Corte Suprema pide investigar encuentros de emisarios 'paras' con secretarios de Presidente
Foto: Archivo
Reunión de la Corte Suprema de Justicia.
La denuncia ante la Fiscalía y la Procuraduría la hizo Francisco Ricaurte, presidente de la Corte, contra el jefe de prensa, César Mauricio Velásquez, y el Secretario Jurídico, Edmundo del Castillo.
La denuncia está sustentada en las publicaciones periodísticas aparecidas el pasado fin de semana que revelaron las reuniones que sostuvieron con el abogado de 'Don Berna', Diego Álvarez, y el desmovilizado paramiliar Antonio López, alias 'Job'.
En las cartas enviadas al fiscal Mario Iguarán y al procurador Edgardo Maya, el magistrado Ricaurte destacó el nombre de otro abogado, Henry Anaya, quien según las publicaciones, habría actuado en nombre de la Corte Suprema.
Texto de la carta al Procurador
Bogotá, D.C, 25 de agosto de 2008
Doctor
EDGARDO MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación
Ciudad
En mi calida de presidente de la Corte Suprema de Justicia y en cumplimiento del deber que impone el artículo 70 de la Ley 743 de 2002, "por la cual se expide el Código Único Disciplinario", comedidamente remito para su conocimiento y fines que estime que estime pertinentes, el trabajo periodístico publicado en la edición No. 1373 -agosto 25 a septiembre 1º de 2008-, páginas 36 a 42, de la revista Semana, titulado "El complot de los paras" y con un subtítulo que es del siguiente tenor:
En medio de la guerra contra la Corte Suprema de Justicia, el círculo íntimo del Presidente llegó al extremo de conversar en secreto con los hombres del ex jefe paramilitar 'Don Berna'".
En uno de los apartes del artículo, se expresa:
"El jefe de prensa de Palacio, César Mauricio Velásquez (izquierda), y el secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, reconocieron haberse reunido con los paramilitares. Del Castillo justificó los encuentros con el argumento de que los desmovilizados decían tener información clave sobre una supuesta conspiración de la Corte Suprema contra el Gobierno".
En la información publicada se da a conocer a la opinión pública que un abogado de nombre Henry Anaya, haciéndose pasar por funcionario de la Corte Suprema de Justicia solicitó la suma de 15 mil dólares al defensor de alias "Don Berna" a cambio de beneficios para éste.
En la publicación periodística se cuestiona, entre otras cosas, que los funcionarios de la Presidencia de la República hubiesen ocultado tales hechos en lugar de haber efectuado las denuncias pertinentes cuando era oportuno.
Atentamente,
FRANCISCO JAVIER RICAURTE
Presidente
Texto de la carta al Fiscal
Bogotá, D.C, 25 de agosto de 2008
Doctor
MARIO GERMÁN IGUARÁN ARANA
Fiscal General de la Nación
En mi calida de presidente de la Corte Suprema de Justicia y en cumplimiento del deber que impone el artículo 70 de la Ley 743 de 2002, "por la cual se expide el Código Único Disciplinario", comedidamente remito para su conocimiento y fines que estime que estime pertinentes, el trabajo periodístico publicado en la edición No. 1373 -agosto 25 a septiembre 1º de 2008-, páginas 36 a 42, de la revista Semana, titulado "El complot de los paras" y con un subtítulo que es del siguiente tenor:
En medio de la guerra contra la Corte Suprema de Justicia, el círculo íntimo del Presidente llegó al extremo de conversar en secreto con los hombres del ex jefe paramilitar 'Don Berna'".
En uno de los apartes del artículo, se expresa:
"El jefe de prensa de Palacio, César Mauricio Velásquez (izquierda), y el secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, reconocieron haberse reunido con los paramilitares. Del Castillo justificó los encuentros con el argumento de que los desmovilizados decían tener información clave sobre una supuesta conspiración de la Corte Suprema contra el Gobierno".
En la información publicada se da a conocer a la opinión pública que un abogado de nombre Henry Anaya, haciéndose pasar por funcionario de la Corte Suprema de Justicia solicitó la suma de 15 mil dólares al defensor de alias "Don Berna" a cambio de beneficios para éste.
En la publicación periodística se cuestiona, entre otras cosas, que los funcionarios de la Presidencia de la República hubiesen ocultado tales hechos en lugar de haber efectuado las denuncias pertinentes cuando era oportuno.
Atentamente,
FRANCISCO JAVIER RICAURTE
Presidente
Corte Suprema de Justicia
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sábado, 30 de agosto de 2008
La red “anticorrupción” de Jorge 40
Al reconstruir la contabilidad encontrada en una finca de Jorge 40, se descubrió que entre paramilitares y políticos se repartían el 10 por ciento de un impuesto que cobraban a la contratación municipal y departamental, a las administradoras del régimen subsidiado y a los proveedores. Estarían por abrirse cientos de investigaciones disciplinarias y penales.
Por Tadeo Martínez, corresponsal de Semana en Barranquilla
Fecha: 08/25/2008 -
En cuatro meses del año 2004 el Bloque Norte de las AUC tuvo ingresos reportados en su contabilidad por valor de 989 millones de pesos. Esos dineros provenían de un impuesto que cobraban a la contratación pública de 101 municipios y cuatro departamentos a las Administradoras del Régimen Subsidiado y a los proveedores. Esa contabilidad está registrada en un libro que se llamaba la “Red de Contratación”, un sistema que tenía como objetivo evitar que los “comandantes militares de frente”, en complicidad con los “comandantes financieros”, se quedaran con los recursos que las diferentes entidades territoriales tributaban al Bloque Norte.
Toda esta información de la contabilidad de Jorge 40 fue encontrada en un allanamiento que realizaron las autoridades en una finca del ex jefe paramilitar en San Ángel que sirvió de base al Bloque Norte de las Auc. Allí las autoridades de policía judicial y la Fiscalía encontraron abundante información sobre las finanzas del Bloque Norte y las relaciones entre las autoridades en los cuatros departamentos con el grupo paramilitar comandando por Tovar.
En marzo de 2002 Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, creó un grupo de trabajo al que llamó la Red de Contratación porque la plata que se recogía por diferentes conceptos en La Guajira, El Cesar, Magdalena y Atlántico, no llegaba completa a su “tesorería”. Esa red estuvo funcionando durante casi cuatro años, entre 2002 y 2006, cuando el Bloque Norte se desmovilizó en La Mesa y Chimila, Cesar.
Una planilla del "ministerio de Hacienda" de Jorge 40
Los miembros de la red sostenían reuniones periódicas y a ellas asistían los comandantes de los frentes con el “tesorero”, un hombre de confianza de Jorge 40 encargado de auditar estas finanzas. La contabilidad tenía tres columnas; contratación, ARS y proveedores. Una cuarta columna contenía las diferentes zonas geográficas en los cuatro departamentos, tal y como estaban organizados los frentes.
El Cesar estaba dividido en cinco zonas: la zona 16, la Herradura, Zona 39, Zona de Danilo y la Zona de Alex. En el Magdalena había siete zonas que correspondían a los alias de los comandantes: Carlos Tijeras. Jose, Rafa, Codazzi, Eduardo, La Herradura y Chane. La Guajira sólo tenía dos zonas, la de Ramiro y la de 39; y en Atlántico operaba la de Don Antonio.
El departamento que más aportaba económicamente era Cesar. Según el reporte de los cuatro meses al que tuvo acceso SEMANA, entre mayo y agosto de 2004, los cinco frentes del Cesar reportaron en total casi 560 millones de pesos (exactamente 557.197.741); seguido por la Guajira con 206 millones ($206.562.201); Magdalena con 205 millones ($205.562.201) y Atlántico con 10 millones de pesos. Llama la atención los pocos ingresos reportados por el frente de Atlántico, comandado por alias Don Antonio, pues en las finanzas halladas en el computador de Jorge 40 había registrados ingresos mensuales superiores a 45 millones de pesos. También hay que decir que con esos ingresos pagaban la nómina de sicarios y otros gastos. Además de acuerdo con la versión del propio “Don Antonio” ante Justicia y Paz, sólo Sitionuevo reportó en 2004, 120 millones de pesos que no se reflejan en ese registro.
Además de las reuniones que sostenía periódicamente el “tesorero de la empresa” (las AUC), con los comandantes de frentes, estos también organizaban reuniones con los alcaldes, concejales, diputados, senadores, representantes y gobernadores. En esas reuniones se repartían las utilidades concertadas de la siguiente manera sobre el 10 por ciento del valor total de un contrato: 3.33 por ciento para el frente que la reporta; 3.33 por ciento para el alcalde, gobernador, parlamentario, diputado o concejal que así lo exigiera; 1 por ciento para los tesoreros municipales, departamentales o de la entidad territorial (llámese hospital, organismo descentralizado, corporaciones ambientales etc) que les colaboraban, pues gracias a la información que suministraban los tesoreros se sabía qué contratos se iban a pagar; y el 2.33 por ciento para la Red de Contratación, que a su vez la reportaba a la organización. En total, el 5.6 por ciento del impuesto se quedaba en manos de las autodefensas.
En los documentos hallados también hay referencias a la inconveniencia del Puerto de Palermo y al manejo de tierras por parte de Incoder, una especie de glosas sobre proyectos y entregas de tierras. Un gran número de fiscales y jueces han comenzado a solicitar esta información como prueba, para diferentes procesos en los que están involucrados funcionarios de las entidades territoriales. En otros casos y ante las revelaciones que están haciendo los paramilitares postulados ante Justicia y Paz, se está conociendo lo que sucedió en las regiones durante casi diez años de dominio de los grupos armados de autodefensa.
También llevaban una contabilidad de distribución de esos ingresos, correspondiendo la mayor parte a los seis frentes del Cesar, que recibían más de 239 millones de pesos; los siete frentes del Magdalena, más de 76 millones y los de la Guajira casi 133 millones de pesos. Al frente José Pablo Díaz del Atlántico no le giraban.
Estos ingresos daban para la manutención del Bloque Norte y sus 16 frentes, que incluía pago de salarios y una diversidad de gastos de transporte, gasolina, viáticos, municiones y sobornos, entre otros.
A manera de ejemplo, hay documentos del pacto entre los aspirantes a Senado y Cámara por el Magdalena, Dieb Maloof, Jorge Castro, José Gamarra y Gustavo Orozco Jaraba, fue suscrito también por los alcaldes titulares de Pivijay, San Ángel, Algarrobo, Zapayán, Remolino, Chivolo, Salamina y Ariguaní. En ese pacto firmado el 21 de noviembre de 2001 se establece que los votos de la provincia serán para José Gamarra, quien los endosará a Maloof. Según el acuerdo, éste debe conseguir recursos de inversión social y deberá dar participación burocrática a sus socios del Magdalena de manera equitativa.
También revelan documentos y los testimonios de los ex paramilitares que en los municipios de la Zona Bananera, Fundación, Ciénaga, El Retén, Pueblo Viejo y Aracataca en Magdalena, el ex paramilitar “Carlos Tijeras” hizo pactos con los senadores Salomón Saade, Luis Eduardo Vives, Dieb Maloof y Flor Gnecco y los representantes a la Cámara Alfonso Campo, Jorge Caballero y José Gamarra para que apoyaran financieramente al Frente a través de las finanzas de los municipios y la contratación y suministro de los hospitales donde ellos tenían influencia y cuotas políticas. Los jefes políticos se comprometieron a que los alcaldes de la zona contribuirían con el impuesto y a cambio Tijeras les permitía hacer política en la zona. “Nosotros, dijo “Tijeras” en Justicia y Paz en su versión del pasado 24 de julio, nos metimos en la mitad y les dijimos que los directores de los hospitales tenían que pasar por el colador de la empresa (las AUC). Revisábamos las hojas de vida y les hacíamos entrevistas a los aspirantes. Teníamos que convivir: ellos conservaban sus cuotas políticas, se encargaban del parapeto de la meritocracia, pero se comprometían a menos burocracia, cero corbatas, nada de contratos chimbos y cero embargos arreglados. El cuarto compromiso era pagar el impuesto a la contratación, una ley obligatoria en los cuatro departamentos”.
