vuelve el general (r) Rito Alejo Del Río a prisión
Foto: José Luis Cubillos / Fiscalía
El general (r) Rito Alejo del Río fue detenido ayer en horas de la tarde. En la foto, al llegar al búnker de la Fiscalía, en Bogotá.
Tendrá que responder por crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares cuando se desempeñó como Comandante de la Brigada XVII del Ejército entre 1995 y 1997.
Agentes del CTI de la Fiscalía lo capturaron ayer en el Club Militar, en el centro occidente de Bogotá, y lo trasladaron al búnker de la Fiscalía. Por su delicado estado de salud (se repone de una operación), Del Río será remitido a una unidad militar en la que cuente con la atención médica que requiere su caso.
Aunque la orden de captura se produce en la misma semana en la que la Procuraduría, a instancias de la Fiscalía, pidió a la Corte que reabra el caso contra Del Río que cerró hace cuatro años el entonces fiscal General Luis Camilo Osorio, las dos decisiones no tienen relación directa.
Los hechos que llevaron a la segunda captura del general (r) no fueron tenidos en cuenta durante el primer proceso, que es el que la Procuraduría pide reabrir.
La Fiscalía desempolvó varias declaraciones de hace una década y viajó recientemente a la zona a confrontarlas. Además, las cotejó con lo que aseguraron ante Justicia y Paz varios ex 'paras', entre ellos jefes como Salvatore Mancuso y Heber Veloza, conocido como 'H.H'.
Desplazamientos en el Cacarica
Un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos considera que todo ese material comprometería a Rito Alejo Del Río con delitos de lesa humanidad como homicidios de personas protegidas, desplazamiento y desapariciones forzadas. El martes, el fiscal Mario Iguarán había dicho que la Fiscalía investigaba a Del Río por delitos de tal gravedad que eran imprescriptibles.
La Fiscalía tiene testimonios de familiares de víctimas y de habitantes de la zona del río Cacarica que sostienen que en 1997 los paramilitares barrieron la región en compañía de tropas de la Brigada 17.
Lo que señala la investigación es que, a la sombra de la operación 'Génesis', que Del Río lanzó en febrero de 1997, los 'paras' de Carlos Castaño y Freddy Rendón Herrera ('el Alemán') cometieron decenas de homicidios y desapariciones en contra de las comunidades negras e indígenas de la zona a las que señalaban de auxiliar al frente 57 de las Farc.
Después de 'Génesis', según las cifras que se manejan en el expediente, unas tres mil personas tuvieron que huir de sus territorios ancestrales y ese desplazamiento fue aprovechado para el arranque de grandes proyectos agroindustriales en la región, especialmente de palma africana.
"Militares y Auc causaron una ola de terror", dijo uno de los investigadores que conocen el caso.
El fiscal General, Mario Iguarán Arana, dijo ayer en Cartagena, donde se lleva a cabo un encuentro nacional de la justicia ordinaria, que uno de los casos que podrían enredar al general es la muerte de un campesino, llamado Marino López, quien fue decapitado por los paramilitares en su recorrido de muerte por el Cacarica, en las selvas de Chocó.
La información que tiene la Fiscalía es que los 'paras' jugaron fútbol con la cabeza de la víctima.
Hace siete años, Del Río fus sometido a un fugaz carcelazo que ordenó un fiscal de Derechos Humanos en el 2001 por supuesto apoyo al paramilitarismo en Urabá, y hace cuatro el ex fiscal general Luis Camilo Osorio dictó preclusión definitiva a su favor.
Del Río, un general tropero y polémico
En su carrera como militar, el general Del Río fue conocido por ser de una línea dura y tropero. Hasta lo llamaron el 'Pacificador' de Urabá hace una década. Los señalamientos en su contra por supuesto apoyo a la creación de grupos 'paras' vienen desde que estuvo en la Brigada XVII en Carepa, entre 1995 y 1997. Allí se le recueda por sus decisiones duras y por pólémicas con políticos como Gloria Cuartas, ex alcaldesa de Apartadó. Fue trasladado en 1997 a Cundinamarca para comandar las tropas de la XIII Brigada.
En abril de 1999, cuando el nombre de Del Río recibía fuertes cuestionamientos de ONG internacionales, el Gobierno Pastrana tomó la decisión de retirarlo.
En el 2001, el CTI capturó al general por orden de un fiscal de Derechos Humanos. Sin embargo, a los 12 días un juez lo dejó en libertad argumentando fallas procesales. Poco después, el entonces candidato a la Presidencial Álvaro Uribe le hizo un homenaje de desagravio al general, quien fue uno de los ocho comandantes militaes que tuvo cuando fue gobernador de Antioquia.
En el 2003 se lanzó como candidato a la Gobernación de Boyacá por Colombia Democrática. En su campaña prometió seguridad y honestidad. En el 2004, la Fiscalía precluyó una investigación en su contra por paramilitarismo.
En la Sala Penal, Del Río se juega otro partido
La defensa del general Rito Alejo Del Río, además del caso que lo tiene preso por orden de un fiscal de Derechos Humanos, debe atender otro frente en la Corte Suprema de Justicia.
Allí se decidirá si, como lo pidió la Procuraduría, se reabre el caso que por concierto para delinquir y omisión tenía Del Río y que fue cerrado en el 2004 por decisión del fiscal Luis Camilo Osorio.
La estrategia de la defensa en la Corte se encaminará a defender la actuación de Osorio y a mostrarla como inmodificable.
La Procuraduría, sin embargo, considera que la preclusión fue tomada bajo hechos aparentes y que las confesiones de los paramilitares ante Justicia y Paz dan para reabrir el expediente.
En su momento, el fiscal Osorio calificó de "argumentos falaces" las acusaciones de la parte civil en contra del general Del Río: "Utiliza desde argumentaciones ajenas a la realidad hasta ataques personales sin ninguna idoneidad argumentativa".
REDACCIÓN JUSTICIA
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lunes, 8 de septiembre de 2008
Con papeles falsos, autoridades venezolanas capturan a Álvaro Araújo
El padre de la ex canciller Consuelo Araújo, y del ex senador preso por parapolítica, Álvaro Araujo, llevaba dos años prófugo de la justicia colombiana. Sobre él recaen cargos por su presunta participación en el secuestro de un opositor político en el Cesar y vínculos con paras.
Fecha: 09/05/2008 -
A las 2 de la tarde de este jueves, mientras se movilizaba por una carretera de Maracaibo (Venezuela), portando documentos de identidad falsos, fue detenido por la Policía Antinarcóticos del Estado de Zulia el reconocido político del Cesar, Álvaro Araújo Noguera.
Pese a que los papeles con los que se identificaba no eran los suyos, más tarde fue reconocido plenamente por las autoridades de ese país y notificaron la captura a Interpol Colombia. Momentos después fue trasladado a Caracas, donde se iniciará el trámite para su deportación a Colombia.
Ese proceso puede tardar. Según explicaron en la Fiscalía colombiana, no existe un convenio de extradición con Venezuela que facilite su pronto arribo a Bogotá. Habría que esperar a que se le abra un caso en el país vecino por porte ilegal de documentos. Luego sí podría viajar.
Araújo Noguera es padre de la ex canciller María Consuelo Araújo Castro y del ex senador Álvaro Araújo Castro, este último en juicio por parapolítica. Durante su vida ocupó importantes cargos públicos como ministro de Agricultura y senador. Luego de una recorrida trayectoria política, le heredó el capital político a sus hijos, aunque su apellido seguía sonando.
Al veterano político de la costa se le acusa de ser el autor intelectual del secuestro de Víctor Ochoa, por haberse negado a hacer una alianza política con su hijo en las elecciones parlamentarias del 2006. El plagio se le atribuye al Bloque Norte de las Autodefensas comandado por el ex jefe paramilitar Jorge 40 quien al parecer fue instigado por los Araújo para hacerlo.
Según la acusación de la Fiscalía, la libertad de Ochoa Daza tenía como condición que Juana Ramírez, candidata a las elecciones, se sumara a la lista de Araújo Castro. La justicia colombiana requiere a Araújo Noguera para que responda si, en efecto, estuvo implicado en el secuestro del político y si actuó como emisario de ‘Jorge 40’ para liberarlo.
En julio de 2007, Araújo Noguera y Ochoa Daza volvieron a ser noticia por una reunión que sostuvieron en Venezuela.
Desde el principio, se rumoraba que estaba refugiado en Venezuela, pero su esposa salió a decir en público que se encontraba en Colombia. Según explicó la mujer en ese entonces, su esposo no se había entregado a la Fiscalía porque estaba reuniendo pruebas para demostrar su inocencia, pero que pronto le pondría la cara a la justicia, algo que jamás ocurrió.
Ochoa Daza era el cónsul de Colombia en Barquisimeto y se reunió con Araújo, al parecer, para que le enviara un documento con el fin de que le siguieran consignando una mesada. Pese a que el mismo cónsul fue quien lo denunció, nunca les reportó a las autoridades la presencia del fugitivo y eso le costó su puesto.
www.semana.com
El padre de la ex canciller Consuelo Araújo, y del ex senador preso por parapolítica, Álvaro Araujo, llevaba dos años prófugo de la justicia colombiana. Sobre él recaen cargos por su presunta participación en el secuestro de un opositor político en el Cesar y vínculos con paras.
