El caso Yidis, para bailar se necesitan dos
Yidis Medina está en la cárcel. Sin embargo, el delito del cohecho, como en el tango, para que se lleve a cabo se necesitan dos. ¿Quiénes son los que supuestamente ofrecieron las prebendas?
Fecha: 04/28/2008 -
La Corte Suprema de Justicia dictó orden de captura el pasado viernes 25 de abril a Yidis Medina, por el delito de cohecho que habría cometido al aceptar prebendas a cambio de votar a favor el proyecto de reelección presidencial aprobado en el 2004.
Dos días después de la orden de captura, Medina decidió ponerse a disposición de las autoridades. Este lunes fue reseñada en la Fiscalía General de la Nación y luego llevada a la Corte Suprema donde está rindiendo testimonio por el supuesto delito de cohecho.
Pocos días después del debate en la Comisión Primera de la Cámara, el representante por el Polo Germán Navas Talero denunció ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que Yidis Medina, al igual que otros congresistas y algunos funcionarios del gobierno, habrían incurrido en el delito de cohecho. Y si bien la denuncia cayó en el olvido, fue resucitada en los últimos días por Noticias Uno, al publicar una entrevista en la cual Medina aseguró que el gobierno le había hecho ofrecimientos a cambio de su voto a favor del acto legislativo que modificó la Constitución y permitió la reelección presidencial.
El Código Penal colombiano sanciona el delito de cohecho, tanto en la persona que “recibe dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente”, como en aquella que da u ofrece esa remuneración o utilidad. Para el caso de Yidis Medina, si se demostrara el delito, y sin tener en cuenta los beneficios a los cuales se acoja como sentencia anticipada o colaboración con la justicia, sería sancionada con prisión entre cinco y nueve años, tendría que pagar 65 salarios mínimos y no podría volver a ejercer cargos públicos como mínimo por seis años.
Tras la captura de la ex congresista santandereana se espera que vengan nuevas acciones judiciales en contra de quienes participaron en este delito. Ella ha señalado al ministro de Protección Social, Diego Palacios, y al entonces ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega como quienes hicieron la promesa de la remuneración. "El cohecho es un enroque. Y ese enroque favorece a varios lados. Que cada quien saque sus conclusiones", dijo el representante Navas Talero en entrevista telefónica con Semana.com.
Navas Talero también dijo que el pasado jueves estuvo en la Corte Suprema de Justicia ampliando y ratificando la denuncia hecha en contra de Yidis Medina, Teodolindo Avendaño y otros, luego de que dos semanas atrás la Corte Suprema anunciara que reabriría la investigación.
“Yo cumplí como todo ciudadano con el deber de denunciar. El jueves estuve en la Corte Suprema ratificando y ampliando mi denuncia. Las otras decisiones, ya las toma la Corte”, dijo el también abogado Navas Talero.
Así se aprobó la reelección
Semana.com conoció la denuncia que en su momento se hizo en contra de los congresistas y funcionarios que habrían caído en el delito de cohecho y que fue presentada por el congresista Navas Talero.
En ella se explica que antes del debate en la Comisión primera, un grupo de 16 representantes, entre los que se contaban Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, hicieron una reunión en la casa de la congresista Clara Pinillos. Allí determinaron redactar una proposición para que el Acto Legislativo que promovía la reelección fuera archivado. Proposición que fue firmada por los 16 presentes y apoyada telefónicamente por otros dos congresistas.
Navas Talero, según la denuncia, le expresó a la representante Medina el miedo que le despertaba porque, siendo ella segundo renglón de Iván Díaz Mateus, se dejara presionar para cambiar el voto. Ella respondió que no lo permitiría. Al día siguiente, según dijo la denuncia, un miércoles, no se llevó a cabo el debate en la comisión debido a una reunión que se realizó en la Casa de Nariño con los integrantes que estaban a favor de aprobar la reelección, y por un problema de logística con la transmisión a través del canal del Congreso. Se citó entonces a la comisión para jueves 3 de junio a las ocho de la mañana.
Ese miércoles se conoció que el ministro de la Protección Social Diego Palacio estaba reunido a puerta cerrada en la oficina del representante Teodolindo Avendaño, hecho que quedó registrado por las cámaras de CM&, por los periodistas Rodrigo Silva de Caracol Radio, y William Acero del diario El Mundo de Medellín, entre otros medios.
En la denuncia se cuenta que tan pronto el Ministro salió de la oficina de Avendaño, el representante Navas Talero lo llevó a su despacho donde se llevó a cabo una conversación jovial en la que estuvieron presentes otros congresistas y algunos medios de comunicación. Sin embargo no se trató el tema del porqué estaba allí el ministro Palacio.
El jueves antes del debate Yidis Medina le dijo a Caracol y a RCN que ante los ofrecimientos hechos el día anterior por el gobierno para ayudar a su región había decidido cambiar su voto y que apoyaría la reelección. El resto de la historia es bastante conocido.
El Acto Legislativo salió avante, sin embargo desde ese momento quedó un manto de duda sobre la legitimidad de la aprobación. Navas Talero pidió ese día que Yidis Medina se declarara impedida y ella así lo aceptó. Sin embargo, cuando se sometió a votación los posibles impedimentos, la Comisión no consideró que Yidis estuviera impedida. Por eso votó por el sí.
La polémica sigue abierta. Será tarea de la Corte Suprema conocer que fue lo que en realidad pasó. El gobierno dijo hace poco tiempo que no compró conciencias, mientras que Yidis Medina dice tener pruebas para demostrar todo lo que ha dicho. Pero en últimas o se salvan Yidis y los que ella acusa de proponerle prebendas, o se condenan ambos, porque como en el tango para bailar se necesitan dos.