El acuerdo entre políticos y paramilitares parece haber funcionado a la perfección, pues los políticos según los documentos hallados, se encargaban de los nombramientos y el manejo administrativo y los paramilitares “vigilábamos la gestión, los recursos, revisábamos las cuentas y los apretábamos para aconductarlos”, dijo Tijeras. Los paramilitares brindaban “protección y orden”, y los políticos veían la forma de darle presentación legal.
Pero los ingresos gruesos de la organización no están reportados en esta contabilidad, pues provenían del negocio del narcotráfico. En Atlántico funcionaba un frente que rendía cuentas a Jorge 40 y cuya jurisdicción iba desde la salida de Cartagena hacia Barranquilla hasta el muelle donde queda el muelle de la Drummond en Ciénaga, Magdalena. Hace tres semanas ante una fiscal de Justicia y Paz, el ex comandante de éste grupo, Miguel Villarreal Archila, alias Salomón, dijo que cobraron a varios carteles del narcotráfico impuestos por 100 toneladas de cocaína anuales durante tres años, a razón de 50 dólares por kilo. El grupo de Salomón puede haber recaudado por impuestos de embarque cobrado a los narcotraficantes más de 30 mil millones de pesos en tres años, los cuales eran entregados al ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias Jorge 40.
Semanas antes de ser extraditado, Nodier Giraldo, alias “el cabezón” , comandante de finanzas del Resistencia Tayrona, había dicho que entre el 2002 y el 2005 las fincas y el comercio rural del Magdalena habían pagado 1.450 millones de pesos; el comercio de Santa Marta había aportado 13.250 millones de pesos; los contrabandistas de gasolina e insumos químicos habían aportado en diez años (1995 – 2005), 23.640 millones y por el impuesto de embarque de más de 170 toneladas de cocaína entre 2005 y 2006, la suma de 17 mil millones de pesos, el 60 por ciento de los cuales fueron entregados por el Frente Resistencia Tayrona a Jorge 40, comandante del Bloque Norte.
Entre Salomón y el Resistencia Tayrona, recaudaron en tres años por concepto del impuesto del embarque de narcotráfico aproximadamente 47 mil millones de pesos; esto es alrededor de una quinta parte de los impuestos legales que se recaudan anualmente en una ciudad como Barranquilla.
La existencia de esta red de contratación del Bloque Norte dedicada a llevar el registro de los ingresos que la organización obtenía por el cobro de impuestos a entidades públicas, revela de manera escandalosa hasta dónde fueron capaces los jefes de las Auc de infiltrar al Estado y capturar sus rentas. Todos estos hechos ocurrieron con la complicidad de autoridades de policía, jueces, fiscales, agentes de organismos como el DAS y la SIJIN. Cientos de alcaldes, gerentes de hospitales, secretarios de alcaldías, contralores, personeros, concejales, empresarios y contratistas, hicieron parte de delitos como concierto para delinquir, concusión y cohecho. Los fiscales de Justicia y Paz han empezado a compulsar copias para que los fiscales anticorrupción y la Procuraduría empiecen también investigaciones que permitan sancionar disciplinaria y penalmente a los responsables.
www.semana.com
Al reconstruir la contabilidad encontrada en una finca de Jorge 40, se descubrió que entre paramilitares y políticos se repartían el 10 por ciento de un impuesto que cobraban a la contratación municipal y departamental, a las administradoras del régimen subsidiado y a los proveedores. Estarían por abrirse cientos de investigaciones disciplinarias y penales.
Por Tadeo Martínez, corresponsal de Semana en Barranquilla
Fecha: 08/25/2008 -
En cuatro meses del año 2004 el Bloque Norte de las AUC tuvo ingresos reportados en su contabilidad por valor de 989 millones de pesos. Esos dineros provenían de un impuesto que cobraban a la contratación pública de 101 municipios y cuatro departamentos a las Administradoras del Régimen Subsidiado y a los proveedores. Esa contabilidad está registrada en un libro que se llamaba la “Red de Contratación”, un sistema que tenía como objetivo evitar que los “comandantes militares de frente”, en complicidad con los “comandantes financieros”, se quedaran con los recursos que las diferentes entidades territoriales tributaban al Bloque Norte.
Toda esta información de la contabilidad de Jorge 40 fue encontrada en un allanamiento que realizaron las autoridades en una finca del ex jefe paramilitar en San Ángel que sirvió de base al Bloque Norte de las Auc. Allí las autoridades de policía judicial y la Fiscalía encontraron abundante información sobre las finanzas del Bloque Norte y las relaciones entre las autoridades en los cuatros departamentos con el grupo paramilitar comandando por Tovar.
En marzo de 2002 Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, creó un grupo de trabajo al que llamó la Red de Contratación porque la plata que se recogía por diferentes conceptos en La Guajira, El Cesar, Magdalena y Atlántico, no llegaba completa a su “tesorería”. Esa red estuvo funcionando durante casi cuatro años, entre 2002 y 2006, cuando el Bloque Norte se desmovilizó en La Mesa y Chimila, Cesar.
Una planilla del "ministerio de Hacienda" de Jorge 40
Los miembros de la red sostenían reuniones periódicas y a ellas asistían los comandantes de los frentes con el “tesorero”, un hombre de confianza de Jorge 40 encargado de auditar estas finanzas. La contabilidad tenía tres columnas; contratación, ARS y proveedores. Una cuarta columna contenía las diferentes zonas geográficas en los cuatro departamentos, tal y como estaban organizados los frentes.
El Cesar estaba dividido en cinco zonas: la zona 16, la Herradura, Zona 39, Zona de Danilo y la Zona de Alex. En el Magdalena había siete zonas que correspondían a los alias de los comandantes: Carlos Tijeras. Jose, Rafa, Codazzi, Eduardo, La Herradura y Chane. La Guajira sólo tenía dos zonas, la de Ramiro y la de 39; y en Atlántico operaba la de Don Antonio.
El departamento que más aportaba económicamente era Cesar. Según el reporte de los cuatro meses al que tuvo acceso SEMANA, entre mayo y agosto de 2004, los cinco frentes del Cesar reportaron en total casi 560 millones de pesos (exactamente 557.197.741); seguido por la Guajira con 206 millones ($206.562.201); Magdalena con 205 millones ($205.562.201) y Atlántico con 10 millones de pesos. Llama la atención los pocos ingresos reportados por el frente de Atlántico, comandado por alias Don Antonio, pues en las finanzas halladas en el computador de Jorge 40 había registrados ingresos mensuales superiores a 45 millones de pesos. También hay que decir que con esos ingresos pagaban la nómina de sicarios y otros gastos. Además de acuerdo con la versión del propio “Don Antonio” ante Justicia y Paz, sólo Sitionuevo reportó en 2004, 120 millones de pesos que no se reflejan en ese registro.
Además de las reuniones que sostenía periódicamente el “tesorero de la empresa” (las AUC), con los comandantes de frentes, estos también organizaban reuniones con los alcaldes, concejales, diputados, senadores, representantes y gobernadores. En esas reuniones se repartían las utilidades concertadas de la siguiente manera sobre el 10 por ciento del valor total de un contrato: 3.33 por ciento para el frente que la reporta; 3.33 por ciento para el alcalde, gobernador, parlamentario, diputado o concejal que así lo exigiera; 1 por ciento para los tesoreros municipales, departamentales o de la entidad territorial (llámese hospital, organismo descentralizado, corporaciones ambientales etc) que les colaboraban, pues gracias a la información que suministraban los tesoreros se sabía qué contratos se iban a pagar; y el 2.33 por ciento para la Red de Contratación, que a su vez la reportaba a la organización. En total, el 5.6 por ciento del impuesto se quedaba en manos de las autodefensas.
En los documentos hallados también hay referencias a la inconveniencia del Puerto de Palermo y al manejo de tierras por parte de Incoder, una especie de glosas sobre proyectos y entregas de tierras. Un gran número de fiscales y jueces han comenzado a solicitar esta información como prueba, para diferentes procesos en los que están involucrados funcionarios de las entidades territoriales. En otros casos y ante las revelaciones que están haciendo los paramilitares postulados ante Justicia y Paz, se está conociendo lo que sucedió en las regiones durante casi diez años de dominio de los grupos armados de autodefensa.
También llevaban una contabilidad de distribución de esos ingresos, correspondiendo la mayor parte a los seis frentes del Cesar, que recibían más de 239 millones de pesos; los siete frentes del Magdalena, más de 76 millones y los de la Guajira casi 133 millones de pesos. Al frente José Pablo Díaz del Atlántico no le giraban.
Estos ingresos daban para la manutención del Bloque Norte y sus 16 frentes, que incluía pago de salarios y una diversidad de gastos de transporte, gasolina, viáticos, municiones y sobornos, entre otros.
A manera de ejemplo, hay documentos del pacto entre los aspirantes a Senado y Cámara por el Magdalena, Dieb Maloof, Jorge Castro, José Gamarra y Gustavo Orozco Jaraba, fue suscrito también por los alcaldes titulares de Pivijay, San Ángel, Algarrobo, Zapayán, Remolino, Chivolo, Salamina y Ariguaní. En ese pacto firmado el 21 de noviembre de 2001 se establece que los votos de la provincia serán para José Gamarra, quien los endosará a Maloof. Según el acuerdo, éste debe conseguir recursos de inversión social y deberá dar participación burocrática a sus socios del Magdalena de manera equitativa.
También revelan documentos y los testimonios de los ex paramilitares que en los municipios de la Zona Bananera, Fundación, Ciénaga, El Retén, Pueblo Viejo y Aracataca en Magdalena, el ex paramilitar “Carlos Tijeras” hizo pactos con los senadores Salomón Saade, Luis Eduardo Vives, Dieb Maloof y Flor Gnecco y los representantes a la Cámara Alfonso Campo, Jorge Caballero y José Gamarra para que apoyaran financieramente al Frente a través de las finanzas de los municipios y la contratación y suministro de los hospitales donde ellos tenían influencia y cuotas políticas. Los jefes políticos se comprometieron a que los alcaldes de la zona contribuirían con el impuesto y a cambio Tijeras les permitía hacer política en la zona. “Nosotros, dijo “Tijeras” en Justicia y Paz en su versión del pasado 24 de julio, nos metimos en la mitad y les dijimos que los directores de los hospitales tenían que pasar por el colador de la empresa (las AUC). Revisábamos las hojas de vida y les hacíamos entrevistas a los aspirantes. Teníamos que convivir: ellos conservaban sus cuotas políticas, se encargaban del parapeto de la meritocracia, pero se comprometían a menos burocracia, cero corbatas, nada de contratos chimbos y cero embargos arreglados. El cuarto compromiso era pagar el impuesto a la contratación, una ley obligatoria en los cuatro departamentos”.
El acuerdo entre políticos y paramilitares parece haber funcionado a la perfección, pues los políticos según los documentos hallados, se encargaban de los nombramientos y el manejo administrativo y los paramilitares “vigilábamos la gestión, los recursos, revisábamos las cuentas y los apretábamos para aconductarlos”, dijo Tijeras. Los paramilitares brindaban “protección y orden”, y los políticos veían la forma de darle presentación legal.
Pero los ingresos gruesos de la organización no están reportados en esta contabilidad, pues provenían del negocio del narcotráfico. En Atlántico funcionaba un frente que rendía cuentas a Jorge 40 y cuya jurisdicción iba desde la salida de Cartagena hacia Barranquilla hasta el muelle donde queda el muelle de la Drummond en Ciénaga, Magdalena. Hace tres semanas ante una fiscal de Justicia y Paz, el ex comandante de éste grupo, Miguel Villarreal Archila, alias Salomón, dijo que cobraron a varios carteles del narcotráfico impuestos por 100 toneladas de cocaína anuales durante tres años, a razón de 50 dólares por kilo. El grupo de Salomón puede haber recaudado por impuestos de embarque cobrado a los narcotraficantes más de 30 mil millones de pesos en tres años, los cuales eran entregados al ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias Jorge 40.
