Este es el testimonio del hombre que les entregó a algunos miembros del Ejército los jóvenes de Soacha que fueron asesinados el año pasado en Ocaña y presentados como muertos en combate. Su impresionante versión de los hechos lo han convertido en uno de los testigos claves de la Fiscalía.
"Yo no nací para vivir toda la vida". Con esta frase lapidaria comienza el recuento de su escalofriante historia un joven de apenas 21 años, cuyo testimonio puede poner contra la pared a varios militares de Ocaña que asesinaron por lo menos a 11 jóvenes de Soacha para presentarlos como guerrilleros muertos en combate.
Con su rostro esquelético y su mirada oscura y penetrante cuenta con frialdad cómo funcionaba por dentro la máquina de muerte que estremeció al país el año pasado cuando estalló el escándalo de los 'falsos positivos'. Este joven admite que participó en la muerte de por lo menos 30 víctimas. Se trata de un testigo de excepción que logró sobrevivir al propio entramado delincuencial para el cual trabajó y cuyo testimonio es hoy una pieza central en la investigación que adelantan la Fiscalía y la Procuraduría contra los 27 oficiales -incluidos tres generales y cuatro coroneles- que fueron destituidos por el gobierno en octubre.
"Es una historia larga" dice e inicia su narración de más de tres horas. Este testigo, hoy celosamente protegido por la Fiscalía, cuenta que abandonó el colegio en octavo grado porque se envició a los videojuegos y desde entonces su vida se limitó a las malas compañías y a recorrer de arriba abajo las calles de Ocaña rebuscándose la vida como mototaxista. Diariamente se hacía 20.000 pesos, "la mitad para mí y la mitad para el dueño de la moto", lo que no alcanzaba para colmar sus ambiciones.
Pero en 2006 su vida daría un giro, cuando Fabio Sanjuán Santiago, un ex soldado que había servido en Arauca, y reconocido jíbaro de la ciudad, empezó a contratarlo para hacer las entregas de droga. El pago era jugoso. "Cuando uno es ambicioso y tiene la manera de conseguir plata fácil, termina por tomar cualquier negocio que deje ganancias. Pero en algún momento llega un tope, bien por el cargo de conciencia o por miedo a terminar asesinado por los socios", reconoce.
Rápidamente, el joven se ganó la confianza de Sanjuán, quien le abrió más espacios en sus turbios negocios. No sólo en el expendio de drogas en bares y esquinas, sino como informante del Ejército. Sanjuán tenía fuertes conexiones con militares de la zona, quienes acudían al instante cuando este los llamaba o les reportaba la presencia de sospechosos o desconocidos en el bajo mundo de bares y prostíbulos. En pocos meses Sanjuán le confió al hoy testigo protegido suficiente droga para que él mismo la distribuyera, y lo contactó con suboficiales de confianza.
A finales de ese año, en 2006, Sanjuán lo llamó para que juntos transportaran a dos muchachos que acababan de llegar a Ocaña. Los cuatro hombres se tomaron unas cervezas en un bar y horas más tarde se fueron en sendas motos por la vía hacia el municipio de Convención. A los 10 kilómetros, aproximadamente, encontraron un retén militar. Sanjuán detuvo la marcha, se bajó de la moto y habló a solas con el suboficial que estaba al mando. Luego les dijo a los dos jóvenes de Bogota: "Ustedes se quedan acá, ellos les explican qué sigue". Sin darse cuenta, el testigo registraba su primera participación en un 'falso positivo'.
Una escena pavorosa
El testigo y Sanjuán regresaron a Ocaña de inmediato. Al día siguiente escuchó inquieto en la emisora local la noticia de un supuesto combate en las faldas del municipio de Convención adonde el Ejército había dado de baja a dos guerrilleros. Más tarde llegó Sanjuán y le entregó 300.000 pesos, y le advirtió que siempre y cuando se guardara absoluto silencio esas vueltas se pagaban bien. "Nunca había recibido de un solo totazo tanto dinero por hacer nada", dice el testigo. No le importó la suerte de los jóvenes que murieron. Ese día empezó su carrera homicida, mientras su ambición crecía.
A partir de entonces las "entregas", como llamaban entre ellos el traslado de las personas que serían asesinadas, se convirtieron en una rutina semanal. El testigo afirma que en varias oportunidades acompañó a Sanjuán a recoger muchachos en la terminal de buses de Ocaña. Venían de todo el país atraídos con el señuelo de vincularse a grupos paramilitares o como vigilantes. Sanjuán se los llevaba para su casa o para la de un cabo de apellido Gutiérrez, que supuestamente pertenecía a la Brigada Móvil 15. "Yo entendía que mientras menos supiera más vivía", explica el testigo. A estas alturas ya sabía con total claridad que su trabajo era llevar hacia el patíbulo a las víctimas que serían asesinadas por militares. Y por las que a él le pagaban bien.
A pesar de su frialdad, la primera semana de enero de 2007 una escena pavorosa lo puso a temblar. Ocurrió en la vereda Culebritas, en la zona rural de Convención. Hasta allí fue con Sanjuán a eso de las 10 de la noche, "todas las entregas se hacían de noche". En esa ocasión las víctimas fueron tres muchachos entre los 23 y los 27 años que estaban convencidos de que se vincularían a los paramilitares. Esperaron por dos horas que llegaran los militares. Hacia la medianoche, Sanjuán recibió una llamada en la que le dijeron que no había tropa para recoger a los muchachos pero le advirtieron que no podía regresar con ellos. Tras comentar en voz baja la situación con el testigo, Sanjuán llevó a los tres muchachos disimuladamente hacia el borde de una zanja, sacó su arma y, por la espalda, le propinó a cada uno varios tiros en la cabeza y el tórax. Tras verificar que todos estaban muertos los cubrieron con rastrojo y sin más bajaron de la vereda y regresaron a Ocaña. "Lo único que me dijo fue 'cuando toca así, toca'", recuerda. Dos años después el testigo intentó encontrar, junto a un grupo de investigadores del CTI, el lugar donde quedaron los cuerpos. Pero la diligencia continúa pendiente, pues en esa ocasión la Policía impidió el paso de la comitiva porque la zona estaba minada por la guerrilla.
Este triple asesinato se clavó en su mente y entendió que podría terminar como esos tres muchachos. Entonces decidió alejarse de todo incorporándose al Ejército. Pero poco tiempo después, desertó. Estuvo un par de meses en Cúcuta y luego, cuando el susto ya se había diluido en el tiempo, regresó a Ocaña, y de nuevo a sus andanzas criminales con Sanjuán.
"Después de los carnavales de Ocaña, en enero de 2008, Fabio me dice que lo acompañe a Bogotá para cuadrar un negocio. Estuvimos dos días y nos la pasamos tomando en una tienda de Soacha donde nos quedamos. Él habló con un tipo llamado Álex, que también fue soldado y luego nos devolvimos".
Al parecer en esa charla se acordó el reclutamiento de jóvenes del sur de Bogotá que serían enviados con engaños a Ocaña, pues desde entonces empezaron las ejecuciones de "rolos". Aunque no recuerda con precisión las fechas, cuenta que la última semana de enero del año pasado llegaron los primeros tres jóvenes, quienes creían que iban a trabajar como escoltas en el negocio de un narco. "Estoy seguro de que uno se llamaba César". Al parecer, se trataba de Julio César Mesa, quien según su familia desapareció de Soacha el 26 de enero.
El testigo cuenta que los muchachos duraron dos días con él. En las noches se los llevaba de farra a los bares, y les daba todo el trago y la droga que quisieran "mientras llamaban a pedirlos". Al final, Sanjuán anunció que había que llevar a dos de ellos hacia Aguas Claras, un paraje en la vía Las Chircas, vereda aledaña a Ocaña. "Arrancamos y lo mismo: un retén, los muchachos se quedaron allá y nosotros nos devolvimos". Al otro día, a las 11 de la noche, le correspondió el turno al tercero de ese grupo. Lo entregamos en un taxi, por la vía al municipio de La Playa. "Por esos tres, Fabio me dio casi un millón de pesos".
Las "entregas" empezaron a multiplicarse y, por lo tanto, la plata que recibía el testigo, también. Recuerda por ejemplo a otros dos jóvenes que llegaron a Ocaña un día temprano en la mañana y que fueron "entregados" esa misma noche. No llevaban ni una hora tomando cerveza en el bar, cuando recibieron la instrucción de llevarlos hasta un retén en la vía que va al municipio de Teorama. Y a los pocos días dos más que entregaron por la carretera que conduce a Convención.
Comienza el escándalo
Uno de los investigadores de los 'falsos positivos' de Ocaña le dijo a SEMANA que se han verificado los hechos y tiempos descritos por el testigo, y que coinciden con las denuncias que hicieron las humildes familias de los 11 jóvenes desaparecidos de Soacha. El testigo reconoce que las víctimas eran generalmente desempleados, algunos con problemas de adicción e infracciones menores a la ley. "Escogían los más 'chirretes', los que estuvieran vagando y dispuestos a irse a ganar harta plata en trabajos raros", afirma el mismo testigo.
Alrededor de los 'falsos positivos' surgieron otros negocios de los que también se lucraban. Uno de ellos era la compra de revólveres, pistolas y municiones viejas en el mundo del lumpen para vendérselas a militares de la Brigada Móvil 15, que las usaban posteriormente para 'legalizar' las ejecuciones, y mostrar a las víctimas como peligrosos criminales que estaban armados. El testigo asegura que recibía entre 100.000 y 200.000 pesos por cada elemento que entregaban en la Central de Inteligencia de Ocaña (Cioca) adscrita al Batallón Santander, adonde entró y salió en varias oportunidades a pesar de ser desertor de esa guarnición.
La otra ganancia adicional resultó ser el aumento de la venta de droga en los bares a los que llegaban algunos de los soldados "a beber y meter vicio" para celebrar los días de permiso y las bonificaciones que conseguían por los resultados presentados.
Pero en agosto del año pasado tanto el testigo como Sanjuán empezaron a recibir amenazas de los militares. El escándalo de los 'falsos positivos' empezaba a gestarse. Medicina Legal y otras autoridades habían empezado a cruzar información para identificar a decenas de jóvenes que estaban enterrados como N.N. en fosas de Ocaña. Encontraron que casi todos ellos habían sido reportados como bajas en combate. La tensión en la Brigada Móvil 15 y en el Batallón Santander era total.
Fabio Sanjuán entendió que tenía que salir de Ocaña. "Me dijo que nos estaban buscando para matarnos, que él iba a vender unas armas y se desaparecía. Pero no alcanzó. Al siguiente día, el 13 de agosto, lo mataron en el barrio El Peñón".
El testigo huyó hacia Cúcuta. Pero a mediados de octubre regresó a Ocaña. De inmediato empezó a recibir llamadas amenazantes y a ser asediado por vehículos sospechosos que rondaban su casa. Para ese momento ya el escándalo de los 'falsos positivos' había estallado y todo el país estaba consternado y pidiendo justicia. El testigo se sintió acorralado y decidió presentarse ante la Fiscalía de Ocaña para "confesar quién era yo y qué había hecho".
Le contó a un grupo elite de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía todo lo que sabía. Señaló lugares, personas y modos de operación de la red criminal que había hecho de las ejecuciones un negocio. Se convirtió en un testigo protegido. Cinco meses después se queja. "Me prometieron que si colaboraba estaría en lugar seguro junto a mi familia y no me han cumplido". El Programa de Protección de Testigos, sin embargo, le ha hecho varios llamados de atención por no cumplir las normas que exige el programa.
Este joven, que en los dos últimos años llevó a la muerte a por lo menos 30 muchachos como él, hoy teme correr la misma suerte. Pero aunque se salve de sus enemigos, le esperan seguramente muchos años de cárcel. Por más que haya colaborado con la justicia, también está siendo procesado por estos crímenes atroces, que se convirtieron en una de las mayores vergüenzas de las Fuerzas Armadas. Un episodio lamentable que cometieron algunas manzanas podridas dentro del Ejército pero que desafortunadamente salpican a toda una institución que, paradójicamente, ha logrado sus mayores logros militares en la historia en esos mismos años.
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lunes, 15 de junio de 2009
lunes, 27 de abril de 2009
Colombia: ¿de un país de secuestrados a un país de desaparecidos?
Seguridad Mientras el secuestro en Colombia ha venido disminuyendo sustancialmente en los últimos años, las denuncias por desaparición que atiende la fundación País Libre han ido en aumento. ¿Por qué?
Desde hace siete años, el secuestro ha dejado de golpear a Colombia. Mientras en el 2.000 fueron denunciados 3.571 casos de secuestro extorsivo y simple, el año pasado se reportaron 242 casos en todo el país.
Gran parte de esa disminución se debe a la ofensiva sin precedentes del gobierno de Alvaro Uribe contra las Farc, una guerrilla que por años convirtió el atroz delito del secuestro en una de sus principales fuentes de financiación, terror y chantaje político.
A diferencia de otros años, la guerrilla no es la principal responsable de los secuestros que ocurren en el país. Las bandas criminales, atomizadas y autónomas, son hoy las principales responsables (ver artículo ¿Quiénes secuestran en Colombia?).
Sin embargo, pese al logro notable de haber reducido el secuestro en más del 70 por ciento, desde el año pasado hay una tendencia al aumento en los casos denunciados por desaparición. ¿Por qué?
“La ley de Justicia y Paz ha facilitado que las víctimas denuncien a sus desaparecidos. Segundo, muchos secuestrados han aparecido en fosas comunes. Y tercero, hoy las víctimas son mucho más visibles que hace 10 años, a pesar del miedo profundo que todavía las retiene para denunciar”, dijo Olga Gómez, directora de la Fundación País Libre, la cual se creó hace más de diez años para atender a familiares y víctimas del secuestro. “Todo esto hace posible que las denuncias por este delito hayan aumentado”
Según la organización País Libre, de los 217 casos que el año pasado se atendieron, 110 corresponden a secuestro, 95 a desaparición y ocho a extorsión, lo que muestra que la brecha entre el secuestro y la desaparición está disminuyendo. En 2007, País Libre atendió 73 casos de desaparición.
Los sorprendente, es que hace cinco años, el grueso de la atención que prestaba País Libre era para víctimas de secuestro y casi ninguno por desaparición.
Sin embargo el aumento de estas denuncias no implica que los grupos armados ilegales estén desapareciendo más gente. Como señala Gómez muchos casos que ocurrieron en años anteriores han empezado a hacerse visibles.
La Ley de Justicia y Paz, la cual da beneficios a quien cuente la verdad sobre sus crímenes, también ha ayudado a saber más sobre estos casos. Dentro de Justicia y Paz,
la Fiscalía ha investigado 210 casos por el delito de desaparición forzada y otros 147 casos que han sido denunciados en versiones libre de paramilitares aún están por investigar.
“Hay secuestrados de los cuales hace mucho no tenemos noticias, no sabemos si están vivos o muertos. Prácticamente ellos pasan a ser en la práctica desaparecidos”, dice Olga Lucía Gómez.
La dimensión del problema de los desaparecidos en Colombia aún no se conoce a fondo. El gran problema es que todavía no se ha logrado unificar los datos sobre este delito. Organismos como Medicina Legal, Policía Nacional, Ejército o Defensoría del Pueblo manejan cada uno sus cifras, y pocas veces coinciden.
Lo mejor que se ha podido hacer intentar consolidar esos números en el Registro Único Nacional de Desaparecidos, donde varias entidades que manejan el tema comparten información y la cruzan. Fue precisamente gracias a esta coordinación que se puso en evidencia el caso de los falsos positivos de Soacha (ver artículo).
Colombia está aún está en mora de organizar su burocracia para responder con eficiencia ante este atroz crimen. Y si se deja pasar mucho tiempo, podrá ufanarse de que es un país que dejó de secuestrar, pero tendrá que avergonzarse de ser una nación que comenzó a desaparecer.
Publicado en
www.semana.com
Desde hace siete años, el secuestro ha dejado de golpear a Colombia. Mientras en el 2.000 fueron denunciados 3.571 casos de secuestro extorsivo y simple, el año pasado se reportaron 242 casos en todo el país.
Gran parte de esa disminución se debe a la ofensiva sin precedentes del gobierno de Alvaro Uribe contra las Farc, una guerrilla que por años convirtió el atroz delito del secuestro en una de sus principales fuentes de financiación, terror y chantaje político.
A diferencia de otros años, la guerrilla no es la principal responsable de los secuestros que ocurren en el país. Las bandas criminales, atomizadas y autónomas, son hoy las principales responsables (ver artículo ¿Quiénes secuestran en Colombia?).
Sin embargo, pese al logro notable de haber reducido el secuestro en más del 70 por ciento, desde el año pasado hay una tendencia al aumento en los casos denunciados por desaparición. ¿Por qué?
“La ley de Justicia y Paz ha facilitado que las víctimas denuncien a sus desaparecidos. Segundo, muchos secuestrados han aparecido en fosas comunes. Y tercero, hoy las víctimas son mucho más visibles que hace 10 años, a pesar del miedo profundo que todavía las retiene para denunciar”, dijo Olga Gómez, directora de la Fundación País Libre, la cual se creó hace más de diez años para atender a familiares y víctimas del secuestro. “Todo esto hace posible que las denuncias por este delito hayan aumentado”
Según la organización País Libre, de los 217 casos que el año pasado se atendieron, 110 corresponden a secuestro, 95 a desaparición y ocho a extorsión, lo que muestra que la brecha entre el secuestro y la desaparición está disminuyendo. En 2007, País Libre atendió 73 casos de desaparición.
Los sorprendente, es que hace cinco años, el grueso de la atención que prestaba País Libre era para víctimas de secuestro y casi ninguno por desaparición.
