Mayo 30 de 2008
Terminan anticipadamente semestre en la Universidad Pedagógica por los actos vandálicos del jueves
Los estudiantes que tengan exámenes y trabajos pendientes resolverán todo con sus profesores a través de Internet. El curso cerraba en unas dos semanas.
Las directivas de la Universidad Pedagógica Nacional tomaron la decisión luego de los violentos incidentes de ayer que dejaron heridos con quemaduras a cuatro agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y provocaron daños en establecimientos públicos y en la universidad.
El objetivo de la medida, según las directivas, es no dejar entrar gente a la sede para así evitar más actos vandálicos.
Policías heridos
Por su parte, el comandante Ernesto Fajardo, comandante de la Fuerza Disponible, informó que cuatro de sus hombres tienen quemaduras de primer grado en las manos, el cuello y la cara.
"Los quemaron con ácido sulfúrico que traspasó los escudos, los protectores, las canilleras y los cascos", dijo el oficial.
En total se retuvieron 21 personas entre los manifestantes. Once de ellas están siendo judicializadas por terrorismo, ataque a funcionario público y daño en bien ajeno agravado.
Y es que además de los daños a la universidad (vidrios, computadores y sillas rotos, entre otros), los manifestantes también dañaron cajeros automáticos de la zona de la calle 72 y vehículos.
Entre los detenidos figura un hombre que dijo haber sido profesor de la Universidad, pero según los archivos de esa institución nunca ha tenido que ver con la institución. El individuo argumenta que le pusieron los explosivos en el bolsillo.
El resto son estudiantes, la mayoría con carné de la Distrital y otros de la Nacional y de la Universidad Minuto de Dios.
"Lo encontramos escondido en un baño del segundo piso y nunca supo explicar por qué estaba allí", dijo el oficial.
A los judicializados se les encontró en su poder papas explosivas, 700 gramos de azufre, 1 galón de gasolina, 22 arandelas utilizadas como metralla, 250 gramos de pólvora negra, 2 aerosoles de pintura, 500 gramos de azúcar y gran cantidad de botellas de vidrio y mecheros impregnados de gasolina.
www.eltiempo.com
sábado, 31 de mayo de 2008
Investigarán a Belisario Betancur
La Fiscalía colombiana solicitó el viernes abrir una investigación penal contra el ex presidente Belisario Betancur (1982-1986) por el desenlace de la operación militar para recuperar el Palacio de Justicia, tomado en 1985 por el grupo Movimiento 19 de abril (M-19), donde resultaron muertas más de un centenar de personas.
Fuentes oficiales indicaron que también se investigará, por este caso, a los generales (r) Rafael Samudio Molina y Jesús Armando Arias Cabrales, que lideró la operación de desalojo del Palacio.
Una fiscal delegada ante la Corte Constitucional envió copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso para que se investigue penalmente a Betancur, en el marco del juicio contra el coronel (r) del Ejército, Edilberto Sánchez, acusado de haber participado en la desaparición de 11 personas.
El oficial fue vinculado a la investigación después de que la Fiscalía encontrara pruebas de que al menos dos de las 11 personas supuestamente desaparecidas habían salido con vida.
Entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, un comando del M-19 ocupó el Palacio de Justicia y, tras 27 horas de fuego, murieron más de un centenar de personas y 11 fueron dadas por desaparecidas.
"Ausencia de poder"
Unos meses atrás, la Comisión de la Verdad, creada por la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2005, señaló que "parte de la responsabilidad la tuvo el presidente" Betancur.
Según la Comisión, el entonces presidente Betancur "actuó como un espectador más de los hechos", ya que no negoció con la guerrilla del M-19, pese a las "súplicas" de los rehenes por un cese del fuego y enfatizó que "hubo ausencia de poder".
Es claro que el gobierno no quiso negociar, sin tener en cuenta que eso no se supeditaba al diálogo y a salvaguardar las víctimas, la vida de los rehenes
Informe de la Comisión de la Verdad
"Es claro que el gobierno no quiso negociar, sin tener en cuenta que eso no se supeditaba al diálogo y a salvaguardar las víctimas, la vida de los rehenes", señala el informe de tres ex magistrados integrantes de la Comisión.
Betancur tampoco tomó decisiones para evitar el ingreso de la Fuerza Pública al Palacio, de acuerdo al documento.
Luego de los incidentes de la toma del Palacio y la recuperación por parte del Ejército, se abrió una investigación penal y política en la que el ex presidente Betancur fue exonerado por el Congreso.
La Fiscalía había llamado a declarar a Betancur en noviembre de 2006 cuando reabrió el proceso.
Nota de BBCMundo.com:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/latin_america/newsid_7019000/7019404.stm
Publicada: 2007/09/29 03:06:48 GMT
© BBC MMVIII
La Fiscalía colombiana solicitó el viernes abrir una investigación penal contra el ex presidente Belisario Betancur (1982-1986) por el desenlace de la operación militar para recuperar el Palacio de Justicia, tomado en 1985 por el grupo Movimiento 19 de abril (M-19), donde resultaron muertas más de un centenar de personas.
Fuentes oficiales indicaron que también se investigará, por este caso, a los generales (r) Rafael Samudio Molina y Jesús Armando Arias Cabrales, que lideró la operación de desalojo del Palacio.
Una fiscal delegada ante la Corte Constitucional envió copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso para que se investigue penalmente a Betancur, en el marco del juicio contra el coronel (r) del Ejército, Edilberto Sánchez, acusado de haber participado en la desaparición de 11 personas.
El oficial fue vinculado a la investigación después de que la Fiscalía encontrara pruebas de que al menos dos de las 11 personas supuestamente desaparecidas habían salido con vida.
Entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, un comando del M-19 ocupó el Palacio de Justicia y, tras 27 horas de fuego, murieron más de un centenar de personas y 11 fueron dadas por desaparecidas.