Semanas antes de ser extraditado, Nodier Giraldo, alias “el cabezón” , comandante de finanzas del Resistencia Tayrona, había dicho que entre el 2002 y el 2005 las fincas y el comercio rural del Magdalena habían pagado 1.450 millones de pesos; el comercio de Santa Marta había aportado 13.250 millones de pesos; los contrabandistas de gasolina e insumos químicos habían aportado en diez años (1995 – 2005), 23.640 millones y por el impuesto de embarque de más de 170 toneladas de cocaína entre 2005 y 2006, la suma de 17 mil millones de pesos, el 60 por ciento de los cuales fueron entregados por el Frente Resistencia Tayrona a Jorge 40, comandante del Bloque Norte.
Entre Salomón y el Resistencia Tayrona, recaudaron en tres años por concepto del impuesto del embarque de narcotráfico aproximadamente 47 mil millones de pesos; esto es alrededor de una quinta parte de los impuestos legales que se recaudan anualmente en una ciudad como Barranquilla.
La existencia de esta red de contratación del Bloque Norte dedicada a llevar el registro de los ingresos que la organización obtenía por el cobro de impuestos a entidades públicas, revela de manera escandalosa hasta dónde fueron capaces los jefes de las Auc de infiltrar al Estado y capturar sus rentas. Todos estos hechos ocurrieron con la complicidad de autoridades de policía, jueces, fiscales, agentes de organismos como el DAS y la SIJIN. Cientos de alcaldes, gerentes de hospitales, secretarios de alcaldías, contralores, personeros, concejales, empresarios y contratistas, hicieron parte de delitos como concierto para delinquir, concusión y cohecho. Los fiscales de Justicia y Paz han empezado a compulsar copias para que los fiscales anticorrupción y la Procuraduría empiecen también investigaciones que permitan sancionar disciplinaria y penalmente a los responsables.
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La red “anticorrupción” de Jorge 40
Al reconstruir la contabilidad encontrada en una finca de Jorge 40, se descubrió que entre paramilitares y políticos se repartían el 10 por ciento de un impuesto que cobraban a la contratación municipal y departamental, a las administradoras del régimen subsidiado y a los proveedores. Estarían por abrirse cientos de investigaciones disciplinarias y penales.
Por Tadeo Martínez, corresponsal de Semana en Barranquilla
Fecha: 08/25/2008 -
En cuatro meses del año 2004 el Bloque Norte de las AUC tuvo ingresos reportados en su contabilidad por valor de 989 millones de pesos. Esos dineros provenían de un impuesto que cobraban a la contratación pública de 101 municipios y cuatro departamentos a las Administradoras del Régimen Subsidiado y a los proveedores. Esa contabilidad está registrada en un libro que se llamaba la “Red de Contratación”, un sistema que tenía como objetivo evitar que los “comandantes militares de frente”, en complicidad con los “comandantes financieros”, se quedaran con los recursos que las diferentes entidades territoriales tributaban al Bloque Norte.
Toda esta información de la contabilidad de Jorge 40 fue encontrada en un allanamiento que realizaron las autoridades en una finca del ex jefe paramilitar en San Ángel que sirvió de base al Bloque Norte de las Auc. Allí las autoridades de policía judicial y la Fiscalía encontraron abundante información sobre las finanzas del Bloque Norte y las relaciones entre las autoridades en los cuatros departamentos con el grupo paramilitar comandando por Tovar.
En marzo de 2002 Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, creó un grupo de trabajo al que llamó la Red de Contratación porque la plata que se recogía por diferentes conceptos en La Guajira, El Cesar, Magdalena y Atlántico, no llegaba completa a su “tesorería”. Esa red estuvo funcionando durante casi cuatro años, entre 2002 y 2006, cuando el Bloque Norte se desmovilizó en La Mesa y Chimila, Cesar.
Una planilla del "ministerio de Hacienda" de Jorge 40
Los miembros de la red sostenían reuniones periódicas y a ellas asistían los comandantes de los frentes con el “tesorero”, un hombre de confianza de Jorge 40 encargado de auditar estas finanzas. La contabilidad tenía tres columnas; contratación, ARS y proveedores. Una cuarta columna contenía las diferentes zonas geográficas en los cuatro departamentos, tal y como estaban organizados los frentes.
El Cesar estaba dividido en cinco zonas: la zona 16, la Herradura, Zona 39, Zona de Danilo y la Zona de Alex. En el Magdalena había siete zonas que correspondían a los alias de los comandantes: Carlos Tijeras. Jose, Rafa, Codazzi, Eduardo, La Herradura y Chane. La Guajira sólo tenía dos zonas, la de Ramiro y la de 39; y en Atlántico operaba la de Don Antonio.
El departamento que más aportaba económicamente era Cesar. Según el reporte de los cuatro meses al que tuvo acceso SEMANA, entre mayo y agosto de 2004, los cinco frentes del Cesar reportaron en total casi 560 millones de pesos (exactamente 557.197.741); seguido por la Guajira con 206 millones ($206.562.201); Magdalena con 205 millones ($205.562.201) y Atlántico con 10 millones de pesos. Llama la atención los pocos ingresos reportados por el frente de Atlántico, comandado por alias Don Antonio, pues en las finanzas halladas en el computador de Jorge 40 había registrados ingresos mensuales superiores a 45 millones de pesos. También hay que decir que con esos ingresos pagaban la nómina de sicarios y otros gastos. Además de acuerdo con la versión del propio “Don Antonio” ante Justicia y Paz, sólo Sitionuevo reportó en 2004, 120 millones de pesos que no se reflejan en ese registro.
Además de las reuniones que sostenía periódicamente el “tesorero de la empresa” (las AUC), con los comandantes de frentes, estos también organizaban reuniones con los alcaldes, concejales, diputados, senadores, representantes y gobernadores. En esas reuniones se repartían las utilidades concertadas de la siguiente manera sobre el 10 por ciento del valor total de un contrato: 3.33 por ciento para el frente que la reporta; 3.33 por ciento para el alcalde, gobernador, parlamentario, diputado o concejal que así lo exigiera; 1 por ciento para los tesoreros municipales, departamentales o de la entidad territorial (llámese hospital, organismo descentralizado, corporaciones ambientales etc) que les colaboraban, pues gracias a la información que suministraban los tesoreros se sabía qué contratos se iban a pagar; y el 2.33 por ciento para la Red de Contratación, que a su vez la reportaba a la organización. En total, el 5.6 por ciento del impuesto se quedaba en manos de las autodefensas.
En los documentos hallados también hay referencias a la inconveniencia del Puerto de Palermo y al manejo de tierras por parte de Incoder, una especie de glosas sobre proyectos y entregas de tierras. Un gran número de fiscales y jueces han comenzado a solicitar esta información como prueba, para diferentes procesos en los que están involucrados funcionarios de las entidades territoriales. En otros casos y ante las revelaciones que están haciendo los paramilitares postulados ante Justicia y Paz, se está conociendo lo que sucedió en las regiones durante casi diez años de dominio de los grupos armados de autodefensa.
También llevaban una contabilidad de distribución de esos ingresos, correspondiendo la mayor parte a los seis frentes del Cesar, que recibían más de 239 millones de pesos; los siete frentes del Magdalena, más de 76 millones y los de la Guajira casi 133 millones de pesos. Al frente José Pablo Díaz del Atlántico no le giraban.
Estos ingresos daban para la manutención del Bloque Norte y sus 16 frentes, que incluía pago de salarios y una diversidad de gastos de transporte, gasolina, viáticos, municiones y sobornos, entre otros.
A manera de ejemplo, hay documentos del pacto entre los aspirantes a Senado y Cámara por el Magdalena, Dieb Maloof, Jorge Castro, José Gamarra y Gustavo Orozco Jaraba, fue suscrito también por los alcaldes titulares de Pivijay, San Ángel, Algarrobo, Zapayán, Remolino, Chivolo, Salamina y Ariguaní. En ese pacto firmado el 21 de noviembre de 2001 se establece que los votos de la provincia serán para José Gamarra, quien los endosará a Maloof. Según el acuerdo, éste debe conseguir recursos de inversión social y deberá dar participación burocrática a sus socios del Magdalena de manera equitativa.
También revelan documentos y los testimonios de los ex paramilitares que en los municipios de la Zona Bananera, Fundación, Ciénaga, El Retén, Pueblo Viejo y Aracataca en Magdalena, el ex paramilitar “Carlos Tijeras” hizo pactos con los senadores Salomón Saade, Luis Eduardo Vives, Dieb Maloof y Flor Gnecco y los representantes a la Cámara Alfonso Campo, Jorge Caballero y José Gamarra para que apoyaran financieramente al Frente a través de las finanzas de los municipios y la contratación y suministro de los hospitales donde ellos tenían influencia y cuotas políticas. Los jefes políticos se comprometieron a que los alcaldes de la zona contribuirían con el impuesto y a cambio Tijeras les permitía hacer política en la zona. “Nosotros, dijo “Tijeras” en Justicia y Paz en su versión del pasado 24 de julio, nos metimos en la mitad y les dijimos que los directores de los hospitales tenían que pasar por el colador de la empresa (las AUC). Revisábamos las hojas de vida y les hacíamos entrevistas a los aspirantes. Teníamos que convivir: ellos conservaban sus cuotas políticas, se encargaban del parapeto de la meritocracia, pero se comprometían a menos burocracia, cero corbatas, nada de contratos chimbos y cero embargos arreglados. El cuarto compromiso era pagar el impuesto a la contratación, una ley obligatoria en los cuatro departamentos”.
El acuerdo entre políticos y paramilitares parece haber funcionado a la perfección, pues los políticos según los documentos hallados, se encargaban de los nombramientos y el manejo administrativo y los paramilitares “vigilábamos la gestión, los recursos, revisábamos las cuentas y los apretábamos para aconductarlos”, dijo Tijeras. Los paramilitares brindaban “protección y orden”, y los políticos veían la forma de darle presentación legal.
Pero los ingresos gruesos de la organización no están reportados en esta contabilidad, pues provenían del negocio del narcotráfico. En Atlántico funcionaba un frente que rendía cuentas a Jorge 40 y cuya jurisdicción iba desde la salida de Cartagena hacia Barranquilla hasta el muelle donde queda el muelle de la Drummond en Ciénaga, Magdalena. Hace tres semanas ante una fiscal de Justicia y Paz, el ex comandante de éste grupo, Miguel Villarreal Archila, alias Salomón, dijo que cobraron a varios carteles del narcotráfico impuestos por 100 toneladas de cocaína anuales durante tres años, a razón de 50 dólares por kilo. El grupo de Salomón puede haber recaudado por impuestos de embarque cobrado a los narcotraficantes más de 30 mil millones de pesos en tres años, los cuales eran entregados al ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias Jorge 40.
Semanas antes de ser extraditado, Nodier Giraldo, alias “el cabezón” , comandante de finanzas del Resistencia Tayrona, había dicho que entre el 2002 y el 2005 las fincas y el comercio rural del Magdalena habían pagado 1.450 millones de pesos; el comercio de Santa Marta había aportado 13.250 millones de pesos; los contrabandistas de gasolina e insumos químicos habían aportado en diez años (1995 – 2005), 23.640 millones y por el impuesto de embarque de más de 170 toneladas de cocaína entre 2005 y 2006, la suma de 17 mil millones de pesos, el 60 por ciento de los cuales fueron entregados por el Frente Resistencia Tayrona a Jorge 40, comandante del Bloque Norte.