Sin embargo el aumento de estas denuncias no implica que los grupos armados ilegales estén desapareciendo más gente. Como señala Gómez muchos casos que ocurrieron en años anteriores han empezado a hacerse visibles.
La Ley de Justicia y Paz, la cual da beneficios a quien cuente la verdad sobre sus crímenes, también ha ayudado a saber más sobre estos casos. Dentro de Justicia y Paz,
la Fiscalía ha investigado 210 casos por el delito de desaparición forzada y otros 147 casos que han sido denunciados en versiones libre de paramilitares aún están por investigar.
“Hay secuestrados de los cuales hace mucho no tenemos noticias, no sabemos si están vivos o muertos. Prácticamente ellos pasan a ser en la práctica desaparecidos”, dice Olga Lucía Gómez.
La dimensión del problema de los desaparecidos en Colombia aún no se conoce a fondo. El gran problema es que todavía no se ha logrado unificar los datos sobre este delito. Organismos como Medicina Legal, Policía Nacional, Ejército o Defensoría del Pueblo manejan cada uno sus cifras, y pocas veces coinciden.
Lo mejor que se ha podido hacer intentar consolidar esos números en el Registro Único Nacional de Desaparecidos, donde varias entidades que manejan el tema comparten información y la cruzan. Fue precisamente gracias a esta coordinación que se puso en evidencia el caso de los falsos positivos de Soacha (ver artículo).
Colombia está aún está en mora de organizar su burocracia para responder con eficiencia ante este atroz crimen. Y si se deja pasar mucho tiempo, podrá ufanarse de que es un país que dejó de secuestrar, pero tendrá que avergonzarse de ser una nación que comenzó a desaparecer.
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sábado, 7 de marzo de 2009
El ‘dossier’ secreto de los falsos positivos
SEMANA revela el informe con el cual se destituyeron 27 oficiales del Ejército por falsos positivos y que había sido mantenido en secreto desde octubre. El problema es más profundo de lo que se cree.
En octubre pasado, cuando el presidente Álvaro Uribe conoció la investigación interna que había hecho el Ministerio de Defensa sobre falsos positivos, se puso pálido y se desplomó en una silla de su despacho. No era para menos. Los detalles sobre cada una de las muertes eran escabrosos y reveladores. "Yo he pedido resultados, no crímenes", dijo en ese momento, y tomó la decisión de destituir a 27 militares, muchos de ellos de alto rango. El informe de 70 páginas que tenía en sus manos documenta en detalle por lo menos 17 casos de posibles homicidios cometidos por batallones y brigadas que prácticamente estaban al garete.
El primer caso, y uno de los que los investigadores describen con más detalles, es el del señor Aycardo Antonio Ortiz, un campesino de 67 años que vivía en una humilde vivienda de madera en una vereda de Yondó, Antioquia, y a quien el 8 de julio pasado las tropas del Batallón Calibío, de la Brigada XIV, habían reportado como guerrillero muerto en combate. Según el Ejército, el hombre portaba un revólver calibre 38, una granada de mano, un radio, dos metros de mecha lenta y un pantalón camuflado. Elementos que aparecen en casi todos los casos de falsos positivos de forma recurrente y que de manera cínica algunos llaman "kit de legalizaciones".
La versión dada por el entonces comandante del Batallón, teniente coronel Wilson Ramírez Cedeño, es que un desmovilizado les había dado la información de que Aycardo pertenecía a las Farc, en donde usaba el alias de 'Murciélago', y que cuando intentaron rodear su casa fueron atacados desde adentro con disparos, por lo que los soldados respondieron. Instalaron una ametralladora e iniciaron un combate en el que murió el presunto guerrillero. Ramírez dijo además que en la zona habían encontrado un campamento y una zona minada.
La comisión, al revisar documentos y evidencias técnicas recogidas en el terreno, pudo comprobar que la víctima era un conocido campesino de la zona, que nunca existió el desmovilizado mencionado por los militares, que la orden de operaciones se firmó el mismo día en el que ocurrió el homicidio -posiblemente después de su ocurrencia- y que jamás hubo informes de inteligencia que hablaran sobre alias 'Murciélago'. Como si fuera poco, que nunca hubo disparos de ametralladora contra la casa, ni campos minados, ni campamentos.
El caso de Aycardo Ortiz mostró hasta qué punto de degradación pudieron haber llegado porque el hijo de la víctima era un soldado campesino que había hecho parte del batallón que mató a su padre y, paradójicamente, tenía información de varias "legalizaciones" de personas asesinadas y presentadas como bajas en combate. El soldado le contó a un organismo internacional de derechos humanos cómo funcionaba el sistema de los falsos positivos en esa unidad y se convirtió en uno de los testigos clave de la Fiscalía dentro de la investigación.
Además del caso de Aycardo Ortiz, hay otros cinco casos, en la misma zona, atribuidos al mismo batallón. Un desmovilizado que vive en Yondó y que actúa como informante del Ejército también les contó a los investigadores cómo el capitán Javier Alarcón, quien era jefe de inteligencia de este batallón, consiguió un revólver 38 largo, de cacha ortopédica, para legalizar las muertes de dos jóvenes que aparecieron muertos cerca de una laguna.
Otro escandaloso episodio involucra al Batallón Bomboná, que actúa en el Magdalena Medio antioqueño. Se trata del testimonio escalofriante de un joven informante de ese batallón en Puerto Berrío, quien asegura que en enero de 2008 el soldado Amílkar Hernández le pidió que consiguiera un amigo y se fueran para una misión en el municipio de Vegachí. El joven fue hasta la casa de su amigo Johny Alexander Barbosa, a quien todos le decían la 'Tortuga' porque era lento y un tanto perezoso. Éste dudó mucho en salir de su casa, pero al final aceptó la invitación y se fueron todos en sendas motos. Amílkar y el joven informante durmieron esa noche en el batallón, pero la 'Tortuga' nunca llegó. Al día siguiente apareció muerto y fue presentado como un guerrillero muerto en combate. Según el joven informante, que ahora también es testigo de la justicia, el soldado Amílkar traía indigentes desde Medellín para asesinarlos y hacerlos pasar como bajas en combate.
La comisión investigadora verificó 46 operaciones sospechosas de este batallón ocurridas en los últimos dos años. En todas ellas había irregularidades como la ausencia de inteligencia que permitiera saber el objetivo de la operación, ni claridad sobre quién ordenó la tarea. Pero lo más revelador es que hay un patrón de comportamiento. En seis episodios idénticos se reporta un N. N. muerto en combate al que se le incautó un revólver o pistola, mientras los soldados que le dieron de baja dicen haber gastado 650 balas de fusil, ocho granadas de mano y cuatro granadas de mortero. Los investigadores cuestionan la existencia de estos combates y creen que hay indicios de que se usaron como pretexto para legalizar la munición que algunos soldados se roban y revenden en el mercado negro, tanto a la guerrilla como a las bandas criminales.
No sólo los encargados de estos batallones fueron destituidos. También el coronel Barrera, comandante de la XIV Brigada, pues la falta de control sobre las unidades militares de esta brigada era tal, que aunque estos eran casos reiterados, nunca se hizo una revisión de lo que ocurría. Cuando los soldados mataron a Aycardo Ortiz, la vereda entera se amotinó contra el Ejército en un hecho que fue conocido en toda la región. Pero Barrera no investigó el episodio.
El desgreño también le costó la salida al general Roberto Pico Hernández, jefe de la VII División, quien era el superior inmediato del coronel Barrera. Porque en la guerra los errores administrativos o de falta de supervisión se convierten en un grave riesgo para vidas humanas.
Algo similar le ocurrió al general José Joaquín Cortés, que comandaba la Segunda División, donde actuaban la Brigada 30, bajo el mando del general Paulino Coronado, y la brigada móvil 15, a cargo del coronel Rubén Darío Castro, que actúan en la provincia de Ocaña. Justo donde aparecieron como dados de baja en combate los 11 muchachos que habían desaparecido en Soacha. Lo más grave es que la División no inspeccionó a las brigadas en los últimos dos años ni una sola vez, a pesar de que había insistentes denuncias sobre homicidios fuera de combate en todas ellas.
La comisión examinó los documentos que soportaban las operaciones en las que murieron los 11 muchachos. A pesar de que casi todos ellos fueron reportados como miembros de bandas criminales, los investigadores se sorprendieron al encontrar que las secciones de inteligencia de estas brigadas no tenían información sobre estas bandas, ni sus organigramas. Apenas datos genéricos. Los oficiales no pudieron responder por el nombre ni el alias de ningún miembro de estas agrupaciones, ni su ubicación, ni modos de actuar. Resulta inexplicable que se planearan operaciones sin tener un objetivo claro. Los soldados salían sin saber a dónde iban, con quién iban a combatir, cuándo sería la operación ni para qué, y sin embargo, regresaban con N. N. muertos que engrosaban resultados operacionales que luego eran elogiados por sus superiores.
De hecho, la Fiscalía tiene dos militares como testigos protegidos que han contado con detalle cómo funcionaban las cosas en Ocaña. Uno de ellos explica que existía un grupo de soldados privilegiados que mantenían dinero en sus bolsillos, nunca eran enviados a patrullar a las zonas más selváticas y eran los hombres de confianza de algunos oficiales de la Brigada móvil XV. Según estos testigos, ese grupito era el encargado de planear los falsos positivos, que se volvieron algo común y corriente en esa guarnición. Después de la destitución de los militares, en Ocaña hubo toda clase de intentos por encubrir las irregularidades. En el Batallón Santander, adscrito a la Brigada 30, la Contraloría encontró que se alteraron los libros donde se registran los gastos reservados, usados para pagar informantes y recompensas. La próxima semana se conocerá un informe completo donde se documentan nueve hallazgos concretos sobre irregularidades de este tipo y que complicarán aun más la situación de los oficiales destituidos. Tan grave sería la situación de la Brigada Móvil 15 de esta unidad, que el alto mando militar decidió acabar con ella, enviar los soldados a otras regiones y constituir una nueva brigada móvil, la número 23, que se encargue de recuperar la confianza de la población en las Fuerzas Armadas en esa golpeada zona.
Hay que aclarar que la comisión del Ministerio de Defensa no hizo una investigación criminal. Este fue un grupo transitorio, liderado por el general Carlos Arturo Suárez, para saber qué había ocurrido realmente. Lo que encontraron es que el desgreño y la negligencia de muchos comandantes les facilitó la tarea a los criminales. Y aunque muchos oficiales en retiro y activos han intentado convencer al presidente Álvaro Uribe de que se apresuró al destituir a los 27 militares, y le han hecho dudar de si tal vez cometió una injusticia con muchos de los llamados héroes de la patria, el informe muestra problemas más profundos que la simple omisión de un puñado de oficiales.
A los crímenes de lesa humanidad que eventualmente se hayan podido cometer, se les agrega la evidente corrupción en muchos niveles. Por ejemplo, en el informe queda claro que hay una vena rota en la pérdida de munición. Es obvio que por esta vía se está alimentando un mercado negro del que se benefician, irónicamente, los grupos armados que el Ejército combate.
Por otro lado, el informe muestra que el afán de resultados ha hecho que los altos oficiales no se interesen en averiguar cómo se obtienen las bajas. Había muy poco control y siempre se desestimaron las denuncias sobre ejecuciones, con el argumento de que era una guerra "jurídica" de la guerrilla contra las Fuerzas Armadas. Un buen ejemplo de esta negligencia es el trato que recibió el sargento Alexánder Rodríguez, quien hace un año denunció ante la justicia los homicidios que estaba cometiendo la Brigada Móvil XV, de la que él hizo parte. Tres días después de radicar su denuncia, el entonces comandante del Ejército, general Mario Montoya, lo retiró de la institución, mientras al comandante de dicha Brigada, coronel Santiago Herrera, lo nombró su ayudante personal. En menos de un año Montoya mismo tuvo que destituir a su hombre de confianza por el caso de los jóvenes de Soacha. Quizá si en su momento hubiese escuchado al sargento Rodríguez, se habrían ahorrado muchas muertes.
Lo grave es que aunque el informe se centra en los casos antes descritos, el problema se presenta en muchas más brigadas. La semana pasada fueron destituídos 10 oficiales del Batallón La Popa de Valledupar, donde una nueva misión del general Suárez mostró un panorama similar. Y la decisión del ministro Juan Manuel Santos y del general Freddy Padilla de León es llegar al fondo del problema y acabar con esta práctica infame. Ya se están aplicando correctivos. En 2008 hubo 40 denuncias por falsos positivos. Una cifra mucho más baja que las de años anteriores, pero demasiado alta para un país que se precia de ser una democracia y un Estado de Derecho.
Muchos militares ven con malos ojos esta tendencia de destituir a los militares antes de que la Fiscalía compruebe su responsabilidad penal, y más aun hacerlo en público. En diciembre pasado, los oficiales en retiro le advirtieron al Presidente que el Ejército estaba desmoralizado y que incluso sus miembros no estaban combatiendo por temor a terminar en la cárcel. Eso no es tan cierto. Según fuentes del Ejército, efectivamente han bajado las operaciones y las bajas, pero esto se debe justamente a que las Farc están debilitadas y a los cambios de comandancia en casi todas las unidades.
Pero, además de los problemas administrativos y de la falta de control, hay otros asuntos que merecen un revisión por parte de las Fuerzas Armadas. Muchos militares destituidos eran considerados los mejores del Ejército. Y eso plantea preguntas morales. Muchos de estos hombres han ido borrando las fronteras entre el bien y el mal. Algo que suele ocurrir en conflictos irregulares y prolongados, donde el riesgo de degradarse como ser humano es constante.
Además, existe un gran interrogante sobre la consolidación de la seguridad democrática. Es llamativo que casi todos los casos de falsos positivos se hayan presentado en zonas donde prácticamente no hay guerrilla. Hace seis años el país tenía grupos armados por todas partes. Hoy una gran porción de territorio está libre de ellos. Los propios militares dicen que 19 frentes de las Farc desaparecieron y que se acerca el "fin del fin". Tampoco hay claridad sobre la magnitud que tienen las bandas criminales. Pero a los batallones que están en zonas prácticamente liberadas les siguen midiendo el éxito por sus combates. Quizá por eso muchos han tenido la macabra idea de crear estos falsos positivos. Vale la pena preguntarse, como lo hizo recientemente el académico José Fernando Isaza en su columna de El Espectador, si ha llegado la hora, en muchos territorios, de fortalecer más a la Policía que al Ejército.
Del informe también se desprenden dos dilemas que las Fuerzas Armadas deben resolver en lo inmediato. Cómo combinar una estrategia de conflicto con las del posconflicto que viven zonas ya medianamente liberadas de guerrilla y grupos paramilitares. Y cómo construir una ética de los derechos humanos sin que se inmovilice la iniciativa de la guerra.
En todo caso, el documento deja claro que el gobierno al destituir a los militares tomó una decisión acorde con la gravedad de los hechos. Hasta ahora, en las filas militares se había pensado que las faltas administrativas eran apenas errores de forma, pero las evidencias demuestran que se pueden llegar a convertir en el talón de Aquiles para ganar la guerra porque atentan contra el alma de la legitimidad del Estado. Ello, independientemente de lo que determine la Fiscalía, que en los próximos días decidirá cuáles de todos estos oficiales actuaron como criminales.
Publicado
en www.semana.com
En octubre pasado, cuando el presidente Álvaro Uribe conoció la investigación interna que había hecho el Ministerio de Defensa sobre falsos positivos, se puso pálido y se desplomó en una silla de su despacho. No era para menos. Los detalles sobre cada una de las muertes eran escabrosos y reveladores. "Yo he pedido resultados, no crímenes", dijo en ese momento, y tomó la decisión de destituir a 27 militares, muchos de ellos de alto rango. El informe de 70 páginas que tenía en sus manos documenta en detalle por lo menos 17 casos de posibles homicidios cometidos por batallones y brigadas que prácticamente estaban al garete.
El primer caso, y uno de los que los investigadores describen con más detalles, es el del señor Aycardo Antonio Ortiz, un campesino de 67 años que vivía en una humilde vivienda de madera en una vereda de Yondó, Antioquia, y a quien el 8 de julio pasado las tropas del Batallón Calibío, de la Brigada XIV, habían reportado como guerrillero muerto en combate. Según el Ejército, el hombre portaba un revólver calibre 38, una granada de mano, un radio, dos metros de mecha lenta y un pantalón camuflado. Elementos que aparecen en casi todos los casos de falsos positivos de forma recurrente y que de manera cínica algunos llaman "kit de legalizaciones".
La versión dada por el entonces comandante del Batallón, teniente coronel Wilson Ramírez Cedeño, es que un desmovilizado les había dado la información de que Aycardo pertenecía a las Farc, en donde usaba el alias de 'Murciélago', y que cuando intentaron rodear su casa fueron atacados desde adentro con disparos, por lo que los soldados respondieron. Instalaron una ametralladora e iniciaron un combate en el que murió el presunto guerrillero. Ramírez dijo además que en la zona habían encontrado un campamento y una zona minada.
La comisión, al revisar documentos y evidencias técnicas recogidas en el terreno, pudo comprobar que la víctima era un conocido campesino de la zona, que nunca existió el desmovilizado mencionado por los militares, que la orden de operaciones se firmó el mismo día en el que ocurrió el homicidio -posiblemente después de su ocurrencia- y que jamás hubo informes de inteligencia que hablaran sobre alias 'Murciélago'. Como si fuera poco, que nunca hubo disparos de ametralladora contra la casa, ni campos minados, ni campamentos.