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lunes, 28 de abril de 2008
Yidis Medina ratificó ante la Corte Suprema sus denuncias por soborno
Yidis Medina ratificó ante la Corte Suprema sus denuncias por sobornoCaracol | Abril 28 de 2008
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Notas RelacionadasEl presidente Uribe niega que haya presionado a Yidis MedinaDenuncian amenazas contra la ex congresista Yidis MedinaServicios
Buscar temas relacionados
En este sitio Google en españolCompartirDurante más de seis horas rindió indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia la ex congresista Yidis Medina, señalada de presuntamente haber recibido beneficios de funcionarios del gobierno nacional para cambiar a última hora su voto a favor de la reelección presidencial inmediata, en 2004.
La ex parlamentaria santandereana ingresó a las 11 de la mañana por el sótano del Palacio de Justicia de manera muy sigilosa, al punto de haber pasado inadvertida para los periodistas que la esperaban en la puerta de ingreso al parqueadero subterráneo del edificio.
Caracol Radio supo que Yidis Medina relató ante los magistrados de la Corte Suprema, de manera muy detallada, los hechos que ocurrieron antes, durante y después de la aprobación del acto legislativo que modificó la Constitución del 91, para permitir la reelección presidencial inmediata en Colombia.
De acuerdo con algunos asistentes a la diligencia judicial, Medina Padilla estuvo muy tranquila durante la indagatoria, y ratificó de manera muy coherente los presuntos ofrecimientos hechos por altos funcionarios del gobierno nacional para que cambiara su voto a favor de la reelección presidencial.
En la primera parte de la indagatoria, la ex representante santandereana mencionó los nombres que ya había revelado en las entrevistas concedidas a El Espectador y a Noticias Uno.
Entre los nombres mencionados por Yidis Medina, están los del ex ministro del Interior y de Justicia y actual embajador de Colombia en Italia, Sabas Pretelt De la Vega, el ministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt y el ex secretario privado de la Presidencia de la República, Alberto Velásquez.
Caracol Radio supo que los magistrados le hicieron unas pocas preguntas a Yidis Medina, pero el interrogatorio completo a la ex parlamentaria sobre las presuntas irregularidades cometidas durante la aprobación de la reelección presidencial, se hará este martes después de las dos de la tarde.
Antes de su segunda comparecencia ante la Corte Suprema de Justicia, Yidis Medina y su equipo de abogados analizarán las grabaciones y los documentos que al parecer demostrarían que algunos altos funcionarios del gobierno nacional sí ofrecieron dádivas a la ex congresista, para cambiar su voto con el fin de respaldar la reelección.
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La ex parlamentaria santandereana ingresó a las 11 de la mañana por el sótano del Palacio de Justicia de manera muy sigilosa, al punto de haber pasado inadvertida para los periodistas que la esperaban en la puerta de ingreso al parqueadero subterráneo del edificio.
Caracol Radio supo que Yidis Medina relató ante los magistrados de la Corte Suprema, de manera muy detallada, los hechos que ocurrieron antes, durante y después de la aprobación del acto legislativo que modificó la Constitución del 91, para permitir la reelección presidencial inmediata en Colombia.
De acuerdo con algunos asistentes a la diligencia judicial, Medina Padilla estuvo muy tranquila durante la indagatoria, y ratificó de manera muy coherente los presuntos ofrecimientos hechos por altos funcionarios del gobierno nacional para que cambiara su voto a favor de la reelección presidencial.
En la primera parte de la indagatoria, la ex representante santandereana mencionó los nombres que ya había revelado en las entrevistas concedidas a El Espectador y a Noticias Uno.
Entre los nombres mencionados por Yidis Medina, están los del ex ministro del Interior y de Justicia y actual embajador de Colombia en Italia, Sabas Pretelt De la Vega, el ministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt y el ex secretario privado de la Presidencia de la República, Alberto Velásquez.
Caracol Radio supo que los magistrados le hicieron unas pocas preguntas a Yidis Medina, pero el interrogatorio completo a la ex parlamentaria sobre las presuntas irregularidades cometidas durante la aprobación de la reelección presidencial, se hará este martes después de las dos de la tarde.
Antes de su segunda comparecencia ante la Corte Suprema de Justicia, Yidis Medina y su equipo de abogados analizarán las grabaciones y los documentos que al parecer demostrarían que algunos altos funcionarios del gobierno nacional sí ofrecieron dádivas a la ex congresista, para cambiar su voto con el fin de respaldar la reelección.
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Denuncian amenazas contra la ex congresista Yidis MedinaCaracol | Abril 28 de 2008
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En este sitio Google en españolCompartirEl abogado Ramón Ballesteros denunció en las últimas horas, llamadas amenazantes e insultantes contra la familia de la ex congresista, Yidis Medina, capturada por supuestamente haber recibido contraprestaciones por su voto positivo para la reelección.
"Es una preocupación que nos asiste, ayer mismo se tuvo comunicación con la unidad de derechos humanos porque a ella le daba la seguridad el Das y desde anoche fue notificada que no iba a continuar más esta asistencia", dijo el abogado.
Explicó que la familia de la señora Medina ha recibido llamadas insultantes a su celular, lo que ha hecho que la situación sea compleja.
En cuanto al proceso, Ballesteros dijo que lo que importa es ayudarle a la justicia con las versiones de Yidis, para que la Corte determine si hay que investigar a otras personas por estos hechos.
"Se trate de quien se trate es una verdad la que va a contar Yidis, fundamentada, sustentada, que junto a las pesquisas que va a hacer la Corte Suprema derivaran algunas consecuencias que tienen que ser valoradas por los magistrados", dijo el abogado.
En cuanto al apoyo en su momento a la aspiración del fiscal, Mario Iguarán, el abogado Ramón Ballesteros, dijo que lo impulso por que conoce de su experiencia e idoneidad, lo que no impedirá que separe lo uno de lo otro.
Dijo que conoció del proceso de Yidis Medina, hace 15 días cuando llego a su oficina por ser su paisana.
"Me comentó lo que estaba sucediendo semanas previas a la divulgación del video y quería que yo le hiciera un panorama de lo que pudiera llegar a suceder", agregó.
Yidis Medina permanecerá en el bunker de la Fiscalía hasta que la sala penal de la Corte Suprema de Justicia le defina su situación
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"Es una preocupación que nos asiste, ayer mismo se tuvo comunicación con la unidad de derechos humanos porque a ella le daba la seguridad el Das y desde anoche fue notificada que no iba a continuar más esta asistencia", dijo el abogado.
