El lío de los títulos colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó
En la ruta de los Castaño
La mano del narcotráfico y del paramilitarismo está presente en el desarrollo de la industria palmicultora en la zona del Urabá chocoano. En la región hoy se viven tensos momentos por las investigaciones de la Fiscalía.
Norbey Quevedo H. / Juan David Laverde P.
sábado, 16 de febrero de 2008
A la representante legal del Consejo Comunitario de Curvaradó (Chocó), Ligia María Chaverra, la quieren matar. Desde septiembre de 2003, esta anciana agricultora, líder de la resistencia contra la ocupación de los terrenos que fueron adjudicados a su gente en 2000 como títulos colectivos, es un blanco móvil en la tensa confrontación que hoy se vive en el Urabá chocoano por cuenta de la extensión de cultivos de palma de aceite infiltrados por el paramilitarismo y el narcotráfico.
Manuel Denis Blandón, ex representante legal del Consejo Comunitario de Jiguamiandó (Chocó), también esquiva la muerte por defender su comunidad y por haber promovido zonas humanitarias y de biodiversidad en medio de la guerra a muerte que libran el Estado y las Farc, en el dramático presente de una región convulsionada que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había advertido desde 2003 y que hoy trata de restaurar la Fiscalía investigando cómo fueron ocupadas las tierras de las comunidades chocoanas con la mano larga de las autodefensas.
Una estratégica labor de despojo agrario en el Urabá chocoano, liderado por Vicente Castaño, Freddy Rendón Henao y otros jefes de las autodefensas, con el propósito de extender en estas áreas rurales del municipio de Belén de Bajirá y otras comunidades vecinas, el rentable proyecto empresarial de la palma de aceite. El negocio de moda para producir biodiesel –que se perfila como el combustible del siglo XXI–, que el Gobierno apoya decididamente en todo el país, pero que en el departamento del Chocó, por mano rapaz, terminó por convertirse en un polvorín a punto de estallar.
Desde las escrituras
Trece empresas hoy invierten en palma de aceite en las cuencas de Jiguamiandó y Curvaradó. Tres constituidas en Barranquilla, Santa Marta y San Jacinto (Bolívar), dos de Medellín, una de Apartadó y siete más de la región. En una entrevista a la revista Semana en 2005, el fugitivo jefe paramilitar Vicente Castaño, aceptó también su presencia: “Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos”. Una mínima revisión de las escrituras de constitución de esas empresas palmicultoras, dejan advertir su mano sigilosa y otras sorpresas judiciales.
Por ejemplo, tres años después del desplazamiento forzado a que fueron sometidas las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó en 1997, en la Cámara de Comercio de Barranquilla se constituyó la empresa Unión de Cultivadores de Palma de Aceite de Urabá (Urapalma). Entre los accionistas, compareciendo a su nombre y en representación de Construcciones Unidas Ltda., con un capital de $225 millones, apareció el empresario barranquillero Alberto Zúñiga Caballero. En la compañía Palmas de Urabá (Palmura), constituida en Santa Marta en 2003, vuelve a aparecer Zúñiga Caballero y varios de sus familiares como los socios principales.
En torno a la familia Zúñiga Caballero, desde los años 80, existe documentación judicial que relaciona a uno de sus integrantes, Julio César Zúñiga Caballero, con el tráfico de estupefacientes. De hecho, el 24 de marzo de 2005, en desarrollo de la Operación Patria, la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía ocupó 56 propiedades de su núcleo familiar, entre ellas varias inmobiliarias, empresas oleaginosas o estaciones de servicio en la Costa Atlántica, en cuyas actas de registro de fundadores también aparecen algunos socios de las Palmeras de Urabá.
Otro caso representativo de los ambiguos orígenes de la explotación de palma de aceite en el Urabá chocoano, lo constituye la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba), un predio de 1.000 hectáreas ubicado en el poblado de Caño Manso, ubicado en la cuenca del Río Curvaradó, que el antiguo Incora le otorgó a René Palacios en 1992, pero que 10 años después apareció, primero convertido en un organismo para la defensa gremial de los campesinos y casi simultáneamente como objeto de una peculiar compraventa en la única notaría de Carepa (Antioquia), que se llevó a cabo el 14 de diciembre de 2002.
Ese día compareció Hugo Fenel Bernal Molano, natural de Medellín, en calidad de vendedor del predio que diez meses antes le había comprado a René Palacios, y Sor Teresa Gómez Álvarez, vecina de Riosucio (Chocó) y natural de Amalfi (Antioquia), en calidad de compradora y representante legal de la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba). El negocio se cerró en $100 millones y hoy cobra importancia porque vendedor y compradora están comprometidos en investigaciones judiciales y Asoprobeba sigue desempeñando un papel activo en la compra de tierras y extensión de cultivos de palma de aceite en el Chocó.
Dos nombres clave
De Hugo Fenel Bernal Molano se tienen noticias judiciales desde los años 90, cuando fue retirado de las Fuerzas Militares por comprobados nexos con el capo de capos Pablo Escobar Gaviria. Desde hace unos años una Corte Federal de E.U. lo requería por delitos de narcotráfico y lavado de activos, ofreciendo cinco millones de dólares por su captura. Volvió a la palestra pública como uno de los extraditables a quienes le fueron borrados sus antecedentes en el DAS por acción del ex jefe de informática y testigo estelar de la parapolítica, Rafael García. El 5 de marzo de 2007 fue capturado en el municipio de Valencia (Córdoba).
En cuanto a Sor Teresa Gómez Álvarez, su historia está ligada a las entrañas del paramilitarismo. Casada con Manuel Gil, hermano medio de Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil, y suegra de alias Monoleche, jefe paramilitar hoy preso en la cárcel de Itagüi, trascendió por primera vez en abril de 1998 cuando la Fiscalía allanó el parqueadero Padilla ubicado en Medellín y descubrió la telaraña financiera de las autodefensas. Entre 70 disquetes con información de 16 cuentas bancarias en Montería y dos empresas de papel con multimillonarios giros de dinero, apareció la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor).
Esta fundación fue creada en marzo de 1991 por los hermanos Castaño Gil como una entidad sin ánimo de lucro para establecer contactos con ganaderos y políticos de la región a fin de facilitar entrega de tierras a los campesinos. En calidad de representante legal fue designada Sor Teresa Gómez Álvarez. Según información del periódico El Nuevo Herald de E.U., en 2001, Funpazcor se transformó en una empresa de fachada para la adquisición de tierras, tráfico de armas y lavado de activos. No obstante, las investigaciones judiciales del caso Funpazcor, en su mayoría terminaron archivadas durante la gestión del ex fiscal Luis Camilo Osorio.
