“Si aplican la ley, habrá paz”
El fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo dice que cualquiera que tenga responsabilidad en los crímenes, sea comandante , financiador o cómplice político, deber ser investigado.
Fecha: 08/30/2008 -1374
La Corte Penal Interna-cional (CPI), de la que es fiscal el argentino Luis Moreno Ocampo, existe apenas hace cinco años. No obstante, Moreno Ocampo tiene ya una rica experiencia en aplicar justicia en casos de violaciones masivas a los derechos humanos. Fue fiscal adjunto en el juicio a la cúpula militar que gobernó su país en los 80 y desde la CPI, acusó a Omar al-Bashir, el dictador sudanés, por el genocidio.
Vino a Colombia la semana pasada SEMANA lo entrevistó.
SEMANA: ¿Cómo puede ayudar la Corte Penal Internacional a que haya justicia en Colombia?
LUIS MORENO OCAMPO: Cuando empecé mi tarea, los casos más críticos en mi jurisdicción eran Colombia y Congo. Paradójicamente, Colombia tiene niveles de violencia muy elevados pero, a diferencia del Congo, instituciones que funcionan y en las que la gente confía. Mi tarea aquí es analizar sus esfuerzos por hacer justicia, y en la medida en que haga los procesos a los máximos responsables, mi deber es no intervenir; si no los hace, es intervenir, según lo acordó Colombia en el Tratado de Roma.
SEMANA: ¿Le preocupa que los poderosos aliados de los paramilitares queden impunes?
L.M.O.: El tema de que existan dirigentes políticos aliados o financistas de esas operaciones es también importante de investigar. Saber quiénes son los máximos responsables sólo se va a develar en el desarrollo de los procesos judiciales; las evidencias van a surgir de allí. Por eso, por ahora lo que estamos haciendo es recibir información y ver quiénes fueron responsables operativos, cuáles los responsables políticos y los financieros, cómo se articulaban. Develar cómo se armó esto es una importante herramienta preventiva y ese es uno de los objetivos centrales de mi mandato: no permitir impunidad para contribuir a la prevención de crímenes, eso es lo que la ley dice.
Video 1: "Hay que investigar a todos los máximos responsables"
Video 2: "En Colombia han sido muy abiertos con la Corte"
Video 3: "Que decenas de personas estén confesado todo es una oportunidad única de hacer justicia"
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SEMANA: Definir quiénes son los máximos responsables y procesar por lo menos a éstos…
L.M.O.: Aquí en Colombia hay un problema enorme: la masividad de los crímenes. Es lo que discutimos con los fiscales colombianos. Nuestra tradición judicial no permite que se desechen casos y se escojan otros. Pero sí se puede establecer prioridades, y esa es una de las difíciles tareas de los fiscales colombianos: definir prioridades y terminar unos procesos. Si pueden hacer algunos juicios y la gente ve las condenas, eso es central…
SEMANA: ¿Pueden también personas sin responsabilidad pública, como empresarios o ganaderos, ser juzgados por la CPI si en Colombia no son investigados?
L.M.O.: Cualquier persona que tenga responsabilidad en los crímenes, sea porque fuese comandante operativo o porque brindó apoyo económico, podría ser investigada por la Corte.
SEMANA: Cree que la extradición de 15 ex jefes paramilitares puede obstaculizar el proceso de Justicia y Paz o de para-política?
L.M.O.: Hay mucha gente que considera que la extradición es un problema que obstaculiza las investigaciones. El Fiscal y el gobierno dicen que tienen un acuerdo con los fiscales estadounidenses, pero que depende también de que los acusados quieran, voluntariamente, declarar. Los fiscales tienen confianza de que algunos van a hacerlo. Habrá que esperar a ver.
SEMANA: Presenció una semana tensa por las denuncias de que el Ejecutivo estaría interfiriendo en la labor de la Corte. ¿Le habló la Corte de esto?
L.M.O.: Yo les pregunté específicamente a los miembros de la Corte si se consideraban capaces de llevar las investigaciones, y ellos me dijeron que sí. Mi tarea no es política, sino jurídica; básicamente seguir los procedimientos judiciales. El resto es de los colombianos.
SEMANA: ¿Cree usted que tener la CPI como espada de Damocles, esperando caer si no se hace la justicia, favorece la paz en Colombia? L.M.O.: Colombia tiene un proyecto muy ambicioso y si logra terminarlo correctamente, juzgando a quien tenga que juzgar, dando verdad a las víctimas, compensándolas, desmovilizando y que termine con la violencia, será un ejemplo para el mundo. Ha avanzado bastante. Nunca como ahora veo tanto consenso alrededor de la idea de que la violencia política es inadmisible y eso es un enorme logro de la sociedad colombiana.
SEMANA: Sì hay ese consenso, pero aún falta mucho para creer que la obediencia a la ley traerá la paz…
L.M.O.: Si alguien violó a mi hija, nadie puede obligarme a reconciliarme con el violador, pero pueden obligarme a no matarlo. Entonces yo sí creo que la ley es la herramienta de convivencia pacífica; permite convivir a personas que se odian. Por eso me parece que si la ley es respetada en Colombia, si logra demostrar que nada está por encima de la ley, que diferentes grupos, diferentes ideologías, son todos tratados igualmente, y si además las víctimas sienten que en realidad las protegen, eso daría una sólida base de paz para el futuro de Colombia. Y si nosotros pudiéramos participar de alguna manera en eso, sería muy positivo no sólo para Colombia, sino para el mundo.
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lunes, 8 de septiembre de 2008
'Narices', comandante del frente 'Manuel Cepeda', de las Farc, sería responsable de atentado en Cali
"Con estos actos, las Farc quieren demostrar que siguen vivas", dijo el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien a primera hora recorrió las instalaciones del Palacio de Justicia.
Presidente Uribe se reunió con comerciantes de Cali afectados por bomba La explosión, con un carro bomba contra el Palacio de Justicia de Cali, dejó en la noche del domingo a cuatro personas muertas, 26 heridas y afectó 224 locales comerciales.
En el hecho murieron el taxista Carlos Alberto Delgado Quinchía y sus pasajeras, Kelsy Andrea Arana y Lina Marcela Ortiz, dos empleadas de una pizzería a las que llevaba de regreso a su casa. Además, murió Joel Muñoz Hoyos, quien a esa hora pasaba por el sector en un carro particular.
Y, una mujer, identificada como Beatriz Minota Narváez, murió por una bala perdida cuando, tras la explosión, se presentó una balacera, en la que se vio involucrada la Policía, que perseguía a personas que saqueaban los locales comerciales.
'Narices', cuyo nombre es Iván Cárdenas Carrillo, sucedió a alias 'Santiago' en el comando de ese frente, tras su captura en mayo pasado en Buenaventura.
"Con estos actos las Farc quieren demostrar que siguen vivas", dijo el Ministro, quien desde Cali dio la instrucción para que trasladaran a 'Santiago' de la penitenciaría de Palmira a la de Cómbita, en Boyacá.
Otra hipótesis, que también apunta hacia las Farc, señala que podría ser una retaliación por la captura del hijo de Juan Carlos Usuga, alias 'El enano', tercero en el mando de la 'Manuel Cepeda Vargas'.
El general Óscar Naranjo, director nacional de la Policía, anunció la llegada de mil policías a Cali, de los cuales 700 se quedarán hasta enero con el fin de restablecer la confianza de los caleños y los otros 300 quedarán de forma permanente.
Santos, por su parte, reiteró la recompensa de 400 millones de pesos para quienes suministren información sobre los autores del atentado.
Hace 18 meses, las Farc destruyeron, casi a la misma hora, el mismo día y en una calle transitada, el comando de la Policía en la capital vallecaucana. En esa ocasión utilizaron un motocarro.
Pero para algunos funcionarios judiciales, el atentado era algo que se veía venir. Esperanza Delgado, vocera de Asonal, dijo que en varias ocasiones denunciaron amenazas en el sentido de que iban a gemeliar un vehículo para meterlo al parqueadero del Palacio y les iban a poner un carro bomba.
"Pedimos que la Fuerza Pública estuviera presente las 24 horas", agregó.
El presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Jesael Giraldo, dijo ayer que las labores se cumplirían normalmente, pese a las incomodidades logísticas.
REDACCIÓN NACIONAL
www.eltiempo.com
"Con estos actos, las Farc quieren demostrar que siguen vivas", dijo el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien a primera hora recorrió las instalaciones del Palacio de Justicia.
Presidente Uribe se reunió con comerciantes de Cali afectados por bomba La explosión, con un carro bomba contra el Palacio de Justicia de Cali, dejó en la noche del domingo a cuatro personas muertas, 26 heridas y afectó 224 locales comerciales.
En el hecho murieron el taxista Carlos Alberto Delgado Quinchía y sus pasajeras, Kelsy Andrea Arana y Lina Marcela Ortiz, dos empleadas de una pizzería a las que llevaba de regreso a su casa. Además, murió Joel Muñoz Hoyos, quien a esa hora pasaba por el sector en un carro particular.
Y, una mujer, identificada como Beatriz Minota Narváez, murió por una bala perdida cuando, tras la explosión, se presentó una balacera, en la que se vio involucrada la Policía, que perseguía a personas que saqueaban los locales comerciales.
'Narices', cuyo nombre es Iván Cárdenas Carrillo, sucedió a alias 'Santiago' en el comando de ese frente, tras su captura en mayo pasado en Buenaventura.
"Con estos actos las Farc quieren demostrar que siguen vivas", dijo el Ministro, quien desde Cali dio la instrucción para que trasladaran a 'Santiago' de la penitenciaría de Palmira a la de Cómbita, en Boyacá.
Otra hipótesis, que también apunta hacia las Farc, señala que podría ser una retaliación por la captura del hijo de Juan Carlos Usuga, alias 'El enano', tercero en el mando de la 'Manuel Cepeda Vargas'.
El general Óscar Naranjo, director nacional de la Policía, anunció la llegada de mil policías a Cali, de los cuales 700 se quedarán hasta enero con el fin de restablecer la confianza de los caleños y los otros 300 quedarán de forma permanente.
Santos, por su parte, reiteró la recompensa de 400 millones de pesos para quienes suministren información sobre los autores del atentado.
Hace 18 meses, las Farc destruyeron, casi a la misma hora, el mismo día y en una calle transitada, el comando de la Policía en la capital vallecaucana. En esa ocasión utilizaron un motocarro.
Pero para algunos funcionarios judiciales, el atentado era algo que se veía venir. Esperanza Delgado, vocera de Asonal, dijo que en varias ocasiones denunciaron amenazas en el sentido de que iban a gemeliar un vehículo para meterlo al parqueadero del Palacio y les iban a poner un carro bomba.
"Pedimos que la Fuerza Pública estuviera presente las 24 horas", agregó.
El presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Jesael Giraldo, dijo ayer que las labores se cumplirían normalmente, pese a las incomodidades logísticas.
REDACCIÓN NACIONAL
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La rueda de prensa del presidente Uribe sobre la visita a Palacio de dos emisarios del jefe paramilitar ‘Don Berna’ dejó más preguntas que respuestas.
El coletazo
La rueda de prensa del presidente Uribe sobre la visita a Palacio de dos emisarios del jefe paramilitar ‘Don Berna’ dejó más preguntas que respuestas.
Fecha: 08/30/2008 -1374
El lunes pasado el presidente Álvaro Uribe estaba cargado de tigre. Las revelaciones de SEMANA de visitas de dos emisarios del jefe paramilitar ‘Don Berna’ al Palacio de Nariño habían generado duras reacciones, en especial del presidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte. Cuando el magistrado denunció el ‘complot para’ en todas las emisoras radiales de la mañana, Uribe decidió tomar el toro por los cachos. Convocó una rueda de prensa para justificar la visita de Diego Álvarez, el abogado de ‘Don Berna’, y del ex paramilitar desmovilizado Antonio López, ‘Job’, en la oficina de su secretario jurídico, Edmundo Del Castillo, en abril de este año.
Sin embargo, en su airada intervención de casi una hora, el Presidente terminó por generar nuevos interrogantes (ver recuadros) y dejar al descubierto su inmensa desconfianza en la Corte. En más de una ocasión, explicó que sus funcionarios recibieron a los emisarios de los paramilitares, quienes decían tener pruebas de una conspiración de los magistrados contra el gobierno, porque tenían “responsabilidades de orden público”. Y que escuchar a informantes “ha ayudado mucho a que avance nuestra política de orden público”. ¿La Corte Suprema es un riesgo de orden público?
Como Pedro por su casa
Presidente Uribe: “No desautoricé la reunión sobre la cual me informaron y después autoricé que los oyeran. ¿Por qué entraron por un sótano de garaje? Le dijeron al doctor Edmundo (Del Castillo) que traían un material delicado, que tenían que entrar en su carro. Él lo autorizó. Esa entrada no es clandestina. Primero, queda registrada por dos meses en las cámaras de la Presidencia. Y segundo, la oficina de Seguridad de la Presidencia tiene unos libros donde registra esas entradas. Quedaron registrados”.
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En realidad, eso no es exacto. El nombre de Antonio López, alias ‘Job’, desmovilizado paramilitar, (foto) no aparece en los libros de registro. Ni entrando ni saliendo, como queda demostrado en los documentos que presentó la misma Presidencia a la prensa. Sólo se menciona el ingreso del vehículo de Diego Álvarez,(foto) el abogado del ex jefe paramilitar ‘Don Berna’. Curiosamente, ni a Álvarez ni a ‘Job’ les anotaron el número de la cédula, un requisito casi automático en despachos oficiales y obligatorio para entrar a Palacio por la puerta principal. Como lo hace la mayoría de los ministros y los congresistas, entre otros.
¿Le mintieron al Presidente?
Presidente Uribe: “Mire, van varias semanas y el DAS no ha terminado la trascripción. Ustedes saben que estas reuniones son delicadas y el gobierno tiene que ser cuidadoso en escuchar. ¿Y qué íbamos a contar nosotros de este caso de estos señores que vinieron, el abogado y el otro señor ‘Job’ (Antonio López), si apenas se están haciendo las transcripciones...? Además, el doctor Edmundo finalmente le remitió esa información al DAS, para que el DAS haga la transcripción. La señora Directora del DAS (María del Pilar Hurtado) me ha dado la siguiente información hace unos minutos: que ellos no han terminado la transcripción, que es un material complejo –en muchos trayectos bastante inaudible– y que lo único que les aparece importante, hasta ahora, es que un señor llamado Henry Anaya, según esa información, entraba y hacía trámites en la Corte Suprema. Tema del cual debería ocuparse la Corte...”
‘Job’ y el abogado de ‘Don Berna’ entregaron los videos y las grabaciones a los funcionarios de Casa de Nariño el 23 de abril. Pocos días más tarde, la transcripción de ese material fue entregada al secretario jurídico de Palacio, Edmundo del Castillo, como le dijo él a SEMANA el viernes 22 de agosto. Según Del Castillo, y a diferencia de lo que dijo el Presidente, él entregó las grabaciones al jefe de seguridad de Palacio, general Flavio Buitrago. Del Castillo dijo que había leído las transcripciones y que no había encontrado nada de importancia en ellas. Así, no es cierto que el DAS tuviera las grabaciones desde un comienzo.
La llamada
Presidente Uribe: “Ayer, ayer recibí una llamada, no hablaban, me mandaron un mensaje en el que me dicen: ‘¿Tenemos garantías para dar una información?’. Inmediatamente llamé al general Buitrago: ‘Mi General, acaba de llegar este mensaje de este teléfono’. La señora le dijo: ‘Mire, yo soy la mujer de Antonio López (alias ‘Job’) y necesito dar una información’. Y colgó. Sería muy bueno, si es verdad que es la señora de Antonio López (alias ‘Job’) y que tiene una información que dar, que la dé. Aquí se la recibimos en la Presidencia o se la recibirán en el CTI o en la Corte Suprema (de Justicia). Es que nosotros tenemos responsabilidades de orden público”.
Sorprende que, como lo dijo públicamente el Presidente, cualquier persona llame directamente al teléfono del Jefe de Estado y mucho más la supuesta mujer de un delincuente. De otro lado, SEMANA habló con la segunda esposa de Antonio López, alias ‘Job’, con quien vivía desde hace más de tres años, y negó enfáticamente haber llamado a Uribe. ¿Quién llamó entonces al mandatario a ofrecer información?
Fugitivos en la Casa de Nariño
Presidente Uribe: “Es de anotar que la Presidencia de la República es muy cuidadosa. Es tan abierta para que la gente entre, como cuidadosa para cuando vayan a entrar personas que tengan orden de captura, aquí se les capture. El general (Flavio Buitrago) nos estaba informando ahora cómo han sido capturadas más de 80 personas en los alrededores de la Presidencia y hay 14 casos de personas que han sido capturadas al entrar a la Presidencia, porque en el momento de entrar a la Presidencia ha aparecido que tienen orden de captura”.
No es usual que 14 prófugos de la justicia sean detenidos de visita en el Palacio de Nariño. Llama la atención que esos fugitivos consideraran la sede presidencial como un lugar que puedan visitar cuando son perseguidos por la justicia. Y queda un interrogante aun mayor: ¿con quién tenían cita estos criminales? En sus declaraciones, Uribe dijo que ‘Job’, quien según agencias del Estado seguía delinquiendo, no fue arrestado porque no tenía orden de captura. Pero si su nombre no fue registrado y chequeado por el sistema de seguridad de Palacio, ¿cómo sabían que no era buscado por las autoridades?
La filtración
Presidente Uribe: “¿Por qué no lo hizo? Porque el doctor Edmundo me dijo lo siguiente: Que encontraba esa información irrelevante. Entonces, qué íbamos nosotros a hacer una denuncia, si no encontrábamos una información importante.
Él es jurista. Tiene el criterio y la información para saber cuándo hay que remitir en denuncia una información y cuándo esa información no tiene esa importancia.
Porque las pruebas que trajeron, revisadas hasta ahora, no guardan proporción con la afirmación que ellos hicieron. Entonces, al gobierno no le parece responsable hacer un escándalo que afecte más las relaciones entre las instituciones, por una afirmación, cuando esa afirmación no tiene correspondencia con la prueba que han traído las personas que han hecho la afirmación.