Explicó que la familia de la señora Medina ha recibido llamadas insultantes a su celular, lo que ha hecho que la situación sea compleja.
En cuanto al proceso, Ballesteros dijo que lo que importa es ayudarle a la justicia con las versiones de Yidis, para que la Corte determine si hay que investigar a otras personas por estos hechos.
"Se trate de quien se trate es una verdad la que va a contar Yidis, fundamentada, sustentada, que junto a las pesquisas que va a hacer la Corte Suprema derivaran algunas consecuencias que tienen que ser valoradas por los magistrados", dijo el abogado.
En cuanto al apoyo en su momento a la aspiración del fiscal, Mario Iguarán, el abogado Ramón Ballesteros, dijo que lo impulso por que conoce de su experiencia e idoneidad, lo que no impedirá que separe lo uno de lo otro.
Dijo que conoció del proceso de Yidis Medina, hace 15 días cuando llego a su oficina por ser su paisana.
"Me comentó lo que estaba sucediendo semanas previas a la divulgación del video y quería que yo le hiciera un panorama de lo que pudiera llegar a suceder", agregó.
Yidis Medina permanecerá en el bunker de la Fiscalía hasta que la sala penal de la Corte Suprema de Justicia le defina su situación
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Otro sindicalista silenciado en Colombia
Con el asesinato de Jesús Caballero, docente del Sena, van en 23 las víctimas del sindicalismo en lo que va de 2008. En la mayoría de los casos han sido asesinados por armas blancas y, la mayoría, sin amenazas previas.
Fecha: 04/23/2008 -
Tan sorprendente es el incremento de las muertes de sindicalistas en los primeros cuatro meses de 2008 en relación con el año pasado–sobre todo cuando éstas venían bajando en los años anteriores — , como la forma en que han muerto.
El último caso del que se tiene noticia es el de Jesús Caballero Ariza, docente del Sena en Sabanalarga (Atlántico) que hacía parte del sindicato de la institución. Caballero había desaparecido el 16 de abril y dos días después, sus familiares encontraron su cuerpo como NN en una fosa común. Tenía signos de tortura, rastros de heridas con machete y un tiro en la cabeza.
Según Carlos Rodríguez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), existe preocupación por la manera como han sido muertos últimamente los sindicalistas. “Han sido atacados con arma blanca, muestran signos de tortura y eso evidencia una nueva modalidad que busca además generar terror porque cuando la otra gente ve que hubo tortura genera miedos” comenta.
Los cadáveres de los últimos sindicalistas asesinados en lo que va de 2008 dan cuenta de que han sido muertos de manera similar. Los victimarios están usando armas blancas y, muchos no habían recibido amenazas antes de morir.
Pero Caballero sí tenía su muerte anunciada. Él, como instructor de derechos humanos en su sindicato, había participado en la organización de la marcha del 6 de marzo, la misma que algunos habían tildado públicamente de haber sido promovida por las Farc. Eso acabó de poner a Caballero en la mira de sus verdugos.
Con su muerte, ya son 23 los asesinados en apenas cuatro meses que van de este año, cifra que supera en un 77 por ciento a los 10 homicidios de sindicalistas ocurridos en 2007.
El balance muestra un panorama oscuro para los docentes. Del total de sindicalistas muertos hasta la fecha, la mitad han sido maestros sindicalistas, como Caballero.
Hasta el año pasado, el descenso de muertes de sindicalistas era evidente y lo celebraban tanto el gobierno como las mismas centrales obreras. El blogger Alejandro Gaviria, incluso, reseña en su sitio un estudio académico que habla de una reducción de homicidios de sindicalistas en relación con otra población vulnerable a la violencia como periodistas y políticos.
Ese indiscutible logro para el mundo sindical está perdiéndose este año, según coinciden los líderes sindicales y como lo había anunciado recientemente Semana.com en el artículo 'Profesión peligro’. Rodríguez, el presidente CUT, teme que con el rearme de los paramilitares en las ‘Águilas Negras’ vuelva una amenaza para los sindicalistas similar a la que significaron las Auc hace apenas unos años.
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Con el asesinato de Jesús Caballero, docente del Sena, van en 23 las víctimas del sindicalismo en lo que va de 2008. En la mayoría de los casos han sido asesinados por armas blancas y, la mayoría, sin amenazas previas.
Fecha: 04/23/2008 -
Tan sorprendente es el incremento de las muertes de sindicalistas en los primeros cuatro meses de 2008 en relación con el año pasado–sobre todo cuando éstas venían bajando en los años anteriores — , como la forma en que han muerto.
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Según Carlos Rodríguez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), existe preocupación por la manera como han sido muertos últimamente los sindicalistas. “Han sido atacados con arma blanca, muestran signos de tortura y eso evidencia una nueva modalidad que busca además generar terror porque cuando la otra gente ve que hubo tortura genera miedos” comenta.
Los cadáveres de los últimos sindicalistas asesinados en lo que va de 2008 dan cuenta de que han sido muertos de manera similar. Los victimarios están usando armas blancas y, muchos no habían recibido amenazas antes de morir.
Pero Caballero sí tenía su muerte anunciada. Él, como instructor de derechos humanos en su sindicato, había participado en la organización de la marcha del 6 de marzo, la misma que algunos habían tildado públicamente de haber sido promovida por las Farc. Eso acabó de poner a Caballero en la mira de sus verdugos.
Con su muerte, ya son 23 los asesinados en apenas cuatro meses que van de este año, cifra que supera en un 77 por ciento a los 10 homicidios de sindicalistas ocurridos en 2007.
El balance muestra un panorama oscuro para los docentes. Del total de sindicalistas muertos hasta la fecha, la mitad han sido maestros sindicalistas, como Caballero.
