Marzo 12 de 2009
''Insisto ante mis compatriotas en la necesidad de no dejarnos llevar solamente por el debate alrededor de las personas'', afirmó el Presidente en entrevista con la agencia AP.
Sin embargo Uribe, señala la agencia, no descartó de tajo que buscaría un tercer mandato.
''Hay unos compañeros que están haciendo y van a hacer un gran esfuerzo para obtener el favor del pueblo, llegar a la presidencia", aseguró el Jefe de Estado al afirmar que no se interpondrá en esas candidaturas.
Uribe insistió que lo que le interesa es reelegir políticas como la llamada ''seguridad democrática'', que implantó al asumir la presidencia en agosto del 2002, y que es básicamente el combate frontal a grupos armados irregulares.
El mandatario, quien ya ganó un segundo mandato en las elecciones del 2006, ha mantenido el misterio sobre si buscará otro gobierno, para lo cual precisa una reforma constitucional porque la actual Carta Magna sólo permite una reelección.
Un proyecto de ley al respecto ya recibió una primera aprobación legislativa y precisa de al menos otros dos debates y votaciones a partir del 16 de marzo, cuando el congreso reanuda sus sesiones.
"El corazoncito" con las Farc
El presidente también dijo que sabe que hay ''amenazas'' de grupos opositores que tienen un ''corazoncito'' de simpatías por las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que buscarían llevarlo en el futuro ante la justicia penal internacional por presuntas violaciones a los derechos humanos.
''Amenazan mucho'', respondió. ''Amenazan mucho porque hay unas personas aquí y en el exterior que tienen un corazoncito con las FARC, pero no lo confiesan porque les da miedo que queden desacreditadas al confesar su corazoncito de FARC''.
Entonces, esas personas, a las que no identificó, ''para defender a las FARC no se atreven a defenderla expresamente sino que maltratan al gobierno y al presidente... (defienden a las FARC) diciendo que el gobierno es paramilitar, que el presidente es violador de derechos humanos, que al presidente hay que llevarlo a la Corte Penal Internacional''.
Empotrado en una butaca en el llamado ''Salón Amarillo'' de la sede de gobierno, en el centro de la ciudad, Uribe, de 56 años, fue consultado sobre si temía ser enjuiciado por la Corte Penal Internacional una vez que concluya su gobierno, en agosto del 2010.
Y como desestimando el tema, dijo que no tenía nada más que agregar al asunto cuando fue consultado si se imaginaba corriendo la misma suerte que el ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, sometido actualmente a la justicia en su país por homicidio y secuestro en dos matanzas durante su gobierno y en las que murieron 25 personas.
A lo largo de 40 minutos Uribe se excusó de responder algunas preguntas, alegando que eran temas que requerían mucha ''prudencia'' como en el caso de las relaciones con Venezuela y Ecuador.
Sin embargo, opinó que ve ''positivamente'' la situación de México porque ya había ''explotado el tumor'' del narcotráfico y que la violencia actual era producto del combate de las autoridades a ese ''tumor''.
El mandatario echó mano de respuestas tangenciales esquivando temas espinosos como el supuesto espionaje desde la policía secreta a magistrados, reporteros, políticos opositores e incluso del propio gobierno, o de asuntos como una eventual instalación en Colombia de una base militar estadounidense.
AP
Publicado en
www.eltiempo.com
Mostrando entradas con la etiqueta Las mentiras del Gobierno de Uribe. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Las mentiras del Gobierno de Uribe. Mostrar todas las entradas
martes, 12 de mayo de 2009
lunes, 3 de noviembre de 2008
Dos muertos en marcha indígena por la vía Panamericana, en la que exigen restitución de tierras
Octubre 21 de 2008 - 6:40 p.m.
Dos muertos en marcha indígena por la vía Panamericana, en la que exigen restitución de tierras
200 indígenas provenientes de Corinto, Caloto y Miranda (Cauca) intentaron bloquear la vía y se enfrentaron con agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios
Los muertos fueron identificados por representantes de los indígenas como Jesús Antonio Neme, campesino, y Eiver Ibisto, de la etnia Paez.
Mientras que Feliciano Valencia, dirigente del CRIC, atribuyó los crímenes a la fuerza pública, las autoridades tratan de establecer si, por lo menos en el primero de los casos, el hombre tenía en su poder papas bomba y se lastimó a sí mismo.
El cuerpo se encontró cuando la marcha estaba en las inmediaciones de Santander de Quilichao, en un cañadulzal a orillas de la carretera Panamericana, cerca a Villarrica.
Los nativos pincharon las llantas de algunos camiones que pasaban por el lugar y tras la acción de los uniformados se replegaron.
Horas antes, representantes indígenas manifestaron preocupación por la decisión de la Policía de Carreteras de acompañar la marcha, que partió con 8.000 integrantes desde un caserío de Piendamó, Cauca.
Sobre la vía nos está esperando una gran población que se unirá. Cualquier situación la coordinará y controlará la guardia indígena", dijo a 'Efe' el consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), Feliciano Valencia. Los indígenas confían que se les unan 65.000 indígenas y campesinos de los diferentes rincones del Cauca.
En Medellín, unos 300 indígenas se sumaron a esta protesta y organizaron una manifestación.
"Todo está preparado. No es sino salir. Vamos rumbo a Cali", dijo el líder Daniel Piñacué.
"La marcha indígena arrancó a las ocho de la mañana hacia Cali, de manera que convocamos a toda la ciudadanía, tanto afrodescendientes, campesinos, indígenas, desplazados y todo aquel que haya sido víctima por parte del Estado a que marche por la vida, la dignidad y, sobre todo, en defensa de los derechos humanos", indicó el líder de las protestas Darío Tote.
Anunciaron que caminarán por un costado de la vía y algunos cargarán ataúdes para simbolizar los 24 muertos, entre líderes y activistas de Derechos Humanos, que han caído este año en el Cauca.
Realizarán cuatro estaciones en las que organizarán audiencias y debates dentro de la denominada 'marcha de resistencia y dignidad por los pueblos', que se espera llegue a Cali el domingo por la tarde o el lunes.
Los indígenas informaron que no tendrán encuentro con el gobernador del Cauca, Guillermo Alberto González Mosquera, quien planeó una reunión para hoy, y dijeron que las reuniones solo las tendrán durante la marcha.
Además, Tote recordó que el objetivo es hablar en Cali con el presidente Uribe y si él decide no asistir, continuarán su marcha hasta Bogotá para hacer un debate "frente a frente".
La mayoría de los indígenas permanecían en la parte alta del resguardo. Allí mujeres y hombres se dedicaban a empacar y organizar los víveres, mientras hombres del Ejército y el Escuadrón Móvil de la Policía continuaban la custodia de la carretera Panamericana.
Ayer, hasta última hora, en un salón del Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación de La María, en Piendamó (Cauca), se afinaron detalles del recorrido de cien kilómetros que realizarán como un símbolo de resistencia y protesta.
El territorio que hasta el viernes pasado fue escenario de fuertes choques entre los nativos y la Fuerza Pública, con un saldo de un muerto y al menos 90 indígenas 70 militares y policías heridos, tuvo un día calmado.
El Movimiento Indígena del Cauca reiteró que algunas de sus exigencias son: compra de tierras, rechazo al TLC, derogatoria del Código de Minas, la Ley del Agua, y el Estatuto Rural; y el rechazo al Plan Colombia y a la política de Seguridad Democrática.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, pidió a los indígenas que se disculpen con el Cabo del Ejército que maltrataron la semana pasada.
Según denuncian los nativos, desde que Uribe llegó al poder, en 2002, "han sido asesinados 1.253 indígenas en Colombia y por lo menos 54.000 han sido expulsados de sus territorios ancestrales".
'Que Uribe nos aclare'
Aída Quilcué, consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), dice que la marcha de resistencia se realizará hasta que el presidente Álvaro Uribe los atienda.
¿Por qué la insistencia de reunirse con el Presidente?
La insistencia de reunirnos con él es para que nos aclare públicamente, así como públicamente lo ha hecho, sobre los señalamientos sobre el movimiento indígena.
¿Qué le van a decir?
Que nos devuelva el buen nombre a los indígenas y que se encargue de asuntos como es su obligación de garantizar los derechos humanos y el territorio para las comunidades.
Entonces, ¿qué le van a pedir al presidente Uribe?
Siguen siendo los mismos puntos con los cuales se inició la Minga por la Resistencia y la reivindicación de los sectores sociales.
Por un lado, buscamos visibilizar la violación de derechos humanos de la que hemos venido siendo objeto y por otro es el debate que se tiene que dar entre el Presidente de la República y el movimiento indígenas por la forma como nos ha tratado, pues no es digno.
También queremos hablar con él el tema del desmantelamiento de la Constitución Política, la presencia de multinacionales en el territorio colombiano y otros temas.
Patricia Aley
CALI Y POPAYÁN
www.eltiempo.com
Dos muertos en marcha indígena por la vía Panamericana, en la que exigen restitución de tierras
200 indígenas provenientes de Corinto, Caloto y Miranda (Cauca) intentaron bloquear la vía y se enfrentaron con agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios
Los muertos fueron identificados por representantes de los indígenas como Jesús Antonio Neme, campesino, y Eiver Ibisto, de la etnia Paez.
Mientras que Feliciano Valencia, dirigente del CRIC, atribuyó los crímenes a la fuerza pública, las autoridades tratan de establecer si, por lo menos en el primero de los casos, el hombre tenía en su poder papas bomba y se lastimó a sí mismo.
El cuerpo se encontró cuando la marcha estaba en las inmediaciones de Santander de Quilichao, en un cañadulzal a orillas de la carretera Panamericana, cerca a Villarrica.
Los nativos pincharon las llantas de algunos camiones que pasaban por el lugar y tras la acción de los uniformados se replegaron.
Horas antes, representantes indígenas manifestaron preocupación por la decisión de la Policía de Carreteras de acompañar la marcha, que partió con 8.000 integrantes desde un caserío de Piendamó, Cauca.
Sobre la vía nos está esperando una gran población que se unirá. Cualquier situación la coordinará y controlará la guardia indígena", dijo a 'Efe' el consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), Feliciano Valencia. Los indígenas confían que se les unan 65.000 indígenas y campesinos de los diferentes rincones del Cauca.
