"El Ejército abrió el Catatumbo a los paras"

Por primera vez un alto oficial reconoce públicamente cómo participó en una de las más sangrientas incursiones de los paramilitares. Su declaración, justo una década después de sucedidos los hechos, involucra a altos comandantes de la Fuerza Pública, algunos de ellos aún activos.

En los próximos días el coronel (r) del Ejército Víctor Hugo Matamoros será llamado a juicio, acusado de facilitarles a los paramilitares su ingreso a la región del Catatumbo, en Norte de Santander, donde llegaron en 1999 y cometieron varias de sus peores atrocidades. Sólo en el primer año de incursión hubo 800 civiles asesinados, muchos de ellos en masacres; un número incierto de desaparecidos, y al menos 20.000 desplazados.

El caso de este coronel se convertiría en la primera de una serie de acciones de la justicia sobre los mismos hechos, que podría involucrar al menos a cuatro generales y un coronel del Ejército, y a un coronel y un capitán de la Policía. Algunos de ellos aún son activos, o, pese a estar retirados, mantienen altos cargos en sus instituciones.

El testigo clave de este proceso accedió a hablar con SEMANA. Se trata de Mauricio Llorente Chávez, quien en 1999 era mayor del Ejército y comandante del Batallón Héroes de Saraguro, en Tibú, la puerta de entrada al Catatumbo. Llorente lleva 10 años en la cárcel y fue absuelto en dos instancias por estas acusaciones, pero la Corte Suprema, en casación, lo condenó a 40 años. El mayor, que hasta hace poco negaba su participación en estos crímenes, ahora se convirtió en el ventilador de un escándalo de impredecibles consecuencias.

La Fiscalía considera confiable su testimonio, entre otras cosas, porque coincide con versiones que han dado paramilitares desmovilizados en otros expedientes. Aun así, y aunque esta revista confirmó varios de los hechos narrados con otras fuentes independientes, y a que habló con la mayoría de los mencionados por Llorente, en esta publicación se omiten los nombres de los oficiales que aún la justicia no vincula en procesos relacionados con los seis años de presencia paramilitar en esa región.

La declaración de Llorente coincide con el anuncio del jefe paramilitar extraditado Salvatore Mancuso de que las revelaciones de la relación de su grupo con la Fuerza Pública sería un "capítulo doloroso" para el país, y un episodio de mayor calado de lo que ha significado la para-política.

Varios camiones

Una de las primeras cosas que confirma el relato de Llorente es la forma como llegaron los paramilitares al Catatumbo. En una operación sin precedentes, varios camiones llevaron desde Córdoba a unos 200 paramilitares fuertemente armados y, sin mayor obstáculo, cruzaron cinco departamentos: tenían la misión de llegar hasta La Gabarra, en el Catatumbo, el 29 de mayo de 1999. De acuerdo con versiones de desmovilizados, en la reunión de planeación participaron dos generales quienes, con Mancuso y Carlos Castaño, diseñaron la estrategia. Llorente menciona a otro general que habría solicitado información de cartografía al ahora investigado coronel Víctor Hugo Matamoros, en esa época comandante del Grupo Mecanizado Maza, batallón acantonado en Cúcuta.

Según varios testimonios, el único retén que encontró esta caravana de la muerte fue en Sardinata, en el desvío hacia Tibú. "Fueron seis camiones 'carevaca' diesel, 12 varillas los que salieron de Montería. Adelante iba una camioneta azul, y era la que abría el paso. Sólo cuando llegamos a Sardinata (Norte de Santander) un 'suiche' (subteniente del Ejército) nos detuvo. Llamó y le dieron la orden de que siguiéramos, que ya estaba todo cuadrado".

La toma del Catatumbo estuvo marcada por varias masacres. Tres de ellas son las que se consideran decisivas del ingreso para.

La primera fue ese mismo 29 de mayo. Al paso de la flotilla de camiones, los paramilitares asesinaron al menos cinco personas y las dejaron tiradas en el camino con el fin de sembrar terror. Al cruzar Tibú, pasaron por un retén de la Policía a cargo del capitán Luis Alexánder Gutiérrez Castro, según el proceso que se le sigue por estos hechos. Allí se dice que mientras los paramilitares pasaban, la Policía requisaba los vehículos particulares, y que Gutiérrez en eso recibió una llamada para alertarlo sobre la caravana, y dijo: "Ya todo está coordinado por arriba, estábamos esperándolos desde hacía 20 días". La misión de llegar a La Gabarra se truncó en el sitio Socuavo, donde la guerrilla les cerró el paso a los camiones, y hubo combates.

La segunda masacre fue el 17 de julio. Para ese momento el mayor Llorente dice que se había reunido con los paras porque decían ir referidos por el coronel Matamoros, y asegura que presenció llamadas que le hacían a éste y al coronel de la Policía a cargo del departamento. En su defensa, Matamoros expone que la zona de las masacres no era su jurisdicción, y que pese a ser de un rango superior, Llorente no estaba en su línea de mando. Esto es parte de lo que quiere que valore un juez, por lo que su defensa pidió que el caso sea llevado a juicio. Según Llorente, las cosas se facilitaron pues recibió órdenes del general a cargo de la división de enviar de gran parte de sus tropas, con lo que, sin mayor justificación, dejó su batallón debilitado.

Dice Llorente en su testimonio: "Yo planeo la incursión con David (alias del sobrino de Mancuso y quien estuvo al tanto de todas las acciones). Le dije que lo único que necesitaba era realizar un simulacro de un hostigamiento al batallón, para justificar que no podía salir a atender otras situaciones. Coordiné todo con el capitán que estaba de segundo al mando de mi batallón, que hoy es un coronel activo y que ya venía trabajando con las autodefensas. Nos reunimos con él y me dijo que lo importante era disminuir aun más el personal, por eso montamos una operación al lado opuesto del lugar de retirada de las autodefensas. Esto lo hicimos para que cuando comenzaran a investigarnos, tuviéramos cómo decir que no teníamos personal para apoyar. Nos reunimos con el capitán y 15 soldados de los más antiguos para reforzar los puestos esa noche, porque si colocábamos un soldado muy nuevo, de pronto respondía al escuchar los disparos de las autodefensas y ahí se podía formar un problema. Les pregunté a los soldados si estaban de acuerdo en que las autodefensas entraran al casco urbano, y me dijeron: 'Mi mayor, estamos con ustedes'. Ellos se quedaron en las garitas y dejarían quietos los fusiles cuando escucharan los disparos, y uno que otro haría un tiro como si estuviéramos respondiendo. Las autodefensas dispararon a un sector donde queda la pista de gimnasia, para que no le hiciera daño a nada, y el acuerdo es que mientras ellos hacían esto, las otras autodefensas harían su incursión a Tibú"

En el pueblo, los paramilitares fueron en tres camiones. Unos 65 hombres. Llegaron a la plaza principal de Tibú, sacaron a las personas de los establecimientos, y una informante que llevaban encapuchada señalaba quiénes iban a morir. Esto sucedió a una cuadra de la estación de Policía.

Pusieron a las mujeres en la primera fila y a los señalados los tiraron al suelo y les dispararon con fusil a la cabeza. "Salía sangre para todos lados", cuenta un testigo. Nueve personas murieron allí. Luego los paramilitares robaron el dinero de los negocios y se llevaron a cuatro más en uno de los vehículos. Fueron dejando sus cuerpos a su retirada, milagrosamente uno de ellos, a pesar de la gravedad de las heridas, sobrevivió y hoy desde el exilio es otro de los testigos clave.