Por eso Sor Teresa Gómez Álvarez reapareció en el Urabá y, en calidad de representante legal de Asoprobeba, en 2003 suscribió contratos de comodato con campesinos convertidos en cordones de protección familiar para nuevas tareas de apropiación ilegal de tierras. Para junio de 2001, la Cámara de Comercio de Urabá ya no registra su representación legal en la asociación, pero su nombre vuelve a relacionarse como sindicada del asesinato de la líder campesina Yolanda Izquierdo, ocurrido el 31 de enero de 2007, en medio de sus reclamos sobre la propiedad de tierras parceladas por los hermanos Castaño en el departamento de Córdoba.
Las reuniones
A pesar de estos antecedentes, Asoprobeba sigue participando en reuniones con representantes del Estado y los organismos de control para discutir la problemática de las tierras, los desplazamientos y los linderos de los títulos legítimos. Por ejemplo, en la vereda Santa María del municipio de Belén de Bajirá, el 8 de junio de 2007, a solicitud de los repobladores de Asoprobeba, se adelantó una reunión para discutir sobre propiedad de tierras y a ella acudieron el director regional del Incoder, el personero de Riosucio, el vocero de Codechocó y hasta el coordinador del programa presidencial Acción Social en Urabá, Luis Mario Gaviria Vélez.
Este último funcionario, hermano del asesor presidencial José Obdulio Gaviria, llegó como coordinador de Acción Social en Urabá en marzo de 2004 y desde entonces ha cumplido una activa labor para resolver los conflictos de titulación de tierras, retorno y reubicación de campesinos desplazados, seguridad alimentaria y obras de infraestructura del Estado. En su gestión, por fuerza de las circunstancias y las tensiones sociales en la región, también ha tenido que participar en reuniones para buscar aproximaciones entre las empresas palmicultoras y los campesinos que reclaman sus tierras.
Según lo documentó la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en carta enviada el pasado 12 de febrero a la Vicepresidencia, los Ministerios del Interior y Medio Ambiente y los titulares de los organismos de investigación y control, el pasado 7 de febrero, en Bogotá, Luis Mario Gaviria se reunió con las empresas palmicultoras que hoy están investigadas por la Fiscalía por los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir y usurpación de tierras, a fin de propiciar un acuerdo para que parte del territorio colectivo que hoy está sembrado ilegalmente con palma de aceite, sea entregado a los trabajadores de las empresas.
La citada asociación Asoprobeba, junto con la Corporación de Desarrollo y Vida del Darién (Cordesvida) y otras Ong del Urabá hacen parte del conglomerado llamado Alianza Colombiana Sin Hambre, organización asentada en San Pedro de Urabá que, según informaciones periodísticas, es el mecanismo a través del cual Vicente Castaño y sus segundos inciden en las comunidades del Bajo Atrato chocoano. Según el Colectivo Justicia y Paz, uno de sus promotores, a través de Cordesvida, es el ex alcalde de Chigorodó, Amador Caicedo, hoy procesado por apropiación ilegal de tierras.
Con esta clase de evidencias, cobra plena vigencia el comentario manifestado por el jefe paramilitar Carlos Mauricio García, alías Rodrigo Franco o Doble Cero, en septiembre de 2003, meses antes de ser asesinado por sus propios compañeros de armas: “Los proyectos de palma africana del sur el eje bananero de Urabá, chorrean sangre, miseria y corrupción. La forma en que han sido adquiridas las tierras y el dinero supuestamente prestado por entidades de fomento agroindustrial, hacen parte de una cadena de lavado de dineros del narcotráfico, testaferrato, desplazamiento forzado, muerte y violencia”.
Desde esa misma época ya lo había advertido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dos años después, en junio de 2005 lo hizo también la Defensoría del Pueblo. Lo tuvieron siempre claro el Incoder y Codechocó, pero dichas evidencias no fueron óbice para que las empresas palmicultoras fueran beneficiarias de créditos del Banco Agrario y Finagro por valor superior a los $10 mil millones. Sólo después de que el Consejo de Estado en agosto de 2007 aclaró que los títulos colectivos no podían sustituirse por otras formas de acceso a la tierra, el Ministerio de Agricultura pidió la intervención de la Fiscalía y denunció la apropiación de tierras en Urabá.
En diciembre de 2007, la Fiscalía ordenó vincular mediante indagatoria a 23 representantes legales de las empresas palmicultoras, y se han compulsado copias para investigar a funcionarios públicos que facilitaron acciones ilegales con los títulos de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó. Entre los llamados a comparecer ante la justicia aparecen Jaime Sierra Moreno y Antonio Zúñiga Caballero, dos de los representantes del gremio de los palmeros que desde mediados de 2005 sostuvieron activa interlocución con el Estado para resolver el conflicto de los territorios colectivos en Urabá.
Una de tales reuniones, como aparece documentado, tuvo lugar el 25 de mayo y, a nombre del Gobierno, participó el consejero presidencial Carlos Franco, quien envió un minucioso reporte a la Vicepresidencia, los Ministerios de Agricultura, Defensa e Interior, la gerencia del Incoder y las autoridades militares y de policía en Urabá, para avanzar en el esclarecimiento de los títulos colectivos. Paradójicamente y según se lee en el oficio, entre los cuatro representantes del gremio de los palmeros concurrió Ignacio Guzmán, quien desde el 10 de octubre de 2002 oficiaba como embajador de Colombia en México.
Su hoja de vida lo califica como activo defensor de los cultivos de palma de aceite, presidió la Asociación de Empresarios Exitosos por la Paz que apoyó la siembra de la palma de aceite, fue compañero de lista del ex senador Mario Uribe para la legislatura de 1986-1990, fundador del proyecto Primero Antioquia que llevó a Álvaro Uribe a la Gobernación del departamento, gobernador encargado en 17 ocasiones, director encargado de Corpourabá y desde el pasado 6 de agosto de 2007 desempeña funciones como cónsul en Miami. Hoy el diplomático está alejado del problema que judicialmente afrontan los palmicultores de Urabá por la acción de la Fiscalía.