"Ausencia de poder"
Unos meses atrás, la Comisión de la Verdad, creada por la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2005, señaló que "parte de la responsabilidad la tuvo el presidente" Betancur.
Según la Comisión, el entonces presidente Betancur "actuó como un espectador más de los hechos", ya que no negoció con la guerrilla del M-19, pese a las "súplicas" de los rehenes por un cese del fuego y enfatizó que "hubo ausencia de poder".
Es claro que el gobierno no quiso negociar, sin tener en cuenta que eso no se supeditaba al diálogo y a salvaguardar las víctimas, la vida de los rehenes
Informe de la Comisión de la Verdad
"Es claro que el gobierno no quiso negociar, sin tener en cuenta que eso no se supeditaba al diálogo y a salvaguardar las víctimas, la vida de los rehenes", señala el informe de tres ex magistrados integrantes de la Comisión.
Betancur tampoco tomó decisiones para evitar el ingreso de la Fuerza Pública al Palacio, de acuerdo al documento.
Luego de los incidentes de la toma del Palacio y la recuperación por parte del Ejército, se abrió una investigación penal y política en la que el ex presidente Betancur fue exonerado por el Congreso.
La Fiscalía había llamado a declarar a Betancur en noviembre de 2006 cuando reabrió el proceso.
Nota de BBCMundo.com:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/latin_america/newsid_7019000/7019404.stm
Publicada: 2007/09/29 03:06:48 GMT
© BBC MMVIII
Habla padre de un desaparecido
Hernando Salazar
BBC, Bogotá
Carlos Arturo, el menor de los tres hijos del abogado Enrique Rodríguez, tenía 28 años cuando lo desaparecieron en noviembre de 1985, durante la operación militar que le puso fin al asalto guerrillero del M-19 al Palacio de Justicia en Bogotá.
Al final de la toma, hubo cerca de cien muertos, entre ellos 33 de los 35 guerrilleros que asaltaron el Palacio, así como una docena de desaparecidos.
Carlos Arturo era el administrador de la cafetería del Palacio y el día de la toma estaba reemplazando a su esposa, Cecilia, quien acababa de dar a luz a su primogénita.
La Fiscalía colombiana reabrió la investigación por los hechos y ordenó esta semana la detención de un ex coronel de inteligencia del Ejército, a quien responsabiliza por la desaparición de Carlos Arturo y de otra mujer.
La reapertura del proceso se debió, en buena parte, a la insistencia de Enrique Rodríguez, quien presentó un video donde se ve a su hijo saliendo vivo del Palacio.
La BBC habló con el abogado, quien fue juez y hoy tiene más de 80 años de edad.
¿Cómo ha sido la búsqueda de su hijo?
Ha sido una tragedia completa, porque se nos han cerrado todos los medios legales para tratar siquiera de averiguar por su paradero.
A mí me amenazaron por todas partes cuando dije que él había salido vivo del Palacio de Justicia y lo habían asesinado en el búnker de los militares en Usaquén (el Cantón Norte de Bogotá).
A uno de los individuos que intervino en los hechos lo mandaron a inspeccionarme. Sin decir que era del Estado, vino como periodista. Yo noté la cosa desde un principio. El tipo simpatizó conmigo y empezó a averiguar las cosas. Me contó que había intervenido en la sacada de mi hijo de la Casa del Florero (el museo a donde llevaron inicialmente a los sobrevivientes de la toma del Palacio).
Yo vi el video la salida de mi hijo del Palacio de Justicia hacia la Casa del Florero.
¿Cuántos desaparecidos hubo?
Doce personas, ocho que trabajaban en la cafetería y cuatro que estaban de casualidad. Carlos fue el único que salió caminando. A los demás los sacaron en un camión y los tuvieron en varios cuarteles, hasta que los desaparecieron.
¿Cómo combinaba la búsqueda de su hijo con su trabajo de abogado?
Pues la búsqueda hay que hacerla. Cuando recibía información, abandonaba lo que estaba trabajando y hacía lo que tenía que hacer. Hice infinidad de viajes por el país y también estuve en Ginebra (Suiza) denunciando el caso.
¿Qué piensa de su esfuerzo?
Tengo la gran satisfacción que se ha logrado establecer que lo que yo he sostenido es cierto y que el mismo Estado ha tenido que aceptar que esa es la verdad.
¿Qué significa que le desaparezcan a uno un hijo?
Eso es un delito tan grave como el asesinato. Pero yo preferiría diez mil veces que me hubieran a asesinado a mí antes que crearme esta situación en la que llevo más de 20 años de lucha y de persecución. La persecución contra mí fue tremenda. Yo he tenido que afrontar situaciones sumamente difíciles.
¿Qué pudo saber de su hijo?
A los pocos días de sucedidos los hechos, logré establecer que a mi hijo lo asesinaron y lo sepultaron en el Cantón Norte. Logré, inclusive, ir al hueco donde lo habían enterrado.
¿Por qué no han aparecido los restos?
Porque ahora que la investigación se está haciendo hace menos de diez años tengo la información de que a mi hijo y a otros dos que estaban enterrados en el mismo lugar los exhumaron, los incineraron, los disolvieron en agua y los echaron al charco, para que no fuera a quedar rastro de ninguna naturaleza.
¿Qué opina de la detención del ex coronel Edilberto Sánchez?
Es un buen principio, pero también hay que encarcelar a (el ex presidente) Belisario Betancur y a todos los subalternos que le obedecieron para cometer ese hecho tan criminal.
¿Cree que este proceso penal va a llegar a alguna parte?
Necesariamente. Los hechos son visibles, son claros. Se llegó a esto después de una lucha tremenda nuestra. El caso es imposible de ocultar. Esto está establecido desde el principio y no lo puede echar al suelo nadie.