"Hubo una tormenta impresionante -dice Llorente- y se empezaron a escuchar disparos. Se fue la luz. Todo eso ayudó para lo que iba a pasar esa noche. Inmediatamente ocurre todo, recibo una llamada de un señor de una de la alcabalas, le digo que qué pasó, me dice: 'Mayor, por acá pasaron unas personas, entre ellas una mujer'. Y le pregunte quiénes eran y me dijo que creía que eran paramilitares, pero yo le dije que las autodefensas no tenían mujeres en sus filas. Le dije que ya le iba a enviar refuerzos. Nunca los envié porque no los tenía, y fuera de eso no tenía la intención porque yo ya sabía qué estaba pasando. Le pregunté: ¿Ya pasaron por ahí, me dijo: 'Sí'. Entonces yo me dije: 'Ya pasó todo'".

La tercera masacre fue un mes después, el 21 de agosto. Sin resistencia alguna, los paramilitares finalmente lograron llegar al municipio de La Gabarra y asesinaron a 35 personas. El entonces capitán del Ejército Luis Fernando Campuzano, quien estaba al frente de la guarnición y debía proteger al pueblo, ya fue condenado por estos hechos. La Corte Suprema de Justicia revocó dos disposiciones previas, pues encontró que Campuzano retiró el retén que estaba en la entrada del pueblo, lo que facilitó el ingreso de los paras, no atendió los llamados de auxilio ni fue diligente en la persecución.

Mayor dolor

A partir de este momento, vinieron los cinco años de mayor dolor para los habitantes de la región del Catatumbo. "Luego de todo esto, las autodefensas empiezan a patrullar conjuntamente con el Batallón. Ya empiezan a causarle bajas a la guerrilla, a ocasionar combates, pero juntos", dice Llorente. Esta incursión paramilitar fue presentada como una estrategia militar contrainsurgente, pero en la práctica estaba más orientada a ejercer control sobre el negocio del narcotráfico, al sacar a la guerrilla de los cultivos y del control de las rutas hacia Venezuela. En 2002 Carlos Castaño confesó en una entrevista con SEMANA cómo el 70 por ciento de sus ingresos provenía del Catatumbo.

En 2005, esta revista reveló documentos secretos del gobierno de Estados Unidos que fueron desclasificados. En ellos el embajador de Estados Unidos de ese momento, Curtis Kamman, muestra su preocupación sobre Santander: "Argumentando tener pocos recursos y demasiadas misiones, la unidad del Ejército local se negó a combatir a los paramilitares en esa área". Sobre las primeras acciones de la incursión paramilitar de La Gabarra dice: "La oficina del Vicepresidente reportó privadamente que soldados del Ejército se pusieron brazaletes de las AUC y participaron activamente en las mismas masacres... ¿Cómo pueden ocurrir siete masacres bajo las narices de varios cientos de miembros de las fuerzas de seguridad?".

Justo por esta época se cumple una década de la incursión paramilitar al Catatumbo. Una dosis de verdad parece asomar su rostro con el testimonio de Llorente, pero faltan muchas más, y en más regiones. Mucha agua ha corrido desde ese momento y, por fortuna, es muy distinta la situación que hoy vive la Fuerza Pública. Algunos piensan que este tipo de revelaciones desestabilizan, pero la acción de la justicia y el conocimiento de la verdad por dolorosa que sea, le permite a la democracia salir más robustecida de lo que en su momento la dejaron las miopes acciones de los violentos.



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¿Por qué mataron a los niños?

Cuatro años después de la masacre de San José de Apartadó, donde tres niños fueron degollados y descuartizados, SEMANA reconstruye esos días de horror y el encubrimiento que siguió.

En febrero de 2005 Armando Gordillo conoció el paraíso y el corazón de las tinieblas en menos de una semana. El capitán del Ejército estaba en las exuberantes playas de Capurganá, en el mar Caribe, cuidando a las estrellas de televisión que grababan el reality Desafío 2005, cuando recibió una llamada en la que se le ordenaba que saliera para Nueva Antioquia, un paraje cerca de Apartadó, porque se daría inicio a la operación 'Fénix', programada por la Brigada XVII de Urabá. Era el comienzo de uno de los episodios más sangrientos de la guerra en Colombia: la masacre de Mulatos y La Resbalosa.

Cuando Gordillo recibió la llamada, hacía apenas una semana que la Brigada había recibido el golpe más duro de los últimos años, y el peor en la era del presidente Álvaro Uribe. En la vereda El Porroso, de Mutatá, un oficial y 18 soldados habían muerto en un cerco tendido por las Farc. La Brigada no había podido explicar lo ocurrido. Se dijo que hubo problemas de comunicación, que se trató de una emboscada; en todo caso, el general Héctor Fandiño y todos los altos oficiales de la Brigada estaban adoloridos y humillados por este golpe, que incluso le valió una sanción al General.

Por eso a Gordillo no le extrañó que lo llamaran para hacer parte de una acción envolvente de varios batallones sobre el cañón del río Mulatos, donde se sabía tenían su guarida los guerrilleros de los frentes 5 y 58 de las Farc, especialmente 'Samir', un temido insurgente que acampaba con frecuencia en la zona. Cuando llegó a Nueva Antioquia el 17 de febrero, tampoco le extrañó encontrar reunidos a los miembros de su batallón, oficiales y soldados, con un grupo paramilitar. No era la primera vez que esto ocurría. Todos sabían que el Bloque Héroes de Tolová, que pertenecía a 'Don Berna', tenía su centro de operaciones en el cerro de la Hoz, donde se estaba planeando los detalles de la operación. Dos meses atrás se había desmovilizado el Bloque Bananeros de Urabá, y se suponía que sus hombres estaban en plena reincorporación a la civilidad, bajo el mando de Ever Veloza, 'H. H.'.

Gordillo dice que cuando llegó a Nueva Antioquia sus superiores del Batallón Vélez, el teniente coronel Orlando Espinoza y el mayor José Fernando Castaño, tenían todo coordinado con los paramilitares del Héroes de Tolová. De hecho, la compañía Alacrán de otro batallón, el de Contraguerrilla 33, ya había partido en dirección a la vereda Las Nieves. Este grupo iba guiado por un paramilitar recién desmovilizado conocido como 'Melaza', viejo conocido de los militares, asiduo visitante de la Brigada XVII y quien no tuvo problema en vestir un camuflado y portar un fusil oficial, mientras se comunicaba por radio con las demás compañías que estaban en el terreno.

A Gordillo le asignaron un grupo paramilitar coordinado por alias '44', del que hacían parte varios esbirros como 'Kiko', 'Cobra' y 'Pirulo'. "Ellos dijeron que conocían el terreno, sabían de campamentos y caletas de las Farc hacia el cañón de Mulatos… que esa operación ya se había hablado con mandos superiores", le dijo Gordillo a la Fiscalía.

Los acontecimientos que siguieron muestran que la operación tenía el sello de la venganza. Las víctimas de la incursión iban a ser civiles, varios de ellos niños, que morirían degollados y descuartizados, en un acto de barbarie al mejor estilo de las matanzas de 'chulavitas' de la época de La Violencia.

