Alcalde Mayor y Ministro de Defensa vuelven a chocar por manejo de seguridad en la ciudad
Juan Manuel Santos le dijo a Samuel Moreno que no era conveniente 'regañar' al comandante de la Policía Metropolitana, general Rodolfo Palomino por el aumento de la inseguridad.
El ministro Santos lo defendió luego de que hace tres días, durante un consejo de seguridad en Bosa, Moreno le pidió a la Policía mayores resultados y más agilidad en la lucha contra la delincuencia.
El mensaje del Alcale también iba para los jueces de garantías a la hora de expedir las órdenes de captura.
"No es conveniente -dijo Santos -que Moreno regañe en público al comandante de la Policía Metropolitana. Eso no funciona. Lo que hay que hacer es trabajar en coordinación".
El Ministro, además, anunció que a partir de la próxima semana realizará consejos de seguridad en Bogotá, a los cuales espera que asista la Alcaldía, tal y como el que lideró en la localidad de Suba el pasado mes de junio y que irritó a Moreno, quien se encontraba fuera del país.
En esa ocasión, Palomino también quedó en medio del rifirrafe por 'escuchar' más las peticiones del Ministro que del Alcalde, lo que generó el primer choque entre los dos altos funcionarios.
En esa ocasión, en una entrevista con EL TIEMPO, Moreno dijo: "El que responde por la seguridad de Bogotá soy yo".
Y ayer, Moreno no se quedó callado. "Exigir resultados no es desde ningún punto de vista un regaño", respondió, y dijo que las personas que más lo están criticando hoy son quienes no lo apoyaron durante su campaña.
Los choques por el tema de la seguridad no tendrán fin en el corto plazo. El Alcalde dijo que invitaba al ministro Santos el próximo martes, a las 9 de la mañana, al Palacio Liévano a un consejo de seguridad y el miércoles, a las 10, al consejo de seguridad abierto a la ciudadanía.
En la Alcaldía, según fuentes consultadas, esperan que el ministro Santos asista para expresarle que sí hay una preocupación por la participación de desmovilizados de la guerrilla y los paramilitares en hechos delictivos en Bogotá.
Por si fuera poco, ayer el director de la Policía, el general Óscar Naranjo, no solo salió a respaldar a Palomino, sino que le pidió al Alcalde que diga "qué es lo que está pasando" con el alto oficial.
www.eltiempo.com
jueves, 21 de agosto de 2008
Ataque de las FARC en Ituango
Presidente Álvaro Uribe visita Ituango, tras ataque terrorista que dejó 7 muertos y 54 heridos
Foto: Fuerza Aérea de Colombia/EFE
Traslado en helicóptero de los heridos por la explosión de una bomba en la noche de ayer, activada por guerrilleros de las Farc en Ituango.
"Debemos reafirmar la voluntad de acero contra el terrorismo", dijo el mandatario, quien fue acompañado por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos y el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos.
El Frente 18 de las Farc sería el responsable del atentado, según el general Mario Montoya (La W)
Así luce Ituango (Antioquia) después de la bomba Entre los primeros anuncios hechos por el Gobierno se encuentra el aumento de la fuerza pública en la zona y el pago de una indemnización a las víctimas del atentado que asciende a 9 millones 230 mil pesos.
"Debemos tener toda la solidaridad con la comunidad y apoyarla. Y reafirmar la voluntad de acero que tenemos en la derrota del terrorismo", dijo Uribe en medio de un recorrido por la población antes de ingresar al consejo de seguridad.
El Presidente insistió en el infortunio que significa el atentado y el dolor por las víctimas.
"Duele mucho que hayan asesinado a estos compatriotas un día en el cual está en proceso de desmovilización un grupo guerrillro, el ERG (Ejército Revolucionario Guevarista)", dijo Uribe quien aseguró que ya se logró la desmovilización de 45 hombres.
En la tarde se definían en el consejo de seguridad nuevas acciones en contra del frente 18 de las Farc y recompensas por la captura de alias 'Román Ruiz', comandante de esta agrupación.
A su vez, se espera para hoy o mañana un sepelio colectivo de las siete víctimas del atentado.
Desolación entre los pobladores
"Fue muy maluco", relató un músico que estaba animando la fiesta en la que se produjo la explosión. El miliciano de las Farc alias 'Pájaro' ha sido detenido por el hecho.
"La gente empezó a gritar y a correr por todos lados pidiendo ayuda. Había dos pelados tirados vueltos nada y unos niños heridos", señaló por su parte John Tairo Graciano, un campesino que pasaba por este lugar de Antioquia.
"Uno de mis compañeros quedó mal herido", dijo el músico, quien agregó que a un niño que estaba más cerca de la caneca donde estaba el explosivo se le hizo un hueco en el brazo cuando estalló la carga.
El ataque se produjo a las 10:30 p.m. del jueves en un pasaje peatonal de la zona urbana.
En el hospital de la localidad permanecían internadas cuatro personas, mientras las otras 30 que fueron atendidas ya fueron dadas de alta.
En los hospitales General, San Vicente de Paúl, Las Américas y León XIII, de Medellín, y en el Hospital San Rafael, de Itagüí, permanecen otros 19 heridos en estado delicado.
Indemnizaciones
El ministro de la Protección, Diego Palacio, anunció que se reconocerían gastos funerarios hasta por 2 millones 300 mil pesos y a quienes sufran incapacidad permanente y no estén afiliados a sistemas de riesgo o pensiones, con hasta 180 salarios mínimos diarios, algo más de 2 millones 700 mil pesos.
Cifra de muertos
El número ha ido en ascenso durante el transcurso de la jornada.
Una de las personas fallecidas fue identificada como Guillermo Osorio Uribe, de 17 años, quien llegó sin signos vitales a la Clínica Las Américas de Medellín.
En ese centro médico son atendidos Juan Fernando Betancur, de 17 años, por una fractura de rodilla; John Fernando Oquendo, de 16 años; Elkin Alberto Higuita, de 32; y Luis Fernando Craciano, de 16 años, con heridas por esquirlas.
"Un bandido de las Farc hizo explotar el artefacto", dijo el general Mario Montoya, comandante del Ejército, a 'W Radio'. Agregó que fue un ataque "cobarde" del Frente 18.
El alcalde Carlos Mario Gallo confirmó que entre los muertos se encuentra Alberto Calle, ex secretario de Gobierno del municipio y familiar suyo; además de dos aspirantes al cuerpo de bomberos y otra persona, aún no identificada.
Una niña de 4 años, un niño de 10 y un policía están en el grupo
de víctimas graves, que durante la madrugada de hoy fueron evacuadas a Medellín en helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), dijo el director del hospital municipal José Ignacio Gutiérrez.
"Hay mucha tensión en el municipio. Esto es muy triste, la gente estaba celebrando cuando ocurrió la explosión", reiteró el alcalde, quien dijo que la policía y el ejército se encuentran en el lugar colaborando con la situación.
La detención de alias 'El Pajaro'
"En el momento que salió a correr, segundos después de lanzar el artefacto, fue capturado por la Policía", informó el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Luis Eduardo Martínez.
Según inteligencia de la Policía, 'el Pájaro' es un miliciano de reconocida trayectoria en la guerrilla y además registra antedecentes por rebelión y extorsión.
Por lo menos 20 policías y tropas del Ejército apoyaron la evacuación de los heridos hacia la ciudad de Medellín pues en Ituango no hay sufuciente personal médico para atender la emergencia. Aeronaves de la Fuerza Aérea se disponían a realizar el traslado de los heridos.
En la zona de la explosión había gran presencia de personas debido a que por estos días se desarrollan las fiestas de la ituanguinidad.
"En el sitio había mucha gente y todos estaban bailando, cuando hubo la explosión todo el mundo comenzó a gritar y a correr. A esta hora (12:40 am) el pueblo está solo, a penas hay movimiento por los lados del hospital", informó un habitante de Ituango.
"Hay muchos negocios, almacenes, comercio, bares y tiendas en la zona", reveló otro habitantes de Ituango. Agregó que no habían escuchado advertencias de atentados o ataques contra el pueblo.
Este municipio está ubicado en viaje en carro a 12 horas de la capital antioqueña, en límites con la región del Urabá.
Ituango es una población que históricamente ha sido golpeada por la violencia. Primero por parte de las Farc y luego a manos de los grupos paramilitares que a sangre y fuego tomaron el control de la región.
Los bloques Élmer Cárdenas, de Fredy Rendón Herrera, el 'Alemán', y el Occidental de las Auc, hicieron presencia en Ituango hasta su desmovilización.
A la jurisdicción de este municipio pertenece el corregimiento de El Aro, tristemente recordado por la masacre de 15 campesinos a manos de los 'paras' en 1997.
Ituango
La localidad está situada a unos 600 kilómetros de Bogotá y fue de influencia de reductos paramilitares liderados por Carlos Castaño, antiguo jefe máximo de la disuelta organización Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Castaño fue asesinado en abril de 2004 por rivales de las Auc.
www.eltiempo.com
Foto: Fuerza Aérea de Colombia/EFE
Traslado en helicóptero de los heridos por la explosión de una bomba en la noche de ayer, activada por guerrilleros de las Farc en Ituango.
"Debemos reafirmar la voluntad de acero contra el terrorismo", dijo el mandatario, quien fue acompañado por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos y el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos.
El Frente 18 de las Farc sería el responsable del atentado, según el general Mario Montoya (La W)
Así luce Ituango (Antioquia) después de la bomba Entre los primeros anuncios hechos por el Gobierno se encuentra el aumento de la fuerza pública en la zona y el pago de una indemnización a las víctimas del atentado que asciende a 9 millones 230 mil pesos.
"Debemos tener toda la solidaridad con la comunidad y apoyarla. Y reafirmar la voluntad de acero que tenemos en la derrota del terrorismo", dijo Uribe en medio de un recorrido por la población antes de ingresar al consejo de seguridad.
El Presidente insistió en el infortunio que significa el atentado y el dolor por las víctimas.
"Duele mucho que hayan asesinado a estos compatriotas un día en el cual está en proceso de desmovilización un grupo guerrillro, el ERG (Ejército Revolucionario Guevarista)", dijo Uribe quien aseguró que ya se logró la desmovilización de 45 hombres.
En la tarde se definían en el consejo de seguridad nuevas acciones en contra del frente 18 de las Farc y recompensas por la captura de alias 'Román Ruiz', comandante de esta agrupación.
A su vez, se espera para hoy o mañana un sepelio colectivo de las siete víctimas del atentado.
Desolación entre los pobladores
"Fue muy maluco", relató un músico que estaba animando la fiesta en la que se produjo la explosión. El miliciano de las Farc alias 'Pájaro' ha sido detenido por el hecho.
"La gente empezó a gritar y a correr por todos lados pidiendo ayuda. Había dos pelados tirados vueltos nada y unos niños heridos", señaló por su parte John Tairo Graciano, un campesino que pasaba por este lugar de Antioquia.