¿Por qué sigue habiendo hoy desaparecidos en Colombia?
Por el mal ejemplo de lo que ocurrió en el Palacio de Justicia. El Estado logró trancar eso 20 años, impidiendo que eso se investigara.
¿Valió la pena esperar tanto tiempo?
No es que yo haya esperado porque quiera, sino por las circunstancias. Yo estoy pidiendo justicia desde el día siguiente del asesinato de mi hijo.
Nota de BBCMundo.com:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/latin_america/newsid_6153000/6153140.stm
Publicada: 2006/11/16 02:34:21 GMT
© BBC MMVIII
Hernando Salazar
BBC, Bogotá
Carlos Arturo, el menor de los tres hijos del abogado Enrique Rodríguez, tenía 28 años cuando lo desaparecieron en noviembre de 1985, durante la operación militar que le puso fin al asalto guerrillero del M-19 al Palacio de Justicia en Bogotá.
Al final de la toma, hubo cerca de cien muertos, entre ellos 33 de los 35 guerrilleros que asaltaron el Palacio, así como una docena de desaparecidos.
Carlos Arturo era el administrador de la cafetería del Palacio y el día de la toma estaba reemplazando a su esposa, Cecilia, quien acababa de dar a luz a su primogénita.
La Fiscalía colombiana reabrió la investigación por los hechos y ordenó esta semana la detención de un ex coronel de inteligencia del Ejército, a quien responsabiliza por la desaparición de Carlos Arturo y de otra mujer.
La reapertura del proceso se debió, en buena parte, a la insistencia de Enrique Rodríguez, quien presentó un video donde se ve a su hijo saliendo vivo del Palacio.
La BBC habló con el abogado, quien fue juez y hoy tiene más de 80 años de edad.
¿Cómo ha sido la búsqueda de su hijo?
Ha sido una tragedia completa, porque se nos han cerrado todos los medios legales para tratar siquiera de averiguar por su paradero.
A mí me amenazaron por todas partes cuando dije que él había salido vivo del Palacio de Justicia y lo habían asesinado en el búnker de los militares en Usaquén (el Cantón Norte de Bogotá).
A uno de los individuos que intervino en los hechos lo mandaron a inspeccionarme. Sin decir que era del Estado, vino como periodista. Yo noté la cosa desde un principio. El tipo simpatizó conmigo y empezó a averiguar las cosas. Me contó que había intervenido en la sacada de mi hijo de la Casa del Florero (el museo a donde llevaron inicialmente a los sobrevivientes de la toma del Palacio).
Yo vi el video la salida de mi hijo del Palacio de Justicia hacia la Casa del Florero.
¿Cuántos desaparecidos hubo?
Doce personas, ocho que trabajaban en la cafetería y cuatro que estaban de casualidad. Carlos fue el único que salió caminando. A los demás los sacaron en un camión y los tuvieron en varios cuarteles, hasta que los desaparecieron.
¿Cómo combinaba la búsqueda de su hijo con su trabajo de abogado?
Pues la búsqueda hay que hacerla. Cuando recibía información, abandonaba lo que estaba trabajando y hacía lo que tenía que hacer. Hice infinidad de viajes por el país y también estuve en Ginebra (Suiza) denunciando el caso.
¿Qué piensa de su esfuerzo?
Tengo la gran satisfacción que se ha logrado establecer que lo que yo he sostenido es cierto y que el mismo Estado ha tenido que aceptar que esa es la verdad.
¿Qué significa que le desaparezcan a uno un hijo?
Eso es un delito tan grave como el asesinato. Pero yo preferiría diez mil veces que me hubieran a asesinado a mí antes que crearme esta situación en la que llevo más de 20 años de lucha y de persecución. La persecución contra mí fue tremenda. Yo he tenido que afrontar situaciones sumamente difíciles.
¿Qué pudo saber de su hijo?
A los pocos días de sucedidos los hechos, logré establecer que a mi hijo lo asesinaron y lo sepultaron en el Cantón Norte. Logré, inclusive, ir al hueco donde lo habían enterrado.
¿Por qué no han aparecido los restos?
Porque ahora que la investigación se está haciendo hace menos de diez años tengo la información de que a mi hijo y a otros dos que estaban enterrados en el mismo lugar los exhumaron, los incineraron, los disolvieron en agua y los echaron al charco, para que no fuera a quedar rastro de ninguna naturaleza.
¿Qué opina de la detención del ex coronel Edilberto Sánchez?
Es un buen principio, pero también hay que encarcelar a (el ex presidente) Belisario Betancur y a todos los subalternos que le obedecieron para cometer ese hecho tan criminal.
¿Cree que este proceso penal va a llegar a alguna parte?
Necesariamente. Los hechos son visibles, son claros. Se llegó a esto después de una lucha tremenda nuestra. El caso es imposible de ocultar. Esto está establecido desde el principio y no lo puede echar al suelo nadie.
¿Por qué sigue habiendo hoy desaparecidos en Colombia?
Por el mal ejemplo de lo que ocurrió en el Palacio de Justicia. El Estado logró trancar eso 20 años, impidiendo que eso se investigara.
¿Valió la pena esperar tanto tiempo?
No es que yo haya esperado porque quiera, sino por las circunstancias. Yo estoy pidiendo justicia desde el día siguiente del asesinato de mi hijo.
Nota de BBCMundo.com:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/latin_america/newsid_6153000/6153140.stm
Publicada: 2006/11/16 02:34:21 GMT
© BBC MMVIII
Colombia/DD.HH.: un general a prisión
Hernando Salazar
Bogotá
Iván Ramírez se convirtió en el primer general del ejército colombiano en ser encarcelado por violaciones a los derechos humanos, tras la violenta toma del Palacio de Justicia en 1985.
Su detención es un hecho inédito en este país, pues hasta ahora las máximas sanciones contra oficiales de ese mismo rango habían sido solo de tipo disciplinario.