Las tropas avanzaban lentamente, deteniendo a su paso a los pocos campesinos que transitaban esos caminos. 'Melaza' guiaba a los hombres del Batallón 33 y con frecuencia ponía en contacto al oficial que comandaba el grupo con las tropas que habían quedado atrás. Adriano José Cano, Melaza', tenía en ese entonces 25 años y trabajaba para el Ejército con frecuencia. "Ganaba 15.000 pesos diarios y bonificaciones, dependiendo de los resultados que tuviera la operación", dice. Así lo había hecho desde cuando ingresó a los paramilitares en 1997, y así lo hizo varias veces después de entregar las armas, "previa autorización del centro de referencia para desmovilizados", explica.

Desde niño había sido arriero y conocía como la palma de su mano los caminos de Urabá. En particular había estado en varias ocasiones en San José de Apartadó. Cómo no iba a conocer esas trochas si en el año 2001 participó en la masacre de seis campesinos en esta región. Esa vez iba encapuchado, pero muchos lo reconocieron. 'Melaza' era un nombre asociado con muerte.

Las tropas tenían información de que había un miliciano en la vereda Las Nieves y al amanecer del 20 de febrero cercaron el humilde rancho. "Llegamos como a las 6 de la mañana. Era un ranchito en medio del monte. Rodeamos la casa y el teniente Rodríguez metió la boquilla del fusil por la ventana. El miliciano le echó mano a un AK-47. Entonces disparamos todos contra el rancho. La casa quedó como un colador y aun herido de muerte, el miliciano seguía disparando. Cuando todo se calmó, vimos a un niño negrito y a la esposa del miliciano que salió con una niña de 2 años en los brazos completamente ensangrentada. 'Me mataron la niña', dijo. No se había dado cuenta siquiera de que estaba completamente desnuda. Yo me le acerqué y le dije: 'señora, vaya póngase algo'".

Efectivamente, Marcelino Moreno, 'Macho Rucio', era un miliciano y, al parecer, su muerte ocurrió en combate. La niña estaba herida, pero le dieron primeros auxilios y fue evacuada en un helicóptero y sobrevivió. Suerte que no tuvieron los hijos de Luis Eduardo Guerra y Alfonso Tuberquia, cuyo encuentro fue con la patrulla que venía rezagada.

Sin piedad

Ese domingo, cuando Luis Eduardo Guerra escuchó a lo lejos los disparos y el helicóptero del Ejército, se disuadió de salir a coger cacao. Guerra era el más destacado líder campesino de la comunidad de paz de San José de Apartadó. Esta comunidad había nacido una década atrás como un experimento de resistencia civil frente a la guerra, bajo la tutela especial del cura jesuita Javier Giraldo y de la ex alcaldesa de Apartadó Gloria Cuartas. La comunidad había sido blanco de todo tipo de críticas y señalamientos por parte del gobierno de una supuesta tolerancia con las Farc. También había sido víctima de innumerables atropellos y asesinatos selectivos. Luis Eduardo Guerra, a pesar de haberse formado en el campo, era un hombre con el don de la palabra, con un pensamiento tan estructurado que generaba sospecha en sus adversarios, que lo consideraban un ideólogo de la guerrilla. Era uno de aquellos casos excepcionales del hombre con talento y autodidacta. "Se levantaba a las 4 de la mañana a escuchar noticias y después de las jornadas en el campo, se ponía a leer historia, filosofía, era muy disciplinado", cuenta uno de los líderes de la comunidad. De hecho, Guerra era una especie de canciller de la comunidad de paz.

Al día siguiente, el lunes 21 de febrero, Guerra decidió salir por fin hacia su cultivo, con su compañera, Bellanira, de 17 años, su hijo Deiner ,de 11, quienes iban a lomo de mula, y su hermano medio Darío. Después de un corto recorrido, a eso de las 8 de la mañana, un grupo de militares salió entre la maleza y los detuvo. Desde un principio Darío temió lo peor. Se dio cuenta de que la actitud de los uniformados era taimada y extraña. Tuvo el presentimiento -al parecer correcto- de que con los militares había paramilitares. Entonces cuando vio que toda la atención de los soldados se centró en Luis Eduardo, se fue escabullendo detrás de la mula y, como pudo, salió corriendo entre la maraña. Poco después escuchó gritos de dolor y de espanto. Y ningún disparo. Los habían matado a garrote y con machete. Y degollados. Y aunque Gordillo dice que no sabe nada sobre estas primeras muertes, los investigadores tienen la hipótesis de que fueron sus tropas combinadas de militares y paramilitares, quienes estaban en ese lugar.

Hacia el mediodía, en la vereda La Resbalosa, a cuatro horas de allí, la escena se repitió con mayor sevicia. Según varios testimonios en poder de la justicia, y el del propio capitán Gordillo, los paramilitares, al mando de '44', le tomaron la delantera unos 500 metros al Ejército. Los paramilitares llegaron a la casa de Alfonso Bolívar, otro destacado líder de la comunidad de paz, cuando la familia estaba almorzando. Se inició un intercambio de disparos con un hombre llamado Alejandro Pérez -guerrillero de las Farc, según ha comprobado la Fiscalía-, quien alcanzó a correr unos cuantos metros antes de caer acribillado. Los paramilitares detonaron varias cargas explosivas contra la casa y vieron cómo cinco hombres salieron corriendo hacia el monte. Eran Bolívar y sus trabajadores. Lo que siguió es indescriptible.

Jorge Luis Salgado, alias 'Kiko', paramilitar del Bloque Héroes de Tolová, ahora en prisión, la contó a la Procuraduría lo que ocurrió esa tarde: "…vi que había una mujer muerta en el piso… de repente reportaron a los comandantes de unos niños que estaban adentro de la casa… creo que estaban debajo de la cama… fueron sacados de allí al patio… se le preguntó al comandante que qué se hacía con estos niños y llegaron a la conclusión de que serían una amenaza en el futuro diciendo textualmente que ellos crecían y se volverían guerrilleros… por ese motivo se ordenó ejecutarlos en silencio… fue cuando en esos instantes apareció el papá de ellos, con una rula en la mano… los peladitos gritaron ¡papá!... él les decía que no iba a pasar nada y les suplicó a los comandantes que por favor no fueran a matar a los niños… entonces él se arrodilla con las manos en la nuca… los niños corrieron hacia él… y es cuando el papá, ya consciente de lo que iba a suceder, le dice al niño que ellos iban a hacer un viaje largo y que posiblemente no iban a regresar… entonces la niña le busca al niño una ropita en un taleguito, y se lo entrega diciendo adiós con la mano…".

Bolívar había logrado correr y protegerse donde una vecina, pero al cabo de una hora, se sintió mal por haber dejado abandonada a su esposa, Sandra Milena, de 24 años, y a sus pequeños hijos, Natalia, de 5, y Santiago, de 18 meses, y regresó a su casa, a enfrentar la muerte. Todos murieron y fueron enterrados por sus victimarios en una fosa cerca de la casa. Los vecinos que al día siguiente pasaron por allí, una vez se habían ido los uniformados, dijeron que sólo se veía el rastro de sangre, la tierra removida y "un machete amellado de picar huesos".

