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martes, 11 de agosto de 2009

¿Por qué mataron a los niños?











Cuatro años después de la masacre de San José de Apartadó, donde tres niños fueron degollados y descuartizados, SEMANA reconstruye esos días de horror y el encubrimiento que siguió.

En febrero de 2005 Armando Gordillo conoció el paraíso y el corazón de las tinieblas en menos de una semana. El capitán del Ejército estaba en las exuberantes playas de Capurganá, en el mar Caribe, cuidando a las estrellas de televisión que grababan el reality Desafío 2005, cuando recibió una llamada en la que se le ordenaba que saliera para Nueva Antioquia, un paraje cerca de Apartadó, porque se daría inicio a la operación 'Fénix', programada por la Brigada XVII de Urabá. Era el comienzo de uno de los episodios más sangrientos de la guerra en Colombia: la masacre de Mulatos y La Resbalosa.

Cuando Gordillo recibió la llamada, hacía apenas una semana que la Brigada había recibido el golpe más duro de los últimos años, y el peor en la era del presidente Álvaro Uribe. En la vereda El Porroso, de Mutatá, un oficial y 18 soldados habían muerto en un cerco tendido por las Farc. La Brigada no había podido explicar lo ocurrido. Se dijo que hubo problemas de comunicación, que se trató de una emboscada; en todo caso, el general Héctor Fandiño y todos los altos oficiales de la Brigada estaban adoloridos y humillados por este golpe, que incluso le valió una sanción al General.

Por eso a Gordillo no le extrañó que lo llamaran para hacer parte de una acción envolvente de varios batallones sobre el cañón del río Mulatos, donde se sabía tenían su guarida los guerrilleros de los frentes 5 y 58 de las Farc, especialmente 'Samir', un temido insurgente que acampaba con frecuencia en la zona. Cuando llegó a Nueva Antioquia el 17 de febrero, tampoco le extrañó encontrar reunidos a los miembros de su batallón, oficiales y soldados, con un grupo paramilitar. No era la primera vez que esto ocurría. Todos sabían que el Bloque Héroes de Tolová, que pertenecía a 'Don Berna', tenía su centro de operaciones en el cerro de la Hoz, donde se estaba planeando los detalles de la operación. Dos meses atrás se había desmovilizado el Bloque Bananeros de Urabá, y se suponía que sus hombres estaban en plena reincorporación a la civilidad, bajo el mando de Ever Veloza, 'H. H.'.

Gordillo dice que cuando llegó a Nueva Antioquia sus superiores del Batallón Vélez, el teniente coronel Orlando Espinoza y el mayor José Fernando Castaño, tenían todo coordinado con los paramilitares del Héroes de Tolová. De hecho, la compañía Alacrán de otro batallón, el de Contraguerrilla 33, ya había partido en dirección a la vereda Las Nieves. Este grupo iba guiado por un paramilitar recién desmovilizado conocido como 'Melaza', viejo conocido de los militares, asiduo visitante de la Brigada XVII y quien no tuvo problema en vestir un camuflado y portar un fusil oficial, mientras se comunicaba por radio con las demás compañías que estaban en el terreno.

A Gordillo le asignaron un grupo paramilitar coordinado por alias '44', del que hacían parte varios esbirros como 'Kiko', 'Cobra' y 'Pirulo'. "Ellos dijeron que conocían el terreno, sabían de campamentos y caletas de las Farc hacia el cañón de Mulatos… que esa operación ya se había hablado con mandos superiores", le dijo Gordillo a la Fiscalía.

Los acontecimientos que siguieron muestran que la operación tenía el sello de la venganza. Las víctimas de la incursión iban a ser civiles, varios de ellos niños, que morirían degollados y descuartizados, en un acto de barbarie al mejor estilo de las matanzas de 'chulavitas' de la época de La Violencia.

Las tropas avanzaban lentamente, deteniendo a su paso a los pocos campesinos que transitaban esos caminos. 'Melaza' guiaba a los hombres del Batallón 33 y con frecuencia ponía en contacto al oficial que comandaba el grupo con las tropas que habían quedado atrás. Adriano José Cano, Melaza', tenía en ese entonces 25 años y trabajaba para el Ejército con frecuencia. "Ganaba 15.000 pesos diarios y bonificaciones, dependiendo de los resultados que tuviera la operación", dice. Así lo había hecho desde cuando ingresó a los paramilitares en 1997, y así lo hizo varias veces después de entregar las armas, "previa autorización del centro de referencia para desmovilizados", explica.

Desde niño había sido arriero y conocía como la palma de su mano los caminos de Urabá. En particular había estado en varias ocasiones en San José de Apartadó. Cómo no iba a conocer esas trochas si en el año 2001 participó en la masacre de seis campesinos en esta región. Esa vez iba encapuchado, pero muchos lo reconocieron. 'Melaza' era un nombre asociado con muerte.