La detención de Ramírez, quien hace algunos años se había retirado del servicio activo, se hizo efectiva en las últimas horas y fue ordenada por la Fiscalía General de la Nación, que investiga la desaparición de una docena de personas.
Los hechos ocurrieron el 7 y 8 de noviembre de 1985, durante el operativo militar que retomó el Palacio de Justicia, después de haber sido asaltado por 35 guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19).
En ese entonces, Ramírez, que era coronel, era el encargado de la sección de inteligencia de una brigada del Ejército destacada en Bogotá. Años más tarde, el oficial llegó a ser el jefe de inteligencia de las Fuerzas Militares, durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998).
Además de Ramírez, otros dos generales del ejército, Jesús Armando Arias Cabrales y Rafael Samudio Molina, también están siendo investigados por los mismos hechos. Los dos ya no hacen parte del servicio activo.
Aunque hace 18 años la Procuraduría General de la Nación había sancionado con destitución a Arias Cabrales, el castigo fue derogado posteriormente, debido a supuestos vicios de forma.
Durante el asalto al Palacio de Justicia y la operación militar para retomar el edificio -que se incendió y fue cañoneado por un tanque del Ejército- murieron un centenar de personas, entre ellas los más importantes magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
No obstante que más de un centenar de personas sobrevivió al combate entre la guerrilla y el ejército, desde entonces 11 civiles y una guerrillera están desaparecidos.
El ex procurador general Alfonso Gómez Méndez celebró la decisión de la Fiscalía. Gómez Méndez, quien sancionó a Arias, declaró a BBC Mundo que "parece que se rompió el pacto de silencio que hubo para ocultar los hechos".
El ex procurador, que también fue Fiscal General, dijo: "A mí me dejaron solo cuando sancioné a Arias".
"Lo triste es que hayamos tenido que esperar tanto tiempo", añadió.
Otros dos generales
Mientras los guerrilleros responsables de la toma de rehenes y de homicidios dentro del Palacio fueron favorecidos por amnistías e indultos a principios de los años 90, los responsables del operativo militar solo habían sido sancionados disciplinariamente.
Desde un principio se denunció que miembros de la Fuerza Pública cometieron desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales.
Sin embargo, ante la aparición de nuevas pruebas, como videos, fotografías y grabaciones de audio, la Fiscalía General reabrió el caso en agosto de 2006.
En los videos que se han conocido, algunas de las personas que están desaparecidas han sido identificadas saliendo vivas del Palacio de Justicia, cuando iban en poder de miembros del Ejército.
"Salieron vivos"
En la llamada batalla del Palacio de Justicia se violaron todos los principios y normas del derecho internacional humanitario que por entonces eran aplicables a Colombia, como el artículo tres común de los Convenios de Ginebra
Mario Madrid-Malo, analista político
Cuando decidido reabrir la investigación sobre las desapariciones, Iguarán dijo que "la Fiscalía tiene pruebas de que salieron vivos y de que no aparecen".
Antes de Ramírez ya habían sido detenidos dos ex coroneles del ejército por los mismos hechos, uno de inteligencia y otro que estuvo a cargo de las tropas que retomaron el edificio, en pleno corazón de Bogotá.
Además de los generales y coroneles que están siendo procesados por los delitos de desaparición y secuestro, el Fiscal General, Mario Iguarán, le pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que investigue la conducta del ex presidente colombiano Belisario Betancur.
La detención de Ramírez fue celebrada por defensores de derechos humanos en Colombia.
El profesor Mario Madrid-Malo le dijo a BBC Mundo que "en la llamada batalla del Palacio de Justicia se violaron todos los principios y normas del derecho internacional humanitario que por entonces eran aplicables a Colombia, como el artículo tres común de los Convenios de Ginebra".
Madrid-Malo, quien trabajó para la Defensoría del Pueblo, añadió que durante muchos años "hubo una sospechosa falta de acción de las autoridades judiciales sobre los crímenes de estado que se perpetraron en el Palacio de Justicia".
A diferencia de Ramírez, en la investigación por la retoma del Palacio de Justicia la Fiscalía todavía no ha definido la situación jurídica de los otros dos generales procesados. Y la Cámara de Representantes tampoco ha resuelto la situación del ex presidente Betancur.
Nota de BBCMundo.com:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/latin_america/newsid_7424000/7424822.stm
Publicada: 2008/05/28 22:54:23 GMT
© BBC MMVIII
Hernando Salazar
Bogotá
Iván Ramírez se convirtió en el primer general del ejército colombiano en ser encarcelado por violaciones a los derechos humanos, tras la violenta toma del Palacio de Justicia en 1985.
Su detención es un hecho inédito en este país, pues hasta ahora las máximas sanciones contra oficiales de ese mismo rango habían sido solo de tipo disciplinario.
La detención de Ramírez, quien hace algunos años se había retirado del servicio activo, se hizo efectiva en las últimas horas y fue ordenada por la Fiscalía General de la Nación, que investiga la desaparición de una docena de personas.
Los hechos ocurrieron el 7 y 8 de noviembre de 1985, durante el operativo militar que retomó el Palacio de Justicia, después de haber sido asaltado por 35 guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19).
En ese entonces, Ramírez, que era coronel, era el encargado de la sección de inteligencia de una brigada del Ejército destacada en Bogotá. Años más tarde, el oficial llegó a ser el jefe de inteligencia de las Fuerzas Militares, durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998).
Además de Ramírez, otros dos generales del ejército, Jesús Armando Arias Cabrales y Rafael Samudio Molina, también están siendo investigados por los mismos hechos. Los dos ya no hacen parte del servicio activo.
Aunque hace 18 años la Procuraduría General de la Nación había sancionado con destitución a Arias Cabrales, el castigo fue derogado posteriormente, debido a supuestos vicios de forma.