Según los testimonios de los paramilitares, desde ese mismo instante el capitán Gordillo se enteró de lo que había ocurrido. La operación conjunta siguió, sin embargo, tres días más. Prácticamente hasta cuando el escándalo de la masacre ya estaba en la prensa de todo el mundo. A lo largo de esa semana la Fiscalía no pudo ir a levantar los cadáveres. El padre Javier Giraldo dice que el argumento que le dieron las autoridades judiciales es que necesitaban la protección y el transporte el Ejército, y la Brigada había dicho que "no tenía helicópteros disponibles". No obstante, en los testimonios que reposan en el proceso se dice que el general Héctor Fandiño y el coronel Néstor Iván Duque viajaron en un helicóptero el jueves de esa semana hasta donde estaban las tropas. De qué se enteraron ese día o qué decisiones tomaron es un misterio. Se sabe, eso sí, que esa misma fecha los paramilitares abandonaron la zona.

Para entonces, ya unas 110 personas de la comunidad y observadores internacionales había salido a pie a recuperar los cuerpos, habían llegado a la casa de Tuberquia y rodeado las fosas en espera de la Fiscalía. Uno de los primeros en llegar al lugar fue un oficial, quien se le presentó con su rostro altivo y su mirada fría ante los dolientes: "Soy el capitán Gordillo y vengo a brindarles protección". Ese viernes 25 de febrero en la tarde se inició la exhumación. Al día siguiente encontrarían junto al río los cuerpos de Luis Eduardo y su familia, devorados por los animales. Tan infames como estos crímenes resultaron los actos posteriores para encubrirlos.

¿Obstrucción a la justicia?

Desde el primer momento, el padre Javier Giraldo levantó su dedo señalando al Ejército como culpable. "Había hablado con muchos campesinos y sus versiones me convencieron de ello", dice. Pero le llovieron críticas. ¿Quién podía imaginar que el Ejército estuviera involucrado en un crimen en el que las principales víctimas eran niños?

No habían reposado en sus tumbas los muertos cuando los medios de comunicación empezaron a emitir los testimonios de dos supuestos desmovilizados de las Farc que acusaban a la comunidad de San José de Apartadó de tener vínculos con la guerrilla, y aseguraban que era ésta la que había cometido la atroz masacre. Los ex guerrilleros eran Elkin Tuberquia y Apolinar Guerra, quienes estaban bajo la tutela del coronel Néstor Iván Duque, comandante entonces del Batallón Bejarano, adscrito a la Brigada XVII. Sus versiones eran demasiado inverosímiles, pero confundieron enormemente al principio.

De otro lado, el comandante de las Fuerzas Armadas, general Carlos Alberto Ospina, se esforzó en explicar con mapas en la mano que las coordenadas de ubicación de los militares demostraban que estaban lejos de la zona de los hechos. Se ha conocido que un oficial había ordenado alterar la ubicación desde el mismo momento en que se desarrolló la operación. Como si fuera poco, el propio gobierno, antes que lamentar la masacre e instar porque se aclarara, salió a enjuiciar a la comunidad por su negativa a la presencia de militares y policías en la zona.

La justicia estaba en la encrucijada de que era evidente que la masacre había sido acto de militares y paramilitares, pero no había por dónde empezar, pues la comunidad de paz se negaba a hablar. Vino a ser el testimonio de 'Melaza' el que empezó a desenredar la madeja.

La justicia actúa

Todo pudo haber quedado en la sombra de la impunidad de no ser por la diligente acción de una fiscal. Como la comunidad de paz, embargada por la desconfianza, no quiso hablar con la justicia, los fiscales y los investigadores de la Procuraduría empezaron a arañar evidencias de un lado y de otro. Hace dos años la Fiscalía, en un acto inusual y hasta insólito, llamó a indagatoria a 60 militares de la Brigada XVII que habrían participado en los hechos, para intentar romper el pacto de silencio que, al parecer, se había hecho.

A finales de 2007 la historia tendría un giro definitivo. 'Melaza' había sido capturado dentro de la investigación que se seguía por la muerte de Carlos Castaño. Aunque en un principio él iba a participar en el asalto al máximo jefe de las AUC, luego fue relevado y finalmente no asistió. Ya había sido absuelto y cuando ya prácticamente tenía la boleta de libertad en sus manos para volver a la calle, un fiscal recordó que en un libro de Germán Castro Caycedo se mencionaba a un 'Melaza' asociado a la masacre de San José de Apartadó. Y lo llamaron a declarar por este caso. 'Melaza' sólo atinó a decir: "Yo no maté a esos niños".

Desde la cárcel de Itagüí, donde habló con SEMANA, el ex paramililtar ratifica su versión: "El Estado pide la verdad, pero para qué, si no puede aguantarla". El testimonio de 'Melaza' incriminó desde el primer momento al capitán Gordillo. Y éste a su vez ha involucrado a sus superiores, pues dice que en noviembre de 2007 "me encontré con mi general (Fandiño) en un apartamento de la 106. Me mostró la declaración de alias 'Melaza' y dijo que lo más probable era que me llamaran a indagatoria... me dijo que en ningún momento debía decir que iban guías civiles con armamento, ni otro personal diferente a soldados… que ya había declaraciones de dos informantes de las Farc (Tuberquia y Guerra) que habían dicho que a esa gente la habían matado los del frente 58".

Pero la suerte de Gordillo estaba echada. A finales de ese mes fue capturado. Poco después, al conocer la acusación en su contra, se dio cuenta de que no tenía nada qué hacer. Se declaró culpable y se acogió a sentencia anticipada. Confesó que sus tropas patrullaban con los paramilitares, y la justicia entendió que lo hicieron para cometer actos de terror y barbarie. Por eso hoy 10 militares están llamados a juicio, entre ellos el coronel Espinosa y el mayor Castaño. El fiscal Mario Iguarán anunció que también se investigará al general Héctor Fandiño, el comandante de la Brigada en aquel entonces.

Por lo menos seis de los paramilitares que participaron en la masacre han muerto. Alias '44', quien conocía piezas clave de lo que ocurrió, fue asesinado en Valencia, Córdoba, el año pasado. 'Melaza' y 'Kiko' están fuertemente custodiados en la cárcel, por las amenazas que han sufrido.

La historia le ha dado la razón al vituperado sacerdote Javier Giraldo. Su tesis, parecía inconcebible, poco a poco se confirma. Aunque él mismo está a las puertas de la cárcel por una denuncia por calumnia que le interpuso el coronel Duque, y a la que Giraldo ha respondido con una radical objeción de conciencia, negándose a presentarse ante el tribunal y rendir testimonio.

Por esas paradojas de la guerra, el hombre fuerte de las Farc en San José de Apartadó, 'Samir', al que los propios militares culpaban de la masacre, se desmovilizó en diciembre y desde entonces acompaña a la Brigada XVII en operaciones en todo Urabá. Su testimonio será clave en este caso.

La justicia trata de desentrañar los interrogantes que aún deja planteada esta compleja investigación. ¿Quién planeó la operación conjunta? ¿Se trató de una venganza contra la comunidad por las acciones de las Farc? ¿Hubo intención de desviar a la justicia?

Mientras tanto, Gordillo, sin sombra de remordimiento en los ojos, espera su condena en una cárcel militar. Desde otra prisión castrense, los 10 militares que irán a juicio niegan hasta el momento todo lo ocurrido.


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El sobreviviente

La sorprendente historia de Rubén Montes Ospina, un Técnico de El Castillo, Meta, que consiguió escapar del secuestro y la tortura del Bloque Héroes de los Llanos para constatar las falsedades que sus verdugos “confiesan” en las Versiones Libres.