"Uno de mis compañeros quedó mal herido", dijo el músico, quien agregó que a un niño que estaba más cerca de la caneca donde estaba el explosivo se le hizo un hueco en el brazo cuando estalló la carga.
El ataque se produjo a las 10:30 p.m. del jueves en un pasaje peatonal de la zona urbana.
En el hospital de la localidad permanecían internadas cuatro personas, mientras las otras 30 que fueron atendidas ya fueron dadas de alta.
En los hospitales General, San Vicente de Paúl, Las Américas y León XIII, de Medellín, y en el Hospital San Rafael, de Itagüí, permanecen otros 19 heridos en estado delicado.
Indemnizaciones
El ministro de la Protección, Diego Palacio, anunció que se reconocerían gastos funerarios hasta por 2 millones 300 mil pesos y a quienes sufran incapacidad permanente y no estén afiliados a sistemas de riesgo o pensiones, con hasta 180 salarios mínimos diarios, algo más de 2 millones 700 mil pesos.
Cifra de muertos
El número ha ido en ascenso durante el transcurso de la jornada.
Una de las personas fallecidas fue identificada como Guillermo Osorio Uribe, de 17 años, quien llegó sin signos vitales a la Clínica Las Américas de Medellín.
En ese centro médico son atendidos Juan Fernando Betancur, de 17 años, por una fractura de rodilla; John Fernando Oquendo, de 16 años; Elkin Alberto Higuita, de 32; y Luis Fernando Craciano, de 16 años, con heridas por esquirlas.
"Un bandido de las Farc hizo explotar el artefacto", dijo el general Mario Montoya, comandante del Ejército, a 'W Radio'. Agregó que fue un ataque "cobarde" del Frente 18.
El alcalde Carlos Mario Gallo confirmó que entre los muertos se encuentra Alberto Calle, ex secretario de Gobierno del municipio y familiar suyo; además de dos aspirantes al cuerpo de bomberos y otra persona, aún no identificada.
Una niña de 4 años, un niño de 10 y un policía están en el grupo
de víctimas graves, que durante la madrugada de hoy fueron evacuadas a Medellín en helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), dijo el director del hospital municipal José Ignacio Gutiérrez.
"Hay mucha tensión en el municipio. Esto es muy triste, la gente estaba celebrando cuando ocurrió la explosión", reiteró el alcalde, quien dijo que la policía y el ejército se encuentran en el lugar colaborando con la situación.
La detención de alias 'El Pajaro'
"En el momento que salió a correr, segundos después de lanzar el artefacto, fue capturado por la Policía", informó el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Luis Eduardo Martínez.
Según inteligencia de la Policía, 'el Pájaro' es un miliciano de reconocida trayectoria en la guerrilla y además registra antedecentes por rebelión y extorsión.
Por lo menos 20 policías y tropas del Ejército apoyaron la evacuación de los heridos hacia la ciudad de Medellín pues en Ituango no hay sufuciente personal médico para atender la emergencia. Aeronaves de la Fuerza Aérea se disponían a realizar el traslado de los heridos.
En la zona de la explosión había gran presencia de personas debido a que por estos días se desarrollan las fiestas de la ituanguinidad.
"En el sitio había mucha gente y todos estaban bailando, cuando hubo la explosión todo el mundo comenzó a gritar y a correr. A esta hora (12:40 am) el pueblo está solo, a penas hay movimiento por los lados del hospital", informó un habitante de Ituango.
"Hay muchos negocios, almacenes, comercio, bares y tiendas en la zona", reveló otro habitantes de Ituango. Agregó que no habían escuchado advertencias de atentados o ataques contra el pueblo.
Este municipio está ubicado en viaje en carro a 12 horas de la capital antioqueña, en límites con la región del Urabá.
Ituango es una población que históricamente ha sido golpeada por la violencia. Primero por parte de las Farc y luego a manos de los grupos paramilitares que a sangre y fuego tomaron el control de la región.
Los bloques Élmer Cárdenas, de Fredy Rendón Herrera, el 'Alemán', y el Occidental de las Auc, hicieron presencia en Ituango hasta su desmovilización.
A la jurisdicción de este municipio pertenece el corregimiento de El Aro, tristemente recordado por la masacre de 15 campesinos a manos de los 'paras' en 1997.
Ituango
La localidad está situada a unos 600 kilómetros de Bogotá y fue de influencia de reductos paramilitares liderados por Carlos Castaño, antiguo jefe máximo de la disuelta organización Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Castaño fue asesinado en abril de 2004 por rivales de las Auc.
www.eltiempo.com
la Corte rompe su silencio
Tanto va el cántaro al agua...la Corte rompe su silencio
En dos comunicados, uno en la tarde y otro en la noche del jueves, los magistrados se defienden de los dardos que han recibido de congresistas y gobierno en la última semana, exigen respeto por sus actuaciones, y denuncian interferencias de otros poderes.
Fecha: 08/14/2008 -
En la tarde del jueves, la Sala Penal de la Corte emitió un enérgico comunicado en respuesta a los ataques que ha recibido sobre la supuesta manipulación de testigos y pruebas en las investigaciones de la parapolítica.
Pocas horas después, la Corte Suprema de Justicia en pleno emitió un segundo comunicado en un tono aún más categórico: "A ningún ciudadano, por afectado o mortificado que se encuentre por causa de las decisiones que adopten los jueces de la República y que recaigan sobre sus parientes, amigos, correligionarios o, en fin, respecto de personas con las que comparta un mismo ideario, le está permitido propagar infundios o aseveraciones tendenciosas enderezadas únicamente a desprestigiarlos"
En el último comunicado la Corte dijo además que si alguien consideraba que un funcionario judicial había faltado a su deber, debería ponerlas en conocimiento de autoridades competentes. En lo que parece una alusión a las declaraciones del presidente Álvaro Uribe de esta semana, cuando dijo que sabía de un congresista al que un miembro del Alto Tribunal le había pedido plata, la Corte advirtió que si se conoce de un delito y no se denuncia debidamente se corre el riesgo de incurrir en "faltas de diversa índole".
También con esta declaración presidencial y la del presidente del Congreso, Hernán Andrade, quien dijo que existía un "cartel de testigos" para enlodar a los congresistas, la Corte dijo que ve con preocupación "cómo de manera recurrente, sistemática e inclusive orquestada se deslizan malintencionada y engañosamente comentarios malsanos orientados exclusivamente a deslegitimar las investigaciones de los servidores judiciales o minar su credibilidad".
El comunicado de la mañana del jueves firmado éste por la Sala Penal, también respondió a las acusaciones que le hizo la senadora de Cambio Radical, Nancy Patricia Gutiérrez, cuando denunció que la Corte estaba llevando procesos contra congresistas sin contarles. En el comunicado, el ente judicial aseguró enfáticamente que no existen “radicados ocultos, ni procesos fantasmas”.
“Si con esas expresiones se quiere significar la llamada ‘investigación previa’, basta decir que a ellas siempre tiene acceso el Ministerio Público y esa denominación obedece, por vía general, a la falta de identificación del autor o autores de la conducta o a la necesidad de precisar previamente su carácter de comportamiento punible”, aclaró la Sala Penal de la Corte.
En una clara alusión a las críticas que han tildado a la Corte Suprema de manipular las investigaciones, la Sala Penal recordó que es competencia del organismo judicial hacer las pruebas y dirigir las investigaciones a fin de esclarecer los hechos: “la Constitución y la ley reservan a la Corte, desde su posición investigadora, la facultad de disponer la práctica de cuantas pruebas considere necesarias para el cabal esclarecimiento de los hechos y la identificación de sus autores y partícipes”.
La Sala Penal, al igual que la Corte en pleno, dijo que si había señalamientos contra algunos de sus miembros, la competencia para investigar y juzgar era de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el juez natural de la Sala Penal, según la ley. La aclaración se deriva de las acusaciones contra el magistrado auxiliar, Iván Velásquez, que han sido ventiladas en los medios de comunicación, y que a juicio de algunos analistas lo único que pretenden es arrojar un manto de duda sobre la corporación e impedir que las investigaciones por parapolítica avancen.
El comunicado de la Corte en pleno va más allá de la denuncia y toma varias decisiones. La primera que no se dejará presionar para obtener la verdad y la reparación de las víctimas.
Es de recordar que en el comunicado anterior, la Sala Penal de la Corte había dicho que en dos ocasiones le pidió explicaciones al presidente Álvaro Uribe sobre la extradición a los Estados Unidos de los 14 jefes paramilitares, a los que se refirió como “un significativo número de violadores del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos”. La razón: “tal determinación puso en riesgo las garantías para la continuación de la investigación y juzgamiento por las macro vulneraciones cometidas en Colombia y la colaboración eficaz con la justicia en aquellos asuntos de la llamada parapolítica a los que concurren como testigos”, suscribieron los magistrados de la Sala Penal.
La razón esgrimida por el gobierno para extraditar a estos paramilitares es que ellos incumplieron el compromiso de no delinquir desde la cárcel. Ante esta imputación la corporación reiteró su interés en saber si puede proseguir con las investigaciones en el marco de la Ley de Justicia y Paz. “Tanto más si se tiene en cuenta que la exclusión de los postulados en tales casos está reservada a las autoridades judiciales”, escribió.
La segunda decisión de la Corte es rechazar las agresiones de todo tipo y exigir respeto; la tercera, reafirmar que la Corte hace valer el debido proceso y la garantías de los procesados y repetir que no hay "procesos ocultos"; la cuarta, pedir a las autoridades de control que investiguen y verifiquen sus actuaciones y recuerda que desde el principio la Corte había pedido que organismos internacionales acompañaran el proceso de investigaciones de la parapolítica; y quinto, le pidió al Procurador investigar a quiénes le faltan el respeto a la Corte.
El sexto punto de su comunicado es quizás el más duro porque allí la Corte "pone en conocimiento de los órganos competenetes las interferencias que se vienen presentando por parte de otros poderes del Estado que dificultan el cumplmiento de sus deberes constitucionales y de los convenios internacionales".
Por último se refiere a la famosa frase del Presidente en la discusión sobre reforma a la justicia, en la que dijo que era necesario acabar con el "roscograma" de la Justicia. dice la Corte que está deacuerdo con que se investiguen las prácticas clientelistas, pero que sean en todas las ramas del poder público. Por último, respalda vigorosamente a la Sala Penal.
Los magistrados no sólo criticaron a los altos dignatarios del Estado que los han venido bombardeando con denuncias ambiguas y ataques a su dignidad, sino que también criticaron a los periodistas o columnistas por criticar las actuaciones de la Corte, algo que según varios observadores, es una equivocación. "La Corte no puede pretender que nadie la critique o que ningún periodista evalúie o comente sus actuaciones", dijo Rafael Merchán en el programa Hora 20 de Caracol Radio, el jueves en la noche.
En dos comunicados, uno en la tarde y otro en la noche del jueves, los magistrados se defienden de los dardos que han recibido de congresistas y gobierno en la última semana, exigen respeto por sus actuaciones, y denuncian interferencias de otros poderes.