Hasta el año pasado, el descenso de muertes de sindicalistas era evidente y lo celebraban tanto el gobierno como las mismas centrales obreras. El blogger Alejandro Gaviria, incluso, reseña en su sitio un estudio académico que habla de una reducción de homicidios de sindicalistas en relación con otra población vulnerable a la violencia como periodistas y políticos.
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Presiones contra ex para por sus revelaciones
Ex comandante paramilitar, conocido como Zambrano, denuncia amenazas para que no ratifique sus denuncias contra políticos de Bolívar, ente los que están los senadores William Montes, Javier Cáceres, el ex gobernador Libardo Simancas y el ex alcalde Nicolás Curi.
Fecha: 04/23/2008 -
Alexis Mancilla, alias Zambrano, ex comandante militar de las Auc en los municipios de San Juan Nepomuceno, Arjona, El Carmen de Bolívar, San Jacinto, Marialabaja y El Guamo, ubicados en la subregión de los Montes de María, denunció hoy ante el fiscal 11 de la Unidad de Justicia y Paz, José Alfredo Jaramillo Matiz, que lo han presionado para que no declare contra los políticos de Bolívar a quienes, según él, las autodefensas favorecieron en las elecciones a senado y cámara en 2002 y elecciones regionales en 2003.
Alias Zambrano había denunciado en su anterior versión que las Auc habían apoyado en el 2002 las aspiraciones de William Montes y Javier Cáceres al senado, a Libardo Simancas, a la gobernación de Bolívar y a Nicolás Curi a la alcaldía de Cartagena.
En audiencia de versión libre ante Justicia y Paz en Barranquilla, el ex paramilitar denunció, sin precisar quién, que le han pedido que no se ratifique contra los políticos de Bolívar. Dijo que le han enviado emisarios a la cárcel para que no hable y le han sugerido que es mejor "arreglar". Mancilla dijo al fiscal Jaramillo, que antes de seguir con la diligencia que estaba programada, él quería ratificar lo dicho en anteriores versiones.
El fiscal le preguntó en repetidas ocasiones por la forma en que las autodefensas ejercieron presiones sobre las poblaciones de los municipios de los Montes de María y Zambrano afirmó que él recibía órdenes de Juancho Dique, órdenes que él retransmitía a sus subordinados.
El fiscal le preguntó si se reunió con los aspirantes denunciados por él, y dijo que no, que las reuniones entre los aspirantes a senado, gobernación de Bolívar y alcaldía de Cartagena, era con el mismo Juancho Dique, comandante de la zona norte del Bloque Héroes de los Montes de María. Dijo que la orden no era explícita, ni con el arma en la cabeza, pero la población era informada a través de diversas formas a quién apoyaban las Auc.
El fiscal le preguntó si él dio orden expresa de votar por los senadores Javier Cáceres y William Montes, y dijo que sí: "Yo ordené a los hombres míos que le hicieran saber a la población los candidatos a los que estábamos apoyando". Dijo que las reuniones se hacían en un sitio conocido como Casa Loma, en Rocha, municipio de Arjona. Aclaró algunos procedimientos, como que las Auc enviaban razones con hombres de confianza, a las reuniones asistían Roger o alias Piter, hombre de confianza de Juancho Dique, quien se encuentra prófugo y se presume que está en Venezuela.
El fiscal también le preguntó si se hacía una distribución territorial de la población para que votaran por uno u otro candidato, y dijo que no porque ellos tenían control sobre la zona y si los candidatos que apoyaban no eran elegidos, sabían que no habían acatado sus órdenes y eso les obligaba a pensar en que no tenían el control de la zona.
El control había sido adquirido inicialmente de manera militar y posteriormente desarrollaban acciones sociales de beneficio para la población (mejoras de vías, arreglo de puentes, arreglo de escuelas y puestos de salud), lo que aumentaba su autoridad y credibilidad. Dijo que el único municipio que se les salió de las manos fue El Guamo. A la pregunta de la Procuradora, Marta Choperena sobre la certeza que tenía de que los elegidos habían sido gracias a la presión o apoyo de ellos, dijo porque ellos tenían el control en todo Bolívar y nadie salía elegido sin su apoyo.
“¿Quiénes ganaron en la zona controlada por usted?”, preguntó el fiscal. No dudó en afirmar que Montes y Cáceres. En el caso de la elección del gobernador Libardo Simancas (2004 – 2007), dijo que la orden de votar fue de él mismo y venía de Juancho Dique. Afirmación que coincide con la de otro excomandante urbano, Eugenio José Reyes Regino, alias Geño, quien denunció ante la Fiscalía que él había estado en una reunión con su comandante Juancho Dique y unos políticos de Bolívar para votar por Libardo Simancas a la gobernación.
No sólo eso, también afirmó que le prestó seguridad y acompañamiento y fue él mismo a los pueblos de lo zona norte a entregarle recursos a los candidatos a alcaldías y concejos municipales de Arjona, Turbaco, Turbana, Soplaviento y Arenal entre otros. Alias Geño se encuentra detenido en la cárcel Modelo de Barranquilla y también dijo a SEMANA que a la cárcel lo han ido a visitar para que cambie su versión o no se ratifique en lo dicho en su denuncia del 16 de julio de 2007.
Simancas derrotó en el 2003 a Alfonso López Cossio y desde su elección se ha dicho que fue respaldado económicamente por Enilse López Romero, alias la Gata, máxima empresaria del negocio de apuestas conocido como el chance en Bolívar, Sucre, Atlántico y Magdalena. Acusación que Simancas ha negado.
Alias Geño, en reunión con SEMANA en la cárcel de Ternera, había dicho que inicialmente las Auc iban a votar por López Cossio, pero la señora Enilse López entregó un dinero a Juancho Dique y a otros comandantes para que votaran por Simancas, quien mantuvo en su gabinete una alta cuota de representantes oriundos de Magangué, población donde está el epicentro de los negocios de Enilse López, quien reside en Barranquilla y tiene detención domiciliaria por un presunto lavado de activos.