Fecha: 09/05/2008 -
A las 2 de la tarde de este jueves, mientras se movilizaba por una carretera de Maracaibo (Venezuela), portando documentos de identidad falsos, fue detenido por la Policía Antinarcóticos del Estado de Zulia el reconocido político del Cesar, Álvaro Araújo Noguera.
Pese a que los papeles con los que se identificaba no eran los suyos, más tarde fue reconocido plenamente por las autoridades de ese país y notificaron la captura a Interpol Colombia. Momentos después fue trasladado a Caracas, donde se iniciará el trámite para su deportación a Colombia.
Ese proceso puede tardar. Según explicaron en la Fiscalía colombiana, no existe un convenio de extradición con Venezuela que facilite su pronto arribo a Bogotá. Habría que esperar a que se le abra un caso en el país vecino por porte ilegal de documentos. Luego sí podría viajar.
Araújo Noguera es padre de la ex canciller María Consuelo Araújo Castro y del ex senador Álvaro Araújo Castro, este último en juicio por parapolítica. Durante su vida ocupó importantes cargos públicos como ministro de Agricultura y senador. Luego de una recorrida trayectoria política, le heredó el capital político a sus hijos, aunque su apellido seguía sonando.
Al veterano político de la costa se le acusa de ser el autor intelectual del secuestro de Víctor Ochoa, por haberse negado a hacer una alianza política con su hijo en las elecciones parlamentarias del 2006. El plagio se le atribuye al Bloque Norte de las Autodefensas comandado por el ex jefe paramilitar Jorge 40 quien al parecer fue instigado por los Araújo para hacerlo.
Según la acusación de la Fiscalía, la libertad de Ochoa Daza tenía como condición que Juana Ramírez, candidata a las elecciones, se sumara a la lista de Araújo Castro. La justicia colombiana requiere a Araújo Noguera para que responda si, en efecto, estuvo implicado en el secuestro del político y si actuó como emisario de ‘Jorge 40’ para liberarlo.
En julio de 2007, Araújo Noguera y Ochoa Daza volvieron a ser noticia por una reunión que sostuvieron en Venezuela.
Desde el principio, se rumoraba que estaba refugiado en Venezuela, pero su esposa salió a decir en público que se encontraba en Colombia. Según explicó la mujer en ese entonces, su esposo no se había entregado a la Fiscalía porque estaba reuniendo pruebas para demostrar su inocencia, pero que pronto le pondría la cara a la justicia, algo que jamás ocurrió.
Ochoa Daza era el cónsul de Colombia en Barquisimeto y se reunió con Araújo, al parecer, para que le enviara un documento con el fin de que le siguieran consignando una mesada. Pese a que el mismo cónsul fue quien lo denunció, nunca les reportó a las autoridades la presencia del fugitivo y eso le costó su puesto.
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Gaviria contraataca y Uribe se va contra liberales
Gaviria contraataca y Uribe se va contra liberales
El ex presidente César Gaviria respondió a las acusaciones que le hizo en días pasados el presidente Álvaro Uribe sobre sus presuntos pactos con los Pepes, y lanzo gravísimas acusaciones sobre los personajes que han rodeado a Uribe. La temperatura de las relaciones entre gobierno y Partido Liberal.
Fecha: 09/04/2008 -
El ex presidente Gaviria, quien este jueves se reúne con los expresidentes de Brasil, Fernando Enrique Cardoso y México, Ernesto Zedillo para hablar sobre el tema de drogas, acusó al presidente Álvaro Uribe de orquestar un debate en su contra desde la Casa de Nariño.
Uribe ha acusado a Gaviria y su gobierno de haber patrocinada al grupo “Los Pepes” (Persegudios por Pablo Escobar), un grupo de narcotraficantes que le declaró la guerra al capo, y que según lo han afrmado diferentes investigadores, colaboró con el Estado para dar de baja al prófugo narcotraficante en diciembre de 1993.
"El Presidente debe decir quién es más cercano a los ‘Pepes’. El Presidente debe ser claro y decirles a los colombianos qué quiere sobre el tema de los ‘Pepes’; yo estoy presto a contestarle cada una de las dudas que tenga, cuando quiera y donde quiera”, dijo el ex presidente, César Gaviria, a la salida de una reunión con congresistas de su partido al comienzo de esta semana.
Transcripción de lo que dijo el ex presidente César Gaviria en La W
Video: Las acusaciones contra Cristo
Uribe se queja de la Corte y Cristo niega acusaciones
"El Presidente debe decir quién es más cercano a los "Pepes": Gaviria
Gaviria aseguró también que el primer mandatario le entregó un expediente al senador Samuel Arrieta del partido Convergencia Ciudadana de la coalición de gobierno, para cuestionarlo sobre el Decreto 264, que se expidió durante su administración, que según el gobierno, legalizó a Los Pepes.
“Yo tengo la absoluta seguridad de que no tuve nada que ver con los Pepes y de que mis ministros tampoco”, dijo Gaviria y muy molesto, preguntó al presidente Uribe: “¿Es que le duele la muerte de Pablo Escobar, o qué es lo que le molesta tanto? Yo no creo que a estas alturas estemos como están en la casa de Nariño llorando la muerte de Pablo Escobar Gaviria”.
Hoy en la mañana, el senador Arrieta negó las acusaciones. “No he recibido ningún expediente; yo no tengo el músculo político para hacer un complot contra un ex presidente. Algún chismoso del Congreso le dijo eso al doctor Gaviria”.
Gaviria insitió que estaba dispuesto a responderle el debate de los Pepes al presidente Uribe porque estaba convencido de que el debate se devolvía contra él porque los personajes involucrados eran cercanos al gobierno actual.
"El señor este Micky Ramírez no sería uno al que le prestaron 30 mil millones, uno que tumbó a un funcionario, creo que de Finagro. O ese señor Ángel que son esta familia que tiene unos miembros en el Consejo de Televisión. ¿No serán esos Los Pepes de que estamos hablando? ¿De quién serán cercanos? ¿No serán cercanos del gobierno del presidente Uribe?", dijo Gaviria.
Micky Ramírez, acusado por lavado de dinero a a través del Fondo Ganadero del Caquetá, fue uno de los llamados Doce del Patíbulo, junto con Guillermo Ángel, empresario antioqueño cercano al presidente Uribe. Según reveló la revista SEMANA de la época estos doce personajes, muchos con fincas en el Magdalena Medio, lograron que la Fiscalía de Gustavo de Greiff les borrara las acusaciones que contra ellos tenía la justicia por narcotráfico y otros delitos asociados, y a cambio ellos prestaron toda su colaboración con las autoridades para dar con el paradero de Pablo Escobar.
Ramírez ha sido además señalado por múltiples víctimas de Sucre y Bolívar como presunto cómpice de la violencia paramilitar que los despojó de sus tierras y dejó varios muertos.
De otra parte, un hermano de Guillo Ángel, como lo conocen sus amigos, tiene gran influencia sobre la Comisión Nacional de Televisión, según lo han reportado varios medios, entre ellos SEMANA.
Villegas y la Aeronáutica
Otra de las acusaciones del ex presidente Gaviria y ex secretario general de la OEA, al presidente Uribe fue en referencia a su paso por la dirección de la Aeronáutica Civil en los años 80.
"(...) el Presidente era muy cercano al señor César Villegas, fue el Jefe de Planeación de la Aeronáutica. El Presidente se tuvo que ir de la Dirección de la Aeronáutica (en 1982) justamente por las cosas que ese señor hacía allá en la Aeronáutica a favor del narcotráfico", afirmó Gaviria.
La Presidencia, a través de un comunicado, desvirtuó las acusaciones de Gaviria. Sin embargo, el mismo comunicado confirma que entre 1980 y 1982, Cesar Villegas fue jefe de planeación de la Aeronáutica, mientras Álvaro Uribe era su director.
“El señor César Villegas laboró en la Aeronáutica Civil del 29 de agosto de 1980 al 30 de diciembre de 1986”, dice el comunicado y reseña también que Alvaro Uribe dejó la Aeronáutica en 6 de agosto de 1982.
Varias fuentes que trabajaron en la aeronáutica durante esa época, confirmaron que Villegas fue subalterno de Uribe Vélez. Ambos habían sido nombrados por el presidente Turbay Ayala. Tanto Uribe como Villegas eran cercanos al movimiento Poder Popular, fundado por Ernesto Samper.
En enero de 1980 fue nombrado por el presidente Turbay, Fernando Uribe Senior como director de la Aeronáutica Civil, la entidad encargada de autorizar licencias, vuelos y pistas a aviones en todo el país. Uribe Senior tomó la decisión de cerrar pistas y revocar licencias a varios sospechosos narcotraficantes. Pocas semanas después fue asesinado.
En su reemplazo el 24 de marzo de 1980, Turbay nombró a Álvaro Uribe Vélez, al parecer como cuota del cacique político antioqueño liberal Bernardo Guerra Serna y ejerció hasta el 7 de agosto de 1982.