El caso de Aycardo Ortiz mostró hasta qué punto de degradación pudieron haber llegado porque el hijo de la víctima era un soldado campesino que había hecho parte del batallón que mató a su padre y, paradójicamente, tenía información de varias "legalizaciones" de personas asesinadas y presentadas como bajas en combate. El soldado le contó a un organismo internacional de derechos humanos cómo funcionaba el sistema de los falsos positivos en esa unidad y se convirtió en uno de los testigos clave de la Fiscalía dentro de la investigación.
Además del caso de Aycardo Ortiz, hay otros cinco casos, en la misma zona, atribuidos al mismo batallón. Un desmovilizado que vive en Yondó y que actúa como informante del Ejército también les contó a los investigadores cómo el capitán Javier Alarcón, quien era jefe de inteligencia de este batallón, consiguió un revólver 38 largo, de cacha ortopédica, para legalizar las muertes de dos jóvenes que aparecieron muertos cerca de una laguna.
Otro escandaloso episodio involucra al Batallón Bomboná, que actúa en el Magdalena Medio antioqueño. Se trata del testimonio escalofriante de un joven informante de ese batallón en Puerto Berrío, quien asegura que en enero de 2008 el soldado Amílkar Hernández le pidió que consiguiera un amigo y se fueran para una misión en el municipio de Vegachí. El joven fue hasta la casa de su amigo Johny Alexander Barbosa, a quien todos le decían la 'Tortuga' porque era lento y un tanto perezoso. Éste dudó mucho en salir de su casa, pero al final aceptó la invitación y se fueron todos en sendas motos. Amílkar y el joven informante durmieron esa noche en el batallón, pero la 'Tortuga' nunca llegó. Al día siguiente apareció muerto y fue presentado como un guerrillero muerto en combate. Según el joven informante, que ahora también es testigo de la justicia, el soldado Amílkar traía indigentes desde Medellín para asesinarlos y hacerlos pasar como bajas en combate.
La comisión investigadora verificó 46 operaciones sospechosas de este batallón ocurridas en los últimos dos años. En todas ellas había irregularidades como la ausencia de inteligencia que permitiera saber el objetivo de la operación, ni claridad sobre quién ordenó la tarea. Pero lo más revelador es que hay un patrón de comportamiento. En seis episodios idénticos se reporta un N. N. muerto en combate al que se le incautó un revólver o pistola, mientras los soldados que le dieron de baja dicen haber gastado 650 balas de fusil, ocho granadas de mano y cuatro granadas de mortero. Los investigadores cuestionan la existencia de estos combates y creen que hay indicios de que se usaron como pretexto para legalizar la munición que algunos soldados se roban y revenden en el mercado negro, tanto a la guerrilla como a las bandas criminales.
No sólo los encargados de estos batallones fueron destituidos. También el coronel Barrera, comandante de la XIV Brigada, pues la falta de control sobre las unidades militares de esta brigada era tal, que aunque estos eran casos reiterados, nunca se hizo una revisión de lo que ocurría. Cuando los soldados mataron a Aycardo Ortiz, la vereda entera se amotinó contra el Ejército en un hecho que fue conocido en toda la región. Pero Barrera no investigó el episodio.
El desgreño también le costó la salida al general Roberto Pico Hernández, jefe de la VII División, quien era el superior inmediato del coronel Barrera. Porque en la guerra los errores administrativos o de falta de supervisión se convierten en un grave riesgo para vidas humanas.
Algo similar le ocurrió al general José Joaquín Cortés, que comandaba la Segunda División, donde actuaban la Brigada 30, bajo el mando del general Paulino Coronado, y la brigada móvil 15, a cargo del coronel Rubén Darío Castro, que actúan en la provincia de Ocaña. Justo donde aparecieron como dados de baja en combate los 11 muchachos que habían desaparecido en Soacha. Lo más grave es que la División no inspeccionó a las brigadas en los últimos dos años ni una sola vez, a pesar de que había insistentes denuncias sobre homicidios fuera de combate en todas ellas.
La comisión examinó los documentos que soportaban las operaciones en las que murieron los 11 muchachos. A pesar de que casi todos ellos fueron reportados como miembros de bandas criminales, los investigadores se sorprendieron al encontrar que las secciones de inteligencia de estas brigadas no tenían información sobre estas bandas, ni sus organigramas. Apenas datos genéricos. Los oficiales no pudieron responder por el nombre ni el alias de ningún miembro de estas agrupaciones, ni su ubicación, ni modos de actuar. Resulta inexplicable que se planearan operaciones sin tener un objetivo claro. Los soldados salían sin saber a dónde iban, con quién iban a combatir, cuándo sería la operación ni para qué, y sin embargo, regresaban con N. N. muertos que engrosaban resultados operacionales que luego eran elogiados por sus superiores.
De hecho, la Fiscalía tiene dos militares como testigos protegidos que han contado con detalle cómo funcionaban las cosas en Ocaña. Uno de ellos explica que existía un grupo de soldados privilegiados que mantenían dinero en sus bolsillos, nunca eran enviados a patrullar a las zonas más selváticas y eran los hombres de confianza de algunos oficiales de la Brigada móvil XV. Según estos testigos, ese grupito era el encargado de planear los falsos positivos, que se volvieron algo común y corriente en esa guarnición. Después de la destitución de los militares, en Ocaña hubo toda clase de intentos por encubrir las irregularidades. En el Batallón Santander, adscrito a la Brigada 30, la Contraloría encontró que se alteraron los libros donde se registran los gastos reservados, usados para pagar informantes y recompensas. La próxima semana se conocerá un informe completo donde se documentan nueve hallazgos concretos sobre irregularidades de este tipo y que complicarán aun más la situación de los oficiales destituidos. Tan grave sería la situación de la Brigada Móvil 15 de esta unidad, que el alto mando militar decidió acabar con ella, enviar los soldados a otras regiones y constituir una nueva brigada móvil, la número 23, que se encargue de recuperar la confianza de la población en las Fuerzas Armadas en esa golpeada zona.
Hay que aclarar que la comisión del Ministerio de Defensa no hizo una investigación criminal. Este fue un grupo transitorio, liderado por el general Carlos Arturo Suárez, para saber qué había ocurrido realmente. Lo que encontraron es que el desgreño y la negligencia de muchos comandantes les facilitó la tarea a los criminales. Y aunque muchos oficiales en retiro y activos han intentado convencer al presidente Álvaro Uribe de que se apresuró al destituir a los 27 militares, y le han hecho dudar de si tal vez cometió una injusticia con muchos de los llamados héroes de la patria, el informe muestra problemas más profundos que la simple omisión de un puñado de oficiales.
A los crímenes de lesa humanidad que eventualmente se hayan podido cometer, se les agrega la evidente corrupción en muchos niveles. Por ejemplo, en el informe queda claro que hay una vena rota en la pérdida de munición. Es obvio que por esta vía se está alimentando un mercado negro del que se benefician, irónicamente, los grupos armados que el Ejército combate.
Por otro lado, el informe muestra que el afán de resultados ha hecho que los altos oficiales no se interesen en averiguar cómo se obtienen las bajas. Había muy poco control y siempre se desestimaron las denuncias sobre ejecuciones, con el argumento de que era una guerra "jurídica" de la guerrilla contra las Fuerzas Armadas. Un buen ejemplo de esta negligencia es el trato que recibió el sargento Alexánder Rodríguez, quien hace un año denunció ante la justicia los homicidios que estaba cometiendo la Brigada Móvil XV, de la que él hizo parte. Tres días después de radicar su denuncia, el entonces comandante del Ejército, general Mario Montoya, lo retiró de la institución, mientras al comandante de dicha Brigada, coronel Santiago Herrera, lo nombró su ayudante personal. En menos de un año Montoya mismo tuvo que destituir a su hombre de confianza por el caso de los jóvenes de Soacha. Quizá si en su momento hubiese escuchado al sargento Rodríguez, se habrían ahorrado muchas muertes.
Lo grave es que aunque el informe se centra en los casos antes descritos, el problema se presenta en muchas más brigadas. La semana pasada fueron destituídos 10 oficiales del Batallón La Popa de Valledupar, donde una nueva misión del general Suárez mostró un panorama similar. Y la decisión del ministro Juan Manuel Santos y del general Freddy Padilla de León es llegar al fondo del problema y acabar con esta práctica infame. Ya se están aplicando correctivos. En 2008 hubo 40 denuncias por falsos positivos. Una cifra mucho más baja que las de años anteriores, pero demasiado alta para un país que se precia de ser una democracia y un Estado de Derecho.
Muchos militares ven con malos ojos esta tendencia de destituir a los militares antes de que la Fiscalía compruebe su responsabilidad penal, y más aun hacerlo en público. En diciembre pasado, los oficiales en retiro le advirtieron al Presidente que el Ejército estaba desmoralizado y que incluso sus miembros no estaban combatiendo por temor a terminar en la cárcel. Eso no es tan cierto. Según fuentes del Ejército, efectivamente han bajado las operaciones y las bajas, pero esto se debe justamente a que las Farc están debilitadas y a los cambios de comandancia en casi todas las unidades.
Pero, además de los problemas administrativos y de la falta de control, hay otros asuntos que merecen un revisión por parte de las Fuerzas Armadas. Muchos militares destituidos eran considerados los mejores del Ejército. Y eso plantea preguntas morales. Muchos de estos hombres han ido borrando las fronteras entre el bien y el mal. Algo que suele ocurrir en conflictos irregulares y prolongados, donde el riesgo de degradarse como ser humano es constante.
Además, existe un gran interrogante sobre la consolidación de la seguridad democrática. Es llamativo que casi todos los casos de falsos positivos se hayan presentado en zonas donde prácticamente no hay guerrilla. Hace seis años el país tenía grupos armados por todas partes. Hoy una gran porción de territorio está libre de ellos. Los propios militares dicen que 19 frentes de las Farc desaparecieron y que se acerca el "fin del fin". Tampoco hay claridad sobre la magnitud que tienen las bandas criminales. Pero a los batallones que están en zonas prácticamente liberadas les siguen midiendo el éxito por sus combates. Quizá por eso muchos han tenido la macabra idea de crear estos falsos positivos. Vale la pena preguntarse, como lo hizo recientemente el académico José Fernando Isaza en su columna de El Espectador, si ha llegado la hora, en muchos territorios, de fortalecer más a la Policía que al Ejército.
Del informe también se desprenden dos dilemas que las Fuerzas Armadas deben resolver en lo inmediato. Cómo combinar una estrategia de conflicto con las del posconflicto que viven zonas ya medianamente liberadas de guerrilla y grupos paramilitares. Y cómo construir una ética de los derechos humanos sin que se inmovilice la iniciativa de la guerra.
En todo caso, el documento deja claro que el gobierno al destituir a los militares tomó una decisión acorde con la gravedad de los hechos. Hasta ahora, en las filas militares se había pensado que las faltas administrativas eran apenas errores de forma, pero las evidencias demuestran que se pueden llegar a convertir en el talón de Aquiles para ganar la guerra porque atentan contra el alma de la legitimidad del Estado. Ello, independientemente de lo que determine la Fiscalía, que en los próximos días decidirá cuáles de todos estos oficiales actuaron como criminales.
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lunes, 23 de febrero de 2009
Salen 10 oficiales y un suboficial que pasaron por el Batallón La Popa por falsos positivos
Denuncias por 'falsos positivos' sobre militares del Batallón La Popa han sido frecuentes y son numerosos los expedientes. Entre el 2007 y el 2008 la Fiscalía de Valledupar abrió 25 investigaciones.
EL TIEMPO confirmó que, después de tres investigaciones internas, se encontraron problemas de mando y control similares a los que provocaron el retiro de 27 militares el año pasado. La última averiguación en el Cesar estuvo en manos de varios generales. "Hay situaciones de mando de las tropas que no satisfacen ni a la cúpula militar ni al ministro Juan Manuel Santos", indicó una fuente.
El comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla De León, señaló que contra los uniformados que fueron retirados no hay ningún proceso penal y que las inclusiones de las investigaciones internas serán entregadas a la Fiscalía."Queremos proceder con determinación, justicia, prudencia y oportunamente", señaló. No todos los afectados seguían en La Popa, pero estaban activos.
La parte penal correrá por cuenta de la Fiscalía, que ha capturado en el último año a varios oficiales, suboficiales y soldados de La Popa.Militares de esa unidad, que en su momento fue una de las que reportaban mejores resultados, aparecen en decenas de expedientes sobre muertes fuera de combate.
Entre el 2007 y el 2008 la seccional de la Fiscalía en Valledupar abrió 25 investigaciones por falsos positivos. Por estos hechos ha solicitado ante jueces de control de garantías 30 capturas y se han hecho efectivas 16. Un listado preliminar habla de hasta 150 víctimas.Entre las últimas capturas, este mes, está la de un sargento y dos militares más, señalados por el asesinato de tres campesinos que, como los muchachos de Soacha, se fueron de sus casas por una oferta de trabajo y terminaron muertos un día después de que llegaron a la zona. En este caso, el parte militar los presentó como guerrilleros del Eln.
En septiembre, la Procuraduría acusó otros 10 militares de La Popa, entre ellos un teniente, por el homicidio del indígena kankuamo Víctor Hugo Maestre, quien fue presentado como guerrillero. Y en abril del año pasado, 15 militares de la unidad fueron detenidos por el asesinato, en el 2005, de dos campesinos que un boletín de prensa del batallón presentó como "guerrilleros del frente 41 de las Farc".
De todos los militares de La Popa con líos, el más conocido es el coronel Hernán Mejía, comandante del batallón que está preso por supuestas alianzas con los 'paras' de 'Jorge 40'. Uno de los cargos en su contra es otro 'falso positivo': la muerte de 18 supuestos guerrilleros del Eln que, según la Fiscalía, eran 'paras' asesinados por sus propios compañeros. La salida de 27 militares el año pasado, entre los cuales había dos generales, se produjo tras el escándalo por el caso de varios jóvenes reportados como desaparecidos en el centro del país y que luego aparecieron como ilegales muertos en combate en los santanderes.
Acabaron brigada involucrada en falsos positivos
El Comando del Ejército decidió acabar de un tajo con la polémica Brigada Móvil 15, que actuaba en Norte de Santander y que se vio envuelta en el escándalo por jóvenes que desaparecían en Soacha (Cundinamarca) y aparecían muertos en Ocaña. El caso generó la salida de 27 oficiales y suboficiales, entre ellos tres generales.
Al Catatumbo llega una nueva Brigada Móvil, la 23.
"Todos los hombres fueron cambiados y quienes entran a la zona desde mañana (hoy) son uniformados especializados en Derechos Humanos, contraguerrilla y pertenecen a la Escuela de Soldados Profesionales (Espro)", dijo una fuente del Ejército. La Procuraduría anunció la semana pasada la creación de grupos especiales para resolver pronto las investigaciones por falsos positivos.
BUCARAMANGA
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EL tiempo
EL TIEMPO confirmó que, después de tres investigaciones internas, se encontraron problemas de mando y control similares a los que provocaron el retiro de 27 militares el año pasado. La última averiguación en el Cesar estuvo en manos de varios generales. "Hay situaciones de mando de las tropas que no satisfacen ni a la cúpula militar ni al ministro Juan Manuel Santos", indicó una fuente.
El comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla De León, señaló que contra los uniformados que fueron retirados no hay ningún proceso penal y que las inclusiones de las investigaciones internas serán entregadas a la Fiscalía."Queremos proceder con determinación, justicia, prudencia y oportunamente", señaló. No todos los afectados seguían en La Popa, pero estaban activos.
La parte penal correrá por cuenta de la Fiscalía, que ha capturado en el último año a varios oficiales, suboficiales y soldados de La Popa.Militares de esa unidad, que en su momento fue una de las que reportaban mejores resultados, aparecen en decenas de expedientes sobre muertes fuera de combate.
Entre el 2007 y el 2008 la seccional de la Fiscalía en Valledupar abrió 25 investigaciones por falsos positivos. Por estos hechos ha solicitado ante jueces de control de garantías 30 capturas y se han hecho efectivas 16. Un listado preliminar habla de hasta 150 víctimas.Entre las últimas capturas, este mes, está la de un sargento y dos militares más, señalados por el asesinato de tres campesinos que, como los muchachos de Soacha, se fueron de sus casas por una oferta de trabajo y terminaron muertos un día después de que llegaron a la zona. En este caso, el parte militar los presentó como guerrilleros del Eln.
En septiembre, la Procuraduría acusó otros 10 militares de La Popa, entre ellos un teniente, por el homicidio del indígena kankuamo Víctor Hugo Maestre, quien fue presentado como guerrillero. Y en abril del año pasado, 15 militares de la unidad fueron detenidos por el asesinato, en el 2005, de dos campesinos que un boletín de prensa del batallón presentó como "guerrilleros del frente 41 de las Farc".
De todos los militares de La Popa con líos, el más conocido es el coronel Hernán Mejía, comandante del batallón que está preso por supuestas alianzas con los 'paras' de 'Jorge 40'. Uno de los cargos en su contra es otro 'falso positivo': la muerte de 18 supuestos guerrilleros del Eln que, según la Fiscalía, eran 'paras' asesinados por sus propios compañeros. La salida de 27 militares el año pasado, entre los cuales había dos generales, se produjo tras el escándalo por el caso de varios jóvenes reportados como desaparecidos en el centro del país y que luego aparecieron como ilegales muertos en combate en los santanderes.
Acabaron brigada involucrada en falsos positivos
El Comando del Ejército decidió acabar de un tajo con la polémica Brigada Móvil 15, que actuaba en Norte de Santander y que se vio envuelta en el escándalo por jóvenes que desaparecían en Soacha (Cundinamarca) y aparecían muertos en Ocaña. El caso generó la salida de 27 oficiales y suboficiales, entre ellos tres generales.
Al Catatumbo llega una nueva Brigada Móvil, la 23.