Durante el asalto al Palacio de Justicia y la operación militar para retomar el edificio -que se incendió y fue cañoneado por un tanque del Ejército- murieron un centenar de personas, entre ellas los más importantes magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
No obstante que más de un centenar de personas sobrevivió al combate entre la guerrilla y el ejército, desde entonces 11 civiles y una guerrillera están desaparecidos.
El ex procurador general Alfonso Gómez Méndez celebró la decisión de la Fiscalía. Gómez Méndez, quien sancionó a Arias, declaró a BBC Mundo que "parece que se rompió el pacto de silencio que hubo para ocultar los hechos".
El ex procurador, que también fue Fiscal General, dijo: "A mí me dejaron solo cuando sancioné a Arias".
"Lo triste es que hayamos tenido que esperar tanto tiempo", añadió.
Otros dos generales
Mientras los guerrilleros responsables de la toma de rehenes y de homicidios dentro del Palacio fueron favorecidos por amnistías e indultos a principios de los años 90, los responsables del operativo militar solo habían sido sancionados disciplinariamente.
Desde un principio se denunció que miembros de la Fuerza Pública cometieron desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales.
Sin embargo, ante la aparición de nuevas pruebas, como videos, fotografías y grabaciones de audio, la Fiscalía General reabrió el caso en agosto de 2006.
En los videos que se han conocido, algunas de las personas que están desaparecidas han sido identificadas saliendo vivas del Palacio de Justicia, cuando iban en poder de miembros del Ejército.
"Salieron vivos"
En la llamada batalla del Palacio de Justicia se violaron todos los principios y normas del derecho internacional humanitario que por entonces eran aplicables a Colombia, como el artículo tres común de los Convenios de Ginebra
Mario Madrid-Malo, analista político
Cuando decidido reabrir la investigación sobre las desapariciones, Iguarán dijo que "la Fiscalía tiene pruebas de que salieron vivos y de que no aparecen".
Antes de Ramírez ya habían sido detenidos dos ex coroneles del ejército por los mismos hechos, uno de inteligencia y otro que estuvo a cargo de las tropas que retomaron el edificio, en pleno corazón de Bogotá.
Además de los generales y coroneles que están siendo procesados por los delitos de desaparición y secuestro, el Fiscal General, Mario Iguarán, le pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que investigue la conducta del ex presidente colombiano Belisario Betancur.
La detención de Ramírez fue celebrada por defensores de derechos humanos en Colombia.
El profesor Mario Madrid-Malo le dijo a BBC Mundo que "en la llamada batalla del Palacio de Justicia se violaron todos los principios y normas del derecho internacional humanitario que por entonces eran aplicables a Colombia, como el artículo tres común de los Convenios de Ginebra".
Madrid-Malo, quien trabajó para la Defensoría del Pueblo, añadió que durante muchos años "hubo una sospechosa falta de acción de las autoridades judiciales sobre los crímenes de estado que se perpetraron en el Palacio de Justicia".
A diferencia de Ramírez, en la investigación por la retoma del Palacio de Justicia la Fiscalía todavía no ha definido la situación jurídica de los otros dos generales procesados. Y la Cámara de Representantes tampoco ha resuelto la situación del ex presidente Betancur.
Nota de BBCMundo.com:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/latin_america/newsid_7424000/7424822.stm
Publicada: 2008/05/28 22:54:23 GMT
© BBC MMVIII
Colombia, Ecuador y la "mezcla secreta"
Redacción BBC Mundo
La Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) es desde este viernes el nuevo campo de batalla en el que se enfrentan Colombia y Ecuador por las fumigaciones aéreas en la frontera común.
Armado con "pruebas concluyentes de todos los daños" que producen las aspersiones que realiza Colombia para eliminar cultivos de coca, el embajador de Ecuador ante la CIJ, Diego Cordovez, se propone persuadir al tribunal internacional de que es necesario tomar medidas.
El problema, le dijo a BBC Mundo Cordovez, "lo produce no tanto el glifosato sino la sustancia a base de glifosato que se utiliza. Es una mezcla secreta".
PARTICIPE EN EL FORO
Carlos Wadaker, Lima-Perú
"Uno de los problemas ha sido que nosotros no sabemos exactamente qué es lo que se usa. Sabemos que es a base de glifosato. El glifosato lo utilizamos nosotros también en ciertos cultivos de bananos para eliminar una serie de insectos, pero esto es una cosa mucho más fuerte", señala.
"No hay ninguna mezcla secreta de nada, pero esos argumentos se tienen que dirimir ante la Corte y no por la radio o por la televisión", le dijo a la BBC su contraparte colombiana, el embajador Julio Londoño.
Litigio científico
Secreta o no, Ecuador ha denunciado durante años que la sustancia que se utiliza para llevar a cabo las fumigaciones aéreas, que son un elemento clave en la alianza bilateral de Washington y Bogotá contra las drogas conocida como el Plan Colombia, es perjudicial.
"Este es un sector muy pobre de Ecuador y en consecuencia todo esto ha causado grandes estragos a la gente y como se han agotado los procedimientos diplomáticos normales, el presidente (Rafael Correa) resolvió acudir a la Corte Internacional de Justicia", señala el embajador ecuatoriano.
Cordovez se propone "tratar que esto se lleve en la forma más tranquila, en la forma más científica, nosotros vamos a tener todas las pruebas".
Pruebas que el embajador colombiano está ansioso de examinar pues, como le dijo a BBC Mundo, "la posición de Colombia es precisamente la contraria: las aspersiones que se han hecho para luchar contra los sembrados de coca dentro del territorio colombiano no han afectado de ninguna manera ni a las personas ni a los animales ni al medioambiente ni los cultivos en territorio ecuatoriano".