Dos de los representantes legales de las palmeras ya rindieron indagatoria. Javier Daza Pretel de Urapalma e Iván Patiño Patiño de Palmas S.A. Tendrán que hacerlo también los representantes de Palmas de Curvaradó, Palmas del Atrato, Palmura, La Tukeka, Selva Húmeda e Inversiones Fregni Ochoa. Pero mientras la Fiscalía esclarece qué pasó en Urabá con los títulos colectivos, las empresas palmicultoras, los grupos paramilitares y el narcotráfico, ya hay una acción urgente para que el Estado no se vuelva a equivocar: urge proteger la vida de María Ligia Chaverra y Manuel Denis Blandón, los líderes negros de Jiguamiandó y Curvaradó.
nquevedo@elespectador.com
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sábado, 16 de febrero de 2008
martes, 12 de febrero de 2008
Lluvia de amenazas tras la marcha del 4 de febrero…
Lluvia de amenazas tras la marcha del 4 de febrero…
Añadido por Colombia/Cronistas de la calle/ANNCOL
martes, 12 de febrero de 2008
Indignados, así se sintieron los periodistas de este país con las declaraciones de Piedad Córdoba sobre la marcha del 4 de febrero. “La marcha del odio”, fue el calificativo de la Senadora y las críticas no tardaron en aparecer (como cada que ella da alguna declaración). ¿Cómo es posible semejante afirmación cuando la consigna era por la paz de Colombia? “Qué falta de respeto ignorar el clamor de todo un pueblo que lo único que quiere es la paz”, ¿No vio cómo estaban todos y todas vestiditos de blanco?
Tendríamos que preguntarle a los periodistas que piensan de las amenazas que han recibido los profesores de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) por el sólo hecho de manifestar su posición frente a la marcha, (posición contraria al paramilitarismo).
Tendríamos que preguntarles también por el miedo que tienen que vivir los habitantes de los barrios populares de Medellín (situación que muy seguramente se repite en todo el país), que han sido señalados por no salir a marchar el 4 de febrero a pesar de haber recibido una “recomendación” de los paramilitares para que lo hicieran… no te vi en la marcha… es lo que les dicen ahora los paracos…. Ahí vamos viendo como son las cosas…
Qué nos expliquen también, (si ésta no era la marcha del odio) porqué le llegó un correo a Carlos Gaviria, donde le advertían que si se aparecía en la marcha lo iban a volver picadillos, (así lo relataron los mismos noticieros apenas un día antes de la marcha, y los términos no son nada pacifistas).
Sería bueno saber porqué (si no era la marcha del odio), se exhibían carteles contra Piedad Córdoba, que más que insultantes eran groseros e irrespetuosos, sería bueno saber porqué se quemaba la fotografía de Chávez mientras le gritaban toda clase de improperios y porqué de manera amenazante los “defensores de la paz en Colombia” gritaban contra quienes manifestaban no estar de acuerdo con la política de Álvaro Uribe, (ver video en www.youtube.com lo que no se vio de la marcha del 4 de febrero).
Ahora, de manera sospechosa, los noticieros de la noche del lunes 11 de febrero se disculpan por estas acciones y aseguran que fue una “pequeña minoría” la que protagonizó estos actos tan bochornosos, ¡claro!, porque ellos quedaron grabados y están a disposición de quien quiera verlos, pero las amenazas que reciben los habitantes de los barrios populares de Medellín no se ven, de ellas no queda registro y si se cuentan, simplemente se desmienten. (Como ya lo hizo el lacayo, primo de Escobar, José Obdulio Gaviria, al decir que los paramilitares están desmovilizados).
Tampoco se ven las amenazas que han recibido los profesores de Adida que entre otras cosas, reciben serias críticas cada vez que en su legítima defensa de la educación pública y por el bienestar mismo de sus alumnos y alumnas, salen con ellos y ellas a las calles para exigir el cumplimiento del derecho a la educación que es además un derecho constitucional.
¡Que cómo es posible que saquen a esos niños y niñas a las calles!, ¡que los están perjudicando!, ¡que les están violando su derecho a la educación!, ¡que los están mal educando!... y un montón de cosas más.
Pero para la marcha del 4 de febrero no era ningún problema sacar a los jóvenes de los colegios privados para que marcharan al lado de sus profes, ahí si no se está violando ningún derecho a la educación y tampoco se les está maleducando cuando se les reconocieron diez horas de alfabetización a los jóvenes de once grado que salieron a marchar.
Es sospechoso que después de las declaraciones tan graves de José Obdulio Gaviria, donde no sólo se atreve a afirmar que en este país no hay víctimas porque ellas ya están siendo reparadas y que no hay paramilitares porque ellos se desmovilizaron, y que de la manera más irresponsable diga que la marcha del 6 de marzo la convocan las FARC-EP, (señalando de antemano a quienes vamos a salir el 6 de marzo), los noticieros del día no se hayan manifestado al respecto.
Estas declaraciones se escucharon en Caracol radio en las primeras horas de la mañana del 11 de febrero, pero a partir de ese momento nadie más habló del asunto, ni los noticieros del medio día, ni los de la noche. El tiro macartista, del asesor mafioso ya está disparado.
Le llamarían la atención por la metida de patas? ¡Pilas José Obdulio que tiene rabo de paja!, ¡pilas que hay cifras que no va a poder desmentir! Y pilas también porque el 6 de marzo vamos a salir a la calle los que usted considera simpatizantes de las FARC-EP. Porque, aunque usted no lo sepa (o lo quiera ocultar porque si que lo sabe), en este país hay mucha gente que llora la desaparición de un ser querido, hay miles de fosas comunes cavadas por los paramilitares, hay miles de familias desplazadas de sus tierras, hay ejecuciones extrajudiciales, hay presos políticos sufriendo torturas y los paramilitares siguen campeando en las calles de nuestras ciudades al amparo del Estado y todo esto son los crímenes de Estado, que usted dice no existen en Colombia. Y marcharemos porque nuestro lugar es al lado de las víctimas.
Modificado el ( martes, 12 de febrero de 2008 )
Añadido por Colombia/Cronistas de la calle/ANNCOL
martes, 12 de febrero de 2008
Indignados, así se sintieron los periodistas de este país con las declaraciones de Piedad Córdoba sobre la marcha del 4 de febrero. “La marcha del odio”, fue el calificativo de la Senadora y las críticas no tardaron en aparecer (como cada que ella da alguna declaración). ¿Cómo es posible semejante afirmación cuando la consigna era por la paz de Colombia? “Qué falta de respeto ignorar el clamor de todo un pueblo que lo único que quiere es la paz”, ¿No vio cómo estaban todos y todas vestiditos de blanco?
Tendríamos que preguntarle a los periodistas que piensan de las amenazas que han recibido los profesores de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) por el sólo hecho de manifestar su posición frente a la marcha, (posición contraria al paramilitarismo).
Tendríamos que preguntarles también por el miedo que tienen que vivir los habitantes de los barrios populares de Medellín (situación que muy seguramente se repite en todo el país), que han sido señalados por no salir a marchar el 4 de febrero a pesar de haber recibido una “recomendación” de los paramilitares para que lo hicieran… no te vi en la marcha… es lo que les dicen ahora los paracos…. Ahí vamos viendo como son las cosas…
Qué nos expliquen también, (si ésta no era la marcha del odio) porqué le llegó un correo a Carlos Gaviria, donde le advertían que si se aparecía en la marcha lo iban a volver picadillos, (así lo relataron los mismos noticieros apenas un día antes de la marcha, y los términos no son nada pacifistas).