Todos los viernes en la mañana un grupo de 20 pobladores del municipio de El Castillo, al sur del departamento del Meta, se reunían para barrer las calles y senderos peatonales del pueblo hasta la una de la tarde. Contrario a lo que podría pensarse no se trataba de una muestra de cultura cívica, los habitantes lo hacían obligados por alias ‘Costeño’ uno de los milicianos urbanos del frente Héroes de los Llanos, que imponía a la comunidad de 7.000 habitantes un régimen de trabajo forzado.

‘Costeño’ llegó a El Castillo en febrero del 2004, acompañado de cuatro paramilitares para sustituir un grupo de paramilitares urbanos que fueron sancionados por “indisciplina”. En aquella ocasión un ‘para’ embriagado encañonó a otro durante un bazar para recoger fondos.

Los nuevos paramilitares, bajo las órdenes de Haimer Antonio Pulgarín Cárdenas, alias ‘Enrique’, se presentaron en todos los locales del pueblo exigiendo vacuna e información de milicianos de la guerrilla. Para ese entonces El Castillo permanecía sitiado por el Frente 39 de las Farc, comandado por el Mono Jojoy y las autodefensas lideradas por alias ‘Julian’ que veían en el pueblo un corredor estratégico para el narcotráfico.

Ambos bandos confluían en el único local de reparación de electrodomésticos del municipio, donde Rubén Montes Ospina se encargaba de arreglar desde radios de transmisión hasta televisores y equipos de sonido. Los técnicos esperaban con ansias los fines de semana a milicianos y paramilitares, pues eran los únicos que tenían dinero para pagar por el arreglo de sus equipos, incluso pagaban una tarifa mayor.

Rubén conoció a los paramilitares desde su llegada a El Castillo en el 2003. Era vecino del jefe paramilitar del pueblo, conocido como ‘Enrique’, en las Residencias Central: una casa de un solo piso con 18 habitaciones en el centro.

‘Enrique’ comenzó a solicitar los servicios de Rubén para reparar los electrodomésticos de sus negocios, ya que era dueño de una bodega de cerveza y un puesto de billar en El Castillo. En esa misma época Rubén ingresó a la Red de Cooperantes del Ejército Nacional, motivado por la insistencia de un policía de apellido Jiménez que recorría la vereda con formularios motivando a los habitantes a velar por la seguridad del pueblo.

Para esos días ‘Enrique’ comentó a Rubén sobre un atentado que el frente 39 de las Farc planeaba en su contra, según el paramilitar un presunto miliciano del pueblo conocido como ‘Domingo’, tenía la orden de asesinarlo por 18 millones de pesos. ‘Domingo’ apareció muerto a los pocos días en la vereda de Caño Seco, desde entonces el paramilitar comenzó a exhibir una pistola nueve milímetros y tres granadas de fragmentación que supuestamente confiscó a su víctima.

La muerte de ‘Domingo’ coincidió con el accidente del comandante de policía de El Castillo, conocido en la vereda como el teniente Domínguez, quien sufrió lesiones leves mientras se transportaba en moto; como reemplazo provisional asumió el capitán Rincón que en pocos días cambió la situación del pueblo. El nuevo comandante desterró a los paramilitares de la vereda y les impidió continuar con su sistema de vacunas.

De nuevo ‘Enrique’ volvió a hablar con Rubén, pero en esa ocasión lo hizo para expresar su inconformidad sobre el nuevo comandante de policía de El Castillo. Le dijo que pretendía asesinar al capitán con las mismas armas que había encontrado en los restos de ‘Domingo’.

Quince días después Rubén tomó la determinación de acudir a la estación de policía para advertir al comandante sobre los planes de los paramilitares. El capitán Rincón acogió la advertencia y empezó a patrullar con escolta y se escapó de la condena.

Dos meses más tarde el teniente Domínguez asumió de nuevo su labor a cargo de la Policía de El Castillo, inmediatamente los paramilitares comandados por ‘Enrique’ volvieron a fortalecerse y el número de asesinatos se incrementó en el pueblo. Rubén comenzó a percibir algo extraño en su trato con el jefe militar de las autodefensas, no lo saludaba en la residencia y lo miraba mal con frecuencia.

En esos días Rubén recibió un equipo de sonido de ‘Enrique’ en el taller, lo reparó pero olvidó ponerle un ventilador por lo que el equipo se dañó al poco tiempo. ‘Enrique’ incriminó a Rubén en la residencia en la noche, después de discutir álgidamente decidieron llevar el equipo en la mañana para que lo arreglara.

Como era costumbre Rubén realizó un viaje a Villavicencio el 23 de mayo del 2004 para comprar partes de equipos y suministros para el taller. Al regresar recibió la visita de alias ‘Rufo’, uno de los paramilitares bajo las órdenes de ‘Enrique’, quien le dijo que su jefe lo necesitaba con urgencia para arreglar un televisor.

‘Rufo’ llevó en moto a Rubén hasta una casa en el barrio Santander de El Castillo, cerca del cementerio. Cuando se disponía a revisar el monitor se vio sorprendido por el metal frío de la pistola de ‘Enrique’: “Hijueputa usted es un sapo, tírese al suelo gonorrea que lo voy a matar, usted es un sapo, ya me enteré que usted dijo al capitán que lo iba a matar”, le grito.

Esposado, Rubén fue sometido a una terrible golpiza. En múltiples ocasiones ‘Enrique’ lo acusaba de cargar un machete para matarlo. Lo golpeaba con la “cacha” del rifle en la cabeza y lo pateaba en el suelo. El ritual se extendió por varios minutos hasta que el jefe se fue a almorzar.

Antes de salir, ‘Enrique’ entregó a ‘Rufo’ una daga. El cuchillo era famoso en El Castillo porque los paramilitares tenían la orden de no disparar en el casco urbano y la daga era lo suficientemente larga para atravesar de lado a lado el cuerpo de la victima que generalmente moría degollada o apuñalada en el corazón.

‘Rufo’ sentó a Rubén al borde de una cama grande. Le mostraba un álbum de fotos que registraba paso a paso el desmembramiento de presuntos milicianos de las Farc. “Así lo vamos a dejar por sapo”, repetía. ‘Vista Hermosa’ y ‘Reserva’ continuaron con la tortura cuando ‘Rufo’ se fue: “Cortamos en la coyuntura para que lo sientan, le decían, para que aprendan a no ser tan gonorreas”.

Los dos paramilitares comenzaron a cortar los dedos de Rubén con una navaja, le decían que le iban a levantar la uñas y que iban a esparcir su cuerpo por todo el pueblo para que la gente no supiera que había pasado con él. Rubén se aferraba a Dios y trataba de orar cuando los paramilitares dejaban de torturarlo, les repetía que lo dejarán ir, que tomaran sus pertenencias, incluso les comentó de sus ahorros, tres millones de pesos que escondía entre un pantalón en la residencia.

En las horas de la tarde ‘Rufo’ y ‘Enrique’ volvieron a la vivienda con las pertenencias de Rubén: “Las vamos a quemar, a usted hay que desaparecerlo, no podemos dejar rastro” le dijeron. Por primera vez Rubén comenzó a sentir que su muerte era inevitable; intentaba arrodillarse para rezar mientras los paramilitares se burlaban de él y le decían que se iba a encontrar con Satanás.

