Una ONG entrega a las autoridades el testimonio de los pobladores de La Macarena, una población al sur de Colombia
VERÓNICA CALDERÓN - Madrid - 25/02/2009
Una ONG denunció ayer a las autoridades colombianas la existencia de unas fosas comunes que podrían albergar a más de 800 civiles y combatientes, supuestamente enterrados por las FARC, en el municipio de La Macarena, en el departamento del Meta (sur de Colombia). Nolberto Suárez, director de la Unidad de Exhumaciones de la Fiscalía de Villavicencio, comentó por teléfono que una comisión se desplazará al lugar para investigar la denuncia, basada en los testimonios de los pobladores. La investigación se efectuará entre el 9 y el 21 de marzo.
Suárez explicó que el testimonio de uno de los sepultureros les ha llevado a pensar que las fosas podrían contener centenares de cadáveres. "El joven ha dicho que debió haber enterrado a más de 800 entre 2002 y 2005", subrayó. Un Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) se desplazó a la región y encontró cerca del cementerio de La Macarena "un gran número de restos óseos", sin precisar su número. De confirmarse las estimaciones, el hallazgo de cadáveres podría ser uno de los más grandes en la historia de Colombia. "Prefiero ni imaginar lo que significaría [el descubrimiento]", comentó.
"Una ONG que trabaja en la zona del Ariari [al sur del departamento del Meta] es la que ha recabado la mayor parte de los testimonios de los pobladores; incluso algunos de ellos dicen haber perdido algún familiar que está enterrado en las fosas", añadió Suárez.
La Macarena se encuentra en la llamada "zona de distensión", un territorio de cerca de 42.000 kilómetros ubicado al sur de Colombia, donde el Ejército durante los diálogos de paz entre la guerrilla y el Gobierno (1999-2002). Suárez señaló que los cuerpos pueden pertenecer a los combatientes de grupos armados que se enfrentaron en la región cuando se puso fin a la desmilitarización de la zona en 2002. No fue sino hasta 2005 que los organismos estatales y la Fiscalía pudieron entrar de nuevo a La Macarena, tras haberse retirado de ella por tratarse de una zona desmilitarizada y luego, por la presencia rebelde en el lugar.
La recuperación de los cuerpos será complicada porque en la zona aún operan algunos comandos de la guerrilla y por lo recóndito del sitio. La única manera de llegar a La Macarena es por avión, un trayecto de unos 30 minutos desde Villavicencio (a unos 87 kilómetros al sur de Bogotá). Un 80% de los 25.000 habitantes del municipio viven en zonas rurales.
Desde 2005, la Fiscalía ha exhumado los restos de víctimas del conflicto colombiano en la zona, una de las más violentas del país sudamericano, y ha recuperado unos 1.903 cadáveres
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miércoles, 8 de abril de 2009
sábado, 13 de diciembre de 2008
La guerra sucia que oscurece a Colombia
La guerra sucia que oscurece a Colombia
Las autoridades judiciales investigan a militares por la desaparición de más de mil civiles desde 2002
WINSTON MANRIQUE SABOGAL - Madrid - 07/12/2008
En la región del Bajo Ariari, en el centro de Colombia, estaban acostumbrados a la violencia de paramilitares y guerrilleros, pero no a ésta. Hace dos años, empezaron a desaparecer campesinos y marginados sin motivo alguno. Sus cuerpos fueron encontrados después, a decenas de kilómetros, y el Ejército los contabilizó como insurgentes muertos en combate. En total han sido supuestamente 55 víctimas, aunque las ONG elevan hasta 2.100 los casos de posibles ejecuciones extrajudiciales, cometidas desde 2002 presuntamente por militares, en complicidad con narcotraficantes, paramilitares y delincuentes comunes. Oficialmente, la justicia investiga más de mil desapariciones.
Más de 3.000 funcionarios del Ejército están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación en relación con los cientos de casos que han sido denunciados. El Gobierno ha destituido a 40 militares hasta ahora. Dos centenares de ONG afirman que los crímenes han aumentado y su impunidad.
Este escándalo, que estalló a finales de septiembre, es producto de las grietas de la política de Seguridad Democrática, la principal arma del presidente Álvaro Uribe desde su llegada al poder en 2002. "Su objetivo es la recuperación y el control del territorio y la presencia del Estado donde no estaba", explica Sergio Jaramillo Caro, viceministro de Defensa. Es decir, reducir la violencia y el número de secuestros, y devolver la tranquilidad a un país en guerra permanente.
La paz ha vuelto a muchas zonas del país. El aumento de la seguridad ha atraído a más inversores y mantiene la popularidad de Uribe en máximos sin precedentes en América Latina. Pero esta estrategia, basada entre otras cosas en un sistema agresivo de incentivos, también ha derivado en una guerra sucia. En primer lugar, el Gobierno recompensa a los civiles que informan sobre guerrilleros, lo que generado presuntamente una red de delincuencia que saca beneficio de entregar a las autoridades los cuerpos de inocentes. En segundo lugar, el Ejército premia a los militares en función del número de bajas que consiguen, lo que supuestamente ha provocado más de un abuso.
Entre el afán de lograr objetivos y el ansia de obtener recompensas se estarían cometiendo hechos muy graves, según el fiscal Mario Iguarán Arana. "Yo presiono, pero no presiono a nadie para que haga actos criminales", se ha defendido Uribe. "La realidad ha demostrado que se trata de una política que incluye el pago de recompensas millonarias por información de insurgentes que ha degenerado en algo siniestro", denuncia Iván Cepeda Castro, portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia.
"No es justo considerar que el asesinato de civiles para ser presentados como guerrilleros dados de baja responda a una siniestra estrategia de las Fuerzas Militares de Colombia. Menos aún puede atribuirse al Gobierno una directa responsabilidad en este escándalo", reflexiona Plinio Apuleyo Mendoza, escritor y periodista.
El perfil de la víctima corresponde a hombres entre 18 y 30 años, campesinos, mendigos, drogadictos, líderes comunales y jóvenes marginales. Los embaucan con promesas de trabajo en campos lejanos de sus hogares para que nadie pueda reclamarlos y así enterrarlos en fosas comunes. "El secuestro es una plaga y el Gobierno ha hecho una labor de sensibilización, pero mientras entre los secuestrados hay políticos y ricos, entre los falsos positivos [víctimas de las ejecuciones extrajudiciales] sólo hay marginados y pobres", se lamenta Héctor Torres, de la Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari.
El perfil del ejecutor varía. Diversas investigaciones del Ministerio de Defensa, la Fiscalía, la Procuraduría y organizaciones de derechos humanos permiten establecer que hay varias clases de criminales. Los narcotraficantes son los que más recurren a esta macabra estrategia, según explica el viceministro de Defensa. Reclutan con engaños a estas personas, las dejan en el campo y luego informan a alguien del batallón más próximo de que en la zona hay guerrilleros. Días después, llega el Ejército, y, horas más tarde, aparecen como caídos en combate. Así se benefician las dos partes, los militares cumplen objetivos, ganan méritos y, a cambio, dejan en paz a los narcos. Los paramilitares también participan en esta guerra sucia, señalando a personas que creen vinculadas a la guerrilla y así poder limpiar la zona. El tercer grupo lo constituyen las bandas emergentes o delincuentes comunes. También están las legalizaciones de inocentes que surgen por iniciativa de algún militar o soldado para ganar méritos, ascensos, más poder o permisos. No faltan los falsos positivos producto del azar, del llamado fuego amigo, donde muere un inocente y el Ejército lo da como baja de un guerrillero. Finalmente, el Gobierno cree que la guerrilla también podría estar participando en estos crímenes para desprestigiar a los militares.
¿Por qué el Gobierno de Uribe ha guardado silencio tanto tiempo y descalificado a quienes denunciaban estos crímenes? "Uno de los problemas es la veracidad de la información", explica el viceministro de Defensa. "Sólo a través de un proceso judicial se puede establecer la veracidad. Además, hay falsas denuncias, sin desconocer que hay casos reales".
"El Gobierno vive momentos amargos. Pero lo más importante es que por una vez hay un golpe a la legitimidad de su principal bandera: la política de Seguridad Democrática", dice Néstor Morales periodista de Caracol Radio.