Sería bueno saber porqué (si no era la marcha del odio), se exhibían carteles contra Piedad Córdoba, que más que insultantes eran groseros e irrespetuosos, sería bueno saber porqué se quemaba la fotografía de Chávez mientras le gritaban toda clase de improperios y porqué de manera amenazante los “defensores de la paz en Colombia” gritaban contra quienes manifestaban no estar de acuerdo con la política de Álvaro Uribe, (ver video en www.youtube.com lo que no se vio de la marcha del 4 de febrero).
Ahora, de manera sospechosa, los noticieros de la noche del lunes 11 de febrero se disculpan por estas acciones y aseguran que fue una “pequeña minoría” la que protagonizó estos actos tan bochornosos, ¡claro!, porque ellos quedaron grabados y están a disposición de quien quiera verlos, pero las amenazas que reciben los habitantes de los barrios populares de Medellín no se ven, de ellas no queda registro y si se cuentan, simplemente se desmienten. (Como ya lo hizo el lacayo, primo de Escobar, José Obdulio Gaviria, al decir que los paramilitares están desmovilizados).
Tampoco se ven las amenazas que han recibido los profesores de Adida que entre otras cosas, reciben serias críticas cada vez que en su legítima defensa de la educación pública y por el bienestar mismo de sus alumnos y alumnas, salen con ellos y ellas a las calles para exigir el cumplimiento del derecho a la educación que es además un derecho constitucional.
¡Que cómo es posible que saquen a esos niños y niñas a las calles!, ¡que los están perjudicando!, ¡que les están violando su derecho a la educación!, ¡que los están mal educando!... y un montón de cosas más.
Pero para la marcha del 4 de febrero no era ningún problema sacar a los jóvenes de los colegios privados para que marcharan al lado de sus profes, ahí si no se está violando ningún derecho a la educación y tampoco se les está maleducando cuando se les reconocieron diez horas de alfabetización a los jóvenes de once grado que salieron a marchar.
Es sospechoso que después de las declaraciones tan graves de José Obdulio Gaviria, donde no sólo se atreve a afirmar que en este país no hay víctimas porque ellas ya están siendo reparadas y que no hay paramilitares porque ellos se desmovilizaron, y que de la manera más irresponsable diga que la marcha del 6 de marzo la convocan las FARC-EP, (señalando de antemano a quienes vamos a salir el 6 de marzo), los noticieros del día no se hayan manifestado al respecto.
Estas declaraciones se escucharon en Caracol radio en las primeras horas de la mañana del 11 de febrero, pero a partir de ese momento nadie más habló del asunto, ni los noticieros del medio día, ni los de la noche. El tiro macartista, del asesor mafioso ya está disparado.
Le llamarían la atención por la metida de patas? ¡Pilas José Obdulio que tiene rabo de paja!, ¡pilas que hay cifras que no va a poder desmentir! Y pilas también porque el 6 de marzo vamos a salir a la calle los que usted considera simpatizantes de las FARC-EP. Porque, aunque usted no lo sepa (o lo quiera ocultar porque si que lo sabe), en este país hay mucha gente que llora la desaparición de un ser querido, hay miles de fosas comunes cavadas por los paramilitares, hay miles de familias desplazadas de sus tierras, hay ejecuciones extrajudiciales, hay presos políticos sufriendo torturas y los paramilitares siguen campeando en las calles de nuestras ciudades al amparo del Estado y todo esto son los crímenes de Estado, que usted dice no existen en Colombia. Y marcharemos porque nuestro lugar es al lado de las víctimas.
Modificado el ( martes, 12 de febrero de 2008 )
Rostro fascistoide y mafioso
Rostro fascistoide y mafioso
Añadido por ANNCOL
martes, 12 de febrero de 2008
Detrás de su cara de ‘seminarista’ o ‘intelectualoide’ se esconde un horrendo rostro. Del fascismo, aderezado con conductas mafiosas. Durante su gobierno han sido desplazados 1’140.727 colombianos. Responsable del 52,7 % de los desplazados producidos por y durante el Plan Colombia.
Ya ‘pelaron el cobre’. Mejor dicho, siempre lo han mostrado. Pero es que ahora ya ni siquiera se preocupan en esconderlo. José Obdulio da declaraciones tirando la ‘línea’ a los furibistas de ‘no participación en la marcha del 6 de marzo’. No podíamos esperar nada diferente. El gobierno no va a participar en una marcha que los condena a ellos. Ni más faltaba! Porque los crímenes de Lesa Humanidad cometidos por el Estado son realizados a través de sus fuerzas militares-narcoparamilitares.
Pero su feo rostro es también mostrado con el desprecio expresado por el presidente Álvaro Uribe Vélez por los desplazados. Que durante su gobierno han sido desplazados 1’140.727 colombianos. Que Uribe Vélez es responsable del 52,7 % de los desplazados producidos por y durante el Plan Colombia. Porque su política de in’seguridad democrática’ ha atacado a los indígenas, a los negros (nada con el cuento de afro-colombianos), a los campesinos. Cuyas tierras abandonadas pasan a las manos ensangrentadas de terratenientes, narco-paramilitares y militares (6 millones de hectáreas), en una –ya vieja- forma de acumulación capitalista mediante la violencia estatal. Porque el pueblo colombiano padece las masacres, desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y el desplazamiento.
Dice Uribhitler que le "parece que es más interesante tener grandes proyectos de industria empresarial que simplemente lotear parcelas, que serán ranchos con rastrojo y pobreza". Y por ello revive en pleno siglo 21 la figura de la colonia española de la encomienda. Pero claramente para Uribush es más atractivo un emporio agroindustrial de palma de aceite –con todo el egoísmo de la palma de aceite como planta, que no deja crecer casi nada a su lado-, y no solucionar el problema de tierra de los desplazados que solicitan un pedacito de tierra. Es más interesante para un mafioso-paramilitar darle la tierra a 5 empresarios para que se enriquezcan, a costa del trabajo de los ‘peones’ agrícolas, y no producir un poco de felicidad en unas personas que el mismo Estado es la causa de su infelicidad.
De paso muestra su visión de producción. Unos empresarios que producirán aceite de palma de manera industrializada, dañando la tierra, son preferidos a los campesinos, negros, indios, que sembrarán la tierra con respeto, con amor, con visión ecológica, para sobrevivir.
Esa horripilante y horrorosa cara seguirá favoreciendo a los ricos en detrimento de los pobres. Seguirán los niños sufriendo los rigores de la guerra. Seguirán 2,5 millones de niños viviendo la explotación del trabajo infantil. 2,3 millones de niños no podrán ir a la escuela. 20 mil niños morirán por ingerir agua contaminada. Seguirán los colombianos padeciendo las muertes por desnutrición y hambre, por los ‘paseos de la muerte’, por tantes formas de ser asesinado silenciosamente. Seguirán los colombianos muriendo víctimas de lo que se llama ‘La violencia de las estructuras’.