Entre Salomón y el Resistencia Tayrona, recaudaron en tres años por concepto del impuesto del embarque de narcotráfico aproximadamente 47 mil millones de pesos; esto es alrededor de una quinta parte de los impuestos legales que se recaudan anualmente en una ciudad como Barranquilla.
La existencia de esta red de contratación del Bloque Norte dedicada a llevar el registro de los ingresos que la organización obtenía por el cobro de impuestos a entidades públicas, revela de manera escandalosa hasta dónde fueron capaces los jefes de las Auc de infiltrar al Estado y capturar sus rentas. Todos estos hechos ocurrieron con la complicidad de autoridades de policía, jueces, fiscales, agentes de organismos como el DAS y la SIJIN. Cientos de alcaldes, gerentes de hospitales, secretarios de alcaldías, contralores, personeros, concejales, empresarios y contratistas, hicieron parte de delitos como concierto para delinquir, concusión y cohecho. Los fiscales de Justicia y Paz han empezado a compulsar copias para que los fiscales anticorrupción y la Procuraduría empiecen también investigaciones que permitan sancionar disciplinaria y penalmente a los responsables.
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Al reconstruir la contabilidad encontrada en una finca de Jorge 40, se descubrió que entre paramilitares y políticos se repartían el 10 por ciento de un impuesto que cobraban a la contratación municipal y departamental, a las administradoras del régimen subsidiado y a los proveedores. Estarían por abrirse cientos de investigaciones disciplinarias y penales.
Por Tadeo Martínez, corresponsal de Semana en Barranquilla
Fecha: 08/25/2008 -
En cuatro meses del año 2004 el Bloque Norte de las AUC tuvo ingresos reportados en su contabilidad por valor de 989 millones de pesos. Esos dineros provenían de un impuesto que cobraban a la contratación pública de 101 municipios y cuatro departamentos a las Administradoras del Régimen Subsidiado y a los proveedores. Esa contabilidad está registrada en un libro que se llamaba la “Red de Contratación”, un sistema que tenía como objetivo evitar que los “comandantes militares de frente”, en complicidad con los “comandantes financieros”, se quedaran con los recursos que las diferentes entidades territoriales tributaban al Bloque Norte.
Toda esta información de la contabilidad de Jorge 40 fue encontrada en un allanamiento que realizaron las autoridades en una finca del ex jefe paramilitar en San Ángel que sirvió de base al Bloque Norte de las Auc. Allí las autoridades de policía judicial y la Fiscalía encontraron abundante información sobre las finanzas del Bloque Norte y las relaciones entre las autoridades en los cuatros departamentos con el grupo paramilitar comandando por Tovar.
En marzo de 2002 Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, creó un grupo de trabajo al que llamó la Red de Contratación porque la plata que se recogía por diferentes conceptos en La Guajira, El Cesar, Magdalena y Atlántico, no llegaba completa a su “tesorería”. Esa red estuvo funcionando durante casi cuatro años, entre 2002 y 2006, cuando el Bloque Norte se desmovilizó en La Mesa y Chimila, Cesar.
Una planilla del "ministerio de Hacienda" de Jorge 40
Los miembros de la red sostenían reuniones periódicas y a ellas asistían los comandantes de los frentes con el “tesorero”, un hombre de confianza de Jorge 40 encargado de auditar estas finanzas. La contabilidad tenía tres columnas; contratación, ARS y proveedores. Una cuarta columna contenía las diferentes zonas geográficas en los cuatro departamentos, tal y como estaban organizados los frentes.
El Cesar estaba dividido en cinco zonas: la zona 16, la Herradura, Zona 39, Zona de Danilo y la Zona de Alex. En el Magdalena había siete zonas que correspondían a los alias de los comandantes: Carlos Tijeras. Jose, Rafa, Codazzi, Eduardo, La Herradura y Chane. La Guajira sólo tenía dos zonas, la de Ramiro y la de 39; y en Atlántico operaba la de Don Antonio.
El departamento que más aportaba económicamente era Cesar. Según el reporte de los cuatro meses al que tuvo acceso SEMANA, entre mayo y agosto de 2004, los cinco frentes del Cesar reportaron en total casi 560 millones de pesos (exactamente 557.197.741); seguido por la Guajira con 206 millones ($206.562.201); Magdalena con 205 millones ($205.562.201) y Atlántico con 10 millones de pesos. Llama la atención los pocos ingresos reportados por el frente de Atlántico, comandado por alias Don Antonio, pues en las finanzas halladas en el computador de Jorge 40 había registrados ingresos mensuales superiores a 45 millones de pesos. También hay que decir que con esos ingresos pagaban la nómina de sicarios y otros gastos. Además de acuerdo con la versión del propio “Don Antonio” ante Justicia y Paz, sólo Sitionuevo reportó en 2004, 120 millones de pesos que no se reflejan en ese registro.
Además de las reuniones que sostenía periódicamente el “tesorero de la empresa” (las AUC), con los comandantes de frentes, estos también organizaban reuniones con los alcaldes, concejales, diputados, senadores, representantes y gobernadores. En esas reuniones se repartían las utilidades concertadas de la siguiente manera sobre el 10 por ciento del valor total de un contrato: 3.33 por ciento para el frente que la reporta; 3.33 por ciento para el alcalde, gobernador, parlamentario, diputado o concejal que así lo exigiera; 1 por ciento para los tesoreros municipales, departamentales o de la entidad territorial (llámese hospital, organismo descentralizado, corporaciones ambientales etc) que les colaboraban, pues gracias a la información que suministraban los tesoreros se sabía qué contratos se iban a pagar; y el 2.33 por ciento para la Red de Contratación, que a su vez la reportaba a la organización. En total, el 5.6 por ciento del impuesto se quedaba en manos de las autodefensas.
En los documentos hallados también hay referencias a la inconveniencia del Puerto de Palermo y al manejo de tierras por parte de Incoder, una especie de glosas sobre proyectos y entregas de tierras. Un gran número de fiscales y jueces han comenzado a solicitar esta información como prueba, para diferentes procesos en los que están involucrados funcionarios de las entidades territoriales. En otros casos y ante las revelaciones que están haciendo los paramilitares postulados ante Justicia y Paz, se está conociendo lo que sucedió en las regiones durante casi diez años de dominio de los grupos armados de autodefensa.
También llevaban una contabilidad de distribución de esos ingresos, correspondiendo la mayor parte a los seis frentes del Cesar, que recibían más de 239 millones de pesos; los siete frentes del Magdalena, más de 76 millones y los de la Guajira casi 133 millones de pesos. Al frente José Pablo Díaz del Atlántico no le giraban.
Estos ingresos daban para la manutención del Bloque Norte y sus 16 frentes, que incluía pago de salarios y una diversidad de gastos de transporte, gasolina, viáticos, municiones y sobornos, entre otros.
A manera de ejemplo, hay documentos del pacto entre los aspirantes a Senado y Cámara por el Magdalena, Dieb Maloof, Jorge Castro, José Gamarra y Gustavo Orozco Jaraba, fue suscrito también por los alcaldes titulares de Pivijay, San Ángel, Algarrobo, Zapayán, Remolino, Chivolo, Salamina y Ariguaní. En ese pacto firmado el 21 de noviembre de 2001 se establece que los votos de la provincia serán para José Gamarra, quien los endosará a Maloof. Según el acuerdo, éste debe conseguir recursos de inversión social y deberá dar participación burocrática a sus socios del Magdalena de manera equitativa.
También revelan documentos y los testimonios de los ex paramilitares que en los municipios de la Zona Bananera, Fundación, Ciénaga, El Retén, Pueblo Viejo y Aracataca en Magdalena, el ex paramilitar “Carlos Tijeras” hizo pactos con los senadores Salomón Saade, Luis Eduardo Vives, Dieb Maloof y Flor Gnecco y los representantes a la Cámara Alfonso Campo, Jorge Caballero y José Gamarra para que apoyaran financieramente al Frente a través de las finanzas de los municipios y la contratación y suministro de los hospitales donde ellos tenían influencia y cuotas políticas. Los jefes políticos se comprometieron a que los alcaldes de la zona contribuirían con el impuesto y a cambio Tijeras les permitía hacer política en la zona. “Nosotros, dijo “Tijeras” en Justicia y Paz en su versión del pasado 24 de julio, nos metimos en la mitad y les dijimos que los directores de los hospitales tenían que pasar por el colador de la empresa (las AUC). Revisábamos las hojas de vida y les hacíamos entrevistas a los aspirantes. Teníamos que convivir: ellos conservaban sus cuotas políticas, se encargaban del parapeto de la meritocracia, pero se comprometían a menos burocracia, cero corbatas, nada de contratos chimbos y cero embargos arreglados. El cuarto compromiso era pagar el impuesto a la contratación, una ley obligatoria en los cuatro departamentos”.
El acuerdo entre políticos y paramilitares parece haber funcionado a la perfección, pues los políticos según los documentos hallados, se encargaban de los nombramientos y el manejo administrativo y los paramilitares “vigilábamos la gestión, los recursos, revisábamos las cuentas y los apretábamos para aconductarlos”, dijo Tijeras. Los paramilitares brindaban “protección y orden”, y los políticos veían la forma de darle presentación legal.
Pero los ingresos gruesos de la organización no están reportados en esta contabilidad, pues provenían del negocio del narcotráfico. En Atlántico funcionaba un frente que rendía cuentas a Jorge 40 y cuya jurisdicción iba desde la salida de Cartagena hacia Barranquilla hasta el muelle donde queda el muelle de la Drummond en Ciénaga, Magdalena. Hace tres semanas ante una fiscal de Justicia y Paz, el ex comandante de éste grupo, Miguel Villarreal Archila, alias Salomón, dijo que cobraron a varios carteles del narcotráfico impuestos por 100 toneladas de cocaína anuales durante tres años, a razón de 50 dólares por kilo. El grupo de Salomón puede haber recaudado por impuestos de embarque cobrado a los narcotraficantes más de 30 mil millones de pesos en tres años, los cuales eran entregados al ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias Jorge 40.
Semanas antes de ser extraditado, Nodier Giraldo, alias “el cabezón” , comandante de finanzas del Resistencia Tayrona, había dicho que entre el 2002 y el 2005 las fincas y el comercio rural del Magdalena habían pagado 1.450 millones de pesos; el comercio de Santa Marta había aportado 13.250 millones de pesos; los contrabandistas de gasolina e insumos químicos habían aportado en diez años (1995 – 2005), 23.640 millones y por el impuesto de embarque de más de 170 toneladas de cocaína entre 2005 y 2006, la suma de 17 mil millones de pesos, el 60 por ciento de los cuales fueron entregados por el Frente Resistencia Tayrona a Jorge 40, comandante del Bloque Norte.
Entre Salomón y el Resistencia Tayrona, recaudaron en tres años por concepto del impuesto del embarque de narcotráfico aproximadamente 47 mil millones de pesos; esto es alrededor de una quinta parte de los impuestos legales que se recaudan anualmente en una ciudad como Barranquilla.
La existencia de esta red de contratación del Bloque Norte dedicada a llevar el registro de los ingresos que la organización obtenía por el cobro de impuestos a entidades públicas, revela de manera escandalosa hasta dónde fueron capaces los jefes de las Auc de infiltrar al Estado y capturar sus rentas. Todos estos hechos ocurrieron con la complicidad de autoridades de policía, jueces, fiscales, agentes de organismos como el DAS y la SIJIN. Cientos de alcaldes, gerentes de hospitales, secretarios de alcaldías, contralores, personeros, concejales, empresarios y contratistas, hicieron parte de delitos como concierto para delinquir, concusión y cohecho. Los fiscales de Justicia y Paz han empezado a compulsar copias para que los fiscales anticorrupción y la Procuraduría empiecen también investigaciones que permitan sancionar disciplinaria y penalmente a los responsables.