En Medellín, unos 300 indígenas se sumaron a esta protesta y organizaron una manifestación.
"Todo está preparado. No es sino salir. Vamos rumbo a Cali", dijo el líder Daniel Piñacué.
"La marcha indígena arrancó a las ocho de la mañana hacia Cali, de manera que convocamos a toda la ciudadanía, tanto afrodescendientes, campesinos, indígenas, desplazados y todo aquel que haya sido víctima por parte del Estado a que marche por la vida, la dignidad y, sobre todo, en defensa de los derechos humanos", indicó el líder de las protestas Darío Tote.
Anunciaron que caminarán por un costado de la vía y algunos cargarán ataúdes para simbolizar los 24 muertos, entre líderes y activistas de Derechos Humanos, que han caído este año en el Cauca.
Realizarán cuatro estaciones en las que organizarán audiencias y debates dentro de la denominada 'marcha de resistencia y dignidad por los pueblos', que se espera llegue a Cali el domingo por la tarde o el lunes.
Los indígenas informaron que no tendrán encuentro con el gobernador del Cauca, Guillermo Alberto González Mosquera, quien planeó una reunión para hoy, y dijeron que las reuniones solo las tendrán durante la marcha.
Además, Tote recordó que el objetivo es hablar en Cali con el presidente Uribe y si él decide no asistir, continuarán su marcha hasta Bogotá para hacer un debate "frente a frente".
La mayoría de los indígenas permanecían en la parte alta del resguardo. Allí mujeres y hombres se dedicaban a empacar y organizar los víveres, mientras hombres del Ejército y el Escuadrón Móvil de la Policía continuaban la custodia de la carretera Panamericana.
Ayer, hasta última hora, en un salón del Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación de La María, en Piendamó (Cauca), se afinaron detalles del recorrido de cien kilómetros que realizarán como un símbolo de resistencia y protesta.
El territorio que hasta el viernes pasado fue escenario de fuertes choques entre los nativos y la Fuerza Pública, con un saldo de un muerto y al menos 90 indígenas 70 militares y policías heridos, tuvo un día calmado.
El Movimiento Indígena del Cauca reiteró que algunas de sus exigencias son: compra de tierras, rechazo al TLC, derogatoria del Código de Minas, la Ley del Agua, y el Estatuto Rural; y el rechazo al Plan Colombia y a la política de Seguridad Democrática.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, pidió a los indígenas que se disculpen con el Cabo del Ejército que maltrataron la semana pasada.
Según denuncian los nativos, desde que Uribe llegó al poder, en 2002, "han sido asesinados 1.253 indígenas en Colombia y por lo menos 54.000 han sido expulsados de sus territorios ancestrales".
'Que Uribe nos aclare'
Aída Quilcué, consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), dice que la marcha de resistencia se realizará hasta que el presidente Álvaro Uribe los atienda.
¿Por qué la insistencia de reunirse con el Presidente?
La insistencia de reunirnos con él es para que nos aclare públicamente, así como públicamente lo ha hecho, sobre los señalamientos sobre el movimiento indígena.
¿Qué le van a decir?
Que nos devuelva el buen nombre a los indígenas y que se encargue de asuntos como es su obligación de garantizar los derechos humanos y el territorio para las comunidades.
Entonces, ¿qué le van a pedir al presidente Uribe?
Siguen siendo los mismos puntos con los cuales se inició la Minga por la Resistencia y la reivindicación de los sectores sociales.
Por un lado, buscamos visibilizar la violación de derechos humanos de la que hemos venido siendo objeto y por otro es el debate que se tiene que dar entre el Presidente de la República y el movimiento indígenas por la forma como nos ha tratado, pues no es digno.
También queremos hablar con él el tema del desmantelamiento de la Constitución Política, la presencia de multinacionales en el territorio colombiano y otros temas.
Patricia Aley
CALI Y POPAYÁN
www.eltiempo.com
lunes, 6 de octubre de 2008
Cuatro personajes en busca de un autor
Cuatro personajes en busca de un autor
Podríamos escribir sobre las falacias y las verdades a medias contenidas en esas páginas; pero resulta más atractivo conocer a sus desinteresados autores
Daniel Coronell
En medio de fanfarrias fue lanzado un librito que pretende desprestigiar la investigación que probó la influencia de los paramilitares en la elección de Congreso del año 2002. Se llama Parapolítica, verdades y mentiras. Es la última creación de José Obdulio Gaviria y un grupo de amigos suyos que tiene como blanco principal a los investigadores Claudia López y León Valencia.
Podríamos escribir sobre las falacias y las verdades a medias contenidas en esas páginas; pero tal vez resulte más atractivo conocer a algunos de sus desinteresados autores.
El principal de ellos, y quien aporta el 25 por ciento del pretendido estudio académico, es el asesor presidencial José Obdulio Gaviria. No vamos a ahondar en sus relaciones familiares. Esta vez nos ocuparemos de su abundante producción literaria.
La mayor parte de su prolífica obra se ha producido desde que tiene oficina en la Casa de Nariño. En la mullida silla de su despacho ha dado a luz varias piezas maestras: Del escritorio de Uribe, Reelección, que el pueblo decida, Sofismas del terrorismo en Colombia y A Uribe lo que es de Uribe.
Si de Felix B. Caignet afirmaron que era "el más humano de los autores", pronto podremos decir que José Obdulio es "el más autor de los humanos".
El impresionante catálogo fue posible gracias al aporte de los contribuyentes colombianos. José Obdulio recibe jugosos honorarios oficiales pero no es empleado público. Mediante un artificio legal, los dineros del Estado, con los que le remuneran su lealtad, vienen puenteados por el 'Convenio Andrés Bello'. Así no hay controles, por tratarse de una entidad internacional, y el asesor presidencial no está sujeto a la vigilancia de la Procuraduría.
Los viajes suyos son pagados con cargo al Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondepaz), regentado por el comisionado Luis Carlos Restrepo, coautor del mismo libro. Con viáticos provenientes de esos recursos públicos, el escritor José Obdulio ha visitado Europa, Estados Unidos, África y América Latina.
Otro de los autores se llama Juan Carlos Moncada Zapata. Es un antiguo subalterno de Mario Uribe. Ha hecho su carrera a la sombra del 'Primer Primo' y de su escudero William Vélez. Gracias a eso, ha recibido contratos en las entidades que han estado bajo el control de la dupleta de 'Colombia Democrática': el Incora en liquidación y la Contaduría General, entre otras.
El brillante Moncada no advierte en el libro sobre su relación con el ex senador, ni avisa que es socio de su abogado defensor José del Carmen Ortega. Sin decir nada de eso, dedica su capítulo a predicar la inocencia de su jefe.
También está en el equipo Libardo Botero, compilador de 'Las Ideas de Uribe', y quien frecuentemente es presentado como asesor sindical. En esa condición lo han llevado a Washington y en Colombia lo han puesto en presencia de la Secretaria de Estado y del Secretario de Comercio de Estados Unidos, para que hable a nombre del sindicalismo democrático que apoya el TLC.
Olvidaron contarles a los funcionarios norteamericanos que Botero es miembro del 'Centro de Pensamiento Primero Colombia' y que su representación no llega ni al 0,25 por ciento de los trabajadores sindicalizados.
El cuarto personaje se llama William Calderón, y es conocido como 'El Barquero'. Recuerdo una graciosa anécdota sobre él.
Un domingo de 2001, poco después de las 6:30 de la mañana, recibí una llamada del entonces candidato Álvaro Uribe. Quería reclamarme, comedidamente, por qué le habían dicho que me oponía a que un partidario suyo hiciera un programa de humor para el Canal Uno. Me dijo que se trataba de William Calderón. Le contesté -con la misma cordialidad- que no planeábamos hacer un programa de humor y que curiosamente esa misma semana me habían llamado Noemí Sanín para pedirme que le ayudara a Calderón, que era amigo de su causa, y Mónica de Greiff, quien me habló del 'Barquero' como un gran simpatizante de Horacio Serpa.
Todo tiene su lado bueno. El libro servirá, por lo menos, para que el gran humorista inicie su carrera.
www.semana.com
Podríamos escribir sobre las falacias y las verdades a medias contenidas en esas páginas; pero resulta más atractivo conocer a sus desinteresados autores
Daniel Coronell
En medio de fanfarrias fue lanzado un librito que pretende desprestigiar la investigación que probó la influencia de los paramilitares en la elección de Congreso del año 2002. Se llama Parapolítica, verdades y mentiras. Es la última creación de José Obdulio Gaviria y un grupo de amigos suyos que tiene como blanco principal a los investigadores Claudia López y León Valencia.
Podríamos escribir sobre las falacias y las verdades a medias contenidas en esas páginas; pero tal vez resulte más atractivo conocer a algunos de sus desinteresados autores.
El principal de ellos, y quien aporta el 25 por ciento del pretendido estudio académico, es el asesor presidencial José Obdulio Gaviria. No vamos a ahondar en sus relaciones familiares. Esta vez nos ocuparemos de su abundante producción literaria.
La mayor parte de su prolífica obra se ha producido desde que tiene oficina en la Casa de Nariño. En la mullida silla de su despacho ha dado a luz varias piezas maestras: Del escritorio de Uribe, Reelección, que el pueblo decida, Sofismas del terrorismo en Colombia y A Uribe lo que es de Uribe.
Si de Felix B. Caignet afirmaron que era "el más humano de los autores", pronto podremos decir que José Obdulio es "el más autor de los humanos".
El impresionante catálogo fue posible gracias al aporte de los contribuyentes colombianos. José Obdulio recibe jugosos honorarios oficiales pero no es empleado público. Mediante un artificio legal, los dineros del Estado, con los que le remuneran su lealtad, vienen puenteados por el 'Convenio Andrés Bello'. Así no hay controles, por tratarse de una entidad internacional, y el asesor presidencial no está sujeto a la vigilancia de la Procuraduría.
Los viajes suyos son pagados con cargo al Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondepaz), regentado por el comisionado Luis Carlos Restrepo, coautor del mismo libro. Con viáticos provenientes de esos recursos públicos, el escritor José Obdulio ha visitado Europa, Estados Unidos, África y América Latina.