César Villegas, apodado por sus amigos como “El Bandi” y que era profesional especializado de la oficina de la Aeronaútica, fue ascendido por Uribe a jefe de Planeación de la Aeronaútica en abril de1981. Cuando salió Villegas tuvo tres investigaciones de la Procuraduría por presunta expedición irregular de licencias de vuelo a narcotraficantes, pero salió bien librado, según una investigación del periodista Joseph Contreras, que publicó en el polémico libro "Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez" en 2002.
Según Contreras citando fuentes de prensa de la época, en septiembre de 1983, el recién entrado Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla suspendió varias licencias otorgadas bajo la administración Uribe por irregulares.
Posteriormente, Villegas fue procesado por haber recibido cheques de los Rodriguez Orejuela entre 1992 y 1994 y condenado a 5 años de cárcel, dentro de lo que se conoció como el Proceso 8.000, durante el gobierno de Ernesto Samper.
Sin embargo, el 24 de abril de 2002 , en plena campaña a la Presidencia de Uribe, El Tiempo hizo una investigación sobre el paso de Uribe por la dirección de la Aeronáutica y encontró que la entidad había otorgado 562 licencias, que no requerían la firma del Director, sino del jefe de Planeación. También averiguó que las personas a las que les aprobaron las licencias para sus aeronaves, en ese momento, no tenían antecedentes judiciales.
El 4 de marzo de 2002, César Villegas, quien fue propietario del club de fútbol Santa Fe, fue asesinado.
Las acusaciones del ex presidente Gaviria, tratándose de no sólo de un expresidente de la República, sino de uno de los colombianos más influyentes en América Latina, por haber ocupado el cargo de Secretario General de la OEA por dos períodos consecutivos, son de suma gravedad y repercuten sobre la credibilidad del Primer Mandatario.
De nuevo contra los liberales
Uribe arremetió hoy de nuevo en contra de los liberales, demostrando que no tiene intención alguna de hacer una tregua. Según el representante a la Cámara Oscar Mauricio Lizcano de la bancada de gobierno, Uribe dijo durante una reunión con parlamentarios que el senador liberal Juan Fernando Cristo, a quien el presidente ha atacado en varias ocasiones esta semana, le había ofrecido un cheque del narcotráfico para su campaña en 1994.
"El Presidente nos dijo que cuando él (Uribe) era candidato al senado, Juan Fernando Cristo, quien era gerente de la campaña de Samper, había mandado un cheque proveniente del narcotráfico", dijo Lizcano.
"Es muy curioso que el Presidente se haya acordado 14 años después de un hecho en el cual él fue testigo y protagonista, y aparentemente partícipe, porqué no lo denunció, porqué no lo dijo y porqué no lo llevé a la justicia si le pareció tan grave", dijo el ex ministro de Defensa en el gobierno Gaviria, Rafael Pardo Rueda quien insistió en que "los ataques y los rumores hacen parte del libreto escrito en Palacio de Nariño”.
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El ex presidente César Gaviria respondió a las acusaciones que le hizo en días pasados el presidente Álvaro Uribe sobre sus presuntos pactos con los Pepes, y lanzo gravísimas acusaciones sobre los personajes que han rodeado a Uribe. La temperatura de las relaciones entre gobierno y Partido Liberal.
Fecha: 09/04/2008 -
El ex presidente Gaviria, quien este jueves se reúne con los expresidentes de Brasil, Fernando Enrique Cardoso y México, Ernesto Zedillo para hablar sobre el tema de drogas, acusó al presidente Álvaro Uribe de orquestar un debate en su contra desde la Casa de Nariño.
Uribe ha acusado a Gaviria y su gobierno de haber patrocinada al grupo “Los Pepes” (Persegudios por Pablo Escobar), un grupo de narcotraficantes que le declaró la guerra al capo, y que según lo han afrmado diferentes investigadores, colaboró con el Estado para dar de baja al prófugo narcotraficante en diciembre de 1993.
"El Presidente debe decir quién es más cercano a los ‘Pepes’. El Presidente debe ser claro y decirles a los colombianos qué quiere sobre el tema de los ‘Pepes’; yo estoy presto a contestarle cada una de las dudas que tenga, cuando quiera y donde quiera”, dijo el ex presidente, César Gaviria, a la salida de una reunión con congresistas de su partido al comienzo de esta semana.
Transcripción de lo que dijo el ex presidente César Gaviria en La W
Video: Las acusaciones contra Cristo
Uribe se queja de la Corte y Cristo niega acusaciones
"El Presidente debe decir quién es más cercano a los "Pepes": Gaviria
Gaviria aseguró también que el primer mandatario le entregó un expediente al senador Samuel Arrieta del partido Convergencia Ciudadana de la coalición de gobierno, para cuestionarlo sobre el Decreto 264, que se expidió durante su administración, que según el gobierno, legalizó a Los Pepes.
“Yo tengo la absoluta seguridad de que no tuve nada que ver con los Pepes y de que mis ministros tampoco”, dijo Gaviria y muy molesto, preguntó al presidente Uribe: “¿Es que le duele la muerte de Pablo Escobar, o qué es lo que le molesta tanto? Yo no creo que a estas alturas estemos como están en la casa de Nariño llorando la muerte de Pablo Escobar Gaviria”.
Hoy en la mañana, el senador Arrieta negó las acusaciones. “No he recibido ningún expediente; yo no tengo el músculo político para hacer un complot contra un ex presidente. Algún chismoso del Congreso le dijo eso al doctor Gaviria”.
Gaviria insitió que estaba dispuesto a responderle el debate de los Pepes al presidente Uribe porque estaba convencido de que el debate se devolvía contra él porque los personajes involucrados eran cercanos al gobierno actual.
"El señor este Micky Ramírez no sería uno al que le prestaron 30 mil millones, uno que tumbó a un funcionario, creo que de Finagro. O ese señor Ángel que son esta familia que tiene unos miembros en el Consejo de Televisión. ¿No serán esos Los Pepes de que estamos hablando? ¿De quién serán cercanos? ¿No serán cercanos del gobierno del presidente Uribe?", dijo Gaviria.
Micky Ramírez, acusado por lavado de dinero a a través del Fondo Ganadero del Caquetá, fue uno de los llamados Doce del Patíbulo, junto con Guillermo Ángel, empresario antioqueño cercano al presidente Uribe. Según reveló la revista SEMANA de la época estos doce personajes, muchos con fincas en el Magdalena Medio, lograron que la Fiscalía de Gustavo de Greiff les borrara las acusaciones que contra ellos tenía la justicia por narcotráfico y otros delitos asociados, y a cambio ellos prestaron toda su colaboración con las autoridades para dar con el paradero de Pablo Escobar.
Ramírez ha sido además señalado por múltiples víctimas de Sucre y Bolívar como presunto cómpice de la violencia paramilitar que los despojó de sus tierras y dejó varios muertos.
De otra parte, un hermano de Guillo Ángel, como lo conocen sus amigos, tiene gran influencia sobre la Comisión Nacional de Televisión, según lo han reportado varios medios, entre ellos SEMANA.
Villegas y la Aeronáutica
Otra de las acusaciones del ex presidente Gaviria y ex secretario general de la OEA, al presidente Uribe fue en referencia a su paso por la dirección de la Aeronáutica Civil en los años 80.
"(...) el Presidente era muy cercano al señor César Villegas, fue el Jefe de Planeación de la Aeronáutica. El Presidente se tuvo que ir de la Dirección de la Aeronáutica (en 1982) justamente por las cosas que ese señor hacía allá en la Aeronáutica a favor del narcotráfico", afirmó Gaviria.
La Presidencia, a través de un comunicado, desvirtuó las acusaciones de Gaviria. Sin embargo, el mismo comunicado confirma que entre 1980 y 1982, Cesar Villegas fue jefe de planeación de la Aeronáutica, mientras Álvaro Uribe era su director.
“El señor César Villegas laboró en la Aeronáutica Civil del 29 de agosto de 1980 al 30 de diciembre de 1986”, dice el comunicado y reseña también que Alvaro Uribe dejó la Aeronáutica en 6 de agosto de 1982.
Varias fuentes que trabajaron en la aeronáutica durante esa época, confirmaron que Villegas fue subalterno de Uribe Vélez. Ambos habían sido nombrados por el presidente Turbay Ayala. Tanto Uribe como Villegas eran cercanos al movimiento Poder Popular, fundado por Ernesto Samper.
En enero de 1980 fue nombrado por el presidente Turbay, Fernando Uribe Senior como director de la Aeronáutica Civil, la entidad encargada de autorizar licencias, vuelos y pistas a aviones en todo el país. Uribe Senior tomó la decisión de cerrar pistas y revocar licencias a varios sospechosos narcotraficantes. Pocas semanas después fue asesinado.
En su reemplazo el 24 de marzo de 1980, Turbay nombró a Álvaro Uribe Vélez, al parecer como cuota del cacique político antioqueño liberal Bernardo Guerra Serna y ejerció hasta el 7 de agosto de 1982.
César Villegas, apodado por sus amigos como “El Bandi” y que era profesional especializado de la oficina de la Aeronaútica, fue ascendido por Uribe a jefe de Planeación de la Aeronaútica en abril de1981. Cuando salió Villegas tuvo tres investigaciones de la Procuraduría por presunta expedición irregular de licencias de vuelo a narcotraficantes, pero salió bien librado, según una investigación del periodista Joseph Contreras, que publicó en el polémico libro "Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez" en 2002.