Las tropas tenían información de que había un miliciano en la vereda Las Nieves y al amanecer del 20 de febrero cercaron el humilde rancho. "Llegamos como a las 6 de la mañana. Era un ranchito en medio del monte. Rodeamos la casa y el teniente Rodríguez metió la boquilla del fusil por la ventana. El miliciano le echó mano a un AK-47. Entonces disparamos todos contra el rancho. La casa quedó como un colador y aun herido de muerte, el miliciano seguía disparando. Cuando todo se calmó, vimos a un niño negrito y a la esposa del miliciano que salió con una niña de 2 años en los brazos completamente ensangrentada. 'Me mataron la niña', dijo. No se había dado cuenta siquiera de que estaba completamente desnuda. Yo me le acerqué y le dije: 'señora, vaya póngase algo'".

Efectivamente, Marcelino Moreno, 'Macho Rucio', era un miliciano y, al parecer, su muerte ocurrió en combate. La niña estaba herida, pero le dieron primeros auxilios y fue evacuada en un helicóptero y sobrevivió. Suerte que no tuvieron los hijos de Luis Eduardo Guerra y Alfonso Tuberquia, cuyo encuentro fue con la patrulla que venía rezagada.

Sin piedad

Ese domingo, cuando Luis Eduardo Guerra escuchó a lo lejos los disparos y el helicóptero del Ejército, se disuadió de salir a coger cacao. Guerra era el más destacado líder campesino de la comunidad de paz de San José de Apartadó. Esta comunidad había nacido una década atrás como un experimento de resistencia civil frente a la guerra, bajo la tutela especial del cura jesuita Javier Giraldo y de la ex alcaldesa de Apartadó Gloria Cuartas. La comunidad había sido blanco de todo tipo de críticas y señalamientos por parte del gobierno de una supuesta tolerancia con las Farc. También había sido víctima de innumerables atropellos y asesinatos selectivos. Luis Eduardo Guerra, a pesar de haberse formado en el campo, era un hombre con el don de la palabra, con un pensamiento tan estructurado que generaba sospecha en sus adversarios, que lo consideraban un ideólogo de la guerrilla. Era uno de aquellos casos excepcionales del hombre con talento y autodidacta. "Se levantaba a las 4 de la mañana a escuchar noticias y después de las jornadas en el campo, se ponía a leer historia, filosofía, era muy disciplinado", cuenta uno de los líderes de la comunidad. De hecho, Guerra era una especie de canciller de la comunidad de paz.

Al día siguiente, el lunes 21 de febrero, Guerra decidió salir por fin hacia su cultivo, con su compañera, Bellanira, de 17 años, su hijo Deiner ,de 11, quienes iban a lomo de mula, y su hermano medio Darío. Después de un corto recorrido, a eso de las 8 de la mañana, un grupo de militares salió entre la maleza y los detuvo. Desde un principio Darío temió lo peor. Se dio cuenta de que la actitud de los uniformados era taimada y extraña. Tuvo el presentimiento -al parecer correcto- de que con los militares había paramilitares. Entonces cuando vio que toda la atención de los soldados se centró en Luis Eduardo, se fue escabullendo detrás de la mula y, como pudo, salió corriendo entre la maraña. Poco después escuchó gritos de dolor y de espanto. Y ningún disparo. Los habían matado a garrote y con machete. Y degollados. Y aunque Gordillo dice que no sabe nada sobre estas primeras muertes, los investigadores tienen la hipótesis de que fueron sus tropas combinadas de militares y paramilitares, quienes estaban en ese lugar.

Hacia el mediodía, en la vereda La Resbalosa, a cuatro horas de allí, la escena se repitió con mayor sevicia. Según varios testimonios en poder de la justicia, y el del propio capitán Gordillo, los paramilitares, al mando de '44', le tomaron la delantera unos 500 metros al Ejército. Los paramilitares llegaron a la casa de Alfonso Bolívar, otro destacado líder de la comunidad de paz, cuando la familia estaba almorzando. Se inició un intercambio de disparos con un hombre llamado Alejandro Pérez -guerrillero de las Farc, según ha comprobado la Fiscalía-, quien alcanzó a correr unos cuantos metros antes de caer acribillado. Los paramilitares detonaron varias cargas explosivas contra la casa y vieron cómo cinco hombres salieron corriendo hacia el monte. Eran Bolívar y sus trabajadores. Lo que siguió es indescriptible.