"Todos los hombres fueron cambiados y quienes entran a la zona desde mañana (hoy) son uniformados especializados en Derechos Humanos, contraguerrilla y pertenecen a la Escuela de Soldados Profesionales (Espro)", dijo una fuente del Ejército. La Procuraduría anunció la semana pasada la creación de grupos especiales para resolver pronto las investigaciones por falsos positivos.
BUCARAMANGA
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sábado, 10 de enero de 2009
Procuraduría destituye a dos oficiales del Ejército por escándalo de falsos positivos en el 2006
Los mayores Javier Efrén Hermida Benavides y el mayor Luis Gerardo Barrero Calderón, según el ente, participaron en el montaje de actos terroristas para cobrar recompensas.
El escándalo de los falsos atentados que a mediados del 2006 sacudieron a Bogotá terminó por costarles la carrera a estos hombres de inteligencia militar que eran contactos de la famosa 'Jéssica' de las Farc.La Procuraduría los destituyó y los inhabilitó por 20 años para ocupar cargos públicos.
La investigación disciplinaria -que es independiente de la penal, que aún no se ha definido- los responsabilizó de "participar en en el montaje de, al menos, tres actos terroristas ocurridos entre julio y agosto del 2006 para cobrar recompensas y obtener reconocimientos".Uno de esos artefactos, un carro bomba que explotó en el barrio Gaitán, noroccidente de Bogotá, causó la muerte de una persona y heridas a varios militares que cruzaban por el sitio.
Los cargos también incluyen otro vehículo con explosivos, que no se activó, en un centro comercial del suroriente de Bogotá, y la ubicación de petardos en la Escuela de Artillería. El propósito, según el fallo, era "sembrar el pánico" y demostrar su "buen desempeño como oficiales de inteligencia".
Los mayores Hermida Benavides y Barrero Calderón hacían parte de la Central de Inteligencia Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares. La Procuraduría considera que incurrieron en faltas que también son delitos: concierto para delinquir, terrorismo, homicidio, lesiones personales y daño en bien ajeno. En la decisión, se retiran los cargos contra el ex director de la Central de Inteligencia, coronel Ignacio Arbeláez Sarmiento.
La comisión investigadora encontró que los oficiales se contradijeron en sus versiones ante las autoridades. En su contra hay conversaciones telefónicas entre ellos y Lidia Álape Manrique, alias 'Jéssica', una desmovilizada de las Farc que actuaba como informante del Ejército y que al parecer seguía trabajando con la guerrilla. También se documentaron reuniones con la misma mujer en varios sitios de Bogotá días antes de ser encontrado el primer carro bomba en el centro comercial y después de la explosión del vehículo en el barrio Gaitán.
Además, ambos intervinieron para autorizar el pago de siete millones 500 mil pesos como recompensa por información a 'Jéssica' y Néstor Germán Pérez, los supuestos informantes que permitieron la ubicación de explosivos.Inicialmente, la actuación de los dos oficiales fue defendida por sus superiores.
El escándalo de los falsos atentados que a mediados del 2006 sacudieron a Bogotá terminó por costarles la carrera a estos hombres de inteligencia militar que eran contactos de la famosa 'Jéssica' de las Farc.La Procuraduría los destituyó y los inhabilitó por 20 años para ocupar cargos públicos.
La investigación disciplinaria -que es independiente de la penal, que aún no se ha definido- los responsabilizó de "participar en en el montaje de, al menos, tres actos terroristas ocurridos entre julio y agosto del 2006 para cobrar recompensas y obtener reconocimientos".Uno de esos artefactos, un carro bomba que explotó en el barrio Gaitán, noroccidente de Bogotá, causó la muerte de una persona y heridas a varios militares que cruzaban por el sitio.
Los cargos también incluyen otro vehículo con explosivos, que no se activó, en un centro comercial del suroriente de Bogotá, y la ubicación de petardos en la Escuela de Artillería. El propósito, según el fallo, era "sembrar el pánico" y demostrar su "buen desempeño como oficiales de inteligencia".
Los mayores Hermida Benavides y Barrero Calderón hacían parte de la Central de Inteligencia Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares. La Procuraduría considera que incurrieron en faltas que también son delitos: concierto para delinquir, terrorismo, homicidio, lesiones personales y daño en bien ajeno. En la decisión, se retiran los cargos contra el ex director de la Central de Inteligencia, coronel Ignacio Arbeláez Sarmiento.
La comisión investigadora encontró que los oficiales se contradijeron en sus versiones ante las autoridades. En su contra hay conversaciones telefónicas entre ellos y Lidia Álape Manrique, alias 'Jéssica', una desmovilizada de las Farc que actuaba como informante del Ejército y que al parecer seguía trabajando con la guerrilla. También se documentaron reuniones con la misma mujer en varios sitios de Bogotá días antes de ser encontrado el primer carro bomba en el centro comercial y después de la explosión del vehículo en el barrio Gaitán.
Además, ambos intervinieron para autorizar el pago de siete millones 500 mil pesos como recompensa por información a 'Jéssica' y Néstor Germán Pérez, los supuestos informantes que permitieron la ubicación de explosivos.Inicialmente, la actuación de los dos oficiales fue defendida por sus superiores.
sábado, 15 de noviembre de 2008
El narco-militarismo
El narco-militarismo
El principal desafío que tiene la continuidad de la política de seguridad democrática es enfrentar la descomposición de sectores de las fuerzas militares y de policía.
Rafael Guarín
Hace 14 meses, en esta columna, denunciamos que “sectores de las fuerzas militares y de policía en Colombia no sólo son infiltrados por la delincuencia, sino que son la delincuencia misma”. Estábamos en lo cierto. El propio presidente Álvaro Uribe, al relevar de su cargo por negligencia a 27 oficiales y suboficiales aceptó que existe una confabulación orientada a aparentar que se combate a las bandas armadas del narcotráfico cuando en realidad se garantiza su operación.
Se trata de un espantoso triángulo criminal que conforman miembros de la fuerza pública, las Farc y grupos ilegales como los del “Loco Barrera”, “Cuchillo”, “Don Mario”, las Águilas Negras o la Organización Nueva Generación. Antiguos paramilitares son socios de cuadrillas guerrilleras dedicadas por completo al narcotráfico. Hay una distribución del trabajo: unos prestan seguridad a los cultivos de coca y a los laboratorios, mientras otros se encargan de las rutas de exportación del alcaloide. Por esa vía, la protección que militares y policías corruptos otorgan a las bandas criminales termina extendiéndose a las Farc. ¡Inadmisible!
En el caso de Ocaña hay muchas contradicciones, mentiras, tergiversaciones y asuntos sin aclarar. Hubiera sido sano esperar el resultado de las investigaciones judiciales para no desconocer la presunción de inocencia. Aún así, el reconocimiento que hace el gobierno es suficiente para afirmar que el principal desafío que tiene la continuidad de la política de seguridad democrática es enfrentar la descomposición de sectores de las fuerzas militares y de policía.
Las denuncias no son nuevas, lo nuevo es la severidad con la cual actuó el gobierno. Una fuerte reacción ante graves irregularidades debió darse mucho antes. En otro artículo de 2006, ante la evidente infiltración de carteles de la droga, pedíamos que se revisaran “los mecanismos de seguimiento y control en el seno del Ejército e iniciara una purga integral que no debe quedarse solamente en titulares de prensa que afecten a generales y coroneles”. La propia Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos desde 2004 alertó sobre la muerte de civiles a manos de miembros de la fuerza pública, sin embargo tan solo hasta el año pasado el Ministerio de Defensa tomó cartas en el asunto.
Es factible que en la reacción del gobierno haya cierto tufillo de “efecto Obama”. En un momento en que se perfila para suceder a George W. Bush, que los demócratas critican las violaciones a los derechos humanos y mantienen en suspenso la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Colombia, resultaba nefasto quedarse con los brazos cruzados.
Pero no son suficientes las destituciones, ni la renuncia del general Mario Montoya, comandante del ejército, tampoco la retórica gubernamental de “eficacia con transparencia”. Ante la comunidad internacional se necesita mucho más que movimientos audaces, espectáculos mediáticos, directivas ministeriales o discursos. El gobierno tiene que ser consciente que acaba de explotar en su cara un tema que puede dar al traste con los esfuerzos de los últimos diez años y que le cae de perlas a la estrategia de las Farc.
El narco-militarismo golpea la legitimidad de la seguridad democrática y puede colapsarla. La guerrilla tiene por lo menos tres cartas: apuesta a la vía electoral para lograr un giro político que implique su desmonte, aspira a que un gobierno demócrata presione a Uribe para que caiga en la trampa de negociar con las Farc y busca agotar la capacidad de las fuerzas militares cercenando su fuente de recursos. Ésta es la mejor oportunidad para hacerlo. Al fin y al cabo, si usted fuera congresista estadounidense se cuestionaría sobre el destino de los impuestos que pagan los ciudadanos. No es posible que a través del Plan Colombia se financien unidades militares convertidas en brazos armados de la mafia y en cómplices de grupos calificados como terroristas por el Departamento de Estado.
La campaña por la eliminación de la ayuda militar a Colombia toma un nuevo impulso. Hace unos días Amnistía Internacional pidió que se retirara ese apoyo. A eso se suma la izquierda internacional que aún cree que las Farc no son una organización terrorista y que sus demandas son legítimas. La paradoja es que el principal empujón lo ha recibido del Ejército a través de una minoría de militares corruptos.
Una nueva visión más integral del Plan Colombia es necesaria. Es conveniente que los demócratas eleven las exigencias en materia de respeto a los derechos humanos sin caer en el error de su desmonte. Hacerlo sería dar una victoria decisiva al cartel de las Farc y a las bandas criminales de la mafia, verdugos no sólo de Colombia sino de la sociedad norteamericana.
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El principal desafío que tiene la continuidad de la política de seguridad democrática es enfrentar la descomposición de sectores de las fuerzas militares y de policía.
Rafael Guarín
Hace 14 meses, en esta columna, denunciamos que “sectores de las fuerzas militares y de policía en Colombia no sólo son infiltrados por la delincuencia, sino que son la delincuencia misma”. Estábamos en lo cierto. El propio presidente Álvaro Uribe, al relevar de su cargo por negligencia a 27 oficiales y suboficiales aceptó que existe una confabulación orientada a aparentar que se combate a las bandas armadas del narcotráfico cuando en realidad se garantiza su operación.
Se trata de un espantoso triángulo criminal que conforman miembros de la fuerza pública, las Farc y grupos ilegales como los del “Loco Barrera”, “Cuchillo”, “Don Mario”, las Águilas Negras o la Organización Nueva Generación. Antiguos paramilitares son socios de cuadrillas guerrilleras dedicadas por completo al narcotráfico. Hay una distribución del trabajo: unos prestan seguridad a los cultivos de coca y a los laboratorios, mientras otros se encargan de las rutas de exportación del alcaloide. Por esa vía, la protección que militares y policías corruptos otorgan a las bandas criminales termina extendiéndose a las Farc. ¡Inadmisible!
En el caso de Ocaña hay muchas contradicciones, mentiras, tergiversaciones y asuntos sin aclarar. Hubiera sido sano esperar el resultado de las investigaciones judiciales para no desconocer la presunción de inocencia. Aún así, el reconocimiento que hace el gobierno es suficiente para afirmar que el principal desafío que tiene la continuidad de la política de seguridad democrática es enfrentar la descomposición de sectores de las fuerzas militares y de policía.
Las denuncias no son nuevas, lo nuevo es la severidad con la cual actuó el gobierno. Una fuerte reacción ante graves irregularidades debió darse mucho antes. En otro artículo de 2006, ante la evidente infiltración de carteles de la droga, pedíamos que se revisaran “los mecanismos de seguimiento y control en el seno del Ejército e iniciara una purga integral que no debe quedarse solamente en titulares de prensa que afecten a generales y coroneles”. La propia Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos desde 2004 alertó sobre la muerte de civiles a manos de miembros de la fuerza pública, sin embargo tan solo hasta el año pasado el Ministerio de Defensa tomó cartas en el asunto.
Es factible que en la reacción del gobierno haya cierto tufillo de “efecto Obama”. En un momento en que se perfila para suceder a George W. Bush, que los demócratas critican las violaciones a los derechos humanos y mantienen en suspenso la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Colombia, resultaba nefasto quedarse con los brazos cruzados.
Pero no son suficientes las destituciones, ni la renuncia del general Mario Montoya, comandante del ejército, tampoco la retórica gubernamental de “eficacia con transparencia”. Ante la comunidad internacional se necesita mucho más que movimientos audaces, espectáculos mediáticos, directivas ministeriales o discursos. El gobierno tiene que ser consciente que acaba de explotar en su cara un tema que puede dar al traste con los esfuerzos de los últimos diez años y que le cae de perlas a la estrategia de las Farc.
El narco-militarismo golpea la legitimidad de la seguridad democrática y puede colapsarla. La guerrilla tiene por lo menos tres cartas: apuesta a la vía electoral para lograr un giro político que implique su desmonte, aspira a que un gobierno demócrata presione a Uribe para que caiga en la trampa de negociar con las Farc y busca agotar la capacidad de las fuerzas militares cercenando su fuente de recursos. Ésta es la mejor oportunidad para hacerlo. Al fin y al cabo, si usted fuera congresista estadounidense se cuestionaría sobre el destino de los impuestos que pagan los ciudadanos. No es posible que a través del Plan Colombia se financien unidades militares convertidas en brazos armados de la mafia y en cómplices de grupos calificados como terroristas por el Departamento de Estado.
La campaña por la eliminación de la ayuda militar a Colombia toma un nuevo impulso. Hace unos días Amnistía Internacional pidió que se retirara ese apoyo. A eso se suma la izquierda internacional que aún cree que las Farc no son una organización terrorista y que sus demandas son legítimas. La paradoja es que el principal empujón lo ha recibido del Ejército a través de una minoría de militares corruptos.
Una nueva visión más integral del Plan Colombia es necesaria. Es conveniente que los demócratas eleven las exigencias en materia de respeto a los derechos humanos sin caer en el error de su desmonte. Hacerlo sería dar una victoria decisiva al cartel de las Farc y a las bandas criminales de la mafia, verdugos no sólo de Colombia sino de la sociedad norteamericana.
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Tres unidades militares “no califican” para recibir ayuda de E.U.
Tres unidades militares “no califican” para recibir ayuda de E.U.
Conflicto armado Dos divisiones del Ejército y una unidad de desminado dejarán de recibir asistencia militar por estar comprometidas con violaciones a Derechos Humanos. Confusión en el gobierno.
El gobierno de Estados Unidos vetó a tres unidades militares colombianas para recibir ayuda militar de este país por estar comprometidas en la violación de Derechos Humanos.
De manera extraoficial se conoció que las unidades afectadas serán la Segunda División (con sede en Bucaramanga), la Séptima (con sede en Antioquia) y una unidad de desminado que no fue precisada. “Cualquier asistencia que pueda haber sido dirigida a estas unidades, fueron redirigidas a las unidades elegibles bajo las leyes estadounidenses”, informó la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.
La medida tiene relación con las graves denuncias que ejecuciones extrajudiciales que se cometieron en Puerto Berrío y Ocaña, donde civiles inocentes fueron presentados muertos en combate con el Ejército. Las investigaciones, aunque todavía no han concluido, apuntan a que reclutadores le entregaron a militares muchachos de Bogotá y Soacha para que fueran asesinados y presentados como ilegales.
Desde Washington se supo que un funcionario del gobierno de E.U. declaró: “contamos con un proceso para garantizar que las unidades militares o individuos colombianos contra quienes existan pruebas admisibles de violaciones de derechos humanos, no reciban entrenamiento o capacitación por parte de Estados Unidos”.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dijo en la noche del jueves que el propio embajador William Brownsfield le había confirmado que no era cierto que Estados Unidos suspendiera ayuda militar a Colombia, sino que los recursos iban a ser redireccionados para otras unidades.
“Él me dijo que era una mala interpretación de las declaraciones de un funcionario de los Estados Unidos y que no había cambios en la certificación por Derechos Humanos a Colombia”, aseguró el Ministro, quien estaba desinformado de las decisiones que se tomaron en Washington y quien esta mañana reconoció que, en efecto, tres unidades militares ya no tendrían la ayuda militar de ese país: "vamos a ver cuál es el alcance de lo que se está diciendo, porque sí sería un poco insólito que, precisamente, por la información que nosotros damos y por las medidas que tomamos, ahora quedemos señalados como los malos del paseo, y que las unidades que estamos reestructurando, cuyos mandos ya no están ahí, pues las veten ahora cuando ya se hizo la cirugía, pero vamos a ver qué dice el embajador en su explicación", dijo a Caracol Radio.
La decisión se tomó una semana después de que el embajador Brownsfield firmara una partida económica para ayudar a Colombia en Derechos Humanos y luego de que el presidente Álvaro Uribe destituyera a 27 militares y le aceptara la renuncia al comandante del Ejército, general Mario Montoya.
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Conflicto armado Dos divisiones del Ejército y una unidad de desminado dejarán de recibir asistencia militar por estar comprometidas con violaciones a Derechos Humanos. Confusión en el gobierno.
El gobierno de Estados Unidos vetó a tres unidades militares colombianas para recibir ayuda militar de este país por estar comprometidas en la violación de Derechos Humanos.
De manera extraoficial se conoció que las unidades afectadas serán la Segunda División (con sede en Bucaramanga), la Séptima (con sede en Antioquia) y una unidad de desminado que no fue precisada. “Cualquier asistencia que pueda haber sido dirigida a estas unidades, fueron redirigidas a las unidades elegibles bajo las leyes estadounidenses”, informó la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.