Otro de los autores se llama Juan Carlos Moncada Zapata. Es un antiguo subalterno de Mario Uribe. Ha hecho su carrera a la sombra del 'Primer Primo' y de su escudero William Vélez. Gracias a eso, ha recibido contratos en las entidades que han estado bajo el control de la dupleta de 'Colombia Democrática': el Incora en liquidación y la Contaduría General, entre otras.
El brillante Moncada no advierte en el libro sobre su relación con el ex senador, ni avisa que es socio de su abogado defensor José del Carmen Ortega. Sin decir nada de eso, dedica su capítulo a predicar la inocencia de su jefe.
También está en el equipo Libardo Botero, compilador de 'Las Ideas de Uribe', y quien frecuentemente es presentado como asesor sindical. En esa condición lo han llevado a Washington y en Colombia lo han puesto en presencia de la Secretaria de Estado y del Secretario de Comercio de Estados Unidos, para que hable a nombre del sindicalismo democrático que apoya el TLC.
Olvidaron contarles a los funcionarios norteamericanos que Botero es miembro del 'Centro de Pensamiento Primero Colombia' y que su representación no llega ni al 0,25 por ciento de los trabajadores sindicalizados.
El cuarto personaje se llama William Calderón, y es conocido como 'El Barquero'. Recuerdo una graciosa anécdota sobre él.
Un domingo de 2001, poco después de las 6:30 de la mañana, recibí una llamada del entonces candidato Álvaro Uribe. Quería reclamarme, comedidamente, por qué le habían dicho que me oponía a que un partidario suyo hiciera un programa de humor para el Canal Uno. Me dijo que se trataba de William Calderón. Le contesté -con la misma cordialidad- que no planeábamos hacer un programa de humor y que curiosamente esa misma semana me habían llamado Noemí Sanín para pedirme que le ayudara a Calderón, que era amigo de su causa, y Mónica de Greiff, quien me habló del 'Barquero' como un gran simpatizante de Horacio Serpa.
Todo tiene su lado bueno. El libro servirá, por lo menos, para que el gran humorista inicie su carrera.
www.semana.com
lunes, 8 de septiembre de 2008
La estrategia de Palacio
La estrategia de Palacio
Cómo desde la Casa de Nariño hay una ofensiva para desprestigiar a la justicia y desacreditar a los opositores. Hay manipulación de testigos, intentos de grabaciones clandestinas y búsqueda de expedientes pasados.
Fecha: 09/06/2008 -1375
El país ya se acostumbró al tono enérgico con el que el Presidente ataca y se defiende. Lo que sí empieza a sorprender -y preocupar- es la estrategia con la que el alto gobierno está buscando deslegitimar la justicia y desprestigiar a sus contradictores políticos. Porque una cosa es el intenso debate público de las ideas, que es sano y necesario, y otra muy distinta que esa dialéctica política se transforme en una estrategia detectivesca de persecución urdida desde el propio Palacio Presidencial.
Eso es lo que ha venido ocurriendo en la Casa de Nariño durante los últimos meses, donde altos funcionarios del gobierno se reúnen con emisarios del paramilitarismo para buscar pruebas contra la justicia, se manipulan testigos para desacreditar la labor de la Corte, se filtran informaciones a la prensa contra la justicia y hasta se envían funcionarios del DAS a rastrear la vida de los magistrados con la intención de pescar un escándalo.
Funcionarios de Palacio, convencidos de que existen planes secretos para poner a tambalear el mandato del presidente Álvaro Uribe y cuestionar su legitimidad, han emprendido tareas bastante cuestionables que ponen en entredicho la majestad de la institución presidencial. Aunque algunos de los casos son conocidos, lo que no se ha contado de ellos es cómo funcionarios muy cercanos al Presidente resultan envueltos en maniobras, que en el mejor de los casos son indebidas y en algunos otros rayan con lo ilegal.
El presidente de la Corte Suprema volvió a insistir la semana pasada sobre la persecución y presión que sienten los magistrados por parte del gobierno. Se lo hicieron saber al delegado de justicia de la ONU Funcionarios del Das estuvieron en la cárcel de Cómbita para averiguar si los magistrados de la Corte Suprema habían defendido a algún narcotraficante. La directora del Das lo niega Al senador liberal Juan Fernando Cristo el gobierno le sacó un comunicado en el que lo acusa de haber ofrecido dinero del narcotráfico a campañas al Congreso en 1991. Cristo reviró y dijo que iba a acudir a instancias internacionales para defenderse El episodio del testigo ‘Tasmania’ que buscaba enlodar al magistrado que lidera la para-política, Iván Velásquez, resultó siendo un montaje según la Fiscalía
PUBLICIDAD
El escándalo que desató la entrada a escondidas de Antonio López, alias 'Job', de la tenebrosa 'oficina de Envigado' y enviado del jefe paramilitar 'don Berna' a la Casa de Nariño, para llevar información contra la Corte a miembros de la guardia pretoriana de Uribe, es apenas el más reciente de esos escándalos.
Uno de los episodios más recordados es el ya célebre caso de 'Tasmania', el cual la propia Fiscalía calificó hace pocas semanas como un "burdo montaje". Se trataba de acabar con el prestigio del investigador estrella de la para-política, el magistrado auxiliar Iván Velásquez y quien para ese entonces -septiembre del año pasado- le había abierto investigación a Mario Uribe, el primo del Presidente.
Lo que el país ha conocido de ese caso es que el paramilitar 'Tasmania' mandó una carta al primer mandatario para denunciar al magistrado de la Corte por ofrecerle beneficios judiciales a cambio de implicar al Jefe de Estado en un asesinato. Pero el detalle de lo que ocurrió, que es lo que muestra de donde viene el montaje, no se ha contado. Hace menos de dos meses, 'Tasmania' se retractó y confesó que el abogado Sergio González le llevó esa carta para que la firmara y le prometió que le darían una casa y dinero si declaraba contra Iván Velásquez. ¿Quién es González? No solo es vecino del hermano del Presidente, Santiago Uribe, y el día anterior al de la firma de la carta había almorzado con Mario Uribe, sino que el propio 'Tasmania' al retractarse le dijo al CTI que cuando el abogado González le hizo firmar la misiva, le advirtió que le traía mensajes de Mario Uribe y Santiago Uribe. Como si fuera poco, uno de los hombres del círculo íntimo del Presidente le admitió a SEMANA que de Palacio llamaron al DAS para que fueran en busca de la carta, de tal manera que el documento no tuvo que seguir el trámite normal sino que llegó expedito al escritorio del primer mandatario.
Pero la intención de desacreditar al alto tribunal no se ha quedado en los episodios de 'Job' y 'Tasmania'. A la Corte Suprema le han llegado alertas de organismos del Estado en el sentido de que sus magistrados están siendo rastreados por agentes de seguridad. Hace unos meses, y según pudo establecer esta revista, un grupo de detectives del DAS llegó a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita a revisar los libros de registro de abogados para buscar en las listas nombres de algunos magistrados de la Corte con el propósito de saber si en su tiempo de litigio han defendido clientes relacionados con el narcotráfico. La directora del DAS niega categóricamente todos los señalamientos. "No se ha dado ninguna orden en ese sentido desde el nivel central en Bogotá", dijo a SEMANA.
También en la Dirección Nacional de Impuestos al parecer ha habido indagaciones del mismo tipo. "Tenemos información de que el gobierno está averiguando en la Dian por nuestro historial tributario", dijo uno de los magistrados de la Corte Suprema a SEMANA.
La situación se vuelve más compleja si a esto se le suma que asesores del Presidente de la República han intentado mandar a hacer grabaciones clandestinas. Una de las piezas más polémicas del episodio 'Job' es un video en el cual un abogado (Henry Anaya) se hace pasar como hombre muy cercano a la Corte y le dice al apoderado de 'don Berna' que puede conseguir favores de la Corte para su cliente a cambio de 15.000 dólares. La denuncia era bomba porque pondría en tela de juicio la honradez de los magistrados.
Sin embargo, una grabación hecha por ex paramilitares no tendría mucha presentación. En la Casa de Nariño llamaron entonces al DAS para pedir que instalaran micrófonos ocultos e interceptaran los teléfonos del magistrado Iván Velásquez y del abogado Anaya no solo para tratar de ratificar la relación entre ambos sino también para tener grabaciones 'legales' que respaldaran el escándalo.
En el DAS la petición no fue atendida. "A nosotros nos han llamado funcionarios de la Casa de Nariño para que hagamos seguimientos y hagamos interceptaciones telefónicas, pero no nos hemos prestado para eso", dijo un funcionario del organismo de seguridad a SEMANA. En ese contexto no resultan entonces extraños los roces que se han dado entre la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, y miembros del círculo más cercano del Presidente. Incluso algunos medios han hablado de su inminente salida del DAS por diferencias con la Casa de Nariño.
Otro episodio polémico en esta estrategia fue la publicación, en abril de este año, de una denuncia según la cual 23 magistrados de las Cortes viajaron a Neiva en un vuelo chárter pagado por Ascencio Reyes, un cuestionado empresario, conocido de tiempo atrás en las Cortes y en la Fiscalía.
Las Cortes quedaron muy mal paradas con el episodio y aun hoy dicen que Reyes no pagó el viaje. Pero, más allá del legítimo cuestionamiento que se les ha hecho a los magistrados, resulta insólito que la investigación de lo ocurrido fuera llevada a cabo por miembros de la Casa de Nariño y filtrada desde allí a los medios de comunicación. ¿Qué hacen asesores del Presidente investigando a los magistrados? Aun más, ¿por qué estaban esculcando un caso que ocurrió en 2006?
Y esa no es la única filtración de expedientes que han hecho a los medios de comunicación. A pesar de que el presidente Álvaro Uribe fue enfático en decir que la información que 'Job' llevó a Palacio contra la Corte no se la habían entregado a las autoridades porque era "irrelevante", lo paradójico es que sí se la entregaron a un medio de comunicación con la intención de que éste la publicara. Incluso, las trascripciones hechas por la Casa de Nariño y entregadas al medio tienen amplios fragmentos contra la Corte que no están en los audios.
Y como si fuera poco, ahora esa actitud de fabricar ataques que ronda en el ambiente palaciego ha puesto su mira ya no sólo sobre la Corte sino que la ha intensificado en la oposición política. La consigna pareciera ser que la mejor defensa es el ataque.