Si, como lo dijo el Presidente, la información era “irrelevante”, y al gobierno no le parecía responsable “hacer un escándalo”, ¿cuál fue la intención hace dos meses de filtrar a un medio de comunicación transcripciones y las grabaciones? No menos curioso resulta el hecho de que, a pesar de que las grabaciones tienen pedazos inaudibles, las transcripciones hechas en el Palacio de Nariño tienen apartes que no están en los audios. Las transcripciones que Palacio filtró a la prensa tienen amplios fragmentos contra la Corte que no están en las grabaciones.
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La rueda de prensa del presidente Uribe sobre la visita a Palacio de dos emisarios del jefe paramilitar ‘Don Berna’ dejó más preguntas que respuestas.
Fecha: 08/30/2008 -1374
El lunes pasado el presidente Álvaro Uribe estaba cargado de tigre. Las revelaciones de SEMANA de visitas de dos emisarios del jefe paramilitar ‘Don Berna’ al Palacio de Nariño habían generado duras reacciones, en especial del presidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte. Cuando el magistrado denunció el ‘complot para’ en todas las emisoras radiales de la mañana, Uribe decidió tomar el toro por los cachos. Convocó una rueda de prensa para justificar la visita de Diego Álvarez, el abogado de ‘Don Berna’, y del ex paramilitar desmovilizado Antonio López, ‘Job’, en la oficina de su secretario jurídico, Edmundo Del Castillo, en abril de este año.
Sin embargo, en su airada intervención de casi una hora, el Presidente terminó por generar nuevos interrogantes (ver recuadros) y dejar al descubierto su inmensa desconfianza en la Corte. En más de una ocasión, explicó que sus funcionarios recibieron a los emisarios de los paramilitares, quienes decían tener pruebas de una conspiración de los magistrados contra el gobierno, porque tenían “responsabilidades de orden público”. Y que escuchar a informantes “ha ayudado mucho a que avance nuestra política de orden público”. ¿La Corte Suprema es un riesgo de orden público?
Como Pedro por su casa
Presidente Uribe: “No desautoricé la reunión sobre la cual me informaron y después autoricé que los oyeran. ¿Por qué entraron por un sótano de garaje? Le dijeron al doctor Edmundo (Del Castillo) que traían un material delicado, que tenían que entrar en su carro. Él lo autorizó. Esa entrada no es clandestina. Primero, queda registrada por dos meses en las cámaras de la Presidencia. Y segundo, la oficina de Seguridad de la Presidencia tiene unos libros donde registra esas entradas. Quedaron registrados”.
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En realidad, eso no es exacto. El nombre de Antonio López, alias ‘Job’, desmovilizado paramilitar, (foto) no aparece en los libros de registro. Ni entrando ni saliendo, como queda demostrado en los documentos que presentó la misma Presidencia a la prensa. Sólo se menciona el ingreso del vehículo de Diego Álvarez,(foto) el abogado del ex jefe paramilitar ‘Don Berna’. Curiosamente, ni a Álvarez ni a ‘Job’ les anotaron el número de la cédula, un requisito casi automático en despachos oficiales y obligatorio para entrar a Palacio por la puerta principal. Como lo hace la mayoría de los ministros y los congresistas, entre otros.
¿Le mintieron al Presidente?
Presidente Uribe: “Mire, van varias semanas y el DAS no ha terminado la trascripción. Ustedes saben que estas reuniones son delicadas y el gobierno tiene que ser cuidadoso en escuchar. ¿Y qué íbamos a contar nosotros de este caso de estos señores que vinieron, el abogado y el otro señor ‘Job’ (Antonio López), si apenas se están haciendo las transcripciones...? Además, el doctor Edmundo finalmente le remitió esa información al DAS, para que el DAS haga la transcripción. La señora Directora del DAS (María del Pilar Hurtado) me ha dado la siguiente información hace unos minutos: que ellos no han terminado la transcripción, que es un material complejo –en muchos trayectos bastante inaudible– y que lo único que les aparece importante, hasta ahora, es que un señor llamado Henry Anaya, según esa información, entraba y hacía trámites en la Corte Suprema. Tema del cual debería ocuparse la Corte...”
‘Job’ y el abogado de ‘Don Berna’ entregaron los videos y las grabaciones a los funcionarios de Casa de Nariño el 23 de abril. Pocos días más tarde, la transcripción de ese material fue entregada al secretario jurídico de Palacio, Edmundo del Castillo, como le dijo él a SEMANA el viernes 22 de agosto. Según Del Castillo, y a diferencia de lo que dijo el Presidente, él entregó las grabaciones al jefe de seguridad de Palacio, general Flavio Buitrago. Del Castillo dijo que había leído las transcripciones y que no había encontrado nada de importancia en ellas. Así, no es cierto que el DAS tuviera las grabaciones desde un comienzo.
La llamada
Presidente Uribe: “Ayer, ayer recibí una llamada, no hablaban, me mandaron un mensaje en el que me dicen: ‘¿Tenemos garantías para dar una información?’. Inmediatamente llamé al general Buitrago: ‘Mi General, acaba de llegar este mensaje de este teléfono’. La señora le dijo: ‘Mire, yo soy la mujer de Antonio López (alias ‘Job’) y necesito dar una información’. Y colgó. Sería muy bueno, si es verdad que es la señora de Antonio López (alias ‘Job’) y que tiene una información que dar, que la dé. Aquí se la recibimos en la Presidencia o se la recibirán en el CTI o en la Corte Suprema (de Justicia). Es que nosotros tenemos responsabilidades de orden público”.
Sorprende que, como lo dijo públicamente el Presidente, cualquier persona llame directamente al teléfono del Jefe de Estado y mucho más la supuesta mujer de un delincuente. De otro lado, SEMANA habló con la segunda esposa de Antonio López, alias ‘Job’, con quien vivía desde hace más de tres años, y negó enfáticamente haber llamado a Uribe. ¿Quién llamó entonces al mandatario a ofrecer información?
Fugitivos en la Casa de Nariño
Presidente Uribe: “Es de anotar que la Presidencia de la República es muy cuidadosa. Es tan abierta para que la gente entre, como cuidadosa para cuando vayan a entrar personas que tengan orden de captura, aquí se les capture. El general (Flavio Buitrago) nos estaba informando ahora cómo han sido capturadas más de 80 personas en los alrededores de la Presidencia y hay 14 casos de personas que han sido capturadas al entrar a la Presidencia, porque en el momento de entrar a la Presidencia ha aparecido que tienen orden de captura”.
No es usual que 14 prófugos de la justicia sean detenidos de visita en el Palacio de Nariño. Llama la atención que esos fugitivos consideraran la sede presidencial como un lugar que puedan visitar cuando son perseguidos por la justicia. Y queda un interrogante aun mayor: ¿con quién tenían cita estos criminales? En sus declaraciones, Uribe dijo que ‘Job’, quien según agencias del Estado seguía delinquiendo, no fue arrestado porque no tenía orden de captura. Pero si su nombre no fue registrado y chequeado por el sistema de seguridad de Palacio, ¿cómo sabían que no era buscado por las autoridades?
La filtración
Presidente Uribe: “¿Por qué no lo hizo? Porque el doctor Edmundo me dijo lo siguiente: Que encontraba esa información irrelevante. Entonces, qué íbamos nosotros a hacer una denuncia, si no encontrábamos una información importante.
Él es jurista. Tiene el criterio y la información para saber cuándo hay que remitir en denuncia una información y cuándo esa información no tiene esa importancia.
Porque las pruebas que trajeron, revisadas hasta ahora, no guardan proporción con la afirmación que ellos hicieron. Entonces, al gobierno no le parece responsable hacer un escándalo que afecte más las relaciones entre las instituciones, por una afirmación, cuando esa afirmación no tiene correspondencia con la prueba que han traído las personas que han hecho la afirmación.
Si, como lo dijo el Presidente, la información era “irrelevante”, y al gobierno no le parecía responsable “hacer un escándalo”, ¿cuál fue la intención hace dos meses de filtrar a un medio de comunicación transcripciones y las grabaciones? No menos curioso resulta el hecho de que, a pesar de que las grabaciones tienen pedazos inaudibles, las transcripciones hechas en el Palacio de Nariño tienen apartes que no están en los audios. Las transcripciones que Palacio filtró a la prensa tienen amplios fragmentos contra la Corte que no están en las grabaciones.
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Fiesta de sangre
Fiesta de sangre
En El Salado fueron asesinadas 66 personas, entre hombres mujeres y niños. SEMANA reconstruye cómo se planeó y ejecutó la peor masacre cometida por los paramilitares. Por Marta Ruiz.
Fecha: 08/30/2008 -1374
Con una pistola en la mano, y un puñal en la otra, el ‘Gallo’ buscaba casa por casa a la mujer que él creía era la novia de ‘Martín Caballero’, el jefe del Frente 37 de las Farc. El paramilitar costeño, gritón y vulgar, recorrió las calles de El Salado, un pueblo remoto incrustado en los Montes de María, dando patadas a las puertas y amenazando con sus armas a todas las muchachas que se encontraba a su paso. Hasta que encontró a Nayibis Contreras. Ella apenas sobrepasaba los 16 años. Tenía el pelo negro y largo, y aterrada intentaba esconderse en su casa. En el pueblo se rumoraba que sostenía amores con Camacho, uno de los jefes guerrilleros de la zona que habían hecho de El Salado un lugar de aprovisionamiento y descanso, pero también una retaguardia para el robo de ganado, el secuestro y las emboscadas a los militares.
Cuando la tuvo al frente, el ‘Gallo’ enredó su larga cabellera en su brazo y la arrastró sin piedad por las polvorientas calles del pueblo. Dando tumbos entre las piedras, la llevó hasta la cancha de fútbol donde se agolpaba una multitud de campesinos, convertidos a la fuerza en público de la carnicería humana que se avecinaba.
Finalizaba la mañana del 18 de febrero de 2000, y un sol inclemente caía perpendicular sobre la plaza. En el piso yacía el cuerpo aún tibio de Luis Pablo Redondo, un maestro al que habían torturado y asesinado cruelmente. Lo hicieron frente a un centenar de pobladores que miraban estupefactos el espectáculo. Para empezar le quitaron las orejas con un cuchillo. Luego, lo apuñalaron decenas de veces entre las costillas y el vientre. Aún vivo, le pusieron una bolsa negra en la cabeza. Los gritos del atormentado se confundían con pequeños quejidos del público horrorizado. La voz del hombre se fue apagando y luego un tiro de fusil lo dejó todo en silencio. Ni siquiera los perros ladraron. El eco del disparo se sintió en todo el pueblo. La matanza había empezado. Y ahora Nayibis, apaleada en todo el cuerpo, estaba en el cadalso, atada al único árbol que le da sombra a la plaza, mirando de frente, con ojos despavoridos, la iglesia de la que hasta Dios había huido.
Los habitantes de El Carmen de Bolívar que tenían familiares o amigos en El Salado esperaron durante cuatro días las noticias sobre la suerte que habían corrido. Pero las autoridades sólo ingresaron a la zona cuando ya no había nada que hacer La gente enterró a sus muertos casi una semana después de la masacre Uber Bánquez, o ‘Juancho Dique’ ha contado detalles escabrosos sobre la masacre de El Salado, durante sus versiones libres en Justicia y Paz La Fiscalía exhumó muchas de las fosas para establecer detalles de la matanza. Hoy se sabe que no fueron 38 sino 66 las personas asesinadas por los paramilitares
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Algo va a pasar en este pueblo
Los saladeños presentían que algo terrible iba a ocurrir. En los últimos meses había señales de muerte por todos lados. Pero una década atrás, nadie habría imaginado este terrible desenlace. El Salado era un corregimiento de Carmen de Bolívar, ubicado a 18 kilómetros de la cabecera municipal, por una trocha que con frecuencia se convertía en lodazal. Aun así, era una tierra promisoria, con 5.000 habitantes urbanos y otro tanto en las veredas, que soñaba crecer un poco más para alcanzar la anhelada categoría de municipio, lo que significaría más inversión pública. El Salado, además, se había convertido en una especie de oasis agrario, rodeado de arroyos y cerros verdes, en medio de una geografía adusta y desértica y de la inmensa pobreza de los Montes de María, que atraviesan Bolívar y Sucre. Tenía un centro médico envidiable, con enfermera, odontólogo y hasta ambulancia; varias escuelas y un colegio donde los muchachos estudiaban hasta noveno grado; dos concejales y hasta estación de Policía. Todos tenían su pedazo de tierra, en promedio de 40 hectáreas, donde se cultivaba tabaco en grandes cantidades, maíz, ñame y yuca.
Los hombres sembraban, recogían y secaban el tabaco, mientras las mujeres, contratadas por dos grandes empresas –Espinoza y Tayrona–, lo seleccionaban, prensaban y empacaban; lo que le dio una incipiente cultura fabril al pueblo.
Edita Garrido, una delgada mujer que pasa los 40 años, de ojos negros vivaces y una sonrisa a la que le asoman unos cuantos dientes, recuerda estas épocas como las mejores de su vida: “Todos los días estábamos allá hasta las 4 de la tarde. Éramos 80, tal vez 100. En medio del trabajo nos reíamos con los cuentos de Julia Gómez, una compañera que nos entretenía tanto, que varias veces la echaron, pero tenían que volver a llamarla, porque el trabajo no era lo mismo sin ella”. Edita dice que no se conocía el hambre y que la abundancia era tal, que el rico del pueblo, Don Eloy Cohen, mataba una vaca día de por medio y vendía hasta el cuero. La gente tenía dinero para comprar lo básico, y aun más.
La prosperidad había hecho que la guerrilla pusiera sus ojos en El Salado. Los frentes 35 y 37 de las Farc hostigaban con frecuencia a la decena de policías que mal armados intentaban defenderse, hasta que un día vino un helicóptero y se llevó para siempre a los agentes. Así, El Salado quedó expuesto a su suerte y a las Farc. Los saladeños probaron el amargo sabor de la violencia guerrillera, que ya se había extendido por todo el país y que incluso tenía acorralados a muchos pueblos.
Empezaron las extorsiones a los campesinos más pudientes. Santander Cohen –hijo del patriarca Eloy Cohen– se negó a pagarles y de inmediato se convirtió en objetivo militar. Cohen tenía una estrecha amistad con el teniente coronel Alfredo Persán Barnes, comandante de un Batallón de la Infantería de Marina, y recurrió a él en 1995, cuando sintió que estaba acorralado en el pueblo y que la guerrilla definitivamente lo mataría. El coronel Persand entró a El Salado a rescatarlo, pero cuando salía, a sólo unos minutos del pueblo, fue emboscado por los insurgentes. Murieron Cohen y Persand, el teniente Tony Pastrana y 27 infantes de Marina. Uno de los mayores reveses de los que tenga memoria la Armada. Esa acción dejó una marca indeleble en El Salado. En adelante, este sería considerado un pueblo guerrillero, incriminado por no haber advertido a los militares la cruenta trampa que había tendido el jefe guerrillero ‘Martín Caballero’. El ataque también fracturó la vida comunitaria. Mientras algunas personas mantenían trato cotidiano con los milicianos de las Farc que permanecían en el pueblo, otras empezaban a sentirse agobiadas por los secuestros, las vacunas y las injusticias que cometían los guerrilleros.
Pasó poco tiempo antes de que ocurriera la primera masacre. En 1997 un grupo armado, enviado al parecer por ganaderos de la zona, con lista en mano, asesinó a cinco personas, entre ellas a la maestra del pueblo. En cuestión de horas El Salado se había convertido en un pueblo fantasma. Absolutamente todas las familias salieron desplazadas, con sus trastos y sus animales, a la espera de garantías para regresar. A los tres meses, la Armada se instaló por unas semanas en el pueblo y poco a poco las familias retornaron. Para entonces, El Salado quedó reducido a la mitad de lo que era. La guerra había traído consigo la pobreza. Las tabacaleras se fueron y las incipientes exploraciones de petróleo y gas fueron suspendidas.
La tensión se hizo más envolvente a finales de 1999, cuando los campesinos que trabajaban El Salado y sus alrededores vieron cómo las Farc arreaban unas 400 reses con la marca inconfundible de Enilse López, una poderosa empresaria del chance que para entonces ya era temida por todos en Magangué, ciudad a orillas del río Magdalena, que quedaba justamente a espaldas de El Salado. La ‘Gata’, como la conocían todos, se movía como pez en el agua entre los políticos de Sucre y Bolívar. Cuando su ganado desapareció de la finca Las Yeguas, Policía y militares emprendieron la inútil búsqueda. El ganado había pasado por El Salado, y de allí desapareció. La Policía pensaba que las Farc lo habían repartido entre los campesinos en lotes de cinco o seis reses, y compartido ganancia con ellos.
En diciembre de ese año, un helicóptero desconocido sobrevoló el pueblo y lanzó unos panfletos en los que decía: “Cómanse las gallinas y los carneros y gocen todo lo que puedan este año porque no van a disfrutar más”. Y en enero, un campero fue detenido en la carretera, y asesinados sus cuatro ocupantes.
Delcy Méndez, quien llevaba más de una década como enfermera de El Salado, pensó que no aguantaba más cuando recibió una llamada de una amiga de Cartagena quien le advirtió: “Salte de El Salado porque algo va a pasar”. Entonces cogió su ropa y, sin pensarlo dos veces, se fue para Carmen de Bolívar. Como en un cuento de García Márquez, ella dice: “No sabíamos qué iba a pasar, pero sabíamos que algo estaba por suceder”.
La tenaza
A principios de febrero ‘Juancho Dique’, el jefe de sicarios de los paramilitares en Sucre, recibió una llamada de Rodrigo Mercado Peluffo, ‘Cadena’, su jefe, ya para ese momento el hombre más temido en las sabanas y el golfo de Morrosquillo. ‘Cadena’ le ordenó a ‘Juancho Dique’ que reuniera unos 60 hombres en la finca El Palmar de San Onofre, a unos pocos minutos del mar Caribe. ‘Juancho Dique’ supo desde ese momento que se trataba de algo grande, un combate masivo con la guerrilla, o una masacre.
‘Dique’ había nacido en 1971 en Córdoba, en una familia campesina supremamente pobre. Siendo muy joven empezó a rebuscarse la vida como minero, hasta que ingresó al Ejército. De allí había salido en 1996 para vincularse de tiempo completo a una Cooperativa de Seguridad –Convivir– que habían fundado los ganaderos de Sucre con apoyo de la Primera Brigada de Infantería de Marina, apostada en Corozal, y cuyo jefe era ‘Cadena’, un ex informante de los militares.