‘Enrique’ sacó el computador portátil de Rubén y su cámara de fotografías. “Usted me estaba tomando fotos y se las dio a la Fiscalía”, le gritó. Después de revisar los archivos de su computador y la memoria de la cámara sin encontrar evidencia los cuatro paramilitares salieron al parque para incinerar las pertenecías de Rubén, entre ellas todos sus papeles de identificación. Antes, lo hicieron desnudarse, según ellos buscando señales que permitieran a las autoridades recuperar su cuerpo en un futuro. Los paramilitares encontraron una cicatriz en su brazo izquierdo, le dijeron que le iban a quitar el pedazo.

Rubén pidió a sus verdugos que lo dejaran ir al baño, ‘Rufo’ lo condujo al inodoro y esposó sus manos delante de su cuerpo para que pudiera bajar la bragueta del pantalón. Una vez afuera Rubén solicitó a ‘Rufo’ que lo dejara tomar aire. El paramilitar lo esposó a una mecedora justo delante del jardín donde sus compañeros iniciaban la fogata.

Rubén comenzó a pedir a Dios por su vida, trataba de aclarar su mente pensando cómo escapar, sus plegarias fueron interrumpidas por el sonido estrepitoso del tanque de agua que comenzaba a llenarse con mucha presión.

Después de balancear la silla y percatarse de que el sonido del agua impedía a los paramilitares escuchar su movimiento, Rubén decidió hacer un intento por salvar su vida. Meciéndose con el impulso de sus piernas, que permanecían atadas a la cama trató de andar hacia el jardín. Lanzó una patada con todas sus fuerzas a la puerta que se cerró inmediatamente. El impulso hizo que la mecedora quedara encima de su cabeza, a cuestas de su espalda, dejando parcialmente libres sus manos esposadas.

Podía escuchar a los paramilitares al otro lado del jardín. Con mucho esfuerzo consiguió soltar el nudo de sus piernas y salió de la casa cargando la silla pidiendo ayuda a gritos.
Ya afuera, se dirigió a la casa de un amigo que vivía en el barrio. “Usted nos va a traer son problemas, mejor vaya a la policía”, le dijo. Rubén hizo caso omiso a la sugerencia, se quitó la silla de encima y se encerró en el cuarto de uno de sus hijos. Intentó esconderse debajo de la cama pero el tamaño del catre era demasiado pequeño, entonces decidió permanecer en completo silencio esperando por un milagro. En esta ocasión sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de los radios de comunicación de los paramilitares y la voz de ‘Enrique’: habían dado con su paradero.

Rubén permaneció en completo silencio, apenas dejó de escuchar la conversación de sus verdugos se armó de valor y decidió abrir la puerta dispuesto a correr con todas sus fuerzas a la estación de policía. No se imaginaba que sus captores lo esperaban en la salida del cuarto.

Una vez más Rubén recibió el castigo de los cuatro paramilitares, lo pateaban en el suelo, los golpes aflojaban sus dientes delanteros, perdió la visión por la hinchazón de sus párpados. ‘Rufo’ se abalanzó sobre él con la daga, en ese momento Rubén consiguió apoderarse de la pistola que el paramilitar guardaba debajo de su brazo, intentaba quitarle el seguro sin éxito mientras recibía los golpes en el suelo. Finalmente desistió al recibir una patada en el estómago que lo hizo soltar el arma.

“Llegaron los cilantros”, dijo una voz. Rubén comenzó a gritar con fuerza pidiendo ayuda. Vio que sus captores huían. Estaba solo. ¡Policía!-, gritaba, -¡Ayuda!-. Un oficial contestó a sus gritos, lo buscaban en el tejado. Rubén era incapaz de moverse, eran las 5:30 de la tarde, hacía más de seis horas que su cuerpo soportaba la tortura de los paramilitares.

Milagrosamente Rubén fue rescatado, inmediatamente fue llevado al centro de atención más cercano. Al día siguiente la autoridades de El Castillo lo llevaron a Cubarral, de allí la policía de carreteras lo llevó hasta la SIJIN de Villavicencio, donde fue valorado y le tomaron indagatoria. El Médico Forense Gentil Espinosa Carreño diagnosticó en el que Rubén había sido severamente torturado.

Durante más de tres meses Rubén permaneció recuperándose en la casa de su mamá en Villavicencio. Al poco tiempo comenzó a descubrir que las secuelas de los abusos cometidos por los paramilitares no solo serían físicas. Cada vez que alguien golpeaba la puerta, Rubén se escondía debajo de las camas y las mesas. “Sentía que volvían por mí”, asegura.

Apenas se recuperó comenzó a adelantar trámites con la Defensoría del Pueblo y con Acción Social, ambas entidades le colaboraron preparando una carpeta de documentos para buscar asilo en la embajada de Canadá. Irónicamente los mismos documentos, que fueron rechazados, salvaron su vida el 9 de septiembre del 2004. Para esa fecha Rubén se percató de que dos personas sospechosas lo miraban en la Red de Solidaridad Social de Villavicencio; intimidado intentó salir del recinto pero fue sorprendido por una puñalada que quedó incrustada en la carpeta de papeles. “Usted tiene problemas con nosotros, usted no se nos escapa”, le gritaron.

Rubén se escondió en una sucursal del Banco Colmena. Inicialmente el celador de la entidad intentó sacarlo, pero ante su insistencia, le avisó a la policía. Esa noche permaneció resguardado en la Sijin hasta las nueve de la noche. Después sólo se ocupó de sobrevivir.

El 19 de diciembre del 2004 en Granada, Meta, ‘Enrique’ fue capturado y Rubén fue citado para reconocerlo y luego rindió testimonio en su contra. Alguien intentó comprarlo para que no atestiguara, pero él se rehusó.

En octubre del 2007 Rubén recibió una citación para acudir a la diligencia de Versión libre de ‘Rufo’, quien se había desmovilizado con el Bloque Héroes de los Llanos. Su asombro no pudo ser mayor al enterarse de que el ex paramilitar había confesado haberle hecho daño.

A medida que escuchaba a ‘Rufo’ en su versión, a Rubén se le fue subiendo la rabia. ‘Rufo’ admitió que lo había secuestrado pero dijo que él tenía la intención de asesinar a ‘Enrique’ con un machete y colaboraba con la guerrilla. Rubén sabía que mentía, ni siquiera confesó las torturas a las que lo sometieron.

Después le pudo contar su versión de los hechos a la fiscal del caso. Ella dijo que iba a tenerlo en cuenta para cuando formulara los cargos contra ‘Rufo’ en una audiencia de imputación parcial de delitos el siguiente 27 de noviembre del 2008.

Ese día, Rubén caminó más de tres horas hasta los Tribunales de Cundinamarca en Ciudad Salitre con el estomago vacío. Ingresó al recinto y esperó, con la misma paciencia que lleva esperando por una solución a sus problemas, la imputación de su caso.

La fiscal expuso uno a uno los cargos de asesinato en contra de su verdugo. Cuando le imputó los delitos cometidos contra Rubén, él pensó en todos esos vecinos y conocidos que no tuvieron la suerte de escapar de las garras de los paramilitares. Inmediatamente exigió al Magistrado que le dejara expresarse: “Yo soy la víctima de ese maldito, soy el caso número 11, el que están tratando, ese maldito no merece vivir, ese maldito merece la pena de muerte con todos esos crímenes que ha hecho”, gritó.

