores información valiosa sobre las actividades de sus compañeros sindicalistas a cambio de que le respetaran la vida.
A una pregunta de la fiscal que coordinaba la diligencia sobre si a partir de ese momento el dirigente se volvió integrante de las Auc, Pérez Alzate respondió que, en adelante, hizo parte de lo que llamó informantes y colaboradores.
Por decisión de las directivas de Ecopetrol, Rueda fue despedido junto a otras 33 personas el 7 de mayo de 2004 y su caso hizo parte de una lista de reclamaciones de la USO ante instancias internacionales, por considerar que había una persecución patronal.
La sindicación contra el dirigente sindical hace parte de una versión del postulado que deberá comprobar, pues algún sector de la dirigencia sindical de Barrancabermeja considera que se trata de acusaciones infundadas para revictimizar y, de alguna manera, justificar los crímenes de las Auc en esa población.
En la diligencia Pérez Alzate agregó que en la lista también apareció Hernando Hernández, quien era para entonces el presidente de la USO y el vicepresidente Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Contra Hernández nada pudieron hacer –dijo Pérez Alzate- porque había la orden expresa de Carlos Castaño de no atentar contra él, pues así lo se acordó durante el encuentro conocido como la Reunión del Nudo de Paramillo, en el que participó el dirigente sindical.
Esa reunión, celebrada el 26 de julio de 1998, fue quizá el primer contacto de los entonces comandantes de las Auc, entre quienes también estaba Salvatore Mancuso, con dirigentes nacionales para buscar un posible acuerdo de negociación política con el Gobierno Nacional.
En la reunión también estuvieron José Fernando Castro Caicedo, como defensor del Pueblo (fallecido el pasado 7 de mayo); Augusto Ramírez Ocampo, como canciller del gobierno de Ernesto Samper; el ex alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, como presidente de la CUT; el entonces senador y actual alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, el ex presidente de Fedegán y ex embajador Jorge Visbal Martelo, el ex presidente de Fenalco, ex ministro del Interior y actual embajador, Sabas Pretelt de la Vega y el presidente de Confecámaras, Eugenio Marulanda.
Aun así la fiscal le dijo al ex jefe paramilitar que el organismo investiga un atentado perpetrado contra Hernández, perpetrado en junio de 2001, a lo cual Pérez Alzate respondió que no pudo venir de sus hombres, dado que para la época ya estaba dada la orden de Carlos Castaño.
De la famosa lista también hicieron parte Gregorio Alfonso Mejía, Julián Cote, Nelson Díaz, Pedro Chaparro, Jorge Gamboa y Rafael Jaimes.
Pérez Alzate dijo que las amenazas a los sindicalistas provinieron del desaparecido jefe paramilitar Guillermo Hurtado Moreno, alias 70, comandante del bloque Fidel Castaño, quien recibió los nombres de Wilfred Martínez Giraldo, alias Gavilán, un ex guerrillero del Epl que se le entregó a las autodefensas en Barrancabermeja.
Martínez Giraldo fue quien retuvo al sindicalista Rueda e incluso, según Pérez Alzate, propuso que él mismo se encargaba de perpetrar un atentado dinamitero, pues sabía el lugar y la hora de reunión de los dirigentes de la USO.
Pérez Alzate dijo en la audiencia que cuando llegó esa información a sus manos y la intención de atentar contra los sindicalistas le ordenó a 70 que suspendiera cualquier acción de ese tipo.
“Nunca he sido partidario de las listas ni de las amenazas”, pues su idea “era actuar militarmente cuando era necesario”.
Negó amenazas…
El desmovilizado jefe paramilitar negó las amenazas contra los dirigentes del sindicato de trabajadores de la embotelladora de Coca Cola en Barrancabermeja, Juan Carlos Galvis y William Mendoza.
Mendoza denunció ante la Fiscalía una serie de amenazas relacionada con sufragios y llamadas telefónicas, ante lo cual Pérez Alzate contó la historia de que esas intimidaciones provinieron de la ex esposa del dirigente sindical.
A juicio del ex jefe paramilitar, Mendoza se sintió amenazado porque durante algún tiempo buscó un encuentro personal con Gavilán, debido al temor de que este atentara contra su vida, pues en el pasado tuvieron un encuentro que lo comprometía.
Se trató de un atentado que perpetró Gavilán contra la embotelladora y que, a juicio de Pérez Alzate, los dos dirigentes facilitaron al darle información y permitir el ingreso de los guerrilleros a esas instalaciones.
La fiscal le recordó al ex jefe paramilitar que se trataba de una grave denuncia que debía investigarse a fondo, pues existen registros de las amenazas.
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sábado, 29 de noviembre de 2008
Líder asesinado en Urabá iba a declarar ante la Corte sobre 'carta de cobro' que envió a congresista
Foto: EL TIEMPO
Freddy Rendón Herrera (izq.), alias 'El Alemán' y antonio valencia (der.), senador de Alas Equipo Colombia.
Benigno Antonio Gil aparecía como codeudor del senador Antonio Valencia Duque -quien remplazó a Álvaro Araújo en su curul- en gastos de campaña que habrían sido cubiertos por los paramilitares.
Gil, asesinado por dos hombres armados el pasado sábado en la noche en el barrio El Bosque de Chigorodó, era un beligerante líder de víctimas de grupos que intentaban recuperar las tierras que Vicente Castaño, Raúl Hasbún y 'Cuco' Vanoy les robaron en Mutatá.
Organizaciones de Derechos Humanos y medios de comunicación presentaron el asesinato como un claro ataque al principal vocero y activista de víctimas de las Auc.
Pero autoridades nacionales y extranjeras le acaban de incluir otro móvil al cobarde crimen.
"En los próximos días -dice un investigador- Gil se iba a presentar ante la Corte Suprema para aclarar los términos de la 'carta de cobro' que le envió en febrero al senador Antonio Valencia Duque".
Valencia es un abogado de Marinilla (Antioquia) que llegó al Senado en el 2007 cuando Álvaro Araújo renunció por la investigación de la parapolítica.
En la carta, Gil le dice al senador Valencia que le cancele el dinero
que (por recomendación del gobernador Luis Alfredo Ramos) le prestó para sufragar gastos de campaña.
Entre otras cosas, le habla de los gastos de organización de las reuniones en la finca La Virgen del Cobre.
Y asegura que cuando cobró el préstamo a colaboradores del hoy senador Valencia, estos le pidieron paciencia pues "los señores" -'El Alemán' y 'HH'- no habían girado los fondos prometidos.
"Después de un tiempo (de cobrar) se me dijo que los señores no habían mandado recursos (...) Luego se me dijo que los señores eran 'El Alemán' y 'Mono Veloza' (o alias 'HH'). Yo no tuve ningún trato con ellos", afirma la carta de Gil al senador Valencia Duque.
La Corte no solo cuenta con testimonios que indican que en la Virgen del Cobre se selló un acuerdo entre políticos de Antioquia y alias 'El Alemán' -que le acaba de costar un llamamiento a juicio al ex senador Rubén Darío Quintero- sino que, además, indaga si el dueño de la hacienda es un señalado narco identificado como José Antonio Ocampo 'Pelusa'.
Al respecto, EL TIEMPO estableció que la finca está a nombre de Industrial Pecuaria Limitada, una firma creada en 1988, con sucursales en Urabá, San Antero y Montería (Córdoba) y también vinculada a la hacienda Cocorilla, de Lorica.
Entre sus socios aparece la Promotora Linares y, efectivamente, un José Antonio Ocampo Obando. La firma (al igual que sus socios) fue embargada el pasado 24 de octubre por orden de la fiscalía 18 delegada de Bogotá.
La indagación a Valencia
Y aunque Gil no alcanzó a aclarar las reuniones en La Virgen del Cobre, la Corte indagará al senador sobre este tópico y sobre el supuesto patrocinio de paramilitares en los convites políticos que terminaron sellando el pacto por una Urabá Grande y Unida.
Alias 'El Alemán' confirmó la existencia del acuerdo y de su apoyo al mismo.
"Me mandaron una carta de proyecto político (...) les di dos pa' una subasta", le dijo a la Corte.
Y Evert Veloza, 'HH', aseguró que el hoy senador Valencia fue uno de los congresistas que se beneficiaron del pacto.
Ahora, la tarea de la justicia es doble: corroborar o descartar lo dicho por el líder asesinado en su carta y averiguar quién lo mató.
Por ahora, el senador Valencia niega tajantemente los cargos, al igual que su paisano el ex senador Quintero.
u.investigativa@eltiempo.com.co
www.eltiempo.com
Foto: EL TIEMPO
Freddy Rendón Herrera (izq.), alias 'El Alemán' y antonio valencia (der.), senador de Alas Equipo Colombia.
Benigno Antonio Gil aparecía como codeudor del senador Antonio Valencia Duque -quien remplazó a Álvaro Araújo en su curul- en gastos de campaña que habrían sido cubiertos por los paramilitares.
Gil, asesinado por dos hombres armados el pasado sábado en la noche en el barrio El Bosque de Chigorodó, era un beligerante líder de víctimas de grupos que intentaban recuperar las tierras que Vicente Castaño, Raúl Hasbún y 'Cuco' Vanoy les robaron en Mutatá.
Organizaciones de Derechos Humanos y medios de comunicación presentaron el asesinato como un claro ataque al principal vocero y activista de víctimas de las Auc.
Pero autoridades nacionales y extranjeras le acaban de incluir otro móvil al cobarde crimen.
"En los próximos días -dice un investigador- Gil se iba a presentar ante la Corte Suprema para aclarar los términos de la 'carta de cobro' que le envió en febrero al senador Antonio Valencia Duque".
Valencia es un abogado de Marinilla (Antioquia) que llegó al Senado en el 2007 cuando Álvaro Araújo renunció por la investigación de la parapolítica.
En la carta, Gil le dice al senador Valencia que le cancele el dinero
que (por recomendación del gobernador Luis Alfredo Ramos) le prestó para sufragar gastos de campaña.
Entre otras cosas, le habla de los gastos de organización de las reuniones en la finca La Virgen del Cobre.
Y asegura que cuando cobró el préstamo a colaboradores del hoy senador Valencia, estos le pidieron paciencia pues "los señores" -'El Alemán' y 'HH'- no habían girado los fondos prometidos.
"Después de un tiempo (de cobrar) se me dijo que los señores no habían mandado recursos (...) Luego se me dijo que los señores eran 'El Alemán' y 'Mono Veloza' (o alias 'HH'). Yo no tuve ningún trato con ellos", afirma la carta de Gil al senador Valencia Duque.
La Corte no solo cuenta con testimonios que indican que en la Virgen del Cobre se selló un acuerdo entre políticos de Antioquia y alias 'El Alemán' -que le acaba de costar un llamamiento a juicio al ex senador Rubén Darío Quintero- sino que, además, indaga si el dueño de la hacienda es un señalado narco identificado como José Antonio Ocampo 'Pelusa'.
Al respecto, EL TIEMPO estableció que la finca está a nombre de Industrial Pecuaria Limitada, una firma creada en 1988, con sucursales en Urabá, San Antero y Montería (Córdoba) y también vinculada a la hacienda Cocorilla, de Lorica.
Entre sus socios aparece la Promotora Linares y, efectivamente, un José Antonio Ocampo Obando. La firma (al igual que sus socios) fue embargada el pasado 24 de octubre por orden de la fiscalía 18 delegada de Bogotá.
La indagación a Valencia
Y aunque Gil no alcanzó a aclarar las reuniones en La Virgen del Cobre, la Corte indagará al senador sobre este tópico y sobre el supuesto patrocinio de paramilitares en los convites políticos que terminaron sellando el pacto por una Urabá Grande y Unida.
Alias 'El Alemán' confirmó la existencia del acuerdo y de su apoyo al mismo.
"Me mandaron una carta de proyecto político (...) les di dos pa' una subasta", le dijo a la Corte.
Y Evert Veloza, 'HH', aseguró que el hoy senador Valencia fue uno de los congresistas que se beneficiaron del pacto.
Ahora, la tarea de la justicia es doble: corroborar o descartar lo dicho por el líder asesinado en su carta y averiguar quién lo mató.
Por ahora, el senador Valencia niega tajantemente los cargos, al igual que su paisano el ex senador Quintero.