Según Contreras citando fuentes de prensa de la época, en septiembre de 1983, el recién entrado Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla suspendió varias licencias otorgadas bajo la administración Uribe por irregulares.
Posteriormente, Villegas fue procesado por haber recibido cheques de los Rodriguez Orejuela entre 1992 y 1994 y condenado a 5 años de cárcel, dentro de lo que se conoció como el Proceso 8.000, durante el gobierno de Ernesto Samper.
Sin embargo, el 24 de abril de 2002 , en plena campaña a la Presidencia de Uribe, El Tiempo hizo una investigación sobre el paso de Uribe por la dirección de la Aeronáutica y encontró que la entidad había otorgado 562 licencias, que no requerían la firma del Director, sino del jefe de Planeación. También averiguó que las personas a las que les aprobaron las licencias para sus aeronaves, en ese momento, no tenían antecedentes judiciales.
El 4 de marzo de 2002, César Villegas, quien fue propietario del club de fútbol Santa Fe, fue asesinado.
Las acusaciones del ex presidente Gaviria, tratándose de no sólo de un expresidente de la República, sino de uno de los colombianos más influyentes en América Latina, por haber ocupado el cargo de Secretario General de la OEA por dos períodos consecutivos, son de suma gravedad y repercuten sobre la credibilidad del Primer Mandatario.
De nuevo contra los liberales
Uribe arremetió hoy de nuevo en contra de los liberales, demostrando que no tiene intención alguna de hacer una tregua. Según el representante a la Cámara Oscar Mauricio Lizcano de la bancada de gobierno, Uribe dijo durante una reunión con parlamentarios que el senador liberal Juan Fernando Cristo, a quien el presidente ha atacado en varias ocasiones esta semana, le había ofrecido un cheque del narcotráfico para su campaña en 1994.
"El Presidente nos dijo que cuando él (Uribe) era candidato al senado, Juan Fernando Cristo, quien era gerente de la campaña de Samper, había mandado un cheque proveniente del narcotráfico", dijo Lizcano.
"Es muy curioso que el Presidente se haya acordado 14 años después de un hecho en el cual él fue testigo y protagonista, y aparentemente partícipe, porqué no lo denunció, porqué no lo dijo y porqué no lo llevé a la justicia si le pareció tan grave", dijo el ex ministro de Defensa en el gobierno Gaviria, Rafael Pardo Rueda quien insistió en que "los ataques y los rumores hacen parte del libreto escrito en Palacio de Nariño”.
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Por nexos con paramilitares, capturan al general retirado Rito Alejo del Río
Por nexos con paramilitares, capturan al general retirado Rito Alejo del Río
La Fiscalía señaló al general en retiro como uno de los responsables de la muerte de un líder chocoano ocurrida a comienzos de 1997. Justamente esta semana, la Procuraduría pidió reabrir las investigaciones en contra del oficial por sus supuestos nexos con el paramilitarismo.
Fecha: 09/04/2008 -
A las 2 y 25 de la tarde de este jueves, cuando el general (r) Rito Alejo Del Río se encontraba reunido con otros oficiales retirados en el restaurante principal del Club Militar, al occidente de Bogotá, fue sorprendido por miembros del CTI que llegaron con una orden de arresto en su contra por su presunta participación en la muerte de Marino López, un líder chocoano que fue asesinado en febrero de 1997, dos días después de la Operación Génesis que realizó la Brigada 17 en la zona del río Cacarica, al noroccidente del país.
El fiscal 14, de la unidad de Derechos Humanos, señaló al general Del Río por homicidio agravado en persona protegida.
El caso del general del Río siempre ha suscitado polémica desde que se desempeñó como comandante de esta brigada con sede en Carepa, en el Urabá antioqueño. Su caso, en el que había indicios de nexos con paramilitares, ya había llegado a la Fiscalía mucho antes de que empezara el proceso de desmovilización de las Auc, en 2001. Sin embargo, después de que llegó el nuevo fiscal Luis Camilo Osorio, y fue despedido el coordinador de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, el proceso se se frenó. Finalmente el mismo Osorio lo precluyó en 2004.
El caso Marino López
Procuraduría pide reabrir caso contra general Rito Alejo del Río por apoyo a paramilitares
Aquel 1997, año en que el paramilitar Salvatore Mancuso entró a una brigada militar
El general Del Río, en el carro que lo llevó en la tarde de este jueves desde el Club Militar hasta los calabozos de la Fiscalía General de la Nación. La decisión fue muy polémica y criticada, puesto que Del Río era señalado por diversas personas de haberle abierto las puertas a los jefes paramilitares para que hicieran su guerra sucia. Entre las denuncias más graves estuvo la del coronel Carlos Alfonso Velásquez, subalterno de Del Río en Urabá, quien denunció la presunta complicidad que él estaba presenciando a sus superiores y en lugar de actuar contra Del Río, despidieron a Velásquez del Ejército.
En los procesos de Justicia y Paz, varios ex jefes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, José Ever Veloza, alias HH y Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’ ‘aseguraron que Del Río había sido colaborador permanente de su gesta criminal.
Con semejantes hechos denunciados públicamente, el lunes pasado la Procuraduría solicitó a la Corte Suprema de Justicia reabrir el caso en vista de las nuevas evidencias.
La Fiscalía, según informó la revista Cambio, ha venido acumulando muchas evidencias en su contra.
si la Corte da su visto bueno, el caso de Del Río será investigado por la Fiscalía y si encuentra méritos para acusarlo, el fallo será emitido por la propia Corte Suprema de Justicia por tratarse de un general.
Es de esperar que la decisión judicial de ponerlo en prisión traerá otra ronda de críticas al gobierno de Álvaro Uribe, que de por sí ya atraviesa una tormenta desatada por las denuncias del ex presidente César Gaviria, puesto que mientras Del Río estuvo en Urabá, Uribe no sólo era gobernador de Antioquia, sino que elogió la labor del general como "pacificador" del Urabá a donde las guerrillas habían empobrecido y llenado de luto a los habitantes. Incluso lo condecoró.
En abril de 1999, poco después de que el Presidente Andrés Pastrana ordenara la salida de Del Río del Ejército y Estados Unidos le quitara su visa, varios empresarios y líderes políticos homenajearon al general Del Río en el Hotel Tequendama y Uribe fue el principal orador.
"En la mente civilista de quienes concurrimos a este acto no reposan dudas sobre el respeto a la competencia presidencial para remover a los oficiales de las Fuerzas Armadas , pero, destituir a los generales por solicitud de la guerrilla es traspasar a los insurgentes la prerrogativa presidencial", djo entonces el hoy presidente Uribe. Del Río fue nombrado al inicio de este gobierno como asesor del DAS, pero luego salió.
Con la captura de este oficial, se suman tres medidas que comprometen en hechos graves a militares activos y retirados: el martes pasado, Semana.com informó sobre la destitución del coronel Luis Francisco Medina, actual comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército, por parte de la Procuraduría General, al señalarlo como presunto responsable de la muerte de tres sindicalistas en Saravena, Arauca. Y este miércoles se conoció que la Fiscalía General cobijó con medida de aseguramiento a cuatro militares (entre ellos a un coronel y un mayor) por una masacre en San José de Apartadó ocurrida en 2005.
La Fiscalía señaló al general en retiro como uno de los responsables de la muerte de un líder chocoano ocurrida a comienzos de 1997. Justamente esta semana, la Procuraduría pidió reabrir las investigaciones en contra del oficial por sus supuestos nexos con el paramilitarismo.
Fecha: 09/04/2008 -
A las 2 y 25 de la tarde de este jueves, cuando el general (r) Rito Alejo Del Río se encontraba reunido con otros oficiales retirados en el restaurante principal del Club Militar, al occidente de Bogotá, fue sorprendido por miembros del CTI que llegaron con una orden de arresto en su contra por su presunta participación en la muerte de Marino López, un líder chocoano que fue asesinado en febrero de 1997, dos días después de la Operación Génesis que realizó la Brigada 17 en la zona del río Cacarica, al noroccidente del país.
El fiscal 14, de la unidad de Derechos Humanos, señaló al general Del Río por homicidio agravado en persona protegida.
El caso del general del Río siempre ha suscitado polémica desde que se desempeñó como comandante de esta brigada con sede en Carepa, en el Urabá antioqueño. Su caso, en el que había indicios de nexos con paramilitares, ya había llegado a la Fiscalía mucho antes de que empezara el proceso de desmovilización de las Auc, en 2001. Sin embargo, después de que llegó el nuevo fiscal Luis Camilo Osorio, y fue despedido el coordinador de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, el proceso se se frenó. Finalmente el mismo Osorio lo precluyó en 2004.
El caso Marino López
Procuraduría pide reabrir caso contra general Rito Alejo del Río por apoyo a paramilitares
Aquel 1997, año en que el paramilitar Salvatore Mancuso entró a una brigada militar
El general Del Río, en el carro que lo llevó en la tarde de este jueves desde el Club Militar hasta los calabozos de la Fiscalía General de la Nación. La decisión fue muy polémica y criticada, puesto que Del Río era señalado por diversas personas de haberle abierto las puertas a los jefes paramilitares para que hicieran su guerra sucia. Entre las denuncias más graves estuvo la del coronel Carlos Alfonso Velásquez, subalterno de Del Río en Urabá, quien denunció la presunta complicidad que él estaba presenciando a sus superiores y en lugar de actuar contra Del Río, despidieron a Velásquez del Ejército.