Fecha: 08/14/2008 -
En la tarde del jueves, la Sala Penal de la Corte emitió un enérgico comunicado en respuesta a los ataques que ha recibido sobre la supuesta manipulación de testigos y pruebas en las investigaciones de la parapolítica.
Pocas horas después, la Corte Suprema de Justicia en pleno emitió un segundo comunicado en un tono aún más categórico: "A ningún ciudadano, por afectado o mortificado que se encuentre por causa de las decisiones que adopten los jueces de la República y que recaigan sobre sus parientes, amigos, correligionarios o, en fin, respecto de personas con las que comparta un mismo ideario, le está permitido propagar infundios o aseveraciones tendenciosas enderezadas únicamente a desprestigiarlos"
En el último comunicado la Corte dijo además que si alguien consideraba que un funcionario judicial había faltado a su deber, debería ponerlas en conocimiento de autoridades competentes. En lo que parece una alusión a las declaraciones del presidente Álvaro Uribe de esta semana, cuando dijo que sabía de un congresista al que un miembro del Alto Tribunal le había pedido plata, la Corte advirtió que si se conoce de un delito y no se denuncia debidamente se corre el riesgo de incurrir en "faltas de diversa índole".
También con esta declaración presidencial y la del presidente del Congreso, Hernán Andrade, quien dijo que existía un "cartel de testigos" para enlodar a los congresistas, la Corte dijo que ve con preocupación "cómo de manera recurrente, sistemática e inclusive orquestada se deslizan malintencionada y engañosamente comentarios malsanos orientados exclusivamente a deslegitimar las investigaciones de los servidores judiciales o minar su credibilidad".
El comunicado de la mañana del jueves firmado éste por la Sala Penal, también respondió a las acusaciones que le hizo la senadora de Cambio Radical, Nancy Patricia Gutiérrez, cuando denunció que la Corte estaba llevando procesos contra congresistas sin contarles. En el comunicado, el ente judicial aseguró enfáticamente que no existen “radicados ocultos, ni procesos fantasmas”.
“Si con esas expresiones se quiere significar la llamada ‘investigación previa’, basta decir que a ellas siempre tiene acceso el Ministerio Público y esa denominación obedece, por vía general, a la falta de identificación del autor o autores de la conducta o a la necesidad de precisar previamente su carácter de comportamiento punible”, aclaró la Sala Penal de la Corte.
En una clara alusión a las críticas que han tildado a la Corte Suprema de manipular las investigaciones, la Sala Penal recordó que es competencia del organismo judicial hacer las pruebas y dirigir las investigaciones a fin de esclarecer los hechos: “la Constitución y la ley reservan a la Corte, desde su posición investigadora, la facultad de disponer la práctica de cuantas pruebas considere necesarias para el cabal esclarecimiento de los hechos y la identificación de sus autores y partícipes”.
La Sala Penal, al igual que la Corte en pleno, dijo que si había señalamientos contra algunos de sus miembros, la competencia para investigar y juzgar era de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el juez natural de la Sala Penal, según la ley. La aclaración se deriva de las acusaciones contra el magistrado auxiliar, Iván Velásquez, que han sido ventiladas en los medios de comunicación, y que a juicio de algunos analistas lo único que pretenden es arrojar un manto de duda sobre la corporación e impedir que las investigaciones por parapolítica avancen.
El comunicado de la Corte en pleno va más allá de la denuncia y toma varias decisiones. La primera que no se dejará presionar para obtener la verdad y la reparación de las víctimas.
Es de recordar que en el comunicado anterior, la Sala Penal de la Corte había dicho que en dos ocasiones le pidió explicaciones al presidente Álvaro Uribe sobre la extradición a los Estados Unidos de los 14 jefes paramilitares, a los que se refirió como “un significativo número de violadores del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos”. La razón: “tal determinación puso en riesgo las garantías para la continuación de la investigación y juzgamiento por las macro vulneraciones cometidas en Colombia y la colaboración eficaz con la justicia en aquellos asuntos de la llamada parapolítica a los que concurren como testigos”, suscribieron los magistrados de la Sala Penal.
La razón esgrimida por el gobierno para extraditar a estos paramilitares es que ellos incumplieron el compromiso de no delinquir desde la cárcel. Ante esta imputación la corporación reiteró su interés en saber si puede proseguir con las investigaciones en el marco de la Ley de Justicia y Paz. “Tanto más si se tiene en cuenta que la exclusión de los postulados en tales casos está reservada a las autoridades judiciales”, escribió.
La segunda decisión de la Corte es rechazar las agresiones de todo tipo y exigir respeto; la tercera, reafirmar que la Corte hace valer el debido proceso y la garantías de los procesados y repetir que no hay "procesos ocultos"; la cuarta, pedir a las autoridades de control que investiguen y verifiquen sus actuaciones y recuerda que desde el principio la Corte había pedido que organismos internacionales acompañaran el proceso de investigaciones de la parapolítica; y quinto, le pidió al Procurador investigar a quiénes le faltan el respeto a la Corte.
El sexto punto de su comunicado es quizás el más duro porque allí la Corte "pone en conocimiento de los órganos competenetes las interferencias que se vienen presentando por parte de otros poderes del Estado que dificultan el cumplmiento de sus deberes constitucionales y de los convenios internacionales".
Por último se refiere a la famosa frase del Presidente en la discusión sobre reforma a la justicia, en la que dijo que era necesario acabar con el "roscograma" de la Justicia. dice la Corte que está deacuerdo con que se investiguen las prácticas clientelistas, pero que sean en todas las ramas del poder público. Por último, respalda vigorosamente a la Sala Penal.
Los magistrados no sólo criticaron a los altos dignatarios del Estado que los han venido bombardeando con denuncias ambiguas y ataques a su dignidad, sino que también criticaron a los periodistas o columnistas por criticar las actuaciones de la Corte, algo que según varios observadores, es una equivocación. "La Corte no puede pretender que nadie la critique o que ningún periodista evalúie o comente sus actuaciones", dijo Rafael Merchán en el programa Hora 20 de Caracol Radio, el jueves en la noche.
Yidis Medina reiteró acusaciones sobre trámite de la reelección al llegar a Comisión de Acusación
"Vengo a decir la verdad", dijo a periodistas la ex congresista, quien está condenada a 45 meses en prisión por el delito de cohecho.
La ex congresista llegó escoltada por seis guardianes del Inpec y dijo que asistía en calidad de testigo y que contará todo lo que sabe.
No obstante, los investigadores de la Comisión aseguraron ayer que Medina fue obligada a comparecer hoy debido a que ella se había negado a asistir argumentando razones de seguridad.
Medina está detenida en la cárcel El Buen Pastor luego de que le confesó a la Corte Suprema de Justicia que recibió prebendas en el año 2004 para cambiar su voto a favor de la reelección.
La ex congresista rindió testimonio en el proceso que abrió la Comisión de Acusación contra el presidente Álvaro Uribe por el supuesto delito de cohecho y que entabló el Polo Democrático en abril pasado.
La ex representante llegó a las 11 de la mañana, con dos horas de retraso, porque dijo que estaba esperando que la Procuraduría y la Defensoría estuvieran presentes "para que velen por mis derechos".
El presidente Uribe deberá también asistir a la Comisión de Acusación el próximo jueves 21 de agosto para rendir versión libre en este mismo proceso.
Inicialmente la ex congresista se negó a asistir a la citación que se le había impuesto alegando razones de seguridad.
Medina mandó hoy un escrito desde la cárcel el Buen Pastor pidiendo que se aplazara nuevamente la diligencia y que sus abogados estuvieran presentes.
La ex congresista también dijo que exigía que su declaración le fuera tomada en el centro de reclusión.
La comunicación fue rechazada de inmediato por el grupo de investigadores que lleva el proceso.
"Esto es una afrenta para la Comisión de Acusación. Hemos hablado con el director del Inpec y la directora del Buen Pastor y nos han dicho que hay plenas garantías para que Yidis Medina comparezca ante este despacho. Es obligatorio que ella asista", dijo el representante Edgar Eulises Torres, uno de lo investigadores del proceso.
El congresista añadió que "Creemos que las autoridades penitenciarias deben conducirla para que ella no aplace más (...) ella no comparece, dilatando la ejecución de un proceso que consideramos que es vital para el país".
El testimonio de Medina, que deberá entregar a las 9 de la mañana de este jueves, hará parte de la investigación que inició la Comisión de Acusación en abril pasado contra el presidente Álvaro Uribe por el supuesto delito de cohecho.
La denuncia fue entablada por el Polo Democrático que considera que el presidente Uribe también tendría responsabilidad en los supuestos ofrecimientos que se le hicieron a Yidis Medina para que cambiara su voto a favor de la reelección en el año 2004.
www.eltiempo.com
"Vengo a decir la verdad", dijo a periodistas la ex congresista, quien está condenada a 45 meses en prisión por el delito de cohecho.
La ex congresista llegó escoltada por seis guardianes del Inpec y dijo que asistía en calidad de testigo y que contará todo lo que sabe.
No obstante, los investigadores de la Comisión aseguraron ayer que Medina fue obligada a comparecer hoy debido a que ella se había negado a asistir argumentando razones de seguridad.
Medina está detenida en la cárcel El Buen Pastor luego de que le confesó a la Corte Suprema de Justicia que recibió prebendas en el año 2004 para cambiar su voto a favor de la reelección.
La ex congresista rindió testimonio en el proceso que abrió la Comisión de Acusación contra el presidente Álvaro Uribe por el supuesto delito de cohecho y que entabló el Polo Democrático en abril pasado.
La ex representante llegó a las 11 de la mañana, con dos horas de retraso, porque dijo que estaba esperando que la Procuraduría y la Defensoría estuvieran presentes "para que velen por mis derechos".
El presidente Uribe deberá también asistir a la Comisión de Acusación el próximo jueves 21 de agosto para rendir versión libre en este mismo proceso.
Inicialmente la ex congresista se negó a asistir a la citación que se le había impuesto alegando razones de seguridad.
Medina mandó hoy un escrito desde la cárcel el Buen Pastor pidiendo que se aplazara nuevamente la diligencia y que sus abogados estuvieran presentes.
La ex congresista también dijo que exigía que su declaración le fuera tomada en el centro de reclusión.
La comunicación fue rechazada de inmediato por el grupo de investigadores que lleva el proceso.
"Esto es una afrenta para la Comisión de Acusación. Hemos hablado con el director del Inpec y la directora del Buen Pastor y nos han dicho que hay plenas garantías para que Yidis Medina comparezca ante este despacho. Es obligatorio que ella asista", dijo el representante Edgar Eulises Torres, uno de lo investigadores del proceso.
El congresista añadió que "Creemos que las autoridades penitenciarias deben conducirla para que ella no aplace más (...) ella no comparece, dilatando la ejecución de un proceso que consideramos que es vital para el país".