Según cuenta el propio ‘Dique’, en 1997, cuando las Convivir fueron prácticamente ilegalizadas, ‘Cadena’ y sus hombres se apoderaron de San Onofre. Se habían convertido en una estructura paramilitar que recibía órdenes de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, que mantenía fluidas relaciones con militares, policías, ganaderos y políticos, y que estaba haciendo del narcotráfico por el Golfo de Morrosquillo el negocio más jugoso de la región.
‘Juancho Dique’ era el jefe militar de ‘Cadena’, por eso era el comisionado para la misión que habían ordenado Castaño, Mancuso y ‘Jorge 40’: entrarían a El Salado a desterrar a la guerrilla y todos los pobladores, y dejarían instalado allí un grupo de los paramilitares.
La noche del 15 de febrero salieron de San Onofre en dos camiones por la carretera principal que conduce a Cartagena, y en la madrugada se encontraron cerca de Carmen de Bolívar con otros dos grupos de paramilitares, todos estrictamente uniformados, con armas automáticas, granadas de fragmentación en las cananas y munición de sobra en las charreteras. Uno de los grupos venía de Magdalena, enviado por ‘Jorge 40’, y estaba bajo órdenes de un paramilitar llamado ‘Amaury’. El otro grupo de paramilitares venía de Córdoba, al mando de 5-7. El jefe de toda la operación era un antioqueño conocido como ‘H2’ o John Henao, cuñado de Castaño, cuya principal misión, una vez ingresaran a El Salado, era recoger todo el ganado que encontraran, atravesar el río Magdalena y dejarlo, seguramente, en las sabanas de ese departamento.
Una vez reunidos los tres grupos, planearon la entrada por sitios diferentes. Un grupo entraría a El Salado por la carretera principal de El Carmen. Otro haría el ingreso por Ovejas, siguiendo la vía Flor del Monte y Canutalito, y el último llegaría por un sitio conocido como La Reforestación. En total, unos 300 hombres, guiados por cinco desertores. “Según entiendo, se habían entregado a la Infantería de Marina, y de ahí se los entregaron a ‘Cadena’”, asegura ‘Dique’.
Los camiones fueron abandonados en las carreteras grandes. El recorrido hasta El Salado, según el plan trazado, se haría a pie por los caminos veredales. De esa manera irían recogiendo el ganado y matando a quienes encontraran a su paso. La orden era entrar sin piedad y hacer una tenaza sobre el pueblo. En cuestión de pocas horas, el grupo de paramilitares que iba bajo órdenes de ‘Juancho Dique’ y ‘Cadena’ había matado a 19 campesinos, casi todos ahorcados con sogas, o degollados con cuchillos, para que el ruido de los fusiles no alertara a los vecinos. ‘Cadena’ se ubicó en una finca conocida como La 18, y allí instaló una especie de hospital de campaña y de abastecimiento de armas y víveres que le traerían por helicóptero Mancuso y ‘Jorge 40’.
Amaury había entrado por la vía principal, dejando tras de sí una estela de terror y muerte. En la mañana del 16 de febrero, los paramilitares detuvieron en la carretera a uno de los camperos que cada día hacían el viaje entre El Salado y Carmen de Bolívar. En el carro iban, entre otros, Edith Cárdenas, una mujer líder y reconocida por todos en El Salado. Según testimonio dado días después por María Cabrera, promotora de salud que también iba en el carro, los paramilitares miraron los hombros de Edith y los vieron marcados y asumieron que era una señal inequívoca de que la mujer cargaba morral, y que era guerrillera. En realidad, eran las marcas del uso de camisetas escotadas, para lidiar el calor de la zona. “¡Habla Edith, habla. No te quedes callada!”, le gritaba María, pero Edith no pudo hablar del miedo. La mataron. A ella y a los demás. Sólo María y otro pasajero pudieron escapar por los rastrojos, corriendo desesperados para salvar sus vidas.
Para entonces ya las Farc se habían percatado de la incursión y habían salido hacia la carretera, a combatir con las autodefensas. Pero muy pronto se dieron cuenta de que los paramilitares eran muchos, tenían apoyo aéreo y que los estaban cercando.
Mientras tanto en el pueblo la inquietud crecía. Por una llamada telefónica alguien supo que el campero que salió de El Salado nunca había llegado a su destino en El Carmen. Luego empezaron a llegar campesinos que huían despavoridos de las veredas que los paramilitares estaban arrasando. Los habitantes de El Salado, llenos de pánico, se reunieron sin saber qué decisión tomar. Muchos emprendieron la huida sin pensarlo dos veces. Otros entendieron que el desplazamiento era inminente cuando vieron a los guerrilleros de las Farc corriendo en retirada. Habían perdido hombres, tenían varios heridos y estaban buscando refugio en el monte. Uno de ellos alcanzó a decirles a los habitantes de El Salado: “Corran, corran que vienen a acabar el pueblo”.
Teresa Castro y David Montes, una pareja que a pesar de los infortunios parece feliz, fueron de los primeros que emprendieron la retirada. “En el camino a Arenas nos reunimos en un caney de tabaco como unas 100 personas. Los niños lloraban de hambre y sed. Queríamos devolvernos, pero cuando oímos los tiros y supimos que estaban matando a la gente en los caminos, nos tiramos al monte. Duramos dos días caminando sin nada que comer. Me desmayé y les pedí a los demás que siguieran. Pero no me dejaron, y al fin pudimos salir”, cuenta Teresa.
El camino fue tan tortuoso, que Helen Margarita Arrieta, una niña de apenas 6 años, murió deshidratada mientras le imploraba a una vecina que le diera agua. Pero en esas tierras no había ni una gota de líquido. Sólo el inclemente calor de la Costa.
Por temor a morir de hambre y de sed muchos regresaron al amanecer del 17 de febrero. Unos a empacar sus enseres y salir definitivamente. Otros, apegados del viejo proverbio de que quien nada debe, nada teme. Una de las que regresaron fue Leticia1. “Habíamos dormido en el monte y mis hijas suplicaban por comida, así que volvimos, después de que el lechero nos dijo que en El Salado no habían entrado los paras”, recuerda.
En medio de la zozobra por los disparos que se oían a lo lejos, pasaron las aproximadamente 200 personas que aún quedaban en el pueblo ese jueves 17 de febrero. La aparente calma se vino a romper el viernes a las 9 de la mañana, cuando de repente vieron el pueblo lleno de hombres armados. No hubo tiempo de huir. “Estamos en El Salado ¡no joda!. Salgan, partida de guerrilleros, que todo el mundo se muere hoy”, gritó uno de los paramilitares, y Leticia, que estaba en el lavadero, empezó a llorar porque desde ese momento supo que la tragedia tan anunciada ya era inevitable. La muerte se cernía sobre El Salado.
Orgía de sangre
“Cuando llegamos a El Salado mandamos a recoger la gente y la reunimos en la plaza, junto a la iglesia. Los desertores señalaban a los guerrilleros y los íbamos ejecutando”, dice sin sombra de conmoción ‘Juancho Dique’. “Llegaron tumbando puertas”, recuerda Leticia, con voz temblorosa. A empellones, el ‘Gallo’ la sacó a ella y a su familia del rancho donde vivía. Una vez en el atrio de la capilla, vio con estupor que su hijo estaba ya en el grupo seleccionado por los paramilitares. Con lágrimas en los ojos, y sacando valor de donde no tenía, les gritó a sus verdugos: “conduélanse de esa alma”, y señaló al muchacho. Por alguna razón que aún no entiende, su hijo salió ileso. Del cuerpo, pero no del alma, pues todavía no se recupera de todo lo que vio esa tarde.
Las súplicas de Leticia se vieron interrumpidas por el espectáculo de Nayibis, arrastrada por la calle principal del pueblo. “La guindaron de un árbol y con las bayonetas de los fusiles la degollaron”, reconoce el paramilitar ‘Dique’ en su versión libre.
Mientras tanto, un helicóptero que volaba bajito ametrallaba las casas del pueblo. En una de ellas murió destrozado por una bala Libardo Trejos, quien se escondía junto a varios vecinos, y cuya sangre bañó durante todo el día a una niña de 5 años, que desde ese día no ha vuelto a hablar ni se ha recuperado del trauma.
Las víctimas, según testimonios de los sobrevivientes recogidos por SEMANA, fueron elegidas al azar. Algunos porque fueron señalados por los desertores de las Farc. Otros, como Francisca Cabrera, porque tenían mucho miedo. Otros sin explicación, como Ever Urueta, que sufría de retraso mental y fue torturado sin piedad para que supuestamente confesara que pertenecía a las Farc.
Las muertes se producían cada media hora. La gente estaba bajo el sol inclemente, de pie, viendo cómo se llenaba de cadáveres la plaza, y como los paramilitares festejaban su ‘hazaña’. Los paramilitares sacaron los tambores, las gaitas y los acordeones, y con cada muerto, hacían un toque. Era un ambiente de corraleja, donde las fieras tenían la ventaja y las víctimas estaban indefensas.
Los paramilitares recién reclutados pedían a sus superiores que les permitieran disparar, como si fuera un privilegio. “Ellos me decían: ‘deme la oportunidad, quiero darle de baja a una persona...’”, entonces yo se la daba, contó ‘Juancho Dique’.
Como si fuera poco, violaron a una mujer varios hombres en fila. Se ensañaron en las mujeres. A algunas de ellas les metieron los alambres donde se seca el tabaco por la vagina. A todas las insultaron diciéndoles que eran las amantes de los guerrilleros.
Mientras ‘Dique’, el ‘Tigre’, el ‘Gallo’ y el resto de los paramilitares se regodeaban en la humillación y el castigo a la gente, el comandante de la operación, ‘H2’, consumaba la tarea principal que se le había encargado. Tenía casi mil cabezas de ganado recogidas y empezó la marcha con ellas, guiado por el administrador de la finca Las Yeguas, de donde habían sido robadas las reses de la ‘Gata”.
Al caer la noche, en la cancha yacían 18 cadáveres. El sol inflamó los cuerpos muy pronto y los cerdos, atraídos por la sangre, empezaron a devorarlos. Cuando los paramilitares dieron la orden de irse a dormir a las casas, muchos encontraron a sus familiares muertos en las calles o en los mismos ranchos. El número de víctimas ese día, sólo en la parte urbana de El Salado, ascendía a 38. Y en los alrededores ya llegaba a 28.
Esa noche nadie durmió, nadie comió, nadie bebió. Y nadie habló. El silencio sólo fue interrumpido por las cigarras, el viento que levantaba los techos y las voces de los paramilitares que patrullaron toda la noche. Lejos se oían de vez en cuando disparos y risas.
Al amanecer los paramilitares seguían allí. Parecía que la pesadilla nunca acabaría. Parecía que se hubiesen quedado para siempre. Entonces, mordiendo el polvo, la gente sacó mesas para poner sus muertos, abrieron la iglesia y arrumaron allí los cadáveres para salvarlos de los animales y del sol. Empezaron a cavar fosas en silencio, mientras los paras saquearon las tiendas y empezaron a beber y a bailar. Pasadas las 4 de la tarde se escucharon unos disparos al aire. Era la señal de la retirada. Empezaron a salir, borrachos, advirtiéndoles a los sobrevivientes que deberían irse y no regresar jamás.
A las 5 la gente pudo por fin llorar a sus muertos. Se abrazaban unos a los otros, gritando, revolcándose en el suelo de tristeza. Maldiciendo y pidiendo castigo. Los perros, que habían estado callados todo el tiempo, empezaron a aullar desesperados.
El desplazamiento empezó de inmediato. Atrás dejaban un pueblo herido de muerte. Élida Cabrera, que acababa de enterrar a su hermana, sólo atinó a pensar: “Colombia es un país corrupto. En cinco días no hubo nadie que nos ayudara”.
País corrupto
Una hora después de que los paramilitares abandonaron el pueblo llegó la Infantería de Marina. Ya eran las 6 de la tarde del sábado 19 de febrero. La incursión había empezado el martes. El miércoles, ya el Hospital del Carmen de Bolívar estaba atendiendo a los que habían huido por los montes. Todo el mundo sabía que estaban matando a la gente de El Salado. Menos las autoridades.
Ledys Ortega, una joven líder de El Salado que ahora actúa como inspectora de Policía, fue una de las que encendieron las alarmas. “El alcalde no nos escuchó. Por el contrario, cerraron la carretera y no dejaron pasar a nadie”. La troncal de la costa empezó a taponarse por las decenas de familiares que se agolpaban allí buscando desesperadamente entrar por sus propios medios a El Salado, y ver qué estaba pasando. La Cruz Roja, los noticieros de televisión, todos estaban allí. Pero nadie pudo pasar. Los militares simplemente dijeron que la carretera estaba minada. Y que no tenían helicópteros disponibles para una operación aérea.
El viernes 18 de febrero a las 8 de la noche, cuando ya la masacre estaba consumada y los paramilitares llevaban tres días cerrando su tenaza sobre El Salado, en la gobernación de Sucre se hizo por fin un consejo de seguridad, encabezado por el entonces coronel de la Armada Rodrigo Quiñones y el gobernador encargado, Humberto Vergara, reunión que bien puede pasar a los anales de la historia como la conjura de la infamia.
Según reposa en el acta, el primer punto tratado fue la información del DAS sobre el robo de 500 reses pertenecientes a Miguel Nule Amín y a la esposa del ganadero Joaquín García, en la zona rural de San Onofre. Tanto el gobernador, Eric Morris –hoy condenado por pertenecer a grupos paramilitares–, como el senador Álvaro García Romero –detenido y acusado de paramilitarismo y de la haber participado en la masacre de Macayepo– y el propio Nule Amín –aliado de los paramilitares– le habían pedido a la Armada, según testimonios de los oficiales, que movieran tropas para buscar un ganado que nunca se encontró y de cuyo hurto tampoco hubo denuncia formal. Hoy muchos de estos oficiales piensan que el robo nunca existió y que sólo fue una coartada para desviar la atención de los militares y la Policía.
En el tercer punto (en el acta falta el segundo) del consejo de seguridad se informa que el 16 de febrero, cuando empezaba la incursión a El Salado, la Policía vio un helicóptero Bell, azul y blanco artillado, cerca del río Magdalena y que por acción de la Armada y la Fuerza Aérea este fue inmovilizado, que los tripulantes se identificaron como miembros de las AUC y que luego incineraron el aparato. El helicóptero llevaba munición, y quienes lo piloteaban nunca fueron capturados. Hoy se sabe por testimonios de los desmovilizados que el piloto era Andrés Angarita, ex oficial de la aviación del Ejército, que llegó a tener un alto rango en las autodefensas, y que ya fue asesinado. El otro, según testimonios, era ‘Jorge 40’. Lo que nunca se ha sabido es por qué no fueron capturados, si es que el aparato fue inmovilizado, ni cómo lograron sobrevivir, si es que fue derribado, como dice la Armada.
Ese mismo miércoles 16 de febrero, cuando se empezaron a ver movimientos de paramilitares y cuando ya había en varios corregimientos cadáveres de campesinos degollados, la Policía había reportado estas muertes que, por sus características, eran propias de una masacre. Sin embargo, en el consejo de seguridad se advierte que “el número de levantamientos que hizo el CTI es de nueve y no se descarta que aparezcan más muertos producto del enfrentamiento entre las AUC y el 37 frente de las Farc”.
El consejo de seguridad se cierra con una conclusión demoledora: “Los delincuentes de las AUC emplearon en sus actos delictivos a guerrilleros de las Farc que los guiaron hasta los campamentos del Frente 37”... “La modalidad de realizar actos delictivos de civil por parte de los bandoleros de las Farc les permite confundirse con la población civil y pasar a ser campesinos en el momento de un enfrentamiento armado”...
Había evidencias de que estaban asesinando civiles y de que era una masacre escalofriante. Aun así, todas las autoridades allí reunidas prefirieron creer que se trataba de combates entre grupos armados. Basados en esta hipótesis –o cortina de humo–, no hicieron nada diferente a esperar. Teoría que nadie, excepto ellos, creyó. Por eso finalizan la reunión diciendo: “Los medios de comunicación, por su afán de tener la primicia, no manejan informaciones oficiales; por el contrario, multiplican el drama de las familias y desinforman a la opinión pública”.
En los precarios y manipulados procesos judiciales nunca se ha probado la complicidad de autoridades civiles y militares, o de ganaderos en esta matanza. En cambio sí hay muchos testimonios y documentos que demuestran que hubo complicidad, sobre todo en la retirada.
‘Juancho Dique’ narra así el repliegue: “Salimos en tres camiones como Pedro por su casa... ‘Cadena’ ya tenía todo arreglado”.
El 23 de febrero, cinco días después de la masacre, cuando ya todo el gobierno estaba en el ojo del huracán por la increíble negligencia con la que había actuado, la Armada reportó la captura de 11 paramilitares. Efectivamente se trataba del grupo que llevaba el ganado rumbo al Magdalena y que encabezaba el cuñado de Castaño, ‘H2’. Un año después, ‘H2’ se fugó de la cárcel Modelo, por la puerta principal y, desde entonces vivía al lado de Castaño, junto a quien fue asesinado en 2004.
No sobra decir que la justicia nunca encontró pruebas para vincular con la masacre a nadie que tuviera rango militar o poder político. Sólo ahora, cuando en las versiones libres de Mancuso, ‘Juancho Dique’ y el ‘Tigre’, y los testimonios aún temerosos de las víctimas, se empieza a conocer que en esta matanza convergieron intereses económicos de gamonales que veían amenazado su patrimonio por las acciones de las Farc, de narcotraficantes que querían controlar el territorio que unía el sur de Bolívar con el mar Caribe y que era clave para sus negocios, intereses de autoridades que querían derrotar a las Farc mediante la guerra sucia, y de políticos que ya tenían en curso un plan de control total de la Costa. Todo esto junto hizo posible esta barbarie sin límite.
Jairo Castillo, más conocido como ‘Pitirri’, el principal testigo de la para-política, aseguró en una declaración en la Corte Suprema de Justicia que la ‘Gata’ instó a Mancuso a recuperar su ganado. Pero aún no se ha investigado si el ex gobernador Eric Morris, el senador Álvaro García y el ganadero Miguel Nule Amín intentaron desviar a los organismos de seguridad. O si estos, sencillamente por complicidad o incapacidad, permitieron la masacre que castigaba a un pueblo que les era adverso y con el que tenían una deuda de sangre.