En los procesos de Justicia y Paz, varios ex jefes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, José Ever Veloza, alias HH y Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’ ‘aseguraron que Del Río había sido colaborador permanente de su gesta criminal.
Con semejantes hechos denunciados públicamente, el lunes pasado la Procuraduría solicitó a la Corte Suprema de Justicia reabrir el caso en vista de las nuevas evidencias.
La Fiscalía, según informó la revista Cambio, ha venido acumulando muchas evidencias en su contra.
si la Corte da su visto bueno, el caso de Del Río será investigado por la Fiscalía y si encuentra méritos para acusarlo, el fallo será emitido por la propia Corte Suprema de Justicia por tratarse de un general.
Es de esperar que la decisión judicial de ponerlo en prisión traerá otra ronda de críticas al gobierno de Álvaro Uribe, que de por sí ya atraviesa una tormenta desatada por las denuncias del ex presidente César Gaviria, puesto que mientras Del Río estuvo en Urabá, Uribe no sólo era gobernador de Antioquia, sino que elogió la labor del general como "pacificador" del Urabá a donde las guerrillas habían empobrecido y llenado de luto a los habitantes. Incluso lo condecoró.
En abril de 1999, poco después de que el Presidente Andrés Pastrana ordenara la salida de Del Río del Ejército y Estados Unidos le quitara su visa, varios empresarios y líderes políticos homenajearon al general Del Río en el Hotel Tequendama y Uribe fue el principal orador.
"En la mente civilista de quienes concurrimos a este acto no reposan dudas sobre el respeto a la competencia presidencial para remover a los oficiales de las Fuerzas Armadas , pero, destituir a los generales por solicitud de la guerrilla es traspasar a los insurgentes la prerrogativa presidencial", djo entonces el hoy presidente Uribe. Del Río fue nombrado al inicio de este gobierno como asesor del DAS, pero luego salió.
Con la captura de este oficial, se suman tres medidas que comprometen en hechos graves a militares activos y retirados: el martes pasado, Semana.com informó sobre la destitución del coronel Luis Francisco Medina, actual comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército, por parte de la Procuraduría General, al señalarlo como presunto responsable de la muerte de tres sindicalistas en Saravena, Arauca. Y este miércoles se conoció que la Fiscalía General cobijó con medida de aseguramiento a cuatro militares (entre ellos a un coronel y un mayor) por una masacre en San José de Apartadó ocurrida en 2005.
Presidente desmiente vínculos con César Villegas, en nuevo enfrentamiento con ex presidente Gaviria
Presidente desmiente vínculos con César Villegas, en nuevo enfrentamiento con ex presidente Gaviria
Foto: AP/EL TIEMPO
Asegura que el presidente Álvaro Uribe le entregó un 'expediente' al senador Samuel Arrieta para cuestionarlo sobre el Decreto 264, expedido durante su administración.
El jefe del liberalismo dijo que Uribe tuvo que renunciar a la Dirección de la Aeronáutica Civil en 1982, por los contactos que tenía Villegas, uno de sus funcionarios, con el narcotráfico.
"El Presidente Uribe nos quiere tratar como a las Farc": César Gaviria (La W)
El ex Presidente de la República dijo que nadie se salió de la ley en la persecución a Pablo Escobar (La W)
Gaviria dice no entender por qué lloran en la casa de Nariño la muerte de Pablo Escobar (La W)
'Los Pepes' fueron una política de Estado, dijo Gustavo Salazar (LaW)
Gustavo Salazar, abogado penalista, afirmó que Cesar Gaviria gerenció a los 'Los Pepes'(LaW)
Comunicado expedido por Casa de Nariño
Villegas, quien fue asesinado en 2002, fue condenado a cinco años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito dentro del proceso ocho mil.
"(...) el Presidente era muy cercano al señor César Villegas, fue el Jefe de Planeación de la Aeronáutica. El Presidente se tuvo que ir de la Dirección de la Aeronáutica justamente por las cosas que ese señor hacía allá en la Aeronáutica a favor del narcotráfico", afirmó Gaviria.
Sin embargo, la Secretaría de Prensa de la Presidencia, en un comunicado, aclaró que Uribe ejerció el cargo de director de la Aeronáutica Civil hasta el 6 de agosto de 1982, mientras que Villegas trabajó en la entidad entre el 29 de agosto de 1980 y el 30 de diciembre de 1986, cuatro años después de que Uribe dejó la dirección de la entidad.
El nuevo enfrentamiento es parte de un cruce de acusaciones que Uribe y el ex presidente Gaviria se han lanzado en los últimos días.
Esta mañana, Gaviria acusó al Presidente de orquestar un debate en su contra desde la Casa de Nariño
Aseguró que el mandatario le entregó un 'expediente' al senador Samuel Arrieta para cuestionarlo sobre el Decreto 264, que se expidió durante su administración.
Gaviria trató de desvirtuar las acusaciones de que dicho Decreto oficializó a los 'Pepes', una red criminal organizada en la década de los 90 para acabar Pablo Escobar.
El ex mandatario explicó a emisora 'La W' que ese Decreto le daba facultades al fiscal Gustavo de Greiff para desarrollar la Fiscalía y para buscar colaboración con la justicia. Además le daba recursos.
Admitió, a su vez, que su Gobierno recibió información de enemigos de Pablo Escobar para perseguirlo, pero que jamás hubo alianza con esos criminales.
"¿Cómo hicieron la operación 'Jaque' (en la que se liberó a Íngrid Betancourt y otros 14 rehenes)? ¿Con información de ángeles o con información de adentro de las Farc?", se preguntó Gaviria al justificar que su gobierno se haya apoyado en información de personajes al margen de la ley para dar con el capo.
Sobre la presunta campaña en su contra, 'La W' le mencionó el nombre del ex gobernador de Santander Hugo Aguilar, quien estuvo el día martes en la Casa de Nariño: "Él estuvo por allí, y no sé si eso tenga algo qué ver con que... vaya a decir", dijo Gaviria.
Aguilar formó parte del operativo que terminó con la muerte de Pablo Escobar y es investigado por parapolítica.
"Me da temor, como el parte de la coalición del Presidente Uribe, no da mucha confianza de que antes de hablar ande reunido con funcionarios de la Casa de Nariño", agregó.
Gaviria aseguró que el Decreto 264 pasó por todos los exámenes constitucionales; sin embargo, agregó que estuvo "en desacuerdo con alguna utilización que el fiscal de Greiff hizo del Decreto, entre otras cosas, el otorgamiento de salvoconductos".
"Se excedió, creo yo (el Fiscal de Greiff), en el otogamiento de unos indultos que después la Justica corrigió", agregó Gaviria.
Gaviria dijo que con sus declaraciones de los últimos días simplemente se está defendiendo.
"Me estoy defendiendo de las cosas que hace la Casa de Nariño. Porque viven es en eso. Porque en vez de defender su conducta y comportamiento y tratar de evitarnos una cosa vergonzosa de una investigación formal de la Corte Penal Internacional (CPI), en vez de andar haciéndole segumiento a los magistrados, y en vez de andar hostilizándolos, deberían es estar colaborando con la justicia para que podamos enfrentar el problema paramilitar. Esto no es un tema de que qué pesar de que mataron a Escobar, sino de ver cómo enfrentamos los colombianos unidos este tema de la influencia paramilitar en la sociedad colombiana", dijo.
En un comunicado que se puede considerar la respuesta del Gobierno a las afirmaciones de Gaviria, dice:
"La opinión publica nacional e internacional sabe y reconoce que el Gobierno del presidente Álvaro Uribe ha combatido a los delincuentes desde la Constitución y desde la Ley. Este Gobierno nunca se ha aliado con delincuentes para combatir a otros delincuentes, nunca se ha aliado con terroristas para combatir a otros terroristas. El Gobierno del presidente Álvaro Uribe ha estado de la mano de la Ley, de mano de la Constitución, para enfrentar toda clase de delincuencia y terrorismo".
El organigrama de Pablo Escobar
El general Hugo Martínez Poveda, comandante del Bloque de Búsqueda, que persiguió a Pablo Escobar, en entrevista con 'La W', denunció que funcionarios del actual Gobierno estuvieron dentro del arganigrama del capo, como enlace político o como apoyo.
Martínez Poveda dijo que eso está en informaciones de inteligencia, no como parte de ningún proceso penal. "(...) informaciones que suministraron quienes hablaron en el momento de la guerra del mismo cartel... Comenzaron a dar informaciones de quiénes eran los que apoyaban, servían de intermediarios ante el mismo Gobierno durante estos procesos para su trabajo, lograr lo de la extradición, lo que lograron en su momento, los decretos que se expidieron... porque quien estaba interesado en el asunto es una persona que estaba escondiéndose (Escobar)", dijo.
Poveda invitó al presidente Álvaro Uribe a mostrar pruebas de sus afirmaciones sobre alianza con los 'Pepes', "porque hay un proceso penal que investiga las muertes y los atentados de los 'Pepes'... y si hubo pacto, que diga con quién fue. ¿Es que fue testigo de ello? ¿Por que lo afirma?".