Jaque a los derechos humanos
Las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales por parte de paramilitares, guerrilleros y organismos del Estado se realizan desde hace muchos años en Colombia. Empezaron a notarse a mediados de los años ochenta con el recrudecimiento de la guerra abierta entre las Fuerzas Armadas y grupos guerrilleros como las FARC y el ELN, pero se han incrementado desde 2002 y con una mayor presencia de miembros del Ejército. Algunos analistas culpan a la política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe. El viceministro de Defensa colombiano, Sergio Jaramillo, reconoce que ha habido perversiones a ciertos niveles de la fuerza pública, ya que algunos comandantes han malinterpretado la política de Seguridad Democrática. Se refiere al hecho de la exigencia de resultados que algunos resumían y simplificaban en bajas de guerrilleros para ganar méritos u obtener ascensos o permisos.
Tras seis años en el poder, y a raíz del asesinato de once jóvenes de Soacha, Uribe ha destituido a 40 militares, como consecuencia de una investigación interna de Defensa que reveló fallos de control y mando. También ha aceptado la renuncia del comandante del Ejército, Mario Montoya, responsable de la Operación Jaque, que rescató a Ingrid Betancourt. En 2006, Defensa creó un comité de seguimiento para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en el Ejército, apoyar las investigaciones de la Fiscalía y tomar medidas de prevención. Para ello se sirve de 428 oficinas de Derechos Humanos repartidas por todo el país.
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Las autoridades judiciales investigan a militares por la desaparición de más de mil civiles desde 2002
WINSTON MANRIQUE SABOGAL - Madrid - 07/12/2008
En la región del Bajo Ariari, en el centro de Colombia, estaban acostumbrados a la violencia de paramilitares y guerrilleros, pero no a ésta. Hace dos años, empezaron a desaparecer campesinos y marginados sin motivo alguno. Sus cuerpos fueron encontrados después, a decenas de kilómetros, y el Ejército los contabilizó como insurgentes muertos en combate. En total han sido supuestamente 55 víctimas, aunque las ONG elevan hasta 2.100 los casos de posibles ejecuciones extrajudiciales, cometidas desde 2002 presuntamente por militares, en complicidad con narcotraficantes, paramilitares y delincuentes comunes. Oficialmente, la justicia investiga más de mil desapariciones.
Más de 3.000 funcionarios del Ejército están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación en relación con los cientos de casos que han sido denunciados. El Gobierno ha destituido a 40 militares hasta ahora. Dos centenares de ONG afirman que los crímenes han aumentado y su impunidad.
Este escándalo, que estalló a finales de septiembre, es producto de las grietas de la política de Seguridad Democrática, la principal arma del presidente Álvaro Uribe desde su llegada al poder en 2002. "Su objetivo es la recuperación y el control del territorio y la presencia del Estado donde no estaba", explica Sergio Jaramillo Caro, viceministro de Defensa. Es decir, reducir la violencia y el número de secuestros, y devolver la tranquilidad a un país en guerra permanente.
La paz ha vuelto a muchas zonas del país. El aumento de la seguridad ha atraído a más inversores y mantiene la popularidad de Uribe en máximos sin precedentes en América Latina. Pero esta estrategia, basada entre otras cosas en un sistema agresivo de incentivos, también ha derivado en una guerra sucia. En primer lugar, el Gobierno recompensa a los civiles que informan sobre guerrilleros, lo que generado presuntamente una red de delincuencia que saca beneficio de entregar a las autoridades los cuerpos de inocentes. En segundo lugar, el Ejército premia a los militares en función del número de bajas que consiguen, lo que supuestamente ha provocado más de un abuso.
Entre el afán de lograr objetivos y el ansia de obtener recompensas se estarían cometiendo hechos muy graves, según el fiscal Mario Iguarán Arana. "Yo presiono, pero no presiono a nadie para que haga actos criminales", se ha defendido Uribe. "La realidad ha demostrado que se trata de una política que incluye el pago de recompensas millonarias por información de insurgentes que ha degenerado en algo siniestro", denuncia Iván Cepeda Castro, portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia.
"No es justo considerar que el asesinato de civiles para ser presentados como guerrilleros dados de baja responda a una siniestra estrategia de las Fuerzas Militares de Colombia. Menos aún puede atribuirse al Gobierno una directa responsabilidad en este escándalo", reflexiona Plinio Apuleyo Mendoza, escritor y periodista.
El perfil de la víctima corresponde a hombres entre 18 y 30 años, campesinos, mendigos, drogadictos, líderes comunales y jóvenes marginales. Los embaucan con promesas de trabajo en campos lejanos de sus hogares para que nadie pueda reclamarlos y así enterrarlos en fosas comunes. "El secuestro es una plaga y el Gobierno ha hecho una labor de sensibilización, pero mientras entre los secuestrados hay políticos y ricos, entre los falsos positivos [víctimas de las ejecuciones extrajudiciales] sólo hay marginados y pobres", se lamenta Héctor Torres, de la Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari.
El perfil del ejecutor varía. Diversas investigaciones del Ministerio de Defensa, la Fiscalía, la Procuraduría y organizaciones de derechos humanos permiten establecer que hay varias clases de criminales. Los narcotraficantes son los que más recurren a esta macabra estrategia, según explica el viceministro de Defensa. Reclutan con engaños a estas personas, las dejan en el campo y luego informan a alguien del batallón más próximo de que en la zona hay guerrilleros. Días después, llega el Ejército, y, horas más tarde, aparecen como caídos en combate. Así se benefician las dos partes, los militares cumplen objetivos, ganan méritos y, a cambio, dejan en paz a los narcos. Los paramilitares también participan en esta guerra sucia, señalando a personas que creen vinculadas a la guerrilla y así poder limpiar la zona. El tercer grupo lo constituyen las bandas emergentes o delincuentes comunes. También están las legalizaciones de inocentes que surgen por iniciativa de algún militar o soldado para ganar méritos, ascensos, más poder o permisos. No faltan los falsos positivos producto del azar, del llamado fuego amigo, donde muere un inocente y el Ejército lo da como baja de un guerrillero. Finalmente, el Gobierno cree que la guerrilla también podría estar participando en estos crímenes para desprestigiar a los militares.
¿Por qué el Gobierno de Uribe ha guardado silencio tanto tiempo y descalificado a quienes denunciaban estos crímenes? "Uno de los problemas es la veracidad de la información", explica el viceministro de Defensa. "Sólo a través de un proceso judicial se puede establecer la veracidad. Además, hay falsas denuncias, sin desconocer que hay casos reales".
"El Gobierno vive momentos amargos. Pero lo más importante es que por una vez hay un golpe a la legitimidad de su principal bandera: la política de Seguridad Democrática", dice Néstor Morales periodista de Caracol Radio.
Jaque a los derechos humanos
Las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales por parte de paramilitares, guerrilleros y organismos del Estado se realizan desde hace muchos años en Colombia. Empezaron a notarse a mediados de los años ochenta con el recrudecimiento de la guerra abierta entre las Fuerzas Armadas y grupos guerrilleros como las FARC y el ELN, pero se han incrementado desde 2002 y con una mayor presencia de miembros del Ejército. Algunos analistas culpan a la política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe. El viceministro de Defensa colombiano, Sergio Jaramillo, reconoce que ha habido perversiones a ciertos niveles de la fuerza pública, ya que algunos comandantes han malinterpretado la política de Seguridad Democrática. Se refiere al hecho de la exigencia de resultados que algunos resumían y simplificaban en bajas de guerrilleros para ganar méritos u obtener ascensos o permisos.
Tras seis años en el poder, y a raíz del asesinato de once jóvenes de Soacha, Uribe ha destituido a 40 militares, como consecuencia de una investigación interna de Defensa que reveló fallos de control y mando. También ha aceptado la renuncia del comandante del Ejército, Mario Montoya, responsable de la Operación Jaque, que rescató a Ingrid Betancourt. En 2006, Defensa creó un comité de seguimiento para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en el Ejército, apoyar las investigaciones de la Fiscalía y tomar medidas de prevención. Para ello se sirve de 428 oficinas de Derechos Humanos repartidas por todo el país.