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lunes, 3 de noviembre de 2008
Movilización indígena criminalizada por el gobierno
Movilización indígena criminalizada por el gobierno
Movimientos sociales
Indígenas que se han movilizado de forma pacífica por todo el país, han recibido por respuesta del gobierno violencia, muerte y la criminalización de la protesta que llevan a cabo desde hace una semana. La Gran Minga Nacional por la Dignidad, Protección y la Autonomía de los Pueblos Indígenas de Colombia tiene como objeto protestar por los abusos que, de forma sistemática, se han realizado en contra de las diferentes naciones y pueblos indígenas desde la conquista hasta nuestros días.
La protesta se realiza para exigir soluciones concretas a problemas como la libertad de expresión; la falta de protección social, que ha ocasionado que 18 etnias estén al borde de la extinción al contar cada una con menos de 300 personas; la celebración de contratos con multinacionales, que van en detrimento del desarrollo y pervivencia cultural de estos pueblos; una reforma agraria que distribuya, de forma equitativa y justa, tierras en territorios ancestrales; el cese de las fumigaciones con glifosato, que aquejan la salud de humanos, animales y cultivos; la legalización de territorios indígenas; el castigo al genocidio de los pueblos indígenas por parte de diferentes actores armados y la solución negociada del conflicto, entre otros.
Desde el 11 de octubre de 2008, diferentes movilizaciones se han llevado a cabo, a lo largo y ancho del territorio nacional, con el objeto de visibilizar que, al contrario de la celebración del encuentro de “dos mundos” que se lleva a cabo en octubre, los indígenas en Colombia siguen viviendo el exterminio, el colonialismo y la sumisión. De esta manera, en La Guajira se movilizaron 12.000 indígenas zenú, 15.000 indígenas más en Cauca, 1.200 en el Valle, 5.000 en Risaralda y otros más en Choco, hechos que han sido menospreciados por la gran prensa, que se centra en las declaraciones gubernamentales y en los acontecimientos violentos protagonizados por la Fuerza Pública en el Cauca.
El gobierno ha preferido responder a la movilización usando la fuerza o enviando representantes que no generan confianza a la comunidad indígena, como la viceministra del Interior, María Isabel Nieto, que ha acusado al senador Piñacué de servir a la guerrilla y a la movilización de estar intervenida por actores armados ilegales. De igual manera, Álvaro Uribe ha preferido no negociar y, por el contrario, hacer eco a las afirmaciones de la viceministra respecto a la influencia de la guerrilla en la protesta pacífica que se ha desarrollado en el Cauca, ignorando de forma conveniente las denuncias en las que se acusa a las FARC de asesinar a varios lideres indígenas. El gobernador del Cauca, por su parte, advirtió al defensor del pueblo en Cauca, Víctor Meléndez, sobre reportes de inteligencia que ponen en evidencia la intención de la columna Teófilo Forero de las FARC de asesinar a Feliciano Valencia, líder indígena y consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
La Defensoría del Pueblo en Cauca, el CRIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Federación Intrnacional de Derechos Humanos (FIDH), el Sistema de Información Nacional sobre Derechos Humanos (Sindh) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) han denunciado que se dispara contra los indígenas con armas de fuego, que se usan gases lacrimógenos en concentraciones donde hay niños, que miembros de la fuerza pública han usado machetes contra los manifestantes, que se ha impedido el acceso de ambulancias en la zona para atender los heridos y se ha culpado de esto a los indígenas, que, además, soldados de contraguerrilla se han infiltrando para criminalizar la protesta, dejando material de intendencia para luego ser aportado como evidencia por la policía y así hacer creíble la intervención de la guerrilla.
El resultado de las acciones del gobierno ha dejado como resultado cuatro muertos en los últimos tres días, entre ellos un niño de 20 meses de edad, y más de un centenar de heridos por disparos de fúsil. Sólo en el departamento del Cauca hay un indígena asesinado; 89 heridos de gravedad, 7 de ellos con arma de fuego, 17 con artefactos recalzados y 21 con machete; 8 familias desalojadas y el intento de violación de una menor de edad. Esto sin contar que, en el último mes, 29 indígenas fueron asesinados y que la cifra en los 6 años de gobierno de Uribe asciende a1.240 muertos y 53.885 desplazados.
A pesar de las alertas tempranas y denuncias que organizaciones de derechos humanos y la ONIC han hecho, Uribe expresa que “se infiltran terroristas, nos masacran a los policías, ejercen toda clase de violencia y en seguida nos acusan ante la comunidad internacional porque simplemente nosotros evitamos los bloqueos y enfrentamos la violencia”, declaraciones que alientan la grave situación en la que se encuentran los indígenas que participan de la minga, al legitimar el uso de la violencia y la no negociación de las peticiones de una minoría étnica que, según el DANE, representa el 3% de la población en Colombia. Con esto, la situación de los indígenas tiende a agravarse: según declaraciones de habitantes de la María Piendamó, la Fuerza Pública “permanece dentro del resguardo desde hace dos días […] a pesar del acuerdo al que se llegó con Naciones Unidas para que devolvieran la autoridad a quien le corresponde constitucionalmente: los indígenas”.
Los líderes indígenas por su parte, manifiestan que no van a ceder en cuanto a tomarse las vías y defenderse con sus bastones frente a las agresiones de policías y militares. Rechazan, de igual manera, las declaraciones que los hacen pasar por guerrilleros y otras dadas por la Policía, que argumentan que los indígenas se auto disparan para incriminar a la Fuerza Pública. La minga, lejos de dispersarse por la intimidación que se realiza desde el Estado, está dispuesta a seguir persistiendo en la defensa de sus derechos, pese a las consecuencias que traiga consigo el enfrentarse a la obtusa posición que, desde el gobierno, se les ofrece como respuesta. Muestra de ello son las declaraciones de Verito Cobaría: “si Uribe quiere hacer historia matándonos a todos, saldremos a las carreteras”.
www.elturbion.modep.org
Movimientos sociales
Indígenas que se han movilizado de forma pacífica por todo el país, han recibido por respuesta del gobierno violencia, muerte y la criminalización de la protesta que llevan a cabo desde hace una semana. La Gran Minga Nacional por la Dignidad, Protección y la Autonomía de los Pueblos Indígenas de Colombia tiene como objeto protestar por los abusos que, de forma sistemática, se han realizado en contra de las diferentes naciones y pueblos indígenas desde la conquista hasta nuestros días.
La protesta se realiza para exigir soluciones concretas a problemas como la libertad de expresión; la falta de protección social, que ha ocasionado que 18 etnias estén al borde de la extinción al contar cada una con menos de 300 personas; la celebración de contratos con multinacionales, que van en detrimento del desarrollo y pervivencia cultural de estos pueblos; una reforma agraria que distribuya, de forma equitativa y justa, tierras en territorios ancestrales; el cese de las fumigaciones con glifosato, que aquejan la salud de humanos, animales y cultivos; la legalización de territorios indígenas; el castigo al genocidio de los pueblos indígenas por parte de diferentes actores armados y la solución negociada del conflicto, entre otros.
Desde el 11 de octubre de 2008, diferentes movilizaciones se han llevado a cabo, a lo largo y ancho del territorio nacional, con el objeto de visibilizar que, al contrario de la celebración del encuentro de “dos mundos” que se lleva a cabo en octubre, los indígenas en Colombia siguen viviendo el exterminio, el colonialismo y la sumisión. De esta manera, en La Guajira se movilizaron 12.000 indígenas zenú, 15.000 indígenas más en Cauca, 1.200 en el Valle, 5.000 en Risaralda y otros más en Choco, hechos que han sido menospreciados por la gran prensa, que se centra en las declaraciones gubernamentales y en los acontecimientos violentos protagonizados por la Fuerza Pública en el Cauca.
El gobierno ha preferido responder a la movilización usando la fuerza o enviando representantes que no generan confianza a la comunidad indígena, como la viceministra del Interior, María Isabel Nieto, que ha acusado al senador Piñacué de servir a la guerrilla y a la movilización de estar intervenida por actores armados ilegales. De igual manera, Álvaro Uribe ha preferido no negociar y, por el contrario, hacer eco a las afirmaciones de la viceministra respecto a la influencia de la guerrilla en la protesta pacífica que se ha desarrollado en el Cauca, ignorando de forma conveniente las denuncias en las que se acusa a las FARC de asesinar a varios lideres indígenas. El gobernador del Cauca, por su parte, advirtió al defensor del pueblo en Cauca, Víctor Meléndez, sobre reportes de inteligencia que ponen en evidencia la intención de la columna Teófilo Forero de las FARC de asesinar a Feliciano Valencia, líder indígena y consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
La Defensoría del Pueblo en Cauca, el CRIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Federación Intrnacional de Derechos Humanos (FIDH), el Sistema de Información Nacional sobre Derechos Humanos (Sindh) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) han denunciado que se dispara contra los indígenas con armas de fuego, que se usan gases lacrimógenos en concentraciones donde hay niños, que miembros de la fuerza pública han usado machetes contra los manifestantes, que se ha impedido el acceso de ambulancias en la zona para atender los heridos y se ha culpado de esto a los indígenas, que, además, soldados de contraguerrilla se han infiltrando para criminalizar la protesta, dejando material de intendencia para luego ser aportado como evidencia por la policía y así hacer creíble la intervención de la guerrilla.
El resultado de las acciones del gobierno ha dejado como resultado cuatro muertos en los últimos tres días, entre ellos un niño de 20 meses de edad, y más de un centenar de heridos por disparos de fúsil. Sólo en el departamento del Cauca hay un indígena asesinado; 89 heridos de gravedad, 7 de ellos con arma de fuego, 17 con artefactos recalzados y 21 con machete; 8 familias desalojadas y el intento de violación de una menor de edad. Esto sin contar que, en el último mes, 29 indígenas fueron asesinados y que la cifra en los 6 años de gobierno de Uribe asciende a1.240 muertos y 53.885 desplazados.
A pesar de las alertas tempranas y denuncias que organizaciones de derechos humanos y la ONIC han hecho, Uribe expresa que “se infiltran terroristas, nos masacran a los policías, ejercen toda clase de violencia y en seguida nos acusan ante la comunidad internacional porque simplemente nosotros evitamos los bloqueos y enfrentamos la violencia”, declaraciones que alientan la grave situación en la que se encuentran los indígenas que participan de la minga, al legitimar el uso de la violencia y la no negociación de las peticiones de una minoría étnica que, según el DANE, representa el 3% de la población en Colombia. Con esto, la situación de los indígenas tiende a agravarse: según declaraciones de habitantes de la María Piendamó, la Fuerza Pública “permanece dentro del resguardo desde hace dos días […] a pesar del acuerdo al que se llegó con Naciones Unidas para que devolvieran la autoridad a quien le corresponde constitucionalmente: los indígenas”.
Los líderes indígenas por su parte, manifiestan que no van a ceder en cuanto a tomarse las vías y defenderse con sus bastones frente a las agresiones de policías y militares. Rechazan, de igual manera, las declaraciones que los hacen pasar por guerrilleros y otras dadas por la Policía, que argumentan que los indígenas se auto disparan para incriminar a la Fuerza Pública. La minga, lejos de dispersarse por la intimidación que se realiza desde el Estado, está dispuesta a seguir persistiendo en la defensa de sus derechos, pese a las consecuencias que traiga consigo el enfrentarse a la obtusa posición que, desde el gobierno, se les ofrece como respuesta. Muestra de ello son las declaraciones de Verito Cobaría: “si Uribe quiere hacer historia matándonos a todos, saldremos a las carreteras”.
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Ex Auc cuenta cómo fue el reclutamiento de al menos 7 jóvenes en Sahagún (Córdoba)
Noviembre 1 de 2008
Ex Auc cuenta cómo fue el reclutamiento de al menos 7 jóvenes en Sahagún (Córdoba)
Los desaparecidos fueron reportados como guerrilleros muertos en combate por la Fuerza de Tarea Conjunta en el vecino departamento de Sucre.
El 22 de mayo de este año, un soldado y un cabo de dicha fuerza fueron a matar en su casa del barrio San Rafael a Daniel Alfonso Guerra Ruiz, desmovilizado del bloque 'Centauros', que desde meses atrás tenía una alianza con los militares para reclutar jóvenes, según la propia versión del ex Auc.