En cuanto al apoyo brindado al polémico ex alcalde Nicolás Curi, Zambrano dijo que él había recibido una llamada del ex comandante urbano de Cartagena, alias Piter, quien le consultó si podía apoyar a Curi, ante lo cual Zambrano le dijo: "hágale". Zambrano continuará su versión esta tarde, la cual se prolongará hasta el viernes.
En este momento William Montes está detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, por haber firmado el Pacto de Ralito y su suegro Nicolás Curi tiene condena del Tribunal Superior de Barranquilla por prevaricato.
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Ex comandante paramilitar, conocido como Zambrano, denuncia amenazas para que no ratifique sus denuncias contra políticos de Bolívar, ente los que están los senadores William Montes, Javier Cáceres, el ex gobernador Libardo Simancas y el ex alcalde Nicolás Curi.
Fecha: 04/23/2008 -
Alexis Mancilla, alias Zambrano, ex comandante militar de las Auc en los municipios de San Juan Nepomuceno, Arjona, El Carmen de Bolívar, San Jacinto, Marialabaja y El Guamo, ubicados en la subregión de los Montes de María, denunció hoy ante el fiscal 11 de la Unidad de Justicia y Paz, José Alfredo Jaramillo Matiz, que lo han presionado para que no declare contra los políticos de Bolívar a quienes, según él, las autodefensas favorecieron en las elecciones a senado y cámara en 2002 y elecciones regionales en 2003.
Alias Zambrano había denunciado en su anterior versión que las Auc habían apoyado en el 2002 las aspiraciones de William Montes y Javier Cáceres al senado, a Libardo Simancas, a la gobernación de Bolívar y a Nicolás Curi a la alcaldía de Cartagena.
En audiencia de versión libre ante Justicia y Paz en Barranquilla, el ex paramilitar denunció, sin precisar quién, que le han pedido que no se ratifique contra los políticos de Bolívar. Dijo que le han enviado emisarios a la cárcel para que no hable y le han sugerido que es mejor "arreglar". Mancilla dijo al fiscal Jaramillo, que antes de seguir con la diligencia que estaba programada, él quería ratificar lo dicho en anteriores versiones.
El fiscal le preguntó en repetidas ocasiones por la forma en que las autodefensas ejercieron presiones sobre las poblaciones de los municipios de los Montes de María y Zambrano afirmó que él recibía órdenes de Juancho Dique, órdenes que él retransmitía a sus subordinados.
El fiscal le preguntó si se reunió con los aspirantes denunciados por él, y dijo que no, que las reuniones entre los aspirantes a senado, gobernación de Bolívar y alcaldía de Cartagena, era con el mismo Juancho Dique, comandante de la zona norte del Bloque Héroes de los Montes de María. Dijo que la orden no era explícita, ni con el arma en la cabeza, pero la población era informada a través de diversas formas a quién apoyaban las Auc.
El fiscal le preguntó si él dio orden expresa de votar por los senadores Javier Cáceres y William Montes, y dijo que sí: "Yo ordené a los hombres míos que le hicieran saber a la población los candidatos a los que estábamos apoyando". Dijo que las reuniones se hacían en un sitio conocido como Casa Loma, en Rocha, municipio de Arjona. Aclaró algunos procedimientos, como que las Auc enviaban razones con hombres de confianza, a las reuniones asistían Roger o alias Piter, hombre de confianza de Juancho Dique, quien se encuentra prófugo y se presume que está en Venezuela.
El fiscal también le preguntó si se hacía una distribución territorial de la población para que votaran por uno u otro candidato, y dijo que no porque ellos tenían control sobre la zona y si los candidatos que apoyaban no eran elegidos, sabían que no habían acatado sus órdenes y eso les obligaba a pensar en que no tenían el control de la zona.
El control había sido adquirido inicialmente de manera militar y posteriormente desarrollaban acciones sociales de beneficio para la población (mejoras de vías, arreglo de puentes, arreglo de escuelas y puestos de salud), lo que aumentaba su autoridad y credibilidad. Dijo que el único municipio que se les salió de las manos fue El Guamo. A la pregunta de la Procuradora, Marta Choperena sobre la certeza que tenía de que los elegidos habían sido gracias a la presión o apoyo de ellos, dijo porque ellos tenían el control en todo Bolívar y nadie salía elegido sin su apoyo.
“¿Quiénes ganaron en la zona controlada por usted?”, preguntó el fiscal. No dudó en afirmar que Montes y Cáceres. En el caso de la elección del gobernador Libardo Simancas (2004 – 2007), dijo que la orden de votar fue de él mismo y venía de Juancho Dique. Afirmación que coincide con la de otro excomandante urbano, Eugenio José Reyes Regino, alias Geño, quien denunció ante la Fiscalía que él había estado en una reunión con su comandante Juancho Dique y unos políticos de Bolívar para votar por Libardo Simancas a la gobernación.
No sólo eso, también afirmó que le prestó seguridad y acompañamiento y fue él mismo a los pueblos de lo zona norte a entregarle recursos a los candidatos a alcaldías y concejos municipales de Arjona, Turbaco, Turbana, Soplaviento y Arenal entre otros. Alias Geño se encuentra detenido en la cárcel Modelo de Barranquilla y también dijo a SEMANA que a la cárcel lo han ido a visitar para que cambie su versión o no se ratifique en lo dicho en su denuncia del 16 de julio de 2007.
Simancas derrotó en el 2003 a Alfonso López Cossio y desde su elección se ha dicho que fue respaldado económicamente por Enilse López Romero, alias la Gata, máxima empresaria del negocio de apuestas conocido como el chance en Bolívar, Sucre, Atlántico y Magdalena. Acusación que Simancas ha negado.
Alias Geño, en reunión con SEMANA en la cárcel de Ternera, había dicho que inicialmente las Auc iban a votar por López Cossio, pero la señora Enilse López entregó un dinero a Juancho Dique y a otros comandantes para que votaran por Simancas, quien mantuvo en su gabinete una alta cuota de representantes oriundos de Magangué, población donde está el epicentro de los negocios de Enilse López, quien reside en Barranquilla y tiene detención domiciliaria por un presunto lavado de activos.