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Álvaro Uribe dice que será difícil que sus enemigos lo lleven a la Corte Penal Internacional
Álvaro Uribe dice que será difícil que sus enemigos lo lleven a la Corte Penal Internacional
Foto: Presidencia
El presidente Álvaro Uribe durante la conferencia de prensa que convocó ayer en la Casa de Nariño.
El mandatario se refirió a esta hipótesis, por una supuesta obstrucción a la justicia, mientras visita el país el fiscal jefe de ese organismo, el jurista argentino Luis Moreno Ocampo.
Palacio de Nariño pide nuevas aclaraciones al senador Juan Fernando Cristo
Se distancian aún más Uribe y Corte Suprema tras conocerse visita del para 'Job' a la Casa de Nariño
Corte Penal Internacional actuará si justicia colombiana no lo hace en casos de crímenes masivos
Se vigilará juzgamiento de 'paras', ratifica la Corte Penal Internacional Las declaraciones fueron hechas en una reunión con funcionarios para presentar los resultados de su administración y divulgadas este martes por la Presidencia.
"Hay muchos que mantienen mucha gana de tenerme preso aquí o destituido o preso en la Corte Penal Internacional. Les va dar mucha lidia, porque aquí hemos procedido con toda la honradez, con el más riguroso ceñimiento a la Constitución colombiana", manifestó el mandatario.
Uribe había reforzado ayer sus críticas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que generó un nuevo choque entre los poderes Ejecutivo y Judicial, que investiga a numerosos políticos oficialistas con nexos con la disuelta organización paramilitar de derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El mandatario respaldó a sus secretarios jurídico, Edmundo del Castillo, y de Prensa, César Mauricio Velásquez, quienes admitieron haberse reunido en la sede presidencial con emisarios de jefes paramilitares de derecha que dijeron que iban a entregarles pruebas de un supuesto complot de la Corte Suprema contra el Gobierno.
En la cita con sus funcionarios el jefe del estado colombiano manifestó que "enfrentar el tráfico de testigos no es obstruir la justicia, sino evitar corrupción en la justicia".
Uribe insinuó que quien está detrás de esa acusación es el ex presidente César Gaviria (1990-1994), director del Partido Liberal, a cuya administración acusó de aliarse con delincuentes para abatir al entonces capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar, en 1992.
"Me amenazan con la Corte Penal Internacional los que en su momento dejaron que el narcotráfico se impusiera en la Constituyente del 91 para eliminar la extradición", señaló Uribe.
Las AUC, que reunían los comandos de defensa campesina creados hace más de 20 años para combatir a las guerrillas izquierdistas, celebraron un proceso de paz con el Gobierno entre 2003 y 2006, en el que se desmovilizaron más de 31.000 combatientes.
El fiscal Moreno Ocampo viajó a Colombia para recoger informes sobre los procesos contra los paramilitares y contra políticos asociados con esos grupos ilegales.
Con EFE
www.eltiempo.com
Foto: Presidencia
El presidente Álvaro Uribe durante la conferencia de prensa que convocó ayer en la Casa de Nariño.
El mandatario se refirió a esta hipótesis, por una supuesta obstrucción a la justicia, mientras visita el país el fiscal jefe de ese organismo, el jurista argentino Luis Moreno Ocampo.
Palacio de Nariño pide nuevas aclaraciones al senador Juan Fernando Cristo
Se distancian aún más Uribe y Corte Suprema tras conocerse visita del para 'Job' a la Casa de Nariño
Corte Penal Internacional actuará si justicia colombiana no lo hace en casos de crímenes masivos
Se vigilará juzgamiento de 'paras', ratifica la Corte Penal Internacional Las declaraciones fueron hechas en una reunión con funcionarios para presentar los resultados de su administración y divulgadas este martes por la Presidencia.
"Hay muchos que mantienen mucha gana de tenerme preso aquí o destituido o preso en la Corte Penal Internacional. Les va dar mucha lidia, porque aquí hemos procedido con toda la honradez, con el más riguroso ceñimiento a la Constitución colombiana", manifestó el mandatario.
Uribe había reforzado ayer sus críticas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que generó un nuevo choque entre los poderes Ejecutivo y Judicial, que investiga a numerosos políticos oficialistas con nexos con la disuelta organización paramilitar de derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El mandatario respaldó a sus secretarios jurídico, Edmundo del Castillo, y de Prensa, César Mauricio Velásquez, quienes admitieron haberse reunido en la sede presidencial con emisarios de jefes paramilitares de derecha que dijeron que iban a entregarles pruebas de un supuesto complot de la Corte Suprema contra el Gobierno.
En la cita con sus funcionarios el jefe del estado colombiano manifestó que "enfrentar el tráfico de testigos no es obstruir la justicia, sino evitar corrupción en la justicia".
Uribe insinuó que quien está detrás de esa acusación es el ex presidente César Gaviria (1990-1994), director del Partido Liberal, a cuya administración acusó de aliarse con delincuentes para abatir al entonces capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar, en 1992.
"Me amenazan con la Corte Penal Internacional los que en su momento dejaron que el narcotráfico se impusiera en la Constituyente del 91 para eliminar la extradición", señaló Uribe.
Las AUC, que reunían los comandos de defensa campesina creados hace más de 20 años para combatir a las guerrillas izquierdistas, celebraron un proceso de paz con el Gobierno entre 2003 y 2006, en el que se desmovilizaron más de 31.000 combatientes.
El fiscal Moreno Ocampo viajó a Colombia para recoger informes sobre los procesos contra los paramilitares y contra políticos asociados con esos grupos ilegales.
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Mi hermano y yo
Tras el escándalo de su hermano, Fabio Valencia, el ministro de Interior y de Justicia, enfrenta el dilema de renunciar, como la 'Conchi', o quedarse, como el general Óscar Naranjo, quienes sufrieron situaciones similares. ¿A cuál caso se parece?
Fecha: 08/23/2008 -1373
Hace dos meses Fabio Valencia Cossio no se cambiaba por nadie. El presidente Álvaro Uribe por fin le había cumplido la promesa de nombrarlo ministro de Interior y de Justicia. Había esperado tres años.
Con el ímpetu de un primíparo estrenando puesto, Valencia se puso a la tarea de recuperar el tiempo perdido: buscó bajarle la temperatura a la pelea con la Corte Suprema, consolidar las mayorías del gobierno en el Congreso y anunció dos reformas constitucionales -una política y otra de justicia- que, en sus palabras, serían trascendentales. Valencia aspiraba a dejar una marca indeleble en su paso por el ministerio político por excelencia. Y aunque el camino ha sido tortuoso -ninguno de sus objetivos se ha concretado-, en los mentideros políticos se le reconocía por lo menos el nuevo aire que le había dado al cargo.
El pasado jueves 21 de agosto ese sueño se convirtió rápidamente en una pesadilla. En un artículo de portada, la revista Cambio publicó varios textos de conversaciones entre Guillermo Valencia Cossio, hermano del ministro y entonces director seccional de fiscalías de Medellín, y Juan Felipe Sierra, presunto narcotraficante. Dada la gravedad de las grabaciones -insinúan una relación muy estrecha entre un delincuente y un funcionario judicial-, el fiscal general, Mario Iguarán, destituyó a Valencia (ver siguiente artículo).
Aunque María Consuelo Araújo no tenía nada que ver con la parapolítica, las acusaciones contra su hermano, el senador Álvaro Araújo, la obligaron a renunciar a la cancillería El general Óscar Naranjo puso la cara al país cuando se conoció la detención de su hermano en Alemania por posesión de droga en mayo de 2006
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Casi de inmediato, voceros de la oposición como Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo, y Cecilia López, del Partido Liberal, empezaron a clamar por la renuncia del ministro. Se les unió, curiosamente, la otrora estrella resplandeciente del uribismo y hoy voz disidente de la coalición de gobierno, la senadora Gina Parody. Todos coincidieron en que Valencia debía dimitir porque no tendría presentación un ministro de justicia con un hermano en la Fiscalía presuntamente involucrado en actividades delictivas. El Partido Conservador, del cual Fabio Valencia Cossio es uno de sus más connotados dirigentes, salió rápidamente a respaldar al Ministro, con la justificación de que: "las responsabilidades penales son individuales". En un comunicado de cuatro puntos, Valencia expresó su "dolor de hermano" por los hechos y su apoyo a las autoridades judiciales que adelantan la investigación. El viernes dijo que no se va.
No es fácil el dilema del Ministro. No es el primer alto funcionario del Estado en enfrentar la tragedia de tener a un familiar con problemas judiciales. En los últimos dos años, la entonces canciller, María Consuelo Araújo, y el hoy director de la Policía, Óscar Naranjo, vivieron el mismo trauma. La primera tuvo que renunciar y el segundo no. El gran interrogante es cuál de estos dos casos se parece al de Valencia.
Paradójicamente, el general Naranjo y el ministro del Interior tienen algo más en común: la investigación contra el fiscal Valencia es parte de un proceso más grande, que se abrió tras la detención de Juan David Naranjo en Alemania, en mayo de 2006, por posesión de drogas. Cuando se conoció la noticia de la captura de su hermano menor, Naranjo, en ese entonces director de la Dijín, le puso la cara al país y recibió el total respaldo de sus superiores y del Presidente. Pocos pidieron su cabeza; un reflejo del reconocimiento al general por sus años de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Hasta el gobierno de Estados Unidos le dio la mano. Un año después, fue nombrado director de la Policía, señal inequívoca de que la situación de su hermano había sido aceptada como un hecho aislado y ajeno a su control.
No le ocurrió igual a María Consuelo Araújo. La 'Conchi' se vio obligada a renunciar al Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de que su hermano, el senador Álvaro Araújo, fue llamado a indagatoria por presuntos vínculos con los paramilitares al mando de 'Jorge 40'. Lo hizo a pesar de que nadie, incluidos los opositores más radicales del gobierno, dudó de la inocencia de la Canciller en todo este episodio. Pero infortunadamente -y así lo comprendió ella-, su permanencia en el gabinete era insostenible, y más cuando los ojos del mundo estaban clavados en Colombia por el escándalo de los nexos entre paramilitares y políticos. No podría ser, como Canciller, la principal vocera del país una persona cuyos familiares enfrentaban un proceso judicial de esa naturaleza. Era un pierde-pierde tanto para ella como para el gobierno.
¿A Fabio Valencia se le debe aplicar el perdón y olvido de Naranjo o la injusta pero necesaria renuncia de la 'Conchi'? Al igual que el director de la Policía y la ex canciller, el Ministro no tiene la culpa de que uno de sus hermanos esté en el ojo del huracán. Las comprometedoras grabaciones implican sólo al fiscal Valencia Cossio y no al ministro Valencia Cossio. Aunque las conversaciones son explosivas, aún no han sido valoradas por la justicia. Guillermo León Valencia insiste que se han tomado "fuera de contexto". El problema, sin embargo, es su interlocutor: un hombre que presuntamente trabaja para la red del narcotraficante y paramilitar Daniel Rendón Herrera, 'Don Mario' que, según las autoridades, es uno de los nuevos grandes capos del país.
Es precisamente ese hecho -que su pariente andaba hablando con una organización delictiva de ese calibre- lo que tiene en aprietos al Ministro de Interior y de Justicia. No hay que olvidar que una de sus principales funciones es dirigir la política criminal del Estado. Y, a diferencia de Naranjo, cuyo hermano vivía desde hace varios años en el exterior y era un ciudadano común y corriente, el de Fabio Valencia era un funcionario judicial en su natal Medellín. Es la misma situación en que se encontraba María Consuelo Araújo cuando estalló la para-política en su grupo familiar; su hermano Álvaro era un senador muy reconocido.
En la Colombia de hoy, estar relacionado con un narcotraficante es grave, pero ser vinculado a un narco-paramilitar es aun peor. Tal vez por eso, el director de la Policía pudo sortear lo de su hermano; más aun porque Juan David Naranjo era un eslabón menor dentro de una organización criminal.