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Abusos sexuales cometidos por 'para' dejaron amargos recuerdos a las mujeres de San Onofre (Sucre)
Foto: Carlos Capella / EL TIEMPO
San Onofre, además de sufrir los abusos sexuales de las autodefensas, fue escenario de varias de las fosas comunes de los 'paras'.
Marco Tulio Pérez Guzmán, alias 'El Oso', capturado hace cuatro años y sometido hoy a Justicia y Paz, dejó heridas abiertas en corregimientos y veredas del norte de Sucre, donde ejerció su dominio.
EL TIEMPO reconstruye la historia de los abusos.
Según denunciaron algunas mujeres de la región, fueron sometidas a toda clase de vejámenes: desde atropellos sexuales hasta la explotación laboral; pasando por la agresión física y el escarnio público.
En Libertad, corregimiento de San Onofre, se concentra gran cantidad de estas víctimas. Allí estuvo EL TIEMPO y conoció de sus protagonistas varias de estas historias.
"Ese tipo se aprovechó de una sobrina mía de 13 años, en Paloalto (vereda). Un día llegó y la mamá le puso la queja de que la pelada no le quería reconocer que tenía novio.
"Tranquila señora, que ella a mí sí me dice la verdad, me la voy a llevar y luego se la traigo, le dijo. A los tres días la regresó tras abusar de ella sexualmente y amenazarla de muerte para que no contara nada a la familia", relató el tío de la niña, un mototaxista.
Una mujer rompe en llanto al recordar el 31 de diciembre del 2003, cuando a las 9 de la mañana, en plena plaza de Libertad, 'El Oso' azotó hasta el cansancio a su nieta de 31 años, Laudith Herrera, madre de cuatro hijos. "Un día antes ella peleó con el esposo en un baile y le pegó con una botella. Alguien del pueblo se lo dijo a 'El Oso', y vino a buscarla. Cuando la encontró empezó a azotarla sin compasión.
"Todo el mundo veía, pero nadie se atrevía siquiera a decir: 'Déjala'. Uno de sus hombres fue el que se la quitó. De no hacerlo, la mata".
Ese fin de año, con heridas en todo el cuerpo, Laudith tuvo que abandonar el pueblo. "Cuando dejó de golpearla le hizo un disparo cerca de los pies y le dijo: Esto es para que respetes, te salvas (de la muerte), pero te vas de aquí. Tienes tres horas para marcharte".
No sé qué tenía contra mi muchacha, ella se fue y más nunca regresó", dice la abuela.
También en el poblado recuerdan la historia de dos vecinas, que luego de sostener una riña fueron castigadas por 'El Oso' con trabajos forzados. Se las llevó a su campamento de Las Brisas a hacerle oficios, sin pagarles un solo peso. "Tuve que lavar unos 400 uniformes camuflados", dice una de ellas. La otra tuvo que encargarse del aseo y la cocina.
"En la noche se alternaba en la cama con cada una de nosotras. Eso de llevar mujeres a su campamento o a las fincas de él o de 'Cadena' (el jefe paramilitar de Sucre) a trabajar gratis y después tener sexo, lo vivimos muchas aquí, y hasta por 15 días seguidos, pero todavía hay miedo para frentear las cosas", añade una de las dos vecinas.
Castigaba con trabajo forzoso
De la furia de 'El Oso' no se salvaban ni las mujeres mayores. A sus 66 años una recuerda que tuvo que barrer durante 15 días la plaza y el parque central de Libertad, entre 9 y 11 de la mañana, con carteles colgados en el pecho y la espalda que decían: "Esto me pasa por chismosa".
"Alguien al que seguramente yo no le gustaba le dijo que me ponía a levantar calumnias sobre infidelidades. Eso fue suficiente para que me castigara. Quedé enferma porque me insolé", señala la mujer.
Sobre un controvertido reinado interveredal que 'El Oso' organizó con menores, y que según la Fiscalía hacía para aprovecharse sexualmente de las candidatas, la persona que manejó el concurso asegura que no conoció de intereses sexuales con las jovencitas.
"El Oso reunió a 20 maestros entre rectores y docentes, y propuso el reinado para animar las fiestas de corralejas. Eso fue en marzo del 2003. Me hicieron cargo de eso, pero no supe de abusos con las candidatas". La mujer asegura que aceptó el encargo "porque aquí él era la ley, y quien lo contradecía era persona muerta".
Una de las candidatas cuenta que durante el evento, que duró un mes, no fue víctima de acoso, pero que 30 días después tuvo que esconderse en otra población porque 'Cadena' la perseguía para llevársela a su finca. En ese entonces tenía 15 años.
Durante la semana previa a la elección, las candidatas estuvieron ocho días en una finca de 'Cadena' recibiendo clases de glamur de una modelo cartagenera. Allí se les prohibió la entrada a familiares y acompañantes de las chicas.
Por los días en que ha rendido versión ante Justicia y Paz, 'El Oso' ha negado los cargos sobre abuso sexual, y ha dicho en su defensa que eso no sucedió y que en la Libertad todos lo "quieren".
"Lo queremos, pero joder, porque bastante daño que nos hizo", le responde un lugareño.
'El Oso' 0bligó a homosexuales a boxear y desfilar
El 11 de mayo del 2003, San Onofre amaneció sin uno solo de los más conocidos miembros de su comunidad homosexual. A las 5 de la mañana dos camionetas cuatro por cuatro, de vidrios oscuros, los recogió casa por casa, y emprendió con ellos un viaje del cual creyeron al comienzo que no tendrían regreso. El grupo lo integraban unos 16 jóvenes entre los 15 y los 26 años, que según la invitación recibida un día antes, se iban a reunir con 'El Oso'.
Las represiones de los paramilitares a los homosexuales hicieron temer a estos muchachos, y a sus familias, que podrían estar en la antesala de un acto masivo de exterminio. Los temores se disiparon un tanto cuando llegaron a la vereda Alto Julio, y 'El Oso' les dijo: "Queremos divertirnos todos, las Auc y la comunidad, esta noche vamos a organizar en la gallera una velada de boxeo en la cual ustedes pelearán entre sí. También participarán en un reinado".
Uno de los participantes reconoció que los trataron bien, pero que siempre tuvo temor. "Con ellos (los paramilitares) uno nunca sabía lo que iba a pasar. A mí finalmente me regalaron 100 mil pesos y puedo echar el cuento". Otro narra que no recibió dinero, y recuerda la angustia que vivió su madre. "Nos vistieron como boxeadores y peleamos. Todos se burlaban, pero yo no le paré bolas porque había que salvar el pellejo".
Cuentan que algunos de los homosexuales abandonaron luego el pueblo por la vergüenza a las que los expusieron.
ROBERTO LLANOS RODADO
ENVIADO ESPECIAL DE EL TIEMPO
LIBERTAD (SAN ONOFRE - SUCRE)
www.eltiempo.com
Foto: Carlos Capella / EL TIEMPO
San Onofre, además de sufrir los abusos sexuales de las autodefensas, fue escenario de varias de las fosas comunes de los 'paras'.
Marco Tulio Pérez Guzmán, alias 'El Oso', capturado hace cuatro años y sometido hoy a Justicia y Paz, dejó heridas abiertas en corregimientos y veredas del norte de Sucre, donde ejerció su dominio.
EL TIEMPO reconstruye la historia de los abusos.
Según denunciaron algunas mujeres de la región, fueron sometidas a toda clase de vejámenes: desde atropellos sexuales hasta la explotación laboral; pasando por la agresión física y el escarnio público.
En Libertad, corregimiento de San Onofre, se concentra gran cantidad de estas víctimas. Allí estuvo EL TIEMPO y conoció de sus protagonistas varias de estas historias.
"Ese tipo se aprovechó de una sobrina mía de 13 años, en Paloalto (vereda). Un día llegó y la mamá le puso la queja de que la pelada no le quería reconocer que tenía novio.
"Tranquila señora, que ella a mí sí me dice la verdad, me la voy a llevar y luego se la traigo, le dijo. A los tres días la regresó tras abusar de ella sexualmente y amenazarla de muerte para que no contara nada a la familia", relató el tío de la niña, un mototaxista.