Pero seguiremos en la lucha. Ese horroroso y horripilante rostro no nos detiene. Ni más faltaba, porque nosotros somos ‘bravos indios suramericanos’, somos negros, somos blancos, somos mestizos, que estamos orgullosos de lo que somos.
Añadido por ANNCOL
martes, 12 de febrero de 2008
Detrás de su cara de ‘seminarista’ o ‘intelectualoide’ se esconde un horrendo rostro. Del fascismo, aderezado con conductas mafiosas. Durante su gobierno han sido desplazados 1’140.727 colombianos. Responsable del 52,7 % de los desplazados producidos por y durante el Plan Colombia.
Ya ‘pelaron el cobre’. Mejor dicho, siempre lo han mostrado. Pero es que ahora ya ni siquiera se preocupan en esconderlo. José Obdulio da declaraciones tirando la ‘línea’ a los furibistas de ‘no participación en la marcha del 6 de marzo’. No podíamos esperar nada diferente. El gobierno no va a participar en una marcha que los condena a ellos. Ni más faltaba! Porque los crímenes de Lesa Humanidad cometidos por el Estado son realizados a través de sus fuerzas militares-narcoparamilitares.
Pero su feo rostro es también mostrado con el desprecio expresado por el presidente Álvaro Uribe Vélez por los desplazados. Que durante su gobierno han sido desplazados 1’140.727 colombianos. Que Uribe Vélez es responsable del 52,7 % de los desplazados producidos por y durante el Plan Colombia. Porque su política de in’seguridad democrática’ ha atacado a los indígenas, a los negros (nada con el cuento de afro-colombianos), a los campesinos. Cuyas tierras abandonadas pasan a las manos ensangrentadas de terratenientes, narco-paramilitares y militares (6 millones de hectáreas), en una –ya vieja- forma de acumulación capitalista mediante la violencia estatal. Porque el pueblo colombiano padece las masacres, desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y el desplazamiento.
Dice Uribhitler que le "parece que es más interesante tener grandes proyectos de industria empresarial que simplemente lotear parcelas, que serán ranchos con rastrojo y pobreza". Y por ello revive en pleno siglo 21 la figura de la colonia española de la encomienda. Pero claramente para Uribush es más atractivo un emporio agroindustrial de palma de aceite –con todo el egoísmo de la palma de aceite como planta, que no deja crecer casi nada a su lado-, y no solucionar el problema de tierra de los desplazados que solicitan un pedacito de tierra. Es más interesante para un mafioso-paramilitar darle la tierra a 5 empresarios para que se enriquezcan, a costa del trabajo de los ‘peones’ agrícolas, y no producir un poco de felicidad en unas personas que el mismo Estado es la causa de su infelicidad.
De paso muestra su visión de producción. Unos empresarios que producirán aceite de palma de manera industrializada, dañando la tierra, son preferidos a los campesinos, negros, indios, que sembrarán la tierra con respeto, con amor, con visión ecológica, para sobrevivir.
Esa horripilante y horrorosa cara seguirá favoreciendo a los ricos en detrimento de los pobres. Seguirán los niños sufriendo los rigores de la guerra. Seguirán 2,5 millones de niños viviendo la explotación del trabajo infantil. 2,3 millones de niños no podrán ir a la escuela. 20 mil niños morirán por ingerir agua contaminada. Seguirán los colombianos padeciendo las muertes por desnutrición y hambre, por los ‘paseos de la muerte’, por tantes formas de ser asesinado silenciosamente. Seguirán los colombianos muriendo víctimas de lo que se llama ‘La violencia de las estructuras’.
Pero seguiremos en la lucha. Ese horroroso y horripilante rostro no nos detiene. Ni más faltaba, porque nosotros somos ‘bravos indios suramericanos’, somos negros, somos blancos, somos mestizos, que estamos orgullosos de lo que somos.
A juicio llaman al coronel (r) Alfonso Plazas Vega por desapariciones en el Palacio de Justicia
Febrero 12 de 2008 - 12:45 p.m.
A juicio llaman al coronel (r) Alfonso Plazas Vega por desapariciones en el Palacio de Justicia
Como comandante de la Escuela de Caballería de Bogotá, el oficial fue el militar que dirigió la retoma de la edificación que había sido tomada por un comando del M-19.
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema consideró que es responsable de los delitos de desaparición forzada y tortura sicológica.
Este último cargo hace referencia a la situación de los familiares de los desaparecidos, que completan 22 años sin tener noticias de sus seres queridos.
Plazas Vega fue detenido el año pasado dentro de la misma investigación que ya tenía presos a otro coronel retirado, Edilberto Sánchez, ex jefe de Inteligencia de la Brigada 13 de Bogotá, y a cuatro militares más.
En su defensa, Plazas ha dicho que su responsabilidad fue hasta la recuperación de la edificación entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, pero que el manejo de las personas rescatadas, entre ellos los desaparecidos, corrió a cargo de otros mandos.
A juicio llaman al coronel (r) Alfonso Plazas Vega por desapariciones en el Palacio de Justicia
Como comandante de la Escuela de Caballería de Bogotá, el oficial fue el militar que dirigió la retoma de la edificación que había sido tomada por un comando del M-19.
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema consideró que es responsable de los delitos de desaparición forzada y tortura sicológica.
Este último cargo hace referencia a la situación de los familiares de los desaparecidos, que completan 22 años sin tener noticias de sus seres queridos.
Plazas Vega fue detenido el año pasado dentro de la misma investigación que ya tenía presos a otro coronel retirado, Edilberto Sánchez, ex jefe de Inteligencia de la Brigada 13 de Bogotá, y a cuatro militares más.
En su defensa, Plazas ha dicho que su responsabilidad fue hasta la recuperación de la edificación entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, pero que el manejo de las personas rescatadas, entre ellos los desaparecidos, corrió a cargo de otros mandos.
Manifestaciones contra las FARCS
Manifestaciones contra las FARCS
Por: Apolinar Díaz – Callejas (especial para ARGENPRESS.info)
Fecha publicación:11/02/2008
El lunes 4 de febrero hubo en Colombia manifestaciones con bastantes asistentes contra las FARCS, pidiendo su disolución y entrega total. La campaña fue diseñada y apoyada por el Presidente de la ultra derecha colombiana Alvaro Uribe Vélez. Los poderes del gobierno central sirvieron para que el gobierno nacional incorporara a esas manifestaciones la acción de los gobiernos departamentales y municipales. Fue pues, un movimiento de masas oficial, obra del gobierno Uribe Vélez. Además se incorporaron a ese paro las fracciones más derechistas de los partidos liberal y conservador, de la Iglesia Católica y de las organizaciones de los productores industriales, transportadores, terratenientes y ciudadanía en general.