En el pasado, Colombia ha citado estudios desarrollados por Naciones Unidas y por la Organización de Estados Americanos (OEA), diciendo que éstos demuestran que el glifosato sigue siendo el instrumento más idóneo y menos dañino para el combate a los cultivos ilícitos.
Suspensión e indemnización
No obstante, para Quito, "menos dañino" no implica que no sea perjudicial y, convencido de que puede probar su caso, espera resultados.
Cordovez subraya que Ecuador no está en contra de que se erradiquen los sembradíos de coca, "lo que queremos es que se suspendan las fumigaciones en ese sector, no en Colombia, en ese sector, nada más".
Algo que, según le dijo el embajador de Colombia ante la CIJ a BBC Mundo, ya se hizo.
"Desde hace bastante tiempo (Colombia) ha suspendido las aspersiones aéreas que se han realizado en el área y se ha abstenido de hacer dichas aspersiones en un área de 10 kilómetros a lo largo de la frontera".
Sin embargo, con regularidad Ecuador denuncia la reanudación de las fumigaciones y en ocasiones Colombia acepta que están en lo cierto.
En cualquier caso, la decisión que Bogotá asegura haber tomado de no fumigar cerca de la frontera no parece deberse a que aceptó el argumento de Ecuador, lo que pone en tela de juicio el segundo punto de la demanda ecuatoriana "que haya una indemnización para la gente que ha sufrido los efectos hasta aquí".
Más allá de la política
El resultado de esta disputa no se conocerá en breve, pues el proceso en el que se embarcan este viernes los embajadores de Colombia y Ecuador este viernes es largo... "¡claro que es largo! sobre todo que hay que agregar a los siete años anteriores", exclama Cordovez.
¿Es posible que, dado que se está hablando de la salud de seres humanos y si las pruebas que Quito lleve a la mesa son convincentes, Bogotá revise su posición?
"El que debe tomar esta decisión no soy yo, no es el gobierno de Colombia, es la CIJ. El gobierno de Colombia en reiteradas ocasiones ha dicho exactamente lo contrario de lo que está diciendo el gobierno de Ecuador y por eso estamos en este momento ante la CIJ", dice Londoño.
En cualquier caso, sentencia, "el gobierno de Colombia considera que no ha habido afectaciones".
www.bbc.co.ik
Redacción BBC Mundo
La Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) es desde este viernes el nuevo campo de batalla en el que se enfrentan Colombia y Ecuador por las fumigaciones aéreas en la frontera común.
Armado con "pruebas concluyentes de todos los daños" que producen las aspersiones que realiza Colombia para eliminar cultivos de coca, el embajador de Ecuador ante la CIJ, Diego Cordovez, se propone persuadir al tribunal internacional de que es necesario tomar medidas.
El problema, le dijo a BBC Mundo Cordovez, "lo produce no tanto el glifosato sino la sustancia a base de glifosato que se utiliza. Es una mezcla secreta".
PARTICIPE EN EL FORO
Carlos Wadaker, Lima-Perú
"Uno de los problemas ha sido que nosotros no sabemos exactamente qué es lo que se usa. Sabemos que es a base de glifosato. El glifosato lo utilizamos nosotros también en ciertos cultivos de bananos para eliminar una serie de insectos, pero esto es una cosa mucho más fuerte", señala.
"No hay ninguna mezcla secreta de nada, pero esos argumentos se tienen que dirimir ante la Corte y no por la radio o por la televisión", le dijo a la BBC su contraparte colombiana, el embajador Julio Londoño.
Litigio científico
Secreta o no, Ecuador ha denunciado durante años que la sustancia que se utiliza para llevar a cabo las fumigaciones aéreas, que son un elemento clave en la alianza bilateral de Washington y Bogotá contra las drogas conocida como el Plan Colombia, es perjudicial.
"Este es un sector muy pobre de Ecuador y en consecuencia todo esto ha causado grandes estragos a la gente y como se han agotado los procedimientos diplomáticos normales, el presidente (Rafael Correa) resolvió acudir a la Corte Internacional de Justicia", señala el embajador ecuatoriano.
Cordovez se propone "tratar que esto se lleve en la forma más tranquila, en la forma más científica, nosotros vamos a tener todas las pruebas".
Pruebas que el embajador colombiano está ansioso de examinar pues, como le dijo a BBC Mundo, "la posición de Colombia es precisamente la contraria: las aspersiones que se han hecho para luchar contra los sembrados de coca dentro del territorio colombiano no han afectado de ninguna manera ni a las personas ni a los animales ni al medioambiente ni los cultivos en territorio ecuatoriano".
En el pasado, Colombia ha citado estudios desarrollados por Naciones Unidas y por la Organización de Estados Americanos (OEA), diciendo que éstos demuestran que el glifosato sigue siendo el instrumento más idóneo y menos dañino para el combate a los cultivos ilícitos.
Suspensión e indemnización
No obstante, para Quito, "menos dañino" no implica que no sea perjudicial y, convencido de que puede probar su caso, espera resultados.
Cordovez subraya que Ecuador no está en contra de que se erradiquen los sembradíos de coca, "lo que queremos es que se suspendan las fumigaciones en ese sector, no en Colombia, en ese sector, nada más".
Algo que, según le dijo el embajador de Colombia ante la CIJ a BBC Mundo, ya se hizo.
"Desde hace bastante tiempo (Colombia) ha suspendido las aspersiones aéreas que se han realizado en el área y se ha abstenido de hacer dichas aspersiones en un área de 10 kilómetros a lo largo de la frontera".
Sin embargo, con regularidad Ecuador denuncia la reanudación de las fumigaciones y en ocasiones Colombia acepta que están en lo cierto.
En cualquier caso, la decisión que Bogotá asegura haber tomado de no fumigar cerca de la frontera no parece deberse a que aceptó el argumento de Ecuador, lo que pone en tela de juicio el segundo punto de la demanda ecuatoriana "que haya una indemnización para la gente que ha sufrido los efectos hasta aquí".