Una mujer rompe en llanto al recordar el 31 de diciembre del 2003, cuando a las 9 de la mañana, en plena plaza de Libertad, 'El Oso' azotó hasta el cansancio a su nieta de 31 años, Laudith Herrera, madre de cuatro hijos. "Un día antes ella peleó con el esposo en un baile y le pegó con una botella. Alguien del pueblo se lo dijo a 'El Oso', y vino a buscarla. Cuando la encontró empezó a azotarla sin compasión.
"Todo el mundo veía, pero nadie se atrevía siquiera a decir: 'Déjala'. Uno de sus hombres fue el que se la quitó. De no hacerlo, la mata".
Ese fin de año, con heridas en todo el cuerpo, Laudith tuvo que abandonar el pueblo. "Cuando dejó de golpearla le hizo un disparo cerca de los pies y le dijo: Esto es para que respetes, te salvas (de la muerte), pero te vas de aquí. Tienes tres horas para marcharte".
No sé qué tenía contra mi muchacha, ella se fue y más nunca regresó", dice la abuela.
También en el poblado recuerdan la historia de dos vecinas, que luego de sostener una riña fueron castigadas por 'El Oso' con trabajos forzados. Se las llevó a su campamento de Las Brisas a hacerle oficios, sin pagarles un solo peso. "Tuve que lavar unos 400 uniformes camuflados", dice una de ellas. La otra tuvo que encargarse del aseo y la cocina.
"En la noche se alternaba en la cama con cada una de nosotras. Eso de llevar mujeres a su campamento o a las fincas de él o de 'Cadena' (el jefe paramilitar de Sucre) a trabajar gratis y después tener sexo, lo vivimos muchas aquí, y hasta por 15 días seguidos, pero todavía hay miedo para frentear las cosas", añade una de las dos vecinas.
Castigaba con trabajo forzoso
De la furia de 'El Oso' no se salvaban ni las mujeres mayores. A sus 66 años una recuerda que tuvo que barrer durante 15 días la plaza y el parque central de Libertad, entre 9 y 11 de la mañana, con carteles colgados en el pecho y la espalda que decían: "Esto me pasa por chismosa".
"Alguien al que seguramente yo no le gustaba le dijo que me ponía a levantar calumnias sobre infidelidades. Eso fue suficiente para que me castigara. Quedé enferma porque me insolé", señala la mujer.
Sobre un controvertido reinado interveredal que 'El Oso' organizó con menores, y que según la Fiscalía hacía para aprovecharse sexualmente de las candidatas, la persona que manejó el concurso asegura que no conoció de intereses sexuales con las jovencitas.
"El Oso reunió a 20 maestros entre rectores y docentes, y propuso el reinado para animar las fiestas de corralejas. Eso fue en marzo del 2003. Me hicieron cargo de eso, pero no supe de abusos con las candidatas". La mujer asegura que aceptó el encargo "porque aquí él era la ley, y quien lo contradecía era persona muerta".
Una de las candidatas cuenta que durante el evento, que duró un mes, no fue víctima de acoso, pero que 30 días después tuvo que esconderse en otra población porque 'Cadena' la perseguía para llevársela a su finca. En ese entonces tenía 15 años.
Durante la semana previa a la elección, las candidatas estuvieron ocho días en una finca de 'Cadena' recibiendo clases de glamur de una modelo cartagenera. Allí se les prohibió la entrada a familiares y acompañantes de las chicas.
Por los días en que ha rendido versión ante Justicia y Paz, 'El Oso' ha negado los cargos sobre abuso sexual, y ha dicho en su defensa que eso no sucedió y que en la Libertad todos lo "quieren".
"Lo queremos, pero joder, porque bastante daño que nos hizo", le responde un lugareño.
'El Oso' 0bligó a homosexuales a boxear y desfilar
El 11 de mayo del 2003, San Onofre amaneció sin uno solo de los más conocidos miembros de su comunidad homosexual. A las 5 de la mañana dos camionetas cuatro por cuatro, de vidrios oscuros, los recogió casa por casa, y emprendió con ellos un viaje del cual creyeron al comienzo que no tendrían regreso. El grupo lo integraban unos 16 jóvenes entre los 15 y los 26 años, que según la invitación recibida un día antes, se iban a reunir con 'El Oso'.
Las represiones de los paramilitares a los homosexuales hicieron temer a estos muchachos, y a sus familias, que podrían estar en la antesala de un acto masivo de exterminio. Los temores se disiparon un tanto cuando llegaron a la vereda Alto Julio, y 'El Oso' les dijo: "Queremos divertirnos todos, las Auc y la comunidad, esta noche vamos a organizar en la gallera una velada de boxeo en la cual ustedes pelearán entre sí. También participarán en un reinado".
Uno de los participantes reconoció que los trataron bien, pero que siempre tuvo temor. "Con ellos (los paramilitares) uno nunca sabía lo que iba a pasar. A mí finalmente me regalaron 100 mil pesos y puedo echar el cuento". Otro narra que no recibió dinero, y recuerda la angustia que vivió su madre. "Nos vistieron como boxeadores y peleamos. Todos se burlaban, pero yo no le paré bolas porque había que salvar el pellejo".
Cuentan que algunos de los homosexuales abandonaron luego el pueblo por la vergüenza a las que los expusieron.
ROBERTO LLANOS RODADO
ENVIADO ESPECIAL DE EL TIEMPO
LIBERTAD (SAN ONOFRE - SUCRE)
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Pulso sobre derechos humanos en el país sostendrán Gobierno y ONG ante la ONU en Ginebra
Pulso sobre derechos humanos en el país sostendrán Gobierno y ONG ante la ONU en Ginebra
La representación del Gobierno estará a cargo del vicepresidente Francisco Santos y las ONG tendrán como vocero a Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas.
El próximo miércoles, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una instancia nueva, hará el Examen Periódico Universal sobre el tema, al cual el Gobierno colombiano se presentará voluntariamente.
El primer insumo del examen será el informe del Gobierno, el cual fue entregado a la ONU el pasado primero de septiembre.
Según el Gobierno, su informe "tiene un enfoque balanceado. Habla de problemas, tiene recomendaciones y hace propuestas. Tiene, además, un enfoque realista. Muestra una realidad que ha mejorado".
Luego de esto, la alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Navy Pillay, presentará la síntesis que elaboraron 1.200 ONG sobre la situación de los DD.HH. en el país.
Este documento afirma que las violaciones a los derechos humanos en Colombia han aumentado por cuenta, según ellos, de la implementación de la política de seguridad democrática.
Finalmente, la misma Alta Comisionada entregará un balance de las recomendaciones que ha hecho la ONU a Colombia sobre el tema.
Lo novedoso del mecanismo consiste en que es la primera vez que Colombia comparece ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una instancia de más alto nivel que la que existía antes: la Comisión de Derechos Humanos.
Ante este Consejo los Estados asumen un compromiso más decidido para combatir las violaciones a los derechos humanos, debido a que todos los países miembros de la ONU han hecho el acuerdo de estar vigilantes a la realidad del tema en los demás Estados.
La segunda novedad es que las recomendaciones de la ONU a cada país serán cada cuatro años y no cada año, como ocurre actualmente.
El nuevo mecanismo implica que todos los países miembros de la ONU deben presentar este examen. Cuando lo hagan todos, volverán a hacerlo los primeros.
Ese mismo día, tras un debate de los 47 delegados que componen el Consejo, se conocerán las recomendaciones que Colombia debe acoger, las cuales serán anunciadas oficialmente el 15 de diciembre.
La defensa del Gobierno
Los argumentos del vicepresidente Francisco Santos son los siguientes:
Demostrar que se ha avanzado en la política de los derechos humanos y que el objetivo es consolidarla.
Mencionará los avances en la protección a sindicalistas y defensores de los derechos humanos.
Llamará la atención sobre el poder del narcotráfico en la generación de violencia en Colombia.
Expondrá las cifras positivas de la política de seguridad democrática.
Recordará que en el 2002 se perpetraron 28.837 homicidios y el año pasado, 17.198.
Presentará un reporte de masacres que demuestra que se país de 115 casos con 680 víctimas en el 2002 a 26 casos con 128 víctimas, en el 2007.
Revelará directivas del Ministerio de Defensa en las que se reitera la obligación de respetar a las personas protegidas por el DIH.
Explicará que en estas directivas hay procedimientos para prevenir, investigar y sancionar el delito de desaparición forzada.