Si se recopilan todas las andanadas de la Casa de Nariño de los últimos días se encuentra que se han encargado de desempolvar desde un decreto de hace 15 años del gobierno de César Gaviria (ver artículo en la página siguiente), hasta viejos archivos de prensa de hace 18 años que hablan de un llamado a indagatoria al senador liberal Juan Fernando Cristo.
La información contra Cristo no salió de manera clandestina de Palacio, por el contrario, fue dada a conocer por un comunicado de prensa. Lo cual indica que la estrategia contra los liberales existe como un propósito político de bajarle la guardia frente a la opinión a quienes son unos permanentes opositores.
Fuentes de la Registraduría General de la Nación aseguraron a SEMANA que los libros contables de las campañas políticas de los liberales, que son documentos públicos, han sido consultados por personas cercanas al gobierno.
Y el presidente Uribe pidió que investigaran a uno de los periodistas más críticos del régimen, Daniel Coronell, pues considera que es un delito que haya guardado varios años el video con la confesión de Yidis Medina en el que asegura que le compraron su voto a favor de la reelección. La Sociedad Interamericana de Prensa, a través de su vicepresidente Enrique Santos, dijo que el procedimiento de Coronell no riñe con la ética periodística.
Frente a toda esta situación, el presidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, ha salido a denunciar que se trata de un complot desde la Casa de Nariño contra la Corte. Y el viernes pasado, el propio Ricaurte en un seminario en Cartagena volvió sobre el tema de los ataques del gobierno y lanzó una frase lapidaria: "La Corte, así como hace más de dos décadas no se dejó amedrentar de los violentos que quisieron acallarla y consumirla en llamas, tampoco lo hará ahora frente a quienes pretenden silenciarla para que campee la impunidad".
Y ante el relator especial de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Leandro O. Despouy, Ricaurte soltó otra bomba de profundidad. Denunció que el presidente Álvaro Uribe amenaza la independencia judicial "cuando dirige críticas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en las que nos tilda de prevaricadores, de golpistas, de tener un sesgo ideológico, de comparar nuestras decisiones con pescas milagrosas y de señalarnos de cohonestadores del terrorismo y de calificar nuestras actuaciones como un coletazo agónico del terrorismo". El relator de la ONU sólo atinó a decir: "Me siento preocupado por los testimonios que he recibido".
Es muy cierto que todos los Estados deben protegerse de infiltraciones de la mafia o posibles atentados contra la seguridad nacional provenientes de grupos ilegales o de fuerzas desestabilizadoras, como ha ocurrido en la historia reciente de Colombia. Pero una cosa es la legítima y necesaria defensa del gobierno frente al crimen organizado y otra, muy distinta, que desde el alto gobierno se utilice el poder del Estado para hacer un trabajo sucio que pretende salpicar a los poderes que le hacen un contrapeso constitucional al poder Ejecutivo, imprescindible en cualquier democracia, y que termina haciéndoles un gran daño a las instituciones del país.
www.semana.com
Cómo desde la Casa de Nariño hay una ofensiva para desprestigiar a la justicia y desacreditar a los opositores. Hay manipulación de testigos, intentos de grabaciones clandestinas y búsqueda de expedientes pasados.
Fecha: 09/06/2008 -1375
El país ya se acostumbró al tono enérgico con el que el Presidente ataca y se defiende. Lo que sí empieza a sorprender -y preocupar- es la estrategia con la que el alto gobierno está buscando deslegitimar la justicia y desprestigiar a sus contradictores políticos. Porque una cosa es el intenso debate público de las ideas, que es sano y necesario, y otra muy distinta que esa dialéctica política se transforme en una estrategia detectivesca de persecución urdida desde el propio Palacio Presidencial.
Eso es lo que ha venido ocurriendo en la Casa de Nariño durante los últimos meses, donde altos funcionarios del gobierno se reúnen con emisarios del paramilitarismo para buscar pruebas contra la justicia, se manipulan testigos para desacreditar la labor de la Corte, se filtran informaciones a la prensa contra la justicia y hasta se envían funcionarios del DAS a rastrear la vida de los magistrados con la intención de pescar un escándalo.
Funcionarios de Palacio, convencidos de que existen planes secretos para poner a tambalear el mandato del presidente Álvaro Uribe y cuestionar su legitimidad, han emprendido tareas bastante cuestionables que ponen en entredicho la majestad de la institución presidencial. Aunque algunos de los casos son conocidos, lo que no se ha contado de ellos es cómo funcionarios muy cercanos al Presidente resultan envueltos en maniobras, que en el mejor de los casos son indebidas y en algunos otros rayan con lo ilegal.
El presidente de la Corte Suprema volvió a insistir la semana pasada sobre la persecución y presión que sienten los magistrados por parte del gobierno. Se lo hicieron saber al delegado de justicia de la ONU Funcionarios del Das estuvieron en la cárcel de Cómbita para averiguar si los magistrados de la Corte Suprema habían defendido a algún narcotraficante. La directora del Das lo niega Al senador liberal Juan Fernando Cristo el gobierno le sacó un comunicado en el que lo acusa de haber ofrecido dinero del narcotráfico a campañas al Congreso en 1991. Cristo reviró y dijo que iba a acudir a instancias internacionales para defenderse El episodio del testigo ‘Tasmania’ que buscaba enlodar al magistrado que lidera la para-política, Iván Velásquez, resultó siendo un montaje según la Fiscalía
PUBLICIDAD
El escándalo que desató la entrada a escondidas de Antonio López, alias 'Job', de la tenebrosa 'oficina de Envigado' y enviado del jefe paramilitar 'don Berna' a la Casa de Nariño, para llevar información contra la Corte a miembros de la guardia pretoriana de Uribe, es apenas el más reciente de esos escándalos.
Uno de los episodios más recordados es el ya célebre caso de 'Tasmania', el cual la propia Fiscalía calificó hace pocas semanas como un "burdo montaje". Se trataba de acabar con el prestigio del investigador estrella de la para-política, el magistrado auxiliar Iván Velásquez y quien para ese entonces -septiembre del año pasado- le había abierto investigación a Mario Uribe, el primo del Presidente.
Lo que el país ha conocido de ese caso es que el paramilitar 'Tasmania' mandó una carta al primer mandatario para denunciar al magistrado de la Corte por ofrecerle beneficios judiciales a cambio de implicar al Jefe de Estado en un asesinato. Pero el detalle de lo que ocurrió, que es lo que muestra de donde viene el montaje, no se ha contado. Hace menos de dos meses, 'Tasmania' se retractó y confesó que el abogado Sergio González le llevó esa carta para que la firmara y le prometió que le darían una casa y dinero si declaraba contra Iván Velásquez. ¿Quién es González? No solo es vecino del hermano del Presidente, Santiago Uribe, y el día anterior al de la firma de la carta había almorzado con Mario Uribe, sino que el propio 'Tasmania' al retractarse le dijo al CTI que cuando el abogado González le hizo firmar la misiva, le advirtió que le traía mensajes de Mario Uribe y Santiago Uribe. Como si fuera poco, uno de los hombres del círculo íntimo del Presidente le admitió a SEMANA que de Palacio llamaron al DAS para que fueran en busca de la carta, de tal manera que el documento no tuvo que seguir el trámite normal sino que llegó expedito al escritorio del primer mandatario.
Pero la intención de desacreditar al alto tribunal no se ha quedado en los episodios de 'Job' y 'Tasmania'. A la Corte Suprema le han llegado alertas de organismos del Estado en el sentido de que sus magistrados están siendo rastreados por agentes de seguridad. Hace unos meses, y según pudo establecer esta revista, un grupo de detectives del DAS llegó a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita a revisar los libros de registro de abogados para buscar en las listas nombres de algunos magistrados de la Corte con el propósito de saber si en su tiempo de litigio han defendido clientes relacionados con el narcotráfico. La directora del DAS niega categóricamente todos los señalamientos. "No se ha dado ninguna orden en ese sentido desde el nivel central en Bogotá", dijo a SEMANA.
También en la Dirección Nacional de Impuestos al parecer ha habido indagaciones del mismo tipo. "Tenemos información de que el gobierno está averiguando en la Dian por nuestro historial tributario", dijo uno de los magistrados de la Corte Suprema a SEMANA.
La situación se vuelve más compleja si a esto se le suma que asesores del Presidente de la República han intentado mandar a hacer grabaciones clandestinas. Una de las piezas más polémicas del episodio 'Job' es un video en el cual un abogado (Henry Anaya) se hace pasar como hombre muy cercano a la Corte y le dice al apoderado de 'don Berna' que puede conseguir favores de la Corte para su cliente a cambio de 15.000 dólares. La denuncia era bomba porque pondría en tela de juicio la honradez de los magistrados.
Sin embargo, una grabación hecha por ex paramilitares no tendría mucha presentación. En la Casa de Nariño llamaron entonces al DAS para pedir que instalaran micrófonos ocultos e interceptaran los teléfonos del magistrado Iván Velásquez y del abogado Anaya no solo para tratar de ratificar la relación entre ambos sino también para tener grabaciones 'legales' que respaldaran el escándalo.
En el DAS la petición no fue atendida. "A nosotros nos han llamado funcionarios de la Casa de Nariño para que hagamos seguimientos y hagamos interceptaciones telefónicas, pero no nos hemos prestado para eso", dijo un funcionario del organismo de seguridad a SEMANA. En ese contexto no resultan entonces extraños los roces que se han dado entre la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, y miembros del círculo más cercano del Presidente. Incluso algunos medios han hablado de su inminente salida del DAS por diferencias con la Casa de Nariño.
Otro episodio polémico en esta estrategia fue la publicación, en abril de este año, de una denuncia según la cual 23 magistrados de las Cortes viajaron a Neiva en un vuelo chárter pagado por Ascencio Reyes, un cuestionado empresario, conocido de tiempo atrás en las Cortes y en la Fiscalía.
Las Cortes quedaron muy mal paradas con el episodio y aun hoy dicen que Reyes no pagó el viaje. Pero, más allá del legítimo cuestionamiento que se les ha hecho a los magistrados, resulta insólito que la investigación de lo ocurrido fuera llevada a cabo por miembros de la Casa de Nariño y filtrada desde allí a los medios de comunicación. ¿Qué hacen asesores del Presidente investigando a los magistrados? Aun más, ¿por qué estaban esculcando un caso que ocurrió en 2006?