Más allá de la política
El resultado de esta disputa no se conocerá en breve, pues el proceso en el que se embarcan este viernes los embajadores de Colombia y Ecuador este viernes es largo... "¡claro que es largo! sobre todo que hay que agregar a los siete años anteriores", exclama Cordovez.
¿Es posible que, dado que se está hablando de la salud de seres humanos y si las pruebas que Quito lleve a la mesa son convincentes, Bogotá revise su posición?
"El que debe tomar esta decisión no soy yo, no es el gobierno de Colombia, es la CIJ. El gobierno de Colombia en reiteradas ocasiones ha dicho exactamente lo contrario de lo que está diciendo el gobierno de Ecuador y por eso estamos en este momento ante la CIJ", dice Londoño.
En cualquier caso, sentencia, "el gobierno de Colombia considera que no ha habido afectaciones".
www.bbc.co.ik
Capturan a Salvador Arana, ex gobernador de Sucre
Tenía orden de captura por sus vínculos con grupos paramilitares y por la presunta culpabilidad en la desaparación y homicidio del ex alcalde de El Roble, Sucre.
Fecha: 05/29/2008 -
El CTI de la Fiscalía capturó este jueves en la noche a Salvador Arana, ex gobernador de Sucre, en su apartamento en Santa Marta, donde se refugiaba como prófugo de la justicia. Arana fue nombrado embajador en Chile, al inicio del gobierno Uribe.
Su nombre está asociado con un cruel episodio de la violencia de los paramilitares. Eudaldo León Díaz, ex alcalde del municipio sucreño de El Roble, era militante del Polo Democrático. En un consejo comunitario que se hizo en Corozal en marzo de 2003, se levantó y le dijo al presidente Álvaro Uribe: “a mí me van a matar”. Pero no sólo le contó al mandatario su fatal sospecha. También lo hizo con sus parientes, a quienes les dijo que si algo le pasaba, era responsabilidad de Salvador Arana.
El presagio de Díaz se cumplió. El 5 abril de ese año, desapareció. No se supo nada de él hasta cinco días después, cuando encontraron su cadáver en una de las salidas de Sincelejo.
La Fiscalía dictó orden de captura contra Arana en noviembre de 2006, sindicado de desaparición forzada y homicidio agravado, por el caso de Díaz. Aquella decisión se basó en diversos testimonios. “Miembros de grupos paramilitares del departamento manifiestan haber escuchado cuando se decía que Salvador Arana suministró los recursos económicos para que el combatiente paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’, diera muerte al Alcalde”, dice un registro de la Fiscalía. Allí también consta que hubo testigos que vieron a Arana reunido con Mercado.
El documento oficial tiene otro revelador testimonio. Parece ser de un mesero que escuchó cuando ‘El Cocha’, jefe de sicarios de los paramilitares, les dijo a sus hombres: ‘¿Ustedes qué hacen aquí que no están cuidando al Alcalde? Ya Arana dio la orden de matarlo y todo está pago”. El mesero fue muerto después de dar su declaración.
Como consecuencia de esos testimonios, Arana fue involucrado en la investigación. Su orden de captura se dictó cuando la Corte Suprema de Justicia le envió a la Fiscalía un expediente que señala a Arana como creador de grupos paramilitares en Sucre y responsable del desvío de dinero de la gobernación para ese objetivo.
Puesto que se perdió su rastro, la Policía Internacional (Interpol) emitió la circular roja contra Salvador Arana el primero de diciembre de 2006. Ésta servía para buscarlo y capturarlo en cualquiera de los 186 países que conforman ese cuerpo policial. Pero fue capturado en Santa Marta, después de estar prófugo por más de dos años.
www.semana.com
Tenía orden de captura por sus vínculos con grupos paramilitares y por la presunta culpabilidad en la desaparación y homicidio del ex alcalde de El Roble, Sucre.
Fecha: 05/29/2008 -
El CTI de la Fiscalía capturó este jueves en la noche a Salvador Arana, ex gobernador de Sucre, en su apartamento en Santa Marta, donde se refugiaba como prófugo de la justicia. Arana fue nombrado embajador en Chile, al inicio del gobierno Uribe.
Su nombre está asociado con un cruel episodio de la violencia de los paramilitares. Eudaldo León Díaz, ex alcalde del municipio sucreño de El Roble, era militante del Polo Democrático. En un consejo comunitario que se hizo en Corozal en marzo de 2003, se levantó y le dijo al presidente Álvaro Uribe: “a mí me van a matar”. Pero no sólo le contó al mandatario su fatal sospecha. También lo hizo con sus parientes, a quienes les dijo que si algo le pasaba, era responsabilidad de Salvador Arana.
El presagio de Díaz se cumplió. El 5 abril de ese año, desapareció. No se supo nada de él hasta cinco días después, cuando encontraron su cadáver en una de las salidas de Sincelejo.
La Fiscalía dictó orden de captura contra Arana en noviembre de 2006, sindicado de desaparición forzada y homicidio agravado, por el caso de Díaz. Aquella decisión se basó en diversos testimonios. “Miembros de grupos paramilitares del departamento manifiestan haber escuchado cuando se decía que Salvador Arana suministró los recursos económicos para que el combatiente paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’, diera muerte al Alcalde”, dice un registro de la Fiscalía. Allí también consta que hubo testigos que vieron a Arana reunido con Mercado.
El documento oficial tiene otro revelador testimonio. Parece ser de un mesero que escuchó cuando ‘El Cocha’, jefe de sicarios de los paramilitares, les dijo a sus hombres: ‘¿Ustedes qué hacen aquí que no están cuidando al Alcalde? Ya Arana dio la orden de matarlo y todo está pago”. El mesero fue muerto después de dar su declaración.