El ex 'para' logró escapar, pero su mamá, Fermina Ruiz, que fue testigo de la balacera, recibió un disparo en el abdomen. Él se fue directo a la Policía en Sahagún, donde pidió protección. De allí, una patrulla con cinco uniformados salió a perseguir a los dos hombres que habían disparado y que huyeron hacia la zona rural del municipio, ubicado a 52 kilómetros de Montería, la capital de Córdoba.
Tras varios minutos de persecución los capturaron e identificaron como el soldado profesional Roberto Carlos López Vega y el cabo segundo Luis Alejandro Toledo Sánchez, adscritos a la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, que opera en 14 municipios de ese departamento con tropas de la Infantería de Marina y de la Brigada 11 del Ejército.
La confesión del ex Auc
El 19 de junio pasado, el ex 'para' confesó ante un grupo de agentes de la Sijín haber conseguido a siete muchachos solicitados por el soldado López Vega, para supuestamente trabajar en fincas de Sincelejo, Sincé, Betulia y Ovejas (Sucre).
Eran de los barrios San José, El Triunfo, Simón Bolívar y La Apartada Carolina, sectores deprimidos Sahagún.
Seis aparecieron luego como muertos en combate con unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre.
Según el relato del desmovilizado, desde el año pasado el soldado profesional lo contactó, primero para que aceptara el trabajo, y luego para que le ayudara a conseguir a los jóvenes. "Roberto Carlos un día fue a mi casa y me dijo que me estaba buscando hacía rato para ver si me iba a trabajar con unos manes duros de Sincelejo y Ovejas, para cuidar unas fincas. Que pagaban 650 mil pesos y yo iba a andar en moto. Le dije que me dejara pensar y que luego yo le daba una respuesta", dice la confesión del ex 'para'.
Y sigue: "El primero de enero de este año él llegó en una moto a mi casa y me dijo que le buscara un pelao para trabajar en la finca, y me fui al barrio Santa Lucía a buscar al 'Chino' Payares, que me dijo que sí... Lo llevé a la esquina de la casa donde yo vivo. Ahí estaba Roberto Carlos esperando y se lo llevó en una moto marca Honda XL 125, de color rojo, vía vereda La Unión".
El 'Chino Payares', que en realidad se llama Edwin Payares Vega, es el único de los siete que el ex 'para' reclutó que no ha aparecido. Sus padres lo dan por muerto.
En otro aparte de su declaración, el desmovilizado afirma que el pasado 10 de enero, a las 4 de la tarde, el soldado profesional le pidió que fuera por Rodrigo Antonio Avilés Salgado, apodado el 'Pescao', y lo alistara para llevárselo para Bucaramanga. Cuatro horas más tarde el joven fue supuestamente abatido en combate en la finca Charconiza, de Corozal (Sucre), según consta en el acta de levantamiento del CTI.
Hoy, el ex 'para' del 'Centauros' está en el programa de protección a testigos de la Fiscalía, y fue sacado de Córdoba.
Le ofrecieron plata
Apenas un día después del atentado en el que salió herida su madre, un hombre lo visitó en su casa. "Era de piel negra, creo que era un suboficial del Ejército. Me dijo que disculpara, que eso era un mal entendido y que me iba a dar cinco millones de pesos para que dijera que el atentado era porque yo me acostaba con la mujer de Roberto Carlos (el soldado profesional)".
Sin embargo, el ex 'Auc'se mantuvo en su confesión y sostiene que aún existe un plan para asesinarlo.
Por lo pronto, el soldado profesional está condenado a 4 años y 6 meses de prisión por porte ilegal de armas y lesiones personales, por haber provocado heridas a la madre del desmovilizado. El juez Penal del Circuito de Sahagún, Alberto Burgos, le concedió la casa por cárcel, la cual cumple en un municipio de Sucre.
El pasado 30 de mayo sus superiores le informaron que había sido retirado del servicio. Desde su lugar de reclusión niega las acusaciones del desmovilizado y se sostiene en que los celos lo impulsaron a cometer el atentado.
El cabo Toledo, mientras tanto, enfrenta una investigación por lesiones personales en la Fiscalía 27 de Sahagún, porque acompañaba al soldado el día que hirió a la madre del ex 'para'.
EL TIEMPO conoció que también en mayo de este año, cuando se desató el escándalo de los falsos positivos, el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, coronel Luis Fernando Borja, fue relevado y trasladado a Tolemaida. Este diario le dejó varios mensajes en el celular, pero nunca respondió.
El comandante de la Brigada 11 del Ejército con sede en Montería, coronel Jorge Salgado, del que depende la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, confirmó que la investigación por los hechos está en manos de la Fiscalía.
Estos fueron los engañados
Wilson Alfredo Salgado De la Vega, de 21 años. Trabajaba como administrador de un estadero en Sahagún. Desapareció el 12 de junio del 2007 y fue reportado como muerto en combate ese mismo día en Galeras (Sucre).
Leonardo Fabio Macea Oyola, de 21 años. Desapareció junto con Wilson Alfredo Salgado y sus cuerpos fueron hallados juntos el mismo día y en el mismo lugar en Galeras.
Saleth de Jesús Caldera Yánez, de 25 años. Desmovilizado del bloque 'Mineros'. Desapareció el 29 de enero de este año y ese mismo día fue "muerto en combate" en Sincé.
Rodrigo Antonio Avilés Salgado, 22 años. Vendedor de pizza. Desapareció el 10 de enero tras una promesa de trabajo en B/manga. 4 horas más tarde era muerto en Corozal.
Abraham Elías Geney Lora, de 37 años. Trabajaba en soldadura. Desapareció el 12 de junio del 2007 y ese mismo día fue reportado como muerto en combate en Sincé (Sucre).
Miguel Emiro Galeano Mendoza, de 24 años. Desapareció el 23 de septiembre del 2007 y fue reportado muerto 24 horas después en la finca Santa Rita, en Galeras (Sucre).
Edwin José Payares Bravo, de 22 años. Desmovilizado de las Auc. Se fue el primero de enero de este año supuestamente a trabajar en Sincé, pero no ha aparecido. Sus padres lo creen muerto.
Coincidencias en varias muertes
Un informe de la Fiscalía de Sincelejo sobre muertos en combate en el 2007 cuenta 53 personas, de las cuales 35 fueron identificadas.
Varios familiares aseguran que las muertes fueron reportadas cuatro o cinco horas después de que salieran de sus casas.
Casi todas conservaban la ropa que tenían puesta el día de la desaparición, pero llevaban botas pantaneras y armas.
Un agente del CTI que participó en la mayoría de levantamientos, y que pidió no revelar su nombre, dijo que en muchos casos esas botas tenían apariencia de nuevas y casi todos los cuerpos un solo impacto de fusil.
REDACCIÓN NACIONAL
www.eltiempo.com
Ex Auc cuenta cómo fue el reclutamiento de al menos 7 jóvenes en Sahagún (Córdoba)
Los desaparecidos fueron reportados como guerrilleros muertos en combate por la Fuerza de Tarea Conjunta en el vecino departamento de Sucre.
El 22 de mayo de este año, un soldado y un cabo de dicha fuerza fueron a matar en su casa del barrio San Rafael a Daniel Alfonso Guerra Ruiz, desmovilizado del bloque 'Centauros', que desde meses atrás tenía una alianza con los militares para reclutar jóvenes, según la propia versión del ex Auc.
El ex 'para' logró escapar, pero su mamá, Fermina Ruiz, que fue testigo de la balacera, recibió un disparo en el abdomen. Él se fue directo a la Policía en Sahagún, donde pidió protección. De allí, una patrulla con cinco uniformados salió a perseguir a los dos hombres que habían disparado y que huyeron hacia la zona rural del municipio, ubicado a 52 kilómetros de Montería, la capital de Córdoba.
Tras varios minutos de persecución los capturaron e identificaron como el soldado profesional Roberto Carlos López Vega y el cabo segundo Luis Alejandro Toledo Sánchez, adscritos a la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, que opera en 14 municipios de ese departamento con tropas de la Infantería de Marina y de la Brigada 11 del Ejército.
La confesión del ex Auc
El 19 de junio pasado, el ex 'para' confesó ante un grupo de agentes de la Sijín haber conseguido a siete muchachos solicitados por el soldado López Vega, para supuestamente trabajar en fincas de Sincelejo, Sincé, Betulia y Ovejas (Sucre).
Eran de los barrios San José, El Triunfo, Simón Bolívar y La Apartada Carolina, sectores deprimidos Sahagún.
Seis aparecieron luego como muertos en combate con unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre.
Según el relato del desmovilizado, desde el año pasado el soldado profesional lo contactó, primero para que aceptara el trabajo, y luego para que le ayudara a conseguir a los jóvenes. "Roberto Carlos un día fue a mi casa y me dijo que me estaba buscando hacía rato para ver si me iba a trabajar con unos manes duros de Sincelejo y Ovejas, para cuidar unas fincas. Que pagaban 650 mil pesos y yo iba a andar en moto. Le dije que me dejara pensar y que luego yo le daba una respuesta", dice la confesión del ex 'para'.
Y sigue: "El primero de enero de este año él llegó en una moto a mi casa y me dijo que le buscara un pelao para trabajar en la finca, y me fui al barrio Santa Lucía a buscar al 'Chino' Payares, que me dijo que sí... Lo llevé a la esquina de la casa donde yo vivo. Ahí estaba Roberto Carlos esperando y se lo llevó en una moto marca Honda XL 125, de color rojo, vía vereda La Unión".
El 'Chino Payares', que en realidad se llama Edwin Payares Vega, es el único de los siete que el ex 'para' reclutó que no ha aparecido. Sus padres lo dan por muerto.
En otro aparte de su declaración, el desmovilizado afirma que el pasado 10 de enero, a las 4 de la tarde, el soldado profesional le pidió que fuera por Rodrigo Antonio Avilés Salgado, apodado el 'Pescao', y lo alistara para llevárselo para Bucaramanga. Cuatro horas más tarde el joven fue supuestamente abatido en combate en la finca Charconiza, de Corozal (Sucre), según consta en el acta de levantamiento del CTI.
Hoy, el ex 'para' del 'Centauros' está en el programa de protección a testigos de la Fiscalía, y fue sacado de Córdoba.
Le ofrecieron plata
Apenas un día después del atentado en el que salió herida su madre, un hombre lo visitó en su casa. "Era de piel negra, creo que era un suboficial del Ejército. Me dijo que disculpara, que eso era un mal entendido y que me iba a dar cinco millones de pesos para que dijera que el atentado era porque yo me acostaba con la mujer de Roberto Carlos (el soldado profesional)".
Sin embargo, el ex 'Auc'se mantuvo en su confesión y sostiene que aún existe un plan para asesinarlo.
Por lo pronto, el soldado profesional está condenado a 4 años y 6 meses de prisión por porte ilegal de armas y lesiones personales, por haber provocado heridas a la madre del desmovilizado. El juez Penal del Circuito de Sahagún, Alberto Burgos, le concedió la casa por cárcel, la cual cumple en un municipio de Sucre.
El pasado 30 de mayo sus superiores le informaron que había sido retirado del servicio. Desde su lugar de reclusión niega las acusaciones del desmovilizado y se sostiene en que los celos lo impulsaron a cometer el atentado.
El cabo Toledo, mientras tanto, enfrenta una investigación por lesiones personales en la Fiscalía 27 de Sahagún, porque acompañaba al soldado el día que hirió a la madre del ex 'para'.
EL TIEMPO conoció que también en mayo de este año, cuando se desató el escándalo de los falsos positivos, el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, coronel Luis Fernando Borja, fue relevado y trasladado a Tolemaida. Este diario le dejó varios mensajes en el celular, pero nunca respondió.
El comandante de la Brigada 11 del Ejército con sede en Montería, coronel Jorge Salgado, del que depende la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, confirmó que la investigación por los hechos está en manos de la Fiscalía.
Estos fueron los engañados
Wilson Alfredo Salgado De la Vega, de 21 años. Trabajaba como administrador de un estadero en Sahagún. Desapareció el 12 de junio del 2007 y fue reportado como muerto en combate ese mismo día en Galeras (Sucre).