El frente 37 las Farc se mantuvo en la zona rural de El Salado hasta el año pasado cuando ‘Martín Caballero’ murió en combates con la Infantería de Marina. El balance final es que en El Salado y sus alrededores hubo 66 muertos. Las víctimas saben que más allá del ganado o de la disputa de territorio entre guerrilla y paramilitares, había intereses estratégicos de mucha gente sobre El Salado.
Acto de contrición
Hace pocos meses el coronel de la Infantería de Marina Rafael Colón, quien después de esta masacre combatió sin tregua a los paramilitares, y en especial al temible ‘Cadena’, pidió perdón públicamente por las omisiones que en el pasado hubiese cometido la Armada y que propiciaron esta masacre, y otras que ocurrieron antes y después. Pero este tímido acto de contrición fue desautorizado en pocas horas por sus superiores, que sintieron herido el honor militar. Aun así, su labor ha sido fundamental para que algunos pobladores retornen a este pueblo y a otros de los Montes de María, y que muchos de ellos vuelvan a confiar en las fuerzas militares.
A El Salado han retornado cerca de 400 familias que saben que su pueblo jamás volverá a ser lo que fue. Otro tanto de personas se han postulado como víctimas para ser reparadas y siguen de cerca las declaraciones de los paramilitares que cometieron los crímenes más atroces contra ellos. Pero las heridas son profundas y difíciles de curar.
La guerra en todo caso acabó con una comunidad que tenía en la tierra una promesa de progreso. Algo que seguramente podrán disfrutar otros. Pero no quienes nacieron y vivieron allí.
Desde el año pasado, una empresa de sísmica busca gas y petróleo en El Salado, según dicen los especialistas, con buenas perspectivas. La muerte de ‘Caballero’, la seguridad democrática y el retorno han revalorizado las tierras. Empresarios y ganaderos antioqueños ya han comprado más de 15.000 hectáreas para ganadería o biocombustible.
Curiosamente, un mes después de la masacre, en marzo del año 2000, en otro consejo de seguridad las autoridades locales reportan que la zona ha recobrado la calma. Y que había buenas noticias. Inversionistas estaban viendo en la región un gran potencial para sembrar palma de aceite. Cultivos que al parecer nunca llegaron.
Quizá tenga razón Eneida Narváez, líder representante de las víctimas de El Salado, quien en su silla de madera, con algunos manojos de tabaco secándose a sus espaldas, dice con toda convicción: “Todos los desplazamientos los hace la tierra”.
www.semana.com
En El Salado fueron asesinadas 66 personas, entre hombres mujeres y niños. SEMANA reconstruye cómo se planeó y ejecutó la peor masacre cometida por los paramilitares. Por Marta Ruiz.
Fecha: 08/30/2008 -1374
Con una pistola en la mano, y un puñal en la otra, el ‘Gallo’ buscaba casa por casa a la mujer que él creía era la novia de ‘Martín Caballero’, el jefe del Frente 37 de las Farc. El paramilitar costeño, gritón y vulgar, recorrió las calles de El Salado, un pueblo remoto incrustado en los Montes de María, dando patadas a las puertas y amenazando con sus armas a todas las muchachas que se encontraba a su paso. Hasta que encontró a Nayibis Contreras. Ella apenas sobrepasaba los 16 años. Tenía el pelo negro y largo, y aterrada intentaba esconderse en su casa. En el pueblo se rumoraba que sostenía amores con Camacho, uno de los jefes guerrilleros de la zona que habían hecho de El Salado un lugar de aprovisionamiento y descanso, pero también una retaguardia para el robo de ganado, el secuestro y las emboscadas a los militares.
Cuando la tuvo al frente, el ‘Gallo’ enredó su larga cabellera en su brazo y la arrastró sin piedad por las polvorientas calles del pueblo. Dando tumbos entre las piedras, la llevó hasta la cancha de fútbol donde se agolpaba una multitud de campesinos, convertidos a la fuerza en público de la carnicería humana que se avecinaba.
Finalizaba la mañana del 18 de febrero de 2000, y un sol inclemente caía perpendicular sobre la plaza. En el piso yacía el cuerpo aún tibio de Luis Pablo Redondo, un maestro al que habían torturado y asesinado cruelmente. Lo hicieron frente a un centenar de pobladores que miraban estupefactos el espectáculo. Para empezar le quitaron las orejas con un cuchillo. Luego, lo apuñalaron decenas de veces entre las costillas y el vientre. Aún vivo, le pusieron una bolsa negra en la cabeza. Los gritos del atormentado se confundían con pequeños quejidos del público horrorizado. La voz del hombre se fue apagando y luego un tiro de fusil lo dejó todo en silencio. Ni siquiera los perros ladraron. El eco del disparo se sintió en todo el pueblo. La matanza había empezado. Y ahora Nayibis, apaleada en todo el cuerpo, estaba en el cadalso, atada al único árbol que le da sombra a la plaza, mirando de frente, con ojos despavoridos, la iglesia de la que hasta Dios había huido.
Los habitantes de El Carmen de Bolívar que tenían familiares o amigos en El Salado esperaron durante cuatro días las noticias sobre la suerte que habían corrido. Pero las autoridades sólo ingresaron a la zona cuando ya no había nada que hacer La gente enterró a sus muertos casi una semana después de la masacre Uber Bánquez, o ‘Juancho Dique’ ha contado detalles escabrosos sobre la masacre de El Salado, durante sus versiones libres en Justicia y Paz La Fiscalía exhumó muchas de las fosas para establecer detalles de la matanza. Hoy se sabe que no fueron 38 sino 66 las personas asesinadas por los paramilitares
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Algo va a pasar en este pueblo
Los saladeños presentían que algo terrible iba a ocurrir. En los últimos meses había señales de muerte por todos lados. Pero una década atrás, nadie habría imaginado este terrible desenlace. El Salado era un corregimiento de Carmen de Bolívar, ubicado a 18 kilómetros de la cabecera municipal, por una trocha que con frecuencia se convertía en lodazal. Aun así, era una tierra promisoria, con 5.000 habitantes urbanos y otro tanto en las veredas, que soñaba crecer un poco más para alcanzar la anhelada categoría de municipio, lo que significaría más inversión pública. El Salado, además, se había convertido en una especie de oasis agrario, rodeado de arroyos y cerros verdes, en medio de una geografía adusta y desértica y de la inmensa pobreza de los Montes de María, que atraviesan Bolívar y Sucre. Tenía un centro médico envidiable, con enfermera, odontólogo y hasta ambulancia; varias escuelas y un colegio donde los muchachos estudiaban hasta noveno grado; dos concejales y hasta estación de Policía. Todos tenían su pedazo de tierra, en promedio de 40 hectáreas, donde se cultivaba tabaco en grandes cantidades, maíz, ñame y yuca.
Los hombres sembraban, recogían y secaban el tabaco, mientras las mujeres, contratadas por dos grandes empresas –Espinoza y Tayrona–, lo seleccionaban, prensaban y empacaban; lo que le dio una incipiente cultura fabril al pueblo.
Edita Garrido, una delgada mujer que pasa los 40 años, de ojos negros vivaces y una sonrisa a la que le asoman unos cuantos dientes, recuerda estas épocas como las mejores de su vida: “Todos los días estábamos allá hasta las 4 de la tarde. Éramos 80, tal vez 100. En medio del trabajo nos reíamos con los cuentos de Julia Gómez, una compañera que nos entretenía tanto, que varias veces la echaron, pero tenían que volver a llamarla, porque el trabajo no era lo mismo sin ella”. Edita dice que no se conocía el hambre y que la abundancia era tal, que el rico del pueblo, Don Eloy Cohen, mataba una vaca día de por medio y vendía hasta el cuero. La gente tenía dinero para comprar lo básico, y aun más.
La prosperidad había hecho que la guerrilla pusiera sus ojos en El Salado. Los frentes 35 y 37 de las Farc hostigaban con frecuencia a la decena de policías que mal armados intentaban defenderse, hasta que un día vino un helicóptero y se llevó para siempre a los agentes. Así, El Salado quedó expuesto a su suerte y a las Farc. Los saladeños probaron el amargo sabor de la violencia guerrillera, que ya se había extendido por todo el país y que incluso tenía acorralados a muchos pueblos.
Empezaron las extorsiones a los campesinos más pudientes. Santander Cohen –hijo del patriarca Eloy Cohen– se negó a pagarles y de inmediato se convirtió en objetivo militar. Cohen tenía una estrecha amistad con el teniente coronel Alfredo Persán Barnes, comandante de un Batallón de la Infantería de Marina, y recurrió a él en 1995, cuando sintió que estaba acorralado en el pueblo y que la guerrilla definitivamente lo mataría. El coronel Persand entró a El Salado a rescatarlo, pero cuando salía, a sólo unos minutos del pueblo, fue emboscado por los insurgentes. Murieron Cohen y Persand, el teniente Tony Pastrana y 27 infantes de Marina. Uno de los mayores reveses de los que tenga memoria la Armada. Esa acción dejó una marca indeleble en El Salado. En adelante, este sería considerado un pueblo guerrillero, incriminado por no haber advertido a los militares la cruenta trampa que había tendido el jefe guerrillero ‘Martín Caballero’. El ataque también fracturó la vida comunitaria. Mientras algunas personas mantenían trato cotidiano con los milicianos de las Farc que permanecían en el pueblo, otras empezaban a sentirse agobiadas por los secuestros, las vacunas y las injusticias que cometían los guerrilleros.
Pasó poco tiempo antes de que ocurriera la primera masacre. En 1997 un grupo armado, enviado al parecer por ganaderos de la zona, con lista en mano, asesinó a cinco personas, entre ellas a la maestra del pueblo. En cuestión de horas El Salado se había convertido en un pueblo fantasma. Absolutamente todas las familias salieron desplazadas, con sus trastos y sus animales, a la espera de garantías para regresar. A los tres meses, la Armada se instaló por unas semanas en el pueblo y poco a poco las familias retornaron. Para entonces, El Salado quedó reducido a la mitad de lo que era. La guerra había traído consigo la pobreza. Las tabacaleras se fueron y las incipientes exploraciones de petróleo y gas fueron suspendidas.
La tensión se hizo más envolvente a finales de 1999, cuando los campesinos que trabajaban El Salado y sus alrededores vieron cómo las Farc arreaban unas 400 reses con la marca inconfundible de Enilse López, una poderosa empresaria del chance que para entonces ya era temida por todos en Magangué, ciudad a orillas del río Magdalena, que quedaba justamente a espaldas de El Salado. La ‘Gata’, como la conocían todos, se movía como pez en el agua entre los políticos de Sucre y Bolívar. Cuando su ganado desapareció de la finca Las Yeguas, Policía y militares emprendieron la inútil búsqueda. El ganado había pasado por El Salado, y de allí desapareció. La Policía pensaba que las Farc lo habían repartido entre los campesinos en lotes de cinco o seis reses, y compartido ganancia con ellos.
En diciembre de ese año, un helicóptero desconocido sobrevoló el pueblo y lanzó unos panfletos en los que decía: “Cómanse las gallinas y los carneros y gocen todo lo que puedan este año porque no van a disfrutar más”. Y en enero, un campero fue detenido en la carretera, y asesinados sus cuatro ocupantes.
Delcy Méndez, quien llevaba más de una década como enfermera de El Salado, pensó que no aguantaba más cuando recibió una llamada de una amiga de Cartagena quien le advirtió: “Salte de El Salado porque algo va a pasar”. Entonces cogió su ropa y, sin pensarlo dos veces, se fue para Carmen de Bolívar. Como en un cuento de García Márquez, ella dice: “No sabíamos qué iba a pasar, pero sabíamos que algo estaba por suceder”.
La tenaza
A principios de febrero ‘Juancho Dique’, el jefe de sicarios de los paramilitares en Sucre, recibió una llamada de Rodrigo Mercado Peluffo, ‘Cadena’, su jefe, ya para ese momento el hombre más temido en las sabanas y el golfo de Morrosquillo. ‘Cadena’ le ordenó a ‘Juancho Dique’ que reuniera unos 60 hombres en la finca El Palmar de San Onofre, a unos pocos minutos del mar Caribe. ‘Juancho Dique’ supo desde ese momento que se trataba de algo grande, un combate masivo con la guerrilla, o una masacre.
‘Dique’ había nacido en 1971 en Córdoba, en una familia campesina supremamente pobre. Siendo muy joven empezó a rebuscarse la vida como minero, hasta que ingresó al Ejército. De allí había salido en 1996 para vincularse de tiempo completo a una Cooperativa de Seguridad –Convivir– que habían fundado los ganaderos de Sucre con apoyo de la Primera Brigada de Infantería de Marina, apostada en Corozal, y cuyo jefe era ‘Cadena’, un ex informante de los militares.
Según cuenta el propio ‘Dique’, en 1997, cuando las Convivir fueron prácticamente ilegalizadas, ‘Cadena’ y sus hombres se apoderaron de San Onofre. Se habían convertido en una estructura paramilitar que recibía órdenes de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, que mantenía fluidas relaciones con militares, policías, ganaderos y políticos, y que estaba haciendo del narcotráfico por el Golfo de Morrosquillo el negocio más jugoso de la región.
‘Juancho Dique’ era el jefe militar de ‘Cadena’, por eso era el comisionado para la misión que habían ordenado Castaño, Mancuso y ‘Jorge 40’: entrarían a El Salado a desterrar a la guerrilla y todos los pobladores, y dejarían instalado allí un grupo de los paramilitares.
La noche del 15 de febrero salieron de San Onofre en dos camiones por la carretera principal que conduce a Cartagena, y en la madrugada se encontraron cerca de Carmen de Bolívar con otros dos grupos de paramilitares, todos estrictamente uniformados, con armas automáticas, granadas de fragmentación en las cananas y munición de sobra en las charreteras. Uno de los grupos venía de Magdalena, enviado por ‘Jorge 40’, y estaba bajo órdenes de un paramilitar llamado ‘Amaury’. El otro grupo de paramilitares venía de Córdoba, al mando de 5-7. El jefe de toda la operación era un antioqueño conocido como ‘H2’ o John Henao, cuñado de Castaño, cuya principal misión, una vez ingresaran a El Salado, era recoger todo el ganado que encontraran, atravesar el río Magdalena y dejarlo, seguramente, en las sabanas de ese departamento.
Una vez reunidos los tres grupos, planearon la entrada por sitios diferentes. Un grupo entraría a El Salado por la carretera principal de El Carmen. Otro haría el ingreso por Ovejas, siguiendo la vía Flor del Monte y Canutalito, y el último llegaría por un sitio conocido como La Reforestación. En total, unos 300 hombres, guiados por cinco desertores. “Según entiendo, se habían entregado a la Infantería de Marina, y de ahí se los entregaron a ‘Cadena’”, asegura ‘Dique’.
Los camiones fueron abandonados en las carreteras grandes. El recorrido hasta El Salado, según el plan trazado, se haría a pie por los caminos veredales. De esa manera irían recogiendo el ganado y matando a quienes encontraran a su paso. La orden era entrar sin piedad y hacer una tenaza sobre el pueblo. En cuestión de pocas horas, el grupo de paramilitares que iba bajo órdenes de ‘Juancho Dique’ y ‘Cadena’ había matado a 19 campesinos, casi todos ahorcados con sogas, o degollados con cuchillos, para que el ruido de los fusiles no alertara a los vecinos. ‘Cadena’ se ubicó en una finca conocida como La 18, y allí instaló una especie de hospital de campaña y de abastecimiento de armas y víveres que le traerían por helicóptero Mancuso y ‘Jorge 40’.
Amaury había entrado por la vía principal, dejando tras de sí una estela de terror y muerte. En la mañana del 16 de febrero, los paramilitares detuvieron en la carretera a uno de los camperos que cada día hacían el viaje entre El Salado y Carmen de Bolívar. En el carro iban, entre otros, Edith Cárdenas, una mujer líder y reconocida por todos en El Salado. Según testimonio dado días después por María Cabrera, promotora de salud que también iba en el carro, los paramilitares miraron los hombros de Edith y los vieron marcados y asumieron que era una señal inequívoca de que la mujer cargaba morral, y que era guerrillera. En realidad, eran las marcas del uso de camisetas escotadas, para lidiar el calor de la zona. “¡Habla Edith, habla. No te quedes callada!”, le gritaba María, pero Edith no pudo hablar del miedo. La mataron. A ella y a los demás. Sólo María y otro pasajero pudieron escapar por los rastrojos, corriendo desesperados para salvar sus vidas.
Para entonces ya las Farc se habían percatado de la incursión y habían salido hacia la carretera, a combatir con las autodefensas. Pero muy pronto se dieron cuenta de que los paramilitares eran muchos, tenían apoyo aéreo y que los estaban cercando.
Mientras tanto en el pueblo la inquietud crecía. Por una llamada telefónica alguien supo que el campero que salió de El Salado nunca había llegado a su destino en El Carmen. Luego empezaron a llegar campesinos que huían despavoridos de las veredas que los paramilitares estaban arrasando. Los habitantes de El Salado, llenos de pánico, se reunieron sin saber qué decisión tomar. Muchos emprendieron la huida sin pensarlo dos veces. Otros entendieron que el desplazamiento era inminente cuando vieron a los guerrilleros de las Farc corriendo en retirada. Habían perdido hombres, tenían varios heridos y estaban buscando refugio en el monte. Uno de ellos alcanzó a decirles a los habitantes de El Salado: “Corran, corran que vienen a acabar el pueblo”.
Teresa Castro y David Montes, una pareja que a pesar de los infortunios parece feliz, fueron de los primeros que emprendieron la retirada. “En el camino a Arenas nos reunimos en un caney de tabaco como unas 100 personas. Los niños lloraban de hambre y sed. Queríamos devolvernos, pero cuando oímos los tiros y supimos que estaban matando a la gente en los caminos, nos tiramos al monte. Duramos dos días caminando sin nada que comer. Me desmayé y les pedí a los demás que siguieran. Pero no me dejaron, y al fin pudimos salir”, cuenta Teresa.