Y esa no es la única filtración de expedientes que han hecho a los medios de comunicación. A pesar de que el presidente Álvaro Uribe fue enfático en decir que la información que 'Job' llevó a Palacio contra la Corte no se la habían entregado a las autoridades porque era "irrelevante", lo paradójico es que sí se la entregaron a un medio de comunicación con la intención de que éste la publicara. Incluso, las trascripciones hechas por la Casa de Nariño y entregadas al medio tienen amplios fragmentos contra la Corte que no están en los audios.
Y como si fuera poco, ahora esa actitud de fabricar ataques que ronda en el ambiente palaciego ha puesto su mira ya no sólo sobre la Corte sino que la ha intensificado en la oposición política. La consigna pareciera ser que la mejor defensa es el ataque.
Si se recopilan todas las andanadas de la Casa de Nariño de los últimos días se encuentra que se han encargado de desempolvar desde un decreto de hace 15 años del gobierno de César Gaviria (ver artículo en la página siguiente), hasta viejos archivos de prensa de hace 18 años que hablan de un llamado a indagatoria al senador liberal Juan Fernando Cristo.
La información contra Cristo no salió de manera clandestina de Palacio, por el contrario, fue dada a conocer por un comunicado de prensa. Lo cual indica que la estrategia contra los liberales existe como un propósito político de bajarle la guardia frente a la opinión a quienes son unos permanentes opositores.
Fuentes de la Registraduría General de la Nación aseguraron a SEMANA que los libros contables de las campañas políticas de los liberales, que son documentos públicos, han sido consultados por personas cercanas al gobierno.
Y el presidente Uribe pidió que investigaran a uno de los periodistas más críticos del régimen, Daniel Coronell, pues considera que es un delito que haya guardado varios años el video con la confesión de Yidis Medina en el que asegura que le compraron su voto a favor de la reelección. La Sociedad Interamericana de Prensa, a través de su vicepresidente Enrique Santos, dijo que el procedimiento de Coronell no riñe con la ética periodística.
Frente a toda esta situación, el presidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, ha salido a denunciar que se trata de un complot desde la Casa de Nariño contra la Corte. Y el viernes pasado, el propio Ricaurte en un seminario en Cartagena volvió sobre el tema de los ataques del gobierno y lanzó una frase lapidaria: "La Corte, así como hace más de dos décadas no se dejó amedrentar de los violentos que quisieron acallarla y consumirla en llamas, tampoco lo hará ahora frente a quienes pretenden silenciarla para que campee la impunidad".
Y ante el relator especial de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Leandro O. Despouy, Ricaurte soltó otra bomba de profundidad. Denunció que el presidente Álvaro Uribe amenaza la independencia judicial "cuando dirige críticas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en las que nos tilda de prevaricadores, de golpistas, de tener un sesgo ideológico, de comparar nuestras decisiones con pescas milagrosas y de señalarnos de cohonestadores del terrorismo y de calificar nuestras actuaciones como un coletazo agónico del terrorismo". El relator de la ONU sólo atinó a decir: "Me siento preocupado por los testimonios que he recibido".
Es muy cierto que todos los Estados deben protegerse de infiltraciones de la mafia o posibles atentados contra la seguridad nacional provenientes de grupos ilegales o de fuerzas desestabilizadoras, como ha ocurrido en la historia reciente de Colombia. Pero una cosa es la legítima y necesaria defensa del gobierno frente al crimen organizado y otra, muy distinta, que desde el alto gobierno se utilice el poder del Estado para hacer un trabajo sucio que pretende salpicar a los poderes que le hacen un contrapeso constitucional al poder Ejecutivo, imprescindible en cualquier democracia, y que termina haciéndoles un gran daño a las instituciones del país.
www.semana.com
Gaviria contraataca y Uribe se va contra liberales
Gaviria contraataca y Uribe se va contra liberales
El ex presidente César Gaviria respondió a las acusaciones que le hizo en días pasados el presidente Álvaro Uribe sobre sus presuntos pactos con los Pepes, y lanzo gravísimas acusaciones sobre los personajes que han rodeado a Uribe. La temperatura de las relaciones entre gobierno y Partido Liberal.
Fecha: 09/04/2008 -
El ex presidente Gaviria, quien este jueves se reúne con los expresidentes de Brasil, Fernando Enrique Cardoso y México, Ernesto Zedillo para hablar sobre el tema de drogas, acusó al presidente Álvaro Uribe de orquestar un debate en su contra desde la Casa de Nariño.
Uribe ha acusado a Gaviria y su gobierno de haber patrocinada al grupo “Los Pepes” (Persegudios por Pablo Escobar), un grupo de narcotraficantes que le declaró la guerra al capo, y que según lo han afrmado diferentes investigadores, colaboró con el Estado para dar de baja al prófugo narcotraficante en diciembre de 1993.
"El Presidente debe decir quién es más cercano a los ‘Pepes’. El Presidente debe ser claro y decirles a los colombianos qué quiere sobre el tema de los ‘Pepes’; yo estoy presto a contestarle cada una de las dudas que tenga, cuando quiera y donde quiera”, dijo el ex presidente, César Gaviria, a la salida de una reunión con congresistas de su partido al comienzo de esta semana.
Transcripción de lo que dijo el ex presidente César Gaviria en La W
Video: Las acusaciones contra Cristo
Uribe se queja de la Corte y Cristo niega acusaciones
"El Presidente debe decir quién es más cercano a los "Pepes": Gaviria
Gaviria aseguró también que el primer mandatario le entregó un expediente al senador Samuel Arrieta del partido Convergencia Ciudadana de la coalición de gobierno, para cuestionarlo sobre el Decreto 264, que se expidió durante su administración, que según el gobierno, legalizó a Los Pepes.
“Yo tengo la absoluta seguridad de que no tuve nada que ver con los Pepes y de que mis ministros tampoco”, dijo Gaviria y muy molesto, preguntó al presidente Uribe: “¿Es que le duele la muerte de Pablo Escobar, o qué es lo que le molesta tanto? Yo no creo que a estas alturas estemos como están en la casa de Nariño llorando la muerte de Pablo Escobar Gaviria”.
Hoy en la mañana, el senador Arrieta negó las acusaciones. “No he recibido ningún expediente; yo no tengo el músculo político para hacer un complot contra un ex presidente. Algún chismoso del Congreso le dijo eso al doctor Gaviria”.
Gaviria insitió que estaba dispuesto a responderle el debate de los Pepes al presidente Uribe porque estaba convencido de que el debate se devolvía contra él porque los personajes involucrados eran cercanos al gobierno actual.
"El señor este Micky Ramírez no sería uno al que le prestaron 30 mil millones, uno que tumbó a un funcionario, creo que de Finagro. O ese señor Ángel que son esta familia que tiene unos miembros en el Consejo de Televisión. ¿No serán esos Los Pepes de que estamos hablando? ¿De quién serán cercanos? ¿No serán cercanos del gobierno del presidente Uribe?", dijo Gaviria.
Micky Ramírez, acusado por lavado de dinero a a través del Fondo Ganadero del Caquetá, fue uno de los llamados Doce del Patíbulo, junto con Guillermo Ángel, empresario antioqueño cercano al presidente Uribe. Según reveló la revista SEMANA de la época estos doce personajes, muchos con fincas en el Magdalena Medio, lograron que la Fiscalía de Gustavo de Greiff les borrara las acusaciones que contra ellos tenía la justicia por narcotráfico y otros delitos asociados, y a cambio ellos prestaron toda su colaboración con las autoridades para dar con el paradero de Pablo Escobar.
Ramírez ha sido además señalado por múltiples víctimas de Sucre y Bolívar como presunto cómpice de la violencia paramilitar que los despojó de sus tierras y dejó varios muertos.
De otra parte, un hermano de Guillo Ángel, como lo conocen sus amigos, tiene gran influencia sobre la Comisión Nacional de Televisión, según lo han reportado varios medios, entre ellos SEMANA.
Villegas y la Aeronáutica
Otra de las acusaciones del ex presidente Gaviria y ex secretario general de la OEA, al presidente Uribe fue en referencia a su paso por la dirección de la Aeronáutica Civil en los años 80.
"(...) el Presidente era muy cercano al señor César Villegas, fue el Jefe de Planeación de la Aeronáutica. El Presidente se tuvo que ir de la Dirección de la Aeronáutica (en 1982) justamente por las cosas que ese señor hacía allá en la Aeronáutica a favor del narcotráfico", afirmó Gaviria.
La Presidencia, a través de un comunicado, desvirtuó las acusaciones de Gaviria. Sin embargo, el mismo comunicado confirma que entre 1980 y 1982, Cesar Villegas fue jefe de planeación de la Aeronáutica, mientras Álvaro Uribe era su director.
“El señor César Villegas laboró en la Aeronáutica Civil del 29 de agosto de 1980 al 30 de diciembre de 1986”, dice el comunicado y reseña también que Alvaro Uribe dejó la Aeronáutica en 6 de agosto de 1982.
Varias fuentes que trabajaron en la aeronáutica durante esa época, confirmaron que Villegas fue subalterno de Uribe Vélez. Ambos habían sido nombrados por el presidente Turbay Ayala. Tanto Uribe como Villegas eran cercanos al movimiento Poder Popular, fundado por Ernesto Samper.
En enero de 1980 fue nombrado por el presidente Turbay, Fernando Uribe Senior como director de la Aeronáutica Civil, la entidad encargada de autorizar licencias, vuelos y pistas a aviones en todo el país. Uribe Senior tomó la decisión de cerrar pistas y revocar licencias a varios sospechosos narcotraficantes. Pocas semanas después fue asesinado.
En su reemplazo el 24 de marzo de 1980, Turbay nombró a Álvaro Uribe Vélez, al parecer como cuota del cacique político antioqueño liberal Bernardo Guerra Serna y ejerció hasta el 7 de agosto de 1982.
César Villegas, apodado por sus amigos como “El Bandi” y que era profesional especializado de la oficina de la Aeronaútica, fue ascendido por Uribe a jefe de Planeación de la Aeronaútica en abril de1981. Cuando salió Villegas tuvo tres investigaciones de la Procuraduría por presunta expedición irregular de licencias de vuelo a narcotraficantes, pero salió bien librado, según una investigación del periodista Joseph Contreras, que publicó en el polémico libro "Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez" en 2002.