El testimonio de Medina, que deberá entregar a las 9 de la mañana de este jueves, hará parte de la investigación que inició la Comisión de Acusación en abril pasado contra el presidente Álvaro Uribe por el supuesto delito de cohecho.
La denuncia fue entablada por el Polo Democrático que considera que el presidente Uribe también tendría responsabilidad en los supuestos ofrecimientos que se le hicieron a Yidis Medina para que cambiara su voto a favor de la reelección en el año 2004.
www.eltiempo.com
6 de Agosto de 2008
Chinos, esclavos de traficantes de personas
Redacción de El País
Regreso. Con las esperanzas rotas y con US$20.000 menos (lo que se paga a los coyotes), regresan los chinos encontrados en Colombia en situación de ilegalidad. AFP / Él País
El último mes fueron deportados de Colombia 140 orientales. Ecuador se convirtió en el ‘hueco’ por donde se cuela la migracion ilegal.
Iban cubiertos con un plástico negro, apiñados en una rústica barca de madera que usualmente se usa para transportar carga. Pero esta era una ‘carga’ muy especial: 25 personas, y lo que había afuera del tendido de polietileno era la pertinaz lluvia del Pacífico.
Venían desde su China natal en tránsito hacia el ‘sueño americano’, sólo que para llegar a él estaban haciendo una intrincada travesía por tierra, aire y mar.
Con más de 50 horas de viaje, casi ninguna pertenencia y el silencio de quien no entiende nada de lo que los demás hablan, fueron detenidos en aguas de la bahía de Buenaventura el pasado mes de julio.
Era otro grupo de chinos ilegales descubiertos en Colombia. Otro que se sumaba a los que han sido encontrados hacinados en fincas, amontonados en camiones, escondidos en casas de alquiler o, simplemente, perdidos en una tierra extraña, a miles de kilómetros de su casa.
¿A qué vienen?
Aunque en una oportunidad uno de estos orientales detenidos argumentó que venía al país “de turismo y porque aquí el aire es más fresco”, hay motivos de sobra para dudarlo. La migración de estos extranjeros al país ha tenido ya algunas oleadas y la que se presenta ahora es una de las más grandes.
Olga Davila, del Centro de Antención a Víctimas de Trata de Personas de la Acnur, explica que es claro que se trata de una red de tráfico que busca llevar a estos grupos a otros destinos, especialmente a Estados Unidos. Y allí, Colombia entra a ser un lugar de tránsito estratégico para empezar a ascender hacia el norte, usando cualquier alternativa ilegal de transporte.
Aunque, según las autoridades, se trata de una situación que se ha presentado “desde siempre”, la decisión del Gobierno Nacional de eximir de visa a los ciudadanos chinos, tomada en el 2006 con el fin de promover el turismo, se convirtió en el mejor incentivo para que los traficantes usaran el territorio nacional como trampolín para que estos orientales llegasen a Estados Unidos.
La resolución 5525, que tuvo una vigencia de seis meses, abrió en ese entonces la puerta a una masiva migración de orientales que llegaban a los aeropuertos locales y luego emprendían sus viajes clandestinos. Las autoridades lograron capturar y deportar durante ese periodo a 89 personas, pero, según el DAS, fueron muchos los que lograron su cometido de seguir atravesando fronteras hacia centro y Norteamérica.
Se estima que durante ese año ingresaron al país 2.500 chinos.
Ante el elevado flujo, el Ministerio de Relaciones Exteriores pronto volvió a reestablecer la restricción del visado, reconociendo que se había detectado el funcionamiento de una supuesta red de tráfico de personas que usufructuó con fines ilegales esa medida.
Hasta el año pasado, explican fuentes del DAS, la mayoría de los migrantes provenían de la provincia de Fujian y entraban por Venezuela, Perú y Ecuador.
Sin embargo, desde el pasado mes de junio el grueso de estos viajeros está ingresando al país por la frontera con Ecuador, gracias a que este país ya no exige visa a los chinos, con el mismo propósito de estimular el turismo.
Pero los esfuerzos por fortalecer esta actividad económica en el vecino país no se han limitado a la eliminación del trámite, pues tras numerosas gestiones diplomáticas China declaró a Ecuador como “Destino turístico aprobado” y se proyectó que el número de visitantes podría crecer en un año cerca del 20%.
El detective Óscar Vasco, director de Extranjería del DAS en Cali explicó que tras esa medida de Ecuador la ‘explosión’ de redes de tráfico de chinos que pasa a Colombia ha sido fuerte. Esto queda en evidencia tan sólo con el número de deportados del último mes en todo el país: 140 personas de esa nacionalidad.
En ese panorama, el Valle del Cauca tiene un peso significativo, pues hace parte del corredor que acostumbran adoptar las redes (hacia Buenaventura o el Chocó).
Las difíciles condiciones económicas y la falta de empleo son algunas de las causas principales que generan las migraciones desde China hacia otros países, especialmente hacia Estados Unidos. Para controlar el tráfico de personas, el DAS, está desarrollando el sistema de ‘fronteras inteligentes’, para saber en tiempo real quienes están ingresando al país.
Por eso es que en los tres últimos tres meses han sido deportados desde esta región 53 ciudadanos chinos.
Una de las novedades, explica el detective Vasco, es que ahora gran parte de los orientales proviene de otra región, Guangdong, que tiene como capital a Cantón. Hace dos años, el ‘boom’ se dio desde la provincia de Fujian.
Un viaje hacia lo incierto
Liu Shin, uno de los siete detenidos en mayo pasado en Pizarro, Chocó, relató en un precario español que era experto en sistemas, pero que no tenía los recursos suficientes para mantener a su familia. Por eso, a sus 30 años decidió arrojarse a la aventura de cruzar el mundo para llegar a Estados Unidos.
Su historia coincide con la descripción que hacen las autoridades del perfil de este tipo de viajero chino.
Según funcionarios del DAS, en Buenaventura, donde se realizan la mayoría de las capturas, pocos viajeros pasan de los 30 años y cada vez es más común encontrar en los grupos mujeres y menores de edad.
En esta ciudad de la costa pacífica han sido detenidos 47 de estos ilegales en lo que va corrido del año.
“Por lo poco que hemos podido hablar con ellos nos hemos dado cuenta que en su mayoría son profesionales con alguna especializació n, que buscan algún futuro en norteamérica”, dice uno de los detectives en el Puerto.
Cada viajero le paga a la red de traficantes entre US$20.000 y US$23.000 por llevarlos a Estados Unidos.
Dicha organización tiene tentáculos en cada país donde hace estación, para ayudar a estas personas a cruzar las fronteras.
Además, contratan los servicios de transporte local. En Buenaventura, por ejemplo, ya fueron judicializadas dos personas implicadas en esta movilización de extranjeros.
“Son dos porteños que podrían recibir penas entre 10 y 15 años, pues además se les sindica de trata de personas y de menores, debido a que entre los pasajeros que llevaban iban dos menores de edad”, señaló José Cruz, funcionario de inmigración de Buenaventura.
Las avanzadas desde China se realizan con una frecuencia mensual y contemplan las acciones más extremas para llevar a cabo su objetivo: largas caminatas, movilización en la mayor incomodidad e, incluso, el riesgo de quedar abandonados, como ya aconteció con el grupo que quedó a su suerte en Pizarro.
También han corrido rumores de que en travesías marinas algunas personas han sido lanzadas al mar por estar enfermas o por el sobrepeso de la nave.
Las rutas
Óscar Vasco, de extranjería del DAS, afirma que una vez en territorio ecuatoriano, las rutas de los traficantes son diversas.
Un gran porcentaje de quienes parte en embarcaciones hace su primera estación en esteros de Tumaco y de allí arriba a improvisados puertos en inmediaciones de Buenaventura.
“Se ha descubierto que en el estero que queda debajo del puente del Piñal, a la entrada de la ciudad, abordan una lancha que los dirige hacia Juradó, en el Chocó”, indica.
El trayecto puede superar las 18 horas según las condiciones climáticas y la cantidad de viajeros por embarcación.
Una vez en Juradó o cercanías se abordan planchones o barcos medianos que usualmente tienen bandera panameña y que desembarcan en zonas de manglar para no ser descubiertos.
“El viaje sigue por tierra para la mayoría, pero hay quienes se arriesgan a seguir por mar hasta Estados Unidos. Es una aventura sufrida que puede terminar con la muerte”, dice Vasco.
Pese a las detenciones y deportaciones, estos inmigrantes parecen no desistir de intentar alcanzar la ‘tierra prometida’. Es por eso que cada cierto tiempo habrá quien, en un paraje cualquiera encuentre un grupo de gente muy pálida y de ojos rasgados que está de paso por Colombia, pero que está lejos de ser turista.
Antecedentes
# La primera presencia masiva de ciudadanos chinos en el país se remonta a marzo de 1854.
# En esa época 700 chinos provenientes de Cantón arribaron a Panamá (perteneciente a Colombia en ese entonces), para trabajar en la construcción de un ferrocarril. Algunos regresaron a su lugar de origen, pero otros se quedaron en la región.
# En el 2007 la Fiscalía acusó de manera oficial al ex consul de Colombia en Tulcán, Gerardo Dorado Dávila, por la expedición ilegal de visas a ocho ciudadanos chinos que ingresaron al país en el año 2005.
# El Gobierno de China ha reconocido en varias oportunidades el problema de la inmigración ilegal de sus naturales.
# En una oportunidad, el ex gobernador de la provincia de Fujian, Xi Jinping, señaló que el gobierno estaba combatiendo esta inmigración y que para ello solicitaba la cooperación de los demás países.
# “Ha de castigarse severamente a los ‘cabeza de serpiente’, como se conoce a los jefes de la mafia de la emigración ilegal y hay que despertar a la gente de sus sueños de buscar el oro en el extranjero”, precisó Xi Jinping.
# Además de Estados Unidos, los principales destinos de los chinos son Japón, Canadá, Inglaterra y Corea del Sur.
http://www.elpais. com.co/paisonlin e/notas/Agosto03 2008/chinos. html
Chinos, esclavos de traficantes de personas
Redacción de El País
Regreso. Con las esperanzas rotas y con US$20.000 menos (lo que se paga a los coyotes), regresan los chinos encontrados en Colombia en situación de ilegalidad. AFP / Él País
El último mes fueron deportados de Colombia 140 orientales. Ecuador se convirtió en el ‘hueco’ por donde se cuela la migracion ilegal.
Iban cubiertos con un plástico negro, apiñados en una rústica barca de madera que usualmente se usa para transportar carga. Pero esta era una ‘carga’ muy especial: 25 personas, y lo que había afuera del tendido de polietileno era la pertinaz lluvia del Pacífico.
Venían desde su China natal en tránsito hacia el ‘sueño americano’, sólo que para llegar a él estaban haciendo una intrincada travesía por tierra, aire y mar.