El camino fue tan tortuoso, que Helen Margarita Arrieta, una niña de apenas 6 años, murió deshidratada mientras le imploraba a una vecina que le diera agua. Pero en esas tierras no había ni una gota de líquido. Sólo el inclemente calor de la Costa.
Por temor a morir de hambre y de sed muchos regresaron al amanecer del 17 de febrero. Unos a empacar sus enseres y salir definitivamente. Otros, apegados del viejo proverbio de que quien nada debe, nada teme. Una de las que regresaron fue Leticia1. “Habíamos dormido en el monte y mis hijas suplicaban por comida, así que volvimos, después de que el lechero nos dijo que en El Salado no habían entrado los paras”, recuerda.
En medio de la zozobra por los disparos que se oían a lo lejos, pasaron las aproximadamente 200 personas que aún quedaban en el pueblo ese jueves 17 de febrero. La aparente calma se vino a romper el viernes a las 9 de la mañana, cuando de repente vieron el pueblo lleno de hombres armados. No hubo tiempo de huir. “Estamos en El Salado ¡no joda!. Salgan, partida de guerrilleros, que todo el mundo se muere hoy”, gritó uno de los paramilitares, y Leticia, que estaba en el lavadero, empezó a llorar porque desde ese momento supo que la tragedia tan anunciada ya era inevitable. La muerte se cernía sobre El Salado.
Orgía de sangre
“Cuando llegamos a El Salado mandamos a recoger la gente y la reunimos en la plaza, junto a la iglesia. Los desertores señalaban a los guerrilleros y los íbamos ejecutando”, dice sin sombra de conmoción ‘Juancho Dique’. “Llegaron tumbando puertas”, recuerda Leticia, con voz temblorosa. A empellones, el ‘Gallo’ la sacó a ella y a su familia del rancho donde vivía. Una vez en el atrio de la capilla, vio con estupor que su hijo estaba ya en el grupo seleccionado por los paramilitares. Con lágrimas en los ojos, y sacando valor de donde no tenía, les gritó a sus verdugos: “conduélanse de esa alma”, y señaló al muchacho. Por alguna razón que aún no entiende, su hijo salió ileso. Del cuerpo, pero no del alma, pues todavía no se recupera de todo lo que vio esa tarde.
Las súplicas de Leticia se vieron interrumpidas por el espectáculo de Nayibis, arrastrada por la calle principal del pueblo. “La guindaron de un árbol y con las bayonetas de los fusiles la degollaron”, reconoce el paramilitar ‘Dique’ en su versión libre.
Mientras tanto, un helicóptero que volaba bajito ametrallaba las casas del pueblo. En una de ellas murió destrozado por una bala Libardo Trejos, quien se escondía junto a varios vecinos, y cuya sangre bañó durante todo el día a una niña de 5 años, que desde ese día no ha vuelto a hablar ni se ha recuperado del trauma.
Las víctimas, según testimonios de los sobrevivientes recogidos por SEMANA, fueron elegidas al azar. Algunos porque fueron señalados por los desertores de las Farc. Otros, como Francisca Cabrera, porque tenían mucho miedo. Otros sin explicación, como Ever Urueta, que sufría de retraso mental y fue torturado sin piedad para que supuestamente confesara que pertenecía a las Farc.
Las muertes se producían cada media hora. La gente estaba bajo el sol inclemente, de pie, viendo cómo se llenaba de cadáveres la plaza, y como los paramilitares festejaban su ‘hazaña’. Los paramilitares sacaron los tambores, las gaitas y los acordeones, y con cada muerto, hacían un toque. Era un ambiente de corraleja, donde las fieras tenían la ventaja y las víctimas estaban indefensas.
Los paramilitares recién reclutados pedían a sus superiores que les permitieran disparar, como si fuera un privilegio. “Ellos me decían: ‘deme la oportunidad, quiero darle de baja a una persona...’”, entonces yo se la daba, contó ‘Juancho Dique’.
Como si fuera poco, violaron a una mujer varios hombres en fila. Se ensañaron en las mujeres. A algunas de ellas les metieron los alambres donde se seca el tabaco por la vagina. A todas las insultaron diciéndoles que eran las amantes de los guerrilleros.
Mientras ‘Dique’, el ‘Tigre’, el ‘Gallo’ y el resto de los paramilitares se regodeaban en la humillación y el castigo a la gente, el comandante de la operación, ‘H2’, consumaba la tarea principal que se le había encargado. Tenía casi mil cabezas de ganado recogidas y empezó la marcha con ellas, guiado por el administrador de la finca Las Yeguas, de donde habían sido robadas las reses de la ‘Gata”.
Al caer la noche, en la cancha yacían 18 cadáveres. El sol inflamó los cuerpos muy pronto y los cerdos, atraídos por la sangre, empezaron a devorarlos. Cuando los paramilitares dieron la orden de irse a dormir a las casas, muchos encontraron a sus familiares muertos en las calles o en los mismos ranchos. El número de víctimas ese día, sólo en la parte urbana de El Salado, ascendía a 38. Y en los alrededores ya llegaba a 28.
Esa noche nadie durmió, nadie comió, nadie bebió. Y nadie habló. El silencio sólo fue interrumpido por las cigarras, el viento que levantaba los techos y las voces de los paramilitares que patrullaron toda la noche. Lejos se oían de vez en cuando disparos y risas.
Al amanecer los paramilitares seguían allí. Parecía que la pesadilla nunca acabaría. Parecía que se hubiesen quedado para siempre. Entonces, mordiendo el polvo, la gente sacó mesas para poner sus muertos, abrieron la iglesia y arrumaron allí los cadáveres para salvarlos de los animales y del sol. Empezaron a cavar fosas en silencio, mientras los paras saquearon las tiendas y empezaron a beber y a bailar. Pasadas las 4 de la tarde se escucharon unos disparos al aire. Era la señal de la retirada. Empezaron a salir, borrachos, advirtiéndoles a los sobrevivientes que deberían irse y no regresar jamás.
A las 5 la gente pudo por fin llorar a sus muertos. Se abrazaban unos a los otros, gritando, revolcándose en el suelo de tristeza. Maldiciendo y pidiendo castigo. Los perros, que habían estado callados todo el tiempo, empezaron a aullar desesperados.
El desplazamiento empezó de inmediato. Atrás dejaban un pueblo herido de muerte. Élida Cabrera, que acababa de enterrar a su hermana, sólo atinó a pensar: “Colombia es un país corrupto. En cinco días no hubo nadie que nos ayudara”.
País corrupto
Una hora después de que los paramilitares abandonaron el pueblo llegó la Infantería de Marina. Ya eran las 6 de la tarde del sábado 19 de febrero. La incursión había empezado el martes. El miércoles, ya el Hospital del Carmen de Bolívar estaba atendiendo a los que habían huido por los montes. Todo el mundo sabía que estaban matando a la gente de El Salado. Menos las autoridades.
Ledys Ortega, una joven líder de El Salado que ahora actúa como inspectora de Policía, fue una de las que encendieron las alarmas. “El alcalde no nos escuchó. Por el contrario, cerraron la carretera y no dejaron pasar a nadie”. La troncal de la costa empezó a taponarse por las decenas de familiares que se agolpaban allí buscando desesperadamente entrar por sus propios medios a El Salado, y ver qué estaba pasando. La Cruz Roja, los noticieros de televisión, todos estaban allí. Pero nadie pudo pasar. Los militares simplemente dijeron que la carretera estaba minada. Y que no tenían helicópteros disponibles para una operación aérea.
El viernes 18 de febrero a las 8 de la noche, cuando ya la masacre estaba consumada y los paramilitares llevaban tres días cerrando su tenaza sobre El Salado, en la gobernación de Sucre se hizo por fin un consejo de seguridad, encabezado por el entonces coronel de la Armada Rodrigo Quiñones y el gobernador encargado, Humberto Vergara, reunión que bien puede pasar a los anales de la historia como la conjura de la infamia.
Según reposa en el acta, el primer punto tratado fue la información del DAS sobre el robo de 500 reses pertenecientes a Miguel Nule Amín y a la esposa del ganadero Joaquín García, en la zona rural de San Onofre. Tanto el gobernador, Eric Morris –hoy condenado por pertenecer a grupos paramilitares–, como el senador Álvaro García Romero –detenido y acusado de paramilitarismo y de la haber participado en la masacre de Macayepo– y el propio Nule Amín –aliado de los paramilitares– le habían pedido a la Armada, según testimonios de los oficiales, que movieran tropas para buscar un ganado que nunca se encontró y de cuyo hurto tampoco hubo denuncia formal. Hoy muchos de estos oficiales piensan que el robo nunca existió y que sólo fue una coartada para desviar la atención de los militares y la Policía.
En el tercer punto (en el acta falta el segundo) del consejo de seguridad se informa que el 16 de febrero, cuando empezaba la incursión a El Salado, la Policía vio un helicóptero Bell, azul y blanco artillado, cerca del río Magdalena y que por acción de la Armada y la Fuerza Aérea este fue inmovilizado, que los tripulantes se identificaron como miembros de las AUC y que luego incineraron el aparato. El helicóptero llevaba munición, y quienes lo piloteaban nunca fueron capturados. Hoy se sabe por testimonios de los desmovilizados que el piloto era Andrés Angarita, ex oficial de la aviación del Ejército, que llegó a tener un alto rango en las autodefensas, y que ya fue asesinado. El otro, según testimonios, era ‘Jorge 40’. Lo que nunca se ha sabido es por qué no fueron capturados, si es que el aparato fue inmovilizado, ni cómo lograron sobrevivir, si es que fue derribado, como dice la Armada.
Ese mismo miércoles 16 de febrero, cuando se empezaron a ver movimientos de paramilitares y cuando ya había en varios corregimientos cadáveres de campesinos degollados, la Policía había reportado estas muertes que, por sus características, eran propias de una masacre. Sin embargo, en el consejo de seguridad se advierte que “el número de levantamientos que hizo el CTI es de nueve y no se descarta que aparezcan más muertos producto del enfrentamiento entre las AUC y el 37 frente de las Farc”.
El consejo de seguridad se cierra con una conclusión demoledora: “Los delincuentes de las AUC emplearon en sus actos delictivos a guerrilleros de las Farc que los guiaron hasta los campamentos del Frente 37”... “La modalidad de realizar actos delictivos de civil por parte de los bandoleros de las Farc les permite confundirse con la población civil y pasar a ser campesinos en el momento de un enfrentamiento armado”...
Había evidencias de que estaban asesinando civiles y de que era una masacre escalofriante. Aun así, todas las autoridades allí reunidas prefirieron creer que se trataba de combates entre grupos armados. Basados en esta hipótesis –o cortina de humo–, no hicieron nada diferente a esperar. Teoría que nadie, excepto ellos, creyó. Por eso finalizan la reunión diciendo: “Los medios de comunicación, por su afán de tener la primicia, no manejan informaciones oficiales; por el contrario, multiplican el drama de las familias y desinforman a la opinión pública”.
En los precarios y manipulados procesos judiciales nunca se ha probado la complicidad de autoridades civiles y militares, o de ganaderos en esta matanza. En cambio sí hay muchos testimonios y documentos que demuestran que hubo complicidad, sobre todo en la retirada.
‘Juancho Dique’ narra así el repliegue: “Salimos en tres camiones como Pedro por su casa... ‘Cadena’ ya tenía todo arreglado”.
El 23 de febrero, cinco días después de la masacre, cuando ya todo el gobierno estaba en el ojo del huracán por la increíble negligencia con la que había actuado, la Armada reportó la captura de 11 paramilitares. Efectivamente se trataba del grupo que llevaba el ganado rumbo al Magdalena y que encabezaba el cuñado de Castaño, ‘H2’. Un año después, ‘H2’ se fugó de la cárcel Modelo, por la puerta principal y, desde entonces vivía al lado de Castaño, junto a quien fue asesinado en 2004.
No sobra decir que la justicia nunca encontró pruebas para vincular con la masacre a nadie que tuviera rango militar o poder político. Sólo ahora, cuando en las versiones libres de Mancuso, ‘Juancho Dique’ y el ‘Tigre’, y los testimonios aún temerosos de las víctimas, se empieza a conocer que en esta matanza convergieron intereses económicos de gamonales que veían amenazado su patrimonio por las acciones de las Farc, de narcotraficantes que querían controlar el territorio que unía el sur de Bolívar con el mar Caribe y que era clave para sus negocios, intereses de autoridades que querían derrotar a las Farc mediante la guerra sucia, y de políticos que ya tenían en curso un plan de control total de la Costa. Todo esto junto hizo posible esta barbarie sin límite.
Jairo Castillo, más conocido como ‘Pitirri’, el principal testigo de la para-política, aseguró en una declaración en la Corte Suprema de Justicia que la ‘Gata’ instó a Mancuso a recuperar su ganado. Pero aún no se ha investigado si el ex gobernador Eric Morris, el senador Álvaro García y el ganadero Miguel Nule Amín intentaron desviar a los organismos de seguridad. O si estos, sencillamente por complicidad o incapacidad, permitieron la masacre que castigaba a un pueblo que les era adverso y con el que tenían una deuda de sangre.
El frente 37 las Farc se mantuvo en la zona rural de El Salado hasta el año pasado cuando ‘Martín Caballero’ murió en combates con la Infantería de Marina. El balance final es que en El Salado y sus alrededores hubo 66 muertos. Las víctimas saben que más allá del ganado o de la disputa de territorio entre guerrilla y paramilitares, había intereses estratégicos de mucha gente sobre El Salado.
Acto de contrición
Hace pocos meses el coronel de la Infantería de Marina Rafael Colón, quien después de esta masacre combatió sin tregua a los paramilitares, y en especial al temible ‘Cadena’, pidió perdón públicamente por las omisiones que en el pasado hubiese cometido la Armada y que propiciaron esta masacre, y otras que ocurrieron antes y después. Pero este tímido acto de contrición fue desautorizado en pocas horas por sus superiores, que sintieron herido el honor militar. Aun así, su labor ha sido fundamental para que algunos pobladores retornen a este pueblo y a otros de los Montes de María, y que muchos de ellos vuelvan a confiar en las fuerzas militares.
A El Salado han retornado cerca de 400 familias que saben que su pueblo jamás volverá a ser lo que fue. Otro tanto de personas se han postulado como víctimas para ser reparadas y siguen de cerca las declaraciones de los paramilitares que cometieron los crímenes más atroces contra ellos. Pero las heridas son profundas y difíciles de curar.
La guerra en todo caso acabó con una comunidad que tenía en la tierra una promesa de progreso. Algo que seguramente podrán disfrutar otros. Pero no quienes nacieron y vivieron allí.
Desde el año pasado, una empresa de sísmica busca gas y petróleo en El Salado, según dicen los especialistas, con buenas perspectivas. La muerte de ‘Caballero’, la seguridad democrática y el retorno han revalorizado las tierras. Empresarios y ganaderos antioqueños ya han comprado más de 15.000 hectáreas para ganadería o biocombustible.
Curiosamente, un mes después de la masacre, en marzo del año 2000, en otro consejo de seguridad las autoridades locales reportan que la zona ha recobrado la calma. Y que había buenas noticias. Inversionistas estaban viendo en la región un gran potencial para sembrar palma de aceite. Cultivos que al parecer nunca llegaron.
Quizá tenga razón Eneida Narváez, líder representante de las víctimas de El Salado, quien en su silla de madera, con algunos manojos de tabaco secándose a sus espaldas, dice con toda convicción: “Todos los desplazamientos los hace la tierra”.
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Por qué renuncié”
Por qué renuncié”
Ramiro Marín, el superfiscal de la para-política, explica a SEMANA por qué se retiró de la Fiscalía después del fallo que ordenó la liberación del ex senador Mario Uribe.
Fecha: 08/30/2008 -1374
El viernes pasado a las 10 de la mañana, el coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia y encargado de la investigación del senador Mario Uribe Escobar presentó renuncia a su cargo. Como no se trata de un fiscal cualquiera, su renuncia abre un grueso cuestionamiento al riesgo que está corriendo la independencia de la justicia en el proceso de la para-política.
Ramiro Alonso Marín Vásquez es el hombre sobre el cual el fiscal general Mario Iguarán depositó algunas de las responsabilidades más delicadas de su cargo: es el coordinador de los 11 fiscales delegados ante la Corte, los que investigan a los congresistas de la para-política, es el encargado de proyectar las reasignaciones de procesos en todo el país y de decidir cuanta pena se descuenta por colaborar con la justicia.
Y renunció por un asunto de honor. A él le tocó la ‘papa caliente’ más complicada de la para-política. El caso del ex senador Mario Uribe, que ha sido la razón principal de la tormentosa pelea entre el presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema. Marín decidió, en abril pasado, que había pruebas suficientes para llevar a la cárcel al primo del primer mandatario. La defensa del ex congresista apeló la decisión y hace dos semanas el vicefiscal general, Guillermo Mendoza, revocó la medida tomada por el fiscal Marín y dejó en libertad a Mario Uribe.
Las dos cartas del fiscal Marín
Carta de renuncia del Fiscal Ramiro Marín al Fiscal General de la Nación
Carta del Fiscal Ramiro Marín a SEMANA sobre el caso de Mario Uribe
El ex senador Mario Uribe, primo del Presidente, fue detenido el 21 de abril por orden del fiscal Marín y liberado el 20 de agosto por orden del vicefiscal El vicefiscal Guillermo Mendoza (a la izquierda), encargado de la segunda instancia en los casos de para-política, ha sido protagonista de polémica en otras ocasiones. Como ocurrió con la preclusión al general Rito Alejo del Río que ha dejado blindado al uniformado frente a ciertas confesiones de paramilitares. A la derecha, el fiscal Mario Iguarán
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Marín es enfático en decir que no renuncia porque Mario Uribe haya sido dejado en libertad, sino porque en el proceso resultó lastimada la independencia judicial “y con ello mi honor personal, familiar y profesional”. Con gran dolor les reclama a los medios por dejarse manejar de sectores interesados y hacer eco de “altas fuentes de la Fiscalía” que lo acusaron de haber hecho una frágil investigación y de dejar la mesa servida para la revocatoria de la medida de detención.
Luego de 31 años dedicados a la Rama Judicial y de ser el maestro de muchos de los fiscales que hoy aplican el sistema acusatorio, este hombre, que nació hace 54 años en Segovia (Antioquia), lo único que pide es que se le respete su dignidad. Y con pruebas en la mano sustenta por qué ordenó la detención de Mario Uribe.