Jorge Luis Salgado, alias 'Kiko', paramilitar del Bloque Héroes de Tolová, ahora en prisión, la contó a la Procuraduría lo que ocurrió esa tarde: "…vi que había una mujer muerta en el piso… de repente reportaron a los comandantes de unos niños que estaban adentro de la casa… creo que estaban debajo de la cama… fueron sacados de allí al patio… se le preguntó al comandante que qué se hacía con estos niños y llegaron a la conclusión de que serían una amenaza en el futuro diciendo textualmente que ellos crecían y se volverían guerrilleros… por ese motivo se ordenó ejecutarlos en silencio… fue cuando en esos instantes apareció el papá de ellos, con una rula en la mano… los peladitos gritaron ¡papá!... él les decía que no iba a pasar nada y les suplicó a los comandantes que por favor no fueran a matar a los niños… entonces él se arrodilla con las manos en la nuca… los niños corrieron hacia él… y es cuando el papá, ya consciente de lo que iba a suceder, le dice al niño que ellos iban a hacer un viaje largo y que posiblemente no iban a regresar… entonces la niña le busca al niño una ropita en un taleguito, y se lo entrega diciendo adiós con la mano…".

Bolívar había logrado correr y protegerse donde una vecina, pero al cabo de una hora, se sintió mal por haber dejado abandonada a su esposa, Sandra Milena, de 24 años, y a sus pequeños hijos, Natalia, de 5, y Santiago, de 18 meses, y regresó a su casa, a enfrentar la muerte. Todos murieron y fueron enterrados por sus victimarios en una fosa cerca de la casa. Los vecinos que al día siguiente pasaron por allí, una vez se habían ido los uniformados, dijeron que sólo se veía el rastro de sangre, la tierra removida y "un machete amellado de picar huesos".

Según los testimonios de los paramilitares, desde ese mismo instante el capitán Gordillo se enteró de lo que había ocurrido. La operación conjunta siguió, sin embargo, tres días más. Prácticamente hasta cuando el escándalo de la masacre ya estaba en la prensa de todo el mundo. A lo largo de esa semana la Fiscalía no pudo ir a levantar los cadáveres. El padre Javier Giraldo dice que el argumento que le dieron las autoridades judiciales es que necesitaban la protección y el transporte el Ejército, y la Brigada había dicho que "no tenía helicópteros disponibles". No obstante, en los testimonios que reposan en el proceso se dice que el general Héctor Fandiño y el coronel Néstor Iván Duque viajaron en un helicóptero el jueves de esa semana hasta donde estaban las tropas. De qué se enteraron ese día o qué decisiones tomaron es un misterio. Se sabe, eso sí, que esa misma fecha los paramilitares abandonaron la zona.

Para entonces, ya unas 110 personas de la comunidad y observadores internacionales había salido a pie a recuperar los cuerpos, habían llegado a la casa de Tuberquia y rodeado las fosas en espera de la Fiscalía. Uno de los primeros en llegar al lugar fue un oficial, quien se le presentó con su rostro altivo y su mirada fría ante los dolientes: "Soy el capitán Gordillo y vengo a brindarles protección". Ese viernes 25 de febrero en la tarde se inició la exhumación. Al día siguiente encontrarían junto al río los cuerpos de Luis Eduardo y su familia, devorados por los animales. Tan infames como estos crímenes resultaron los actos posteriores para encubrirlos.

¿Obstrucción a la justicia?

Desde el primer momento, el padre Javier Giraldo levantó su dedo señalando al Ejército como culpable. "Había hablado con muchos campesinos y sus versiones me convencieron de ello", dice. Pero le llovieron críticas. ¿Quién podía imaginar que el Ejército estuviera involucrado en un crimen en el que las principales víctimas eran niños?

No habían reposado en sus tumbas los muertos cuando los medios de comunicación empezaron a emitir los testimonios de dos supuestos desmovilizados de las Farc que acusaban a la comunidad de San José de Apartadó de tener vínculos con la guerrilla, y aseguraban que era ésta la que había cometido la atroz masacre. Los ex guerrilleros eran Elkin Tuberquia y Apolinar Guerra, quienes estaban bajo la tutela del coronel Néstor Iván Duque, comandante entonces del Batallón Bejarano, adscrito a la Brigada XVII. Sus versiones eran demasiado inverosímiles, pero confundieron enormemente al principio.

De otro lado, el comandante de las Fuerzas Armadas, general Carlos Alberto Ospina, se esforzó en explicar con mapas en la mano que las coordenadas de ubicación de los militares demostraban que estaban lejos de la zona de los hechos. Se ha conocido que un oficial había ordenado alterar la ubicación desde el mismo momento en que se desarrolló la operación. Como si fuera poco, el propio gobierno, antes que lamentar la masacre e instar porque se aclarara, salió a enjuiciar a la comunidad por su negativa a la presencia de militares y policías en la zona.

La justicia estaba en la encrucijada de que era evidente que la masacre había sido acto de militares y paramilitares, pero no había por dónde empezar, pues la comunidad de paz se negaba a hablar. Vino a ser el testimonio de 'Melaza' el que empezó a desenredar la madeja.