El origen de los Pepes
El abogado Gustavo Salazar, quien previamente habló en 'La W', dijo que el Decreto 264 era el origen de 'Los Pepes' (Perseguidos por Pablo Escobar).
"Para mí (el Decreto 264) es una oficialización de los 'Pepes'... donde concede indulto a quienes ayuden a desabaratar el Cartel de Medellín", dijo Salazar.
"El señor fiscal General de la Nación (Gustavo de Greiff) se reunía con el presidente de la República a efecto de oficializar los 'Pepes'", indicó.
Gaviria atribuyó esa lectura de la filosofía del Decreto 264 a que este abogado es parte interesada y "ha defendido a todos los narcotraficantes de este país".
www.eltiempo.com
Foto: AP/EL TIEMPO
Asegura que el presidente Álvaro Uribe le entregó un 'expediente' al senador Samuel Arrieta para cuestionarlo sobre el Decreto 264, expedido durante su administración.
El jefe del liberalismo dijo que Uribe tuvo que renunciar a la Dirección de la Aeronáutica Civil en 1982, por los contactos que tenía Villegas, uno de sus funcionarios, con el narcotráfico.
"El Presidente Uribe nos quiere tratar como a las Farc": César Gaviria (La W)
El ex Presidente de la República dijo que nadie se salió de la ley en la persecución a Pablo Escobar (La W)
Gaviria dice no entender por qué lloran en la casa de Nariño la muerte de Pablo Escobar (La W)
'Los Pepes' fueron una política de Estado, dijo Gustavo Salazar (LaW)
Gustavo Salazar, abogado penalista, afirmó que Cesar Gaviria gerenció a los 'Los Pepes'(LaW)
Comunicado expedido por Casa de Nariño
Villegas, quien fue asesinado en 2002, fue condenado a cinco años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito dentro del proceso ocho mil.
"(...) el Presidente era muy cercano al señor César Villegas, fue el Jefe de Planeación de la Aeronáutica. El Presidente se tuvo que ir de la Dirección de la Aeronáutica justamente por las cosas que ese señor hacía allá en la Aeronáutica a favor del narcotráfico", afirmó Gaviria.
Sin embargo, la Secretaría de Prensa de la Presidencia, en un comunicado, aclaró que Uribe ejerció el cargo de director de la Aeronáutica Civil hasta el 6 de agosto de 1982, mientras que Villegas trabajó en la entidad entre el 29 de agosto de 1980 y el 30 de diciembre de 1986, cuatro años después de que Uribe dejó la dirección de la entidad.
El nuevo enfrentamiento es parte de un cruce de acusaciones que Uribe y el ex presidente Gaviria se han lanzado en los últimos días.
Esta mañana, Gaviria acusó al Presidente de orquestar un debate en su contra desde la Casa de Nariño
Aseguró que el mandatario le entregó un 'expediente' al senador Samuel Arrieta para cuestionarlo sobre el Decreto 264, que se expidió durante su administración.
Gaviria trató de desvirtuar las acusaciones de que dicho Decreto oficializó a los 'Pepes', una red criminal organizada en la década de los 90 para acabar Pablo Escobar.
El ex mandatario explicó a emisora 'La W' que ese Decreto le daba facultades al fiscal Gustavo de Greiff para desarrollar la Fiscalía y para buscar colaboración con la justicia. Además le daba recursos.
Admitió, a su vez, que su Gobierno recibió información de enemigos de Pablo Escobar para perseguirlo, pero que jamás hubo alianza con esos criminales.
"¿Cómo hicieron la operación 'Jaque' (en la que se liberó a Íngrid Betancourt y otros 14 rehenes)? ¿Con información de ángeles o con información de adentro de las Farc?", se preguntó Gaviria al justificar que su gobierno se haya apoyado en información de personajes al margen de la ley para dar con el capo.
Sobre la presunta campaña en su contra, 'La W' le mencionó el nombre del ex gobernador de Santander Hugo Aguilar, quien estuvo el día martes en la Casa de Nariño: "Él estuvo por allí, y no sé si eso tenga algo qué ver con que... vaya a decir", dijo Gaviria.
Aguilar formó parte del operativo que terminó con la muerte de Pablo Escobar y es investigado por parapolítica.
"Me da temor, como el parte de la coalición del Presidente Uribe, no da mucha confianza de que antes de hablar ande reunido con funcionarios de la Casa de Nariño", agregó.
Gaviria aseguró que el Decreto 264 pasó por todos los exámenes constitucionales; sin embargo, agregó que estuvo "en desacuerdo con alguna utilización que el fiscal de Greiff hizo del Decreto, entre otras cosas, el otorgamiento de salvoconductos".
"Se excedió, creo yo (el Fiscal de Greiff), en el otogamiento de unos indultos que después la Justica corrigió", agregó Gaviria.
Gaviria dijo que con sus declaraciones de los últimos días simplemente se está defendiendo.
"Me estoy defendiendo de las cosas que hace la Casa de Nariño. Porque viven es en eso. Porque en vez de defender su conducta y comportamiento y tratar de evitarnos una cosa vergonzosa de una investigación formal de la Corte Penal Internacional (CPI), en vez de andar haciéndole segumiento a los magistrados, y en vez de andar hostilizándolos, deberían es estar colaborando con la justicia para que podamos enfrentar el problema paramilitar. Esto no es un tema de que qué pesar de que mataron a Escobar, sino de ver cómo enfrentamos los colombianos unidos este tema de la influencia paramilitar en la sociedad colombiana", dijo.
En un comunicado que se puede considerar la respuesta del Gobierno a las afirmaciones de Gaviria, dice:
"La opinión publica nacional e internacional sabe y reconoce que el Gobierno del presidente Álvaro Uribe ha combatido a los delincuentes desde la Constitución y desde la Ley. Este Gobierno nunca se ha aliado con delincuentes para combatir a otros delincuentes, nunca se ha aliado con terroristas para combatir a otros terroristas. El Gobierno del presidente Álvaro Uribe ha estado de la mano de la Ley, de mano de la Constitución, para enfrentar toda clase de delincuencia y terrorismo".
El organigrama de Pablo Escobar
El general Hugo Martínez Poveda, comandante del Bloque de Búsqueda, que persiguió a Pablo Escobar, en entrevista con 'La W', denunció que funcionarios del actual Gobierno estuvieron dentro del arganigrama del capo, como enlace político o como apoyo.
Martínez Poveda dijo que eso está en informaciones de inteligencia, no como parte de ningún proceso penal. "(...) informaciones que suministraron quienes hablaron en el momento de la guerra del mismo cartel... Comenzaron a dar informaciones de quiénes eran los que apoyaban, servían de intermediarios ante el mismo Gobierno durante estos procesos para su trabajo, lograr lo de la extradición, lo que lograron en su momento, los decretos que se expidieron... porque quien estaba interesado en el asunto es una persona que estaba escondiéndose (Escobar)", dijo.
Poveda invitó al presidente Álvaro Uribe a mostrar pruebas de sus afirmaciones sobre alianza con los 'Pepes', "porque hay un proceso penal que investiga las muertes y los atentados de los 'Pepes'... y si hubo pacto, que diga con quién fue. ¿Es que fue testigo de ello? ¿Por que lo afirma?".
El origen de los Pepes
El abogado Gustavo Salazar, quien previamente habló en 'La W', dijo que el Decreto 264 era el origen de 'Los Pepes' (Perseguidos por Pablo Escobar).
"Para mí (el Decreto 264) es una oficialización de los 'Pepes'... donde concede indulto a quienes ayuden a desabaratar el Cartel de Medellín", dijo Salazar.
"El señor fiscal General de la Nación (Gustavo de Greiff) se reunía con el presidente de la República a efecto de oficializar los 'Pepes'", indicó.
Gaviria atribuyó esa lectura de la filosofía del Decreto 264 a que este abogado es parte interesada y "ha defendido a todos los narcotraficantes de este país".
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Dos nuevas fichas de Uribe en el CSJ
Dos nuevas fichas de Uribe en el CSJ
El Congreso eligió a Pedro Alonso Sanabria y Ovidio Claros Polanco, como nuevos magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. De esta manera Uribe obtiene la mayoría en la institución que tiene el poder de despedir desde magistrados auxiliares hasta jueces municipales.
Por César Paredes, periodista de Semana.com
Fecha: 09/03/2008 -
Este miércoles el Congreso en Pleno eligió a Pedro Alonso Sanabria y a Ovidio Claros Polanco, como nuevos magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de ternas enviadas por el Presidente. Sanabria entra a la corporación para reemplazar a Eduardo Campos Soto, y Claros, a Guillermo Bueno Miranda.
Pedro Sanabria obtuvo una votación de 166 votos, de un total de 232. Del total de la votación fueron anulados 3 votos y 3 congresistas votaron en blanco. La terna para reemplazar a Campos Soto además estaba integrada y William Giraldo y por Nancy Muñoz, quienes obtuvieron 9 y 51 votos, respectivamente.
La terna para reemplazar a Guillermo Bueno, la integraban además de Ovidio Claros, José Joaquín Plata y Claudia Ospina. Claros obtuvo 159 votos, José Plata, 66 y Ospina, 3.