Las fotografías de la prensa sobre el volumen de las manifestaciones muestran que fue grande el nivel y cantidad de manifestantes que en general se pronunciaban contra las FARCS pidiendo su disolución y la entrega de todos los prisioneros políticos que se encuentran en su poder.
Como fue una manifestación impulsada por el propio gobierno nacional y por los regionales, no hubo espacio para voces discordantes que pidieran también la libertad de los presos políticos de izquierda en poder del gobierno.
Además, las embajadas de Colombia en otros países, con el apoyo y ayuda de grupos políticos y gremios económicos y sociales de ultra derecha, lograron unos mítines en otras naciones en apoyo al gobierno de Uribe Vélez y contra las FARCS.
Naturalmente el mayor y más entusiasta apoyo a la política de Uribe Vélez fue el organizado por el gobierno norteamericano de George W. Bush, quien envió a Bogotá en los últimos días antes de la manifestación, a la secretaria de relaciones exteriores Condoleezza Rice, quien viajó a Colombia acompañada de dos decenas de congresistas norteamericanos republicanos y de algunos demócratas que se oponen al tratado de libre comercio negociado por Bush con el gobierno de Uribe Vélez y contra el cual se han pronunciado libremente las organizaciones sindicales campesinas y políticas como el Polo Democrático que organizó en Bogotá una manifestación propia de protesta contra el gobierno de Uribe Vélez, pese a la represión estimulada desde la prensa y por los discursos ultra derechistas de los sectores más allegados al gobierno Uribe.
Además, de Estados Unidos llegaron varios generales que dirigen las organizaciones militares gringas para operaciones de guerra en el exterior. Esto, unido al anunciado proyecto de trasladar a Colombia la base militar gringa que está en Manta (Ecuador). Los gringos utilizaron un lenguaje agresivo contra el gobierno de Chávez, contra las FARCS y contra la oposición al gobierno Uribe Vélez, quien como cualquier gobernante dictatorial, busca ya su tercera elección presidencial.
Si se recuerda que la ANDI, representante de las organizaciones industriales de Colombia apoyó en mensaje de su propio presidente el golpe militar que se intentó contra el presidente Chávez por la ultra derecha venezolana, queda claro que hay una unidad de clase total, política y militar de las clases industriales y mercantiles colombianas con sus congéneres venezolanos. Que, a su vez, son instituciones sometidas a la voluntad y criterio del gobierno de Washington.
Pero cada vez más queda claro para el pueblo colombiano que el porvenir de Colombia y Venezuela, junto con otros países suramericanos, está ligado a la democracia social y política y al fortalecimiento de la soberanía de nuestros países. Yolanda Pulecio madre de Ingrid Betancur, pendiente de liberación, declaró en Roma que pedirá al Papa que ayude a cambiar el gobierno actual de Colombia y que la guerrilla libere a los secuestrados.
http://www.argenpress.info/nota.asp?num=051855&parte=0
Por: Apolinar Díaz – Callejas (especial para ARGENPRESS.info)
Fecha publicación:11/02/2008
El lunes 4 de febrero hubo en Colombia manifestaciones con bastantes asistentes contra las FARCS, pidiendo su disolución y entrega total. La campaña fue diseñada y apoyada por el Presidente de la ultra derecha colombiana Alvaro Uribe Vélez. Los poderes del gobierno central sirvieron para que el gobierno nacional incorporara a esas manifestaciones la acción de los gobiernos departamentales y municipales. Fue pues, un movimiento de masas oficial, obra del gobierno Uribe Vélez. Además se incorporaron a ese paro las fracciones más derechistas de los partidos liberal y conservador, de la Iglesia Católica y de las organizaciones de los productores industriales, transportadores, terratenientes y ciudadanía en general.
Las fotografías de la prensa sobre el volumen de las manifestaciones muestran que fue grande el nivel y cantidad de manifestantes que en general se pronunciaban contra las FARCS pidiendo su disolución y la entrega de todos los prisioneros políticos que se encuentran en su poder.
Como fue una manifestación impulsada por el propio gobierno nacional y por los regionales, no hubo espacio para voces discordantes que pidieran también la libertad de los presos políticos de izquierda en poder del gobierno.
Además, las embajadas de Colombia en otros países, con el apoyo y ayuda de grupos políticos y gremios económicos y sociales de ultra derecha, lograron unos mítines en otras naciones en apoyo al gobierno de Uribe Vélez y contra las FARCS.
Naturalmente el mayor y más entusiasta apoyo a la política de Uribe Vélez fue el organizado por el gobierno norteamericano de George W. Bush, quien envió a Bogotá en los últimos días antes de la manifestación, a la secretaria de relaciones exteriores Condoleezza Rice, quien viajó a Colombia acompañada de dos decenas de congresistas norteamericanos republicanos y de algunos demócratas que se oponen al tratado de libre comercio negociado por Bush con el gobierno de Uribe Vélez y contra el cual se han pronunciado libremente las organizaciones sindicales campesinas y políticas como el Polo Democrático que organizó en Bogotá una manifestación propia de protesta contra el gobierno de Uribe Vélez, pese a la represión estimulada desde la prensa y por los discursos ultra derechistas de los sectores más allegados al gobierno Uribe.
Además, de Estados Unidos llegaron varios generales que dirigen las organizaciones militares gringas para operaciones de guerra en el exterior. Esto, unido al anunciado proyecto de trasladar a Colombia la base militar gringa que está en Manta (Ecuador). Los gringos utilizaron un lenguaje agresivo contra el gobierno de Chávez, contra las FARCS y contra la oposición al gobierno Uribe Vélez, quien como cualquier gobernante dictatorial, busca ya su tercera elección presidencial.
Si se recuerda que la ANDI, representante de las organizaciones industriales de Colombia apoyó en mensaje de su propio presidente el golpe militar que se intentó contra el presidente Chávez por la ultra derecha venezolana, queda claro que hay una unidad de clase total, política y militar de las clases industriales y mercantiles colombianas con sus congéneres venezolanos. Que, a su vez, son instituciones sometidas a la voluntad y criterio del gobierno de Washington.