Leonardo Fabio Macea Oyola, de 21 años. Desapareció junto con Wilson Alfredo Salgado y sus cuerpos fueron hallados juntos el mismo día y en el mismo lugar en Galeras.
Saleth de Jesús Caldera Yánez, de 25 años. Desmovilizado del bloque 'Mineros'. Desapareció el 29 de enero de este año y ese mismo día fue "muerto en combate" en Sincé.
Rodrigo Antonio Avilés Salgado, 22 años. Vendedor de pizza. Desapareció el 10 de enero tras una promesa de trabajo en B/manga. 4 horas más tarde era muerto en Corozal.
Abraham Elías Geney Lora, de 37 años. Trabajaba en soldadura. Desapareció el 12 de junio del 2007 y ese mismo día fue reportado como muerto en combate en Sincé (Sucre).
Miguel Emiro Galeano Mendoza, de 24 años. Desapareció el 23 de septiembre del 2007 y fue reportado muerto 24 horas después en la finca Santa Rita, en Galeras (Sucre).
Edwin José Payares Bravo, de 22 años. Desmovilizado de las Auc. Se fue el primero de enero de este año supuestamente a trabajar en Sincé, pero no ha aparecido. Sus padres lo creen muerto.
Coincidencias en varias muertes
Un informe de la Fiscalía de Sincelejo sobre muertos en combate en el 2007 cuenta 53 personas, de las cuales 35 fueron identificadas.
Varios familiares aseguran que las muertes fueron reportadas cuatro o cinco horas después de que salieran de sus casas.
Casi todas conservaban la ropa que tenían puesta el día de la desaparición, pero llevaban botas pantaneras y armas.
Un agente del CTI que participó en la mayoría de levantamientos, y que pidió no revelar su nombre, dijo que en muchos casos esas botas tenían apariencia de nuevas y casi todos los cuerpos un solo impacto de fusil.
REDACCIÓN NACIONAL
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Tres generales, entre los 27 miembros del Ejército retirados por casos de derechos humanos
Octubre 29 de 2008 - 7:15 a.m.
Tres generales, entre los 27 miembros del Ejército retirados por casos de derechos humanos
Los generales llamados a calificar servicios fueron el mayor general Roberto Pico Hernández y los brigadieres generales José Joaquín Cortés Franco y Paulino Coronado Gámez.
La medida también afecta a 4 coroneles, 7 tenientes coroneles, 3 mayores un capitán y un teniente, además de 7 suboficiales, según reveló el comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla de León.
"No se puede confundir la eficacia en las operaciones militares con la cobardía para enfrentar a los delincuentes y la distorsión de la eficacia, asesinando a inocentes", dijo el presidente en una alocución televisada.
La decisión es trascendental, porque implica descabezar dos divisiones del Ejército sobre la base, en principio, de que sus generales no tomaron las medidas preventivas para evitar que estos hechos ocurrieran y que, cuando hubo denuncias, no profundizaron en ellas.
El otro general, Coronado, era de una nueva Brigada que operaba en la zona del Catatumbo y que desde el primer momento defendió la legalidad de las operaciones en las que murieron los jóvenes.
La Fiscalía adelanta en este momento más de 700 investigaciones por hechos similares desde el 2002.
Los departamentos de Meta, Antioquia y Córdoba, además de Norte de Santander, son los que reportaban más denuncias.
Fuentes que conocen el caso le hablaron a EL TIEMPO de dos tipos de situaciones que se investigan en este y otros casos y que influyeron en la salida de los militares: así como hay algunos que no ejercieron los controles debidos, otros habrían participado directamente en una especie de 'carrusel' criminal en el que tienen participación civiles y que contrataba a jóvenes para llevarlos a otras zonas del país con varias ofertas, entre ellas actos ilegales, y que luego incluso sacaban provecho económico de los golpes de los militares a través de recompensas.
Drásticas sanciones
El presidente Uribe explicó en su intervención que una comisión conformada por el ministerio de Defensa estableció que efectivos militares entraron en colusión con delincuentes para mostrar supuestos resultados operacionales y anunció la toma de "drásticas decisiones".
La comisión "ha encontrado que puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas incursos en asesinatos, y que hay fallas en procedimientos, en protocolos, en vigilancia", señaló Uribe.
El gobernante hizo referencia al caso de al menos una veintena de jóvenes de Soacha, municipio al sur Bogotá, que desaparecieron a comienzos de año y cuyos restos mortales fueron encontrados hace pocas semanas en fosas comunes de cementerios en el noreste del país.
Todos ellos fueron reportados como irregulares muertos en combate, según informó en su momento la Fiscalía General, que asumió la investigación penal de los hechos.
Los crímenes se registraron, principalmente, en el Norte de Santander, departamento de la frontera noreste con Venezuela y en el que estaban destacados los efectivos separados.
El grupo de removidos lo encabezan los generales Roberto Tito, José Joaquín Cortés y Paulino Coronado, comandantes de las divisiones séptima y dos del Ejército, y de la brigada 23, respectivamente.
Le siguen cuatro coroneles, siete tenientes coroneles, tres mayores, un capitán, un teniente y seis suboficiales, según la relación de removidos divulgada por el comandante de las Fuerzas Militares.
El presidente Uribe reconoció que la investigación del comité castrense interno estableció que en algunas instancias del Ejército "ha habido negligencia y falta de cuidado en los procedimientos que tienen que observarse" en las operaciones militares.
"Eso ha permitido que algunas personas puedan estar incursas en crímenes, crímenes resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del Ejército", se lamentó el jefe del Estado.
El mandatario agregó que se trata de crímenes que en algunas regiones "tienen por interés asesinar inocentes para dar la sensación de que se está enfrentando en esa región a los criminales, cuando
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Tres generales, entre los 27 miembros del Ejército retirados por casos de derechos humanos
Los generales llamados a calificar servicios fueron el mayor general Roberto Pico Hernández y los brigadieres generales José Joaquín Cortés Franco y Paulino Coronado Gámez.
La medida también afecta a 4 coroneles, 7 tenientes coroneles, 3 mayores un capitán y un teniente, además de 7 suboficiales, según reveló el comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla de León.
"No se puede confundir la eficacia en las operaciones militares con la cobardía para enfrentar a los delincuentes y la distorsión de la eficacia, asesinando a inocentes", dijo el presidente en una alocución televisada.
La decisión es trascendental, porque implica descabezar dos divisiones del Ejército sobre la base, en principio, de que sus generales no tomaron las medidas preventivas para evitar que estos hechos ocurrieran y que, cuando hubo denuncias, no profundizaron en ellas.
El otro general, Coronado, era de una nueva Brigada que operaba en la zona del Catatumbo y que desde el primer momento defendió la legalidad de las operaciones en las que murieron los jóvenes.
La Fiscalía adelanta en este momento más de 700 investigaciones por hechos similares desde el 2002.
Los departamentos de Meta, Antioquia y Córdoba, además de Norte de Santander, son los que reportaban más denuncias.
Fuentes que conocen el caso le hablaron a EL TIEMPO de dos tipos de situaciones que se investigan en este y otros casos y que influyeron en la salida de los militares: así como hay algunos que no ejercieron los controles debidos, otros habrían participado directamente en una especie de 'carrusel' criminal en el que tienen participación civiles y que contrataba a jóvenes para llevarlos a otras zonas del país con varias ofertas, entre ellas actos ilegales, y que luego incluso sacaban provecho económico de los golpes de los militares a través de recompensas.
Drásticas sanciones
El presidente Uribe explicó en su intervención que una comisión conformada por el ministerio de Defensa estableció que efectivos militares entraron en colusión con delincuentes para mostrar supuestos resultados operacionales y anunció la toma de "drásticas decisiones".
La comisión "ha encontrado que puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas incursos en asesinatos, y que hay fallas en procedimientos, en protocolos, en vigilancia", señaló Uribe.
El gobernante hizo referencia al caso de al menos una veintena de jóvenes de Soacha, municipio al sur Bogotá, que desaparecieron a comienzos de año y cuyos restos mortales fueron encontrados hace pocas semanas en fosas comunes de cementerios en el noreste del país.
Todos ellos fueron reportados como irregulares muertos en combate, según informó en su momento la Fiscalía General, que asumió la investigación penal de los hechos.
Los crímenes se registraron, principalmente, en el Norte de Santander, departamento de la frontera noreste con Venezuela y en el que estaban destacados los efectivos separados.
El grupo de removidos lo encabezan los generales Roberto Tito, José Joaquín Cortés y Paulino Coronado, comandantes de las divisiones séptima y dos del Ejército, y de la brigada 23, respectivamente.
Le siguen cuatro coroneles, siete tenientes coroneles, tres mayores, un capitán, un teniente y seis suboficiales, según la relación de removidos divulgada por el comandante de las Fuerzas Militares.
El presidente Uribe reconoció que la investigación del comité castrense interno estableció que en algunas instancias del Ejército "ha habido negligencia y falta de cuidado en los procedimientos que tienen que observarse" en las operaciones militares.
"Eso ha permitido que algunas personas puedan estar incursas en crímenes, crímenes resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del Ejército", se lamentó el jefe del Estado.
El mandatario agregó que se trata de crímenes que en algunas regiones "tienen por interés asesinar inocentes para dar la sensación de que se está enfrentando en esa región a los criminales, cuando
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Amnistía Internacional pide que se cancele la ayuda militar al país
Paz | 28 octubre 2008 - 6:50am
Paz | 28 octubre 2008 - 6:50am
Amnistía Internacional pide que se cancele la ayuda militar al país
Por: AP | Elespectador.com
La organización Amnistía Internacional solicitó el martes a Estados Unidos y otras naciones que suspendan la ayuda militar a Colombia hasta que contenga un aumento en las muertes de civiles cometidas por las fuerzas de seguridad y atienda otras recomendaciones de la ONU para terminar con el prolongado conflicto armado en el país.
En un informe de 94 páginas, el grupo internacional de derechos humanos cuestiona las afirmaciones del presidente Álvaro Uribe, de que Colombia experimenta un resurgimiento irreversible de paz relativa y una rápida reducción en el nivel de la violencia.Amnistía Internacional reconoce que los secuestros y las muertes de civiles relacionadas con el conflicto han disminuido desde que Uribe comenzó su primer periodo de gobierno en el 2002, y que algunas ciudades son más seguras. Pero el informe señala que esa es solamente una cara de la moneda."Colombia sigue siendo un país donde millones de civiles, sobre todo fuera de las grandes ciudades y en el interior, siguen soportando la peor parte de este conflicto violento y prolongado", indicó en el reporte. "La impunidad sigue siendo la norma en la mayoría de los casos de abusos a los derechos humanos".La vicepresidencia de Colombia, que supervisa los asuntos de los derechos humanos, dijo que ofrecerá su posición hasta que vea el documento de Amnistía Internacional.La directora del grupo para las Américas, Renata Rendón, afirmó que numerosos indicadores alarmantes tienden a aumentar."Las muertes relacionadas con el conflicto, las ejecuciones extrajudiciales, la muerte de civiles por paramilitares (y) por guerrillas, las desapariciones forzadas de mujeres y las muertes de sindicalistas han ido en ascenso del 2006 al 2007", dijo la directora en una entrevista telefónica desde Washington.Esos indicadores no deben ignorarse, señaló, cuando el gobierno estadounidense del presidente George W. Bush mantiene la presión sobre los legisladores para que aprueben un tratado de libre comercio con Colombia. La dirigencia del Partido Demócrata en el Congreso ha rechazado el acuerdo comercial con el argumento de que persisten los homicidios de sindicalistas colombianos.Colombia es el más firme aliado de Washington en América Latina y ha recibido al menos 4.000 millones de dólares de Estados Unidos, principalmente en asistencia militar, durante el mandato de Uribe.Entre otros de los señalamientos contenidos en el reporte:- Pese a la afirmación de Uribe de que la desmovilización acabó con las milicias ultraderechistas que son acusadas de miles de homicidios, existe firme evidencia de que los paramilitares siguen activos y continúan violando los derechos humanos.- La guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ha creado en el último año "alianzas estratégicas" con paramilitares en varias regiones mientras ambos grupos buscan "mejorar el manejo" de su fuente principal de financiamiento: el tráfico de cocaína.Amnistía Internacional asegura que un impedimento relevante para erradicar los abusos a los derechos humanos es el rechazo de Uribe a reconocer que Colombia enfrenta un conflicto armado, y su insistencia en que todos los combatientes, salvo las fuerzas de seguridad del Estado, son terroristas."Mientras el gobierno colombiano asegure que no existe un conflicto armado y Estados Unidos apoye este argumento ridículo, es de verdad tremendamente difícil que haya progresos", expuso Rendón.El reporte de Amnistía Internacional, producto de dos años de investigación de campo, describe los últimos 20 años del conflicto colombiano con las cifras siguientes:- Más de 70.000 personas muertes, en una gran mayoría civiles.- Entre 15.000 y 30.000 víctimas de desapariciones forzadas.- Entre tres y cuatro millones de personas desplazadas por la violencia.- Y en la última década, más de 20.000 personas secuestradas o tomadas como rehenes.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo86468-amnistia-internacional-pide-se-cancele-ayuda-militar-al-pais
Por: AP | Elespectador.com
La organización Amnistía Internacional solicitó el martes a Estados Unidos y otras naciones que suspendan la ayuda militar a Colombia hasta que contenga un aumento en las muertes de civiles cometidas por las fuerzas de seguridad y atienda otras recomendaciones de la ONU para terminar con el prolongado conflicto armado en el país.