Valencia no enfrenta esa situación. Como en el caso de la 'Conchi', las acusaciones contra su hermano son de gran calibre. De implicaciones nacionales e internacionales. Todo lo que huele a paramilitar, política e infiltración criminal del Estado se sigue muy de cerca en el exterior. Para la muestra un botón; esta semana llega Luis Moreno Ocampo, el fiscal de la Corte Penal Internacional, quien recientemente le preguntó al gobierno colombiano sobre estos temas.
Fabio Valencia Cossio ha ganado mil y una batallas en sus décadas de accionar político. Sabe que después de la tormenta, siempre viene la calma. Y también es consciente de que el mejor seguro para quedarse en un cargo en la administración Uribe es que la oposición pida su cabeza. La pregunta es si realmente piensa que después de este escándalo podrá alcanzar los ambiciosos propósitos que ideó durante esos años en la embajada de Colombia en Roma y como consejero para la Competitividad en Palacio, cuando esperaba ansioso la llamada del Presidente para que asumiera como ministro del Interior y de Justicia. Y si genuinamente cree que su reforma a la justicia tendrá futuro con él como cabeza de playa del gobierno ante el Congreso y la Corte Suprema.
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Tras el escándalo de su hermano, Fabio Valencia, el ministro de Interior y de Justicia, enfrenta el dilema de renunciar, como la 'Conchi', o quedarse, como el general Óscar Naranjo, quienes sufrieron situaciones similares. ¿A cuál caso se parece?
Fecha: 08/23/2008 -1373
Hace dos meses Fabio Valencia Cossio no se cambiaba por nadie. El presidente Álvaro Uribe por fin le había cumplido la promesa de nombrarlo ministro de Interior y de Justicia. Había esperado tres años.
Con el ímpetu de un primíparo estrenando puesto, Valencia se puso a la tarea de recuperar el tiempo perdido: buscó bajarle la temperatura a la pelea con la Corte Suprema, consolidar las mayorías del gobierno en el Congreso y anunció dos reformas constitucionales -una política y otra de justicia- que, en sus palabras, serían trascendentales. Valencia aspiraba a dejar una marca indeleble en su paso por el ministerio político por excelencia. Y aunque el camino ha sido tortuoso -ninguno de sus objetivos se ha concretado-, en los mentideros políticos se le reconocía por lo menos el nuevo aire que le había dado al cargo.
El pasado jueves 21 de agosto ese sueño se convirtió rápidamente en una pesadilla. En un artículo de portada, la revista Cambio publicó varios textos de conversaciones entre Guillermo Valencia Cossio, hermano del ministro y entonces director seccional de fiscalías de Medellín, y Juan Felipe Sierra, presunto narcotraficante. Dada la gravedad de las grabaciones -insinúan una relación muy estrecha entre un delincuente y un funcionario judicial-, el fiscal general, Mario Iguarán, destituyó a Valencia (ver siguiente artículo).
Aunque María Consuelo Araújo no tenía nada que ver con la parapolítica, las acusaciones contra su hermano, el senador Álvaro Araújo, la obligaron a renunciar a la cancillería El general Óscar Naranjo puso la cara al país cuando se conoció la detención de su hermano en Alemania por posesión de droga en mayo de 2006
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Casi de inmediato, voceros de la oposición como Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo, y Cecilia López, del Partido Liberal, empezaron a clamar por la renuncia del ministro. Se les unió, curiosamente, la otrora estrella resplandeciente del uribismo y hoy voz disidente de la coalición de gobierno, la senadora Gina Parody. Todos coincidieron en que Valencia debía dimitir porque no tendría presentación un ministro de justicia con un hermano en la Fiscalía presuntamente involucrado en actividades delictivas. El Partido Conservador, del cual Fabio Valencia Cossio es uno de sus más connotados dirigentes, salió rápidamente a respaldar al Ministro, con la justificación de que: "las responsabilidades penales son individuales". En un comunicado de cuatro puntos, Valencia expresó su "dolor de hermano" por los hechos y su apoyo a las autoridades judiciales que adelantan la investigación. El viernes dijo que no se va.
No es fácil el dilema del Ministro. No es el primer alto funcionario del Estado en enfrentar la tragedia de tener a un familiar con problemas judiciales. En los últimos dos años, la entonces canciller, María Consuelo Araújo, y el hoy director de la Policía, Óscar Naranjo, vivieron el mismo trauma. La primera tuvo que renunciar y el segundo no. El gran interrogante es cuál de estos dos casos se parece al de Valencia.
Paradójicamente, el general Naranjo y el ministro del Interior tienen algo más en común: la investigación contra el fiscal Valencia es parte de un proceso más grande, que se abrió tras la detención de Juan David Naranjo en Alemania, en mayo de 2006, por posesión de drogas. Cuando se conoció la noticia de la captura de su hermano menor, Naranjo, en ese entonces director de la Dijín, le puso la cara al país y recibió el total respaldo de sus superiores y del Presidente. Pocos pidieron su cabeza; un reflejo del reconocimiento al general por sus años de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Hasta el gobierno de Estados Unidos le dio la mano. Un año después, fue nombrado director de la Policía, señal inequívoca de que la situación de su hermano había sido aceptada como un hecho aislado y ajeno a su control.
No le ocurrió igual a María Consuelo Araújo. La 'Conchi' se vio obligada a renunciar al Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de que su hermano, el senador Álvaro Araújo, fue llamado a indagatoria por presuntos vínculos con los paramilitares al mando de 'Jorge 40'. Lo hizo a pesar de que nadie, incluidos los opositores más radicales del gobierno, dudó de la inocencia de la Canciller en todo este episodio. Pero infortunadamente -y así lo comprendió ella-, su permanencia en el gabinete era insostenible, y más cuando los ojos del mundo estaban clavados en Colombia por el escándalo de los nexos entre paramilitares y políticos. No podría ser, como Canciller, la principal vocera del país una persona cuyos familiares enfrentaban un proceso judicial de esa naturaleza. Era un pierde-pierde tanto para ella como para el gobierno.
¿A Fabio Valencia se le debe aplicar el perdón y olvido de Naranjo o la injusta pero necesaria renuncia de la 'Conchi'? Al igual que el director de la Policía y la ex canciller, el Ministro no tiene la culpa de que uno de sus hermanos esté en el ojo del huracán. Las comprometedoras grabaciones implican sólo al fiscal Valencia Cossio y no al ministro Valencia Cossio. Aunque las conversaciones son explosivas, aún no han sido valoradas por la justicia. Guillermo León Valencia insiste que se han tomado "fuera de contexto". El problema, sin embargo, es su interlocutor: un hombre que presuntamente trabaja para la red del narcotraficante y paramilitar Daniel Rendón Herrera, 'Don Mario' que, según las autoridades, es uno de los nuevos grandes capos del país.
Es precisamente ese hecho -que su pariente andaba hablando con una organización delictiva de ese calibre- lo que tiene en aprietos al Ministro de Interior y de Justicia. No hay que olvidar que una de sus principales funciones es dirigir la política criminal del Estado. Y, a diferencia de Naranjo, cuyo hermano vivía desde hace varios años en el exterior y era un ciudadano común y corriente, el de Fabio Valencia era un funcionario judicial en su natal Medellín. Es la misma situación en que se encontraba María Consuelo Araújo cuando estalló la para-política en su grupo familiar; su hermano Álvaro era un senador muy reconocido.
En la Colombia de hoy, estar relacionado con un narcotraficante es grave, pero ser vinculado a un narco-paramilitar es aun peor. Tal vez por eso, el director de la Policía pudo sortear lo de su hermano; más aun porque Juan David Naranjo era un eslabón menor dentro de una organización criminal.
Valencia no enfrenta esa situación. Como en el caso de la 'Conchi', las acusaciones contra su hermano son de gran calibre. De implicaciones nacionales e internacionales. Todo lo que huele a paramilitar, política e infiltración criminal del Estado se sigue muy de cerca en el exterior. Para la muestra un botón; esta semana llega Luis Moreno Ocampo, el fiscal de la Corte Penal Internacional, quien recientemente le preguntó al gobierno colombiano sobre estos temas.
Fabio Valencia Cossio ha ganado mil y una batallas en sus décadas de accionar político. Sabe que después de la tormenta, siempre viene la calma. Y también es consciente de que el mejor seguro para quedarse en un cargo en la administración Uribe es que la oposición pida su cabeza. La pregunta es si realmente piensa que después de este escándalo podrá alcanzar los ambiciosos propósitos que ideó durante esos años en la embajada de Colombia en Roma y como consejero para la Competitividad en Palacio, cuando esperaba ansioso la llamada del Presidente para que asumiera como ministro del Interior y de Justicia. Y si genuinamente cree que su reforma a la justicia tendrá futuro con él como cabeza de playa del gobierno ante el Congreso y la Corte Suprema.
www.semana.com
Uribe se enfrenta a la Corte Suprema
Hernando Salazar
Bogotá
Nuevamente la parapolítica, la investigación de nexos entre dirigentes políticos y bandas paramilitares de derecha, enfrenta al presidente colombiano, Álvaro Uribe, y a la Corte Suprema de Justicia.
Se trata de una confrontación que para algunos analistas consultados por BBC Mundo, como Pedro Medellín, es una muestra de "la profundización de las diferencias entre el gobierno y la Corte".
Después de que tres de los 32 congresistas y ex congresistas que estaban detenidos recuperaran su libertad, Uribe dijo este lunes que existe "tráfico de testigos" para implicarle a él en el escándalo, donde buena parte de los investigados son seguidores suyos.
Poco antes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte, había denunciado la existencia de un "complot" para atacar al tribunal, en el que, según él, estarían involucrados funcionarios de la presidencia de la República.
Ricaurte no descartó, incluso, exponerle la situación al fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, quien se encuentra en Bogotá.
Además de los congresistas y ex congresistas detenidos, otros 38 están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía por su supuesta vinculación con los paramilitares.
El Fiscal General, Mario Iguarán, reveló este lunes que su organismo ha pedido investigar a 155 congresistas y ex congresistas por nexos con paramilitares, así como a 76 miembros de Fuerza Pública y a 35 funcionarios del estado.
Un video
El enfrentamiento entre Uribe y la Corte surgió después de que Noticias 1, un informativo de televisión, revelara que hubo tres reuniones "secretas" en la Casa de Nariño, sede de la Presidencia, entre emisarios de paramilitares y los secretarios Jurídico y de Prensa de Uribe.
La última de las citas tuvo lugar a finales de abril pasado.
En esas reuniones se mostró un video de un hombre que se hizo pasar como intermediario de la Corte Suprema de Justicia y que habría exigido dinero al abogado de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna.
Don Berna es uno de los principales jefes paramilitares del país y fue extraditado en mayo pasado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
Uno de los dos emisarios de Don Berna es un hombre que fue asesinado hace tres semanas. Se trata de Antonio López, un paramilitar desmovilizado que ha sido señalado por tener nexos con una temida organización de sicarios de Medellín.
Muy molesto con el episodio del video, Uribe convocó una rueda de prensa extraordinaria, en la que dijo insistentemente que la justicia tiene que investigar la supuesta manipulación de testigos, con los que se pretende relacionarle con los paramilitares.
El presidente dijo que él recibe casi todos los días a personas que le llevan información y que el episodio no había salido a la luz pública, porque no se encontraron pruebas sólidas en contra de la Corte.
Aunque el supuesto intermediario no es funcionario de la Corte, Uribe dijo que la policía secreta descubrió que sí solía ir a la sede del tribunal.
Ataques a la Corte
Uribe también atacó a Iván Velásquez, el magistrado estrella de la investigación en la Corte Suprema, y lo acusó de haber bebido licor en compañía de testigos del proceso judicial.