La medida tiene relación con las graves denuncias que ejecuciones extrajudiciales que se cometieron en Puerto Berrío y Ocaña, donde civiles inocentes fueron presentados muertos en combate con el Ejército. Las investigaciones, aunque todavía no han concluido, apuntan a que reclutadores le entregaron a militares muchachos de Bogotá y Soacha para que fueran asesinados y presentados como ilegales.
Desde Washington se supo que un funcionario del gobierno de E.U. declaró: “contamos con un proceso para garantizar que las unidades militares o individuos colombianos contra quienes existan pruebas admisibles de violaciones de derechos humanos, no reciban entrenamiento o capacitación por parte de Estados Unidos”.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dijo en la noche del jueves que el propio embajador William Brownsfield le había confirmado que no era cierto que Estados Unidos suspendiera ayuda militar a Colombia, sino que los recursos iban a ser redireccionados para otras unidades.
“Él me dijo que era una mala interpretación de las declaraciones de un funcionario de los Estados Unidos y que no había cambios en la certificación por Derechos Humanos a Colombia”, aseguró el Ministro, quien estaba desinformado de las decisiones que se tomaron en Washington y quien esta mañana reconoció que, en efecto, tres unidades militares ya no tendrían la ayuda militar de ese país: "vamos a ver cuál es el alcance de lo que se está diciendo, porque sí sería un poco insólito que, precisamente, por la información que nosotros damos y por las medidas que tomamos, ahora quedemos señalados como los malos del paseo, y que las unidades que estamos reestructurando, cuyos mandos ya no están ahí, pues las veten ahora cuando ya se hizo la cirugía, pero vamos a ver qué dice el embajador en su explicación", dijo a Caracol Radio.
La decisión se tomó una semana después de que el embajador Brownsfield firmara una partida económica para ayudar a Colombia en Derechos Humanos y luego de que el presidente Álvaro Uribe destituyera a 27 militares y le aceptara la renuncia al comandante del Ejército, general Mario Montoya.
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Ejecuciones extrajudiciales sistemáticas
Ejecuciones extrajudiciales sistemáticas
Opinion On Line ¿Por qué Uribe no ha atendido pronto las graves denuncias de hace años sobre las muertes de inocentes?
Juan Diego Restrepo*
Las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuerza pública se han convertido en los últimos años en una práctica sistemática en buena parte del territorio nacional, sobre todo en aquellas zonas donde se adelantan grandes operaciones militares en contra de la insurgencia.
Determinar que es una práctica sistemática me lleva a concluir que el escándalo generado tras la destitución de 27 miembros del Ejército no pasa de ser un asunto coyuntural, más de corte mediático y efectista, que busca impresionar a la opinión pública nacional e internacional con un mensaje claro: el Gobierno defiende los derechos humanos y está dispuesto a castigar a todo aquel que los viole.
No creo que haya un fin loable en la actitud presidencial, pues a mi manera de ver es evidente que su nueva postura tiene como fin impresionar a los poderosos demócratas de Estados Unidos para que cedan en su posición y aprueben el Tratado de Libre Comercio firmado con Colombia. Esta vez, el medio para lograr esa aprobación no difiere mucho de las intenciones que tienen aquellos que adelantan ejecuciones extrajudiciales: “todo vale” en el camino de alcanzar fines económicos.
Con esa actitud de defensor de los derechos humanos lo que pretende también el presidente Uribe es ganar simpatías entre los legisladores norteamericanos para que le sigan aprobando las ayudas económicas que requiere el Plan Colombia y continuar financiando la guerra.
Si realmente hubiese un fin loable en su actitud con respecto a las ejecuciones extrajudiciales, tan solo por mencionar una violación a los derechos humanos, las graves denuncias que diversas organizaciones no gubernamentales han hecho desde hace varios años habrían sido atendidas con prontitud y se hubiese evitado la pérdida de valiosas vidas humanas.
Pero frente a esas denuncias siempre esgrimió dos argumentos contrarios a su nueva actitud: la primera, que aquellos que elaboraban los informes adelantaban “una guerra jurídica” para favorecer a la guerrilla; y dos, que las personas asesinadas “eran guerrilleros vestidos de civil”, y con ambos conceptos, expuestos tanto en el ámbito nacional como internacional, intentaba deslegitimar todo cuestionamiento de la fuerza pública.
Esa actitud negligente del presidente Uribe tuvo un efecto perverso: los miembros de la fuerza pública se sintieron a gusto y seguros persiguiendo civiles para hacerlos pasar por “guerrilleros dados de baja en combate”, pues calcularon que la defensa presidencial tendía un manto de impunidad sobre esta práctica execrable de guerra.
Creo que hoy debe reinar la confusión en las guarniciones militares, pues en ellas, soldados, capitanes, tenientes, coroneles y generales, fueron formados de manera rigurosa, en el país y en el extranjero, para presentar resultados en la guerra. Y justo una de las estrategias para lograrlo es recurrir a las ejecuciones extrajudiciales y mostrar avances operacionales satisfactorios en su lucha contra las guerrillas.
Recurrir a la retención arbitraria de jóvenes, incluidos entre ellos hasta miembros de las mismas fuerzas militares, para luego asesinarlos y mostrarlos como subversivos dados de baja en combate es más un asunto de formación militar, en la que subyace la búsqueda del honor, la exaltación del guerrero exitoso, el brillo de los sables, la ambición del ascenso, que la connivencia con grupos de delincuentes”, tal como lo quiso hacer ver el Presidente de la República. Por ello un análisis profundo de las ejecuciones extrajudiciales permite establecer que es una práctica sistemática y premeditada cuyo objetivo central es ganarse varios días de licencia, bonificaciones en dinero y ascensos.
Un aspecto de esta discusión que aún no se aborda con claridad es el papel que han jugado los fiscales que conocen de las ejecuciones extrajudiciales y las avalan como “guerrilleros muertos en combate”; así como los investigadores judiciales, los médicos legistas y hasta los sepultureros. Es decir, toda la cadena de preparación de un cadáver al momento de ser inhumado.
Si el presidente Uribe realmente admite la sistematicidad de las ejecuciones extrajudiciales de la fuerza pública debe empezar por reconocer públicamente, a nivel nacional e internacional, que las denuncias de las organizaciones no gubernamentales son serias y calificadas, carecen de todo vínculo con la insurgencia y que sus intenciones no son otras que proteger a la población civil de actos violatorios de los derechos humanos por parte del Estado.
Además, debe reforzar la investigación judicial para que se aclaren las más de 1.300 ejecuciones extrajudiciales que se han cometido desde enero de 2002; tomar las medidas necesarias encaminadas a garantizar la superación de la impunidad; y aportar herramientas que eviten, de una vez por todas, la repetición de estos crímenes. Si no hace nada al respecto, las ejecuciones extrajudiciales seguirán siendo una práctica sistemática entre la fuerza pública.
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* Juan Diego Restrepo es periodista y profesor universitario
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Opinion On Line ¿Por qué Uribe no ha atendido pronto las graves denuncias de hace años sobre las muertes de inocentes?
Juan Diego Restrepo*
Las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuerza pública se han convertido en los últimos años en una práctica sistemática en buena parte del territorio nacional, sobre todo en aquellas zonas donde se adelantan grandes operaciones militares en contra de la insurgencia.
Determinar que es una práctica sistemática me lleva a concluir que el escándalo generado tras la destitución de 27 miembros del Ejército no pasa de ser un asunto coyuntural, más de corte mediático y efectista, que busca impresionar a la opinión pública nacional e internacional con un mensaje claro: el Gobierno defiende los derechos humanos y está dispuesto a castigar a todo aquel que los viole.
No creo que haya un fin loable en la actitud presidencial, pues a mi manera de ver es evidente que su nueva postura tiene como fin impresionar a los poderosos demócratas de Estados Unidos para que cedan en su posición y aprueben el Tratado de Libre Comercio firmado con Colombia. Esta vez, el medio para lograr esa aprobación no difiere mucho de las intenciones que tienen aquellos que adelantan ejecuciones extrajudiciales: “todo vale” en el camino de alcanzar fines económicos.
Con esa actitud de defensor de los derechos humanos lo que pretende también el presidente Uribe es ganar simpatías entre los legisladores norteamericanos para que le sigan aprobando las ayudas económicas que requiere el Plan Colombia y continuar financiando la guerra.
Si realmente hubiese un fin loable en su actitud con respecto a las ejecuciones extrajudiciales, tan solo por mencionar una violación a los derechos humanos, las graves denuncias que diversas organizaciones no gubernamentales han hecho desde hace varios años habrían sido atendidas con prontitud y se hubiese evitado la pérdida de valiosas vidas humanas.
Pero frente a esas denuncias siempre esgrimió dos argumentos contrarios a su nueva actitud: la primera, que aquellos que elaboraban los informes adelantaban “una guerra jurídica” para favorecer a la guerrilla; y dos, que las personas asesinadas “eran guerrilleros vestidos de civil”, y con ambos conceptos, expuestos tanto en el ámbito nacional como internacional, intentaba deslegitimar todo cuestionamiento de la fuerza pública.
Esa actitud negligente del presidente Uribe tuvo un efecto perverso: los miembros de la fuerza pública se sintieron a gusto y seguros persiguiendo civiles para hacerlos pasar por “guerrilleros dados de baja en combate”, pues calcularon que la defensa presidencial tendía un manto de impunidad sobre esta práctica execrable de guerra.
Creo que hoy debe reinar la confusión en las guarniciones militares, pues en ellas, soldados, capitanes, tenientes, coroneles y generales, fueron formados de manera rigurosa, en el país y en el extranjero, para presentar resultados en la guerra. Y justo una de las estrategias para lograrlo es recurrir a las ejecuciones extrajudiciales y mostrar avances operacionales satisfactorios en su lucha contra las guerrillas.
Recurrir a la retención arbitraria de jóvenes, incluidos entre ellos hasta miembros de las mismas fuerzas militares, para luego asesinarlos y mostrarlos como subversivos dados de baja en combate es más un asunto de formación militar, en la que subyace la búsqueda del honor, la exaltación del guerrero exitoso, el brillo de los sables, la ambición del ascenso, que la connivencia con grupos de delincuentes”, tal como lo quiso hacer ver el Presidente de la República. Por ello un análisis profundo de las ejecuciones extrajudiciales permite establecer que es una práctica sistemática y premeditada cuyo objetivo central es ganarse varios días de licencia, bonificaciones en dinero y ascensos.
Un aspecto de esta discusión que aún no se aborda con claridad es el papel que han jugado los fiscales que conocen de las ejecuciones extrajudiciales y las avalan como “guerrilleros muertos en combate”; así como los investigadores judiciales, los médicos legistas y hasta los sepultureros. Es decir, toda la cadena de preparación de un cadáver al momento de ser inhumado.
Si el presidente Uribe realmente admite la sistematicidad de las ejecuciones extrajudiciales de la fuerza pública debe empezar por reconocer públicamente, a nivel nacional e internacional, que las denuncias de las organizaciones no gubernamentales son serias y calificadas, carecen de todo vínculo con la insurgencia y que sus intenciones no son otras que proteger a la población civil de actos violatorios de los derechos humanos por parte del Estado.
Además, debe reforzar la investigación judicial para que se aclaren las más de 1.300 ejecuciones extrajudiciales que se han cometido desde enero de 2002; tomar las medidas necesarias encaminadas a garantizar la superación de la impunidad; y aportar herramientas que eviten, de una vez por todas, la repetición de estos crímenes. Si no hace nada al respecto, las ejecuciones extrajudiciales seguirán siendo una práctica sistemática entre la fuerza pública.
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* Juan Diego Restrepo es periodista y profesor universitario
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¡Haraquiri!
Por: María del Rosario Arrázola | Elespectador.com
La historia detrás de la mayor purga de los últimos tiempos en las Fuerzas Militares y los retos que le esperan a una cúpula castrense que en breve será renovada.
El Espectador revela las intimidades de la investigación que terminó por descabezar a tres generales de la República y 24 oficiales y suboficiales, más por sospechas sobre sus actuaciones en presuntas ejecuciones extrajudiciales.La virulencia del discurso presidencial que le anunció al país el retiro de tres generales y 24 oficiales y suboficiales por los turbios sucesos aún no aclarados de presunta participación de miembros del Ejército en ejecuciones extrajudiciales causó escozor en la opinión pública porque el Presidente le puso nombres y apellidos al escándalo. Y por primera vez reconoció un oscuro contubernio entre delincuentes y uniformados para cometer asesinatos con el fin de sumar resultados operacionales. “No podemos permitir que se confunda la eficacia en la lucha contra los delincuentes, con la cobardía para enfrentarlos y la distorsión de esa eficacia asesinando víctimas inocentes”, puntualizó el presidente Álvaro Uribe.Un vehemente pronunciamiento sin antecedentes en sus más de seis años de gobierno, que buscaba salirle al paso al fantasma de los falsos positivos, pero que terminó fracturando la línea de mando en el seno castrense, en un mar de sospechas y acusaciones mutuas por las repercusiones de la decisión ejecutiva. Injusto o no, lo cierto es que el discurso presidencial, sin más ni más, dejó a los 27 militares retirados como unos asesinos y violadores de los derechos humanos y con el estigma venidero por una baja tan deshonrosa. “Los lanzaron a los leones porque la gente exigía sangre y sus cabezas para echarle tierra al escándalo”, le dijo a El Espectador, indignado, un alto oficial del Ejército.A través de la resolución número 4342 de 2008, expedida por el Ministerio de Defensa, el 3 de octubre se ordenó la creación de una comisión transitoria liderada por el general Carlos Suárez, jefe de operaciones del Comando General de las Fuerzas Militares; por el director del programa presidencial de Derechos Humanos, Carlos Franco; por un oficial de inteligencia, uno operativo y uno logístico, con el objetivo de evaluar las denuncias de presuntas desapariciones y homicidios en las jurisdicciones de la I y la II División del Ejército. Para ello se desplazaron a Ocaña (Norte de Santander), Cimitarra (Santander), Puerto Berrío y Bucaramanga.En tiempo récord, la Comisión logró establecer fallas administrativas protuberantes y negligencias en protocolos de vigilancia que fueron generando un malestar en los investigadores. “La gran conclusión es que algunos comandantes se alinearon con criminales para hacer trueques y facilitar trueques, por eso quienes salieron eran los comandantes, porque la responsabilidad recae sobre ellos”, manifestó un investigador del caso. Pero además descubrieron macabras alianzas entre uniformados y paramilitares para reclutar civiles y luego mostrarlos como guerrilleros abatidos en combate. “La hipótesis que arrojó la investigación es que son delincuentes de bandas emergentes que se asociaron con los militares para dejar pasar droga y favorecer a narcos. Se ayudaban entre militares para ganarse los gastos reservados”, añadió otro investigador.La Comisión detectó patrullajes nocturnos irregulares no justificados por caminos veredales en Ocaña, al término de los cuales señalaban haber tenido supuestos combates con la guerrilla. Una situación que se repetía con una frecuencia sospechosa, porque los operativos en su mayoría eran nocturnos y siempre terminaban con bajas, “y lo más curioso es que a pesar de que en la noche se vuelven casi invisibles, los muertos siempre tenían tiros certeros y los soldados nuestros no tenían ni un rasguño”, advirtió un oficial escandalizado, que agregó que las anomalías eran peores luego de revisar reportes y planillas que deben documentarse después de cualquier combate. “Pasaban por alto la ubicación exacta, movían los cadáveres hacia otra zona con el pretexto de que el CTI de la Fiscalía no tenía garantías para asegurar los cuerpos, y lo que es peor, ni se preocupaban por averiguar la identidad real del supuesto guerrillero”.Como una caja de Pandora se fue destapando la olla podrida. Varios oficiales y suboficiales admitieron lo que era un secreto a voces desde hace más de cuatro años, fechas en las cuales reposaban en las brigadas y batallones de Santander y Norte de Santander innumerables quejas y denuncias sobre desaparición de jóvenes en sitios marginales, a las que nadie prestó atención, pese a que ya existían voces en el desierto, como la Procuraduría, Naciones Unidas y la propia Defensoría del Pueblo. No en vano la Fiscalía documenta que 728 miembros de las Fuerzas Militares están vinculados a procesos penales por falsos positivos, 42 de los cuales ya purgan condenas. El Ministerio Público, por su parte, reporta que 2.878 uniformados están siendo procesados disciplinariamente por homicidios en persona protegida.En concreto, la Comisión dirigida por el general Suárez estudió diez casos puntuales relacionado con presuntos excesos de la Brigada 14. En uno de ellos, ocurrido en Ocaña, según reportes oficiales se dio de baja a dos miembros de las llamadas bandas criminales emergentes. El combate habría ocurrido a la una de la mañana. Cuando la Comisión investigó, sin embargo, encontró que no hay récord de inteligencia que soporte el operativo militar ni una fuente humana que corrobore una denuncia para procesar esa información. Con el correr de la investigación, Suárez y su equipo comenzaron a entender que los enemigos de las Fuerzas Armadas también estaban adentro. Dicho de otro modo, constataron el haraquiri del Ejército en estos lamentables episodios que tienen al país exigiendo explicaciones y a la madres de los jóvenes desaparecidos clamando por justicia.Con estas evidencias, el martes en la noche, en una reunión en la Casa de Nariño a la que asistieron el general Carlos Suárez el general Freddy Padilla de León, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos; el viceministro