Con más de 50 horas de viaje, casi ninguna pertenencia y el silencio de quien no entiende nada de lo que los demás hablan, fueron detenidos en aguas de la bahía de Buenaventura el pasado mes de julio.
Era otro grupo de chinos ilegales descubiertos en Colombia. Otro que se sumaba a los que han sido encontrados hacinados en fincas, amontonados en camiones, escondidos en casas de alquiler o, simplemente, perdidos en una tierra extraña, a miles de kilómetros de su casa.
¿A qué vienen?
Aunque en una oportunidad uno de estos orientales detenidos argumentó que venía al país “de turismo y porque aquí el aire es más fresco”, hay motivos de sobra para dudarlo. La migración de estos extranjeros al país ha tenido ya algunas oleadas y la que se presenta ahora es una de las más grandes.
Olga Davila, del Centro de Antención a Víctimas de Trata de Personas de la Acnur, explica que es claro que se trata de una red de tráfico que busca llevar a estos grupos a otros destinos, especialmente a Estados Unidos. Y allí, Colombia entra a ser un lugar de tránsito estratégico para empezar a ascender hacia el norte, usando cualquier alternativa ilegal de transporte.
Aunque, según las autoridades, se trata de una situación que se ha presentado “desde siempre”, la decisión del Gobierno Nacional de eximir de visa a los ciudadanos chinos, tomada en el 2006 con el fin de promover el turismo, se convirtió en el mejor incentivo para que los traficantes usaran el territorio nacional como trampolín para que estos orientales llegasen a Estados Unidos.
La resolución 5525, que tuvo una vigencia de seis meses, abrió en ese entonces la puerta a una masiva migración de orientales que llegaban a los aeropuertos locales y luego emprendían sus viajes clandestinos. Las autoridades lograron capturar y deportar durante ese periodo a 89 personas, pero, según el DAS, fueron muchos los que lograron su cometido de seguir atravesando fronteras hacia centro y Norteamérica.
Se estima que durante ese año ingresaron al país 2.500 chinos.
Ante el elevado flujo, el Ministerio de Relaciones Exteriores pronto volvió a reestablecer la restricción del visado, reconociendo que se había detectado el funcionamiento de una supuesta red de tráfico de personas que usufructuó con fines ilegales esa medida.
Hasta el año pasado, explican fuentes del DAS, la mayoría de los migrantes provenían de la provincia de Fujian y entraban por Venezuela, Perú y Ecuador.
Sin embargo, desde el pasado mes de junio el grueso de estos viajeros está ingresando al país por la frontera con Ecuador, gracias a que este país ya no exige visa a los chinos, con el mismo propósito de estimular el turismo.
Pero los esfuerzos por fortalecer esta actividad económica en el vecino país no se han limitado a la eliminación del trámite, pues tras numerosas gestiones diplomáticas China declaró a Ecuador como “Destino turístico aprobado” y se proyectó que el número de visitantes podría crecer en un año cerca del 20%.
El detective Óscar Vasco, director de Extranjería del DAS en Cali explicó que tras esa medida de Ecuador la ‘explosión’ de redes de tráfico de chinos que pasa a Colombia ha sido fuerte. Esto queda en evidencia tan sólo con el número de deportados del último mes en todo el país: 140 personas de esa nacionalidad.
En ese panorama, el Valle del Cauca tiene un peso significativo, pues hace parte del corredor que acostumbran adoptar las redes (hacia Buenaventura o el Chocó).
Las difíciles condiciones económicas y la falta de empleo son algunas de las causas principales que generan las migraciones desde China hacia otros países, especialmente hacia Estados Unidos. Para controlar el tráfico de personas, el DAS, está desarrollando el sistema de ‘fronteras inteligentes’, para saber en tiempo real quienes están ingresando al país.
Por eso es que en los tres últimos tres meses han sido deportados desde esta región 53 ciudadanos chinos.
Una de las novedades, explica el detective Vasco, es que ahora gran parte de los orientales proviene de otra región, Guangdong, que tiene como capital a Cantón. Hace dos años, el ‘boom’ se dio desde la provincia de Fujian.
Un viaje hacia lo incierto
Liu Shin, uno de los siete detenidos en mayo pasado en Pizarro, Chocó, relató en un precario español que era experto en sistemas, pero que no tenía los recursos suficientes para mantener a su familia. Por eso, a sus 30 años decidió arrojarse a la aventura de cruzar el mundo para llegar a Estados Unidos.
Su historia coincide con la descripción que hacen las autoridades del perfil de este tipo de viajero chino.
Según funcionarios del DAS, en Buenaventura, donde se realizan la mayoría de las capturas, pocos viajeros pasan de los 30 años y cada vez es más común encontrar en los grupos mujeres y menores de edad.
En esta ciudad de la costa pacífica han sido detenidos 47 de estos ilegales en lo que va corrido del año.
“Por lo poco que hemos podido hablar con ellos nos hemos dado cuenta que en su mayoría son profesionales con alguna especializació n, que buscan algún futuro en norteamérica”, dice uno de los detectives en el Puerto.
Cada viajero le paga a la red de traficantes entre US$20.000 y US$23.000 por llevarlos a Estados Unidos.
Dicha organización tiene tentáculos en cada país donde hace estación, para ayudar a estas personas a cruzar las fronteras.
Además, contratan los servicios de transporte local. En Buenaventura, por ejemplo, ya fueron judicializadas dos personas implicadas en esta movilización de extranjeros.
“Son dos porteños que podrían recibir penas entre 10 y 15 años, pues además se les sindica de trata de personas y de menores, debido a que entre los pasajeros que llevaban iban dos menores de edad”, señaló José Cruz, funcionario de inmigración de Buenaventura.
Las avanzadas desde China se realizan con una frecuencia mensual y contemplan las acciones más extremas para llevar a cabo su objetivo: largas caminatas, movilización en la mayor incomodidad e, incluso, el riesgo de quedar abandonados, como ya aconteció con el grupo que quedó a su suerte en Pizarro.
También han corrido rumores de que en travesías marinas algunas personas han sido lanzadas al mar por estar enfermas o por el sobrepeso de la nave.
Las rutas
Óscar Vasco, de extranjería del DAS, afirma que una vez en territorio ecuatoriano, las rutas de los traficantes son diversas.
Un gran porcentaje de quienes parte en embarcaciones hace su primera estación en esteros de Tumaco y de allí arriba a improvisados puertos en inmediaciones de Buenaventura.
“Se ha descubierto que en el estero que queda debajo del puente del Piñal, a la entrada de la ciudad, abordan una lancha que los dirige hacia Juradó, en el Chocó”, indica.
El trayecto puede superar las 18 horas según las condiciones climáticas y la cantidad de viajeros por embarcación.
Una vez en Juradó o cercanías se abordan planchones o barcos medianos que usualmente tienen bandera panameña y que desembarcan en zonas de manglar para no ser descubiertos.
“El viaje sigue por tierra para la mayoría, pero hay quienes se arriesgan a seguir por mar hasta Estados Unidos. Es una aventura sufrida que puede terminar con la muerte”, dice Vasco.
Pese a las detenciones y deportaciones, estos inmigrantes parecen no desistir de intentar alcanzar la ‘tierra prometida’. Es por eso que cada cierto tiempo habrá quien, en un paraje cualquiera encuentre un grupo de gente muy pálida y de ojos rasgados que está de paso por Colombia, pero que está lejos de ser turista.
Antecedentes
# La primera presencia masiva de ciudadanos chinos en el país se remonta a marzo de 1854.
# En esa época 700 chinos provenientes de Cantón arribaron a Panamá (perteneciente a Colombia en ese entonces), para trabajar en la construcción de un ferrocarril. Algunos regresaron a su lugar de origen, pero otros se quedaron en la región.
# En el 2007 la Fiscalía acusó de manera oficial al ex consul de Colombia en Tulcán, Gerardo Dorado Dávila, por la expedición ilegal de visas a ocho ciudadanos chinos que ingresaron al país en el año 2005.
# El Gobierno de China ha reconocido en varias oportunidades el problema de la inmigración ilegal de sus naturales.
# En una oportunidad, el ex gobernador de la provincia de Fujian, Xi Jinping, señaló que el gobierno estaba combatiendo esta inmigración y que para ello solicitaba la cooperación de los demás países.
# “Ha de castigarse severamente a los ‘cabeza de serpiente’, como se conoce a los jefes de la mafia de la emigración ilegal y hay que despertar a la gente de sus sueños de buscar el oro en el extranjero”, precisó Xi Jinping.
# Además de Estados Unidos, los principales destinos de los chinos son Japón, Canadá, Inglaterra y Corea del Sur.
http://www.elpais. com.co/paisonlin e/notas/Agosto03 2008/chinos. html
¿Buscan arrinconar a la Sala Penal de la Corte Suprema?
En una jugada de varios alfiles, los investigados por parapolítica vuelven a defender sus causas, atacando a sus investigadores. El magistrado auxiliar y principal investigador de los vínculos entre congresistas y paramilitares, Iván Velásquez, ha sido el blanco principal de la ofensiva de esta semana.
Por María Teresa Ronderos, directora Semana.com
Fecha: 08/13/2008 -
Al comienzo de esta semana, la senadora Nancy Patricia Gutiérrez reveló la grabación que realizó en forma clandestina de una conversación que tuvo con Juan Carlos Díaz Rayo, uno de los investigadores del CTI de la Fiscalía adscritos a la Sala Penal de la Corte en las investigaciones sobre la parapolítica. En la conversación, que la misma Gutiérrez filtró a los medios, Diáz Rayo asegura que el magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, quien es coordinador de la investigación que lleva el alto tribunal de los casos de congresistas presuntamente involucrados en parapolítica, ordena investigaciones a los congresistas sin previo aviso a los investigados. También afirma que Velásquez ordenó investigar al senador Germán Vargas Lleras, después de que hubiera renunciado a su curul el 3 de julio pasado.
En entrevista con El Tiempo, Gutiérrez afirmó que había decidido grabar a Díaz Rayo porque él le había dicho que en los informes “no podía colocar cosas buenas que favorecieran a los investigados”. Dijo Gutiérrez que “esto nos generó gran preocupación con el abogado y consideramos que era necesario tener una prueba”.
A las denuncias de la ex presidenta del Congreso, quien es investigada por el presunto apoyo que recibió de paramilitares de Cundinamarca, se sumó la voz del presidente Álvaro Uribe, quien pidió a la Justicia que tomara en cuenta sus declaraciones y además denunció que conocía el rumor de una supuesta extorsión de la que era víctima un congresista, sin precisar nombre, por cuenta de integrantes del Alto Tribunal.
Así mismo, el sábado 9 de agosto, el diario El Espectador publicó un reportaje en el que Betty Barreto, quien fue cocinera del jefe paramilitar Martín Llanos, dijo que el magistrado Velásquez y otros dos investigadores del CTI de la Fiscalía (el mencionado Díaz Rayo y Rafael Castiblanco), la invitaron a tomar licor, según fue citada por el diario, para sacarle información sobre las reuniones de su patrón con autoridades políticas. “Yo creo que ellos querían emborracharme para que yo hablara”, escribió el diario.