Según Contreras citando fuentes de prensa de la época, en septiembre de 1983, el recién entrado Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla suspendió varias licencias otorgadas bajo la administración Uribe por irregulares.
Posteriormente, Villegas fue procesado por haber recibido cheques de los Rodriguez Orejuela entre 1992 y 1994 y condenado a 5 años de cárcel, dentro de lo que se conoció como el Proceso 8.000, durante el gobierno de Ernesto Samper.
Sin embargo, el 24 de abril de 2002 , en plena campaña a la Presidencia de Uribe, El Tiempo hizo una investigación sobre el paso de Uribe por la dirección de la Aeronáutica y encontró que la entidad había otorgado 562 licencias, que no requerían la firma del Director, sino del jefe de Planeación. También averiguó que las personas a las que les aprobaron las licencias para sus aeronaves, en ese momento, no tenían antecedentes judiciales.
El 4 de marzo de 2002, César Villegas, quien fue propietario del club de fútbol Santa Fe, fue asesinado.
Las acusaciones del ex presidente Gaviria, tratándose de no sólo de un expresidente de la República, sino de uno de los colombianos más influyentes en América Latina, por haber ocupado el cargo de Secretario General de la OEA por dos períodos consecutivos, son de suma gravedad y repercuten sobre la credibilidad del Primer Mandatario.
De nuevo contra los liberales
Uribe arremetió hoy de nuevo en contra de los liberales, demostrando que no tiene intención alguna de hacer una tregua. Según el representante a la Cámara Oscar Mauricio Lizcano de la bancada de gobierno, Uribe dijo durante una reunión con parlamentarios que el senador liberal Juan Fernando Cristo, a quien el presidente ha atacado en varias ocasiones esta semana, le había ofrecido un cheque del narcotráfico para su campaña en 1994.
"El Presidente nos dijo que cuando él (Uribe) era candidato al senado, Juan Fernando Cristo, quien era gerente de la campaña de Samper, había mandado un cheque proveniente del narcotráfico", dijo Lizcano.
"Es muy curioso que el Presidente se haya acordado 14 años después de un hecho en el cual él fue testigo y protagonista, y aparentemente partícipe, porqué no lo denunció, porqué no lo dijo y porqué no lo llevé a la justicia si le pareció tan grave", dijo el ex ministro de Defensa en el gobierno Gaviria, Rafael Pardo Rueda quien insistió en que "los ataques y los rumores hacen parte del libreto escrito en Palacio de Nariño”.
www.eltiempo.com
El ex presidente César Gaviria respondió a las acusaciones que le hizo en días pasados el presidente Álvaro Uribe sobre sus presuntos pactos con los Pepes, y lanzo gravísimas acusaciones sobre los personajes que han rodeado a Uribe. La temperatura de las relaciones entre gobierno y Partido Liberal.
Fecha: 09/04/2008 -
El ex presidente Gaviria, quien este jueves se reúne con los expresidentes de Brasil, Fernando Enrique Cardoso y México, Ernesto Zedillo para hablar sobre el tema de drogas, acusó al presidente Álvaro Uribe de orquestar un debate en su contra desde la Casa de Nariño.
Uribe ha acusado a Gaviria y su gobierno de haber patrocinada al grupo “Los Pepes” (Persegudios por Pablo Escobar), un grupo de narcotraficantes que le declaró la guerra al capo, y que según lo han afrmado diferentes investigadores, colaboró con el Estado para dar de baja al prófugo narcotraficante en diciembre de 1993.
"El Presidente debe decir quién es más cercano a los ‘Pepes’. El Presidente debe ser claro y decirles a los colombianos qué quiere sobre el tema de los ‘Pepes’; yo estoy presto a contestarle cada una de las dudas que tenga, cuando quiera y donde quiera”, dijo el ex presidente, César Gaviria, a la salida de una reunión con congresistas de su partido al comienzo de esta semana.
Transcripción de lo que dijo el ex presidente César Gaviria en La W
Video: Las acusaciones contra Cristo
Uribe se queja de la Corte y Cristo niega acusaciones
"El Presidente debe decir quién es más cercano a los "Pepes": Gaviria
Gaviria aseguró también que el primer mandatario le entregó un expediente al senador Samuel Arrieta del partido Convergencia Ciudadana de la coalición de gobierno, para cuestionarlo sobre el Decreto 264, que se expidió durante su administración, que según el gobierno, legalizó a Los Pepes.
“Yo tengo la absoluta seguridad de que no tuve nada que ver con los Pepes y de que mis ministros tampoco”, dijo Gaviria y muy molesto, preguntó al presidente Uribe: “¿Es que le duele la muerte de Pablo Escobar, o qué es lo que le molesta tanto? Yo no creo que a estas alturas estemos como están en la casa de Nariño llorando la muerte de Pablo Escobar Gaviria”.
Hoy en la mañana, el senador Arrieta negó las acusaciones. “No he recibido ningún expediente; yo no tengo el músculo político para hacer un complot contra un ex presidente. Algún chismoso del Congreso le dijo eso al doctor Gaviria”.
Gaviria insitió que estaba dispuesto a responderle el debate de los Pepes al presidente Uribe porque estaba convencido de que el debate se devolvía contra él porque los personajes involucrados eran cercanos al gobierno actual.
"El señor este Micky Ramírez no sería uno al que le prestaron 30 mil millones, uno que tumbó a un funcionario, creo que de Finagro. O ese señor Ángel que son esta familia que tiene unos miembros en el Consejo de Televisión. ¿No serán esos Los Pepes de que estamos hablando? ¿De quién serán cercanos? ¿No serán cercanos del gobierno del presidente Uribe?", dijo Gaviria.
Micky Ramírez, acusado por lavado de dinero a a través del Fondo Ganadero del Caquetá, fue uno de los llamados Doce del Patíbulo, junto con Guillermo Ángel, empresario antioqueño cercano al presidente Uribe. Según reveló la revista SEMANA de la época estos doce personajes, muchos con fincas en el Magdalena Medio, lograron que la Fiscalía de Gustavo de Greiff les borrara las acusaciones que contra ellos tenía la justicia por narcotráfico y otros delitos asociados, y a cambio ellos prestaron toda su colaboración con las autoridades para dar con el paradero de Pablo Escobar.
Ramírez ha sido además señalado por múltiples víctimas de Sucre y Bolívar como presunto cómpice de la violencia paramilitar que los despojó de sus tierras y dejó varios muertos.
De otra parte, un hermano de Guillo Ángel, como lo conocen sus amigos, tiene gran influencia sobre la Comisión Nacional de Televisión, según lo han reportado varios medios, entre ellos SEMANA.
Villegas y la Aeronáutica
Otra de las acusaciones del ex presidente Gaviria y ex secretario general de la OEA, al presidente Uribe fue en referencia a su paso por la dirección de la Aeronáutica Civil en los años 80.
"(...) el Presidente era muy cercano al señor César Villegas, fue el Jefe de Planeación de la Aeronáutica. El Presidente se tuvo que ir de la Dirección de la Aeronáutica (en 1982) justamente por las cosas que ese señor hacía allá en la Aeronáutica a favor del narcotráfico", afirmó Gaviria.
La Presidencia, a través de un comunicado, desvirtuó las acusaciones de Gaviria. Sin embargo, el mismo comunicado confirma que entre 1980 y 1982, Cesar Villegas fue jefe de planeación de la Aeronáutica, mientras Álvaro Uribe era su director.
“El señor César Villegas laboró en la Aeronáutica Civil del 29 de agosto de 1980 al 30 de diciembre de 1986”, dice el comunicado y reseña también que Alvaro Uribe dejó la Aeronáutica en 6 de agosto de 1982.
Varias fuentes que trabajaron en la aeronáutica durante esa época, confirmaron que Villegas fue subalterno de Uribe Vélez. Ambos habían sido nombrados por el presidente Turbay Ayala. Tanto Uribe como Villegas eran cercanos al movimiento Poder Popular, fundado por Ernesto Samper.
En enero de 1980 fue nombrado por el presidente Turbay, Fernando Uribe Senior como director de la Aeronáutica Civil, la entidad encargada de autorizar licencias, vuelos y pistas a aviones en todo el país. Uribe Senior tomó la decisión de cerrar pistas y revocar licencias a varios sospechosos narcotraficantes. Pocas semanas después fue asesinado.
En su reemplazo el 24 de marzo de 1980, Turbay nombró a Álvaro Uribe Vélez, al parecer como cuota del cacique político antioqueño liberal Bernardo Guerra Serna y ejerció hasta el 7 de agosto de 1982.
César Villegas, apodado por sus amigos como “El Bandi” y que era profesional especializado de la oficina de la Aeronaútica, fue ascendido por Uribe a jefe de Planeación de la Aeronaútica en abril de1981. Cuando salió Villegas tuvo tres investigaciones de la Procuraduría por presunta expedición irregular de licencias de vuelo a narcotraficantes, pero salió bien librado, según una investigación del periodista Joseph Contreras, que publicó en el polémico libro "Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez" en 2002.
Según Contreras citando fuentes de prensa de la época, en septiembre de 1983, el recién entrado Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla suspendió varias licencias otorgadas bajo la administración Uribe por irregulares.
Posteriormente, Villegas fue procesado por haber recibido cheques de los Rodriguez Orejuela entre 1992 y 1994 y condenado a 5 años de cárcel, dentro de lo que se conoció como el Proceso 8.000, durante el gobierno de Ernesto Samper.
Sin embargo, el 24 de abril de 2002 , en plena campaña a la Presidencia de Uribe, El Tiempo hizo una investigación sobre el paso de Uribe por la dirección de la Aeronáutica y encontró que la entidad había otorgado 562 licencias, que no requerían la firma del Director, sino del jefe de Planeación. También averiguó que las personas a las que les aprobaron las licencias para sus aeronaves, en ese momento, no tenían antecedentes judiciales.
El 4 de marzo de 2002, César Villegas, quien fue propietario del club de fútbol Santa Fe, fue asesinado.
Las acusaciones del ex presidente Gaviria, tratándose de no sólo de un expresidente de la República, sino de uno de los colombianos más influyentes en América Latina, por haber ocupado el cargo de Secretario General de la OEA por dos períodos consecutivos, son de suma gravedad y repercuten sobre la credibilidad del Primer Mandatario.