En cuanto al apoyo brindado al polémico ex alcalde Nicolás Curi, Zambrano dijo que él había recibido una llamada del ex comandante urbano de Cartagena, alias Piter, quien le consultó si podía apoyar a Curi, ante lo cual Zambrano le dijo: "hágale". Zambrano continuará su versión esta tarde, la cual se prolongará hasta el viernes.
En este momento William Montes está detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, por haber firmado el Pacto de Ralito y su suegro Nicolás Curi tiene condena del Tribunal Superior de Barranquilla por prevaricato.
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Uribe: Yo no me reuní con paramilitares
Ni la justicia ni la prensa le habían dado mayor importancia al testimonio de un preso que involucró al presidente Uribe con la masacre del Aro, en Antioquia. Sin embargo, el primer mandatario ha salido con vehemencia a rechazar su veracidad.
Fecha: 04/23/2008 -
Un testimonio, que fue ofrecido por un preso a fiscales de la unidad de Derechos Humanos y se filtró a diferentes medios de comunicación, asegura que el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, supuestamente había estado en una reunión previa a la masacre del Aro con varios paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso.
Este delicado testimonio andaba rondando en las últimas semanas por las salas de redacción y los pasillos de la justicia pero nadie le había dado la suficiente credibilidad para hacerlo público o darle trámite judicial. No obstante en una entrevista con Caracol, esta mañana, sin explicar muy bien por qué, el presidente Uribe hizo público el testimonio y sus detalles y, negó que fuera cierto.
El testimonio en cuestión es de Francisco Enrique Villalba Hernández, paramilitar condenado por la masacre en el municipio de Ituango, al norte de Antioquia, y que dejó 19 muertos en octubre del 97, cuando Uribe Vélez era gobernador del departamento.
Según él, el entonces gobernador Uribe supuestamente había participado en una reunión en el corregimiento La Caucana, municipio de Tarazá en el Bajo Cauca antioqueño, donde se habrían pulido los detalles de una operación para rescatar a ocho secuestrados en manos de las guerrillas, que luego terminó en la masacre. También asevera Villalba que cuando regresaron, habiendo liberado a los secuestrados, el gobernador Uribe los felicitó.
Villalba, quien era conocido con el alias de Cristian Barreto, dijo que en esa reunión además habrían participado el General Hernando Manosalva, quien fue comandante de la IV Brigada; el General Carlos Alberto Ospina, comandante de las Fuerzas Militares entre noviembre de 2003 y agosto de 2006; el general Rosso José Serrano, director de la Policía Nacional en la época de la masacre; el mayor de la policía Luis Guillermo Parra Niño, entonces director de la Policía en Montería; Santiago Uribe, hermano del presidente, y de quien Villalba dice que habría prestado veinte paramilitares para la masacre; y el presidente Uribe. Por las autodefensas, según Villalba, habrían participado Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, ambos condenados por esta masacre.
En las declaraciones del Presidente a Caracol Radio, donde hizo mención del testimonio de Villalba, dice que nunca ha visitado la Caucana y que desde Semana Santa ha venido recogiendo datos para demostrar que no estuvo en la reunión mencionada y que se pueden mirar las bitácoras de vuelo del helicóptero en el cual se movilizaba.
En la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que sería la encargada de investigar las denuncias penales o quejas disciplinarias contra el Presidente, le informaron a Semana.com, que no se tiene conocimiento del caso ni se han compulsado copias de la Fiscalía para que se inicien las averiguaciones respectivas.
El vicefiscal Eduardo Mendoza Diago le había informado a esta revista hace varios días que la declaración de Villalba estaba siendo verificada antes de tomar una decisión sobre si había indicios suficientes para compulsar copias a otros entes judiciales. Sin embargo, hace más de un mes, por error, la propia la Fiscalía había compulsado copias de este testimonio a la Corte Suprema de Justicia, institución que las devolvió de inmediato argumentando que no tenía competencia para este caso.
Tampoco los medios de comunicación estuvieron interesados en darle espacio a una versión bastante dudosa, de un paramilitar condenado a 70 años por su participación en dos masacres, y quien en su momento no contó lo que ahora dice constarle. SEMANA habló con Villalba.
Esta son algunas de sus inconsistencias.
1. Villalba dice que en la reunión estuvieron los generales Manosalva y Ospina. Para la fecha de la reunión Manosalva había muerto y sólo después de su muerte Ospina llegó a la IV Brigada, procedente del Meta. Al preguntarle por esta inconsistencia, Villalba aseguró que había una reunión de la cúpula militar y por eso asistieron varios generales.
2. Nunca antes en el proceso Villalba había mencionado ni la reunión con Uribe, ni la liberación de los supuestos secuestrados. Habida cuenta que su condena se produjo hace más de cinco años ¿por qué no ofreció en su momento esta información a cambio de rebaja de pena, y ahora lo hace con ese objetivo?
3. Villalba no es reconocido por las víctimas de la masacre como alguien con alto rango en las autodefensas. De hecho comandaba, según su propio testimonio, a 22 hombres. Difícilmente alguien de tan baja jerarquía en la organización criminal sería testigo de una reunión tan delicada como la que plantea.
4. Si bien Villalba ha sido un testigo clave y de probada veracidad en algunos procesos por masacres, su testimonio también ha sido inconsistente en casos como el de Jaime Garzón.
¿Qué busca Villalba al dar esta versión diez años después, a pesar de haber sido testigo en decenas de procesos? ¿Por qué su declaración sale en este momento? Esas son preguntas que la Fiscalía tendrá que indagar. En todo caso, esto como todos los testimonios que llegan a manos de los investigadores seguramente será verificado y compulsadas las copias que haya lugar.
También queda la duda de por qué el Presidente resolvió salir públicamente a defenderse de unas acusaciones de un convicto, a las hasta ahora nadie les había dado mayor importancia.
www.semana.com
Ni la justicia ni la prensa le habían dado mayor importancia al testimonio de un preso que involucró al presidente Uribe con la masacre del Aro, en Antioquia. Sin embargo, el primer mandatario ha salido con vehemencia a rechazar su veracidad.