En un informe de 94 páginas, el grupo internacional de derechos humanos cuestiona las afirmaciones del presidente Álvaro Uribe, de que Colombia experimenta un resurgimiento irreversible de paz relativa y una rápida reducción en el nivel de la violencia.Amnistía Internacional reconoce que los secuestros y las muertes de civiles relacionadas con el conflicto han disminuido desde que Uribe comenzó su primer periodo de gobierno en el 2002, y que algunas ciudades son más seguras. Pero el informe señala que esa es solamente una cara de la moneda."Colombia sigue siendo un país donde millones de civiles, sobre todo fuera de las grandes ciudades y en el interior, siguen soportando la peor parte de este conflicto violento y prolongado", indicó en el reporte. "La impunidad sigue siendo la norma en la mayoría de los casos de abusos a los derechos humanos".La vicepresidencia de Colombia, que supervisa los asuntos de los derechos humanos, dijo que ofrecerá su posición hasta que vea el documento de Amnistía Internacional.La directora del grupo para las Américas, Renata Rendón, afirmó que numerosos indicadores alarmantes tienden a aumentar."Las muertes relacionadas con el conflicto, las ejecuciones extrajudiciales, la muerte de civiles por paramilitares (y) por guerrillas, las desapariciones forzadas de mujeres y las muertes de sindicalistas han ido en ascenso del 2006 al 2007", dijo la directora en una entrevista telefónica desde Washington.Esos indicadores no deben ignorarse, señaló, cuando el gobierno estadounidense del presidente George W. Bush mantiene la presión sobre los legisladores para que aprueben un tratado de libre comercio con Colombia. La dirigencia del Partido Demócrata en el Congreso ha rechazado el acuerdo comercial con el argumento de que persisten los homicidios de sindicalistas colombianos.Colombia es el más firme aliado de Washington en América Latina y ha recibido al menos 4.000 millones de dólares de Estados Unidos, principalmente en asistencia militar, durante el mandato de Uribe.Entre otros de los señalamientos contenidos en el reporte:- Pese a la afirmación de Uribe de que la desmovilización acabó con las milicias ultraderechistas que son acusadas de miles de homicidios, existe firme evidencia de que los paramilitares siguen activos y continúan violando los derechos humanos.- La guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ha creado en el último año "alianzas estratégicas" con paramilitares en varias regiones mientras ambos grupos buscan "mejorar el manejo" de su fuente principal de financiamiento: el tráfico de cocaína.Amnistía Internacional asegura que un impedimento relevante para erradicar los abusos a los derechos humanos es el rechazo de Uribe a reconocer que Colombia enfrenta un conflicto armado, y su insistencia en que todos los combatientes, salvo las fuerzas de seguridad del Estado, son terroristas."Mientras el gobierno colombiano asegure que no existe un conflicto armado y Estados Unidos apoye este argumento ridículo, es de verdad tremendamente difícil que haya progresos", expuso Rendón.El reporte de Amnistía Internacional, producto de dos años de investigación de campo, describe los últimos 20 años del conflicto colombiano con las cifras siguientes:- Más de 70.000 personas muertes, en una gran mayoría civiles.- Entre 15.000 y 30.000 víctimas de desapariciones forzadas.- Entre tres y cuatro millones de personas desplazadas por la violencia.- Y en la última década, más de 20.000 personas secuestradas o tomadas como rehenes.
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Paz | 28 octubre 2008 - 6:50am
Amnistía Internacional pide que se cancele la ayuda militar al país
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La organización Amnistía Internacional solicitó el martes a Estados Unidos y otras naciones que suspendan la ayuda militar a Colombia hasta que contenga un aumento en las muertes de civiles cometidas por las fuerzas de seguridad y atienda otras recomendaciones de la ONU para terminar con el prolongado conflicto armado en el país.
En un informe de 94 páginas, el grupo internacional de derechos humanos cuestiona las afirmaciones del presidente Álvaro Uribe, de que Colombia experimenta un resurgimiento irreversible de paz relativa y una rápida reducción en el nivel de la violencia.Amnistía Internacional reconoce que los secuestros y las muertes de civiles relacionadas con el conflicto han disminuido desde que Uribe comenzó su primer periodo de gobierno en el 2002, y que algunas ciudades son más seguras. Pero el informe señala que esa es solamente una cara de la moneda."Colombia sigue siendo un país donde millones de civiles, sobre todo fuera de las grandes ciudades y en el interior, siguen soportando la peor parte de este conflicto violento y prolongado", indicó en el reporte. "La impunidad sigue siendo la norma en la mayoría de los casos de abusos a los derechos humanos".La vicepresidencia de Colombia, que supervisa los asuntos de los derechos humanos, dijo que ofrecerá su posición hasta que vea el documento de Amnistía Internacional.La directora del grupo para las Américas, Renata Rendón, afirmó que numerosos indicadores alarmantes tienden a aumentar."Las muertes relacionadas con el conflicto, las ejecuciones extrajudiciales, la muerte de civiles por paramilitares (y) por guerrillas, las desapariciones forzadas de mujeres y las muertes de sindicalistas han ido en ascenso del 2006 al 2007", dijo la directora en una entrevista telefónica desde Washington.Esos indicadores no deben ignorarse, señaló, cuando el gobierno estadounidense del presidente George W. Bush mantiene la presión sobre los legisladores para que aprueben un tratado de libre comercio con Colombia. La dirigencia del Partido Demócrata en el Congreso ha rechazado el acuerdo comercial con el argumento de que persisten los homicidios de sindicalistas colombianos.Colombia es el más firme aliado de Washington en América Latina y ha recibido al menos 4.000 millones de dólares de Estados Unidos, principalmente en asistencia militar, durante el mandato de Uribe.Entre otros de los señalamientos contenidos en el reporte:- Pese a la afirmación de Uribe de que la desmovilización acabó con las milicias ultraderechistas que son acusadas de miles de homicidios, existe firme evidencia de que los paramilitares siguen activos y continúan violando los derechos humanos.- La guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ha creado en el último año "alianzas estratégicas" con paramilitares en varias regiones mientras ambos grupos buscan "mejorar el manejo" de su fuente principal de financiamiento: el tráfico de cocaína.Amnistía Internacional asegura que un impedimento relevante para erradicar los abusos a los derechos humanos es el rechazo de Uribe a reconocer que Colombia enfrenta un conflicto armado, y su insistencia en que todos los combatientes, salvo las fuerzas de seguridad del Estado, son terroristas."Mientras el gobierno colombiano asegure que no existe un conflicto armado y Estados Unidos apoye este argumento ridículo, es de verdad tremendamente difícil que haya progresos", expuso Rendón.El reporte de Amnistía Internacional, producto de dos años de investigación de campo, describe los últimos 20 años del conflicto colombiano con las cifras siguientes:- Más de 70.000 personas muertes, en una gran mayoría civiles.- Entre 15.000 y 30.000 víctimas de desapariciones forzadas.- Entre tres y cuatro millones de personas desplazadas por la violencia.- Y en la última década, más de 20.000 personas secuestradas o tomadas como rehenes.
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La organización Amnistía Internacional solicitó el martes a Estados Unidos y otras naciones que suspendan la ayuda militar a Colombia hasta que contenga un aumento en las muertes de civiles cometidas por las fuerzas de seguridad y atienda otras recomendaciones de la ONU para terminar con el prolongado conflicto armado en el país.
En un informe de 94 páginas, el grupo internacional de derechos humanos cuestiona las afirmaciones del presidente Álvaro Uribe, de que Colombia experimenta un resurgimiento irreversible de paz relativa y una rápida reducción en el nivel de la violencia.Amnistía Internacional reconoce que los secuestros y las muertes de civiles relacionadas con el conflicto han disminuido desde que Uribe comenzó su primer periodo de gobierno en el 2002, y que algunas ciudades son más seguras. Pero el informe señala que esa es solamente una cara de la moneda."Colombia sigue siendo un país donde millones de civiles, sobre todo fuera de las grandes ciudades y en el interior, siguen soportando la peor parte de este conflicto violento y prolongado", indicó en el reporte. "La impunidad sigue siendo la norma en la mayoría de los casos de abusos a los derechos humanos".La vicepresidencia de Colombia, que supervisa los asuntos de los derechos humanos, dijo que ofrecerá su posición hasta que vea el documento de Amnistía Internacional.La directora del grupo para las Américas, Renata Rendón, afirmó que numerosos indicadores alarmantes tienden a aumentar."Las muertes relacionadas con el conflicto, las ejecuciones extrajudiciales, la muerte de civiles por paramilitares (y) por guerrillas, las desapariciones forzadas de mujeres y las muertes de sindicalistas han ido en ascenso del 2006 al 2007", dijo la directora en una entrevista telefónica desde Washington.Esos indicadores no deben ignorarse, señaló, cuando el gobierno estadounidense del presidente George W. Bush mantiene la presión sobre los legisladores para que aprueben un tratado de libre comercio con Colombia. La dirigencia del Partido Demócrata en el Congreso ha rechazado el acuerdo comercial con el argumento de que persisten los homicidios de sindicalistas colombianos.Colombia es el más firme aliado de Washington en América Latina y ha recibido al menos 4.000 millones de dólares de Estados Unidos, principalmente en asistencia militar, durante el mandato de Uribe.Entre otros de los señalamientos contenidos en el reporte:- Pese a la afirmación de Uribe de que la desmovilización acabó con las milicias ultraderechistas que son acusadas de miles de homicidios, existe firme evidencia de que los paramilitares siguen activos y continúan violando los derechos humanos.- La guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ha creado en el último año "alianzas estratégicas" con paramilitares en varias regiones mientras ambos grupos buscan "mejorar el manejo" de su fuente principal de financiamiento: el tráfico de cocaína.Amnistía Internacional asegura que un impedimento relevante para erradicar los abusos a los derechos humanos es el rechazo de Uribe a reconocer que Colombia enfrenta un conflicto armado, y su insistencia en que todos los combatientes, salvo las fuerzas de seguridad del Estado, son terroristas."Mientras el gobierno colombiano asegure que no existe un conflicto armado y Estados Unidos apoye este argumento ridículo, es de verdad tremendamente difícil que haya progresos", expuso Rendón.El reporte de Amnistía Internacional, producto de dos años de investigación de campo, describe los últimos 20 años del conflicto colombiano con las cifras siguientes:- Más de 70.000 personas muertes, en una gran mayoría civiles.- Entre 15.000 y 30.000 víctimas de desapariciones forzadas.- Entre tres y cuatro millones de personas desplazadas por la violencia.- Y en la última década, más de 20.000 personas secuestradas o tomadas como rehenes.
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Militares relacionados en desapariciones serían procesados por justicia ordinaria
Bogotá | 28 octubre 2008 - 4:21pm
Militares relacionados en desapariciones serían procesados por justicia ordinaria
Por: Elespectador.com
El concejal Orlando Parada recibió del Juez 37 penal militar una respuesta que asegura que en dos de los casos de las desapariciones en el sur de la capital, se encuentran en la Fiscalía 72 delegada de Derechos Humanos con sede en la ciudad de Cúcuta.