Pero cada vez más queda claro para el pueblo colombiano que el porvenir de Colombia y Venezuela, junto con otros países suramericanos, está ligado a la democracia social y política y al fortalecimiento de la soberanía de nuestros países. Yolanda Pulecio madre de Ingrid Betancur, pendiente de liberación, declaró en Roma que pedirá al Papa que ayude a cambiar el gobierno actual de Colombia y que la guerrilla libere a los secuestrados.
http://www.argenpress.info/nota.asp?num=051855&parte=0
Aún no se sabe ubicación de los secuestrados
Aún no se sabe ubicación de los secuestrados
Aunque la senadora Piedad Córdoba dice que no hay garantías para la liberación de los congresistas por los operativos militares, la realidad es que el Comité de la Cruz Roja Internacional sólo tiene el visto bueno de las Farc y no tiene las coordenadas del sitio donde están los secuestrados.
Un freno en seco se le puso al operativo que lograría la liberación de tres ex congresistas secuestrados por las Farc. Este martes se conoció desde Caracas que, al parecer, se debe a los operativos militares que adelantan las fuerzas armadas de Colombia en la zona por donde se estarían desplazando Orlando Beltrán, Luis Eladio Pérez y Gloria Polanco de Losada, quienes desde hace seis años permanecen en poder del grupo guerrillero, que el pasado 31 de enero anunció su liberación por el delicado estado de salud en el que se encuentran los tres plagiados.
En efecto, las Fuerzas Militares no han frenado los operativos militares en el sur del país donde se cree estarían los secuestrados, y sólo lo harán cuando el Comité de la Cruz Roja Internacional (CICR) tenga en sus manos las coordenadas del sitio exacto donde deberá recoger a Beltrán, Pérez y Polanco.
"Hasta el momento, el Gobierno de Colombia no ha sido informado por la Cruz Roja Internacional, los gobiernos de Francia, España y Suiza, la Iglesia Católica –instituciones y países a los que el Gobierno nacional ha autorizado como facilitadores– sobre solicitud alguna dirigida a hacer posible la gestión para lograr la libertad de los secuestrados", dice un comunicado firmado por el general Fredy Padilla, comandante de las Fuerzas Militares.
Este martes se supo que la senadora Piedad Córdoba dijo que la falta de garantías por parte de las Fuerzas Militares de Colombia había truncado la posibilidad de que el operativo arrancara este martes, como se había anunciado el pasado fin de semana. La cuestión es que, para comenzar el operativo, debe seguirse el mismo procedimiento que en la liberación de Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo: las Farc entregarán las coordenadas en Colombia para que helicópteros del CICR, con delegados de Venezuela (entre ellos el ministro del Interior Ramón Rodríguez Chacín), ingresen a territorio colombiano mientras cesan los operativos de la Fuerza de Tarea Omega, recojan a los secuestrados y los lleven a un aeropuerto en el país vecino, desde donde partirán en un avión rumbo a Caracas.
Desde la semana pasada, los familiares de los plagiados aguardan pacientemente en Caracas que sus seres queridos lleguen desde Colombia hasta Venezuela, tal como lo anunciaron las Farc cuando prometieron entregarlos al presidente venezolano, Hugo Chávez, y a la senadora colombiana Piedad Córdoba.
“Los liberaremos unilateralmente dado su estado de salud”, dijo el grupo guerrillero ese día. El anuncio ya había sido confirmado por el país recientemente, cuando en las pruebas de supervivencia se evidenciaron las pésimas condiciones anímicas y físicas por las que pasaban no sólo estas tres personas, sino también la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt, de quien según dijo la senadora Córdoba, también será liberada muy pronto por un gesto unilateral de las Farc.
Ángela de Pérez (esposa de Luis E.); Deyanira Ortiz y su hijo Felipe Beltrán (madre e hijo de Orlando); Juan Sebastián y Daniel Losada (hijos de Gloria), aguardan desde hace dos semanas en el hotel Meliá de Caracas que del palacio de Miraflores algún delegado del gobierno o el propio presidente Hugo Chávez los llame para decirles que sus seres queridos están en camino.
Desde el pasado fin de semana, cuando se conocieron las declaraciones de ‘Raúl Reyes’ (uno de los líderes de las Farc), en torno a que la liberación avanza “sin prisas, pero sin pausas”, los familiares se encuentran en alerta a la espera de que los helicópteros salgan rumbo a Colombia. Y este lunes se supo que, a más tardar, el operativo arrancaría en la noche de este lunes o al amanecer del martes. Todo se abortó temporalmente.
Los familiares, entre tanto, permanecen todo el día mirando los noticieros venezolanos, oyendo con atención la radio y entrando a Internet para chequear los medios colombianos. Creen que todo será mucho más fácil y rápido que cuando soltaron a Rojas y González, ya que en ese entonces las Farc desconocían el paradero del hijo de Clara (Emmanuel), a quien habían entregado a una familia en el Guaviare. Finalmente el pequeño terminó en Bienestar Familiar en Bogotá, y las Farc decidieron embolatar al país al decir que el operativo no resultaba debido a las operaciones militares.
Tanto del presidente Chávez como el presidente Álvaro Uribe (quien prometió ofrecer todas las garantías de seguridad para que el operativo sea exitoso) dieron su palabra para que Beltrán, Polanco y Pérez vuelvan a la libertad, a pesar del mal momento por el que pasan las relaciones de ambos países.
La hora cero está por llegar. Si las Farc también cumplen lo prometido, la lista de canjeables se reducirá a menos de 40 secuestrados por razones que ellos llaman “políticas”. Y si para ellos lo ‘humanitario’ cuenta de verdad, posiblemente decidan liberar 700 personas más que se encuentran en su poder.
www.semana.com
Aunque la senadora Piedad Córdoba dice que no hay garantías para la liberación de los congresistas por los operativos militares, la realidad es que el Comité de la Cruz Roja Internacional sólo tiene el visto bueno de las Farc y no tiene las coordenadas del sitio donde están los secuestrados.
Un freno en seco se le puso al operativo que lograría la liberación de tres ex congresistas secuestrados por las Farc. Este martes se conoció desde Caracas que, al parecer, se debe a los operativos militares que adelantan las fuerzas armadas de Colombia en la zona por donde se estarían desplazando Orlando Beltrán, Luis Eladio Pérez y Gloria Polanco de Losada, quienes desde hace seis años permanecen en poder del grupo guerrillero, que el pasado 31 de enero anunció su liberación por el delicado estado de salud en el que se encuentran los tres plagiados.
En efecto, las Fuerzas Militares no han frenado los operativos militares en el sur del país donde se cree estarían los secuestrados, y sólo lo harán cuando el Comité de la Cruz Roja Internacional (CICR) tenga en sus manos las coordenadas del sitio exacto donde deberá recoger a Beltrán, Pérez y Polanco.
"Hasta el momento, el Gobierno de Colombia no ha sido informado por la Cruz Roja Internacional, los gobiernos de Francia, España y Suiza, la Iglesia Católica –instituciones y países a los que el Gobierno nacional ha autorizado como facilitadores– sobre solicitud alguna dirigida a hacer posible la gestión para lograr la libertad de los secuestrados", dice un comunicado firmado por el general Fredy Padilla, comandante de las Fuerzas Militares.