Fecha: 04/23/2008 -
Un testimonio, que fue ofrecido por un preso a fiscales de la unidad de Derechos Humanos y se filtró a diferentes medios de comunicación, asegura que el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, supuestamente había estado en una reunión previa a la masacre del Aro con varios paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso.
Este delicado testimonio andaba rondando en las últimas semanas por las salas de redacción y los pasillos de la justicia pero nadie le había dado la suficiente credibilidad para hacerlo público o darle trámite judicial. No obstante en una entrevista con Caracol, esta mañana, sin explicar muy bien por qué, el presidente Uribe hizo público el testimonio y sus detalles y, negó que fuera cierto.
El testimonio en cuestión es de Francisco Enrique Villalba Hernández, paramilitar condenado por la masacre en el municipio de Ituango, al norte de Antioquia, y que dejó 19 muertos en octubre del 97, cuando Uribe Vélez era gobernador del departamento.
Según él, el entonces gobernador Uribe supuestamente había participado en una reunión en el corregimiento La Caucana, municipio de Tarazá en el Bajo Cauca antioqueño, donde se habrían pulido los detalles de una operación para rescatar a ocho secuestrados en manos de las guerrillas, que luego terminó en la masacre. También asevera Villalba que cuando regresaron, habiendo liberado a los secuestrados, el gobernador Uribe los felicitó.
Villalba, quien era conocido con el alias de Cristian Barreto, dijo que en esa reunión además habrían participado el General Hernando Manosalva, quien fue comandante de la IV Brigada; el General Carlos Alberto Ospina, comandante de las Fuerzas Militares entre noviembre de 2003 y agosto de 2006; el general Rosso José Serrano, director de la Policía Nacional en la época de la masacre; el mayor de la policía Luis Guillermo Parra Niño, entonces director de la Policía en Montería; Santiago Uribe, hermano del presidente, y de quien Villalba dice que habría prestado veinte paramilitares para la masacre; y el presidente Uribe. Por las autodefensas, según Villalba, habrían participado Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, ambos condenados por esta masacre.
En las declaraciones del Presidente a Caracol Radio, donde hizo mención del testimonio de Villalba, dice que nunca ha visitado la Caucana y que desde Semana Santa ha venido recogiendo datos para demostrar que no estuvo en la reunión mencionada y que se pueden mirar las bitácoras de vuelo del helicóptero en el cual se movilizaba.
En la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que sería la encargada de investigar las denuncias penales o quejas disciplinarias contra el Presidente, le informaron a Semana.com, que no se tiene conocimiento del caso ni se han compulsado copias de la Fiscalía para que se inicien las averiguaciones respectivas.
El vicefiscal Eduardo Mendoza Diago le había informado a esta revista hace varios días que la declaración de Villalba estaba siendo verificada antes de tomar una decisión sobre si había indicios suficientes para compulsar copias a otros entes judiciales. Sin embargo, hace más de un mes, por error, la propia la Fiscalía había compulsado copias de este testimonio a la Corte Suprema de Justicia, institución que las devolvió de inmediato argumentando que no tenía competencia para este caso.
Tampoco los medios de comunicación estuvieron interesados en darle espacio a una versión bastante dudosa, de un paramilitar condenado a 70 años por su participación en dos masacres, y quien en su momento no contó lo que ahora dice constarle. SEMANA habló con Villalba.
Esta son algunas de sus inconsistencias.
1. Villalba dice que en la reunión estuvieron los generales Manosalva y Ospina. Para la fecha de la reunión Manosalva había muerto y sólo después de su muerte Ospina llegó a la IV Brigada, procedente del Meta. Al preguntarle por esta inconsistencia, Villalba aseguró que había una reunión de la cúpula militar y por eso asistieron varios generales.
2. Nunca antes en el proceso Villalba había mencionado ni la reunión con Uribe, ni la liberación de los supuestos secuestrados. Habida cuenta que su condena se produjo hace más de cinco años ¿por qué no ofreció en su momento esta información a cambio de rebaja de pena, y ahora lo hace con ese objetivo?
3. Villalba no es reconocido por las víctimas de la masacre como alguien con alto rango en las autodefensas. De hecho comandaba, según su propio testimonio, a 22 hombres. Difícilmente alguien de tan baja jerarquía en la organización criminal sería testigo de una reunión tan delicada como la que plantea.
4. Si bien Villalba ha sido un testigo clave y de probada veracidad en algunos procesos por masacres, su testimonio también ha sido inconsistente en casos como el de Jaime Garzón.
¿Qué busca Villalba al dar esta versión diez años después, a pesar de haber sido testigo en decenas de procesos? ¿Por qué su declaración sale en este momento? Esas son preguntas que la Fiscalía tendrá que indagar. En todo caso, esto como todos los testimonios que llegan a manos de los investigadores seguramente será verificado y compulsadas las copias que haya lugar.
También queda la duda de por qué el Presidente resolvió salir públicamente a defenderse de unas acusaciones de un convicto, a las hasta ahora nadie les había dado mayor importancia.
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Pide UNAM a Colombia prueba o rectificación
23-Abril-2008
Pide UNAM a Colombia prueba o rectificación
Notimex
Exhorta la Universidad al gobierno sudamericano a que, de tener pruebas, las entregue a instancias correspondientesLa UNAM señaló que si las autoridades colombianas tienen pruebas que avalen las acusaciones del presidente Álvaro Uribe sobre cinco estudiantes mexicanos, están obligados a aportarlas a las instancias correspondientes o de lo contrario deben retractarse.
En una carta, el director general de Comunicación Social de la UNAM, Enrique Balp, respondió a otra misiva del embajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio, la cual está fechada el 18 de abril.
En la misiva, la UNAM lamentó la confusión en las líneas de la carta del diplomático e indicó que la institución jamás ha considerado la posibilidad de que el campamento de Raúl Reyes fuera un campus universitario y menos, lo ha comparado con el gran proyecto cultural y educativo de la sociedad.