La justicia actúa

Todo pudo haber quedado en la sombra de la impunidad de no ser por la diligente acción de una fiscal. Como la comunidad de paz, embargada por la desconfianza, no quiso hablar con la justicia, los fiscales y los investigadores de la Procuraduría empezaron a arañar evidencias de un lado y de otro. Hace dos años la Fiscalía, en un acto inusual y hasta insólito, llamó a indagatoria a 60 militares de la Brigada XVII que habrían participado en los hechos, para intentar romper el pacto de silencio que, al parecer, se había hecho.

A finales de 2007 la historia tendría un giro definitivo. 'Melaza' había sido capturado dentro de la investigación que se seguía por la muerte de Carlos Castaño. Aunque en un principio él iba a participar en el asalto al máximo jefe de las AUC, luego fue relevado y finalmente no asistió. Ya había sido absuelto y cuando ya prácticamente tenía la boleta de libertad en sus manos para volver a la calle, un fiscal recordó que en un libro de Germán Castro Caycedo se mencionaba a un 'Melaza' asociado a la masacre de San José de Apartadó. Y lo llamaron a declarar por este caso. 'Melaza' sólo atinó a decir: "Yo no maté a esos niños".

Desde la cárcel de Itagüí, donde habló con SEMANA, el ex paramililtar ratifica su versión: "El Estado pide la verdad, pero para qué, si no puede aguantarla". El testimonio de 'Melaza' incriminó desde el primer momento al capitán Gordillo. Y éste a su vez ha involucrado a sus superiores, pues dice que en noviembre de 2007 "me encontré con mi general (Fandiño) en un apartamento de la 106. Me mostró la declaración de alias 'Melaza' y dijo que lo más probable era que me llamaran a indagatoria... me dijo que en ningún momento debía decir que iban guías civiles con armamento, ni otro personal diferente a soldados… que ya había declaraciones de dos informantes de las Farc (Tuberquia y Guerra) que habían dicho que a esa gente la habían matado los del frente 58".

Pero la suerte de Gordillo estaba echada. A finales de ese mes fue capturado. Poco después, al conocer la acusación en su contra, se dio cuenta de que no tenía nada qué hacer. Se declaró culpable y se acogió a sentencia anticipada. Confesó que sus tropas patrullaban con los paramilitares, y la justicia entendió que lo hicieron para cometer actos de terror y barbarie. Por eso hoy 10 militares están llamados a juicio, entre ellos el coronel Espinosa y el mayor Castaño. El fiscal Mario Iguarán anunció que también se investigará al general Héctor Fandiño, el comandante de la Brigada en aquel entonces.

Por lo menos seis de los paramilitares que participaron en la masacre han muerto. Alias '44', quien conocía piezas clave de lo que ocurrió, fue asesinado en Valencia, Córdoba, el año pasado. 'Melaza' y 'Kiko' están fuertemente custodiados en la cárcel, por las amenazas que han sufrido.

La historia le ha dado la razón al vituperado sacerdote Javier Giraldo. Su tesis, parecía inconcebible, poco a poco se confirma. Aunque él mismo está a las puertas de la cárcel por una denuncia por calumnia que le interpuso el coronel Duque, y a la que Giraldo ha respondido con una radical objeción de conciencia, negándose a presentarse ante el tribunal y rendir testimonio.

Por esas paradojas de la guerra, el hombre fuerte de las Farc en San José de Apartadó, 'Samir', al que los propios militares culpaban de la masacre, se desmovilizó en diciembre y desde entonces acompaña a la Brigada XVII en operaciones en todo Urabá. Su testimonio será clave en este caso.

La justicia trata de desentrañar los interrogantes que aún deja planteada esta compleja investigación. ¿Quién planeó la operación conjunta? ¿Se trató de una venganza contra la comunidad por las acciones de las Farc? ¿Hubo intención de desviar a la justicia?

Mientras tanto, Gordillo, sin sombra de remordimiento en los ojos, espera su condena en una cárcel militar. Desde otra prisión castrense, los 10 militares que irán a juicio niegan hasta el momento todo lo ocurrido.


Publicado en
www.semana.com

sábado, 22 de noviembre de 2008

Mancuso involucra a militares en masacre de El Aro

Mancuso involucra a militares en masacre de El Aro

El ex jefe paramilitar aseguró este martes que al menos un jefe militar participó en una masacre perpetrada hace 11 años en un caserío del departamento de Antioquia y en la que fueron asesinadas 15 personas.

Con información de AP

Visiblemente demacrado, vestido con un traje negro, Salvatore Mancuso dijo desde la cárcel estadounidense en que está confinado que el extinto jefe paramilitar Carlos Castaño le contó que "la logística" para cometer la masacre de El Aro el 22 de octubre de 1997, se la prestó el entonces comandante de la IV Brigada del Ejército, a quien nombró como "el general Ospina".