Con estos nuevos nombramientos, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, quedó con cinco magistrados nombrados elegidos por un Congreso de mayorías uribistas de ternas propuestas por Uribe. Pero, antes de finalizar este año, el gobierno también deberá postular las ternas para reemplazar a los magistrados Temístocles Ortega y Rubén Darío Henao, a quienes también les llegó la hora de dejar el cargo y la sala quedará compuesta en su totalidad por integrantes postulados por este gobierno.
Es decir, toda esta sala cuyo poder sobre la Rama Judicial es enorme, estará integrada por personas postuladas por el Ejecutivo. Según opiniones de analistas y ex magistrados recogidas por Semana.com, no sería exagerado decir que con este paso se quebró un eje central de los que sostienen un principio básico de la democracia: la independencia de los poderes públicos.
Esto no se había dado antes, debido a que como los Presidentes sólo duraban cuatro años, no alcanzaban a nombrar sino a una minoría de los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior. La Constitución lo había diseñado así para que el Presidente tuviera juego allí, pero no mayoría, ya que esta había sido nombrada por su antecesor.
¿Cuál es la función de esta Sala?
El Consejo Superior de la Judicatura es un tribunal con un alto grado de poder que fue creado con la Constitución de 1991 para garantizar el autogobierno de la rama judicial. Su creación se inspiró en el principio de independencia de la justicia de la tutela del gobierno.
Para esto se crearon las dos salas que componen el alto tribunal: la administrativa y la disciplinaria.
La administrativa es la encargada las actividades de organización y gestión de los recursos de la rama judicial. La disciplinaria se ocupa de la investigación de la conducta de los funcionarios judiciales y de los abogados y de dirimir los conflictos de competencia que se planteen entre las distintas jurisdicciones.
Las decisiones del Consejo Superior de la Judicatura, en materia disciplinaria, son sentencias que no se someten estudios posteriores ni a pronunciamientos de otra jurisdicción, salvo por la vía de la tutela.
El hecho de que esta corporación judicial quede en manos de fichas del Ejecutivo riñe con el espíritu constitucional de independencia que se le quiso imprimir en el 91, pues éste podría eventualmente tener una gran influencia en las decisiones que afecten la carrera de jueces y abogados. Así, si por ejemplo, algún juez o magistrado auxiliar de las Cortes, toma una decisión que no convenga a los intereses políticos del Ejecutivo, éste tendrá una capacidad especial de influir sobre las personas que nombró en la Sala Disciplinaria para que éstas busquen la manera de investigar o sancionar al juez en cuestión.
Para Armando Novoa, director del Centro de Estudios Constitucionales ‘Plural’, el hecho de que el Presidente tenga copadas todas las cuotas burocráticas en la Sala Disciplinaria es una amenaza a la independencia de la Rama Judicial, producto de la reelección presidencial. “La cooptación de la Sala Disciplinaria se podrá utilizar como un disuasivo de las investigaciones por la parapolítica”, advirtió Novoa.
A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes son los encargados de las investigaciones a los parapolíticos, los protege su fuero constitucional y sólo pueden ser investigados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. “Pero la Sala Disciplinaria sí puede investigar a magistrados auxiliares y a los fiscales que llevan los casos de la parapolítica”, explicó Novoa.
El analista además advirtió que con uno de sus fallos, la Sala Disciplinaria podría revertir el proceso de la parapolítica. Esta Sala estará integrada por figuras postuladas por el Ejecutivo y escogidas por congresistas de partidos uribistas y la mayoría de los congresistas investigados son de la coalición del gobierno, por eso Novoa asegura que esta Sala no tiene una buena perspectiva.
Javier Revelo, investigador del Centro de Estudios de Derecho de Justicia y Sociedad, DeJusticia, argumentó que con el nombramiento de toda la Sala Disciplinaria por injerencia del gobierno ésta quedaría amarrada a sus intereses. “La garantía de independencia de la Justicia quedaría en entredicho. Quien juzga a los jueces debería ser independiente. Si se afecta la independencia de los jueces se afecta la independencia de la Justicia”, dijo Revelo.
La preocupación no es infundada, pues en los casos en que abogados defensores de derechos humanos lleven procesos contra funcionarios del gobierno, éste eventualmente podría intimidarlos ejerciendo su influencia en la Sala Disciplinaria.
Y debido a que dentro de las facultades de esta corporación está la de “dirimir las los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones y entre éstas y las autoridades administrativas”, el Ejecutivo tendrá preponderancia a la hora de que la Sala tenga un caso de estos.
Un ejemplo del alcance de la corporación con sus mayorías afines al gobierno se evidenció en el caso de la extradición del jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. La magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Martha Inés Montaña falló una tutela a favor de una víctima del jefe paramilitar, el fallo impedía la extradición de ‘Macaco’. El argumento fue que "el gobierno no puede extraditarlo mientras él no responda por sus delitos de lesa humanidad en Colombia y no repare a las víctimas".
Sin embargo, el gobierno apeló la decisión ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y se revocó el fallo de la primera instancia. En ese momento, el gobierno contaba con cuatro de sus postulados en la corporación. Dejó un mal sabor que la revisión y consecuente decisión que dio vía libre a la extradición de los jefes paras a pesar de los reclamos por los derechos de las víctimas, fue tomada por la Sala Disciplinaria con una celeridad inusual.
“Toda tutela que los jueces serios no reciben, llega allá porque parece tener un ambiente más propicio; y también es un escenario de empleo perfumadamente remunerado a quienes nunca se destacaron ni en el foro, ni en la jurisdicción, ni en ninguna de las ocupaciones que tenemos los abogados. Hace rato se recluta en la retaguardia de la profesión de abogado, como parte de una piñata política que algunos jefes del Congreso logran con la complacencia de los Presidentes de la República, del actual y de todos”, dijo Hernando Yepes Arcila, quien fue el primer presidente del Consejo Superior de la Judicatura, en una reciente entrevista publicada por el diario La Patria.
Las ternas propuestas, otro roscograma
Analistas y sectores de la oposición han criticado la manera en que el Presidente está proponiendo las ternas para elegir, no solo a los funcionarios de la Sala Disciplinaria, sino de otras instituciones del Estado.
En la pasada elección del Defensor del Pueblo, en la que la Cámara de Representantes eligió a Vólmar Pérez la terna estuvo compuesta por integrantes del partido Conservador. De la misma manera, en la terna propuesta para elegir magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, en la que salió elegida Julia Emma Garzón, la terna estaba integrada por miembros del partido de la U.
Según trascendió, la terna para reemplazar al magistrado Eduardo Campo Soto estáuvo integrada en su totalidad por miembros del Partido Conservador.
Por esta razón, Armando Novoa dijo a Semana.com: “el gobierno está conformando las ternas, no con el criterio de escoger los mejores juristas, sino con el de que sean miembros de los partidos de la coalición con el objetivo de extender el esquema de sus mayorías del Congreso a la Rama Judicial”.
En la Reforma a la Justicia propuesta por el gobierno el mecanismo de conformación de la Sala Disciplinaria cambia al sistema de cooptación (es decir, saldrían de las mismas corporaciones judiciales, mediante el mecanismo que se fije en una Ley específica). Sin embargo de aquí a que la reforma sea aprobada los nuevos magistrados ya estarán posesionados en sus cargos y tendrán que terminar su período, pues la reforma no plantea la revocatoria de su elección.
Con la reforma constitucional, esta Sala también tendría facultades en las investigaciones disciplinarias contra los congresistas.
www.semana.com
El Congreso eligió a Pedro Alonso Sanabria y Ovidio Claros Polanco, como nuevos magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. De esta manera Uribe obtiene la mayoría en la institución que tiene el poder de despedir desde magistrados auxiliares hasta jueces municipales.
Por César Paredes, periodista de Semana.com
Fecha: 09/03/2008 -
Este miércoles el Congreso en Pleno eligió a Pedro Alonso Sanabria y a Ovidio Claros Polanco, como nuevos magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de ternas enviadas por el Presidente. Sanabria entra a la corporación para reemplazar a Eduardo Campos Soto, y Claros, a Guillermo Bueno Miranda.
Pedro Sanabria obtuvo una votación de 166 votos, de un total de 232. Del total de la votación fueron anulados 3 votos y 3 congresistas votaron en blanco. La terna para reemplazar a Campos Soto además estaba integrada y William Giraldo y por Nancy Muñoz, quienes obtuvieron 9 y 51 votos, respectivamente.
La terna para reemplazar a Guillermo Bueno, la integraban además de Ovidio Claros, José Joaquín Plata y Claudia Ospina. Claros obtuvo 159 votos, José Plata, 66 y Ospina, 3.
Con estos nuevos nombramientos, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, quedó con cinco magistrados nombrados elegidos por un Congreso de mayorías uribistas de ternas propuestas por Uribe. Pero, antes de finalizar este año, el gobierno también deberá postular las ternas para reemplazar a los magistrados Temístocles Ortega y Rubén Darío Henao, a quienes también les llegó la hora de dejar el cargo y la sala quedará compuesta en su totalidad por integrantes postulados por este gobierno.