Este martes se supo que la senadora Piedad Córdoba dijo que la falta de garantías por parte de las Fuerzas Militares de Colombia había truncado la posibilidad de que el operativo arrancara este martes, como se había anunciado el pasado fin de semana. La cuestión es que, para comenzar el operativo, debe seguirse el mismo procedimiento que en la liberación de Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo: las Farc entregarán las coordenadas en Colombia para que helicópteros del CICR, con delegados de Venezuela (entre ellos el ministro del Interior Ramón Rodríguez Chacín), ingresen a territorio colombiano mientras cesan los operativos de la Fuerza de Tarea Omega, recojan a los secuestrados y los lleven a un aeropuerto en el país vecino, desde donde partirán en un avión rumbo a Caracas.
Desde la semana pasada, los familiares de los plagiados aguardan pacientemente en Caracas que sus seres queridos lleguen desde Colombia hasta Venezuela, tal como lo anunciaron las Farc cuando prometieron entregarlos al presidente venezolano, Hugo Chávez, y a la senadora colombiana Piedad Córdoba.
“Los liberaremos unilateralmente dado su estado de salud”, dijo el grupo guerrillero ese día. El anuncio ya había sido confirmado por el país recientemente, cuando en las pruebas de supervivencia se evidenciaron las pésimas condiciones anímicas y físicas por las que pasaban no sólo estas tres personas, sino también la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt, de quien según dijo la senadora Córdoba, también será liberada muy pronto por un gesto unilateral de las Farc.
Ángela de Pérez (esposa de Luis E.); Deyanira Ortiz y su hijo Felipe Beltrán (madre e hijo de Orlando); Juan Sebastián y Daniel Losada (hijos de Gloria), aguardan desde hace dos semanas en el hotel Meliá de Caracas que del palacio de Miraflores algún delegado del gobierno o el propio presidente Hugo Chávez los llame para decirles que sus seres queridos están en camino.
Desde el pasado fin de semana, cuando se conocieron las declaraciones de ‘Raúl Reyes’ (uno de los líderes de las Farc), en torno a que la liberación avanza “sin prisas, pero sin pausas”, los familiares se encuentran en alerta a la espera de que los helicópteros salgan rumbo a Colombia. Y este lunes se supo que, a más tardar, el operativo arrancaría en la noche de este lunes o al amanecer del martes. Todo se abortó temporalmente.
Los familiares, entre tanto, permanecen todo el día mirando los noticieros venezolanos, oyendo con atención la radio y entrando a Internet para chequear los medios colombianos. Creen que todo será mucho más fácil y rápido que cuando soltaron a Rojas y González, ya que en ese entonces las Farc desconocían el paradero del hijo de Clara (Emmanuel), a quien habían entregado a una familia en el Guaviare. Finalmente el pequeño terminó en Bienestar Familiar en Bogotá, y las Farc decidieron embolatar al país al decir que el operativo no resultaba debido a las operaciones militares.
Tanto del presidente Chávez como el presidente Álvaro Uribe (quien prometió ofrecer todas las garantías de seguridad para que el operativo sea exitoso) dieron su palabra para que Beltrán, Polanco y Pérez vuelvan a la libertad, a pesar del mal momento por el que pasan las relaciones de ambos países.
La hora cero está por llegar. Si las Farc también cumplen lo prometido, la lista de canjeables se reducirá a menos de 40 secuestrados por razones que ellos llaman “políticas”. Y si para ellos lo ‘humanitario’ cuenta de verdad, posiblemente decidan liberar 700 personas más que se encuentran en su poder.
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14.000 niños combaten en grupos ilegales en Colombia,
Febrero 12 de 2008 - 10:05 a.m.
14.000 niños combaten en grupos ilegales en Colombia, según denuncia de ONG
Más de la mitad de los menores combatientes son niñas que deben cumplir trabajos serviles y son convertidas en esclavas sexuales, según el informe entregado hoy.
"La infancia colombiana está secuestrada por el conflicto armado", y la situación es de tal gravedad que, incluso, "ha bajado el promedio de reclutamiento hasta una edad de seis años", dijo Sergio Tapia, presidente de la Misión Diplomática Internacional Humanitaria Ruanda 1994, en declaraciones divulgadas por 'Caracol radio' de Bogotá.
El informe también señaló que se pueden encontrar menores que de combatientes saltan a hacer trabajos para el narcotráfico o la delincuencia criminal.
Tapia aseguró que los principales reclutadores de menores son las Farc y el ELN, y destacó la necesidad de que al hablar de un intercambio humanitario de secuestrados por guerrilleros presos, se incluya el tema de los niños reclutados.
Finalmente, Tapia indicó que se le presentará el caso del reclutamiento de menores a la Corte Penal Internacional (CPI) para que miembros de los grupos armados ilegales sean juzgados por ese crimen de lesa humanidad.
Colombia es el cuarto país del mundo con más niños combatientes, después del Congo, Ruanda y Myanmar.
La Misión Diplomática tiene como finalidad observar, monitorear y denunciar la situación del Derecho Internacional Humanitario de sectores vulnerables de la población.
BOGOTÁ
AFP
www.eltiempo.com
14.000 niños combaten en grupos ilegales en Colombia, según denuncia de ONG
Más de la mitad de los menores combatientes son niñas que deben cumplir trabajos serviles y son convertidas en esclavas sexuales, según el informe entregado hoy.
"La infancia colombiana está secuestrada por el conflicto armado", y la situación es de tal gravedad que, incluso, "ha bajado el promedio de reclutamiento hasta una edad de seis años", dijo Sergio Tapia, presidente de la Misión Diplomática Internacional Humanitaria Ruanda 1994, en declaraciones divulgadas por 'Caracol radio' de Bogotá.
El informe también señaló que se pueden encontrar menores que de combatientes saltan a hacer trabajos para el narcotráfico o la delincuencia criminal.
Tapia aseguró que los principales reclutadores de menores son las Farc y el ELN, y destacó la necesidad de que al hablar de un intercambio humanitario de secuestrados por guerrilleros presos, se incluya el tema de los niños reclutados.
Finalmente, Tapia indicó que se le presentará el caso del reclutamiento de menores a la Corte Penal Internacional (CPI) para que miembros de los grupos armados ilegales sean juzgados por ese crimen de lesa humanidad.
Colombia es el cuarto país del mundo con más niños combatientes, después del Congo, Ruanda y Myanmar.
La Misión Diplomática tiene como finalidad observar, monitorear y denunciar la situación del Derecho Internacional Humanitario de sectores vulnerables de la población.
BOGOTÁ
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