Aunque el fiscal general, Mario Iguarán, no le ha aceptado todavía la carta de renuncia, él dijo que está decidido a irse.
SEMANA: ¿Por qué renunció?
Ramiro Marín Vásquez: Yo renuncié porque se dijo que en el caso del senador Mario Uribe yo hice una investigación débil, de manera deliberada, para facilitar que en la decisión de segunda instancia él saliera libre. Esas afirmaciones fueron publicadas en SEMANA y en otros medios de comunicación, y como se citan fuentes de la Fiscalía, yo entiendo entonces que hay en la Fiscalía personas interesadas en manipular la información a los medios a costa del honor mío y a costa de la verdad de la investigación.
SEMANA: Pero no son los medios. La providencia del vicefiscal Mendoza Diago cuestiona su fallo diciendo, por ejemplo, que el testimonio de la ex congresista Eleonora Pineda no se debe analizar con base en “disquisiciones abstractas y subjetivas, mucho menos gratuitas”.
R.M.V.: ¡Qué paradoja! Yo puedo hacerle un ejercicio muy corto de por qué no es una disquisición abstracta. Eleonora Pineda dice que la reunión con Salvatore Mancuso y Mario Uribe fue después de las elecciones de Congreso de 2002. Mancuso, por el contrario, afirma sin ninguna duda –porque en otros puntos expresó una duda, pero en ese no– que la reunión para hacer el pacto electoral con Mario Uribe fue antes de esas elecciones. Mancuso dijo que había sido antes, porque Eleonora y Mario Uribe fueron a donde él para que avalara el acuerdo.
SEMANA: ¿Y a cuál de los dos se le cree?
R.M.V.: Yo voy a los resultados electorales, que no son manipulables por la palabra, y encuentro que en los cuatro municipios de Córdoba sobre los que se hizo el pacto (Montelíbano, Sahagún, Planeta Rica y Chinú), Mario Uribe había tenido poquísimos votos en 1998 y se disparó en 2002. Entonces sí parece que la reunión y el pacto fueron antes y no después, porque los resultados electorales así lo reflejan.
SEMANA: Eso es significativo. Pero ¿suficiente?
R.M.V.: Sigo avanzando. Resulta que Mancuso me había dicho, en su declaración, que a raíz de los acercamientos de Eleonora con Mario Uribe, Miguel de la Espriella (candidato político de la región) le reclamó por eso. Lo dice exactamente: “Miguelito se estaba enojando. Yo le dije: tranquilo que para todos hay, porque a él sólo le vamos a dar el 5 o el 10 por ciento de la votación en unos municipios”. Y voy y reviso los resultados electorales de Miguel de la Espriella, que no es un secreto que era el candidato declarado de las autodefensas en Córdoba, y encuentro que en aquellos cuatro municipios, en los que Mario Uribe aumentó su votación, casi en la misma proporción, no matemática, pero similar, bajó la votación de Miguel de la Espriella. Entonces, más allá de los testimonios, los resultados electorales ratifican lo dicho por Mancuso.
SEMANA: Ese aparte en el que Mancuso habla de Miguel de la Espriella no aparece en la providencia de segunda instancia ¿Será que había una intención de tapar algo?
R.M.V.: No, yo no soy capaz de hacer imputaciones tan infames como las que a mí me hicieron. Pero ¿cree usted que lo que yo hice es subjetivismo?
SEMANA: Pero la segunda instancia reclama que el comportamiento de la votación de Mario Uribe fue igual en los municipios de Córdoba y en todo el país, que fue floja en 1998, subió en 2002 y cayó en 2006, y eso explicaría que no fue por intervención de las autodefensas, sino la dinámica electoral ¿qué opina?
R.M.V.: Sólo puedo decirles que ojalá los razonamientos de la segunda instancia sean de mejor calidad epistemológica que los míos. Cómo explico yo ese fenómeno. Si del 98 a 2002 en esos municipios de Córdoba se nota un salto grande en las votaciones de Mario Uribe y en 2006 descienden al mismo nivel del 98. ¿Será que, como alegó la defensa, la votación se incrementó por contagio por su parentesco con el candidato favorito a la Presidencia de la República? Entonces ¿por qué en 2006 no ocurre el mismo fenómeno, cuando todavía son primos, era una de las cabezas visibles de los congresistas que apoyaban al Presidente y el Presidente sacó su votación disparada?
SEMANA: Mario Uribe de todas maneras admite que estuvo reunido con Mancuso y nunca lo denunció ¿eso lo pondría en tela de juicio?
R.M.V.: Mario Uribe admite que estuvo en una reunión a la cual le llevó Eleonora, pero él dice que fue engañado. Yo demuestro que no fue engañado.
SEMANA: Y así fuera engañado, no lo denunció...
R.M.V.: No. Al contrario, en lugar de denunciar, lo que hizo después de eso fue en 2006 acoger en su movimiento Colombia Democrática a Eleonora Pineda y a Rocío Arias.
SEMANA: ¿Usted se sintió presionado durante la investigación de Mario Uribe?
R.M.V.: No me sentí presionado.
SEMANA: ¿Sintió que era distinta esta investigación por ser el primo del Presidente?
R.M.V.: No la sentí distinta desde el punto de vista jurídico procesal. Pero como yo me muevo es en este ambiente y en Colombia, sé que es un tema difícil.
SEMANA: En sus 31 años en la rama judicial ¿es este el caso más difícil que ha tenido?
R.M.V.: No. Jurídicamente no es el caso más difícil.
SEMANA: ¿Y políticamente?
R.M.V.: Sí, era un tema muy sensible.
SEMANA: ¿Era claro para usted que el doctor Mario Uribe merecía la detención?
R.M.V.: Sí. Para mí eran claras las pruebas que existían para la medida de aseguramiento.
SEMANA: ¿Usted leyó el fallo de segunda instancia?
R.M.V.: Antes de recibir la resolución de segunda instancia, me pusieron en la picota diciendo que yo había dejado frágil la investigación para que se facilitara la tarea del Vicefiscal, para que él no tuviera más que hacer sino revocar. Pero yo le digo una cosa: mi providencia no era débil. La prueba tampoco. Quien debilitó la prueba fue el vicefiscal con sus juicios de valor.
SEMANA: ¿Como por ejemplo?
R.M.V.: Lo que estábamos hablando de Eleonora. Para él, según me dice, el testimonio de Eleonora lo examiné con subjetivismos o de pronto muy superficialmente o con juicios abstractos. Lo abstracto son esas palabras que son componentes autoritarias del lenguaje. No lo que yo hice.
SEMANA: Esta Fiscalía ha descollado por sacar de la impunidad casos históricos como el de Luis Carlos Galán y el del Palacio de Justicia, pero en la para-política, por lo menos en términos de resultados, ha sido al contrario. Los congresistas terminan en preclusión o en el juicio también es difícil condenarlos. ¿Usted cree que vía judicial se está dando amnistía a los para-políticos?
R.M.V.: Yo aspiro a que con los casos que faltan, que son muchos, la Fiscalía le cumpla al país. No he visto un propósito de fallar en un sentido específico y aspiro a que no se cumpla esa lapidaria sentencia de que es mejor estar en las manos de la Fiscalía que en las de la Corte Suprema.
SEMANA: Pero los congresistas cada día están renunciando más. Ya van 21. La semana pasada fueron dos y la anterior otros dos. De los ocho casos que se han resuelto vía Fiscalía hay cuatro condenados pero porque se declararon culpables. Los otros tres fueron liberados y el otro es el caso Mario Uribe, a quien le revocaron la detención. ¿La Fiscalía está absolviendo?
R.M.V.: Yo creo que hay que darle la oportunidad a la Fiscalía.
SEMANA: Usted que fue el fiscal encargado de investigar uno de los casos más emblemáticos de la para-política, sólo contó con un investigador de apoyo y no tiene protección. ¿Le parece suficiente apoyo?
R.M.V.: Tuve una investigadora muy competente, leal y profesional. Inicialmente eran dos, al final sólo quedó una, que se fue porque la ascendieron a Justicia y Paz.
SEMANA: O sea que el caso Mario Uribe quedó sin investigadores. Y a la que ascendieron, según tengo entendido, renunció...
R.M.V.: Renunció a la Fiscalía el jueves pasado a raíz de la manera injusta y oprobiosa cómo se nos ha tratado a partir de la decisión de la segunda instancia.
SEMANA: En la Corte Suprema son 23 magistrados que respaldan un caso. Acá le tocó a usted acompañado de su investigador... le repito: ¿cree que contó con el apoyo necesario?
R.M.V.: Ahí hay una paradoja. El CTI es de la Fiscalía y le presta apoyo a la Corte para investigar. Entonces uno pensaría que acá no deberíamos tener problemas en materia de investigadores. Lo único que puedo decirle sobre ese tema es que me preocupa que la independencia y la autonomía del funcionario judicial, sea magistrado o fiscal, no vaya a seguir en una pendiente resbaladiza porque ese es un problema grave para el país. La rama judicial es el sustento del Estado de derecho.
SEMANA: ¿A qué se refiere con “pendiente resbaladiza”?
R.M.V.: A todos los inconvenientes que se han dado para el ejercicio de la función. No sólo en la Corte, sino también en la Fiscalía. Lo más sensato es que facilitemos la tarea de la administración de justicia y que de este proceso no vaya a salir sacrificada la independencia judicial, porque eso sí es grave para el país.
SEMANA: ¿En el caso de Mario Uribe estuvo en riesgo la independencia judicial?
R.M.V.: Yo hice la investigación y tomé la decisión. Hasta ahí no hubo ningún problema. Pero cuando a raíz de una decisión contraria a los intereses del doctor Mario Uribe y con motivo de una apelación se trata de desprestigiar y de acabar moralmente al funcionario de primera instancia que tendría que seguir con la investigación, eso es atacar la independencia y la autonomía judicial. Y hay distintas maneras de hacer eso, unas más abiertas y otras más sutiles.
SEMANA: En una carta a SEMANA usted asegura que después de su providencia del 21 de abril se ha acopiado otra cantidad de pruebas “con mucha dificultad”. ¿En qué ha consistido esa dificultad?
R.M.V.: Me refiero a que es muy difícil acopiar pruebas para un fiscal ante la Corte que se desplaza con su fiel asistente a Córdoba y a municipios de Antioquia donde el peligro no es imaginación sino una realidad, o para una investigadora judicial que solitaria se desplaza a Córdoba para buscar documentos, viajando de incógnita en trasporte público como una medida de protección. Y es más difícil cuando la gente teme hablar, cuando el testigo teme llegar...
SEMANA: ¿En lo que han acopiado después de la medida de aseguramiento se ratifica o se desmiente que Mario Uribe hizo acuerdos con los paras?
R.M.V.: Eso sería valorar anticipadamente la prueba y no puedo hacerlo. Puedo decirle que se ha acopiado un importante material probatorio. No estamos frente a una investigación raquítica. Acá no estábamos quietos para facilitar la impunidad.
SEMANA: ¿Qué investigación recibió y qué investigación entrega?
R.M.V.: La investigación llegó de la Corte con dos cuadernos originales, tres discos compactos y dos anexos. Y entrego una investigación con 10 cuadernos originales, 25 anexos y ocho discos compactos con 26 horas de grabación de testigos. Si fuéramos a hacerle el favor a Mario Uribe, ¿usted cree que haríamos esta bobería?
SEMANA: Cuando se levante la reserva sumarial y el país lo conozca todo, ¿qué cree que se pensará?
R.M.V.: No sé cuándo será eso, pero para mí será tranquilizador. El país de pronto se puede llevar una sorpresa. La historia me entregará la satisfacción de que las cosas no eran como se quiso presentarlas. Me contento con ese dictamen tardío de la historia, así ahora esté padeciendo por las manifestaciones tan tendenciosas de las fuentes.
SEMANA: Varios analistas consideran que la para-política está herida de muerte.
R.M.V.: No está muerta, pero está amenazada. Si las cosas siguen como van, salvo que serenemos los espíritus, la independencia judicial va a salir muy lastimada.
SEMANA: Usted fue juez superior en Medellín, magistrado auxiliar de la Corte Suprema y ahora coordinador de los fiscales delegados ante la Corte. ¿Qué balance hace de sus 31 años en la justicia?
R.M.V.: Me queda una satisfacción enorme. Y una nostalgia de que en este último año como fiscal ante la Corte curiosamente comenzaron a atacarme cuando me toca el caso Mario Uribe. Nunca antes me había tocado. El problema es la forma, da la impresión de que por todos lados me están siguiendo a ver qué debilidades me encuentran. Tengo muchas como ser humano. Creo que desistieron de buscar delitos, corrupción y esas cosas porque nada me van a encontrar. Pero buscaron mucho. Me parece muy sintomático que este año una fiscal me haya denunciado que porque yo traté de presionarla. Nunca me había pasado eso. Nunca he presionado a nadie. Siento que cumplí mi deber.
SEMANA: ¿Le da tristeza pensar que de pronto esta investigación vaya a la impunidad por su retiro?
R.M.V.: No, yo tengo la esperanza de que el fiscal general le pondrá atención a esa investigación para que llegue a feliz término, cualquiera sea el sentido de la calificación.
SEMANA: ¿Qué ha sido lo más grato en estos 31 años para usted?
R.M.V.: Lo más grato es que nada me fue fácil. A mí me gustan los retos. Prefiero los casos difíciles sobre los fáciles. Lo más grato es que a pesar de mi origen, llegué a ser fiscal delegado ante la Corte Suprema y jefe de esta unidad de 11 fiscales.
SEMANA: Usted pensaba retirarse dentro de un año, ¿la situación no da para esperar ese tiempo?
R.M.V.: No, no da.
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Ramiro Marín, el superfiscal de la para-política, explica a SEMANA por qué se retiró de la Fiscalía después del fallo que ordenó la liberación del ex senador Mario Uribe.
Fecha: 08/30/2008 -1374
El viernes pasado a las 10 de la mañana, el coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia y encargado de la investigación del senador Mario Uribe Escobar presentó renuncia a su cargo. Como no se trata de un fiscal cualquiera, su renuncia abre un grueso cuestionamiento al riesgo que está corriendo la independencia de la justicia en el proceso de la para-política.
Ramiro Alonso Marín Vásquez es el hombre sobre el cual el fiscal general Mario Iguarán depositó algunas de las responsabilidades más delicadas de su cargo: es el coordinador de los 11 fiscales delegados ante la Corte, los que investigan a los congresistas de la para-política, es el encargado de proyectar las reasignaciones de procesos en todo el país y de decidir cuanta pena se descuenta por colaborar con la justicia.
Y renunció por un asunto de honor. A él le tocó la ‘papa caliente’ más complicada de la para-política. El caso del ex senador Mario Uribe, que ha sido la razón principal de la tormentosa pelea entre el presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema. Marín decidió, en abril pasado, que había pruebas suficientes para llevar a la cárcel al primo del primer mandatario. La defensa del ex congresista apeló la decisión y hace dos semanas el vicefiscal general, Guillermo Mendoza, revocó la medida tomada por el fiscal Marín y dejó en libertad a Mario Uribe.
Las dos cartas del fiscal Marín
Carta de renuncia del Fiscal Ramiro Marín al Fiscal General de la Nación
Carta del Fiscal Ramiro Marín a SEMANA sobre el caso de Mario Uribe
El ex senador Mario Uribe, primo del Presidente, fue detenido el 21 de abril por orden del fiscal Marín y liberado el 20 de agosto por orden del vicefiscal El vicefiscal Guillermo Mendoza (a la izquierda), encargado de la segunda instancia en los casos de para-política, ha sido protagonista de polémica en otras ocasiones. Como ocurrió con la preclusión al general Rito Alejo del Río que ha dejado blindado al uniformado frente a ciertas confesiones de paramilitares. A la derecha, el fiscal Mario Iguarán
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Marín es enfático en decir que no renuncia porque Mario Uribe haya sido dejado en libertad, sino porque en el proceso resultó lastimada la independencia judicial “y con ello mi honor personal, familiar y profesional”. Con gran dolor les reclama a los medios por dejarse manejar de sectores interesados y hacer eco de “altas fuentes de la Fiscalía” que lo acusaron de haber hecho una frágil investigación y de dejar la mesa servida para la revocatoria de la medida de detención.
Luego de 31 años dedicados a la Rama Judicial y de ser el maestro de muchos de los fiscales que hoy aplican el sistema acusatorio, este hombre, que nació hace 54 años en Segovia (Antioquia), lo único que pide es que se le respete su dignidad. Y con pruebas en la mano sustenta por qué ordenó la detención de Mario Uribe.
Aunque el fiscal general, Mario Iguarán, no le ha aceptado todavía la carta de renuncia, él dijo que está decidido a irse.
SEMANA: ¿Por qué renunció?
Ramiro Marín Vásquez: Yo renuncié porque se dijo que en el caso del senador Mario Uribe yo hice una investigación débil, de manera deliberada, para facilitar que en la decisión de segunda instancia él saliera libre. Esas afirmaciones fueron publicadas en SEMANA y en otros medios de comunicación, y como se citan fuentes de la Fiscalía, yo entiendo entonces que hay en la Fiscalía personas interesadas en manipular la información a los medios a costa del honor mío y a costa de la verdad de la investigación.
SEMANA: Pero no son los medios. La providencia del vicefiscal Mendoza Diago cuestiona su fallo diciendo, por ejemplo, que el testimonio de la ex congresista Eleonora Pineda no se debe analizar con base en “disquisiciones abstractas y subjetivas, mucho menos gratuitas”.
R.M.V.: ¡Qué paradoja! Yo puedo hacerle un ejercicio muy corto de por qué no es una disquisición abstracta. Eleonora Pineda dice que la reunión con Salvatore Mancuso y Mario Uribe fue después de las elecciones de Congreso de 2002. Mancuso, por el contrario, afirma sin ninguna duda –porque en otros puntos expresó una duda, pero en ese no– que la reunión para hacer el pacto electoral con Mario Uribe fue antes de esas elecciones. Mancuso dijo que había sido antes, porque Eleonora y Mario Uribe fueron a donde él para que avalara el acuerdo.
SEMANA: ¿Y a cuál de los dos se le cree?