De nuevo contra los liberales
Uribe arremetió hoy de nuevo en contra de los liberales, demostrando que no tiene intención alguna de hacer una tregua. Según el representante a la Cámara Oscar Mauricio Lizcano de la bancada de gobierno, Uribe dijo durante una reunión con parlamentarios que el senador liberal Juan Fernando Cristo, a quien el presidente ha atacado en varias ocasiones esta semana, le había ofrecido un cheque del narcotráfico para su campaña en 1994.
"El Presidente nos dijo que cuando él (Uribe) era candidato al senado, Juan Fernando Cristo, quien era gerente de la campaña de Samper, había mandado un cheque proveniente del narcotráfico", dijo Lizcano.
"Es muy curioso que el Presidente se haya acordado 14 años después de un hecho en el cual él fue testigo y protagonista, y aparentemente partícipe, porqué no lo denunció, porqué no lo dijo y porqué no lo llevé a la justicia si le pareció tan grave", dijo el ex ministro de Defensa en el gobierno Gaviria, Rafael Pardo Rueda quien insistió en que "los ataques y los rumores hacen parte del libreto escrito en Palacio de Nariño”.
www.eltiempo.com
jueves, 21 de agosto de 2008
Director del semanario Voz, Carlos Lozano Guillén, a indagatoria por escándalo de 'Farcpolítica'
Foto: Archivo / EL TIEMPO
A indagatoria el director del semanario Voz por escándalo de 'Farcpolítica'.
Es vinculado a un proceso penal por sus presuntos vínculos con las Farc con base en varios mensajes descubiertos en los computadores de abatido alias 'Raúl Reyes'.
Yo establecí una comunicación con 'Raúl Reyes' debido a mis labores como facilitador de paz, aseguró Carlos Lozano (La W)
Estoy seguro de que no soy cómplice de las Farc, aseguró el director semanario 'Voz' (La W)
Carlos Lozano negó haber firmado correos bajo el alias de 'Toledo' (La W)
La diligencia fue programada para el próximo mes y en ella, Lozano deberá explicar sus actuaciones con el jefe guerrillero.
Los PC fueron encontrados por las autoridades en el campamento en el que murió 'Reyes' tras un bombardeo de la Fuerza Aérea al sitio en marzo.
La Fiscalía está en medio de una investigación que trata de determinar posibles lazos del mundo político con la guerrilla de las Farc.
Lozano reconoció que correos electrónicos suyos son parte de los archivos encontrados en computadores del extinto Raúl Reyes, quien fuera uno de los siete comandantes del Secretariado.
En algunos de esos correos ''por supuesto que hay críticas al gobierno, si es que yo soy de izquierda, pero eso no es un delito, a menos que creamos que existe el delito de opinión'', dijo Lozano en entrevista telefónica.
Lo que ''no hay en esos correos es una incitación a que secuestren, a que maten, eso sí no'', agregó Lozano, quien fue hasta mediados de este año uno de los dos facilitadores colombianos, autorizados por el gobierno del presidente Alvaro Uribe para buscar contactos con las Farc y lograr la liberación de secuestrados en manos de los rebeldes.
''Me siento tranquilo, casi que es un descanso porque tenía la incertidumbre qué iba a pasar, ¿será que me detienen?'', dijo.
En mayo pasado y en base a los archivos encontrados en los computadores de Reyes, la Fiscalía General abrió una investigación preliminar a ocho personas, entre ellas Lozano, al venezolano Amilkar Figueroa, un aliado del presidente Hugo Chávez; a la constituyente ecuatoriana María Augusta Calle y al experto en desarrollo alternativo, el estadounidense James C. Jones.
La Fiscalía también pidió en mayo a la Corte Suprema investigar por supuestos cargos de ''concierto para delinquir'' a la senadora Piedad Córdoba, del opositor Partido Liberal, así como a la también senadora Gloria Inés Ramírez y al representante a la Cámara, Wilson Borja, ambos del opositor partido Polo Democrático, por esos mismos supuestos lazos con las FARC.
www.eltiempo.com
Foto: Archivo / EL TIEMPO
A indagatoria el director del semanario Voz por escándalo de 'Farcpolítica'.
Es vinculado a un proceso penal por sus presuntos vínculos con las Farc con base en varios mensajes descubiertos en los computadores de abatido alias 'Raúl Reyes'.
Yo establecí una comunicación con 'Raúl Reyes' debido a mis labores como facilitador de paz, aseguró Carlos Lozano (La W)
Estoy seguro de que no soy cómplice de las Farc, aseguró el director semanario 'Voz' (La W)
Carlos Lozano negó haber firmado correos bajo el alias de 'Toledo' (La W)
La diligencia fue programada para el próximo mes y en ella, Lozano deberá explicar sus actuaciones con el jefe guerrillero.
Los PC fueron encontrados por las autoridades en el campamento en el que murió 'Reyes' tras un bombardeo de la Fuerza Aérea al sitio en marzo.
La Fiscalía está en medio de una investigación que trata de determinar posibles lazos del mundo político con la guerrilla de las Farc.
Lozano reconoció que correos electrónicos suyos son parte de los archivos encontrados en computadores del extinto Raúl Reyes, quien fuera uno de los siete comandantes del Secretariado.
En algunos de esos correos ''por supuesto que hay críticas al gobierno, si es que yo soy de izquierda, pero eso no es un delito, a menos que creamos que existe el delito de opinión'', dijo Lozano en entrevista telefónica.
Lo que ''no hay en esos correos es una incitación a que secuestren, a que maten, eso sí no'', agregó Lozano, quien fue hasta mediados de este año uno de los dos facilitadores colombianos, autorizados por el gobierno del presidente Alvaro Uribe para buscar contactos con las Farc y lograr la liberación de secuestrados en manos de los rebeldes.
''Me siento tranquilo, casi que es un descanso porque tenía la incertidumbre qué iba a pasar, ¿será que me detienen?'', dijo.
En mayo pasado y en base a los archivos encontrados en los computadores de Reyes, la Fiscalía General abrió una investigación preliminar a ocho personas, entre ellas Lozano, al venezolano Amilkar Figueroa, un aliado del presidente Hugo Chávez; a la constituyente ecuatoriana María Augusta Calle y al experto en desarrollo alternativo, el estadounidense James C. Jones.
La Fiscalía también pidió en mayo a la Corte Suprema investigar por supuestos cargos de ''concierto para delinquir'' a la senadora Piedad Córdoba, del opositor Partido Liberal, así como a la también senadora Gloria Inés Ramírez y al representante a la Cámara, Wilson Borja, ambos del opositor partido Polo Democrático, por esos mismos supuestos lazos con las FARC.
www.eltiempo.com
lunes, 12 de mayo de 2008
El sexenio vacío
¿De dónde viene entonces el 84 por ciento de popularidad? No son tantos, sumados, los favorecidos por este gobierno.
Por Antonio Caballero
Fecha: 04/26/2008 -1356
Al cabo de seis años de gobierno, las encuestas muestran que el presidente Álvaro Uribe tiene una popularidad del 84 por ciento, y sigue creciendo. Se impone una pregunta: ¿por qué?
Dejemos de lado el tema de la legitimidad, puesta bajo sospecha por el origen paramilitar y forzoso de un buen tercio de los votos populares del uribismo tanto en la primera como en la segunda elección, y también en el caso de ésta por la turbia componenda de los votos parlamentarios de Yidis y Teodolindo que la hicieron posible. Una ilegitimidad de origen puede verse políticamente compensada y perdonada por el éxito práctico. Pero resulta que más evidente aún que su ilegitimidad de origen es la absoluta falta de éxito de los gobiernos de Uribe en todos los campos imaginables: en lo político, en lo económico, en lo administrativo, en lo moral. Mírese como se mire, salta a la vista que al 84 por ciento de los colombianos no les ha ido bien en este sexenio, y tampoco a Colombia tomada en su conjunto. La pobreza persiste, la violencia no ceja, la corrupción aumenta (aunque no hasta el punto de que puede favorecer a 84 de cada 100 colombianos). Y aumenta también el desempleo, salvo en el rubro de la politiquería: cada político uribista tiene por lo menos un hijo embajador, y hasta a la modesta Yidis le prometieron tres puestos y un consulado (aunque le pusieron conejo). Todo va mal, y va para peor. ¿Por dónde empezar?
Esos funcionarios nombrados por Uribe, de ministro para abajo: ineptos, o dañinos, o en el mejor de los caos inocuos. Al cabo de tres cancilleres sucesivos, de los cuales la primera hablaba inglés, la segunda francés y el tercero no sabe, no contesta, el aislamiento diplomático de Colombia es mayor que nunca en su historia. Rodeada de vecinos hostiles (Venezuela, Nicaragua, Ecuador), sólo le queda la alianza moribunda de los Estados Unidos, que no le ha servido ni siquiera para que sea aprobado el tan anhelado (por Uribe) Tratado de Libre Comercio. Sesenta y tres parlamentarios de los dos partidos y los dos precandidatos presidenciales del partido demócrata critican a Uribe, que los califica de ignorantes, y hasta el embajador de Bush le hace censuras y advertencias. Al cabo de tres ministros de Hacienda sucesivos el crecimiento de la economía colombiana es el más bajo de la región, y el desempleo es el más alto (pese a que crece el río de la emigración, que ya ha llevado a la décima parte de la población del país a buscar trabajo en el extranjero). Con un Ministro de Agricultura recomendado por el presidente Uribe como el líder del futuro el sector agropecuario ha venido hundiéndose, ha expulsado hacia las ciudades a otra décima parte de la población, ha convertido al país, de exportador que era, en importador de alimentos. En el agro sólo crecen los cultivos ilícitos (y tal vez sería cosa de empezar a prohibir y perseguir el maíz, a ver si mejora). Dos ministros de Medio Ambiente, una perjudicial y otro anodino, les han entregado los bosques a las empresas madereras y han fumigado los parques naturales. Un inamovible Ministro de Transporte ha hecho mal todas las licitaciones de obras públicas, ensartando a la Nación en costosos pleitos perdidos, y ha sido incapaz de terminar (o aun de empezar) una carretera o un puerto o un puente o un túnel.