Los hombres del Inpec se abalanzaron sobre Rubén inmediatamente y lo obligaron a abandonar la sala. Una sicóloga de la Comisión de Reparación (CNRR) y un funcionario de la Fiscalía, intentaron controlarlo. “Se me durmieron los brazos y la piernas”, cuenta Rubén.

Desde que llegó a Bogotá la vida no le ha sido fácil. Tiene 34 años y no ha podido conseguir un trabajo estable porque no tiene papeles. Su cédula está en trámite en Tunja, donde sobrevivió con los 5 millones de pesos que le dieron del Programa de Protección a Víctimas.

Ahora está en Bogotá viviendo donde un amigo que no le cobra. Espera que la ley de Justicia y Paz le restituya parte de los derechos que le fueron vulnerados aquel 27 de mayo del 2004 cuando su vida cambió para siempre. “Si me llega a pasar algo, el Estado tiene la culpa por no brindarme la protección”, dice.

Como Rubén, las más de 6.000 víctimas que tiene registrado el Bloque Héroes de los Llanos en el Sistema de Información de Justicia y Paz (SIJYP) esperan por la reparación integral a los daños padecidos por los grupos de autodefensa.

Mientras que Rubén, la víctima, espera por lo menos que se le proteja la vida y se le compense en algo los daños sufridos; ‘Rufo’, el victimario, espera que le valgan sus confesiones para que pueda acceder a la pena alternativa de 5 a 8 años de cárcel como toda condena por los delitos que cometió. Pero si miente, perderá los beneficios y recibirá muchas condenas simultáneas por los daños tremendos que hizo a la gente del común en los tiempos en que los paramilitares mandaban en los Llanos.



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Chengue: una masacre sin ruido
Uber Bánquez Martínez, alias Juancho Dique, describió cómo asesinaron con machetes y morteros a 29 personas en el pequeño pueblo sucreño. También dijo que dos agentes del CTI y dos amigas, desaparecidos en el Golfo de Morrosquillo en 2003, fueron descuartizados y arrojados al mar
Por Tadeo Martínez, corresponsal de Semana en Barranquilla
Fecha: 07/30/2008 -
La mayoría de las ventinueve personas que murieron en la madrugada del 13 de febrero de 2001 en el corregimiento de Changue, en los Montes de María, fueron asesinadas por golpes propinados con mortero y unos cuantos más fueron degollados.

La razón para haber ejecutado está acción sin armas de fuego, explicó Uber Bánquez, alias Juancho Dique, fue porque a media hora estaba la Infantería de Marina y muy cerca había campamentos guerrilleros del frente 35 de las Farc. No querían hacer mucho ruido, por eso usaron armas “silenciosas”.

La acción fue ordenada según el ex jefe del Frente Canal del Dique, por Carlos Castaño, quien habría enviado a Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, el listado de las personas que debían ser asesinadas.

Alias Cadena mandó a buscar a Juancho Dique a Palmar, donde se reunieron y le dio las instrucciones. Dijo que él salió en tres camiones con 60 hombres y el único obstáculo que tuvieron se presentó a la salida de San Onofre, donde había un retén con ocho policías qué les preguntaba quiénes eran y para dónde iban.

Juancho Dique sin ningún recato dijo que ellos les dijeron a los policías que eran autodefensas y que iban para Chengue y que si no querían que los “pelaran” (asesinaran), que se apartaran. Los policías se replegaron y dejaron pasar los tres camiones con el cargamento de paramilitares. Llegaron en los tres camiones hasta el corregimiento de Macayepo, donde descendieron e iniciaron el ascenso a pie. A Chengue llegaron a las cuatro de la mañana y enseguida pasaron de casa en casa buscando a las personas que estaban incluidas en la lista y los iban llevando a la Plaza.

Cada una de las víctimas pasaba por un falso reconocimiento que habían instalado en un sitio cercano a la plaza donde tenían un computador con el que hacían creer a las víctimas que estaban confirmando sus identidades. Alias Macayepo, uno de los encargados de las ejecuciones se comunicaba con la mesa del computador y pedía que le mandaran a otro. Como los mataron golpeándolos con morteros o acuchillándolos con machetes y cuchillos la masacre transcurrió en silencio, y nadie pudo venir al auxilio de los pobladores. Así fueron ejecutando uno a uno a las víctimas que esa madrugada perdieron la vida.

¿Todas las personas incluidas en la lista fueron ejecutadas?, preguntó la fiscal. El ex jefe paramilitar le dijo que no, que algunas personas se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo y se escaparon por los patios y se escondieron en el monte. La silenciosa masacre fue ejecutada entre las cuatro y las once de la mañana, cuando el grupo de hombres abandonó la población ante la presencia de helicópteros y aviones del ejército que comenzaron a bombardear la retirada de los paramilitares.

El ex jefe paramilitar dijo que en ese pueblo vivía la novia de Martín Caballero, a quien fusilaron y colgaron de un árbol junto con otra persona que no sabe quién era. Las paredes del pueblo fueron pintadas con consignas de las Auc, incendiaron casas, robaron en tiendas y casas y aunque ellos pidieron a las personas que se devolvieran a sus casas, la población se desplazó.

La fiscal le preguntó si lograron el objetivo de someter la región, y alías Juancho Dique le dijo que nunca pudieron someter a los pueblos de los Montes de María, que después de que ejecutaban asesinatos selectivos, siempre que subían tenían bajas, hombres muertos y heridos.

Dijo que pudieron escapársele a la Infantería porque la guerrilla los emboscó y ellos pudieron romper el cerco y caminar hasta la orilla del playa, donde los esperaba alias “Cadena”, quien ordenó engrasar las armas, guardarlas en unos tanques y enterrarlas en la playa. Los 60 hombres que participaron en la acción fueron enviados a Urabá y Córdoba, mientras pasaba el momento.

Pero dos meses después regresaron, desenterraron las armas y arrancaron para Mampuján, otro corregimiento de la región donde asesinaron a once personas, al parecer inocentes, porque los paramilitares llegaron en busca de un campamento guerrillero del Eln y encontraron los cambuches desocupados.

Ante eso recogieron a once habitantes de la vereda de El Loro y los asesinaron en una cancha de fútbol. En esta acción participaron alias “El Gallo y “Amaury”, jefes paramilitares de frentes en El Guamo y Magangue, Bolívar, que obedecían órdenes de Jorge 40 y Salvatore Mancuso.

Los agentes del CTI

Durante años se ha dicho que los agentes del CTI, Fabio Coley Coronado y Jorge Luis de la Rosa, desaparecidos desde 2003, habían sido enterrados en el que carro que se movilizaban. Coley y De la Rosa, dos curtidos investigadores desarrollaban labores de inteligencia en San Onofre, Rincón del Mar y Verrugas, sobre la vida y actividades de Cadena. Pero en la zona mucha gente estaba al servicio del sanguinario jefe paramilitar y éste supo de la labor que desarrollaban los agentes del CTI, quienes se habían hecho acompañar por dos amigas de Sincelejo, también desaparecidas.

Cuando los investigadores iban de retirada el mismo Cadena les salió al paso con varios de sus hombres de confianza. Entre otros, lo acompañaban, alias “Macayepo”, el “Rolo”, “Blancanieves”, “Caraeloco” y el “Latigo”. Uno de los agentes del CTI intentó arrebatarle el arma a “Caraeloco” y lo asesinaron. El otro agente fue asesinado de inmediato.