R.M.V.: Yo voy a los resultados electorales, que no son manipulables por la palabra, y encuentro que en los cuatro municipios de Córdoba sobre los que se hizo el pacto (Montelíbano, Sahagún, Planeta Rica y Chinú), Mario Uribe había tenido poquísimos votos en 1998 y se disparó en 2002. Entonces sí parece que la reunión y el pacto fueron antes y no después, porque los resultados electorales así lo reflejan.
SEMANA: Eso es significativo. Pero ¿suficiente?
R.M.V.: Sigo avanzando. Resulta que Mancuso me había dicho, en su declaración, que a raíz de los acercamientos de Eleonora con Mario Uribe, Miguel de la Espriella (candidato político de la región) le reclamó por eso. Lo dice exactamente: “Miguelito se estaba enojando. Yo le dije: tranquilo que para todos hay, porque a él sólo le vamos a dar el 5 o el 10 por ciento de la votación en unos municipios”. Y voy y reviso los resultados electorales de Miguel de la Espriella, que no es un secreto que era el candidato declarado de las autodefensas en Córdoba, y encuentro que en aquellos cuatro municipios, en los que Mario Uribe aumentó su votación, casi en la misma proporción, no matemática, pero similar, bajó la votación de Miguel de la Espriella. Entonces, más allá de los testimonios, los resultados electorales ratifican lo dicho por Mancuso.
SEMANA: Ese aparte en el que Mancuso habla de Miguel de la Espriella no aparece en la providencia de segunda instancia ¿Será que había una intención de tapar algo?
R.M.V.: No, yo no soy capaz de hacer imputaciones tan infames como las que a mí me hicieron. Pero ¿cree usted que lo que yo hice es subjetivismo?
SEMANA: Pero la segunda instancia reclama que el comportamiento de la votación de Mario Uribe fue igual en los municipios de Córdoba y en todo el país, que fue floja en 1998, subió en 2002 y cayó en 2006, y eso explicaría que no fue por intervención de las autodefensas, sino la dinámica electoral ¿qué opina?
R.M.V.: Sólo puedo decirles que ojalá los razonamientos de la segunda instancia sean de mejor calidad epistemológica que los míos. Cómo explico yo ese fenómeno. Si del 98 a 2002 en esos municipios de Córdoba se nota un salto grande en las votaciones de Mario Uribe y en 2006 descienden al mismo nivel del 98. ¿Será que, como alegó la defensa, la votación se incrementó por contagio por su parentesco con el candidato favorito a la Presidencia de la República? Entonces ¿por qué en 2006 no ocurre el mismo fenómeno, cuando todavía son primos, era una de las cabezas visibles de los congresistas que apoyaban al Presidente y el Presidente sacó su votación disparada?
SEMANA: Mario Uribe de todas maneras admite que estuvo reunido con Mancuso y nunca lo denunció ¿eso lo pondría en tela de juicio?
R.M.V.: Mario Uribe admite que estuvo en una reunión a la cual le llevó Eleonora, pero él dice que fue engañado. Yo demuestro que no fue engañado.
SEMANA: Y así fuera engañado, no lo denunció...
R.M.V.: No. Al contrario, en lugar de denunciar, lo que hizo después de eso fue en 2006 acoger en su movimiento Colombia Democrática a Eleonora Pineda y a Rocío Arias.
SEMANA: ¿Usted se sintió presionado durante la investigación de Mario Uribe?
R.M.V.: No me sentí presionado.
SEMANA: ¿Sintió que era distinta esta investigación por ser el primo del Presidente?
R.M.V.: No la sentí distinta desde el punto de vista jurídico procesal. Pero como yo me muevo es en este ambiente y en Colombia, sé que es un tema difícil.
SEMANA: En sus 31 años en la rama judicial ¿es este el caso más difícil que ha tenido?
R.M.V.: No. Jurídicamente no es el caso más difícil.
SEMANA: ¿Y políticamente?
R.M.V.: Sí, era un tema muy sensible.
SEMANA: ¿Era claro para usted que el doctor Mario Uribe merecía la detención?
R.M.V.: Sí. Para mí eran claras las pruebas que existían para la medida de aseguramiento.
SEMANA: ¿Usted leyó el fallo de segunda instancia?
R.M.V.: Antes de recibir la resolución de segunda instancia, me pusieron en la picota diciendo que yo había dejado frágil la investigación para que se facilitara la tarea del Vicefiscal, para que él no tuviera más que hacer sino revocar. Pero yo le digo una cosa: mi providencia no era débil. La prueba tampoco. Quien debilitó la prueba fue el vicefiscal con sus juicios de valor.
SEMANA: ¿Como por ejemplo?
R.M.V.: Lo que estábamos hablando de Eleonora. Para él, según me dice, el testimonio de Eleonora lo examiné con subjetivismos o de pronto muy superficialmente o con juicios abstractos. Lo abstracto son esas palabras que son componentes autoritarias del lenguaje. No lo que yo hice.
SEMANA: Esta Fiscalía ha descollado por sacar de la impunidad casos históricos como el de Luis Carlos Galán y el del Palacio de Justicia, pero en la para-política, por lo menos en términos de resultados, ha sido al contrario. Los congresistas terminan en preclusión o en el juicio también es difícil condenarlos. ¿Usted cree que vía judicial se está dando amnistía a los para-políticos?
R.M.V.: Yo aspiro a que con los casos que faltan, que son muchos, la Fiscalía le cumpla al país. No he visto un propósito de fallar en un sentido específico y aspiro a que no se cumpla esa lapidaria sentencia de que es mejor estar en las manos de la Fiscalía que en las de la Corte Suprema.
SEMANA: Pero los congresistas cada día están renunciando más. Ya van 21. La semana pasada fueron dos y la anterior otros dos. De los ocho casos que se han resuelto vía Fiscalía hay cuatro condenados pero porque se declararon culpables. Los otros tres fueron liberados y el otro es el caso Mario Uribe, a quien le revocaron la detención. ¿La Fiscalía está absolviendo?
R.M.V.: Yo creo que hay que darle la oportunidad a la Fiscalía.
SEMANA: Usted que fue el fiscal encargado de investigar uno de los casos más emblemáticos de la para-política, sólo contó con un investigador de apoyo y no tiene protección. ¿Le parece suficiente apoyo?
R.M.V.: Tuve una investigadora muy competente, leal y profesional. Inicialmente eran dos, al final sólo quedó una, que se fue porque la ascendieron a Justicia y Paz.
SEMANA: O sea que el caso Mario Uribe quedó sin investigadores. Y a la que ascendieron, según tengo entendido, renunció...
R.M.V.: Renunció a la Fiscalía el jueves pasado a raíz de la manera injusta y oprobiosa cómo se nos ha tratado a partir de la decisión de la segunda instancia.
SEMANA: En la Corte Suprema son 23 magistrados que respaldan un caso. Acá le tocó a usted acompañado de su investigador... le repito: ¿cree que contó con el apoyo necesario?
R.M.V.: Ahí hay una paradoja. El CTI es de la Fiscalía y le presta apoyo a la Corte para investigar. Entonces uno pensaría que acá no deberíamos tener problemas en materia de investigadores. Lo único que puedo decirle sobre ese tema es que me preocupa que la independencia y la autonomía del funcionario judicial, sea magistrado o fiscal, no vaya a seguir en una pendiente resbaladiza porque ese es un problema grave para el país. La rama judicial es el sustento del Estado de derecho.
SEMANA: ¿A qué se refiere con “pendiente resbaladiza”?
R.M.V.: A todos los inconvenientes que se han dado para el ejercicio de la función. No sólo en la Corte, sino también en la Fiscalía. Lo más sensato es que facilitemos la tarea de la administración de justicia y que de este proceso no vaya a salir sacrificada la independencia judicial, porque eso sí es grave para el país.
SEMANA: ¿En el caso de Mario Uribe estuvo en riesgo la independencia judicial?
R.M.V.: Yo hice la investigación y tomé la decisión. Hasta ahí no hubo ningún problema. Pero cuando a raíz de una decisión contraria a los intereses del doctor Mario Uribe y con motivo de una apelación se trata de desprestigiar y de acabar moralmente al funcionario de primera instancia que tendría que seguir con la investigación, eso es atacar la independencia y la autonomía judicial. Y hay distintas maneras de hacer eso, unas más abiertas y otras más sutiles.
SEMANA: En una carta a SEMANA usted asegura que después de su providencia del 21 de abril se ha acopiado otra cantidad de pruebas “con mucha dificultad”. ¿En qué ha consistido esa dificultad?
R.M.V.: Me refiero a que es muy difícil acopiar pruebas para un fiscal ante la Corte que se desplaza con su fiel asistente a Córdoba y a municipios de Antioquia donde el peligro no es imaginación sino una realidad, o para una investigadora judicial que solitaria se desplaza a Córdoba para buscar documentos, viajando de incógnita en trasporte público como una medida de protección. Y es más difícil cuando la gente teme hablar, cuando el testigo teme llegar...
SEMANA: ¿En lo que han acopiado después de la medida de aseguramiento se ratifica o se desmiente que Mario Uribe hizo acuerdos con los paras?
R.M.V.: Eso sería valorar anticipadamente la prueba y no puedo hacerlo. Puedo decirle que se ha acopiado un importante material probatorio. No estamos frente a una investigación raquítica. Acá no estábamos quietos para facilitar la impunidad.
SEMANA: ¿Qué investigación recibió y qué investigación entrega?
R.M.V.: La investigación llegó de la Corte con dos cuadernos originales, tres discos compactos y dos anexos. Y entrego una investigación con 10 cuadernos originales, 25 anexos y ocho discos compactos con 26 horas de grabación de testigos. Si fuéramos a hacerle el favor a Mario Uribe, ¿usted cree que haríamos esta bobería?
SEMANA: Cuando se levante la reserva sumarial y el país lo conozca todo, ¿qué cree que se pensará?
R.M.V.: No sé cuándo será eso, pero para mí será tranquilizador. El país de pronto se puede llevar una sorpresa. La historia me entregará la satisfacción de que las cosas no eran como se quiso presentarlas. Me contento con ese dictamen tardío de la historia, así ahora esté padeciendo por las manifestaciones tan tendenciosas de las fuentes.
SEMANA: Varios analistas consideran que la para-política está herida de muerte.
R.M.V.: No está muerta, pero está amenazada. Si las cosas siguen como van, salvo que serenemos los espíritus, la independencia judicial va a salir muy lastimada.
SEMANA: Usted fue juez superior en Medellín, magistrado auxiliar de la Corte Suprema y ahora coordinador de los fiscales delegados ante la Corte. ¿Qué balance hace de sus 31 años en la justicia?
R.M.V.: Me queda una satisfacción enorme. Y una nostalgia de que en este último año como fiscal ante la Corte curiosamente comenzaron a atacarme cuando me toca el caso Mario Uribe. Nunca antes me había tocado. El problema es la forma, da la impresión de que por todos lados me están siguiendo a ver qué debilidades me encuentran. Tengo muchas como ser humano. Creo que desistieron de buscar delitos, corrupción y esas cosas porque nada me van a encontrar. Pero buscaron mucho. Me parece muy sintomático que este año una fiscal me haya denunciado que porque yo traté de presionarla. Nunca me había pasado eso. Nunca he presionado a nadie. Siento que cumplí mi deber.
SEMANA: ¿Le da tristeza pensar que de pronto esta investigación vaya a la impunidad por su retiro?
R.M.V.: No, yo tengo la esperanza de que el fiscal general le pondrá atención a esa investigación para que llegue a feliz término, cualquiera sea el sentido de la calificación.
SEMANA: ¿Qué ha sido lo más grato en estos 31 años para usted?
R.M.V.: Lo más grato es que nada me fue fácil. A mí me gustan los retos. Prefiero los casos difíciles sobre los fáciles. Lo más grato es que a pesar de mi origen, llegué a ser fiscal delegado ante la Corte Suprema y jefe de esta unidad de 11 fiscales.
SEMANA: Usted pensaba retirarse dentro de un año, ¿la situación no da para esperar ese tiempo?
R.M.V.: No, no da.
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Crecen índices de prostitución, consumo y distribución de estupefacientes en menores
En El Banco
Crecen índices de prostitución, consumo y distribución de estupefacientes en menores
El Informador
mensajes@el- informador. com
Por Wilder Álvarez
La alarmante situación se basa en estudios que adelanta el Plan de Salud Pública en el municipio de El Banco, dentro de los análisis realizados en diferentes sectores de la localidad, pero sobre todo, en zonas marginadas se encontró que existen diferentes modalidades para ejercer la prostitución, lo más grave del caso es que muchas de estas niñas escasamente llegan a los 11 años de edad y se cree que los casos se dan por la falta de ocupación, estudio y estuación económica para algunos casos.
Por otro lado la investigación adelantada por los funcionarios de Salud Pública ha demostrado que jóvenes menores de edad, hasta de 10 años, ya son consumidores de sustancias psicoactivas o alucinógenos entre las que se destacan el bazuco, la marihuana en una edad más alta “la cocaina”.
Según los estudios realizados por el PNSP la edad promedio para el inicio de consumo y distribución de alucinógenos por estos menores es desde 10 años de edad, incluso algunos de los expendedores utilizan a niños para la distribución de estas drogas para el servicio adomicilio.
“Lo lamentable es que algunos de los lugares expendedores de drogas se encuentran a pocos metros de algunas instituciones educativas” informaron las autoridades que adelantaron la investigación de campo, estas circunstancias aumentan la problemática de consumo en menores de edad.
Otro asunto que ahonda el problema es la facilidad con que estos menores pueden adquirir estas sustancias, por cuanto el valor comercial es muy bajo, por ejemplo en el mercado dedicado a la venta de estas drogas se pueden comprar una papeleta de bazuco y un taco de marihuana por $1.000 cada uno y la libra de marihuana por solo $20.000, es tan grave la realidad que un expendedor de drogas puede llegar a colocar en las calles hasta un promedio de 80 gramos diarios.
“Pedro José es un niño de apenas 16 años de edad, cursó hasta cuarto de primaria, sus padres son separados y él vive con la abuelita, por conflictos familiares fue la razón por lo que el niño se fue de su hogar, e irse a la calle fue encontrar la perdición en el mundo de las drogas, Pedro José narró a EL INFORMADOR lo siguiente
“Yo conocí muchos pelaos que eran drogadictos por que en la calle no hay nada bueno, la hierba es fea eso debe ser para los burros, hoy estoy arrepentido de estar en este feo mundo la gente no me mira bien, me toca andar sucio por que yo boto basura y quisiera dejar de estar metiendo con esta mala droga, pero considero que esto se debe hacer con fuerza, de otro lado uno solo no puede”, narró este niños que se siente rechazad por la comunidad y que en sus apartes expresó su deseo de colaborar para desmantelar a varios expendedores, para acabar con este oscuro mundo, el nombre no es real por la seguridad de este joven que cambió su ropa y hasta su vida por la hierba como él mencionó.
Prostitución Infantil
Dentro de los estudios realizados se ha encontrado que niñas de escasos 10, 11, 12 y hasta los 17 años de edad, ejercen de una u otra forma la prostitución, se destaca que dentro de las modalidades empleadas por las menores para cubrir su conducta, se encuentran muchas veces que llegan a un lugar cualquiera con el pretexto de vender yuca, cocadas o cualquier otra cosa para ayudar a la familia, en esos instantes se acercan a donde se encuentran estos enfermos sexuales que hasta por mil pesos adquieren los servicio de estas niñas.
Por ejemplo en una Institución Educativa del municipio de El Banco se encontró unas cifras alarmantes de consumo y distribución de drogas, prostitución infantil, embarazos en niñas e intentos de suicido en menores.
Así lo dejan ver los datos que arrojan los estudios, que dan cuenta que en esta sola institución 15 niñas menores de edad que pertenecen o pertenecieron al plantel educativo están en estado de embarazo; 4 niños entre un promedio de 10 años de edad fueron identificados como consumidores de sustancias alucinógenas; además se decomisan por parte del cuerpo de profesores un promedio entre tres y cuatro armas corto punzantes mensualmente y por lo menos tres casos de intento de suicidio en menores de edad se han reportado y solo es un centro educativo de primaria con al menos 400 estudiantes.
Para tratar de enfrentar estos alarmantes casos en menores, el Plan de Salud Pública adelanta diferentes talleres, charlas y campañas para implementar las estrategias en las “Instituciones Educativas Libres de humo” que será lanzada en los próximos días, sin embargo se necesita el compromiso de acción de parte de más actores que de una u otra manera tienen que ver con la formación de los niños en personas de bien, y naturalmente los primero actores en esta búsqueda de implementar valores en los niños son los mismos padres, profesores, autoridades, entre otros.
Opiniones
Cuando un individuo busca mantener relaciones sexuales con niños o niñas y no quiere correr el riesgo de ser denunciado, tiene una segunda opción: acudir a la prostitución de menores, si es que dispone de dinero suficiente como para permitírselo. Por otro lado, se encontrará con la dificultad de encontrar un individuo o club que se lo facilite, pues la prostitución infantil se esconde mucho más que la prostitución de adultos.
Pero una vez salvados estos dos obstáculos, cualquier individuo puede convertir en realidad sus fantasías con una niña o un niño, esclavizado y obligado a ser un objeto para el uso sexual, dicha prostitución nunca es voluntaria y va acompañada del miedo, al hambre, las drogas y multitud de circunstancias más, que pueden convertir la existencia tanto de un menor como de un adulto en un auténtico infierno que siempre sobrepasará nuestra imaginación.