Es decir, toda esta sala cuyo poder sobre la Rama Judicial es enorme, estará integrada por personas postuladas por el Ejecutivo. Según opiniones de analistas y ex magistrados recogidas por Semana.com, no sería exagerado decir que con este paso se quebró un eje central de los que sostienen un principio básico de la democracia: la independencia de los poderes públicos.
Esto no se había dado antes, debido a que como los Presidentes sólo duraban cuatro años, no alcanzaban a nombrar sino a una minoría de los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior. La Constitución lo había diseñado así para que el Presidente tuviera juego allí, pero no mayoría, ya que esta había sido nombrada por su antecesor.
¿Cuál es la función de esta Sala?
El Consejo Superior de la Judicatura es un tribunal con un alto grado de poder que fue creado con la Constitución de 1991 para garantizar el autogobierno de la rama judicial. Su creación se inspiró en el principio de independencia de la justicia de la tutela del gobierno.
Para esto se crearon las dos salas que componen el alto tribunal: la administrativa y la disciplinaria.
La administrativa es la encargada las actividades de organización y gestión de los recursos de la rama judicial. La disciplinaria se ocupa de la investigación de la conducta de los funcionarios judiciales y de los abogados y de dirimir los conflictos de competencia que se planteen entre las distintas jurisdicciones.
Las decisiones del Consejo Superior de la Judicatura, en materia disciplinaria, son sentencias que no se someten estudios posteriores ni a pronunciamientos de otra jurisdicción, salvo por la vía de la tutela.
El hecho de que esta corporación judicial quede en manos de fichas del Ejecutivo riñe con el espíritu constitucional de independencia que se le quiso imprimir en el 91, pues éste podría eventualmente tener una gran influencia en las decisiones que afecten la carrera de jueces y abogados. Así, si por ejemplo, algún juez o magistrado auxiliar de las Cortes, toma una decisión que no convenga a los intereses políticos del Ejecutivo, éste tendrá una capacidad especial de influir sobre las personas que nombró en la Sala Disciplinaria para que éstas busquen la manera de investigar o sancionar al juez en cuestión.
Para Armando Novoa, director del Centro de Estudios Constitucionales ‘Plural’, el hecho de que el Presidente tenga copadas todas las cuotas burocráticas en la Sala Disciplinaria es una amenaza a la independencia de la Rama Judicial, producto de la reelección presidencial. “La cooptación de la Sala Disciplinaria se podrá utilizar como un disuasivo de las investigaciones por la parapolítica”, advirtió Novoa.
A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes son los encargados de las investigaciones a los parapolíticos, los protege su fuero constitucional y sólo pueden ser investigados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. “Pero la Sala Disciplinaria sí puede investigar a magistrados auxiliares y a los fiscales que llevan los casos de la parapolítica”, explicó Novoa.
El analista además advirtió que con uno de sus fallos, la Sala Disciplinaria podría revertir el proceso de la parapolítica. Esta Sala estará integrada por figuras postuladas por el Ejecutivo y escogidas por congresistas de partidos uribistas y la mayoría de los congresistas investigados son de la coalición del gobierno, por eso Novoa asegura que esta Sala no tiene una buena perspectiva.
Javier Revelo, investigador del Centro de Estudios de Derecho de Justicia y Sociedad, DeJusticia, argumentó que con el nombramiento de toda la Sala Disciplinaria por injerencia del gobierno ésta quedaría amarrada a sus intereses. “La garantía de independencia de la Justicia quedaría en entredicho. Quien juzga a los jueces debería ser independiente. Si se afecta la independencia de los jueces se afecta la independencia de la Justicia”, dijo Revelo.
La preocupación no es infundada, pues en los casos en que abogados defensores de derechos humanos lleven procesos contra funcionarios del gobierno, éste eventualmente podría intimidarlos ejerciendo su influencia en la Sala Disciplinaria.
Y debido a que dentro de las facultades de esta corporación está la de “dirimir las los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones y entre éstas y las autoridades administrativas”, el Ejecutivo tendrá preponderancia a la hora de que la Sala tenga un caso de estos.
Un ejemplo del alcance de la corporación con sus mayorías afines al gobierno se evidenció en el caso de la extradición del jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. La magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Martha Inés Montaña falló una tutela a favor de una víctima del jefe paramilitar, el fallo impedía la extradición de ‘Macaco’. El argumento fue que "el gobierno no puede extraditarlo mientras él no responda por sus delitos de lesa humanidad en Colombia y no repare a las víctimas".
Sin embargo, el gobierno apeló la decisión ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y se revocó el fallo de la primera instancia. En ese momento, el gobierno contaba con cuatro de sus postulados en la corporación. Dejó un mal sabor que la revisión y consecuente decisión que dio vía libre a la extradición de los jefes paras a pesar de los reclamos por los derechos de las víctimas, fue tomada por la Sala Disciplinaria con una celeridad inusual.
“Toda tutela que los jueces serios no reciben, llega allá porque parece tener un ambiente más propicio; y también es un escenario de empleo perfumadamente remunerado a quienes nunca se destacaron ni en el foro, ni en la jurisdicción, ni en ninguna de las ocupaciones que tenemos los abogados. Hace rato se recluta en la retaguardia de la profesión de abogado, como parte de una piñata política que algunos jefes del Congreso logran con la complacencia de los Presidentes de la República, del actual y de todos”, dijo Hernando Yepes Arcila, quien fue el primer presidente del Consejo Superior de la Judicatura, en una reciente entrevista publicada por el diario La Patria.
Las ternas propuestas, otro roscograma
Analistas y sectores de la oposición han criticado la manera en que el Presidente está proponiendo las ternas para elegir, no solo a los funcionarios de la Sala Disciplinaria, sino de otras instituciones del Estado.
En la pasada elección del Defensor del Pueblo, en la que la Cámara de Representantes eligió a Vólmar Pérez la terna estuvo compuesta por integrantes del partido Conservador. De la misma manera, en la terna propuesta para elegir magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, en la que salió elegida Julia Emma Garzón, la terna estaba integrada por miembros del partido de la U.
Según trascendió, la terna para reemplazar al magistrado Eduardo Campo Soto estáuvo integrada en su totalidad por miembros del Partido Conservador.
Por esta razón, Armando Novoa dijo a Semana.com: “el gobierno está conformando las ternas, no con el criterio de escoger los mejores juristas, sino con el de que sean miembros de los partidos de la coalición con el objetivo de extender el esquema de sus mayorías del Congreso a la Rama Judicial”.
En la Reforma a la Justicia propuesta por el gobierno el mecanismo de conformación de la Sala Disciplinaria cambia al sistema de cooptación (es decir, saldrían de las mismas corporaciones judiciales, mediante el mecanismo que se fije en una Ley específica). Sin embargo de aquí a que la reforma sea aprobada los nuevos magistrados ya estarán posesionados en sus cargos y tendrán que terminar su período, pues la reforma no plantea la revocatoria de su elección.
Con la reforma constitucional, esta Sala también tendría facultades en las investigaciones disciplinarias contra los congresistas.
www.semana.com
Ordenan arresto del presidente Álvaro Uribe
Ordenan arresto del presidente Álvaro Uribe
Por: Elespectador.com
Por el desacato al fallo de una tutela, tres conjueces de Sincelejo ordenaron el arresto del Presidente de la República, Álvaro Uribe, y el de los ministros de Interior y Hacienda, Fabio Valencia Cossio y Óscar Iván Zuluaga respectivamente.
El fallo sin precedentes se dio en el Tribunal Superior de Sincelejo, porque según los conjueces una tutela obligaba al Jefe de Estado y a sus Ministros un equilibrio salarial para 148 trabajadores de la rama judicial.El tiempo que daba el fallo para que se llevara a cabo tal reajuste salarial caducó y el mismo no se implementó. Es por eso que se considera tal acción como un desacato al Tribunal Superior de Sincelejo, el cual sin embargo se declaró impedido para fallar por conflicto de intereses.Por lo anterior, se nombraron a tres abogados litigantes como conjueces para que produjeran el fallo. Gustavo Adolfo Lions, Saúl Vega y Freddy de la Ossa Badel, fueron los encargados de dar el fallo.La Corte Suprema de Justicia se encargará ahora de revisar el caso.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/articulo-ordenan-el-arresto-del-presidente-uribe
Por: Elespectador.com
Por el desacato al fallo de una tutela, tres conjueces de Sincelejo ordenaron el arresto del Presidente de la República, Álvaro Uribe, y el de los ministros de Interior y Hacienda, Fabio Valencia Cossio y Óscar Iván Zuluaga respectivamente.
El fallo sin precedentes se dio en el Tribunal Superior de Sincelejo, porque según los conjueces una tutela obligaba al Jefe de Estado y a sus Ministros un equilibrio salarial para 148 trabajadores de la rama judicial.El tiempo que daba el fallo para que se llevara a cabo tal reajuste salarial caducó y el mismo no se implementó. Es por eso que se considera tal acción como un desacato al Tribunal Superior de Sincelejo, el cual sin embargo se declaró impedido para fallar por conflicto de intereses.Por lo anterior, se nombraron a tres abogados litigantes como conjueces para que produjeran el fallo. Gustavo Adolfo Lions, Saúl Vega y Freddy de la Ossa Badel, fueron los encargados de dar el fallo.La Corte Suprema de Justicia se encargará ahora de revisar el caso.
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