Aunque Mancuso no precisó quién era Ospina, para la época de la masacre quien comandaba la IV Brigada, con sede en la ciudad de Medellín, era el general Carlos Alberto Ospina, hoy en retiro.

Durante una diligencia ante la Fiscalía colombiana, que fue transmitida vía satélite a Colombia, Mancuso aseveró que en varias oportunidades se reunió para hablar de la creación de grupos armados con Pedro Juan Moreno, el ex secretario de la Gobernación de Antioquia entre 1995 y 1997, época en la que se desempeñó como gobernador de este departamento el hoy presidente Alvaro Uribe.

Moreno falleció en un accidente aéreo en febrero de 2006.

Pero Mancuso advirtió que el presidente Uribe nada tuvo que ver ni con la logística ni con la comisión de la masacre.

Sobre este punto, Mancuso desmintió a un testigo --Francisco Villalba-- que reiteradamente ha sostenido que Uribe dio la orden para perpetrar los hechos violentos de El Aro.

"Villalba no es creíble porque dice verdades y mentiras a la vez", sostuvo Mancuso.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en julio de 2006 al estado colombiano por la masacre de El Aro.

Mancuso dijo que muchas veces su organización paramilitar "trabajó en llave" con la Policía y el Ejército.

Precisó que, incluso, si los uniformados reportaban 10.000 balas utilizadas en su lucha contra la guerrilla, era porque en realidad sólo habían gastado 1.000 y las otras 9.000 se las habían entregado a los paramilitares.

Mancuso y otros 13 jefes paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos en mayo por orden del presidente Uribe para que enfrenten acusaciones por narcotráfico.

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sábado, 30 de agosto de 2008

Paras’ extraditados deberían ser repatriados hasta que digan la verdad: Baltazar Garzón

Paras’ extraditados deberían ser repatriados hasta que digan la verdad: Baltazar Garzón
El Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo y el juez de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón presenciaron la exhumación de 25 cadáveres en Turbo, Antioquia. Garzón propuso repatriar temporalmente a los paras extraditados a Estados Unidos para que las víctimas conozcan la verdad.
Fecha: 08/26/2008 -
Este martes, el juez de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón y el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, quienes se encuentran de visita en Colombia con el propósito de indagar sobre el proceso de justicia y paz, asistieron a la exhumación de 25 cadáveres, asesinados por los paramilitares en la vereda Las Cañas, zona rural de Turbo, Antioquia.

Las coordenadas que permitieron localizar la fosa donde estaban los cadáveres a dos metros de profundidad fueron reveladas durante las diligencias de Justicia y Paz, por Éver Veloza, alias ‘HH’, a quien el gobierno le tiene pendiente la extradición a los Estados Unidos por el delito de narcotráfico. El viernes pasado el gobierno le dio un plazo de cuatro meses a alias ‘H.H’ para que colabore con Justicia y Paz antes de hacer efectiva su extradición.

Por esta razón, el juez Garzón dijo: “yo estoy convencido de que ningún gobierno democrático, y estoy seguro de que el de Colombia no lo va a hacer, si 'HH' está desarrollando esas declaraciones, no lo va a extraditar. Sería un caso muy grave que lo hiciera. Si han dado cuatro meses y la actividad necesita cinco, serán cinco, estoy convencido".

Garzón, impresionado por la exhumación de los cadáveres, propuso repatriar, al menos temporalmente, a los jefes paramilitares extraditados con el fin de que las víctimas conozcan la verdad sobre lo que pasó con sus seres queridos asesinados o desaparecidos. El juez dijo que conocía de situaciones semejantes en las que españoles extraditados a Estados Unidos han sido devueltos a su país, mientras se efectúan las diligencias judiciales necesarias.

"Iguarán (el fiscal) no va a ir por Mancuso y se lo va a traer de la mano a Colombia. Ya le gustaría, pero no lo puede hacer. Sin ningún lugar a dudas que si se hace conciencia de lo que es Justicia y Paz, esa decisión se va a producir", dijo Garzón.

Hasta el momento por testimonios de combatientes y jefes desmovilizados del paramilitarismo y la guerrilla se han encontrado unas 1.300 fosas con unos 1.600 cadáveres, de acuerdo con datos del informe anual de la Fiscalía General presentado el lunes. (Vea aquí más cifras consolidadas de la Fiscalía sobre Justicia y Paz).

El juez Baltasar Garzón y el Fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo, vieron de cerca los vestigios del largo conflicto interno colombiano. Presenciaron cómo técnicos de la Fiscalía colombiana, enfundados en trajes blancos y con mascarillas, exhumaron los cadáveres.