Incluirá los resultados de la Ley de Justicia y Paz y argumentará que gracias a esta norma se avanzó en la reparación a las víctimas por vía administrativa.
Citará que el Gobierno tiene planeado destinar 7 billones de pesos en los próximos tres años para reparar a las víctimas.
Dirá que la Ley de Justicia y Paz "es la más exigente dentro de este tipo de procesos de paz desarrollados en el mundo".
Sobre la extradición de los 14 jefes 'paras', dirá que este procedimiento se autorizó porque no estaban cumpliendo con las condiciones para obtener los beneficios.
También dirá que el Gobierno aseguró la cooperación con Estados Unidos para que sigan declarando en los casos que les interesan a las víctimas en Colombia.
Sobre los crímenes de sindicalistas, dirá que estos se redujeron en un 87 por ciento.
Las críticas de las ONG
Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, presentará estos argumentos:
Insistirá en que el país siguen las violaciones de los derechos humanos.
Dirá que entre julio del 2002 y diciembre del 2007 fueron asesinadas fuera de combate 13.644 personas, por la violencia sociopolítica.
Afirmará que en los últimos cinco años las ejecuciones extrajudiciales se incrementaron en un 67,71 por ciento.
Señalará que todos los grupos armados cometen infracciones al Derecho Internacional Humanitario contra personas y bienes protegidos.
Denunciará que sigue el reclutamiento de menores, la violencia sexual -especialmente contra las mujeres- .
Acusará al Gobierno de utilizar el emblema de la Cruz Roja Internacional en la operación 'Jaque'.
Argumentará que el Gobierno ha negado la existencia del conflicto interno y que a través de la política de seguridad democrática ha involucrado a la población en el conflicto.
Dirá que el Gobierno le dio reconocimiento político y beneficios jurídicos a los 'paras' y que ha negado la posibilidad de diálogos de paz con la guerrilla.
Expondrá que el paramilitarismo no se ha desmantelado y que falta depurar sus vínculos con algunos agentes estatales.
Recordará que 63 congresistas se encuentran investigados por sus posibles nexos con el paramilitarismo.
Cuestionará que el 90 por ciento de los 'paras' desmovilizados fueron beneficiados con una 'amnistía' sin exigirles que contaran la verdad sobre sus crímenes.
Manifestará que la extradición de los 14 jefes paramilitares afecta las investigaciones por delitos de lesa humanidad en Colombia.
Insistirá en que el desplazamiento se mantiene en Colombia y dirá que diariamente son desarraigadas 1.250 personas en promedio.
Señalarán que el Estado no ha hecho lo suficiente para reducir la inequidad que hay en el país.
REDACCIÓN POLÍTICA
www.eltiempo.com
La representación del Gobierno estará a cargo del vicepresidente Francisco Santos y las ONG tendrán como vocero a Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas.
El próximo miércoles, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una instancia nueva, hará el Examen Periódico Universal sobre el tema, al cual el Gobierno colombiano se presentará voluntariamente.
El primer insumo del examen será el informe del Gobierno, el cual fue entregado a la ONU el pasado primero de septiembre.
Según el Gobierno, su informe "tiene un enfoque balanceado. Habla de problemas, tiene recomendaciones y hace propuestas. Tiene, además, un enfoque realista. Muestra una realidad que ha mejorado".
Luego de esto, la alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Navy Pillay, presentará la síntesis que elaboraron 1.200 ONG sobre la situación de los DD.HH. en el país.
Este documento afirma que las violaciones a los derechos humanos en Colombia han aumentado por cuenta, según ellos, de la implementación de la política de seguridad democrática.
Finalmente, la misma Alta Comisionada entregará un balance de las recomendaciones que ha hecho la ONU a Colombia sobre el tema.
Lo novedoso del mecanismo consiste en que es la primera vez que Colombia comparece ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una instancia de más alto nivel que la que existía antes: la Comisión de Derechos Humanos.
Ante este Consejo los Estados asumen un compromiso más decidido para combatir las violaciones a los derechos humanos, debido a que todos los países miembros de la ONU han hecho el acuerdo de estar vigilantes a la realidad del tema en los demás Estados.
La segunda novedad es que las recomendaciones de la ONU a cada país serán cada cuatro años y no cada año, como ocurre actualmente.
El nuevo mecanismo implica que todos los países miembros de la ONU deben presentar este examen. Cuando lo hagan todos, volverán a hacerlo los primeros.
Ese mismo día, tras un debate de los 47 delegados que componen el Consejo, se conocerán las recomendaciones que Colombia debe acoger, las cuales serán anunciadas oficialmente el 15 de diciembre.
La defensa del Gobierno
Los argumentos del vicepresidente Francisco Santos son los siguientes:
Demostrar que se ha avanzado en la política de los derechos humanos y que el objetivo es consolidarla.
Mencionará los avances en la protección a sindicalistas y defensores de los derechos humanos.
Llamará la atención sobre el poder del narcotráfico en la generación de violencia en Colombia.
Expondrá las cifras positivas de la política de seguridad democrática.
Recordará que en el 2002 se perpetraron 28.837 homicidios y el año pasado, 17.198.
Presentará un reporte de masacres que demuestra que se país de 115 casos con 680 víctimas en el 2002 a 26 casos con 128 víctimas, en el 2007.
Revelará directivas del Ministerio de Defensa en las que se reitera la obligación de respetar a las personas protegidas por el DIH.
Explicará que en estas directivas hay procedimientos para prevenir, investigar y sancionar el delito de desaparición forzada.
Incluirá los resultados de la Ley de Justicia y Paz y argumentará que gracias a esta norma se avanzó en la reparación a las víctimas por vía administrativa.
Citará que el Gobierno tiene planeado destinar 7 billones de pesos en los próximos tres años para reparar a las víctimas.
Dirá que la Ley de Justicia y Paz "es la más exigente dentro de este tipo de procesos de paz desarrollados en el mundo".
Sobre la extradición de los 14 jefes 'paras', dirá que este procedimiento se autorizó porque no estaban cumpliendo con las condiciones para obtener los beneficios.
También dirá que el Gobierno aseguró la cooperación con Estados Unidos para que sigan declarando en los casos que les interesan a las víctimas en Colombia.
Sobre los crímenes de sindicalistas, dirá que estos se redujeron en un 87 por ciento.
Las críticas de las ONG
Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, presentará estos argumentos:
Insistirá en que el país siguen las violaciones de los derechos humanos.
Dirá que entre julio del 2002 y diciembre del 2007 fueron asesinadas fuera de combate 13.644 personas, por la violencia sociopolítica.
Afirmará que en los últimos cinco años las ejecuciones extrajudiciales se incrementaron en un 67,71 por ciento.
Señalará que todos los grupos armados cometen infracciones al Derecho Internacional Humanitario contra personas y bienes protegidos.
Denunciará que sigue el reclutamiento de menores, la violencia sexual -especialmente contra las mujeres- .
Acusará al Gobierno de utilizar el emblema de la Cruz Roja Internacional en la operación 'Jaque'.
Argumentará que el Gobierno ha negado la existencia del conflicto interno y que a través de la política de seguridad democrática ha involucrado a la población en el conflicto.
Dirá que el Gobierno le dio reconocimiento político y beneficios jurídicos a los 'paras' y que ha negado la posibilidad de diálogos de paz con la guerrilla.
Expondrá que el paramilitarismo no se ha desmantelado y que falta depurar sus vínculos con algunos agentes estatales.
Recordará que 63 congresistas se encuentran investigados por sus posibles nexos con el paramilitarismo.
Cuestionará que el 90 por ciento de los 'paras' desmovilizados fueron beneficiados con una 'amnistía' sin exigirles que contaran la verdad sobre sus crímenes.
Manifestará que la extradición de los 14 jefes paramilitares afecta las investigaciones por delitos de lesa humanidad en Colombia.
Insistirá en que el desplazamiento se mantiene en Colombia y dirá que diariamente son desarraigadas 1.250 personas en promedio.
Señalarán que el Estado no ha hecho lo suficiente para reducir la inequidad que hay en el país.
REDACCIÓN POLÍTICA
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sábado, 22 de noviembre de 2008
474 sindicalistas han sido asesinados durante el gobierno de Álvaro Uribe, denuncian sindicatos
Noviembre 19 de 2008
474 sindicalistas han sido asesinados durante el gobierno de Álvaro Uribe, denuncian sindicatos
Este miércoles las confederaciones obreras le enviaron una carta al mandatario en la que rechazaron su invitación a dialogar.