Según El Espectador, los funcionarios le preguntaron por Germán Vargas Lleras y ella se negó a darles información. El diario contrastó la opinión de la cocinera del paramilitar prófugo y aún muy poderoso en Casanare, con la del magistrado. Según el magistrado si fueron a tomar un trago, pero nadie quiso emborrachar a nadie, conversaron largamente sobre la historia de las autodefensas en el Casanare que Barreto conocía bien, y nadie la forzó para que hablara de algún congresista en particular.
Puestos así los hechos, la sensación que probablemente le queda al ciudadano del común, es que los magistrados, y en especial Velásquez, deben estar haciendo mal trabajo pues han desatado una cacería de brujas contra los congresistas. Sin embargo, si se mira la cosa con perspectiva, el hecho de que los tres ataques se dieran al tiempo no parece mera casualidad
Para empezar, ¿qué hace una investigada por parapolítica, como lo es la senadora Gutiérrez, pidiéndole información reservada a un funcionario investigador de la Fiscalía sobre cómo lleva la Corte sus procesos? ¿Y qué hace un investigador con una carrera destacada como Díaz, que tenía acceso a información privilegiada de la estrategia investigativa de la Corte, compartiéndola con la persona investigada?
De hecho, según información de la misma Fiscalía, Díaz fue retirado de su función investigadora de apoyo a la Corte por esta conducta. Y hoy está en otras labores.
En cualquier película de abogados estadounidense dirían que eso se llama obstrucción a a la justicia, pero resulta que ese delito no está tipificado por la ley penal colombiana. El que sí existe en el código es el de abuso de autoridad por acto arbitrario. Y según penalistas consultados, la Fiscalía debería investigar si se pudo haber cometido este delito y debería retirar al Díaz del CTI por lo menos mientras se aclara el asunto.
La Sala Penal de la Corte Suprema solicitó hoy a la Prcuraduría que investigue a Díaz
"quien se ha puesto en contacto con personas sometidas a investigación, como es el caso de la Senadora Nancy Patricia Gutiérrez, a quien reveló supuestas irregularidades en el manejo de los procesos de la denominada parapolítica".
En su denuncia, el presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sigifredo Espinosa, señaló que Diáz había "distorsionado las directrices que esta Corporación ha observado en relación con las investigaciones que son de su competencia" y que había hecho cargos que no son ciertos y afectan el nombre de la Corte. .
Muchos observadores políticos han dicho además que la Fiscalía también debería estar investigando a los involucrados en otra andanada para dañarle la honra y el buen nombre al magistrado Velásquez, cuando se inventaron que él había presionado al testigo ex paramilitar alias Tasmania para que acusara al Presidente Uribe de un delito. La propia Fiscalía que investigó el caso, desestimó las acusaciones contra Velásquez, luego del que el propio Tasmania dijera que había mentido por consejo de su abogado, el mismo del narcotraficante extraditado, alias el Tuso Sierra.
Entre los involucrados en este caso, además de Tasmania y su abogado, están el hermano del presidente Uribe, Santiago, quien llevó la carta con el falso testimonio de Tasmania a la Casa de Nariño, y el primo y aliado político del Presidente, el senador Mario Uribe, pariente político de Sierra, y amigo y vecino de finca del abogado. Entonces, la Corte acababa de llamar a indagatoria a Mario Uribe por posibles vínculos con el paramilitarismo, cuando se desató el escándalo contra el magistrado investigador del caso.
Entonces, como ahora, el Presidente salió a pedir investigaciones especiales contra los magistrados de la Corte.
En esta nueva ofensiva contra los investigadores, al igual que en el fallido caso de Tasmania, ya empezaron a parecer los huecos en los testigos contra el magistrado Velásquez.
En entrevista con La FM, este martes, Betty Barreto, la cocinera del paramilitar llanero Martín Llanos, dijo que El Espectador la había citado mal. Reiteró que cuando se reunió con los investigadores sí tomaron licor, pero que en ningún momento fue presionada para entregar información y que en la reunión que se extendió hasta las 12 de la noche sólo hablaron de cosas, distintas a las relaciones de su ex patrón con políticos. “Nos tomamos los tragos pero hablamos de otras cosas que nada tienen qué ver con eso, dijo Barreto. A la pregunta por si los investigadores preguntaron por Vargas Lleras, Barreto respondió: “Ellos no me mencionaron nombres, me preguntaron qué sabía de los políticos, pero no me mencionaron nombres”.
También aseguró que nunca más volvió a ver ni a hablar con los investigadores.
Lo que confirma que el magistrado Velásquez, tanto en el caso Tasmania, como en este, había dicho la verdad desde el principio.
Podría argumentarse que a pesar de haber obtenido la grabación del investigador del CTI en forma clandestina, sus comentarios ponen en evidencia que los métodos investigativos del magistrado Velásquez no serían tan rigurosos.
Diáz dice en la grabación que el magistrado investiga congresistas a sus espaldas. Sin embargo, es necesario aclarar que una tarea que la Sala Penal de la Corte encomendó al magistrado auxiliar Velásquez, fue precisamente hacer averiguaciones preliminares sobre quiénes podrían estar involucrados en el fenómeno de la parapolítica para poder tener algunos indicios a la hora de abrir formalmente una investigación.
“Ningún organismo judicial o de control puede abrir una investigación formal, si antes no tiene unas mínimas evidencias de que pudo haber cometido un delito o una falta”, dijo Armando Novoa, presidente de la Fundación Plural dedicada a investigar asuntos constitucionales.
Sobre lo segundo que dijo Díaz, que el magistrado investigaba a Vargas Lleras cuando ya no era congresista, es difícil creer que un magistrado de la experiencia de Velásquez haga algo tan torpe como investigar a alguien sobre el cuál no tiene jurisdicción. Entonces la probabilidad mayor es que por alguna razón que tendrá que investigar la justicia, Díaz pudo haber mentido para favorecer a una investigada con quien ya había cometido el error de pasarle información confidencial de la investigación.
No es de extrañarse entonces que este martes, en una reunión extraordinaria de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados al unísono, respaldaron, de manera "contundente y enfática", la labor de Velásquez como coordinador de la Comisión de Apoyo Investigativo. Es decir, los magistrados constataron que no había nada indebido en la labor de Velásquez.
El propio magistrado Velásquez dijo luego a los medios, que el motivo de las acusaciones en su contra radicaba en que él es visto como el motor de las investigaciones. “Desde 2005 que empezamos las investigaciones contaba con que podían haber actitudes de ciertos sectores para tratar de afectar el normal desempeño de las actividades. Ha habido actuaciones muy indebidas muy reprochables con el propósito de afectar mi imagen y la credibilidad de la Corte”, dijo Velásquez.
Tampoco es inesperado, que el Congreso, con más de 60 de sus miembros involucrados en investigaciones por presuntos vínculos con el paramilitarismo o con las guerrillas de las Farc, haya salido a avalar los argumentos de la senadora Gutiérrez de que no se está respetando el debido proceso en las investigaciones judiciales a sus miembros.
El presidente del Legislativo, el senador conservador Hernán Andrade, dijo que en el proceso de la parapolítica había un “cartel de testigos”. En sus declaraciones dijo que había que creerle al Presidente la versión de la supuesta oferta de dinero que le han hecho a senadores y calificó como valiente la denuncia de Gutiérrez.
“Todo lo que se ha dicho es muy grave, y hay que creerlo si lo dice el Presidente que es la primera autoridad política del país, pero debemos esperar que él mismo soporte la misma revelación", aseveró.
El problema es que el presidente Uribe en su denuncia de una supuesta extorsión a un congresista por parte de un magistrado, no dio nombres ni fechas. Sólo sembró una duda más sobre la transparencia del Alto Tribunal, sumándose así al coro de voces que han salido, todas a una, a cuestionar la legitimidad de las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia.
www.semana.com
En una jugada de varios alfiles, los investigados por parapolítica vuelven a defender sus causas, atacando a sus investigadores. El magistrado auxiliar y principal investigador de los vínculos entre congresistas y paramilitares, Iván Velásquez, ha sido el blanco principal de la ofensiva de esta semana.
Por María Teresa Ronderos, directora Semana.com
Fecha: 08/13/2008 -
Al comienzo de esta semana, la senadora Nancy Patricia Gutiérrez reveló la grabación que realizó en forma clandestina de una conversación que tuvo con Juan Carlos Díaz Rayo, uno de los investigadores del CTI de la Fiscalía adscritos a la Sala Penal de la Corte en las investigaciones sobre la parapolítica. En la conversación, que la misma Gutiérrez filtró a los medios, Diáz Rayo asegura que el magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, quien es coordinador de la investigación que lleva el alto tribunal de los casos de congresistas presuntamente involucrados en parapolítica, ordena investigaciones a los congresistas sin previo aviso a los investigados. También afirma que Velásquez ordenó investigar al senador Germán Vargas Lleras, después de que hubiera renunciado a su curul el 3 de julio pasado.
En entrevista con El Tiempo, Gutiérrez afirmó que había decidido grabar a Díaz Rayo porque él le había dicho que en los informes “no podía colocar cosas buenas que favorecieran a los investigados”. Dijo Gutiérrez que “esto nos generó gran preocupación con el abogado y consideramos que era necesario tener una prueba”.
A las denuncias de la ex presidenta del Congreso, quien es investigada por el presunto apoyo que recibió de paramilitares de Cundinamarca, se sumó la voz del presidente Álvaro Uribe, quien pidió a la Justicia que tomara en cuenta sus declaraciones y además denunció que conocía el rumor de una supuesta extorsión de la que era víctima un congresista, sin precisar nombre, por cuenta de integrantes del Alto Tribunal.
Así mismo, el sábado 9 de agosto, el diario El Espectador publicó un reportaje en el que Betty Barreto, quien fue cocinera del jefe paramilitar Martín Llanos, dijo que el magistrado Velásquez y otros dos investigadores del CTI de la Fiscalía (el mencionado Díaz Rayo y Rafael Castiblanco), la invitaron a tomar licor, según fue citada por el diario, para sacarle información sobre las reuniones de su patrón con autoridades políticas. “Yo creo que ellos querían emborracharme para que yo hablara”, escribió el diario.
Según El Espectador, los funcionarios le preguntaron por Germán Vargas Lleras y ella se negó a darles información. El diario contrastó la opinión de la cocinera del paramilitar prófugo y aún muy poderoso en Casanare, con la del magistrado. Según el magistrado si fueron a tomar un trago, pero nadie quiso emborrachar a nadie, conversaron largamente sobre la historia de las autodefensas en el Casanare que Barreto conocía bien, y nadie la forzó para que hablara de algún congresista en particular.