Cuando le preguntaron a Uribe por las quejas de la Corte por presiones en la investigación sobre la parapolítica, dijo que él también podría denunciar a los magistrados por no haber hecho "nada" respecto a ese tema antes de 2002.
"¿Van a denunciar al gobierno que puso en marcha la seguridad democrática, al gobierno que ha desmontado el paramilitarismo, al gobierno que ha creado las condiciones para que la justicia opere?", se preguntó.
Pero los roces de Uribe no son sólo con la Corte, sino también con la Fiscalía, a la cual el presidente colombiano acusó de no haber actuado a tiempo para separar de la entidad al fiscal jefe de Medellín, Guillermo Valencia Cossio, envuelto en un escándalo por supuestos nexos con narcotraficantes.
Este fiscal es hermano del recién nombrado ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio.
Iguarán responde
Uribe se quejó de que, pese a que le investigación llevaba un año y medio en marcha, la Fiscalía sólo hubiera actuado frente a Guillermo Valencia cuando unas grabaciones comprometedoras fueron reveladas por los medios de comunicación la semana anterior.
La Corte y la Fiscalía están presionadas por el gobierno, mientras que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, tiene los ojos puestos en los casos donde los investigados han sido absueltos
Ramiro Bejarano, abogado, profesor y columnista
Pero el Fiscal General, Mario Iguarán, se defendió y dijo incluso que el ministro del interior le llamó a hablarle de la inocencia de su hermano.
Iguarán también respondió a las críticas contra la Fiscalía por su actuación frente a la parapolítica y dijo que su organismo ya apeló ante los tribunales la absolución de dos ex congresistas que estaban presos y salieron en libertad.
¿Qué pasará con el proceso judicial más sonado de los últimos años en Colombia? Es imposible predecirlo.
En declaraciones a BBC Mundo, el abogado, profesor y columnista Ramiro Bejarano, afirmó que "la Corte y la Fiscalía están presionadas por el gobierno, mientras que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, tiene los ojos puestos en los casos donde los investigados han sido absueltos".
Por ahora, Moreno Ocampo sólo ha dicho que la justicia colombiana debería establecer prioridades para investigar a los paramilitares y sus socios.
Nota de BBCMundo.com:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/latin_america/newsid_7581000/7581390.stm
Publicada: 2008/08/25 22:18:05 GMT
Hernando Salazar
Bogotá
Nuevamente la parapolítica, la investigación de nexos entre dirigentes políticos y bandas paramilitares de derecha, enfrenta al presidente colombiano, Álvaro Uribe, y a la Corte Suprema de Justicia.
Se trata de una confrontación que para algunos analistas consultados por BBC Mundo, como Pedro Medellín, es una muestra de "la profundización de las diferencias entre el gobierno y la Corte".
Después de que tres de los 32 congresistas y ex congresistas que estaban detenidos recuperaran su libertad, Uribe dijo este lunes que existe "tráfico de testigos" para implicarle a él en el escándalo, donde buena parte de los investigados son seguidores suyos.
Poco antes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte, había denunciado la existencia de un "complot" para atacar al tribunal, en el que, según él, estarían involucrados funcionarios de la presidencia de la República.
Ricaurte no descartó, incluso, exponerle la situación al fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, quien se encuentra en Bogotá.
Además de los congresistas y ex congresistas detenidos, otros 38 están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía por su supuesta vinculación con los paramilitares.
El Fiscal General, Mario Iguarán, reveló este lunes que su organismo ha pedido investigar a 155 congresistas y ex congresistas por nexos con paramilitares, así como a 76 miembros de Fuerza Pública y a 35 funcionarios del estado.
Un video
El enfrentamiento entre Uribe y la Corte surgió después de que Noticias 1, un informativo de televisión, revelara que hubo tres reuniones "secretas" en la Casa de Nariño, sede de la Presidencia, entre emisarios de paramilitares y los secretarios Jurídico y de Prensa de Uribe.
La última de las citas tuvo lugar a finales de abril pasado.
En esas reuniones se mostró un video de un hombre que se hizo pasar como intermediario de la Corte Suprema de Justicia y que habría exigido dinero al abogado de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna.
Don Berna es uno de los principales jefes paramilitares del país y fue extraditado en mayo pasado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
Uno de los dos emisarios de Don Berna es un hombre que fue asesinado hace tres semanas. Se trata de Antonio López, un paramilitar desmovilizado que ha sido señalado por tener nexos con una temida organización de sicarios de Medellín.
Muy molesto con el episodio del video, Uribe convocó una rueda de prensa extraordinaria, en la que dijo insistentemente que la justicia tiene que investigar la supuesta manipulación de testigos, con los que se pretende relacionarle con los paramilitares.
El presidente dijo que él recibe casi todos los días a personas que le llevan información y que el episodio no había salido a la luz pública, porque no se encontraron pruebas sólidas en contra de la Corte.
Aunque el supuesto intermediario no es funcionario de la Corte, Uribe dijo que la policía secreta descubrió que sí solía ir a la sede del tribunal.
Ataques a la Corte
Uribe también atacó a Iván Velásquez, el magistrado estrella de la investigación en la Corte Suprema, y lo acusó de haber bebido licor en compañía de testigos del proceso judicial.
Cuando le preguntaron a Uribe por las quejas de la Corte por presiones en la investigación sobre la parapolítica, dijo que él también podría denunciar a los magistrados por no haber hecho "nada" respecto a ese tema antes de 2002.
"¿Van a denunciar al gobierno que puso en marcha la seguridad democrática, al gobierno que ha desmontado el paramilitarismo, al gobierno que ha creado las condiciones para que la justicia opere?", se preguntó.
Pero los roces de Uribe no son sólo con la Corte, sino también con la Fiscalía, a la cual el presidente colombiano acusó de no haber actuado a tiempo para separar de la entidad al fiscal jefe de Medellín, Guillermo Valencia Cossio, envuelto en un escándalo por supuestos nexos con narcotraficantes.
Este fiscal es hermano del recién nombrado ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio.
Iguarán responde
Uribe se quejó de que, pese a que le investigación llevaba un año y medio en marcha, la Fiscalía sólo hubiera actuado frente a Guillermo Valencia cuando unas grabaciones comprometedoras fueron reveladas por los medios de comunicación la semana anterior.
La Corte y la Fiscalía están presionadas por el gobierno, mientras que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, tiene los ojos puestos en los casos donde los investigados han sido absueltos
Ramiro Bejarano, abogado, profesor y columnista
Pero el Fiscal General, Mario Iguarán, se defendió y dijo incluso que el ministro del interior le llamó a hablarle de la inocencia de su hermano.
Iguarán también respondió a las críticas contra la Fiscalía por su actuación frente a la parapolítica y dijo que su organismo ya apeló ante los tribunales la absolución de dos ex congresistas que estaban presos y salieron en libertad.
¿Qué pasará con el proceso judicial más sonado de los últimos años en Colombia? Es imposible predecirlo.
En declaraciones a BBC Mundo, el abogado, profesor y columnista Ramiro Bejarano, afirmó que "la Corte y la Fiscalía están presionadas por el gobierno, mientras que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, tiene los ojos puestos en los casos donde los investigados han sido absueltos".
Por ahora, Moreno Ocampo sólo ha dicho que la justicia colombiana debería establecer prioridades para investigar a los paramilitares y sus socios.
Nota de BBCMundo.com:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/latin_america/newsid_7581000/7581390.stm
Publicada: 2008/08/25 22:18:05 GMT
¿Quién ganó con el exterminio de la UP?
Steven Dudley investigó durante cuatro años cómo se fraguó el exterminio de la Unión Patriótica, uno de los capítulos más confusos de la historia política del país. La respuesta no deja contento a nadie, ni siquiera a muchos sobrevivientes del partido.
Por Juan Diego Restrepo E. *
Fecha: 08/25/2008 -
“Escribí el libro para que haya debate, pero un debate serio, no infantil”, me dice Steven Dudley a través de la línea telefónica. Sus palabras suenas vehementes porque es consciente de que los resultados de su investigación, consignadas en el libro Armas y urnas. Historia de un genocidio político (Planeta, junio de 2008), no le caerán bien a todos aquellos que de una u otra manera estuvieron involucrados en la muerte y desaparición de los miembros de la Unión Patriótica (UP) ocurridas desde 1984.
Publicado en inglés en el año 2004 y traducido al español en este año, el libro aborda, no exento de polémica, un capítulo de la historia que el país aún no concluye y refleja una labor periodística de más de cuatro años de rigurosa investigación y escritura que intenta explicar las causas que derivaron en el genocidio de la UP a través de múltiples ópticas, todas ellas inmersas en el conflicto armado de este país.
En su libro Dudley atribuye gran parte de la responsabilidad del genocidio de la Unión Patriótica al Estado colombiano, un sector del ejército aliado con paramilitares, así como a empresarios y ganaderos. Pero además le da una buena carga a las mismas FARC, quienes a su juicio utilizaron al movimiento con un doble propósito: la política y la guerra.
“Las FARC utilizan su exterminio para justificar la guerra, mientras que los paramilitares la señalan como un ejemplo del engaño de la guerrilla, y quienes están en el medio la ven como una razón más por la cual la paz es todavía una realidad lejana”, escribe Dudley.
“En el libro no se salva nadie, no voy a decir que echo rosas al Partido Comunista, que no lo hago, ni a muchos miembros de la UP, pero tampoco es una cosa monolítica, no es perfecto porque nada es blanco y negro”, agrega Dudley, sin perder ese tono de voz de quien defiende su trabajo con ahínco y argumenta que precisamente escribió sobre la UP porque es un caso que muestra la complejidad de este país.
Una parte de la crítica colombiana, en particular de un amplio sector de la izquierda-incluso muchos sobrevivientes de la UP, no ha recibido con agrado el trabajo de este periodista y escritor norteamericano, quien vivió por más de diez años en el país y profundizó en él a través de su trabajo como observador de derechos humanos en las Brigadas Internacionales de Paz y luego como redactor de los diarios The Washington Post, The Economist, Miami Herald, BBC y National Public Radio.
Sus hallazgos, tal como lo advierte Dudley, no son cómodos para un país que ha presenciado, activa y pasivamente, la muerte de más de 3.600 integrantes de un partido político de izquierda que vio la luz en 1984 de la mano de la guerrilla de las Farc como parte de los acuerdos firmados en el municipio de la Uribe, Meta, con el Gobierno nacional en cabeza del presidente Belisario Betancur.
“No puedo negar que soy extranjero y que tengo una óptica distinta, pero me duele un poco la critica porque creo que hablan sin leer el libro”, expresa y, de paso, descarta una de las afirmaciones más drásticas que ha suscitado su trabajo: “Yo no digo que las Farc mataron a la UP, eso es lo que dicen los de la derecha”.
El punto de partida de su trabajo es una pregunta en apariencia simple: por qué mataron a Josué Giraldo, miembro del Partido Comunista, activista de la UP y presidente del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, quien murió baleado delante de sus hijas el 13 de octubre de 1996.
“El libro intenta contestar esa pregunta desde varias ópticas” me explica Dudley, “no sólo desde el círculo en el cual estaba, conformado por activistas de derechos humanos, miembros de la UP y del Partido Comunista, sindicalistas de la Unión Sindical Obrera y campesinos, sino desde las personas que mataron a la gente de la UP o que crearon la base ideológica para poder eliminar un partido político”.
¿A través de su investigación, pudo resolver por qué mataron a Josué Giraldo?
“De alguna manera encontré que obedeció a una serie de factores que se enredan en algún momento determinado y crean el ambiente para poder acabar con un partido político. Esas cosas van desde la misma combinación de todas las formas de lucha por parte del Estado como por las Farc. Ahora, yo no encuentro razones para decir que la guerrilla mató a miembros de la UP, eso es una mentira. Me duele que hagan esas preguntas porque el libro no lo dice. Lo que pasa es que la gente lee un columnista que sí lo dice y luego saca como conclusión que esas son mis conclusiones”.