"La verdad es que no había tenido ocasión de ver una fosa en la que se están descubriendo cadáveres y ver los cuerpos y sus restos: cráneos, dentaduras, miembros del cuerpo humano. Es muy impactante", dijo Garzón consternado, a los medios de comunicación.

Ante la ausencia de los familiares de las personas asesinadas en la diligencia, Moreno advirtió que aunque muchas víctimas han decidido hablar, aún tienen mucho miedo. “Ellos (los familiares) quieren estar acá presentes,...quieren saber qué pasó con sus familias, y no están porque tienen miedo, entonces esto muestra que todavía tenemos tres problemas distintos: verdad, justicia y también seguridad", dijo desde la región de Urabá, una de las más azotadas por el paramilitarismo, a 480 kilómetros al noroeste de Bogotá.

"En la medida que Colombia haga justicia, no necesita la intervención de la Fiscalía (de la CPI), la Fiscalía es una herramienta de reaseguro que no va a haber impunidad en Colombia, ese es nuestro rol, reasegurar que si el gobierno no puede, nosotros vamos a dar castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad”, dijo el Fiscal de la CPI, quien además se abstuvo de opinar sobre la propuesta de repatriar a los paras extraditados.

Moreno dijo que en un mes entregará el informe sobre su visita a Colombia. Dijo además que había visto avances importantes en el mecanismo de reparación a las víctimas del conflicto armado por vía administrativa, con respecto a su visita el año pasado.

Moreno, quien comparó los crímenes cometidos en Colombia con los cometidos en naciones africanas como Congo, ha mostrado especial interés en las presuntas relaciones de políticos con paramilitares. En un taller de justicia transicional en el que participó, Moreno dijo que "la 'parapolítica' es un tema central para nosotros porque los máximos responsables son los que deben ser juzgados y condenados".


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sábado, 7 de junio de 2008

Yidis Medina se acogió a sentencia anticipada
La ex representante conservadora aceptó el delito de cohecho ante la Corte Suprema. El tribunal dará a conocer su condena antes de diez días.
Fecha: 06/04/2008 -
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia celebró este miércoles audiencia de formulación de acusación contra la ex representante conservadora a la Cámara por Santander, Yidis Medina, quien se acogió a sentencia anticipada. Medina aceptó ante la Corte que recibió prebendas a cambio del voto a favor del proyecto de reelección presidencial en junio de 2004.

La Corte le imputó a la ex congresista el delito de autoría de cohecho propio toda vez que “en su condición de congresista aceptó promesa remuneratoria con el fin de ejecutar acto contrario a sus deberes oficiales”, según dijo la Corte en un comunicado emitido minutos después de finalizada la audiencia.

De esta forma la Corte Suprema de Justicia acepta la inculpación de la ex congresista que estuvo durante un par de meses en la Cámara de Representantes, y cuyo voto fue determinante para aprobar la reelección inmediata del presidente Álvaro Uribe.

El coletazo
El caso Yidis, para bailar se necesitan dos

El abogado de Medina, Ramón Ballesteros, dijo al final de la audiencia que la decisión tomada por la Corte era la que esperaba su defendida y que en los próximos diez días se conocería la condena a la ex representante. “Yo creo que será antes, ahí se conocerá cuál es la pena y cuáles son los beneficios a los cuales se accedería. Nosotros por supuesto estamos esperando la menor de las menores, y después de ella estamos aspirando al mayor de los mayores descuentos de la condena, ojala el 50 por ciento de ésta”, dijo Ballesteros.

De acuerdo al código penal, quien cometa el delito de cohecho propio “incurrirá en prisión de cinco a ocho años, multa de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco a ocho años”.

En este caso específico la Corte señala como agravante del delito el hecho que, ostentando un cargo de elección popular, Yidis Medina traicionó el interés colectivo a cambio de dádivas para beneficiarse particularmente. Como punto a favor de Medina, la Corte tendrá en cuenta la falta de antecedentes penales de la ex representante y su presentación voluntaria ante las autoridades después de haber cometido el delito.

La condena que se conocerá en los próximos días no interfiere con los otros procesos que se le adelantan a la ex congresista y los implicados en el presunto delito de cohecho. Así lo hizo saber el abogado Ballesteros, quien además dijo que en los próximos días se dará en la Procuraduría el encuentro cara a cara entre Medina y el ministro de Protección Social, Diego Palacio, a quien Medina señala de haberle ofrecido favores políticos a cambio de su voto.

Ballesteros además llamó la atención sobre los procesos que se adelantan de manera paralela y por los mismos hechos contra los presuntos implicados en este delito.