Como consecuencia de esos testimonios, Arana fue involucrado en la investigación. Su orden de captura se dictó cuando la Corte Suprema de Justicia le envió a la Fiscalía un expediente que señala a Arana como creador de grupos paramilitares en Sucre y responsable del desvío de dinero de la gobernación para ese objetivo.
Puesto que se perdió su rastro, la Policía Internacional (Interpol) emitió la circular roja contra Salvador Arana el primero de diciembre de 2006. Ésta servía para buscarlo y capturarlo en cualquiera de los 186 países que conforman ese cuerpo policial. Pero fue capturado en Santa Marta, después de estar prófugo por más de dos años.
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Comisión de Acusaciones de la Cámara abre investigación al presidente Uribe
El organismo del Congreso abrió investigación preliminar al presidente Álvaro Uribe por el presunto delito de cohecho.
Fecha: 05/27/2008 -
Este martes en la noche la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes anunció la apertura de investigación preliminar al presidente Álvaro Uribe Vélez por el supuesto delito de cohecho del cual se habría beneficiado en el 2004 con la aprobación del Acto Legislativo que permitió que fuera reelegido para un segundo período administrativo.
El presidente Uribe había sido denunciado por el senador Luis Carlos Avellaneda y varios congresistas del Polo Democrático Alternativo el pasado 29 de abril por supuestamente haber ofrecido prebendas a los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño a cambio de que la primera cambiara su voto y el segundo no votara, y aseguraran así la modificación de la Constitución para que se pudiera reelegir al Presidente de la República. En su denuncia los congresistas de oposición consideraron que además de los congresistas, también los ministros Diego Palacio, y Sabas Pretelt de la Vega, habrían sido quienes ofrecieron las prebendas, y que el presidente Uribe, habría sido en últimas, el más beneficiado de este supuesto delito y, por lo tanto, también debería ser investigado por cohecho.
De otro parte, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que está investigando a Medina y a Avendaño por el supuesto delito, había compulsado copias el pasado 8 de mayo a la Comisión con las declaraciones que recibió de Medina en las que asegura que sí recibió las prebendas a cambio de su voto favorable. Ese testimonio hará parte del expediente de este caso y deberá ser evaluado por la Comisión.
Para adelantar la investigación al Presidente, la Comisión designó a tres representantes: Edgar Ulises Torres, representante de Cambio Radical por el Chocó; José Gerardo Piamba Castro, representante conservador del Cauca; y Jaime Enrique Durán Barrera, representante liberal por Santander. Dos de ellos son de la bancada uribista y Durán Barrera de la oposición.
Los tres Representantes pedirán a los diez denunciantes, en cabeza del senador Avellaneda, que ratifiquen y amplíen sus acusaciones en contra del Presidente el miércoles y jueves de la primera semana de junio. Expresaron además su intención de que todas las actuaciones sean públicas como lo plantea el artículo 332 de la ley 5 que es la que rige estas investigaciones.
En conversación telefónica con Semana.com el representante Edgar Ulises Torres, coordinador del triunvirato de investigación, explicó que a través de una resolución se abrió la investigación y que este miércoles se reunirán con el fin de trazar un cronograma de actividades.
“Vamos a actuar con celeridad y esperamos que el Ministerio Público, en cabeza del Procurador, acompañe este proceso para que le de más transparencia”, dijo el representante Torres.
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Fecha: 05/27/2008 -
Este martes en la noche la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes anunció la apertura de investigación preliminar al presidente Álvaro Uribe Vélez por el supuesto delito de cohecho del cual se habría beneficiado en el 2004 con la aprobación del Acto Legislativo que permitió que fuera reelegido para un segundo período administrativo.
El presidente Uribe había sido denunciado por el senador Luis Carlos Avellaneda y varios congresistas del Polo Democrático Alternativo el pasado 29 de abril por supuestamente haber ofrecido prebendas a los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño a cambio de que la primera cambiara su voto y el segundo no votara, y aseguraran así la modificación de la Constitución para que se pudiera reelegir al Presidente de la República. En su denuncia los congresistas de oposición consideraron que además de los congresistas, también los ministros Diego Palacio, y Sabas Pretelt de la Vega, habrían sido quienes ofrecieron las prebendas, y que el presidente Uribe, habría sido en últimas, el más beneficiado de este supuesto delito y, por lo tanto, también debería ser investigado por cohecho.
De otro parte, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que está investigando a Medina y a Avendaño por el supuesto delito, había compulsado copias el pasado 8 de mayo a la Comisión con las declaraciones que recibió de Medina en las que asegura que sí recibió las prebendas a cambio de su voto favorable. Ese testimonio hará parte del expediente de este caso y deberá ser evaluado por la Comisión.
Para adelantar la investigación al Presidente, la Comisión designó a tres representantes: Edgar Ulises Torres, representante de Cambio Radical por el Chocó; José Gerardo Piamba Castro, representante conservador del Cauca; y Jaime Enrique Durán Barrera, representante liberal por Santander. Dos de ellos son de la bancada uribista y Durán Barrera de la oposición.
Los tres Representantes pedirán a los diez denunciantes, en cabeza del senador Avellaneda, que ratifiquen y amplíen sus acusaciones en contra del Presidente el miércoles y jueves de la primera semana de junio. Expresaron además su intención de que todas las actuaciones sean públicas como lo plantea el artículo 332 de la ley 5 que es la que rige estas investigaciones.
En conversación telefónica con Semana.com el representante Edgar Ulises Torres, coordinador del triunvirato de investigación, explicó que a través de una resolución se abrió la investigación y que este miércoles se reunirán con el fin de trazar un cronograma de actividades.
“Vamos a actuar con celeridad y esperamos que el Ministerio Público, en cabeza del Procurador, acompañe este proceso para que le de más transparencia”, dijo el representante Torres.
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