Sergio Jaramillo y Carlos Franco, la Comisión entregó sus conclusiones al presidente Álvaro Uribe Vélez. A dicho encuentro no asistió extrañamente el comandante del Ejército, Mario Montoya, porque en días anteriores se había ordenado una indagación interna en el Ejército y todo indicaba que, comparándola con la de la Comisión, ésta se quedó corta.De cualquier manera, el Presidente no tardó en pedir cabezas y 12 horas después el país desayunaba con la noticia de que éstas rodaban ante el asombro de los medios de comunicación y de los afectados mismos que salieron a reclamar su inocencia. Uno de ellos, el coronel Santiago Herrera, el retirado comandante de la Brigada Móvil 15, con sede en Ocaña, puso el dedo en la llaga sobre la controvertida directiva ministerial 029 de 2005, emanada por el entonces ministro Camilo Ospina, en la que se avala el pago de recompensas a quien capture o dé baja a guerrilleros. Una directiva que tiene 15 páginas, en la que se establecen pagos por balas decomisadas, armas incautadas y guerrilleros abatidos. “Yo no me inventé esa directiva. Era una política institucional que establecía el estímulo por la muerte de guerrilleros. Nos tocaba acatarla. Pero una cosa muy distinta es matar civiles. Eso no lo haría jamás”, dijo.El coronel Herrera era uno de los oficiales de mayor prestigio en las Fuerzas Militares y, de hecho, fue ayudante del Comando del Ejército y del general Mario Montoya. “Yo he presentado 53 muertos en combate y sólo uno de ellos ha sido cuestionado por la ONU”. A su turno, el general Paulino Coronado, conmocionado por la medida presidencial, dijo a su favor que “jamás cometería un acto irregular. Nunca lo he hecho ni lo haré. Ahora resulta que aparezco como el carnicero de Norte de Santander”. Sin embargo, la investigación adelantada por el general Suárez no lo deja muy bien parado. Y es curiosa la suerte que le ha tocado al general Suárez, un condecorado oficial con todos los méritos en su carrera militar, con unas muy frías relaciones con el general Montoya, que no obstante cuenta con la bendición de Padilla.La purga sin antecedentes en el Ejército abrió una fuerte discusión en las filas castrenses por la llamada línea guerrerista, encabezada por el general Montoya, que privilegiaba el número de positivos militares sobre las deserciones y las capturas. Durante las últimas 96 horas se viene especulando sobre la inminente salida del general Montoya, versión que según fuentes de toda credibilidad, apunta hacia esa dirección. “El retiro de 27 de sus hombres es un mensaje implícito para él”, acotó un asesor del Presidente.El Espectador conoció que se han registrado discusiones que, inclusive, han llevado a enemistades personales, porque algunos oficiales consideran que ha sido un error alimentar la política de muertos para lograr ascensos o bonificaciones especiales. En la otra orilla, un grueso número de oficiales ponderan los beneficios de la política de recompensa que ha permitido reducir ostensiblemente la amenaza de grupos ilegales. En la primera línea se ubican generales como Gustavo Matamoros. En la línea tropera se ubica Montoya. Como sea, el tema de las ejecuciones tiene arrevolverados los ánimos en el Ejército y a más de uno haciendo cuentas sobre qué bando tomar. Se especula que o sale Montoya o sale Suárez. La pelea parece estar casada.Pero si los hallazgos del Ejército fueron aterradores, la investigación de la Unidad de Derechos Humanos es aún más escalofriante. Los fiscales, bajo un esquema de investigación que incluía unificar patrones de conducta, ubicación geográfica y comportamientos sociales, establecieron que todos los reclutadores de jóvenes, sin excepción, eran desmovilizados de grupos paramilitares, tenían edades entre 20 y 30 años, eran amigos personales de las familias de los muchachos que se llevaron engañados y vivían en los mismos barrios de sus víctimas. Además, tenían contactos con suboficiales del Ejército que serían los encargados de suministrar los camuflados con los que los vestían. Y vienen capturas, según estableció El Espectador.Los rumores van y vienen y los entendidos le echan la culpa de la descabezada de 27 militares al muy seguro escenario de una victoria presidencial de Barack Obama en los Estados Unidos, en lo que han denominado un efecto de ‘Obamabilidad’ que ya empieza a sentirse en las políticas del Ejecutivo. De cualquier manera, hasta en el mismo Gobierno se habla de que la decisión de Uribe constituye un haraquiri de la propia política de seguridad democrática, por cuanto queda al descubierto que la presión por los resultados sí trae efectos nocivos en la forma de entender la guerra por parte de las Fuerzas Armadas. “¿O usted no cree que el Presidente le puso una presión muy berraca al comandante de la IV División, cuando el jueves pasado le dijo al Ejército que si era capaz de capturar al Loco Barrera o era que lo estaba protegiendo?”, concluyó un alto oficial que anticipó no sólo cambios en la cúpula militar, sino que además se atrevió a prever una presión internacional sin tregua para las filas castrenses en lo que queda del segundo gobierno Uribe.En palabras del Fiscal GeneralPara Mario Iguarán, fiscal general de la Nación, el tema de las ejecuciones extrajudiciales hoy son prioridad en su agenda. Así lo ha manifestado en cada aparición pública que ha hecho, sobre todo luego del comunicado del Gobierno en el que se notificó la salida de 27 oficiales y suboficiales del Ejército.Iguarán Arana expresó que, desde hace un año, en la Unidad de Derechos Humanos este asunto es de suma relevancia. Señaló que este equipo de trabajo tiene 690 investigaciones en curso, 90 más en las seccionales y ha proferido 247 medidas de aseguramiento que se han hecho efectivas en un 99%.El Fiscal indicó que, de comprobarse que ésta es una práctica sistematizada, la Corte Penal Internacional podría intervenir por tratarse de crímenes de lesa humanidad, e instó al Gobierno a revisar las políticas que se han promovido para obtener positivos. Sugerencia que ha causado gran polémica en los pasillos de la Casa de Nariño.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso87368-haraquiri
Por: María del Rosario Arrázola | Elespectador.com
La historia detrás de la mayor purga de los últimos tiempos en las Fuerzas Militares y los retos que le esperan a una cúpula castrense que en breve será renovada.
El Espectador revela las intimidades de la investigación que terminó por descabezar a tres generales de la República y 24 oficiales y suboficiales, más por sospechas sobre sus actuaciones en presuntas ejecuciones extrajudiciales.La virulencia del discurso presidencial que le anunció al país el retiro de tres generales y 24 oficiales y suboficiales por los turbios sucesos aún no aclarados de presunta participación de miembros del Ejército en ejecuciones extrajudiciales causó escozor en la opinión pública porque el Presidente le puso nombres y apellidos al escándalo. Y por primera vez reconoció un oscuro contubernio entre delincuentes y uniformados para cometer asesinatos con el fin de sumar resultados operacionales. “No podemos permitir que se confunda la eficacia en la lucha contra los delincuentes, con la cobardía para enfrentarlos y la distorsión de esa eficacia asesinando víctimas inocentes”, puntualizó el presidente Álvaro Uribe.Un vehemente pronunciamiento sin antecedentes en sus más de seis años de gobierno, que buscaba salirle al paso al fantasma de los falsos positivos, pero que terminó fracturando la línea de mando en el seno castrense, en un mar de sospechas y acusaciones mutuas por las repercusiones de la decisión ejecutiva. Injusto o no, lo cierto es que el discurso presidencial, sin más ni más, dejó a los 27 militares retirados como unos asesinos y violadores de los derechos humanos y con el estigma venidero por una baja tan deshonrosa. “Los lanzaron a los leones porque la gente exigía sangre y sus cabezas para echarle tierra al escándalo”, le dijo a El Espectador, indignado, un alto oficial del Ejército.A través de la resolución número 4342 de 2008, expedida por el Ministerio de Defensa, el 3 de octubre se ordenó la creación de una comisión transitoria liderada por el general Carlos Suárez, jefe de operaciones del Comando General de las Fuerzas Militares; por el director del programa presidencial de Derechos Humanos, Carlos Franco; por un oficial de inteligencia, uno operativo y uno logístico, con el objetivo de evaluar las denuncias de presuntas desapariciones y homicidios en las jurisdicciones de la I y la II División del Ejército. Para ello se desplazaron a Ocaña (Norte de Santander), Cimitarra (Santander), Puerto Berrío y Bucaramanga.En tiempo récord, la Comisión logró establecer fallas administrativas protuberantes y negligencias en protocolos de vigilancia que fueron generando un malestar en los investigadores. “La gran conclusión es que algunos comandantes se alinearon con criminales para hacer trueques y facilitar trueques, por eso quienes salieron eran los comandantes, porque la responsabilidad recae sobre ellos”, manifestó un investigador del caso. Pero además descubrieron macabras alianzas entre uniformados y paramilitares para reclutar civiles y luego mostrarlos como guerrilleros abatidos en combate. “La hipótesis que arrojó la investigación es que son delincuentes de bandas emergentes que se asociaron con los militares para dejar pasar droga y favorecer a narcos. Se ayudaban entre militares para ganarse los gastos reservados”, añadió otro investigador.La Comisión detectó patrullajes nocturnos irregulares no justificados por caminos veredales en Ocaña, al término de los cuales señalaban haber tenido supuestos combates con la guerrilla. Una situación que se repetía con una frecuencia sospechosa, porque los operativos en su mayoría eran nocturnos y siempre terminaban con bajas, “y lo más curioso es que a pesar de que en la noche se vuelven casi invisibles, los muertos siempre tenían tiros certeros y los soldados nuestros no tenían ni un rasguño”, advirtió un oficial escandalizado, que agregó que las anomalías eran peores luego de revisar reportes y planillas que deben documentarse después de cualquier combate. “Pasaban por alto la ubicación exacta, movían los cadáveres hacia otra zona con el pretexto de que el CTI de la Fiscalía no tenía garantías para asegurar los cuerpos, y lo que es peor, ni se preocupaban por averiguar la identidad real del supuesto guerrillero”.Como una caja de Pandora se fue destapando la olla podrida. Varios oficiales y suboficiales admitieron lo que era un secreto a voces desde hace más de cuatro años, fechas en las cuales reposaban en las brigadas y batallones de Santander y Norte de Santander innumerables quejas y denuncias sobre desaparición de jóvenes en sitios marginales, a las que nadie prestó atención, pese a que ya existían voces en el desierto, como la Procuraduría, Naciones Unidas y la propia Defensoría del Pueblo. No en vano la Fiscalía documenta que 728 miembros de las Fuerzas Militares están vinculados a procesos penales por falsos positivos, 42 de los cuales ya purgan condenas. El Ministerio Público, por su parte, reporta que 2.878 uniformados están siendo procesados disciplinariamente por homicidios en persona protegida.En concreto, la Comisión dirigida por el general Suárez estudió diez casos puntuales relacionado con presuntos excesos de la Brigada 14. En uno de ellos, ocurrido en Ocaña, según reportes oficiales se dio de baja a dos miembros de las llamadas bandas criminales emergentes. El combate habría ocurrido a la una de la mañana. Cuando la Comisión investigó, sin embargo, encontró que no hay récord de inteligencia que soporte el operativo militar ni una fuente humana que corrobore una denuncia para procesar esa información. Con el correr de la investigación, Suárez y su equipo comenzaron a entender que los enemigos de las Fuerzas Armadas también estaban adentro. Dicho de otro modo, constataron el haraquiri del Ejército en estos lamentables episodios que tienen al país exigiendo explicaciones y a la madres de los jóvenes desaparecidos clamando por justicia.Con estas evidencias, el martes en la noche, en una reunión en la Casa de Nariño a la que asistieron el general Carlos Suárez el general Freddy Padilla de León, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos; el viceministro Sergio Jaramillo y Carlos Franco, la Comisión entregó sus conclusiones al presidente Álvaro Uribe Vélez. A dicho encuentro no asistió extrañamente el comandante del Ejército, Mario Montoya, porque en días anteriores se había ordenado una indagación interna en el Ejército y todo indicaba que, comparándola con la de la Comisión, ésta se quedó corta.De cualquier manera, el Presidente no tardó en pedir cabezas y 12 horas después el país desayunaba con la noticia de que éstas rodaban ante el asombro de los medios de comunicación y de los afectados mismos que salieron a reclamar su inocencia. Uno de ellos, el coronel Santiago Herrera, el retirado comandante de la Brigada Móvil 15, con sede en Ocaña, puso el dedo en la llaga sobre la controvertida directiva ministerial 029 de 2005, emanada por el entonces ministro Camilo Ospina, en la que se avala el pago de recompensas a quien capture o dé baja a guerrilleros. Una directiva que tiene 15 páginas, en la que se establecen pagos por balas decomisadas, armas incautadas y guerrilleros abatidos. “Yo no me inventé esa directiva. Era una política institucional que establecía el estímulo por la muerte de guerrilleros. Nos tocaba acatarla. Pero una cosa muy distinta es matar civiles. Eso no lo haría jamás”, dijo.El coronel Herrera era uno de los oficiales de mayor prestigio en las Fuerzas Militares y, de hecho, fue ayudante del Comando del Ejército y del general Mario Montoya. “Yo he presentado 53 muertos en combate y sólo uno de ellos ha sido cuestionado por la ONU”. A su turno, el general Paulino Coronado, conmocionado por la medida presidencial, dijo a su favor que “jamás cometería un acto irregular. Nunca lo he hecho ni lo haré. Ahora resulta que aparezco como el carnicero de Norte de Santander”. Sin embargo, la investigación adelantada por el general Suárez no lo deja muy bien parado. Y es curiosa la suerte que le ha tocado al general Suárez, un condecorado oficial con todos los méritos en su carrera militar, con unas muy frías relaciones con el general Montoya, que no obstante cuenta con la bendición de Padilla.La purga sin antecedentes en el Ejército abrió una fuerte discusión en las filas castrenses por la llamada línea guerrerista, encabezada por el general Montoya, que privilegiaba el número de positivos militares sobre las deserciones y las capturas. Durante las últimas 96 horas se viene especulando sobre la inminente salida del general Montoya, versión que según fuentes de toda credibilidad, apunta hacia esa dirección. “El retiro de 27 de sus hombres es un mensaje implícito para él”, acotó un asesor del Presidente.El Espectador conoció que se han registrado discusiones que, inclusive, han llevado a enemistades personales, porque algunos oficiales consideran que ha sido un error alimentar la política de muertos para lograr ascensos o bonificaciones especiales. En la otra orilla, un grueso número de oficiales ponderan los beneficios de la política de recompensa que ha permitido reducir ostensiblemente la amenaza de grupos ilegales. En la primera línea se ubican generales como Gustavo Matamoros. En la línea tropera se ubica Montoya. Como sea, el tema de las ejecuciones tiene arrevolverados los ánimos en el Ejército y a más de uno haciendo cuentas sobre qué bando tomar. Se especula que o sale Montoya o sale Suárez. La pelea parece estar casada.Pero si los hallazgos del Ejército fueron aterradores, la investigación de la Unidad de Derechos Humanos es aún más escalofriante. Los fiscales, bajo un esquema de investigación que incluía unificar patrones de conducta, ubicación geográfica y comportamientos sociales, establecieron que todos los reclutadores de jóvenes, sin excepción, eran desmovilizados de grupos paramilitares, tenían edades entre 20 y 30 años, eran amigos personales de las familias de los muchachos que se llevaron engañados y vivían en los mismos barrios de sus víctimas. Además, tenían contactos con suboficiales del Ejército que serían los encargados de suministrar los camuflados con los que los vestían. Y vienen capturas, según estableció El Espectador.Los rumores van y vienen y los entendidos le echan la culpa de la descabezada de 27 militares al muy seguro escenario de una victoria presidencial de Barack Obama en los Estados Unidos, en lo que han denominado un efecto de ‘Obamabilidad’ que ya empieza a sentirse en las políticas del Ejecutivo. De cualquier manera, hasta en el mismo Gobierno se habla de que la decisión de Uribe constituye un haraquiri de la propia política de seguridad democrática, por cuanto queda al descubierto que la presión por los resultados sí trae efectos nocivos en la forma de entender la guerra por parte de las Fuerzas Armadas. “¿O usted no cree que el Presidente le puso una presión muy berraca al comandante de la IV División, cuando el jueves pasado le dijo al Ejército que si era capaz de capturar al Loco Barrera o era que lo estaba protegiendo?”, concluyó un alto oficial que anticipó no sólo cambios en la cúpula militar, sino que además se atrevió a prever una presión internacional sin tregua para las filas castrenses en lo que queda del segundo gobierno Uribe.En palabras del Fiscal GeneralPara Mario Iguarán, fiscal general de la Nación, el tema de las ejecuciones extrajudiciales hoy son prioridad en su agenda. Así lo ha manifestado en cada aparición pública que ha hecho, sobre todo luego del comunicado del Gobierno en el que se notificó la salida de 27 oficiales y suboficiales del Ejército.Iguarán Arana expresó que, desde hace un año, en la Unidad de Derechos Humanos este asunto es de suma relevancia. Señaló que este equipo de trabajo tiene 690 investigaciones en curso, 90 más en las seccionales y ha proferido 247 medidas de aseguramiento que se han hecho efectivas en un 99%.El Fiscal indicó que, de comprobarse que ésta es una práctica sistematizada, la Corte Penal Internacional podría intervenir por tratarse de crímenes de lesa humanidad, e instó al Gobierno a revisar las políticas que se han promovido para obtener positivos. Sugerencia que ha causado gran polémica en los pasillos de la Casa de Nariño.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso87368-haraquiri
De habitante de Álamos en Bogotá, a muerto en combate en Ocaña
De habitante de Álamos en Bogotá, a muerto en combate en Ocaña
Conflicto armado Jaime Castillo, quien vivía en un barrio de clase media al occidente de Bogotá, ciudad de donde había salido tan solo una vez, desapareció el 10 de agosto. Apareció como guerrillero muerto en guerra el 12 de agosto en Ocaña, Norte de Santander. Su hermana le contó a Semana.com la triste historia.