El pasado seis de octubre el concejal Orlando Parada solicitó por escrito el envío de los expedientes de los jóvenes Elkin Gustavo Verano Hernandez Y Joaquín Castro Hernandez a la jurisdicción ordinaria, para que la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario abordaran la investigación.En respuesta enviada al Concejal Parada, el Juez 37 Penal Militar le informó a Parada que las investigaciones - oficios corresponden a los números 2434 Investigación Preliminar 124-08; oficio 2421 proceso penal 347-08; y oficio 2428 proceso penal 348-08- estaban en manos de la Fiscalía en Cúcuta."Una vez más es claro que los miembros de las fuerzas armadas que incurran en conductas ajenas al ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, deben ser juzgados por la justicia ordinaria. De ninguna manera se puede aceptar que la Justicia Penal Militar conozca de delitos cometidos por individuos que abusan de la autoridad que el pueblo colombiano les ha conferido", señaló Parada.Los cuerpos de los jóvenes mencionados fueron hallados en fosas comunes de Santander y Norte de Santander y según el Ministro de Defensa fueron dados de baja en combates con la fuerza pública.
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http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo86552-militares-relacionados-desapariciones-serian-procesados-justicia-ordin
Militares relacionados en desapariciones serían procesados por justicia ordinaria
Por: Elespectador.com
El concejal Orlando Parada recibió del Juez 37 penal militar una respuesta que asegura que en dos de los casos de las desapariciones en el sur de la capital, se encuentran en la Fiscalía 72 delegada de Derechos Humanos con sede en la ciudad de Cúcuta.
El pasado seis de octubre el concejal Orlando Parada solicitó por escrito el envío de los expedientes de los jóvenes Elkin Gustavo Verano Hernandez Y Joaquín Castro Hernandez a la jurisdicción ordinaria, para que la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario abordaran la investigación.En respuesta enviada al Concejal Parada, el Juez 37 Penal Militar le informó a Parada que las investigaciones - oficios corresponden a los números 2434 Investigación Preliminar 124-08; oficio 2421 proceso penal 347-08; y oficio 2428 proceso penal 348-08- estaban en manos de la Fiscalía en Cúcuta."Una vez más es claro que los miembros de las fuerzas armadas que incurran en conductas ajenas al ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, deben ser juzgados por la justicia ordinaria. De ninguna manera se puede aceptar que la Justicia Penal Militar conozca de delitos cometidos por individuos que abusan de la autoridad que el pueblo colombiano les ha conferido", señaló Parada.Los cuerpos de los jóvenes mencionados fueron hallados en fosas comunes de Santander y Norte de Santander y según el Ministro de Defensa fueron dados de baja en combates con la fuerza pública.
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En los dos últimos años se han presentado 533 ejecuciones en Colombia
Nacional | 28 octubre 2008 - 6:49pm
En los dos últimos años se han presentado 533 ejecuciones en Colombia
Por: Elespectador.com
El 58% de los casos correspondían a menores de edad. Las cifras serán presentadas este miércoles en un evento organizado por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, coalición conformada por 199 organizaciones colombianas que trabajan en la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos.
Estas y otras cifras de interés sobre el tema de ejecuciones extrajudiciales, así como el contexto de nuevos patrones y modalidades para encubrir la comisión de estos hechos, los departamentos más afectados, y la exposición de algunos casos de relevancia, será el asunto a tratar mañana miércoles 29 de octubre, en el marco de la realización del evento "Ejecuciones extrajudiciales: realidad inocultable", que se efectuará a partir de las 9 a.m., en el Centro Cultural Gabriel García Márquez (Calle 11 n.° 5-60, Bogotá)."En el último quinquenio se ha constatado un aumento del 67,71% en los registros de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuidas a la Fuerza Pública, lapso que coincide con la aplicación de la política de seguridad democrática promovida por el Gobierno actual desde su posesión el 7 de agosto de 2002", revela parte del informe.En su último informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones reconoció que: "la persistencia de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública, fundamentalmente del ejército", señalando además que "algunas características comunes a los casos denunciados son presentar a las víctimas como muertos en combate, alterar la escena de los hechos antes del levantamiento del cadáver y en la mayoría de las ocasiones hacer que la justicia penal militar asuma las investigaciones".Según el documento, las investigaciones adelantadas por las autoridades sobre algunos de estos casos revelan que podrían estar motivados por la presión por parte de las superiores, respecto a los resultados que deben presentar los miembros de la fuerza pública.Durante el evento además se tocará el tema de las desapariciones en el sur de la capital y las continuas versiones que al respecto han salido a flote.
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http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo86584-los-dos-ultimos-anos-se-han-presentado-533-ejecuciones-colombia
En los dos últimos años se han presentado 533 ejecuciones en Colombia
Por: Elespectador.com
El 58% de los casos correspondían a menores de edad. Las cifras serán presentadas este miércoles en un evento organizado por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, coalición conformada por 199 organizaciones colombianas que trabajan en la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos.
Estas y otras cifras de interés sobre el tema de ejecuciones extrajudiciales, así como el contexto de nuevos patrones y modalidades para encubrir la comisión de estos hechos, los departamentos más afectados, y la exposición de algunos casos de relevancia, será el asunto a tratar mañana miércoles 29 de octubre, en el marco de la realización del evento "Ejecuciones extrajudiciales: realidad inocultable", que se efectuará a partir de las 9 a.m., en el Centro Cultural Gabriel García Márquez (Calle 11 n.° 5-60, Bogotá)."En el último quinquenio se ha constatado un aumento del 67,71% en los registros de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuidas a la Fuerza Pública, lapso que coincide con la aplicación de la política de seguridad democrática promovida por el Gobierno actual desde su posesión el 7 de agosto de 2002", revela parte del informe.En su último informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones reconoció que: "la persistencia de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública, fundamentalmente del ejército", señalando además que "algunas características comunes a los casos denunciados son presentar a las víctimas como muertos en combate, alterar la escena de los hechos antes del levantamiento del cadáver y en la mayoría de las ocasiones hacer que la justicia penal militar asuma las investigaciones".Según el documento, las investigaciones adelantadas por las autoridades sobre algunos de estos casos revelan que podrían estar motivados por la presión por parte de las superiores, respecto a los resultados que deben presentar los miembros de la fuerza pública.Durante el evento además se tocará el tema de las desapariciones en el sur de la capital y las continuas versiones que al respecto han salido a flote.
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marcha Indígena
Octubre 23 de 2008 - 6:45 p.m.
Presidente y líder de marcha indígena acordaron reunirse el domingo para solucionar conflicto
En una comunicación telefónica que duró aproximadamente 10 minutos, el mandatario le dijo a Daniel Piñacué que estaba interesado en darle solución a sus peticiones.
Piñacué dijo a eltiempo.com que la llamada de Uribe es "un buen gesto" en la dirección de solucionar la reclamación. La reunión será en Cali.
El líder indígena dijo que si Uribe da soluciones concretas a sus exigencias, se devolverán para sus resguardos. De lo contrario, manifestó, irán a la "mismísima Casa de Nariño".
Horas antes, los líderes de las organizaciones indígenas habían rechazado reunirse con el presidente Uribe en Popayán porque eso implicaría desviar el recorrido que programaron hasta la capital del Valle del Cauca.
El presidente Uribe dijo anoche en una alocución televisada que el domingo estaría con ministros en la capital del departamento de Cauca, 370 kilómetros al suroeste del país, para discutir públicamente puntos reclamados por los indígenas.
La movilización indígena avanza en forma pacífica entre Santander de Quilichao y Villa Rica, por la vía Panamericana. La Policía desactivó 6 cilindros de gas que se acondicionaron como bombas.
Así lo aseguró el comandante de la Policía, en la regional 4, general Gustavo Ricaurte, quien informó que estos artefactos explosivos fueron hallados en la vereda San Nicolás del municipio Santander de Quilicaho.
Técnicos antiexplosivos de la Policía colocoban contra cargas para desactivarlos. Estos explosivos no se encuentran en el camino de la marcha que transita por la vía.
El jefe operativo de la policía nacional, general Orlando Páez, dijo que al menos 700 de sus agentes monitorean la marcha en caso de que se presentara cualquier bloqueo en la vía.
Entre los que marchan, dijo Valencia en entrevista telefónica, van 7.000 ''guardias indígenas'' o miembros de las comunidades que con largos bastones de madera, escoltan la marcha y evitan que la manifestación ocupen toda la carretera y choques con la policía y militares que acechan la movilización.
Disparos de la Policía
Sin embargo, aseguró que los 3 indígenas fallecidos en enfrentamientos se produjo por la manipulación de explosivos de bajo poder y no por disparos de la Fuerza Pública.
''Nosotros tenemos los testimonios de la gente donde aseveran que ellos fueron asesinados con disparos de arma de fuego'' de las autoridades, dijo Valencia. ''Nosotros podemos afirmar categóricamente que de parte de nosotros no hay ningún tipo... de artefactos'', agregó.
Uribe, como él mismo lo reconoció, había negado de manera reiterada que la Fuerza Pública hubiera disparado, pero un video revelado el martes por el canal estadounidense de noticias 'CNN', en el que se mostró a un "policía del Escuadrón Móvil de Carabineros disparando", lo hizo "rectificar".
Los líderes de la movilización indígena responsabilizaron ayer a las autoridades por la muerte de sus compañeros. Los más recientes fueron identificados como Élber Ibito y Jesús Antonio Nene, muertos el martes en el sector de Villa Rica (Cauca).
En su intervención, Uribe se mostró indispuesto por haber recibido inicialmente una información diferente de sus subalternos.
"Siempre he buscado la verdad, porque la Seguridad Democrática necesita una total confianza del pueblo colombiano", expresó el mandatario, rodeado de los mandos militares y miembros de su gabinete.
Reveló que en varias oportunidades le pidió a la Fuerza Pública que le confirmara cómo habían ocurrido los hechos y que siempre le dijeron que no habían disparado.
Deploró que solo ayer tarde hubiera sido enterado de que un patrullero hizo uso de su arma de fuego, lo que dejaba al Presidente como un "mentiroso".
El presidente Álvaro Uribe admitió anoche, durante una alocución difundida a través de radio y televisión, que la Policía sí disparó durante los disturbios con indígenas del Cauca, en el sector de La María, donde cerca de 12 mil manifestantes estaban concentrados, preparando su desplazamiento de protesta hacia Cali.
Reveló que el agente Jhon Prieto Vásquez, que no pertenece al Esmad, aceptó haber disparado, porque estaban siendo atacados con explosivos por los manifestantes.
Inclusive, el mandatario aseguró que su preocupación no es que se haya disparado.
En dos oportunidades Uribe manifestó su inquebrantable interés de preservar la confianza en la Seguridad Democrática, por lo cual el Presidente "no puede mentir".
El Presidente se empeñó, de todas maneras, en dejar constancia de la agresión sistemática que los miembros de la Fuerza Pública han sufrido a manos de los indígenas de esa región del país.
Recordó que desde que empezó la movilización indígena, el 11 de octubre, 32 policías han resultado heridos. Inclusive, a uno de ellos, Aldíber Giraldo Galeano, le mutilaron las manos. Y en total, en el proceso de controlar invasiones, al menos 70 uniformados han sido heridos con explosivos.
Luego de su enérgico reclamo, Uribe abrió anoche las puertas del diálogo con los indígenas.
Viajará con ministros
El Presidente anunció que irá a Popayán el próximo domingo, en compañía de varios de sus ministros, para buscar el entendimiento con la comunidad indígena.
El diálogo con Uribe ha sido la principal petición de los manifestantes y lo que los llevó a programar la movilización de protesta hacia Cali, que debe reanudarse hoy.
Uribe dijo que resolvió ir a Popayán luego de hablar ayer tarde con un indígena de Tierradentro, gracias a la mediación de Mauricio Puerta, quien le mencionó un pliego de cinco puntos que le tienen los indígenas.