En estos procesos tanto la Corte como la Fiscalía buscan establecer las responsabilidades del ministro Palacio; del actual embajador en Italia Sabas Pretelt de la Vega y quien para la fecha era ministro del Interior y de Justicia; del también congresista Teodolindo Avendaño quien se ausentó al momento de la votación de la reelección; y de Iván Díaz Mateus quien era el titular de la curul que Medina estaba reemplazando, entre otros.

lunes, 28 de abril de 2008

El caso Yidis, para bailar se necesitan dos
Yidis Medina está en la cárcel. Sin embargo, el delito del cohecho, como en el tango, para que se lleve a cabo se necesitan dos. ¿Quiénes son los que supuestamente ofrecieron las prebendas?
Fecha: 04/28/2008 -
La Corte Suprema de Justicia dictó orden de captura el pasado viernes 25 de abril a Yidis Medina, por el delito de cohecho que habría cometido al aceptar prebendas a cambio de votar a favor el proyecto de reelección presidencial aprobado en el 2004.

Dos días después de la orden de captura, Medina decidió ponerse a disposición de las autoridades. Este lunes fue reseñada en la Fiscalía General de la Nación y luego llevada a la Corte Suprema donde está rindiendo testimonio por el supuesto delito de cohecho.

Pocos días después del debate en la Comisión Primera de la Cámara, el representante por el Polo Germán Navas Talero denunció ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que Yidis Medina, al igual que otros congresistas y algunos funcionarios del gobierno, habrían incurrido en el delito de cohecho. Y si bien la denuncia cayó en el olvido, fue resucitada en los últimos días por Noticias Uno, al publicar una entrevista en la cual Medina aseguró que el gobierno le había hecho ofrecimientos a cambio de su voto a favor del acto legislativo que modificó la Constitución y permitió la reelección presidencial.

El Código Penal colombiano sanciona el delito de cohecho, tanto en la persona que “recibe dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente”, como en aquella que da u ofrece esa remuneración o utilidad. Para el caso de Yidis Medina, si se demostrara el delito, y sin tener en cuenta los beneficios a los cuales se acoja como sentencia anticipada o colaboración con la justicia, sería sancionada con prisión entre cinco y nueve años, tendría que pagar 65 salarios mínimos y no podría volver a ejercer cargos públicos como mínimo por seis años.

Tras la captura de la ex congresista santandereana se espera que vengan nuevas acciones judiciales en contra de quienes participaron en este delito. Ella ha señalado al ministro de Protección Social, Diego Palacios, y al entonces ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega como quienes hicieron la promesa de la remuneración. "El cohecho es un enroque. Y ese enroque favorece a varios lados. Que cada quien saque sus conclusiones", dijo el representante Navas Talero en entrevista telefónica con Semana.com.

Navas Talero también dijo que el pasado jueves estuvo en la Corte Suprema de Justicia ampliando y ratificando la denuncia hecha en contra de Yidis Medina, Teodolindo Avendaño y otros, luego de que dos semanas atrás la Corte Suprema anunciara que reabriría la investigación.

“Yo cumplí como todo ciudadano con el deber de denunciar. El jueves estuve en la Corte Suprema ratificando y ampliando mi denuncia. Las otras decisiones, ya las toma la Corte”, dijo el también abogado Navas Talero.

Así se aprobó la reelección

Semana.com conoció la denuncia que en su momento se hizo en contra de los congresistas y funcionarios que habrían caído en el delito de cohecho y que fue presentada por el congresista Navas Talero.

En ella se explica que antes del debate en la Comisión primera, un grupo de 16 representantes, entre los que se contaban Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, hicieron una reunión en la casa de la congresista Clara Pinillos. Allí determinaron redactar una proposición para que el Acto Legislativo que promovía la reelección fuera archivado. Proposición que fue firmada por los 16 presentes y apoyada telefónicamente por otros dos congresistas.

Navas Talero, según la denuncia, le expresó a la representante Medina el miedo que le despertaba porque, siendo ella segundo renglón de Iván Díaz Mateus, se dejara presionar para cambiar el voto. Ella respondió que no lo permitiría. Al día siguiente, según dijo la denuncia, un miércoles, no se llevó a cabo el debate en la comisión debido a una reunión que se realizó en la Casa de Nariño con los integrantes que estaban a favor de aprobar la reelección, y por un problema de logística con la transmisión a través del canal del Congreso. Se citó entonces a la comisión para jueves 3 de junio a las ocho de la mañana.

Ese miércoles se conoció que el ministro de la Protección Social Diego Palacio estaba reunido a puerta cerrada en la oficina del representante Teodolindo Avendaño, hecho que quedó registrado por las cámaras de CM&, por los periodistas Rodrigo Silva de Caracol Radio, y William Acero del diario El Mundo de Medellín, entre otros medios.

En la denuncia se cuenta que tan pronto el Ministro salió de la oficina de Avendaño, el representante Navas Talero lo llevó a su despacho donde se llevó a cabo una conversación jovial en la que estuvieron presentes otros congresistas y algunos medios de comunicación. Sin embargo no se trató el tema del porqué estaba allí el ministro Palacio.