Asimismo, recordó a Camilo Osorio que desde que se conocieron los hechos registrados en territorio ecuatoriano el 1 de marzo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) condenó la violencia en cualesquiera de sus manifestaciones.
La carta recuerda al embajador que esta casa de estudios también externó su desacuerdo en que el mandatario colombiano hubiese alcanzado conclusiones condenatorios contra los mexicanos afectados a partir de evidencia indirecta o de presunciones.
Igualmente, desde el inicio de esos acontecimientos, indicó Balp en la misiva, la UNAM dejó establecido que los miembros de esta comunidad son responsables de sus actos, incluidos los que hacen en pleno ejercicio de sus libertades, con el único límite que impone el respeto a los derechos de los demás.
"En la UNAM no aceptamos sugerencias injerencistas que pretendan regular la vida de los universitarios y decidir por ellos hacia donde habrán de dirigir sus pasos", agregó.
mvg
Exhorta la Universidad al gobierno sudamericano a que, de tener pruebas, las entregue a instancias correspondientesLa UNAM señaló que si las autoridades colombianas tienen pruebas que avalen las acusaciones del presidente Álvaro Uribe sobre cinco estudiantes mexicanos, están obligados a aportarlas a las instancias correspondientes o de lo contrario deben retractarse.
En una carta, el director general de Comunicación Social de la UNAM, Enrique Balp, respondió a otra misiva del embajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio, la cual está fechada el 18 de abril.
En la misiva, la UNAM lamentó la confusión en las líneas de la carta del diplomático e indicó que la institución jamás ha considerado la posibilidad de que el campamento de Raúl Reyes fuera un campus universitario y menos, lo ha comparado con el gran proyecto cultural y educativo de la sociedad.
Asimismo, recordó a Camilo Osorio que desde que se conocieron los hechos registrados en territorio ecuatoriano el 1 de marzo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) condenó la violencia en cualesquiera de sus manifestaciones.
La carta recuerda al embajador que esta casa de estudios también externó su desacuerdo en que el mandatario colombiano hubiese alcanzado conclusiones condenatorios contra los mexicanos afectados a partir de evidencia indirecta o de presunciones.
Igualmente, desde el inicio de esos acontecimientos, indicó Balp en la misiva, la UNAM dejó establecido que los miembros de esta comunidad son responsables de sus actos, incluidos los que hacen en pleno ejercicio de sus libertades, con el único límite que impone el respeto a los derechos de los demás.
"En la UNAM no aceptamos sugerencias injerencistas que pretendan regular la vida de los universitarios y decidir por ellos hacia donde habrán de dirigir sus pasos", agregó.
www.exonline.com
Pide UNAM a Colombia prueba o rectificación
Notimex
Exhorta la Universidad al gobierno sudamericano a que, de tener pruebas, las entregue a instancias correspondientesLa UNAM señaló que si las autoridades colombianas tienen pruebas que avalen las acusaciones del presidente Álvaro Uribe sobre cinco estudiantes mexicanos, están obligados a aportarlas a las instancias correspondientes o de lo contrario deben retractarse.
En una carta, el director general de Comunicación Social de la UNAM, Enrique Balp, respondió a otra misiva del embajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio, la cual está fechada el 18 de abril.
En la misiva, la UNAM lamentó la confusión en las líneas de la carta del diplomático e indicó que la institución jamás ha considerado la posibilidad de que el campamento de Raúl Reyes fuera un campus universitario y menos, lo ha comparado con el gran proyecto cultural y educativo de la sociedad.
Asimismo, recordó a Camilo Osorio que desde que se conocieron los hechos registrados en territorio ecuatoriano el 1 de marzo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) condenó la violencia en cualesquiera de sus manifestaciones.
La carta recuerda al embajador que esta casa de estudios también externó su desacuerdo en que el mandatario colombiano hubiese alcanzado conclusiones condenatorios contra los mexicanos afectados a partir de evidencia indirecta o de presunciones.
Igualmente, desde el inicio de esos acontecimientos, indicó Balp en la misiva, la UNAM dejó establecido que los miembros de esta comunidad son responsables de sus actos, incluidos los que hacen en pleno ejercicio de sus libertades, con el único límite que impone el respeto a los derechos de los demás.
"En la UNAM no aceptamos sugerencias injerencistas que pretendan regular la vida de los universitarios y decidir por ellos hacia donde habrán de dirigir sus pasos", agregó.
mvg
Exhorta la Universidad al gobierno sudamericano a que, de tener pruebas, las entregue a instancias correspondientesLa UNAM señaló que si las autoridades colombianas tienen pruebas que avalen las acusaciones del presidente Álvaro Uribe sobre cinco estudiantes mexicanos, están obligados a aportarlas a las instancias correspondientes o de lo contrario deben retractarse.
En una carta, el director general de Comunicación Social de la UNAM, Enrique Balp, respondió a otra misiva del embajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio, la cual está fechada el 18 de abril.
En la misiva, la UNAM lamentó la confusión en las líneas de la carta del diplomático e indicó que la institución jamás ha considerado la posibilidad de que el campamento de Raúl Reyes fuera un campus universitario y menos, lo ha comparado con el gran proyecto cultural y educativo de la sociedad.
Asimismo, recordó a Camilo Osorio que desde que se conocieron los hechos registrados en territorio ecuatoriano el 1 de marzo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) condenó la violencia en cualesquiera de sus manifestaciones.
La carta recuerda al embajador que esta casa de estudios también externó su desacuerdo en que el mandatario colombiano hubiese alcanzado conclusiones condenatorios contra los mexicanos afectados a partir de evidencia indirecta o de presunciones.
Igualmente, desde el inicio de esos acontecimientos, indicó Balp en la misiva, la UNAM dejó establecido que los miembros de esta comunidad son responsables de sus actos, incluidos los que hacen en pleno ejercicio de sus libertades, con el único límite que impone el respeto a los derechos de los demás.
"En la UNAM no aceptamos sugerencias injerencistas que pretendan regular la vida de los universitarios y decidir por ellos hacia donde habrán de dirigir sus pasos", agregó.
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