Como muestra de su decisión de atender los reclamos de los protestantes, el Presidente anunció anoche la compra de 7.048 hectáreas de tierra que faltaban para cumplir los compromisos adquiridos por el Estado con esas comunidades, y que motivaron en gran parte la protesta.
Al respecto, Uribe dijo que el Estado pagará 15 millones de pesos por hectárea, en lugar de los 3 millones que habían presupuestado inicialmente.
Ingenios piden la conmoción
Los empresarios y agricultores del Valle y del Cauca le pidieron al presidente Álvaro Uribe que, ante el prolongado paro de los corteros de caña, más la marcha indígena que se aproxima a Cali, adopte medidas de excepción.
"Solicitamos, en el marco de los estados de excepción previstos en la Carta política, que se expidan medidas para conjurar la crisis económica, social y de orden público", dice la carta que le enviaron a Uribe y que está firmada por el presidente del Comité Intergremial del Valle, Germán Jaramillo, y por el presidente de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle, Francisco Lourido.
Lo que piden los empresarios y agricultores es terminar con los bloqueos que desde hace 38 días mantienen los corteros a ocho de los 13 ingenios que hay en la zona.
"Asumo la responsabilidad": Naranjo
El director de la Policía, general Óscar Naranjo, asumió anoche la responsabilidad por no haber informado con precisión al Presidente de la República que un patrullero de la institución sí había utilizado un arma de fuego en medio de la protesta indígena.
"Debo asumir esa inconsistencia que transmití al Gobierno nacional, al señor Ministro de la Defensa y al Presidente de la República", dijo el alto oficial.
Sin embargo, a renglón seguido señaló: "Pero con la misma seriedad y entereza que asumo esa inconsistencia como responsable policial, afirmo de manera categórica (...) que la muerte de los tres indígenas, acontecidas el 14 y el 21 de octubre, para nada tienen que ver con el uso y empleo de las armas de fuego señaladas en el video".
El oficial señaló que los exámenes y peritazgos realizados por Medicina Legal revelan que los indígenas fallecieron como consecuencia de la manipulación de artefactos explosivos de bajo poder.
REDACCIÓN POLÍTICA
Indígenas deciden si reanudan marcha hacia Villa Rica
Los indígenas del Cauca, que ayer permanecieron concentrados en la finca 'Nuevo México de Santander de Quilichao, planeaban reanudar hoy su marcha hacia Villa Rica, segunda estación en su camino a Cali.
Antes de emprender este trayecto de 17 kilómetros, los indígenas podrían considerar la propuesta del presidente Álvaro Uribe, quien anoche propuso un encuentro en Popayán (Cauca).
Inicialmente, los indígenas planeaban llegar a Cali mañana, para esperar a que el Presidente se reuniera con ellos en esa ciudad.
También tenían el propósito de llegar a Villa Rica para indagar sobre la muerte de Jesús Neme y Élber Ibito, quienes perdieron la vida el pasado martes en esa localidad.
"Queremos que nos digan qué pasó. Ambos murieron a bala y otros cinco campesinos resultaron heridos", dijo el líder Daniel Piñacué.
Tanto el Presidente como el director de la Policía, general Óscar Naranjo, dijeron anoche que perdieron la vida por manipular
explosivos de bajo poder.
Ayer, más indígenas se sumaron a la concentración. Se estima que 20 mil de ellos llegaron a Santander de Quilichao para adherirse a la protesta. El día transcurrió entre reuniones y actos culturales.
El principal reclamo que hacen es la adjudicación de tierras, pues alegan que en los últimos años se han visto desplazados por actores violentos como los paramilitares, la guerrilla y los narcotraficantes.
Los indígenas también se oponen a la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y a un paquete de leyes aprobadas por el Congreso de la República.
Consideran que el Código de Minas, la Ley del Agua y la Ley Forestal deben ser derogadas, pues, según ellos, comprometen la suerte de sus territorios.
También critican la política de los Derechos Humanos del presidente Uribe y su programa bandera: la política de seguridad democrática.
Por otra parte, los líderes indígenas invitaron al presidente de Bolivia, Evo Morales, al juez español Baltazar Garzón y al premio Nobel de paz Adolfo Pérez Esquivel a marchar junto a ellos.
Sin embargo, la Presidencia y Cancillería en La Paz aseguraron que Morales no tiene previsto viajar a Cali.
CALI
Presidente y líder de marcha indígena acordaron reunirse el domingo para solucionar conflicto
En una comunicación telefónica que duró aproximadamente 10 minutos, el mandatario le dijo a Daniel Piñacué que estaba interesado en darle solución a sus peticiones.
Piñacué dijo a eltiempo.com que la llamada de Uribe es "un buen gesto" en la dirección de solucionar la reclamación. La reunión será en Cali.
El líder indígena dijo que si Uribe da soluciones concretas a sus exigencias, se devolverán para sus resguardos. De lo contrario, manifestó, irán a la "mismísima Casa de Nariño".
Horas antes, los líderes de las organizaciones indígenas habían rechazado reunirse con el presidente Uribe en Popayán porque eso implicaría desviar el recorrido que programaron hasta la capital del Valle del Cauca.
El presidente Uribe dijo anoche en una alocución televisada que el domingo estaría con ministros en la capital del departamento de Cauca, 370 kilómetros al suroeste del país, para discutir públicamente puntos reclamados por los indígenas.
La movilización indígena avanza en forma pacífica entre Santander de Quilichao y Villa Rica, por la vía Panamericana. La Policía desactivó 6 cilindros de gas que se acondicionaron como bombas.
Así lo aseguró el comandante de la Policía, en la regional 4, general Gustavo Ricaurte, quien informó que estos artefactos explosivos fueron hallados en la vereda San Nicolás del municipio Santander de Quilicaho.
Técnicos antiexplosivos de la Policía colocoban contra cargas para desactivarlos. Estos explosivos no se encuentran en el camino de la marcha que transita por la vía.
El jefe operativo de la policía nacional, general Orlando Páez, dijo que al menos 700 de sus agentes monitorean la marcha en caso de que se presentara cualquier bloqueo en la vía.
Entre los que marchan, dijo Valencia en entrevista telefónica, van 7.000 ''guardias indígenas'' o miembros de las comunidades que con largos bastones de madera, escoltan la marcha y evitan que la manifestación ocupen toda la carretera y choques con la policía y militares que acechan la movilización.
Disparos de la Policía
Sin embargo, aseguró que los 3 indígenas fallecidos en enfrentamientos se produjo por la manipulación de explosivos de bajo poder y no por disparos de la Fuerza Pública.
''Nosotros tenemos los testimonios de la gente donde aseveran que ellos fueron asesinados con disparos de arma de fuego'' de las autoridades, dijo Valencia. ''Nosotros podemos afirmar categóricamente que de parte de nosotros no hay ningún tipo... de artefactos'', agregó.
Uribe, como él mismo lo reconoció, había negado de manera reiterada que la Fuerza Pública hubiera disparado, pero un video revelado el martes por el canal estadounidense de noticias 'CNN', en el que se mostró a un "policía del Escuadrón Móvil de Carabineros disparando", lo hizo "rectificar".
Los líderes de la movilización indígena responsabilizaron ayer a las autoridades por la muerte de sus compañeros. Los más recientes fueron identificados como Élber Ibito y Jesús Antonio Nene, muertos el martes en el sector de Villa Rica (Cauca).
En su intervención, Uribe se mostró indispuesto por haber recibido inicialmente una información diferente de sus subalternos.
"Siempre he buscado la verdad, porque la Seguridad Democrática necesita una total confianza del pueblo colombiano", expresó el mandatario, rodeado de los mandos militares y miembros de su gabinete.
Reveló que en varias oportunidades le pidió a la Fuerza Pública que le confirmara cómo habían ocurrido los hechos y que siempre le dijeron que no habían disparado.
Deploró que solo ayer tarde hubiera sido enterado de que un patrullero hizo uso de su arma de fuego, lo que dejaba al Presidente como un "mentiroso".
El presidente Álvaro Uribe admitió anoche, durante una alocución difundida a través de radio y televisión, que la Policía sí disparó durante los disturbios con indígenas del Cauca, en el sector de La María, donde cerca de 12 mil manifestantes estaban concentrados, preparando su desplazamiento de protesta hacia Cali.
Reveló que el agente Jhon Prieto Vásquez, que no pertenece al Esmad, aceptó haber disparado, porque estaban siendo atacados con explosivos por los manifestantes.
Inclusive, el mandatario aseguró que su preocupación no es que se haya disparado.
En dos oportunidades Uribe manifestó su inquebrantable interés de preservar la confianza en la Seguridad Democrática, por lo cual el Presidente "no puede mentir".
El Presidente se empeñó, de todas maneras, en dejar constancia de la agresión sistemática que los miembros de la Fuerza Pública han sufrido a manos de los indígenas de esa región del país.
Recordó que desde que empezó la movilización indígena, el 11 de octubre, 32 policías han resultado heridos. Inclusive, a uno de ellos, Aldíber Giraldo Galeano, le mutilaron las manos. Y en total, en el proceso de controlar invasiones, al menos 70 uniformados han sido heridos con explosivos.
Luego de su enérgico reclamo, Uribe abrió anoche las puertas del diálogo con los indígenas.
Viajará con ministros
El Presidente anunció que irá a Popayán el próximo domingo, en compañía de varios de sus ministros, para buscar el entendimiento con la comunidad indígena.
El diálogo con Uribe ha sido la principal petición de los manifestantes y lo que los llevó a programar la movilización de protesta hacia Cali, que debe reanudarse hoy.
Uribe dijo que resolvió ir a Popayán luego de hablar ayer tarde con un indígena de Tierradentro, gracias a la mediación de Mauricio Puerta, quien le mencionó un pliego de cinco puntos que le tienen los indígenas.
Como muestra de su decisión de atender los reclamos de los protestantes, el Presidente anunció anoche la compra de 7.048 hectáreas de tierra que faltaban para cumplir los compromisos adquiridos por el Estado con esas comunidades, y que motivaron en gran parte la protesta.
Al respecto, Uribe dijo que el Estado pagará 15 millones de pesos por hectárea, en lugar de los 3 millones que habían presupuestado inicialmente.
Ingenios piden la conmoción
Los empresarios y agricultores del Valle y del Cauca le pidieron al presidente Álvaro Uribe que, ante el prolongado paro de los corteros de caña, más la marcha indígena que se aproxima a Cali, adopte medidas de excepción.
"Solicitamos, en el marco de los estados de excepción previstos en la Carta política, que se expidan medidas para conjurar la crisis económica, social y de orden público", dice la carta que le enviaron a Uribe y que está firmada por el presidente del Comité Intergremial del Valle, Germán Jaramillo, y por el presidente de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle, Francisco Lourido.
Lo que piden los empresarios y agricultores es terminar con los bloqueos que desde hace 38 días mantienen los corteros a ocho de los 13 ingenios que hay en la zona.
"Asumo la responsabilidad": Naranjo
El director de la Policía, general Óscar Naranjo, asumió anoche la responsabilidad por no haber informado con precisión al Presidente de la República que un patrullero de la institución sí había utilizado un arma de fuego en medio de la protesta indígena.
"Debo asumir esa inconsistencia que transmití al Gobierno nacional, al señor Ministro de la Defensa y al Presidente de la República", dijo el alto oficial.
Sin embargo, a renglón seguido señaló: "Pero con la misma seriedad y entereza que asumo esa inconsistencia como responsable policial, afirmo de manera categórica (...) que la muerte de los tres indígenas, acontecidas el 14 y el 21 de octubre, para nada tienen que ver con el uso y empleo de las armas de fuego señaladas en el video".
El oficial señaló que los exámenes y peritazgos realizados por Medicina Legal revelan que los indígenas fallecieron como consecuencia de la manipulación de artefactos explosivos de bajo poder.
REDACCIÓN POLÍTICA
Indígenas deciden si reanudan marcha hacia Villa Rica
Los indígenas del Cauca, que ayer permanecieron concentrados en la finca 'Nuevo México de Santander de Quilichao, planeaban reanudar hoy su marcha hacia Villa Rica, segunda estación en su camino a Cali.
Antes de emprender este trayecto de 17 kilómetros, los indígenas podrían considerar la propuesta del presidente Álvaro Uribe, quien anoche propuso un encuentro en Popayán (Cauca).