¿Y cuál es su conclusión entonces?
“Mi conclusión es que el Estado tiene la responsabilidad por lo que pasó con la UP, pero las mismas Farc hicieron también un trabajo por reducir el espacio político que tenían esos señores y por no sacarlos a tiempo, por no decir “acabemos con esto y volvamos a la clandestinidad”.
¿En ese momento, carecieron las Farc de olfato político para evitar el genocidio?
“De alguna manera sí, pero hay que decir que también les sirvió porque las Farc creció mucho durante y después de la UP, y eso les dio la justificación perfecta para seguir su lucha para siempre; aunque ese no era el plan”.
¿Esa manera de involucrar a las Farc no podría entenderse como una forma de reducir la responsabilidad del Estado en el genocidio de la UP?
“No estoy justificando lo que ha hecho el Estado; incluso, en varios apartes del libro hablo sobre los nexos del Estado, la Policía, el Ejército y el DAS con aquellos que mataron a la mayoría de las personas de la UP. Entonces, no sé cómo es que estoy absolviendo al Estado. Con un estudio muy cuidadoso, muestro claramente que sí había un nexo muy fuerte entre sectores del Estado y los que matan a la gente de la UP”.
¿Por eso usted insiste en que hubo un compromiso del Estado en exterminar la UP?
“Hubo un gran compromiso por parte del Estado. La gran muestra, para mí es que no ataca a los paramilitares en los años 1986, 1987, incluso en 1988. No empieza a atacarlos sino hasta después de la muerte del candidato presidencia Luis Carlos Galán y la matanza de La Rochela, donde murieron 18 investigadores judiciales”.
¿Y por qué duró el Estado tres años sin señalar a los paramilitares?
“Porque no les importaba”.
¿Jugó algún papel el gobierno de Estados Unidos en el genocidio de la UP?
“Directamente no tanto, pero podría decir que esa base ideológica que acaba con la UP comienza en los años 50, cuando hay un auge importante de militares colombianos que reciben entrenamiento en Estados Unidos sobre la doctrina de seguridad nacional. Ahí sí juega un papel fundamental y crea una mentalidad, para mí perversa, que implica que cualquier persona puede ser enemigo, desde el cura hasta el ama de casa”.
¿En términos de democracia, qué cambios observa usted entre el periodo investigado y la actualidad?
“El espacio político de la izquierda es mucho mayor hoy que antes; incluso, he visto un auge muy importante del Polo Democrático Alternativo. En 1986 y 1990, sólo alcanzaba el 4% en las votaciones; en el año 2006, llegó al 22% con Carlos Gaviria. Hoy sé que ese porcentaje se puede conseguir sin que los maten. Es un logro y hay que reconocerlo. Si se protegen los espacios políticos, si las instituciones se ocupan de hacerlo y si la gente se siente segura al expresarse en todo tipo de debates, entonces habrá una discusión de fondo sobre el conflicto y ojalá eso lleve a una negociación”.
Por último, el país aún tiene muchas preguntas sobre el genocidio de la UP. ¿Usted cree que a través de su texto quedan resueltas?
“Las preguntas que quedan respondidas son sencillas. Hay una generación entera que no sabe que la UP era una iniciativa de las Farc; que no sabe el origen de los paramilitares, de la misma guerrilla y de la idea de autodefensa. Esas respuestas poco a poco contextualizan el conflicto colombiano. Aunque la idea es poner todas las cosas en la mesa para que la gente diga “esto es muy complejo” y concluya que para resolverlo se requiere un esfuerzo. Debo insistir que escribí el libro para que haya debate, pero un debate serio, no un debate infantil como el que estoy viendo por estos días en el país”.
* Editor de la Agencia de Prensa IPC, www.ipc.org.co
www.semana.co
Steven Dudley investigó durante cuatro años cómo se fraguó el exterminio de la Unión Patriótica, uno de los capítulos más confusos de la historia política del país. La respuesta no deja contento a nadie, ni siquiera a muchos sobrevivientes del partido.
Por Juan Diego Restrepo E. *
Fecha: 08/25/2008 -
“Escribí el libro para que haya debate, pero un debate serio, no infantil”, me dice Steven Dudley a través de la línea telefónica. Sus palabras suenas vehementes porque es consciente de que los resultados de su investigación, consignadas en el libro Armas y urnas. Historia de un genocidio político (Planeta, junio de 2008), no le caerán bien a todos aquellos que de una u otra manera estuvieron involucrados en la muerte y desaparición de los miembros de la Unión Patriótica (UP) ocurridas desde 1984.
Publicado en inglés en el año 2004 y traducido al español en este año, el libro aborda, no exento de polémica, un capítulo de la historia que el país aún no concluye y refleja una labor periodística de más de cuatro años de rigurosa investigación y escritura que intenta explicar las causas que derivaron en el genocidio de la UP a través de múltiples ópticas, todas ellas inmersas en el conflicto armado de este país.
En su libro Dudley atribuye gran parte de la responsabilidad del genocidio de la Unión Patriótica al Estado colombiano, un sector del ejército aliado con paramilitares, así como a empresarios y ganaderos. Pero además le da una buena carga a las mismas FARC, quienes a su juicio utilizaron al movimiento con un doble propósito: la política y la guerra.
“Las FARC utilizan su exterminio para justificar la guerra, mientras que los paramilitares la señalan como un ejemplo del engaño de la guerrilla, y quienes están en el medio la ven como una razón más por la cual la paz es todavía una realidad lejana”, escribe Dudley.
“En el libro no se salva nadie, no voy a decir que echo rosas al Partido Comunista, que no lo hago, ni a muchos miembros de la UP, pero tampoco es una cosa monolítica, no es perfecto porque nada es blanco y negro”, agrega Dudley, sin perder ese tono de voz de quien defiende su trabajo con ahínco y argumenta que precisamente escribió sobre la UP porque es un caso que muestra la complejidad de este país.
Una parte de la crítica colombiana, en particular de un amplio sector de la izquierda-incluso muchos sobrevivientes de la UP, no ha recibido con agrado el trabajo de este periodista y escritor norteamericano, quien vivió por más de diez años en el país y profundizó en él a través de su trabajo como observador de derechos humanos en las Brigadas Internacionales de Paz y luego como redactor de los diarios The Washington Post, The Economist, Miami Herald, BBC y National Public Radio.
Sus hallazgos, tal como lo advierte Dudley, no son cómodos para un país que ha presenciado, activa y pasivamente, la muerte de más de 3.600 integrantes de un partido político de izquierda que vio la luz en 1984 de la mano de la guerrilla de las Farc como parte de los acuerdos firmados en el municipio de la Uribe, Meta, con el Gobierno nacional en cabeza del presidente Belisario Betancur.
“No puedo negar que soy extranjero y que tengo una óptica distinta, pero me duele un poco la critica porque creo que hablan sin leer el libro”, expresa y, de paso, descarta una de las afirmaciones más drásticas que ha suscitado su trabajo: “Yo no digo que las Farc mataron a la UP, eso es lo que dicen los de la derecha”.
El punto de partida de su trabajo es una pregunta en apariencia simple: por qué mataron a Josué Giraldo, miembro del Partido Comunista, activista de la UP y presidente del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, quien murió baleado delante de sus hijas el 13 de octubre de 1996.
“El libro intenta contestar esa pregunta desde varias ópticas” me explica Dudley, “no sólo desde el círculo en el cual estaba, conformado por activistas de derechos humanos, miembros de la UP y del Partido Comunista, sindicalistas de la Unión Sindical Obrera y campesinos, sino desde las personas que mataron a la gente de la UP o que crearon la base ideológica para poder eliminar un partido político”.
¿A través de su investigación, pudo resolver por qué mataron a Josué Giraldo?
“De alguna manera encontré que obedeció a una serie de factores que se enredan en algún momento determinado y crean el ambiente para poder acabar con un partido político. Esas cosas van desde la misma combinación de todas las formas de lucha por parte del Estado como por las Farc. Ahora, yo no encuentro razones para decir que la guerrilla mató a miembros de la UP, eso es una mentira. Me duele que hagan esas preguntas porque el libro no lo dice. Lo que pasa es que la gente lee un columnista que sí lo dice y luego saca como conclusión que esas son mis conclusiones”.
¿Y cuál es su conclusión entonces?
“Mi conclusión es que el Estado tiene la responsabilidad por lo que pasó con la UP, pero las mismas Farc hicieron también un trabajo por reducir el espacio político que tenían esos señores y por no sacarlos a tiempo, por no decir “acabemos con esto y volvamos a la clandestinidad”.
¿En ese momento, carecieron las Farc de olfato político para evitar el genocidio?
“De alguna manera sí, pero hay que decir que también les sirvió porque las Farc creció mucho durante y después de la UP, y eso les dio la justificación perfecta para seguir su lucha para siempre; aunque ese no era el plan”.
¿Esa manera de involucrar a las Farc no podría entenderse como una forma de reducir la responsabilidad del Estado en el genocidio de la UP?
“No estoy justificando lo que ha hecho el Estado; incluso, en varios apartes del libro hablo sobre los nexos del Estado, la Policía, el Ejército y el DAS con aquellos que mataron a la mayoría de las personas de la UP. Entonces, no sé cómo es que estoy absolviendo al Estado. Con un estudio muy cuidadoso, muestro claramente que sí había un nexo muy fuerte entre sectores del Estado y los que matan a la gente de la UP”.
¿Por eso usted insiste en que hubo un compromiso del Estado en exterminar la UP?
“Hubo un gran compromiso por parte del Estado. La gran muestra, para mí es que no ataca a los paramilitares en los años 1986, 1987, incluso en 1988. No empieza a atacarlos sino hasta después de la muerte del candidato presidencia Luis Carlos Galán y la matanza de La Rochela, donde murieron 18 investigadores judiciales”.
¿Y por qué duró el Estado tres años sin señalar a los paramilitares?
“Porque no les importaba”.
¿Jugó algún papel el gobierno de Estados Unidos en el genocidio de la UP?
“Directamente no tanto, pero podría decir que esa base ideológica que acaba con la UP comienza en los años 50, cuando hay un auge importante de militares colombianos que reciben entrenamiento en Estados Unidos sobre la doctrina de seguridad nacional. Ahí sí juega un papel fundamental y crea una mentalidad, para mí perversa, que implica que cualquier persona puede ser enemigo, desde el cura hasta el ama de casa”.
¿En términos de democracia, qué cambios observa usted entre el periodo investigado y la actualidad?
“El espacio político de la izquierda es mucho mayor hoy que antes; incluso, he visto un auge muy importante del Polo Democrático Alternativo. En 1986 y 1990, sólo alcanzaba el 4% en las votaciones; en el año 2006, llegó al 22% con Carlos Gaviria. Hoy sé que ese porcentaje se puede conseguir sin que los maten. Es un logro y hay que reconocerlo. Si se protegen los espacios políticos, si las instituciones se ocupan de hacerlo y si la gente se siente segura al expresarse en todo tipo de debates, entonces habrá una discusión de fondo sobre el conflicto y ojalá eso lleve a una negociación”.
Por último, el país aún tiene muchas preguntas sobre el genocidio de la UP. ¿Usted cree que a través de su texto quedan resueltas?
“Las preguntas que quedan respondidas son sencillas. Hay una generación entera que no sabe que la UP era una iniciativa de las Farc; que no sabe el origen de los paramilitares, de la misma guerrilla y de la idea de autodefensa. Esas respuestas poco a poco contextualizan el conflicto colombiano. Aunque la idea es poner todas las cosas en la mesa para que la gente diga “esto es muy complejo” y concluya que para resolverlo se requiere un esfuerzo. Debo insistir que escribí el libro para que haya debate, pero un debate serio, no un debate infantil como el que estoy viendo por estos días en el país”.
* Editor de la Agencia de Prensa IPC, www.ipc.org.co
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