Puestos así los hechos, la sensación que probablemente le queda al ciudadano del común, es que los magistrados, y en especial Velásquez, deben estar haciendo mal trabajo pues han desatado una cacería de brujas contra los congresistas. Sin embargo, si se mira la cosa con perspectiva, el hecho de que los tres ataques se dieran al tiempo no parece mera casualidad
Para empezar, ¿qué hace una investigada por parapolítica, como lo es la senadora Gutiérrez, pidiéndole información reservada a un funcionario investigador de la Fiscalía sobre cómo lleva la Corte sus procesos? ¿Y qué hace un investigador con una carrera destacada como Díaz, que tenía acceso a información privilegiada de la estrategia investigativa de la Corte, compartiéndola con la persona investigada?
De hecho, según información de la misma Fiscalía, Díaz fue retirado de su función investigadora de apoyo a la Corte por esta conducta. Y hoy está en otras labores.
En cualquier película de abogados estadounidense dirían que eso se llama obstrucción a a la justicia, pero resulta que ese delito no está tipificado por la ley penal colombiana. El que sí existe en el código es el de abuso de autoridad por acto arbitrario. Y según penalistas consultados, la Fiscalía debería investigar si se pudo haber cometido este delito y debería retirar al Díaz del CTI por lo menos mientras se aclara el asunto.
La Sala Penal de la Corte Suprema solicitó hoy a la Prcuraduría que investigue a Díaz
"quien se ha puesto en contacto con personas sometidas a investigación, como es el caso de la Senadora Nancy Patricia Gutiérrez, a quien reveló supuestas irregularidades en el manejo de los procesos de la denominada parapolítica".
En su denuncia, el presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sigifredo Espinosa, señaló que Diáz había "distorsionado las directrices que esta Corporación ha observado en relación con las investigaciones que son de su competencia" y que había hecho cargos que no son ciertos y afectan el nombre de la Corte. .
Muchos observadores políticos han dicho además que la Fiscalía también debería estar investigando a los involucrados en otra andanada para dañarle la honra y el buen nombre al magistrado Velásquez, cuando se inventaron que él había presionado al testigo ex paramilitar alias Tasmania para que acusara al Presidente Uribe de un delito. La propia Fiscalía que investigó el caso, desestimó las acusaciones contra Velásquez, luego del que el propio Tasmania dijera que había mentido por consejo de su abogado, el mismo del narcotraficante extraditado, alias el Tuso Sierra.
Entre los involucrados en este caso, además de Tasmania y su abogado, están el hermano del presidente Uribe, Santiago, quien llevó la carta con el falso testimonio de Tasmania a la Casa de Nariño, y el primo y aliado político del Presidente, el senador Mario Uribe, pariente político de Sierra, y amigo y vecino de finca del abogado. Entonces, la Corte acababa de llamar a indagatoria a Mario Uribe por posibles vínculos con el paramilitarismo, cuando se desató el escándalo contra el magistrado investigador del caso.
Entonces, como ahora, el Presidente salió a pedir investigaciones especiales contra los magistrados de la Corte.
En esta nueva ofensiva contra los investigadores, al igual que en el fallido caso de Tasmania, ya empezaron a parecer los huecos en los testigos contra el magistrado Velásquez.
En entrevista con La FM, este martes, Betty Barreto, la cocinera del paramilitar llanero Martín Llanos, dijo que El Espectador la había citado mal. Reiteró que cuando se reunió con los investigadores sí tomaron licor, pero que en ningún momento fue presionada para entregar información y que en la reunión que se extendió hasta las 12 de la noche sólo hablaron de cosas, distintas a las relaciones de su ex patrón con políticos. “Nos tomamos los tragos pero hablamos de otras cosas que nada tienen qué ver con eso, dijo Barreto. A la pregunta por si los investigadores preguntaron por Vargas Lleras, Barreto respondió: “Ellos no me mencionaron nombres, me preguntaron qué sabía de los políticos, pero no me mencionaron nombres”.
También aseguró que nunca más volvió a ver ni a hablar con los investigadores.
Lo que confirma que el magistrado Velásquez, tanto en el caso Tasmania, como en este, había dicho la verdad desde el principio.
Podría argumentarse que a pesar de haber obtenido la grabación del investigador del CTI en forma clandestina, sus comentarios ponen en evidencia que los métodos investigativos del magistrado Velásquez no serían tan rigurosos.
Diáz dice en la grabación que el magistrado investiga congresistas a sus espaldas. Sin embargo, es necesario aclarar que una tarea que la Sala Penal de la Corte encomendó al magistrado auxiliar Velásquez, fue precisamente hacer averiguaciones preliminares sobre quiénes podrían estar involucrados en el fenómeno de la parapolítica para poder tener algunos indicios a la hora de abrir formalmente una investigación.
“Ningún organismo judicial o de control puede abrir una investigación formal, si antes no tiene unas mínimas evidencias de que pudo haber cometido un delito o una falta”, dijo Armando Novoa, presidente de la Fundación Plural dedicada a investigar asuntos constitucionales.
Sobre lo segundo que dijo Díaz, que el magistrado investigaba a Vargas Lleras cuando ya no era congresista, es difícil creer que un magistrado de la experiencia de Velásquez haga algo tan torpe como investigar a alguien sobre el cuál no tiene jurisdicción. Entonces la probabilidad mayor es que por alguna razón que tendrá que investigar la justicia, Díaz pudo haber mentido para favorecer a una investigada con quien ya había cometido el error de pasarle información confidencial de la investigación.
No es de extrañarse entonces que este martes, en una reunión extraordinaria de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados al unísono, respaldaron, de manera "contundente y enfática", la labor de Velásquez como coordinador de la Comisión de Apoyo Investigativo. Es decir, los magistrados constataron que no había nada indebido en la labor de Velásquez.
El propio magistrado Velásquez dijo luego a los medios, que el motivo de las acusaciones en su contra radicaba en que él es visto como el motor de las investigaciones. “Desde 2005 que empezamos las investigaciones contaba con que podían haber actitudes de ciertos sectores para tratar de afectar el normal desempeño de las actividades. Ha habido actuaciones muy indebidas muy reprochables con el propósito de afectar mi imagen y la credibilidad de la Corte”, dijo Velásquez.
Tampoco es inesperado, que el Congreso, con más de 60 de sus miembros involucrados en investigaciones por presuntos vínculos con el paramilitarismo o con las guerrillas de las Farc, haya salido a avalar los argumentos de la senadora Gutiérrez de que no se está respetando el debido proceso en las investigaciones judiciales a sus miembros.
El presidente del Legislativo, el senador conservador Hernán Andrade, dijo que en el proceso de la parapolítica había un “cartel de testigos”. En sus declaraciones dijo que había que creerle al Presidente la versión de la supuesta oferta de dinero que le han hecho a senadores y calificó como valiente la denuncia de Gutiérrez.
“Todo lo que se ha dicho es muy grave, y hay que creerlo si lo dice el Presidente que es la primera autoridad política del país, pero debemos esperar que él mismo soporte la misma revelación", aseveró.
El problema es que el presidente Uribe en su denuncia de una supuesta extorsión a un congresista por parte de un magistrado, no dio nombres ni fechas. Sólo sembró una duda más sobre la transparencia del Alto Tribunal, sumándose así al coro de voces que han salido, todas a una, a cuestionar la legitimidad de las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia.
www.semana.com
Algo anda mal en la seguridad de Bogotá
Crece la sensación de que la seguridad de la capital está empeorando, pero el gobierno de Samuel Moreno dice que las cifras muestran que sigue la mejoría. Ambos tienen la razón... depende de cuáles datos se miren.
Fecha: 08/12/2008 -
Hace tiempo que en Bogotá no se escuchaban tantos cuentos de atracos, asaltos, robos, asesinatos... Que a una señora, en pleno mediodía le soplaron escopolamina y dopada, le dio sus pertenencias al asaltante, que unos muchachos de Cali vinieron a pasear y a uno lo mataron en un elegante parque en el norte, que otra vez se cobran vacunas en los barrios de Bosa...
La administración de Samuel Moreno insiste en que la ciudad sigue la misma tendencia positiva de varios años y que sigue mejorando en la seguridad. Y cita unas cifras que le dan la razón. No obstante, no todos los datos coinciden, y si hay un primer problema de seguridad que salta a la vista, es que la ciudad dejó de hacer un buen seguimiento, una adecuada consolidación de datos y una observación sistemática del delito, como sí sucedía en administraciones pasadas.
El primer hecho que alteró la continuidad de las cifras fue la transformación del Sistema Unificado de Información sobre Violencia y Delincuencia (Suivd) que arrojó resultados positivos durante las administraciones de Antanas Mockus y Enrique Peñalosa. A mediados de los 90 y comienzos del 2000, la ciudad tenía cifras claras sobre violencia urbana a través de 11 indicadores de alto impacto como muertes violentas, lesiones personales y hurtos. Esto gracias al acuerdo que hubo entre la Policía Metropolitana, la Alcaldía, Medicina Legal y Fiscalía para unificar números sobre el tema y, con base en los resultados, implementar estrategias.
Pero durante la alcaldía de Luis Eduardo Garzón este Sistema se desmontó y se convirtió en el Centro de Análisis de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que ya no unifica las cifras, sino que interpreta los diferentes datos que sobre violencia urbana arrojan las autoridades competentes.
Alcalde de Bogotá dice que las Farc quieren atentar contra Bogotá
Evolución del homicidio en Bogotá 1995-2006
¿Volvieron las Farc al centro del país?
El pasado 12 de febrero, una bomba de mediano poder estalló cerca a una de las sucrsales de Blockbuster, en el norte de Bogotá. Jairo Libreros, profesor de la universidad Externado de Colombia y experto en temas de seguridad, cree que el cambio de modelo que por varios años utilizó la ciudad para vigilar la evolución del delito y su impacto sobre la ciudadanía en cada localidad es un problema. Y si no se conoce el problema, difícilmente se podrá saber cómo atacarlo. Tampoco hay indicadores que determinen en qué están las pandillas juveniles de cada barrio; qué están haciendo los desmovilizados que viven en Bogotá y si hay actividad de milicianos de las Farc o de paramilitares o bandas rearmadas.
“Al alcalde Moreno le estalló todo en la cara. Él no tiene el comando de la seguridad, la Policía actúa sin coordinación con la Alcaldía, la Fiscalía va por su lado y Medicina Legal también”, dice Libreros.
Por ejemplo, según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Bogotá aumentaron los homicidios el año pasado en un 4,8 por ciento (65 homicidios más). Mientras en 2006 hubo 1.336 asesinatos, en 2007 se presentaron 1.401. El 34 por ciento de los delitos, en materia de hurtos y lesiones personales, también subieron en casi un 84 por ciento. Y los suicidios, en ese mismo lapso de tiempo, pasaron de 188 a 220 casos. En el último semestre, Bogotá ha sido víctima de trece atentados terroristas, mientras que la Brigada 13 del Ejército ha incautado 388 artefactos explosivos.