Aunque alias Juancho Dique que esos hechos no le constan, los conoce porque hablando con los miembros del bloque Héroes de los Montes de María, le han contado estos detalles. Las dos jóvenes que los acompañaban también fueron asesinadas.

Pero no sólo los asesinaron. Sus cuerpos fueron descuartizados y Cadena mandó a buscar a Roberto Ruiz, el administrador de la gallera del ex jefe paramilitar para que trajera una lancha hasta el sitio donde ellos estaban en Rincón del Mar. Mientras el carro de los investigadores fue enterrado en la finca la 70, los cuatro cuerpos fueron metidos en unos costales, embarcados en la lancha y arrojados al fondo del mar, bien adentro.


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PARAPOLITICA
Capturan otro senador antioqueño
Con la captura de Humberto Builes, luego de la de Guillermo Gaviria ayer, ya son tres los senadores antioqueños y 28 los congresistas detenidos por parapolítica.
Fecha: 04/08/2008 -
En las últimas horas fue capturado el senador antioqueño Humberto Builes, de Cambio Radical, después de la captura de Guillermo Gaviria del Partido Liberal. Ambos senadores antioqueños están acusados de haber sido beneficiarios de los grupos paramilitares durante las pasadas elecciones legislativas. (Véase galería fotográfica sobre la parapolítica en Antioquia)

Humberto Builes, quien fue capturado en el Capitolio Nacional este martes 8 de abril en horas de la tarde, se posesionó el pasado 4 de septiembre en reemplazo de Reginaldo Montes, senador cordobés que está enjuiciado por el mismo proceso. Builes nació en el municipio de San José de la Montaña, en el norte de Antioquia, y es empresario de profesión. Fue senador durante el período 2002-2006.

A Guillermo Gaviria lo capturaron la noche del lunes en Medellín por constreñimiento al elector y enriquecimiento ilícito. La Corte Suprema de Justicia había iniciado investigación preliminar contra él, el pasado 30 de enero por supuestos vínculos con los paramilitares del bloque Central Bolívar, dirigidos por Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, actualmente en proceso de extradición. A Gaviria, además, se le investiga por alianzas políticas con la ex representante Rocío Arias, acogida a sentencia anticipada por parapolítica, y con el senador Carlos Arturo Clavijo, en investigación preliminar por el mismo delito.

El senador fue detenido en el edificio Altos de Aragón en el sector de El Poblado, suroriente de Medellín. Fue llevado a las instalaciones del CTI donde se le hizo su reseña judicial y el martes 8 de abril fue trasladado a Bogotá. Al momento de ser capturado el senador dijo no tener conocimiento de las causas y que está dispuesto a responder, punto por punto, a la justicia.

Gaviria Zapata es contador de profesión y ha sido elegido como congresista en varios períodos. Tiene 60 años y es oriundo del municipio de Remedios, en el nordeste antioqueño, uno de los mnás golpeados por el paramilitarismo. Para el período 2002 – 2006 alcanzó una votación de 43.470 votos.

Estos dos senadores se unen al también al congresista por Cambio Radical Rubén Darío Quintero, capturado el pasado 27 de marzo.

Un cuarto senador antioqueño, Mario Uribe de Colombia Democrática, había renunciado a su curul cuando la Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria. Su caso pasó a la Fiscalía, que ya le recibió su declaración, pero áun no ha definido si precluye la investigación, si la continúa o si también, como ha hecho la Corte en los casos similares, ordena su detención.

La sombra del Águila

La sombra del Águila
Vuelven los asesinatos selectivos, las amenazas, los sufragios y el robo de información a los líderes de organizaciones sociales.
Fecha: 03/20/2008 -1351
En las últimas semanas varios sectores del país sintieron un renovado pánico por el resurgir de fuerzas oscuras que anuncian una cruzada de sangre y muerte. El objetivo militar de estas acciones son grupos de desplazados, defensores de derechos humanos y ONG que trabajan con víctimas del conflicto. Todas organizaciones altamente vulnerables. Decenas de personas asociadas a este tipo organizaciones han recibido expresas amenazas de muerte por haber apoyado la marcha del pasado 6 de marzo, convocada en solidaridad con las víctimas de los paramilitares. Los panfletos amenazantes han llegado por correo electrónico y están firmados por el 'Comando Central Águilas Negras en Rearme', agrupación que dice abiertamente estar emprendiendo una nueva temporada de accionar paramilitar.

Las amenazas coinciden, además, con otros hechos preocupantes en contra de estas organizaciones -atentados, raptos, robo de información- y con varios homicidios. Los afectados creen que esos crímenes son las primeras acciones concretas de la ola de terror desatada y acusan al gobierno de haber enturbiado la situación con la posición que tomó frente a la marcha.

Entre el 4 y el 9 de marzo han sido asesinados en distintas zonas del país cuatro líderes sindicales. El crimen más reciente fue el de Carlos Burbano, vicepresidente de la asociación nacional de trabajadores hospitalarios de San Vicente del Caguán. Este sindicalista de 52 años ayudó a coordinar la marcha en esa zona desde donde se reportaron problemas para llevarla a cabo. El cuerpo de Burbano apareció el pasado 12 de marzo en un basurero en las afueras del municipio. Las autoridades señalan que murió a causa de varias puñaladas propinadas en el pecho. Burbano tenía cinco hijos y trabajaba como enfermero auxiliar desde hacía varios años.

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Las organizaciones amenazadas coinciden al sostener que los distintos hechos se desencadenaron a partir del 10 de febrero, cuando el consejero presidencial José Obdulio Gaviria anunció en varios medios de comunicación que el gobierno brindaría las garantías necesarias pero no participaría de la marcha porque esta era convocada por las Farc. Iván Cepeda, uno de los principales promotores de la marcha, decidió pedirle formalmente al presidente Uribe destituir a Gaviria y anunció acciones legales contra éste porque cree que con sus declaraciones "incitó a la violencia". Gaviria considera "una grosería" insinuar que la posición del gobierno tenga relación con esos hechos y afirma que la directriz oficial es acentuar el trabajo que viene adelantando desde 2002.

Hasta ahora no se ha probado que los crímenes estén conectados entre sí ni que estén relacionados con la participación de las víctimas en la manifestación del 6 de marzo. Pero de cualquier modo, cuatro sindicalistas asesinados en poco más de un mes hace recordar los momentos más temibles de años pasados, cuando el gatillo silenciaba cualquier deliberación. Por otra parte, es evidente que las amenazas y demás intimidaciones buscan restringir la movilización civil liderada por estas organizaciones que, con pocos recursos e innumerables adversidades, lograron convocar a miles de personas para manifestar repudio por los crímenes de los paramilitares.

En un país como Colombia, con semejante historia de violencia política y con una estela sangrienta de intolerancia, de poco sirve brindar protección policiva a las organizaciones amenazadas si no les brinda también protección política. El gobierno está en mora de reconocer públicamente la importante labor que cumplen estas organizaciones en el marco de la democracia. Estigmatizarlas y polarizar la opinión sembrando dudas infundadas no ayuda en nada. El respaldo expreso al legítimo trabajo de estas organizaciones no puede continuar en veremos. Y menos ahora, cuando fuerzas oscuras anuncian una "implacable" campaña de exterminio.