Tras acusar a Uribe de haber implementado una política en detrimento de los trabajadores y "desconocer las organizaciones sindicales", aseguraron que el 97% de esos crímenes se encuentran en la impunidad.
La carta enviada a la AFP y suscrita entre otras por la principal organización obrera del país, la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT), señaló que en el gobierno de Uribe "a los trabajadores les ha ido muy mal".
La reiterada denuncia sobre los asesinatos de sindicalistas coincide con las gestiones telefónicas que el presidente Uribe ha realizado desde el lunes con el gobierno entrante de Estados Unidos a favor de un pactado Acuerdo de Libre Comercio (TLC).
Uribe conversó este miércoles sobre el tema con el presidente electo, el demócrata Barack Obama, en tanto que el lunes lo hizo con el vicepresidente electo Joe Biden.
El acuerdo entre Colombia y Estados Unidos negociado por Uribe con el presidente saliente, el republicano George W. Bush, enfrenta el bloqueo de congresistas demócratas. Bogotá aspira a lograr su aprobación antes del término de la gestión republicana, el 20 de enero, cuando Obama asumirá el poder.
La mayoritaria bancada Demócrata exige que Bogotá resuelva el problema de los asesinatos de sindicalistas y aclare el escándalo por nexos de políticos del entorno de Uribe con paramilitares de extrema derecha, para aprobar en el Congreso el acuerdo firmado en diciembre de 2006.
Las organizaciones sindicales advirtieron que no se reunirán con Uribe mientras mantenga esa política y se "niegue a discutir y definir su posición (...) respecto de la problemática social que atañe a los trabajadores".
www.eltiempo.com
474 sindicalistas han sido asesinados durante el gobierno de Álvaro Uribe, denuncian sindicatos
Este miércoles las confederaciones obreras le enviaron una carta al mandatario en la que rechazaron su invitación a dialogar.
Tras acusar a Uribe de haber implementado una política en detrimento de los trabajadores y "desconocer las organizaciones sindicales", aseguraron que el 97% de esos crímenes se encuentran en la impunidad.
La carta enviada a la AFP y suscrita entre otras por la principal organización obrera del país, la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT), señaló que en el gobierno de Uribe "a los trabajadores les ha ido muy mal".
La reiterada denuncia sobre los asesinatos de sindicalistas coincide con las gestiones telefónicas que el presidente Uribe ha realizado desde el lunes con el gobierno entrante de Estados Unidos a favor de un pactado Acuerdo de Libre Comercio (TLC).
Uribe conversó este miércoles sobre el tema con el presidente electo, el demócrata Barack Obama, en tanto que el lunes lo hizo con el vicepresidente electo Joe Biden.
El acuerdo entre Colombia y Estados Unidos negociado por Uribe con el presidente saliente, el republicano George W. Bush, enfrenta el bloqueo de congresistas demócratas. Bogotá aspira a lograr su aprobación antes del término de la gestión republicana, el 20 de enero, cuando Obama asumirá el poder.
La mayoritaria bancada Demócrata exige que Bogotá resuelva el problema de los asesinatos de sindicalistas y aclare el escándalo por nexos de políticos del entorno de Uribe con paramilitares de extrema derecha, para aprobar en el Congreso el acuerdo firmado en diciembre de 2006.
Las organizaciones sindicales advirtieron que no se reunirán con Uribe mientras mantenga esa política y se "niegue a discutir y definir su posición (...) respecto de la problemática social que atañe a los trabajadores".
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lunes, 3 de noviembre de 2008
Distrito rechaza presencia de policías infiltrados en la Nacional
Bogotá | 10 octubre 2008 - 6:08am
Distrito rechaza presencia de policías infiltrados en la Nacional
Por: Elespectador.com
El sub secretario de Convivencia y Seguridad, Andrés Restrepo, señaló que se pudo confirmar que los dos hombres retenidos por más de dos horas en la Universidad, eran agentes de la Dijín que realizaban labores de inteligencia en el plantel educativo.
]"La universidad debe ser un espacio donde se de una deliberación tranquila, sin ningún tipo de presiones", aseguró el funcionario.Este viernes se llevará a cabo una reunión entre los representantes estudiantiles y la Policía Nacional para esclarecer los hechos. Sin embargo, fuentes oficiales de la Fuerza Pública, se mantienen en que los dos unformados no estaban armados. "Los dos agentes estaban el el cumplimiento de su deber, no portaban armas y era un evento público", aseguró el general Rodolfo Palomino, comandante de la Policía de Bogotá, quién no se mostró muy de acuerdo con la posición del Distrito.El pasado jueves, un evento que se llevaba a cabo en las instalaciones de la Universidad fue sorpresivamente interrumpido por cuatro estudiantes que ingresaron al auditorio para desenmascarar a dos hombres que estaban armados. Al final, se pudo descubrir que se trataba de dos policías encubiertos que querían garantizar la seguridad del evento, hecho que enfureció al estudiantado.Los dos uniformados eran Jonathan Gutierrez y Jhon Luis Garzón, agentes de la Dijín, quienes según versiones de los estudiantes, estaban tomando fotos del evento cuando fueron sorprendidos. La Defensoría del Pueblo lideró la mediación para que los estudiantes accedieran a su liberación. Afuera, más de 200 estudiantes reclamaron la presencia de las autoridades respectivas para que evaluaran por qué personal de la fuerza pública puede ingresar al establecimiento educativo con armas y sin uniforme.Varios representantes estudiantiles exigieron la presencia de la Secretaría de Gobierno, para que tomará decisiones al respecto.Por lo menos 100 hombres antidisturbios y tres tanquetas de la Policía custodiaron la zona para evitar problemas mayores.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com.co/noticias/bogota/articulo42934-distrito-rechaza-presencia-de-policias-infiltrados-nacional
Distrito rechaza presencia de policías infiltrados en la Nacional
Por: Elespectador.com
El sub secretario de Convivencia y Seguridad, Andrés Restrepo, señaló que se pudo confirmar que los dos hombres retenidos por más de dos horas en la Universidad, eran agentes de la Dijín que realizaban labores de inteligencia en el plantel educativo.
]"La universidad debe ser un espacio donde se de una deliberación tranquila, sin ningún tipo de presiones", aseguró el funcionario.Este viernes se llevará a cabo una reunión entre los representantes estudiantiles y la Policía Nacional para esclarecer los hechos. Sin embargo, fuentes oficiales de la Fuerza Pública, se mantienen en que los dos unformados no estaban armados. "Los dos agentes estaban el el cumplimiento de su deber, no portaban armas y era un evento público", aseguró el general Rodolfo Palomino, comandante de la Policía de Bogotá, quién no se mostró muy de acuerdo con la posición del Distrito.El pasado jueves, un evento que se llevaba a cabo en las instalaciones de la Universidad fue sorpresivamente interrumpido por cuatro estudiantes que ingresaron al auditorio para desenmascarar a dos hombres que estaban armados. Al final, se pudo descubrir que se trataba de dos policías encubiertos que querían garantizar la seguridad del evento, hecho que enfureció al estudiantado.Los dos uniformados eran Jonathan Gutierrez y Jhon Luis Garzón, agentes de la Dijín, quienes según versiones de los estudiantes, estaban tomando fotos del evento cuando fueron sorprendidos. La Defensoría del Pueblo lideró la mediación para que los estudiantes accedieran a su liberación. Afuera, más de 200 estudiantes reclamaron la presencia de las autoridades respectivas para que evaluaran por qué personal de la fuerza pública puede ingresar al establecimiento educativo con armas y sin uniforme.Varios representantes estudiantiles exigieron la presencia de la Secretaría de Gobierno, para que tomará decisiones al respecto.Por lo menos 100 hombres antidisturbios y tres tanquetas de la Policía custodiaron la zona para evitar problemas mayores.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com.co/noticias/bogota/articulo42934-distrito-rechaza-presencia-de-policias-infiltrados-nacional
lunes, 6 de octubre de 2008
Problemas serios de mando, ideología e indisciplina en las Farc, revela PC de 'Jhon 40'
Problemas serios de mando, ideología e indisciplina en las Farc, revela PC de 'Jhon 40'
Considerado por las autoridades como el principal 'narco' del grupo, los archivos revelan que hasta 16 guerrilleros han sido fusilados por falta de reglas internas.