El jueves antes del debate Yidis Medina le dijo a Caracol y a RCN que ante los ofrecimientos hechos el día anterior por el gobierno para ayudar a su región había decidido cambiar su voto y que apoyaría la reelección. El resto de la historia es bastante conocido.

El Acto Legislativo salió avante, sin embargo desde ese momento quedó un manto de duda sobre la legitimidad de la aprobación. Navas Talero pidió ese día que Yidis Medina se declarara impedida y ella así lo aceptó. Sin embargo, cuando se sometió a votación los posibles impedimentos, la Comisión no consideró que Yidis estuviera impedida. Por eso votó por el sí.

La polémica sigue abierta. Será tarea de la Corte Suprema conocer que fue lo que en realidad pasó. El gobierno dijo hace poco tiempo que no compró conciencias, mientras que Yidis Medina dice tener pruebas para demostrar todo lo que ha dicho. Pero en últimas o se salvan Yidis y los que ella acusa de proponerle prebendas, o se condenan ambos, porque como en el tango para bailar se necesitan dos.

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Yidis Medina ratificó ante la Corte Suprema sus denuncias por soborno

Yidis Medina ratificó ante la Corte Suprema sus denuncias por sobornoCaracol | Abril 28 de 2008
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En este sitio Google en españolCompartirDurante más de seis horas rindió indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia la ex congresista Yidis Medina, señalada de presuntamente haber recibido beneficios de funcionarios del gobierno nacional para cambiar a última hora su voto a favor de la reelección presidencial inmediata, en 2004.

La ex parlamentaria santandereana ingresó a las 11 de la mañana por el sótano del Palacio de Justicia de manera muy sigilosa, al punto de haber pasado inadvertida para los periodistas que la esperaban en la puerta de ingreso al parqueadero subterráneo del edificio.

Caracol Radio supo que Yidis Medina relató ante los magistrados de la Corte Suprema, de manera muy detallada, los hechos que ocurrieron antes, durante y después de la aprobación del acto legislativo que modificó la Constitución del 91, para permitir la reelección presidencial inmediata en Colombia.

De acuerdo con algunos asistentes a la diligencia judicial, Medina Padilla estuvo muy tranquila durante la indagatoria, y ratificó de manera muy coherente los presuntos ofrecimientos hechos por altos funcionarios del gobierno nacional para que cambiara su voto a favor de la reelección presidencial.

En la primera parte de la indagatoria, la ex representante santandereana mencionó los nombres que ya había revelado en las entrevistas concedidas a El Espectador y a Noticias Uno.

Entre los nombres mencionados por Yidis Medina, están los del ex ministro del Interior y de Justicia y actual embajador de Colombia en Italia, Sabas Pretelt De la Vega, el ministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt y el ex secretario privado de la Presidencia de la República, Alberto Velásquez.

Caracol Radio supo que los magistrados le hicieron unas pocas preguntas a Yidis Medina, pero el interrogatorio completo a la ex parlamentaria sobre las presuntas irregularidades cometidas durante la aprobación de la reelección presidencial, se hará este martes después de las dos de la tarde.

Antes de su segunda comparecencia ante la Corte Suprema de Justicia, Yidis Medina y su equipo de abogados analizarán las grabaciones y los documentos que al parecer demostrarían que algunos altos funcionarios del gobierno nacional sí ofrecieron dádivas a la ex congresista, para cambiar su voto con el fin de respaldar la reelección.


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Abril 23 de 2008

Presidente denuncia que un supuesto testigo lo involucraría en la masacre del Aro

Según un ex 'para' de Sucre, ahora preso, Uribe se reunió con Mancuso y los generales Ospina, Rosso José Serrano y Manosalva para planear la incursión en Ituango (Antioquia), en octubre de 1997.

En entrevista con Radio Caracol, el Presidente reveló el testimonio del supuesto testigo, y subrayó que en él existen inconsistencias.

"Esa reunión supuestamente es en un noviembre y el general Manosalva había muerto en un abril", explicó el mandatario.

También reveló que el supuesto testigo entregó como prueba una lista con números celulares con prefijos que no existían en la época, cuando despegaba esa telefonía en el país.

Agregó que en Semana Santa le pidió a sus abogados que recolectaran las bitácoras de sus viajes como Gobernador de Antioquia y como Presidente, para demostrar que nunca había ido a La Caucana, donde dice el testigo se realizó la reunión. "Yo nunca me pude mover por tierra", agregó.

"Desde el año 88 la fuerza publica sabe a dónde he ido yo, a dónde he dormido y con quién me he reunido", se defendió.

En la masacre del Aro murieron 15 campesinos. Una década después, ni el pueblo ni los familiares de las víctimas han podido recuperarse.

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