Andrea Peña
Jaime Castillo Peña tenía 42 años y desde que su madre murió, hace 20 años, era adicto a las drogas. La vida en la calle lo volvió flaco y más moreno, pero nunca lo convirtió en un hombre agresivo, según cuentan algunos vecinos que lo conocían bien en su barrio, Los Álamos, al occidente de Bogotá.
Era el sexto de siete hermanos que vivían en los barrios Álamos y el 20 de julio, donde a veces se quedaba a dormir. Algunas noches se le hacía tarde en la calle y se quedaba en un parque. Y aunque no tenía celular, siempre se reportaba con Mauricio y Gloria, dos de sus hermanos más cercanos. No tenía empleo, esposa, novia, hijos, ni amigos. Se mantenía limpio, bien peluqueado y con buena ropa, aunque se la pasara lavando vidrios a los carros. Pero nunca tuvo problemas de violencia, cuenta su hermana Jakeline. Sólo una vez salió de Bogotá, cuando por 10 meses estuvo en la Fundación La Luz de Medellín, en un proceso de rehabilitación en 1998.
El 10 de agosto su familia lo vio por última vez. Los hermanos Castillo Peña han hecho un esfuerzo por recordar cómo fueron esos últimos días de Jaime. El viernes 8 de agosto, a eso de las 3 de la tarde, uno de los hijos de Jakeline recibió una llamada a su casa.
- "Te llamaron de la Policía, que por favor te comuniques con ellos", le dijo su hijo.
El identificador de llamadas del teléfono de su casa guardó el número del que se comunicaron. Ella marcó. Pero le contestó un niño. Cuando ella le dijo al pequeño que de ese teléfono la habían llamado diciendo que comunicara con la Policía, el niño llamó a su papá.
- “¿Aló?, busque a su hermano en el CAI de Álamos”, oyó Jakeline decir a un hombre adulto que colgó de inmediato.
Por error, dice Jakelín, su hijo desconectó el teléfono y se perdió el registro de las llamadas. Pero ella enseguida llamó al CAI de Álamos y allá le respondieron que en efecto ahí estaba detenido Jaime Castillo Peña porque le había robado un celular a un niño. A las dos horas, su hermano Mauricio llegó a ese CAI, pero Jaime ya no estaba. Ni siquiera había un registro de su paso por el lugar. Lo atendió un patrullero y le dijo: “Dígale a su hermano que se pierda, si no lo matan”.
Al día siguiente, Jaime apareció en la casa de uno de sus hermanos. Se bañó y se puso una camiseta negra, un pantalón azul y tenis blancos, tal y como vestía cuando fue muerto. La familia lo buscó por varios días. Fueron a Medicina Legal y allí lo reconocieron en una foto. Había sido encontrado muerto el 14 de agosto en una vereda a tres horas de Ocaña. Estaba boca abajo, con cuatro tiros de fusil lanzados por detrás (uno en cada pierna y dos en la espalda), la cara golpeada y un revólver a su lado sin disparar. Según el dictamen legal había muerto el 12 de agosto, apenas dos días después de su detención en el CAI.
- Semana.com: ¿Qué le dijeron a su hermano Mauricio cuando fue al CAI y no encontró a Jaime?
- Jakeline Castillo: Nada. Igual estábamos tranquilos porque al día siguiente él fue a donde mi hermano Mauricio y se cambió de ropa. Mi familia lo vio normal, como si siempre. Lo raro fue cuando pasó una semana y no volvimos a tener noticias suyas. El 22 de agosto fuimos a Medicina Legal y ellos nos mostraron las fotos de los NN de Cundinamarca, pero ninguno de ellos era Jaime. La persona que me atendió, no sé por qué, me dijo que mirara las fotos de Ocaña. Y ahí fue cuando yo lo vi, en una imagen de frente, con la cara vuelta nada y con la misma ropa que salió de Bogotá. El 7 de octubre viajé hasta Ocaña y viendo todas las fotos ratifiqué que sí era mi hermano.
El dictamen de Medicina Legal es que el cuerpo fue encontrado el 14 de agosto y que murió el 12. Es decir, dos días después de que sus familiares lo vieron con vida en Bogotá por última vez.
Las huellas
Mientras lo buscaban, Jakeline y su familia recogieron algunas pistas de lo que pudo haber pasado con su hermano. Días antes de su muerte, Jaime le comentó a un cuñado suyo que alguien le había ofrecido 50 millones de pesos “para hacer una vuelta en una finca”. Pero nadie le prestó atención.
Además, personas que conocían a Jaime aseguraron haberlo visto la semana que desapareció con un hombre joven a quien llamaban Matías que vestía camisa a cuadros, jeans y tenis negros. Él también desapareció. Casualmente, junto al cadáver de Jaime, se encontró a un hombre de entre 23 y 25 años de edad con características similares a las de Matías. Sin embargo, ningún familiar lo ha reclamado y por eso no ha podido ser identificado.
También se rumora en Álamos que a Jaime lo vieron un día con dos hombres dentro de un carro, algo bastante raro según su familia, pues él era más bien solitario y no acostumbraba montarse en carros.
Jaime Castillo Peña fue enterrado el pasado 18 de octubre en el Cementerio Jardines del Paraíso, en el occidente de Bogotá. Su caso ya está en manos de la Fiscalía y muy seguramente su muerte está relacionada con la de los once jóvenes que fueron encontrados muertos en combate en Ocaña, y que luego se estableció que habían desaparecido en Soacha y Ciudad Bolívar este año. Todas son personas vulnerables, adictas o pequeños vendedores de drogas. Y ahora, con este caso, el escándalo es aún más escabroso, porque muestra que la acción de los crueles reclutadores no se limitó a barrios colindantes, sino también acecharon a personas en otros barrios bogotanos, como éste de clase media.
Por el macabro caso de los desaparecidos, han sido retirados temporalmente del servicio tres coroneles del Ejército: Santiago Herrera Fajardo (de la Quinta División en Bogotá), Rubén Darío Castro Gómez y Gabriel Rincón Amado (de la Brigada Móvil 15, en Santander), mientras se hacen las investigaciones respectivas.
En el caso de Jaime hay muchas preguntas por resolver. ¿Por qué la Policía no tiene un registro de la detención de Jaime en el CAI? ¿Por qué pasaron tan pocos días entre la fecha de su desaparición en Bogotá y su muerte a cientos de kilómetros al nororiente del país? ¿Por qué el arma que encontraron a su lado estaba sin disparar? ¿Por qué su caso coincide con la desaparición de otras 11 personas de Soacha y Ciudad Bolívar, también adictos a las drogas, que fueron encontradas muertas en combate en Ocaña? ¿Jaime hace parte de otro falso positivo de los militares?
Los Castillo Peña no descansarán hasta encontrar respuestas a estas preguntas, igual que otras decenas de familias que no sólo en Bogotá, sino en todo el país, están tras la pista de los autores de lo que hasta ahora parece una macabra estrategia.
Semana.com ©2008.
Todos los derechos reservados.
Conflicto armado Jaime Castillo, quien vivía en un barrio de clase media al occidente de Bogotá, ciudad de donde había salido tan solo una vez, desapareció el 10 de agosto. Apareció como guerrillero muerto en guerra el 12 de agosto en Ocaña, Norte de Santander. Su hermana le contó a Semana.com la triste historia.
Andrea Peña
Jaime Castillo Peña tenía 42 años y desde que su madre murió, hace 20 años, era adicto a las drogas. La vida en la calle lo volvió flaco y más moreno, pero nunca lo convirtió en un hombre agresivo, según cuentan algunos vecinos que lo conocían bien en su barrio, Los Álamos, al occidente de Bogotá.
Era el sexto de siete hermanos que vivían en los barrios Álamos y el 20 de julio, donde a veces se quedaba a dormir. Algunas noches se le hacía tarde en la calle y se quedaba en un parque. Y aunque no tenía celular, siempre se reportaba con Mauricio y Gloria, dos de sus hermanos más cercanos. No tenía empleo, esposa, novia, hijos, ni amigos. Se mantenía limpio, bien peluqueado y con buena ropa, aunque se la pasara lavando vidrios a los carros. Pero nunca tuvo problemas de violencia, cuenta su hermana Jakeline. Sólo una vez salió de Bogotá, cuando por 10 meses estuvo en la Fundación La Luz de Medellín, en un proceso de rehabilitación en 1998.
El 10 de agosto su familia lo vio por última vez. Los hermanos Castillo Peña han hecho un esfuerzo por recordar cómo fueron esos últimos días de Jaime. El viernes 8 de agosto, a eso de las 3 de la tarde, uno de los hijos de Jakeline recibió una llamada a su casa.
- "Te llamaron de la Policía, que por favor te comuniques con ellos", le dijo su hijo.
El identificador de llamadas del teléfono de su casa guardó el número del que se comunicaron. Ella marcó. Pero le contestó un niño. Cuando ella le dijo al pequeño que de ese teléfono la habían llamado diciendo que comunicara con la Policía, el niño llamó a su papá.
- “¿Aló?, busque a su hermano en el CAI de Álamos”, oyó Jakeline decir a un hombre adulto que colgó de inmediato.
Por error, dice Jakelín, su hijo desconectó el teléfono y se perdió el registro de las llamadas. Pero ella enseguida llamó al CAI de Álamos y allá le respondieron que en efecto ahí estaba detenido Jaime Castillo Peña porque le había robado un celular a un niño. A las dos horas, su hermano Mauricio llegó a ese CAI, pero Jaime ya no estaba. Ni siquiera había un registro de su paso por el lugar. Lo atendió un patrullero y le dijo: “Dígale a su hermano que se pierda, si no lo matan”.
Al día siguiente, Jaime apareció en la casa de uno de sus hermanos. Se bañó y se puso una camiseta negra, un pantalón azul y tenis blancos, tal y como vestía cuando fue muerto. La familia lo buscó por varios días. Fueron a Medicina Legal y allí lo reconocieron en una foto. Había sido encontrado muerto el 14 de agosto en una vereda a tres horas de Ocaña. Estaba boca abajo, con cuatro tiros de fusil lanzados por detrás (uno en cada pierna y dos en la espalda), la cara golpeada y un revólver a su lado sin disparar. Según el dictamen legal había muerto el 12 de agosto, apenas dos días después de su detención en el CAI.
- Semana.com: ¿Qué le dijeron a su hermano Mauricio cuando fue al CAI y no encontró a Jaime?
- Jakeline Castillo: Nada. Igual estábamos tranquilos porque al día siguiente él fue a donde mi hermano Mauricio y se cambió de ropa. Mi familia lo vio normal, como si siempre. Lo raro fue cuando pasó una semana y no volvimos a tener noticias suyas. El 22 de agosto fuimos a Medicina Legal y ellos nos mostraron las fotos de los NN de Cundinamarca, pero ninguno de ellos era Jaime. La persona que me atendió, no sé por qué, me dijo que mirara las fotos de Ocaña. Y ahí fue cuando yo lo vi, en una imagen de frente, con la cara vuelta nada y con la misma ropa que salió de Bogotá. El 7 de octubre viajé hasta Ocaña y viendo todas las fotos ratifiqué que sí era mi hermano.
El dictamen de Medicina Legal es que el cuerpo fue encontrado el 14 de agosto y que murió el 12. Es decir, dos días después de que sus familiares lo vieron con vida en Bogotá por última vez.
Las huellas
Mientras lo buscaban, Jakeline y su familia recogieron algunas pistas de lo que pudo haber pasado con su hermano. Días antes de su muerte, Jaime le comentó a un cuñado suyo que alguien le había ofrecido 50 millones de pesos “para hacer una vuelta en una finca”. Pero nadie le prestó atención.
Además, personas que conocían a Jaime aseguraron haberlo visto la semana que desapareció con un hombre joven a quien llamaban Matías que vestía camisa a cuadros, jeans y tenis negros. Él también desapareció. Casualmente, junto al cadáver de Jaime, se encontró a un hombre de entre 23 y 25 años de edad con características similares a las de Matías. Sin embargo, ningún familiar lo ha reclamado y por eso no ha podido ser identificado.
También se rumora en Álamos que a Jaime lo vieron un día con dos hombres dentro de un carro, algo bastante raro según su familia, pues él era más bien solitario y no acostumbraba montarse en carros.
Jaime Castillo Peña fue enterrado el pasado 18 de octubre en el Cementerio Jardines del Paraíso, en el occidente de Bogotá. Su caso ya está en manos de la Fiscalía y muy seguramente su muerte está relacionada con la de los once jóvenes que fueron encontrados muertos en combate en Ocaña, y que luego se estableció que habían desaparecido en Soacha y Ciudad Bolívar este año. Todas son personas vulnerables, adictas o pequeños vendedores de drogas. Y ahora, con este caso, el escándalo es aún más escabroso, porque muestra que la acción de los crueles reclutadores no se limitó a barrios colindantes, sino también acecharon a personas en otros barrios bogotanos, como éste de clase media.
Por el macabro caso de los desaparecidos, han sido retirados temporalmente del servicio tres coroneles del Ejército: Santiago Herrera Fajardo (de la Quinta División en Bogotá), Rubén Darío Castro Gómez y Gabriel Rincón Amado (de la Brigada Móvil 15, en Santander), mientras se hacen las investigaciones respectivas.
En el caso de Jaime hay muchas preguntas por resolver. ¿Por qué la Policía no tiene un registro de la detención de Jaime en el CAI? ¿Por qué pasaron tan pocos días entre la fecha de su desaparición en Bogotá y su muerte a cientos de kilómetros al nororiente del país? ¿Por qué el arma que encontraron a su lado estaba sin disparar? ¿Por qué su caso coincide con la desaparición de otras 11 personas de Soacha y Ciudad Bolívar, también adictos a las drogas, que fueron encontradas muertas en combate en Ocaña? ¿Jaime hace parte de otro falso positivo de los militares?
Los Castillo Peña no descansarán hasta encontrar respuestas a estas preguntas, igual que otras decenas de familias que no sólo en Bogotá, sino en todo el país, están tras la pista de los autores de lo que hasta ahora parece una macabra estrategia.
Semana.com ©2008.
Todos los derechos reservados.
Renunció el general Montoya
Renunció el general Montoya
Justicia El comandante del Ejército, general Mario Montoya, permaneció desde comienzos del 2006 y deja el cargo en medio de las gravísimas denuncias de falsos positivos que orquestaron miembros del Ejército en varios lugares del país.
El general Mario Montoya Uribe presentó su renuncia como comandante del Ejército luego de conocerse los escándalos por la muerte de centenares de civiles que miembros del Ejército presentaron como ilegales muertos en combate.
"Señor Presidente, he pasado 39 años al servicio de mi Patria y creo haber llegado al final de la jornada...Nadie mejor que mis soldados pueden dar testimonio de mi gran dedicación para lograr para los colombianos la paz que, por años, hemos anhelado(...)", leyó el general Montoya en una rueda de prensa.
Precisamente la semana pasada, el presidente Álvaro Uribe anunció el retiro por facultad discrecional de 27 militares, entre ellos tres generales de la República, que tuvieron que ver con ejecuciones extrajudiciales.
SEMANA, en su última edición, reveló varios detalles de la comisión que evaluó la actuación de los militares que en Bogotá y Norte de Santander tuvieron que ver, de manera directa o indirecta, con los falsos positivos en Ocaña.
El informe dice que encontró “Un desorden en el ejercicio militar que rayaba con lo criminal. ‘Un trabajador indisciplinado en una empresa cualquiera es un lastre, pero en una militar es un riesgo para las vidas de los demás’, explica una alta fuente. Si bien guardan con celo los resultados, SEMANA pudo establecer algunos de los hallazgos.
En la mayoría de los casos, se repitió un modus operandi que no cumplía la doctrina militar básica. En primer lugar, no había ningún tipo de inteligencia previa antes de salir a la operación o, si la había, era un reporte vago, sin análisis. En segundo lugar, tampoco salían con un plan de operación, es decir, quién dirigía el grupo, cuál era la estrategia, etcétera, y en algunos casos sin poner al tanto a mandos superiores. Y, por último, hacían la operación de noche. En los informes reportan haber encontrado una o dos sombras sospechosas que se mueven, les gritan ‘alto’, la 'sombra' dispara con una pistola y ellos responden con ráfagas de fusiles”, dijo SEMANA.
Aunque el general Montoya, que llevaba 39 años de carrera militar, recientemente fue reconocido por la “Operación Jaque”, que logró rescatar a 15 secuestrados por las Farc, y la presión que ejerció sobre los guerrilleros que tenían en su poder al congresista Oscar Tulio Lizcano, que finalmente se escapó hace una semana, también fue cuestionado por su manera de ganar la guerra con el bodycount, que es el conteo de bajas para obtener méritos.
Su paso por Antioquia fue uno de los capítulos más polémicos del general Montoya. Por un lado, estuvo a cargo de las importantes operaciones militares que golpearon duramente a la guerrilla. Pero por otro varias de estas operaciones coincidieron con una fuerte expansión paramilitar en esas zonas, quizás porque no lo acompañó una estrategia integral del Estado para recuperar la autoridad legítima.
La Orión y la Mariscal recuperaron la comuna 13 de Medellín, durante años azotada por las milicias. La Marcial, en los municipios de San Francisco y Cocorná en el oriente antioqueño, adelantada en marzo de 2003, terminó de debilitar al Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN. Gracias al éxito de esta operación, los ataques a las torres eléctricas que suministran energía al resto del país disminuyeron drásticamente y la circulación por la carretera Bogotá- Medellín ha fluido como nunca. Los secuestros bajaron 56 por ciento en Antioquia, según Fondelibertad, la entidad encargada de la prevención de secuestro.
Pero tras la recuperación de la comuna 13 de Medellín, las autodefensas del Bloque Cacique Nutibara consolidaron su poder y fueron prácticamente la autoridad hasta que se desmovilizaron a finales de 2002 como lo muestra el documental ‘La Sierra’ y lo denunció públicamente el Instituto Popular de Capacitación de la capital paisa, entre otros.