La Policía dio a conocer los archivos de Gener García Molina este viernes.
Como lo había revelado EL TIEMPO, los documentos corroboran que los mandos "carecen de formación ideológica, no poseen criterio para orientar las estructuras".Según la Policía hay registros en el computador de que "hay mandos desobedientes que rompen el secreto, son tomatrago, irrespetuosos y soeces".
Así mismo, los jefes guerrilleros hacen referencia a problemas de comunicación, escasez de munición y líos de liderazgo que hay debido a la presión que las tropas del Ejército están haciendo en sus zonas de influencia. Incluso, en uno de estos mensajes escrito por el 'Mono Jojoy' , jefe del boque Oriental a 'John 40', le advierte que no deben recibir códigos desconocidos porque se puede tratar de una estrategia de infiltración de la Fuerza Pública, tal y como sucedió en la operación 'Jaque'.
"Ojo con recibir códigos de otras partes con el cuento de que son del mando", advierte 'Jojoy'.
"Tengan mucho cuidado con unos aparatos que están dejando en varios sitios. Son como para ubicarnos por las comunicaciones", le escribe 'John 40' al Embo.El computador de 'John 40' fue hallado en un campamento del jefe guerrillero ubicado en los límites del Meta y Guaviare hace un mes.
En el bombardeo salió herido '40' , según registros de inteligencia militar y murió el segundo del frente 43 alias 'Camilo Tabaco', junto con su compañera sentimental.
El problema de salud de 'Jojoy'
A los organismos de inteligencia les llamó la atención un mensaje de 'Jojoy' dirigido a Sandra, una de sus compañeras sentimentales, en el que hace relación a su problema de salud."Inflamación de la pierna derecha, la herida se está abriendo, la tengo en reposo para que mejore y si no toca mocharla cuando se complique", escribe 'Jojoy'.
Días después en otro mensaje, el jefe guerrillero escribe: "Mi pie comenzó de nuevo a mejorar, un antibiótico en vez de alentarme, estaba destruyendo y quemando".
Considerado por las autoridades como el principal 'narco' del grupo, los archivos revelan que hasta 16 guerrilleros han sido fusilados por falta de reglas internas.
La Policía dio a conocer los archivos de Gener García Molina este viernes.
Como lo había revelado EL TIEMPO, los documentos corroboran que los mandos "carecen de formación ideológica, no poseen criterio para orientar las estructuras".Según la Policía hay registros en el computador de que "hay mandos desobedientes que rompen el secreto, son tomatrago, irrespetuosos y soeces".
Así mismo, los jefes guerrilleros hacen referencia a problemas de comunicación, escasez de munición y líos de liderazgo que hay debido a la presión que las tropas del Ejército están haciendo en sus zonas de influencia. Incluso, en uno de estos mensajes escrito por el 'Mono Jojoy' , jefe del boque Oriental a 'John 40', le advierte que no deben recibir códigos desconocidos porque se puede tratar de una estrategia de infiltración de la Fuerza Pública, tal y como sucedió en la operación 'Jaque'.
"Ojo con recibir códigos de otras partes con el cuento de que son del mando", advierte 'Jojoy'.
"Tengan mucho cuidado con unos aparatos que están dejando en varios sitios. Son como para ubicarnos por las comunicaciones", le escribe 'John 40' al Embo.El computador de 'John 40' fue hallado en un campamento del jefe guerrillero ubicado en los límites del Meta y Guaviare hace un mes.
En el bombardeo salió herido '40' , según registros de inteligencia militar y murió el segundo del frente 43 alias 'Camilo Tabaco', junto con su compañera sentimental.
El problema de salud de 'Jojoy'
A los organismos de inteligencia les llamó la atención un mensaje de 'Jojoy' dirigido a Sandra, una de sus compañeras sentimentales, en el que hace relación a su problema de salud."Inflamación de la pierna derecha, la herida se está abriendo, la tengo en reposo para que mejore y si no toca mocharla cuando se complique", escribe 'Jojoy'.
Días después en otro mensaje, el jefe guerrillero escribe: "Mi pie comenzó de nuevo a mejorar, un antibiótico en vez de alentarme, estaba destruyendo y quemando".
sábado, 27 de septiembre de 2008
The Washington Post dice que un testigo vincula al general Montoya con ‘paras’
The Washington Post dice que un testigo vincula al general Montoya con ‘paras’
La víspera de la llegada de Uribe a Washington, el rotativo retoma la versión del ex paramilitar Luis Adrián Palacio según la cual el hoy comandante del Ejército le dio armas a alias ‘Rodrigo 00’ en el año 2002, para que expulsara a las milicias de la guerrilla que operaban en los barios pobres de Medellín.
Juan Carlos Iragorri, corresponsal de Semana en Washington
El diario The Washington Post publica en su edición de hoy un artículo muy comprometedor para el comandante del Ejército, el general Mario Montoya. Según el rotativo, en abril del año 2002 el alto oficial le dio armas a un grupo paramilitar dirigido por Carlos Mario García, alias ‘Rodrigo 00’, que comandaba un grupo que se tomó a sangre y fuego algunos barrios pobres de Medellín con el fin de expulsar a las milicias urbanas de la guerrilla. El periódico afirma que todo eso consta en el testimonio rendido el pasado mes de agosto por Luis Adrián Palacio, antiguo paramilitar condenado a 14 años de prisión.
De acuerdo con la versión de Post, que es el periódico más influyente de la capital estadounidense, Palacio afirmó que Montoya “colaboró con escuadrones de la muerte que hace algunos años controlaron sectores pobres de Medellín”. El periódico añade que la declaración “arroja luces sobre los nexos entre el potente ejército colombiano, respaldado por Estados Unidos, y los brutales grupos paramilitares” y señala que si la versión de Palacio resulta cierta, “tendría consecuencias graves para la imagen del presidente Álvaro Uribe” en Estados Unidos.
Para la embajadora de Colombia en Washington, Carolina Barco, lo importante con respecto al artículo de The Washington Post es que la justicia está estudiando el caso. “Hay que dejar que opere”, le dijo hoy a Semana.com. Por su parte, el general Montoya le manifestó a The Washington Post que es mentira todo lo que asegura Palacio, y que la acusación del ex paramilitar, según la cual el alto oficial cargó un vehículo con seis rifles de asalto y una granada para los paramilitares “es absurda”.
En todo caso, no hay que esperar mucho para saber que el artículo le causará dificultades en Washington al gobierno colombiano. Su publicación se produce 24 horas antes de que Uribe aterrice en esta ciudad para poner en marcha la última gestión de cabildeo a favor de la aprobación en el Congreso norteamericano del Tratado de Libre Comercio (TLC). En su agenda, Uribe será recibido el sábado en la Casa Blanca por el presidente republicano George W. Bush.
La votación legislativa del acuerdo comercial está en veremos hasta que la presidenta de la Cámara de Representantes, la líder demócrata Nancy Pelosi, fije una fecha para considerarlo. No lo ha hecho porque tiene reservas frente a la seguridad física de los sindicalistas en Colombia, porque su partido abriga algunas dudas sobre los supuestos nexos de los militares colombianos con los paramilitares, y porque quiere oponerse al saliente Bush a toda costa.
El problema para el TLC es de tiempo. Las sesiones del Congreso estadounidense terminan el 26 de este mes. La esperanza del gobierno colombiano es que el tratado se apruebe en las sesiones extraordinarias, si es que las hay, después de las elecciones presidenciales del 4 de noviembre y antes de fin de año.
La nota de The Washington Post, titulada “Testigo denuncia vínculos entre General colombiano y paramilitares” (Witness Ties Colombian General to Paramilitaries)
sostiene que según varios entrevistados en Medellín, en el año 2002 la 4ª. Brigada del Ejército, entonces comandada por el general Montoya, “se alió con los paramilitares” para llevar a cabo la ‘Operación Orión’ tras la cual las milicias guerrilleras fueron expulsadas de la Comuna 13 de esa ciudad. “Los paramilitares”, agrega el texto, “enterraron algunos cadáveres en tumbas sin nombre”.