Inicialmente, los indígenas planeaban llegar a Cali mañana, para esperar a que el Presidente se reuniera con ellos en esa ciudad.
También tenían el propósito de llegar a Villa Rica para indagar sobre la muerte de Jesús Neme y Élber Ibito, quienes perdieron la vida el pasado martes en esa localidad.
"Queremos que nos digan qué pasó. Ambos murieron a bala y otros cinco campesinos resultaron heridos", dijo el líder Daniel Piñacué.
Tanto el Presidente como el director de la Policía, general Óscar Naranjo, dijeron anoche que perdieron la vida por manipular
explosivos de bajo poder.
Ayer, más indígenas se sumaron a la concentración. Se estima que 20 mil de ellos llegaron a Santander de Quilichao para adherirse a la protesta. El día transcurrió entre reuniones y actos culturales.
El principal reclamo que hacen es la adjudicación de tierras, pues alegan que en los últimos años se han visto desplazados por actores violentos como los paramilitares, la guerrilla y los narcotraficantes.
Los indígenas también se oponen a la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y a un paquete de leyes aprobadas por el Congreso de la República.
Consideran que el Código de Minas, la Ley del Agua y la Ley Forestal deben ser derogadas, pues, según ellos, comprometen la suerte de sus territorios.
También critican la política de los Derechos Humanos del presidente Uribe y su programa bandera: la política de seguridad democrática.
Por otra parte, los líderes indígenas invitaron al presidente de Bolivia, Evo Morales, al juez español Baltazar Garzón y al premio Nobel de paz Adolfo Pérez Esquivel a marchar junto a ellos.
Sin embargo, la Presidencia y Cancillería en La Paz aseguraron que Morales no tiene previsto viajar a Cali.
CALI
Dos muertos en marcha indígena por la vía Panamericana, en la que exigen restitución de tierras
Octubre 21 de 2008 - 6:40 p.m.
Dos muertos en marcha indígena por la vía Panamericana, en la que exigen restitución de tierras
200 indígenas provenientes de Corinto, Caloto y Miranda (Cauca) intentaron bloquear la vía y se enfrentaron con agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios
Los muertos fueron identificados por representantes de los indígenas como Jesús Antonio Neme, campesino, y Eiver Ibisto, de la etnia Paez.
Mientras que Feliciano Valencia, dirigente del CRIC, atribuyó los crímenes a la fuerza pública, las autoridades tratan de establecer si, por lo menos en el primero de los casos, el hombre tenía en su poder papas bomba y se lastimó a sí mismo.
El cuerpo se encontró cuando la marcha estaba en las inmediaciones de Santander de Quilichao, en un cañadulzal a orillas de la carretera Panamericana, cerca a Villarrica.
Los nativos pincharon las llantas de algunos camiones que pasaban por el lugar y tras la acción de los uniformados se replegaron.
Horas antes, representantes indígenas manifestaron preocupación por la decisión de la Policía de Carreteras de acompañar la marcha, que partió con 8.000 integrantes desde un caserío de Piendamó, Cauca.
Sobre la vía nos está esperando una gran población que se unirá. Cualquier situación la coordinará y controlará la guardia indígena", dijo a 'Efe' el consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), Feliciano Valencia. Los indígenas confían que se les unan 65.000 indígenas y campesinos de los diferentes rincones del Cauca.
En Medellín, unos 300 indígenas se sumaron a esta protesta y organizaron una manifestación.
"Todo está preparado. No es sino salir. Vamos rumbo a Cali", dijo el líder Daniel Piñacué.
"La marcha indígena arrancó a las ocho de la mañana hacia Cali, de manera que convocamos a toda la ciudadanía, tanto afrodescendientes, campesinos, indígenas, desplazados y todo aquel que haya sido víctima por parte del Estado a que marche por la vida, la dignidad y, sobre todo, en defensa de los derechos humanos", indicó el líder de las protestas Darío Tote.
Anunciaron que caminarán por un costado de la vía y algunos cargarán ataúdes para simbolizar los 24 muertos, entre líderes y activistas de Derechos Humanos, que han caído este año en el Cauca.
Realizarán cuatro estaciones en las que organizarán audiencias y debates dentro de la denominada 'marcha de resistencia y dignidad por los pueblos', que se espera llegue a Cali el domingo por la tarde o el lunes.
Los indígenas informaron que no tendrán encuentro con el gobernador del Cauca, Guillermo Alberto González Mosquera, quien planeó una reunión para hoy, y dijeron que las reuniones solo las tendrán durante la marcha.
Además, Tote recordó que el objetivo es hablar en Cali con el presidente Uribe y si él decide no asistir, continuarán su marcha hasta Bogotá para hacer un debate "frente a frente".
La mayoría de los indígenas permanecían en la parte alta del resguardo. Allí mujeres y hombres se dedicaban a empacar y organizar los víveres, mientras hombres del Ejército y el Escuadrón Móvil de la Policía continuaban la custodia de la carretera Panamericana.
Ayer, hasta última hora, en un salón del Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación de La María, en Piendamó (Cauca), se afinaron detalles del recorrido de cien kilómetros que realizarán como un símbolo de resistencia y protesta.
El territorio que hasta el viernes pasado fue escenario de fuertes choques entre los nativos y la Fuerza Pública, con un saldo de un muerto y al menos 90 indígenas 70 militares y policías heridos, tuvo un día calmado.
El Movimiento Indígena del Cauca reiteró que algunas de sus exigencias son: compra de tierras, rechazo al TLC, derogatoria del Código de Minas, la Ley del Agua, y el Estatuto Rural; y el rechazo al Plan Colombia y a la política de Seguridad Democrática.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, pidió a los indígenas que se disculpen con el Cabo del Ejército que maltrataron la semana pasada.
Según denuncian los nativos, desde que Uribe llegó al poder, en 2002, "han sido asesinados 1.253 indígenas en Colombia y por lo menos 54.000 han sido expulsados de sus territorios ancestrales".
'Que Uribe nos aclare'
Aída Quilcué, consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), dice que la marcha de resistencia se realizará hasta que el presidente Álvaro Uribe los atienda.
¿Por qué la insistencia de reunirse con el Presidente?
La insistencia de reunirnos con él es para que nos aclare públicamente, así como públicamente lo ha hecho, sobre los señalamientos sobre el movimiento indígena.
¿Qué le van a decir?
Que nos devuelva el buen nombre a los indígenas y que se encargue de asuntos como es su obligación de garantizar los derechos humanos y el territorio para las comunidades.
Entonces, ¿qué le van a pedir al presidente Uribe?
Siguen siendo los mismos puntos con los cuales se inició la Minga por la Resistencia y la reivindicación de los sectores sociales.
Por un lado, buscamos visibilizar la violación de derechos humanos de la que hemos venido siendo objeto y por otro es el debate que se tiene que dar entre el Presidente de la República y el movimiento indígenas por la forma como nos ha tratado, pues no es digno.
También queremos hablar con él el tema del desmantelamiento de la Constitución Política, la presencia de multinacionales en el territorio colombiano y otros temas.
Patricia Aley
CALI Y POPAYÁN
www.eltiempo.com
Dos muertos en marcha indígena por la vía Panamericana, en la que exigen restitución de tierras
200 indígenas provenientes de Corinto, Caloto y Miranda (Cauca) intentaron bloquear la vía y se enfrentaron con agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios
Los muertos fueron identificados por representantes de los indígenas como Jesús Antonio Neme, campesino, y Eiver Ibisto, de la etnia Paez.
Mientras que Feliciano Valencia, dirigente del CRIC, atribuyó los crímenes a la fuerza pública, las autoridades tratan de establecer si, por lo menos en el primero de los casos, el hombre tenía en su poder papas bomba y se lastimó a sí mismo.
El cuerpo se encontró cuando la marcha estaba en las inmediaciones de Santander de Quilichao, en un cañadulzal a orillas de la carretera Panamericana, cerca a Villarrica.
Los nativos pincharon las llantas de algunos camiones que pasaban por el lugar y tras la acción de los uniformados se replegaron.
Horas antes, representantes indígenas manifestaron preocupación por la decisión de la Policía de Carreteras de acompañar la marcha, que partió con 8.000 integrantes desde un caserío de Piendamó, Cauca.
Sobre la vía nos está esperando una gran población que se unirá. Cualquier situación la coordinará y controlará la guardia indígena", dijo a 'Efe' el consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), Feliciano Valencia. Los indígenas confían que se les unan 65.000 indígenas y campesinos de los diferentes rincones del Cauca.
En Medellín, unos 300 indígenas se sumaron a esta protesta y organizaron una manifestación.
"Todo está preparado. No es sino salir. Vamos rumbo a Cali", dijo el líder Daniel Piñacué.
"La marcha indígena arrancó a las ocho de la mañana hacia Cali, de manera que convocamos a toda la ciudadanía, tanto afrodescendientes, campesinos, indígenas, desplazados y todo aquel que haya sido víctima por parte del Estado a que marche por la vida, la dignidad y, sobre todo, en defensa de los derechos humanos", indicó el líder de las protestas Darío Tote.
Anunciaron que caminarán por un costado de la vía y algunos cargarán ataúdes para simbolizar los 24 muertos, entre líderes y activistas de Derechos Humanos, que han caído este año en el Cauca.
Realizarán cuatro estaciones en las que organizarán audiencias y debates dentro de la denominada 'marcha de resistencia y dignidad por los pueblos', que se espera llegue a Cali el domingo por la tarde o el lunes.
Los indígenas informaron que no tendrán encuentro con el gobernador del Cauca, Guillermo Alberto González Mosquera, quien planeó una reunión para hoy, y dijeron que las reuniones solo las tendrán durante la marcha.
Además, Tote recordó que el objetivo es hablar en Cali con el presidente Uribe y si él decide no asistir, continuarán su marcha hasta Bogotá para hacer un debate "frente a frente".
La mayoría de los indígenas permanecían en la parte alta del resguardo. Allí mujeres y hombres se dedicaban a empacar y organizar los víveres, mientras hombres del Ejército y el Escuadrón Móvil de la Policía continuaban la custodia de la carretera Panamericana.
Ayer, hasta última hora, en un salón del Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación de La María, en Piendamó (Cauca), se afinaron detalles del recorrido de cien kilómetros que realizarán como un símbolo de resistencia y protesta.
El territorio que hasta el viernes pasado fue escenario de fuertes choques entre los nativos y la Fuerza Pública, con un saldo de un muerto y al menos 90 indígenas 70 militares y policías heridos, tuvo un día calmado.
El Movimiento Indígena del Cauca reiteró que algunas de sus exigencias son: compra de tierras, rechazo al TLC, derogatoria del Código de Minas, la Ley del Agua, y el Estatuto Rural; y el rechazo al Plan Colombia y a la política de Seguridad Democrática.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, pidió a los indígenas que se disculpen con el Cabo del Ejército que maltrataron la semana pasada.
Según denuncian los nativos, desde que Uribe llegó al poder, en 2002, "han sido asesinados 1.253 indígenas en Colombia y por lo menos 54.000 han sido expulsados de sus territorios ancestrales".
'Que Uribe nos aclare'
Aída Quilcué, consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), dice que la marcha de resistencia se realizará hasta que el presidente Álvaro Uribe los atienda.
¿Por qué la insistencia de reunirse con el Presidente?
La insistencia de reunirnos con él es para que nos aclare públicamente, así como públicamente lo ha hecho, sobre los señalamientos sobre el movimiento indígena.
¿Qué le van a decir?
Que nos devuelva el buen nombre a los indígenas y que se encargue de asuntos como es su obligación de garantizar los derechos humanos y el territorio para las comunidades.
Entonces, ¿qué le van a pedir al presidente Uribe?
Siguen siendo los mismos puntos con los cuales se inició la Minga por la Resistencia y la reivindicación de los sectores sociales.
Por un lado, buscamos visibilizar la violación de derechos humanos de la que hemos venido siendo objeto y por otro es el debate que se tiene que dar entre el Presidente de la República y el movimiento indígenas por la forma como nos ha tratado, pues no es digno.
También queremos hablar con él el tema del desmantelamiento de la Constitución Política, la presencia de multinacionales en el territorio colombiano y otros temas.
Patricia Aley
CALI Y POPAYÁN
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