En el nororiente antioqueño también existieron desafortunadas coincidencias entre la ofensiva del Ejército y una expansión paramilitar del Bloque Metro. Diversas fuentes contaron en su momento a SEMANA que el grupo bajo el mando de Doble Cero facilitó el ingreso del Ejército a zonas como Río Verde y Aquitania, donde históricamente se asentó el ELN. El artículo ‘¿Meras coincidencias? de la revista también denunció que en el casco urbano de San Francisco, cabecera municipal de esa zona, las autodefensas tenían su base en una casa a la vista de todos.
Pero quizás el caso más polémico fue el de Bojayá en 2002. Después de que las Farc mataron a 119 personas que se refugiaban en una Iglesia, organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la Diócesis de Quibdó y la Defensoría del Pueblo denunciaron ante la Procuraduría que el Ejército bajo el mando del general Montoya no había prestado atención a las alertas que, días antes, había dado la población de Bojayá sobre una eventual confrontación entre la guerrilla y los paramilitares.
"La población, con mucha angustia, está diciendo que los paramilitares están presentes y eso - junto con la presencia de las fuerzas militares - ha creado confusión dentro de la población civil”, dijo en su momento Anders Kompass, de la oficina del Alto Comisionado, cuando llegó al lugar de la tragedia. Al conocer las declaraciones, el general Montoya aseguró que no había evidencias sobre los vínculos entre militares y paras, y que su comandancia recibía demasiadas advertencias de posibles masacres “como para responder a todas y cada una”. Una investigación de la Procuraduría contra Montoya y contra el general Leonel Gómez Estrada, comandante de la Primera División, no les formuló cargos.
Su protagonismo
Periodistas y fotógrafos que viajaron hasta Bojayá después de la masacre tienen su propia versión de Montoya Uribe. Cuentan, por ejemplo, el episodio del zapato de un supuesto niño muerto en el ataque. “Un periodista de televisión iba a entrevistarlo, pero antes el general le pidió que esperara un momento. De uno de sus bolsillos, sacó un zapato de niño y cuando las cámaras ya estaban encendidas, comenzó a llorar”, dijo uno de los testigos.
Un caso similar ocurrió en el segundo semestre de 2002. Después de un enfrentamiento con las Farc en el municipio de Andes, Antioquia, el general Montoya llegó a la zona y cuando vio que todos los periodistas estaban reunidos cerca de las armas incautadas, tomo una de estas y, apuntando al cielo, descargó dos ráfagas enteras.
Esta tendencia al protagonismo en los medios le ha ocasionado recelo entre algunos sectores militares. Sin embargo, es normal que todo cambio brusco en las filas ocasione cierto malestar, máxime cuando se trata de reemplazar al general Castellanos, que contaba con mucho aprecio entre la tropa.
www.semana.com
Justicia El comandante del Ejército, general Mario Montoya, permaneció desde comienzos del 2006 y deja el cargo en medio de las gravísimas denuncias de falsos positivos que orquestaron miembros del Ejército en varios lugares del país.
El general Mario Montoya Uribe presentó su renuncia como comandante del Ejército luego de conocerse los escándalos por la muerte de centenares de civiles que miembros del Ejército presentaron como ilegales muertos en combate.
"Señor Presidente, he pasado 39 años al servicio de mi Patria y creo haber llegado al final de la jornada...Nadie mejor que mis soldados pueden dar testimonio de mi gran dedicación para lograr para los colombianos la paz que, por años, hemos anhelado(...)", leyó el general Montoya en una rueda de prensa.
Precisamente la semana pasada, el presidente Álvaro Uribe anunció el retiro por facultad discrecional de 27 militares, entre ellos tres generales de la República, que tuvieron que ver con ejecuciones extrajudiciales.
SEMANA, en su última edición, reveló varios detalles de la comisión que evaluó la actuación de los militares que en Bogotá y Norte de Santander tuvieron que ver, de manera directa o indirecta, con los falsos positivos en Ocaña.
El informe dice que encontró “Un desorden en el ejercicio militar que rayaba con lo criminal. ‘Un trabajador indisciplinado en una empresa cualquiera es un lastre, pero en una militar es un riesgo para las vidas de los demás’, explica una alta fuente. Si bien guardan con celo los resultados, SEMANA pudo establecer algunos de los hallazgos.
En la mayoría de los casos, se repitió un modus operandi que no cumplía la doctrina militar básica. En primer lugar, no había ningún tipo de inteligencia previa antes de salir a la operación o, si la había, era un reporte vago, sin análisis. En segundo lugar, tampoco salían con un plan de operación, es decir, quién dirigía el grupo, cuál era la estrategia, etcétera, y en algunos casos sin poner al tanto a mandos superiores. Y, por último, hacían la operación de noche. En los informes reportan haber encontrado una o dos sombras sospechosas que se mueven, les gritan ‘alto’, la 'sombra' dispara con una pistola y ellos responden con ráfagas de fusiles”, dijo SEMANA.
Aunque el general Montoya, que llevaba 39 años de carrera militar, recientemente fue reconocido por la “Operación Jaque”, que logró rescatar a 15 secuestrados por las Farc, y la presión que ejerció sobre los guerrilleros que tenían en su poder al congresista Oscar Tulio Lizcano, que finalmente se escapó hace una semana, también fue cuestionado por su manera de ganar la guerra con el bodycount, que es el conteo de bajas para obtener méritos.
Su paso por Antioquia fue uno de los capítulos más polémicos del general Montoya. Por un lado, estuvo a cargo de las importantes operaciones militares que golpearon duramente a la guerrilla. Pero por otro varias de estas operaciones coincidieron con una fuerte expansión paramilitar en esas zonas, quizás porque no lo acompañó una estrategia integral del Estado para recuperar la autoridad legítima.
La Orión y la Mariscal recuperaron la comuna 13 de Medellín, durante años azotada por las milicias. La Marcial, en los municipios de San Francisco y Cocorná en el oriente antioqueño, adelantada en marzo de 2003, terminó de debilitar al Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN. Gracias al éxito de esta operación, los ataques a las torres eléctricas que suministran energía al resto del país disminuyeron drásticamente y la circulación por la carretera Bogotá- Medellín ha fluido como nunca. Los secuestros bajaron 56 por ciento en Antioquia, según Fondelibertad, la entidad encargada de la prevención de secuestro.
Pero tras la recuperación de la comuna 13 de Medellín, las autodefensas del Bloque Cacique Nutibara consolidaron su poder y fueron prácticamente la autoridad hasta que se desmovilizaron a finales de 2002 como lo muestra el documental ‘La Sierra’ y lo denunció públicamente el Instituto Popular de Capacitación de la capital paisa, entre otros.
En el nororiente antioqueño también existieron desafortunadas coincidencias entre la ofensiva del Ejército y una expansión paramilitar del Bloque Metro. Diversas fuentes contaron en su momento a SEMANA que el grupo bajo el mando de Doble Cero facilitó el ingreso del Ejército a zonas como Río Verde y Aquitania, donde históricamente se asentó el ELN. El artículo ‘¿Meras coincidencias? de la revista también denunció que en el casco urbano de San Francisco, cabecera municipal de esa zona, las autodefensas tenían su base en una casa a la vista de todos.
Pero quizás el caso más polémico fue el de Bojayá en 2002. Después de que las Farc mataron a 119 personas que se refugiaban en una Iglesia, organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la Diócesis de Quibdó y la Defensoría del Pueblo denunciaron ante la Procuraduría que el Ejército bajo el mando del general Montoya no había prestado atención a las alertas que, días antes, había dado la población de Bojayá sobre una eventual confrontación entre la guerrilla y los paramilitares.
"La población, con mucha angustia, está diciendo que los paramilitares están presentes y eso - junto con la presencia de las fuerzas militares - ha creado confusión dentro de la población civil”, dijo en su momento Anders Kompass, de la oficina del Alto Comisionado, cuando llegó al lugar de la tragedia. Al conocer las declaraciones, el general Montoya aseguró que no había evidencias sobre los vínculos entre militares y paras, y que su comandancia recibía demasiadas advertencias de posibles masacres “como para responder a todas y cada una”. Una investigación de la Procuraduría contra Montoya y contra el general Leonel Gómez Estrada, comandante de la Primera División, no les formuló cargos.
Su protagonismo
Periodistas y fotógrafos que viajaron hasta Bojayá después de la masacre tienen su propia versión de Montoya Uribe. Cuentan, por ejemplo, el episodio del zapato de un supuesto niño muerto en el ataque. “Un periodista de televisión iba a entrevistarlo, pero antes el general le pidió que esperara un momento. De uno de sus bolsillos, sacó un zapato de niño y cuando las cámaras ya estaban encendidas, comenzó a llorar”, dijo uno de los testigos.
Un caso similar ocurrió en el segundo semestre de 2002. Después de un enfrentamiento con las Farc en el municipio de Andes, Antioquia, el general Montoya llegó a la zona y cuando vio que todos los periodistas estaban reunidos cerca de las armas incautadas, tomo una de estas y, apuntando al cielo, descargó dos ráfagas enteras.
Esta tendencia al protagonismo en los medios le ha ocasionado recelo entre algunos sectores militares. Sin embargo, es normal que todo cambio brusco en las filas ocasione cierto malestar, máxime cuando se trata de reemplazar al general Castellanos, que contaba con mucho aprecio entre la tropa.
www.semana.com
lunes, 3 de noviembre de 2008
Gaulas en la mira
Gaulas en la mira
Justicia Varias de estas unidades del Ejército han resultado involucradas en actos? criminales y 'falsos positivos'. ¿Llegó la hora de reformarlas?
Las investigaciones que adelantan tanto la Fiscalía como las propias Fuerzas Militares sobre la misteriosa desaparición de jóvenes de varias ciudades que luego han aparecido muertos en supuestos combates ha dejado al descubierto una preocupante tendencia: en varios de estos casos hay involucrados miembros de los Gaula del Ejército.
En septiembre pasado la Fiscalía acusó al teniente coronel Álvaro Camargo Camargo, ex comandante del Gaula de Córdoba, así como a un mayor y cuatro militares, por la muerte de dos jóvenes de Caucasia. En 2006 habían sido contactados por un informante del Ejército que los llevó hasta un lugar donde estaban los militares, y allí fueron asesinados para luego ser presentados como muertos en combates. La Fiscalía encontró que los oficiales a cargo del Gaula alteraron las órdenes de batalla para justificar su crimen. Especial gravedad revistió el testimonio del informante, quien dijo que vio "cuando un soldado les disparó a los dos muchachos, mientras los demás soldados disparaban al aire", y agrega que vio cuando un sargento le ponía a cada uno de los muertos una pistola recién disparada al lado. Por llevar a los dos muchachos que iban a ser asesinados para fabricar un 'falso positivo', el informante recibió 600.000 pesos, que le pagaron de los gastos reservados.
Este mismo Gaula adscrito a la Brigada XI resultó involucrado en los asesinatos de 11 jóvenes de Toluviejo, y de otros dos que desaparecieron de Barranquilla.
Pero este no es el único caso. Hace dos semanas un fiscal ordenó la captura de prácticamente todo el Gaula de Casanare por el homicidio de dos civiles que fueron presentados como dados de baja en combate. Un año atrás esa misma unidad había terminado con sus miembros en la cárcel, incluido el coronel Gustavo Soto Bracamonte, que actuaba como comandante, también por ejecuciones extrajudiciales planeadas y ejecutadas de manera muy similar a las de Córdoba.
Los casos se han repetido en Caldas, Tolima, Meta y en la Costa. Especial interés suscitó el caso que se presentó en Puerto Velero, Atlántico. Allí se descubrió que el Gaula del Ejército había participado en el asesinato de seis personas, que fueron presentadas como una banda de secuestradores aniquilada durante un rescate. Pero nunca existió el supuesto secuestro y todo fue un montaje para justificar los crímenes.
La gravedad de estos casos tiene encendidas las alarmas del Ministerio de Defensa, donde se está estudiando la posibilidad de replantear todo el esquema de la lucha contra el secuestro, y en particular qué hacer con los Gaula militares. Estos fueron creados en un momento en que el país enfrentaba 3.500 secuestros al año, incluidos plagios masivos realizados por las guerrillas, como los retenes en las carreteras, el de los diputados de Cali, o el avión de Avianca. Esas acciones desembocaban en cautiverios prolongados en la selva, a la que sólo podían acceder los militares si se quería hacer un rescate. Los Gaula son grupos elite, especializados en operaciones comando, con armamento liviano y muy buen entrenamiento.
Hoy las cosas han cambiado. Según cifras del propio Ministerio de Defensa, el secuestro ha bajado 89 por ciento durante el gobierno de Álvaro Uribe. Y aunque persisten en promedio 500 secuestros al año, por lo menos el 70 por ciento lo comete la delincuencia común, la cual es enfrentada prioritariamente por la Policía y no por las Fuerzas Armadas.
Respecto al bajo desempeño en derechos humanos de muchas de estas unidades, tampoco ha servido la presencia en sus operativos de agentes del CTI o del DAS, que tienen facultades judiciales. En efecto, en algunos casos que tiene en su poder la Fiscalía, esos funcionarios estuvieron más al servicio del encubrimiento de las ejecuciones, que de garantizar el cumplimiento de la ley.
Muchos se preguntan entonces si lo adecuado es reducir los Gaula militares, que actualmente cuentan con 1.500 hombres, y que la labor contra las bandas de secuestradores sea asumida sobre todo por la Policía, y ésta busque apoyo en el Ejército cuando sea necesario.
Semana.com ©2008.
Justicia Varias de estas unidades del Ejército han resultado involucradas en actos? criminales y 'falsos positivos'. ¿Llegó la hora de reformarlas?
Las investigaciones que adelantan tanto la Fiscalía como las propias Fuerzas Militares sobre la misteriosa desaparición de jóvenes de varias ciudades que luego han aparecido muertos en supuestos combates ha dejado al descubierto una preocupante tendencia: en varios de estos casos hay involucrados miembros de los Gaula del Ejército.
En septiembre pasado la Fiscalía acusó al teniente coronel Álvaro Camargo Camargo, ex comandante del Gaula de Córdoba, así como a un mayor y cuatro militares, por la muerte de dos jóvenes de Caucasia. En 2006 habían sido contactados por un informante del Ejército que los llevó hasta un lugar donde estaban los militares, y allí fueron asesinados para luego ser presentados como muertos en combates. La Fiscalía encontró que los oficiales a cargo del Gaula alteraron las órdenes de batalla para justificar su crimen. Especial gravedad revistió el testimonio del informante, quien dijo que vio "cuando un soldado les disparó a los dos muchachos, mientras los demás soldados disparaban al aire", y agrega que vio cuando un sargento le ponía a cada uno de los muertos una pistola recién disparada al lado. Por llevar a los dos muchachos que iban a ser asesinados para fabricar un 'falso positivo', el informante recibió 600.000 pesos, que le pagaron de los gastos reservados.
Este mismo Gaula adscrito a la Brigada XI resultó involucrado en los asesinatos de 11 jóvenes de Toluviejo, y de otros dos que desaparecieron de Barranquilla.
Pero este no es el único caso. Hace dos semanas un fiscal ordenó la captura de prácticamente todo el Gaula de Casanare por el homicidio de dos civiles que fueron presentados como dados de baja en combate. Un año atrás esa misma unidad había terminado con sus miembros en la cárcel, incluido el coronel Gustavo Soto Bracamonte, que actuaba como comandante, también por ejecuciones extrajudiciales planeadas y ejecutadas de manera muy similar a las de Córdoba.
Los casos se han repetido en Caldas, Tolima, Meta y en la Costa. Especial interés suscitó el caso que se presentó en Puerto Velero, Atlántico. Allí se descubrió que el Gaula del Ejército había participado en el asesinato de seis personas, que fueron presentadas como una banda de secuestradores aniquilada durante un rescate. Pero nunca existió el supuesto secuestro y todo fue un montaje para justificar los crímenes.
La gravedad de estos casos tiene encendidas las alarmas del Ministerio de Defensa, donde se está estudiando la posibilidad de replantear todo el esquema de la lucha contra el secuestro, y en particular qué hacer con los Gaula militares. Estos fueron creados en un momento en que el país enfrentaba 3.500 secuestros al año, incluidos plagios masivos realizados por las guerrillas, como los retenes en las carreteras, el de los diputados de Cali, o el avión de Avianca. Esas acciones desembocaban en cautiverios prolongados en la selva, a la que sólo podían acceder los militares si se quería hacer un rescate. Los Gaula son grupos elite, especializados en operaciones comando, con armamento liviano y muy buen entrenamiento.
Hoy las cosas han cambiado. Según cifras del propio Ministerio de Defensa, el secuestro ha bajado 89 por ciento durante el gobierno de Álvaro Uribe. Y aunque persisten en promedio 500 secuestros al año, por lo menos el 70 por ciento lo comete la delincuencia común, la cual es enfrentada prioritariamente por la Policía y no por las Fuerzas Armadas.
Respecto al bajo desempeño en derechos humanos de muchas de estas unidades, tampoco ha servido la presencia en sus operativos de agentes del CTI o del DAS, que tienen facultades judiciales. En efecto, en algunos casos que tiene en su poder la Fiscalía, esos funcionarios estuvieron más al servicio del encubrimiento de las ejecuciones, que de garantizar el cumplimiento de la ley.
Muchos se preguntan entonces si lo adecuado es reducir los Gaula militares, que actualmente cuentan con 1.500 hombres, y que la labor contra las bandas de secuestradores sea asumida sobre todo por la Policía, y ésta busque apoyo en el Ejército cuando sea necesario.
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