No es la primera vez que el nombre del general Mario Montoya, un militar célebre que dirigió la exitosa ‘Operación Jaque’ que sin disparar un solo tiro trajo de regreso a la libertad a Íngrid Betancourt y una decena de secuestrados más, sale a relucir en Estados Unidos por presuntos nexos con los paramilitares. El año pasado, un informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) divulgado por el diario Los Angeles Times lo vinculó con esos grupos ilegales.
Palacio, de acuerdo con el artículo del Post, se enroló en el Ejército en 1999 por orden de ´Rodrigo 00’, fue expulsado de esa fuerza en el 2002 y al año siguiente regresó a la actividad paramilitar. La justicia lo condenó a 14 años de prisión.
www.semana.com
La víspera de la llegada de Uribe a Washington, el rotativo retoma la versión del ex paramilitar Luis Adrián Palacio según la cual el hoy comandante del Ejército le dio armas a alias ‘Rodrigo 00’ en el año 2002, para que expulsara a las milicias de la guerrilla que operaban en los barios pobres de Medellín.
Juan Carlos Iragorri, corresponsal de Semana en Washington
El diario The Washington Post publica en su edición de hoy un artículo muy comprometedor para el comandante del Ejército, el general Mario Montoya. Según el rotativo, en abril del año 2002 el alto oficial le dio armas a un grupo paramilitar dirigido por Carlos Mario García, alias ‘Rodrigo 00’, que comandaba un grupo que se tomó a sangre y fuego algunos barrios pobres de Medellín con el fin de expulsar a las milicias urbanas de la guerrilla. El periódico afirma que todo eso consta en el testimonio rendido el pasado mes de agosto por Luis Adrián Palacio, antiguo paramilitar condenado a 14 años de prisión.
De acuerdo con la versión de Post, que es el periódico más influyente de la capital estadounidense, Palacio afirmó que Montoya “colaboró con escuadrones de la muerte que hace algunos años controlaron sectores pobres de Medellín”. El periódico añade que la declaración “arroja luces sobre los nexos entre el potente ejército colombiano, respaldado por Estados Unidos, y los brutales grupos paramilitares” y señala que si la versión de Palacio resulta cierta, “tendría consecuencias graves para la imagen del presidente Álvaro Uribe” en Estados Unidos.
Para la embajadora de Colombia en Washington, Carolina Barco, lo importante con respecto al artículo de The Washington Post es que la justicia está estudiando el caso. “Hay que dejar que opere”, le dijo hoy a Semana.com. Por su parte, el general Montoya le manifestó a The Washington Post que es mentira todo lo que asegura Palacio, y que la acusación del ex paramilitar, según la cual el alto oficial cargó un vehículo con seis rifles de asalto y una granada para los paramilitares “es absurda”.
En todo caso, no hay que esperar mucho para saber que el artículo le causará dificultades en Washington al gobierno colombiano. Su publicación se produce 24 horas antes de que Uribe aterrice en esta ciudad para poner en marcha la última gestión de cabildeo a favor de la aprobación en el Congreso norteamericano del Tratado de Libre Comercio (TLC). En su agenda, Uribe será recibido el sábado en la Casa Blanca por el presidente republicano George W. Bush.
La votación legislativa del acuerdo comercial está en veremos hasta que la presidenta de la Cámara de Representantes, la líder demócrata Nancy Pelosi, fije una fecha para considerarlo. No lo ha hecho porque tiene reservas frente a la seguridad física de los sindicalistas en Colombia, porque su partido abriga algunas dudas sobre los supuestos nexos de los militares colombianos con los paramilitares, y porque quiere oponerse al saliente Bush a toda costa.
El problema para el TLC es de tiempo. Las sesiones del Congreso estadounidense terminan el 26 de este mes. La esperanza del gobierno colombiano es que el tratado se apruebe en las sesiones extraordinarias, si es que las hay, después de las elecciones presidenciales del 4 de noviembre y antes de fin de año.
La nota de The Washington Post, titulada “Testigo denuncia vínculos entre General colombiano y paramilitares” (Witness Ties Colombian General to Paramilitaries)
sostiene que según varios entrevistados en Medellín, en el año 2002 la 4ª. Brigada del Ejército, entonces comandada por el general Montoya, “se alió con los paramilitares” para llevar a cabo la ‘Operación Orión’ tras la cual las milicias guerrilleras fueron expulsadas de la Comuna 13 de esa ciudad. “Los paramilitares”, agrega el texto, “enterraron algunos cadáveres en tumbas sin nombre”.
No es la primera vez que el nombre del general Mario Montoya, un militar célebre que dirigió la exitosa ‘Operación Jaque’ que sin disparar un solo tiro trajo de regreso a la libertad a Íngrid Betancourt y una decena de secuestrados más, sale a relucir en Estados Unidos por presuntos nexos con los paramilitares. El año pasado, un informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) divulgado por el diario Los Angeles Times lo vinculó con esos grupos ilegales.
Palacio, de acuerdo con el artículo del Post, se enroló en el Ejército en 1999 por orden de ´Rodrigo 00’, fue expulsado de esa fuerza en el 2002 y al año siguiente regresó a la actividad paramilitar. La justicia lo condenó a 14 años de prisión.
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martes, 12 de febrero de 2008
14.000 niños combaten en grupos ilegales en Colombia,
Febrero 12 de 2008 - 10:05 a.m.
14.000 niños combaten en grupos ilegales en Colombia, según denuncia de ONG
Más de la mitad de los menores combatientes son niñas que deben cumplir trabajos serviles y son convertidas en esclavas sexuales, según el informe entregado hoy.
"La infancia colombiana está secuestrada por el conflicto armado", y la situación es de tal gravedad que, incluso, "ha bajado el promedio de reclutamiento hasta una edad de seis años", dijo Sergio Tapia, presidente de la Misión Diplomática Internacional Humanitaria Ruanda 1994, en declaraciones divulgadas por 'Caracol radio' de Bogotá.
El informe también señaló que se pueden encontrar menores que de combatientes saltan a hacer trabajos para el narcotráfico o la delincuencia criminal.
Tapia aseguró que los principales reclutadores de menores son las Farc y el ELN, y destacó la necesidad de que al hablar de un intercambio humanitario de secuestrados por guerrilleros presos, se incluya el tema de los niños reclutados.
Finalmente, Tapia indicó que se le presentará el caso del reclutamiento de menores a la Corte Penal Internacional (CPI) para que miembros de los grupos armados ilegales sean juzgados por ese crimen de lesa humanidad.
Colombia es el cuarto país del mundo con más niños combatientes, después del Congo, Ruanda y Myanmar.
La Misión Diplomática tiene como finalidad observar, monitorear y denunciar la situación del Derecho Internacional Humanitario de sectores vulnerables de la población.
BOGOTÁ
AFP
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14.000 niños combaten en grupos ilegales en Colombia, según denuncia de ONG
Más de la mitad de los menores combatientes son niñas que deben cumplir trabajos serviles y son convertidas en esclavas sexuales, según el informe entregado hoy.
"La infancia colombiana está secuestrada por el conflicto armado", y la situación es de tal gravedad que, incluso, "ha bajado el promedio de reclutamiento hasta una edad de seis años", dijo Sergio Tapia, presidente de la Misión Diplomática Internacional Humanitaria Ruanda 1994, en declaraciones divulgadas por 'Caracol radio' de Bogotá.
El informe también señaló que se pueden encontrar menores que de combatientes saltan a hacer trabajos para el narcotráfico o la delincuencia criminal.
Tapia aseguró que los principales reclutadores de menores son las Farc y el ELN, y destacó la necesidad de que al hablar de un intercambio humanitario de secuestrados por guerrilleros presos, se incluya el tema de los niños reclutados.
Finalmente, Tapia indicó que se le presentará el caso del reclutamiento de menores a la Corte Penal Internacional (CPI) para que miembros de los grupos armados ilegales sean juzgados por ese crimen de lesa humanidad.
Colombia es el cuarto país del mundo con más niños combatientes, después del Congo, Ruanda y Myanmar.
La Misión Diplomática tiene como finalidad observar, monitorear y denunciar la situación del Derecho Internacional Humanitario de sectores vulnerables de la población.
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