PUBLICIDAD
¿La seguridad democrática, tal vez? ¿La defensa, el orden público? Sí. Sin duda es ese aspecto el que más ha hecho por mantener por las nubes la popularidad del presidente Uribe. Una fanfarronada de matón de barrio como fue el bombardeo de un campamento de las Farc en territorio ecuatoriano halagó los más bajos instintos del patrioterismo, y de paso logró un "positivo cierto" dentro de la catarata de "falsos positivos" que venía presentando el Ministerio de Defensa: la muerte de uno de los miembros del Secretariado de las Farc. Con un costo diplomático descomunal, resultado de la violación del principio panamericano del respeto de las fronteras. A un costo moral inconmensurable, la mano cortada a cambio de un premio en metálico, se dio de baja a otro miembro del Secretariado. El costo económico de la guerra contra la guerrilla ha sido también considerable: en pie de fuerza, en armamento, en sobornos, en subvenciones para desertores. Y del lado de enfrente ha sido también inmenso, en dinero y en erosión de la justicia, el tratamiento del paramilitarismo, que sigue sin embargo casi intacto. Había doce mil paramilitares, se entregaron cuarenta mil y quedan ocho mil más, cuya violencia sigue.
La salud está en quiebra: cerrados los hospitales, las EPS en manos de los narcoparapolíticos, y al borde de la privatización incluso el Hospital Militar.
¡Ah! Y lo del DAS.
¡Ah! Y lo del primo y los otros sesenta uribistas presos.
Y entre tanto, el Presidente ha conseguido enemistarse casi con todo el mundo en el país. Con los altos tribunales de justicia. Con los estudiantes y los maestros. Con los parientes de los secuestrados. Con los partidos de la oposición. Con los sindicatos. Con la prensa.
¿De dónde viene entonces ese 84 por ciento de popularidad? No son tantos, sumados los favorecidos por este gobierno: delatores recompensados, politiqueros con contrato, empresarios (nacionales y extranjeros) beneficiados por subsidios y exenciones de impuestos y contratos de "estabilidad jurídica" por los que pactan ventajas tributarias y aduaneras. Serán, echando por copas, unas cien mil personas.
Los demás del 84 por ciento no son uribistas de convicción, sino uribistas de fe. Fe es creer lo que no vemos.
www.semana.com
¿De dónde viene entonces el 84 por ciento de popularidad? No son tantos, sumados, los favorecidos por este gobierno.
Por Antonio Caballero
Fecha: 04/26/2008 -1356
Al cabo de seis años de gobierno, las encuestas muestran que el presidente Álvaro Uribe tiene una popularidad del 84 por ciento, y sigue creciendo. Se impone una pregunta: ¿por qué?
Dejemos de lado el tema de la legitimidad, puesta bajo sospecha por el origen paramilitar y forzoso de un buen tercio de los votos populares del uribismo tanto en la primera como en la segunda elección, y también en el caso de ésta por la turbia componenda de los votos parlamentarios de Yidis y Teodolindo que la hicieron posible. Una ilegitimidad de origen puede verse políticamente compensada y perdonada por el éxito práctico. Pero resulta que más evidente aún que su ilegitimidad de origen es la absoluta falta de éxito de los gobiernos de Uribe en todos los campos imaginables: en lo político, en lo económico, en lo administrativo, en lo moral. Mírese como se mire, salta a la vista que al 84 por ciento de los colombianos no les ha ido bien en este sexenio, y tampoco a Colombia tomada en su conjunto. La pobreza persiste, la violencia no ceja, la corrupción aumenta (aunque no hasta el punto de que puede favorecer a 84 de cada 100 colombianos). Y aumenta también el desempleo, salvo en el rubro de la politiquería: cada político uribista tiene por lo menos un hijo embajador, y hasta a la modesta Yidis le prometieron tres puestos y un consulado (aunque le pusieron conejo). Todo va mal, y va para peor. ¿Por dónde empezar?
Esos funcionarios nombrados por Uribe, de ministro para abajo: ineptos, o dañinos, o en el mejor de los caos inocuos. Al cabo de tres cancilleres sucesivos, de los cuales la primera hablaba inglés, la segunda francés y el tercero no sabe, no contesta, el aislamiento diplomático de Colombia es mayor que nunca en su historia. Rodeada de vecinos hostiles (Venezuela, Nicaragua, Ecuador), sólo le queda la alianza moribunda de los Estados Unidos, que no le ha servido ni siquiera para que sea aprobado el tan anhelado (por Uribe) Tratado de Libre Comercio. Sesenta y tres parlamentarios de los dos partidos y los dos precandidatos presidenciales del partido demócrata critican a Uribe, que los califica de ignorantes, y hasta el embajador de Bush le hace censuras y advertencias. Al cabo de tres ministros de Hacienda sucesivos el crecimiento de la economía colombiana es el más bajo de la región, y el desempleo es el más alto (pese a que crece el río de la emigración, que ya ha llevado a la décima parte de la población del país a buscar trabajo en el extranjero). Con un Ministro de Agricultura recomendado por el presidente Uribe como el líder del futuro el sector agropecuario ha venido hundiéndose, ha expulsado hacia las ciudades a otra décima parte de la población, ha convertido al país, de exportador que era, en importador de alimentos. En el agro sólo crecen los cultivos ilícitos (y tal vez sería cosa de empezar a prohibir y perseguir el maíz, a ver si mejora). Dos ministros de Medio Ambiente, una perjudicial y otro anodino, les han entregado los bosques a las empresas madereras y han fumigado los parques naturales. Un inamovible Ministro de Transporte ha hecho mal todas las licitaciones de obras públicas, ensartando a la Nación en costosos pleitos perdidos, y ha sido incapaz de terminar (o aun de empezar) una carretera o un puerto o un puente o un túnel.
PUBLICIDAD
¿La seguridad democrática, tal vez? ¿La defensa, el orden público? Sí. Sin duda es ese aspecto el que más ha hecho por mantener por las nubes la popularidad del presidente Uribe. Una fanfarronada de matón de barrio como fue el bombardeo de un campamento de las Farc en territorio ecuatoriano halagó los más bajos instintos del patrioterismo, y de paso logró un "positivo cierto" dentro de la catarata de "falsos positivos" que venía presentando el Ministerio de Defensa: la muerte de uno de los miembros del Secretariado de las Farc. Con un costo diplomático descomunal, resultado de la violación del principio panamericano del respeto de las fronteras. A un costo moral inconmensurable, la mano cortada a cambio de un premio en metálico, se dio de baja a otro miembro del Secretariado. El costo económico de la guerra contra la guerrilla ha sido también considerable: en pie de fuerza, en armamento, en sobornos, en subvenciones para desertores. Y del lado de enfrente ha sido también inmenso, en dinero y en erosión de la justicia, el tratamiento del paramilitarismo, que sigue sin embargo casi intacto. Había doce mil paramilitares, se entregaron cuarenta mil y quedan ocho mil más, cuya violencia sigue.
La salud está en quiebra: cerrados los hospitales, las EPS en manos de los narcoparapolíticos, y al borde de la privatización incluso el Hospital Militar.
¡Ah! Y lo del DAS.
¡Ah! Y lo del primo y los otros sesenta uribistas presos.
Y entre tanto, el Presidente ha conseguido enemistarse casi con todo el mundo en el país. Con los altos tribunales de justicia. Con los estudiantes y los maestros. Con los parientes de los secuestrados. Con los partidos de la oposición. Con los sindicatos. Con la prensa.
¿De dónde viene entonces ese 84 por ciento de popularidad? No son tantos, sumados los favorecidos por este gobierno: delatores recompensados, politiqueros con contrato, empresarios (nacionales y extranjeros) beneficiados por subsidios y exenciones de impuestos y contratos de "estabilidad jurídica" por los que pactan ventajas tributarias y aduaneras. Serán, echando por copas, unas cien mil personas.
Los demás del 84 por ciento no son uribistas de convicción, sino uribistas de fe. Fe es creer lo que no vemos.
www.semana.com
lunes, 3 de marzo de 2008
Las mentiras del gobierno de uribe
Vicepresidente Carrizalez asegura que Gobierno colombiano miente
Caracas.- El vicepresidente Ejecutivo de la República, Ramón Carrizalez Rengifo, acusó hoy al gobierno colombiano de mentir con sus acusaciones sobre una supuesta relación entre Venezuela y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Tras las declaraciones del director de la Policía de Colombia, Oscar Naranjo, Carrizalez indicó que se trata de un intento de justificar la agresión militar realizada a Ecuador, acción en la cual murió el jefe guerrillero Raúl Reyes.
“Nosotros estamos acostumbrados ya a las mentiras del gobierno colombiano. Pueden inventar cualquier cosa para tratar de salirse de la violación del territorio ecuatoriano que hicieron”, expresó, reseñó ABN.
El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, ordenó ayer el cierre de la embajada de Venezuela en Bogotá y el envío de 10 batallones a la frontera, así como el despliegue de blindados y aviones a la frontera con el vecino país.
Argumentó que la medida obedecería al hecho de que efectivos del Ejército neogranadino incursionaron en territorio ecuatoriano.
Chávez advirtió a Uribe que no se le ocurriera hacer lo mismo en tierra venezolana porque se podría "producir una guerra".
www.eluniversal.com
Caracas.- El vicepresidente Ejecutivo de la República, Ramón Carrizalez Rengifo, acusó hoy al gobierno colombiano de mentir con sus acusaciones sobre una supuesta relación entre Venezuela y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Tras las declaraciones del director de la Policía de Colombia, Oscar Naranjo, Carrizalez indicó que se trata de un intento de justificar la agresión militar realizada a Ecuador, acción en la cual murió el jefe guerrillero Raúl Reyes.
“Nosotros estamos acostumbrados ya a las mentiras del gobierno colombiano. Pueden inventar cualquier cosa para tratar de salirse de la violación del territorio ecuatoriano que hicieron”, expresó, reseñó ABN.
El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, ordenó ayer el cierre de la embajada de Venezuela en Bogotá y el envío de 10 batallones a la frontera, así como el despliegue de blindados y aviones a la frontera con el vecino país.
Argumentó que la medida obedecería al hecho de que efectivos del Ejército neogranadino incursionaron en territorio ecuatoriano.
Chávez advirtió a Uribe que no se le ocurriera hacer lo mismo en tierra venezolana porque se podría "producir una guerra".
www.eluniversal.com
Suscribirse a:
Entradas (Atom)