Se recomienda
Es por todos conocido que cada etapa del desarrollo humano requiere una manera específica de ser abordada, así los niños pequeños no siempre van a poder expresar mediante el lenguaje verbal sus vivencias y malestares, porque en todo caso no se encuentra dentro de su repertorio conductual, los mecanismos necesarios y suficientes para traducir sus pensamientos en palabras o sencillamente porque no saben aún como hacerlo, dado que su pensamiento sincrético o pre-categorial le asigna la imposibilidad de distinguir entre sí, en un mismo objeto, o en una situación, las cualidades o circunstancias a través de las que objeto o situación son percibidos o conocidos, y para aislar después estas cualidades de tal modo que se las sepa volver a encontrar a otro nivel, porque dejan de hablar asumiendo un mutismo electivo impactado emocionalmente por el trauma que ha vivenciado y que no le permiten terminar de elaborar y que según la magnitud del maltrato, pueden llegar a reexperimentar el efecto traumático, ello obviamente no quiere decir que sus procesos mentales hayan desaparecido y que se encuentre emocionalmente embotado, es preciso como ya mencionáramos, acogerlos con calidez y establecer una relación muy empática, transmitiendo afecto, seguridad, confianza y comprensión.
http://el-informado r.com/detreg. php?id=35654
Crecen índices de prostitución, consumo y distribución de estupefacientes en menores
El Informador
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Por Wilder Álvarez
La alarmante situación se basa en estudios que adelanta el Plan de Salud Pública en el municipio de El Banco, dentro de los análisis realizados en diferentes sectores de la localidad, pero sobre todo, en zonas marginadas se encontró que existen diferentes modalidades para ejercer la prostitución, lo más grave del caso es que muchas de estas niñas escasamente llegan a los 11 años de edad y se cree que los casos se dan por la falta de ocupación, estudio y estuación económica para algunos casos.
Por otro lado la investigación adelantada por los funcionarios de Salud Pública ha demostrado que jóvenes menores de edad, hasta de 10 años, ya son consumidores de sustancias psicoactivas o alucinógenos entre las que se destacan el bazuco, la marihuana en una edad más alta “la cocaina”.
Según los estudios realizados por el PNSP la edad promedio para el inicio de consumo y distribución de alucinógenos por estos menores es desde 10 años de edad, incluso algunos de los expendedores utilizan a niños para la distribución de estas drogas para el servicio adomicilio.
“Lo lamentable es que algunos de los lugares expendedores de drogas se encuentran a pocos metros de algunas instituciones educativas” informaron las autoridades que adelantaron la investigación de campo, estas circunstancias aumentan la problemática de consumo en menores de edad.
Otro asunto que ahonda el problema es la facilidad con que estos menores pueden adquirir estas sustancias, por cuanto el valor comercial es muy bajo, por ejemplo en el mercado dedicado a la venta de estas drogas se pueden comprar una papeleta de bazuco y un taco de marihuana por $1.000 cada uno y la libra de marihuana por solo $20.000, es tan grave la realidad que un expendedor de drogas puede llegar a colocar en las calles hasta un promedio de 80 gramos diarios.
“Pedro José es un niño de apenas 16 años de edad, cursó hasta cuarto de primaria, sus padres son separados y él vive con la abuelita, por conflictos familiares fue la razón por lo que el niño se fue de su hogar, e irse a la calle fue encontrar la perdición en el mundo de las drogas, Pedro José narró a EL INFORMADOR lo siguiente
“Yo conocí muchos pelaos que eran drogadictos por que en la calle no hay nada bueno, la hierba es fea eso debe ser para los burros, hoy estoy arrepentido de estar en este feo mundo la gente no me mira bien, me toca andar sucio por que yo boto basura y quisiera dejar de estar metiendo con esta mala droga, pero considero que esto se debe hacer con fuerza, de otro lado uno solo no puede”, narró este niños que se siente rechazad por la comunidad y que en sus apartes expresó su deseo de colaborar para desmantelar a varios expendedores, para acabar con este oscuro mundo, el nombre no es real por la seguridad de este joven que cambió su ropa y hasta su vida por la hierba como él mencionó.
Prostitución Infantil
Dentro de los estudios realizados se ha encontrado que niñas de escasos 10, 11, 12 y hasta los 17 años de edad, ejercen de una u otra forma la prostitución, se destaca que dentro de las modalidades empleadas por las menores para cubrir su conducta, se encuentran muchas veces que llegan a un lugar cualquiera con el pretexto de vender yuca, cocadas o cualquier otra cosa para ayudar a la familia, en esos instantes se acercan a donde se encuentran estos enfermos sexuales que hasta por mil pesos adquieren los servicio de estas niñas.
Por ejemplo en una Institución Educativa del municipio de El Banco se encontró unas cifras alarmantes de consumo y distribución de drogas, prostitución infantil, embarazos en niñas e intentos de suicido en menores.
Así lo dejan ver los datos que arrojan los estudios, que dan cuenta que en esta sola institución 15 niñas menores de edad que pertenecen o pertenecieron al plantel educativo están en estado de embarazo; 4 niños entre un promedio de 10 años de edad fueron identificados como consumidores de sustancias alucinógenas; además se decomisan por parte del cuerpo de profesores un promedio entre tres y cuatro armas corto punzantes mensualmente y por lo menos tres casos de intento de suicidio en menores de edad se han reportado y solo es un centro educativo de primaria con al menos 400 estudiantes.
Para tratar de enfrentar estos alarmantes casos en menores, el Plan de Salud Pública adelanta diferentes talleres, charlas y campañas para implementar las estrategias en las “Instituciones Educativas Libres de humo” que será lanzada en los próximos días, sin embargo se necesita el compromiso de acción de parte de más actores que de una u otra manera tienen que ver con la formación de los niños en personas de bien, y naturalmente los primero actores en esta búsqueda de implementar valores en los niños son los mismos padres, profesores, autoridades, entre otros.
Opiniones
Cuando un individuo busca mantener relaciones sexuales con niños o niñas y no quiere correr el riesgo de ser denunciado, tiene una segunda opción: acudir a la prostitución de menores, si es que dispone de dinero suficiente como para permitírselo. Por otro lado, se encontrará con la dificultad de encontrar un individuo o club que se lo facilite, pues la prostitución infantil se esconde mucho más que la prostitución de adultos.
Pero una vez salvados estos dos obstáculos, cualquier individuo puede convertir en realidad sus fantasías con una niña o un niño, esclavizado y obligado a ser un objeto para el uso sexual, dicha prostitución nunca es voluntaria y va acompañada del miedo, al hambre, las drogas y multitud de circunstancias más, que pueden convertir la existencia tanto de un menor como de un adulto en un auténtico infierno que siempre sobrepasará nuestra imaginación.
Se recomienda
Es por todos conocido que cada etapa del desarrollo humano requiere una manera específica de ser abordada, así los niños pequeños no siempre van a poder expresar mediante el lenguaje verbal sus vivencias y malestares, porque en todo caso no se encuentra dentro de su repertorio conductual, los mecanismos necesarios y suficientes para traducir sus pensamientos en palabras o sencillamente porque no saben aún como hacerlo, dado que su pensamiento sincrético o pre-categorial le asigna la imposibilidad de distinguir entre sí, en un mismo objeto, o en una situación, las cualidades o circunstancias a través de las que objeto o situación son percibidos o conocidos, y para aislar después estas cualidades de tal modo que se las sepa volver a encontrar a otro nivel, porque dejan de hablar asumiendo un mutismo electivo impactado emocionalmente por el trauma que ha vivenciado y que no le permiten terminar de elaborar y que según la magnitud del maltrato, pueden llegar a reexperimentar el efecto traumático, ello obviamente no quiere decir que sus procesos mentales hayan desaparecido y que se encuentre emocionalmente embotado, es preciso como ya mencionáramos, acogerlos con calidez y establecer una relación muy empática, transmitiendo afecto, seguridad, confianza y comprensión.
http://el-informado r.com/detreg. php?id=35654
Atrapados en la Sierra
Las familias nunca tuvieron un indicio de lo ocurrido
Atrapados en la Sierra
Por: Diana Carolina Durán Núñez
El próximo 9 de septiembre rendirá versión libre alias ‘Rigo’, un desmovilizado del Bloque Norte que es el responsable de la desaparición y muerte de tres jóvenes en la Sierra Nevada de Santa Marta. Uno de ellos era italiano.
Al grupo de Justicia y Paz que hizo la exhumación le tomó cuatro días y 114 huecos en la tierra para dar con los tres cuerpos. A las familias de Eduardo Delgado, José Carlos Hidalgo y Marco Micheletti les tomó toda una década conocer la suerte que corrieron los suyos. El primero era un estudiante de biología marina de Bogotá. El segundo, un guía ecoturístico que vivía en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, y el tercero, un italiano cuya novia era la hermana del segundo. La casualidad juntó sus vidas. La fatalidad acabó con ellas.
La madre de Eduardo Andrés Delgado Torres persiguió el rastro de su hijo durante 10 años. Quería saber qué había pasado con aquel joven de 22 años de edad que dejó su casa con intenciones de pasar un mes en la costa y al que, el 11 de junio de 1998, su familia empezó a considerar como desaparecido. Luego de 15 días sin noticias, viajó a la zona a ver si obtenía algún dato que la condujera al paradero de su hijo mayor. Nada. Durante casi dos años tocó puertas en el Gobierno, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, la ONU, la embajada italiana. Nadie sabía nada.
Elsa Torres de Delgado viajó hasta el área donde habían visto a los tres jóvenes por última vez: la finca Miraflores, propiedad de la familia Hidalgo, situada en las estribaciones de la Sierra. “Me sentí impotente, desolada. Me senté a llorar mientras pensaba ¿a quién le pregunto?, ¿en dónde busco?”. Habló con el Gaula, entidad que los registró como secuestrados. Habló con la Cruz Roja, con los obispos de Santa Marta y de Valledupar. Pero nadie sabía cómo ayudarla, porque todos seguían sin saber nada.
Contactó a los grupos guerrilleros. Un comandante que se identificó con el alias de Nicolás, del Eln, la llamó personalmente, a medidos de 1999, a decirle que ellos no sabían de su hijo y sus amigos. “Tal vez los tienen las Farc”, le dijeron. Pero los intermediarios que ella había establecido con esa guerrilla se lo negaron. Durante años envió cientos de cartas. Muy pocas tuvieron contestación. Hasta que, el año pasado, alguien le dijo que tal vez los paramilitares sabían del destino de los muchachos. Entonces, su cuñada consiguió el teléfono de Zeneida López, una fiscal de Barranquilla que investiga los crímenes del Bloque Resistencia Tayrona.
Doña Elsa, quien había contactado con anterioridad a Luis González León, director de la Unidad de Justicia y Paz, habló con la fiscal. Le contó del caso y comenzaron nuevamente las indagaciones. “Nos resultó conmovedor”, dice la funcionaria. “Fue por doña Elsa que supimos de Eduardo y de sus dos acompañantes.
Fue por su tenacidad que finalmente pudo saber qué pasó con su hijo”. Pero la Fiscalía determinó que el corregimiento de Minca, a 14 kilómetros de Santa Marta, donde desaparecieron Eduardo, José Carlos y Marco, no era un área de influencia de Hernán Giraldo y sus hombres.
Las pistas guiaron a la fiscal hacia Los Rojas, un grupo paramilitar que hacía parte de la estructura del Bloque Norte. En marzo pasado, dos investigadores de su equipo entrevistaron a Rigoberto Rojas, alias Rigo, hijo del jefe del grupo (Adán Rojas Ospino) y encargado de Minca y sus alrededores. En la cárcel Modelo de Barranquilla, Rigo aceptó ser el responsable de la desaparición de los jóvenes. Les dijo que habían sido enterrados en la finca Miraflores, la de la familia de uno de los desaparecidos.
El pasado martes 12 de agosto, por segunda vez, una comisión de Justicia y Paz llegó al lugar. El primer día se hicieron 35 excavaciones. El segundo día, en el hueco número 46, el equipo criminalístico encontró los restos de una persona. Aún no se sabe de cuál de los tres jóvenes. El tercer día, después de 33 exploraciones, apareció la segunda fosa y ya no hubo lugar a dudas: una cédula, un carnet de buceo, otro de la universidad y el pase de conducción dejaron claro que quien yacía ahí era el biólogo marino.
“Uno de ellos era simpatizante del Eln”, fueron las palabras de Rigo para intentar justificar el crimen. Las familias de los tres muchachos niegan rotundamente cualquier conexión con la guerrilla y resaltan el amor de los tres por la naturaleza. Doña Elsa, quien asumió la cabeza de su hogar 22 años atrás, cuando su esposo falleció de un paro cardiaco, dice que no quiere saber nada de funerales. Rompe en llanto de pensar en la idea de que le devuelvan a su hijo en una cajita. “Él siempre fue una persona feliz. Yo quiero recordarlo así”.
En su cabeza sólo está la idea de viajar a Barranquilla el próximo 9 de septiembre, día en que Rigo rendirá versión libre ante la fiscal Zeneida López. “Cuando uno tiene un hijo desaparecido, es como andar en una cuerdita entre el cielo y la tierra. Esa cuerda se me rompió cuando me dijeron que a mi hijo lo habían ‘mandado asesinar’. Esas fue la palabra, ‘asesinar’, expresa doña Elsa con la voz quebrada. “En el fondo, siempre mantuve la ilusión de pensar cómo sería la vida a partir del momento en que él apareciera. Ahora, con este aterrizaje forzoso, ya no tengo esperanza de nada. Sólo de saber qué pasó. Y por qué
www.elespectador.com
Atrapados en la Sierra
Por: Diana Carolina Durán Núñez
El próximo 9 de septiembre rendirá versión libre alias ‘Rigo’, un desmovilizado del Bloque Norte que es el responsable de la desaparición y muerte de tres jóvenes en la Sierra Nevada de Santa Marta. Uno de ellos era italiano.
Al grupo de Justicia y Paz que hizo la exhumación le tomó cuatro días y 114 huecos en la tierra para dar con los tres cuerpos. A las familias de Eduardo Delgado, José Carlos Hidalgo y Marco Micheletti les tomó toda una década conocer la suerte que corrieron los suyos. El primero era un estudiante de biología marina de Bogotá. El segundo, un guía ecoturístico que vivía en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, y el tercero, un italiano cuya novia era la hermana del segundo. La casualidad juntó sus vidas. La fatalidad acabó con ellas.
La madre de Eduardo Andrés Delgado Torres persiguió el rastro de su hijo durante 10 años. Quería saber qué había pasado con aquel joven de 22 años de edad que dejó su casa con intenciones de pasar un mes en la costa y al que, el 11 de junio de 1998, su familia empezó a considerar como desaparecido. Luego de 15 días sin noticias, viajó a la zona a ver si obtenía algún dato que la condujera al paradero de su hijo mayor. Nada. Durante casi dos años tocó puertas en el Gobierno, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, la ONU, la embajada italiana. Nadie sabía nada.
Elsa Torres de Delgado viajó hasta el área donde habían visto a los tres jóvenes por última vez: la finca Miraflores, propiedad de la familia Hidalgo, situada en las estribaciones de la Sierra. “Me sentí impotente, desolada. Me senté a llorar mientras pensaba ¿a quién le pregunto?, ¿en dónde busco?”. Habló con el Gaula, entidad que los registró como secuestrados. Habló con la Cruz Roja, con los obispos de Santa Marta y de Valledupar. Pero nadie sabía cómo ayudarla, porque todos seguían sin saber nada.
Contactó a los grupos guerrilleros. Un comandante que se identificó con el alias de Nicolás, del Eln, la llamó personalmente, a medidos de 1999, a decirle que ellos no sabían de su hijo y sus amigos. “Tal vez los tienen las Farc”, le dijeron. Pero los intermediarios que ella había establecido con esa guerrilla se lo negaron. Durante años envió cientos de cartas. Muy pocas tuvieron contestación. Hasta que, el año pasado, alguien le dijo que tal vez los paramilitares sabían del destino de los muchachos. Entonces, su cuñada consiguió el teléfono de Zeneida López, una fiscal de Barranquilla que investiga los crímenes del Bloque Resistencia Tayrona.
Doña Elsa, quien había contactado con anterioridad a Luis González León, director de la Unidad de Justicia y Paz, habló con la fiscal. Le contó del caso y comenzaron nuevamente las indagaciones. “Nos resultó conmovedor”, dice la funcionaria. “Fue por doña Elsa que supimos de Eduardo y de sus dos acompañantes.
Fue por su tenacidad que finalmente pudo saber qué pasó con su hijo”. Pero la Fiscalía determinó que el corregimiento de Minca, a 14 kilómetros de Santa Marta, donde desaparecieron Eduardo, José Carlos y Marco, no era un área de influencia de Hernán Giraldo y sus hombres.
Las pistas guiaron a la fiscal hacia Los Rojas, un grupo paramilitar que hacía parte de la estructura del Bloque Norte. En marzo pasado, dos investigadores de su equipo entrevistaron a Rigoberto Rojas, alias Rigo, hijo del jefe del grupo (Adán Rojas Ospino) y encargado de Minca y sus alrededores. En la cárcel Modelo de Barranquilla, Rigo aceptó ser el responsable de la desaparición de los jóvenes. Les dijo que habían sido enterrados en la finca Miraflores, la de la familia de uno de los desaparecidos.
El pasado martes 12 de agosto, por segunda vez, una comisión de Justicia y Paz llegó al lugar. El primer día se hicieron 35 excavaciones. El segundo día, en el hueco número 46, el equipo criminalístico encontró los restos de una persona. Aún no se sabe de cuál de los tres jóvenes. El tercer día, después de 33 exploraciones, apareció la segunda fosa y ya no hubo lugar a dudas: una cédula, un carnet de buceo, otro de la universidad y el pase de conducción dejaron claro que quien yacía ahí era el biólogo marino.
“Uno de ellos era simpatizante del Eln”, fueron las palabras de Rigo para intentar justificar el crimen. Las familias de los tres muchachos niegan rotundamente cualquier conexión con la guerrilla y resaltan el amor de los tres por la naturaleza. Doña Elsa, quien asumió la cabeza de su hogar 22 años atrás, cuando su esposo falleció de un paro cardiaco, dice que no quiere saber nada de funerales. Rompe en llanto de pensar en la idea de que le devuelvan a su hijo en una cajita. “Él siempre fue una persona feliz. Yo quiero recordarlo así”.
En su cabeza sólo está la idea de viajar a Barranquilla el próximo 9 de septiembre, día en que Rigo rendirá versión libre ante la fiscal Zeneida López. “Cuando uno tiene un hijo desaparecido, es como andar en una cuerdita entre el cielo y la tierra. Esa cuerda se me rompió cuando me dijeron que a mi hijo lo habían ‘mandado asesinar’. Esas fue la palabra, ‘asesinar’, expresa doña Elsa con la voz quebrada. “En el fondo, siempre mantuve la ilusión de pensar cómo sería la vida a partir del momento en que él apareciera. Ahora, con este aterrizaje forzoso, ya no tengo esperanza de nada. Sólo de saber qué pasó. Y por qué
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