Sin embargo, la Secretaría de Gobierno dice que en lo que va corrido de este año, los homicidios han disminuido y que, de manera general, el comportamiento de las cifras de violencia van en esa dirección.
Héctor Riveros, ex secretario de gobierno de Bogotá y consultor en temas de seguridad, explica que el gobierno distrital concluye esto porque dejó de tener como referencia a Medicina Legal, que es el organismo que entrega datos más completos, y se acogió solamente a las cifras que entrega la Policía, que por el cambio de legislación sobre la ley de pequeñas causas, tiene indicadores menores en este tema.
Según los datos que maneja la Policía Metropolitana de Bogotá, la tasa de homicidios ha caido de forma constante, contrario a lo que muestran los registros de Medicina Legal. Mientras en 2006 la tasa era de 18.1 por 100.000 habitantes, en 2007 bajó a 17.7, una tendencia a la baja que se ha mantenido constante.
"La percepción de seguridad en todos los países es siempre mucho más alta de lo que muestran las cifras objetivas", dijo a Semana.com, Clara López Obregón, secretaria de gobierno de la ciudad y añadió que Bogotá es una de las capitales más seguras de América Latina y la ciudad más segura del país.
Otro punto grave es que hay tensiones entre Alcaldía y Policía, otra razón que debilita la gestión. “Por alguna cosa muy desafortunada la Alcaldía se ha distanciado de la Policía. El general Rodolfo Palomino (comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá) se debate entre seguir las órdenes del Alcalde y la presión del Ministerio de Defensa”, explica Riveros.
Las contradicciones
Según las cifras de la Policía Nacional, el homicidio en Bogotá (que es el principal indicador de violencia) viene cayendo de forma constante desde 1993, aunque a menor ritmo en los últimos años.
“Durante 2006 y entre marzo y noviembre de 2007 el sistema de Medicina Legal colapsó, y por eso nos basamos en las cifras de la Policía”, explica Rubén Darío Ramírez, director del Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Secretaría de Gobierno de la ciudad, el organismo que ahora sigue las cifras de violencia en la ciudad. Ramírez ratificó que abandonaron la metodología de consolidación de cifras que venía de tres gobiernos distritales y ahora hacen una interpretación diferente, contrastándolas.
Es de esperar entonces que la manera cómo se está enfrentando el problema de la inseguridad en la ciudad, y cómo se miden los resultados, tenga enfrentados a peñalosistas y uribistas con los del Polo Democrático. Precisamente, varios representantes a la Cámara citarán al Congreso al alcalde Moreno para que rinda cuentas sobre la situación de seguridad en Bogotá y explique por qué la disparidad de cifras y cómo están enfrentando el grave problema de la presencia de estructuras criminales en la ciudad.
Según ha dicho el Alcalde en varias oportunidades las riñas y los crímenes pasionales tienen un gran peso sobre la violencia y las muertes en la ciudad. El argumento minimiza un grave problema de bandas y redes paramilitares que han evolucionado desde la época de las mafias esmeralderas en la década de los 80, hasta las versiones más recientes de la influencia que tienen en la ciudad los paramilitares de los Llanos Orientales.
“Lo que queremos es que se vuelvan a adoptar las políticas de seguridad que funcionaron durante tanto tiempo y con resultados demostrables y que se vuelva al sistema de información que se tenía desde el año 1995”, dijo el representante por Bogotá, David Luna, uno de quienes convocó al Alcalde a rendir cuentas al Congreso de la República.
Tiene mucho qué explicar la Alcaldía del Polo a los preocupados habitantes de Bogotá que no entienden por qué se abandonaron políticas de seguridad exitosas, ni por qué no hay la coordinación institucional debida en el manejo de un tema tan vital para los ciudadanos.
www.semana.com
Crece la sensación de que la seguridad de la capital está empeorando, pero el gobierno de Samuel Moreno dice que las cifras muestran que sigue la mejoría. Ambos tienen la razón... depende de cuáles datos se miren.
Fecha: 08/12/2008 -
Hace tiempo que en Bogotá no se escuchaban tantos cuentos de atracos, asaltos, robos, asesinatos... Que a una señora, en pleno mediodía le soplaron escopolamina y dopada, le dio sus pertenencias al asaltante, que unos muchachos de Cali vinieron a pasear y a uno lo mataron en un elegante parque en el norte, que otra vez se cobran vacunas en los barrios de Bosa...
La administración de Samuel Moreno insiste en que la ciudad sigue la misma tendencia positiva de varios años y que sigue mejorando en la seguridad. Y cita unas cifras que le dan la razón. No obstante, no todos los datos coinciden, y si hay un primer problema de seguridad que salta a la vista, es que la ciudad dejó de hacer un buen seguimiento, una adecuada consolidación de datos y una observación sistemática del delito, como sí sucedía en administraciones pasadas.
El primer hecho que alteró la continuidad de las cifras fue la transformación del Sistema Unificado de Información sobre Violencia y Delincuencia (Suivd) que arrojó resultados positivos durante las administraciones de Antanas Mockus y Enrique Peñalosa. A mediados de los 90 y comienzos del 2000, la ciudad tenía cifras claras sobre violencia urbana a través de 11 indicadores de alto impacto como muertes violentas, lesiones personales y hurtos. Esto gracias al acuerdo que hubo entre la Policía Metropolitana, la Alcaldía, Medicina Legal y Fiscalía para unificar números sobre el tema y, con base en los resultados, implementar estrategias.
Pero durante la alcaldía de Luis Eduardo Garzón este Sistema se desmontó y se convirtió en el Centro de Análisis de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que ya no unifica las cifras, sino que interpreta los diferentes datos que sobre violencia urbana arrojan las autoridades competentes.
Alcalde de Bogotá dice que las Farc quieren atentar contra Bogotá
Evolución del homicidio en Bogotá 1995-2006
¿Volvieron las Farc al centro del país?
El pasado 12 de febrero, una bomba de mediano poder estalló cerca a una de las sucrsales de Blockbuster, en el norte de Bogotá. Jairo Libreros, profesor de la universidad Externado de Colombia y experto en temas de seguridad, cree que el cambio de modelo que por varios años utilizó la ciudad para vigilar la evolución del delito y su impacto sobre la ciudadanía en cada localidad es un problema. Y si no se conoce el problema, difícilmente se podrá saber cómo atacarlo. Tampoco hay indicadores que determinen en qué están las pandillas juveniles de cada barrio; qué están haciendo los desmovilizados que viven en Bogotá y si hay actividad de milicianos de las Farc o de paramilitares o bandas rearmadas.
“Al alcalde Moreno le estalló todo en la cara. Él no tiene el comando de la seguridad, la Policía actúa sin coordinación con la Alcaldía, la Fiscalía va por su lado y Medicina Legal también”, dice Libreros.
Por ejemplo, según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Bogotá aumentaron los homicidios el año pasado en un 4,8 por ciento (65 homicidios más). Mientras en 2006 hubo 1.336 asesinatos, en 2007 se presentaron 1.401. El 34 por ciento de los delitos, en materia de hurtos y lesiones personales, también subieron en casi un 84 por ciento. Y los suicidios, en ese mismo lapso de tiempo, pasaron de 188 a 220 casos. En el último semestre, Bogotá ha sido víctima de trece atentados terroristas, mientras que la Brigada 13 del Ejército ha incautado 388 artefactos explosivos.
Sin embargo, la Secretaría de Gobierno dice que en lo que va corrido de este año, los homicidios han disminuido y que, de manera general, el comportamiento de las cifras de violencia van en esa dirección.
Héctor Riveros, ex secretario de gobierno de Bogotá y consultor en temas de seguridad, explica que el gobierno distrital concluye esto porque dejó de tener como referencia a Medicina Legal, que es el organismo que entrega datos más completos, y se acogió solamente a las cifras que entrega la Policía, que por el cambio de legislación sobre la ley de pequeñas causas, tiene indicadores menores en este tema.
Según los datos que maneja la Policía Metropolitana de Bogotá, la tasa de homicidios ha caido de forma constante, contrario a lo que muestran los registros de Medicina Legal. Mientras en 2006 la tasa era de 18.1 por 100.000 habitantes, en 2007 bajó a 17.7, una tendencia a la baja que se ha mantenido constante.
"La percepción de seguridad en todos los países es siempre mucho más alta de lo que muestran las cifras objetivas", dijo a Semana.com, Clara López Obregón, secretaria de gobierno de la ciudad y añadió que Bogotá es una de las capitales más seguras de América Latina y la ciudad más segura del país.
Otro punto grave es que hay tensiones entre Alcaldía y Policía, otra razón que debilita la gestión. “Por alguna cosa muy desafortunada la Alcaldía se ha distanciado de la Policía. El general Rodolfo Palomino (comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá) se debate entre seguir las órdenes del Alcalde y la presión del Ministerio de Defensa”, explica Riveros.
Las contradicciones
Según las cifras de la Policía Nacional, el homicidio en Bogotá (que es el principal indicador de violencia) viene cayendo de forma constante desde 1993, aunque a menor ritmo en los últimos años.
“Durante 2006 y entre marzo y noviembre de 2007 el sistema de Medicina Legal colapsó, y por eso nos basamos en las cifras de la Policía”, explica Rubén Darío Ramírez, director del Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Secretaría de Gobierno de la ciudad, el organismo que ahora sigue las cifras de violencia en la ciudad. Ramírez ratificó que abandonaron la metodología de consolidación de cifras que venía de tres gobiernos distritales y ahora hacen una interpretación diferente, contrastándolas.
Es de esperar entonces que la manera cómo se está enfrentando el problema de la inseguridad en la ciudad, y cómo se miden los resultados, tenga enfrentados a peñalosistas y uribistas con los del Polo Democrático. Precisamente, varios representantes a la Cámara citarán al Congreso al alcalde Moreno para que rinda cuentas sobre la situación de seguridad en Bogotá y explique por qué la disparidad de cifras y cómo están enfrentando el grave problema de la presencia de estructuras criminales en la ciudad.
Según ha dicho el Alcalde en varias oportunidades las riñas y los crímenes pasionales tienen un gran peso sobre la violencia y las muertes en la ciudad. El argumento minimiza un grave problema de bandas y redes paramilitares que han evolucionado desde la época de las mafias esmeralderas en la década de los 80, hasta las versiones más recientes de la influencia que tienen en la ciudad los paramilitares de los Llanos Orientales.
“Lo que queremos es que se vuelvan a adoptar las políticas de seguridad que funcionaron durante tanto tiempo y con resultados demostrables y que se vuelva al sistema de información que se tenía desde el año 1995”, dijo el representante por Bogotá, David Luna, uno de quienes convocó al Alcalde a rendir cuentas al Congreso de la República.
Tiene mucho qué explicar la Alcaldía del Polo a los preocupados habitantes de Bogotá que no entienden por qué se abandonaron políticas de seguridad exitosas, ni por qué no hay la coordinación institucional debida en el manejo de un tema tan vital para los ciudadanos.
www.semana.com
Suscribirse a:
Entradas (Atom)