Clara Rojas habla con el Diario El País de España
REPORTAJE
Lo primero que quiso hacer tras su liberación fue darse una ducha. Una ducha larga de agua caliente. Al salir, después de haber probado sobre su piel todos los jabones y todas las cremas que encontró, Clara Rojas advirtió que en aquel lujoso baño de aquel lujoso hotel de Caracas había un enorme espejo de pared:
Me aterraba verme de cuerpo entero, pero me armé de valor. Me planté delante y me miré. Hacía seis años que no me veía así, desnuda, delante de un espejo. Recorrí mi cuerpo con la mirada. Vi la cicatriz de la cesárea, mi rostro cansado y ya con algunas arrugas en la frente. Pero, además de las huellas de mis seis años de cautiverio en la selva, vi que estaba entera, sana y salva, y le di gracias a Dios.
Clara Rojas fue secuestrada el 23 de febrero de 2002 por la guerrilla colombiana de las FARC junto a su amiga Ingrid Betancourt, por aquel entonces candidata a la presidencia de la República por el partido Verde Oxígeno. Ingrid le había pedido a Clara que la acompañase en un viaje varias veces pospuesto a San Vicente del Caguán. No era una misión fácil. Sólo dos días antes, el presidente Andrés Pastrana, que desde 1998 venía intentando mantener un diálogo con la guerrilla, había dado por rotas las conversaciones y ordenado el levantamiento de la zona de distensión. Así que aquel viaje implicaba meterse en la boca del lobo. Habría que volar desde Bogotá hasta Florencia, capital del departamento del Caquetá, y de allí en helicóptero hasta San Vicente, a unos 160 kilómetros de distancia. La noche anterior a la partida, el jefe de seguridad le advirtió a Clara Rojas -abogada de profesión y asistente y amiga de Ingrid Betancourt- de los peligros del viaje. Clara se los trasladó por teléfono a Ingrid, y ésta le contestó: "Clara, si no quieres ir, te quedas. En todo caso, yo viajo".
"Le dije que iría con ella, y esa decisión marcó mi vida. Tendría que haberle dicho que no. Pero le dije que sí. Tras colgar el teléfono, cené con un amigo en mi casa. Nos tomamos una deliciosa botella de vino blanco. Al marcharse, me dio un beso y un gran abrazo. No exagero si le digo que ése fue el último gesto de cariño y amistad que recibí hasta el día en que me liberaron. Y de aquel abrazo a la liberación transcurrieron seis años, seis largos años"
Clara Rojas dice las cosas más tristes con una sonrisa en la boca, sin dejar de mirar a los ojos, terminando muchas de sus frases con una muletilla "¿cierto?" que busca en el otro la complicidad que tanto extrañó en la selva. Durante una hora y media de conversación, en un club social de Bogotá que fundó su padre y donde los camareros que hoy le sirven el desayuno la vieron crecer junto a sus cuatro hermanos varones, esta mujer de 44 años no deja de sonreír más que en una ocasión. Cuando recuerda que ahora mismo, mientras ella saborea los pequeños placeres recuperados, muchos de sus compañeros siguen allí, en algún lugar de la selva colombiana, encerrados en jaulas y encadenados al cuello como perros malqueridos, vigilados día y noche, temiendo que en cualquier momento el Ejército intente su liberación y mueran víctimas del fuego cruzado o ejecutados por los guerrilleros.
¿Temían que el Ejército intentase su liberación? Sí. Todo el tiempo. Ya sé que eso es muy difícil de entender para cualquier persona que esté fuera, pero lo cierto es que ésa es una angustia con la que vivíamos permanentemente. El Ejército no sabe con exactitud dónde te encuentras ni quién eres en realidad, porque los guerrilleros te dan la misma ropa que usan ellos. Te visten de camuflaje verde oliva, y también entre ellos hay mujeres guerrilleras, así que, en el caso de un enfrentamiento, los soldados nunca pueden saber a ciencia cierta quién es guerrillero y quién no" Hay además un largo historial de rescates fallidos. Y hubo casos en los que los guerrilleros mataron a tiros a los cautivos durante un intento de liberación por parte del Ejército. Los mataron cumpliendo las reglas de la guerrilla"
¿A usted la amenazaron con matarla? Sí, nos lo dijeron a Ingrid y a mí: "Si el Ejército intenta rescatarlas, las matamos. Nosotros no las vamos a entregar. No dejaremos que nos las quiten. Sólo se las entregaremos muertas". Es bárbaro. Te lo dicen apuntándote con sus armas, cuando han advertido la presencia cercana de los soldados y tienen que cambiar de escondite. Y te lo repiten para que prepares tus cosas y salgas corriendo con ellos, sin retrasar la huida" Si te retrasas, te vuelven a apuntar y te lo vuelven a repetir: "Antes de que las rescaten, las matamos".
¿Fue eso lo más duro de sus seis años de cautiverio? No.
¿Qué fue? La sensación de tiempo perdido. Yo era una persona permanentemente atareada, con unas ansias enormes de aprender. Incluso leía libros sobre cómo aprovechar mejor el tiempo. Y de pronto me vi cautiva y forzada a una inactividad insoportable. Sin noticias de los tuyos, sin periódicos, sumida en la monotonía más absoluta. El cautivo es despojado bruscamente de todo. Pierde por completo el control de su propia vida y de todo lo que le rodea. Se encuentra solo frente a sí mismo, sin nada más. No tienes más opciones que dejarte morir o luchar por la vida. Ingrid y yo decidimos luchar. No llevábamos ni tres días de secuestro cuando empezamos a pensar en huir y nos hicimos la promesa de escapar juntas en cuanto tuviéramos la menor oportunidad.
No lo consiguieron. Pero eso ya es casi lo de menos. Lo más relevante es que de aquellas fugas frustradas -pasaban varios días de sustos y penalidades, perdidas en la selva hasta que se daban por vencidas o eran encontradas por la guerrilla? surgió entre Ingrid y Clara un desencuentro tan grande que todavía hoy persiste. Poco tiempo después de que las FARC pusieran en libertad a Clara Rojas, gracias a la intermediación del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el Ejército colombiano logró, tras urdir una ingeniosa operación de rescate, liberar a Ingrid Betancourt...
¿Han hablado tras su liberación? No.
¿Nunca? Nunca?
¿Qué pasó entre ustedes? Habíamos intentado escaparnos varias veces. Incluso en una ocasión, el secretariado de las FARC mandó a un comandante para preguntarnos por qué seguíamos intentando escapar. No lo entendían. Ellos creían que nos trataban bien porque nos daban de comer todos los días. El caso es que, tras fracasar nuestro último intento de fuga, los soldados nos trataron con mucha rudeza. Nos encañonaron y amenazaron con matarnos. Incluso nos cambiaron de comandante y de guardianes. Los nuevos no se anduvieron con paños calientes. Nos colocaron un candado en el tobillo con una cadena de unos tres metros amarrada a un árbol. Sólo nos soltaban para ir al baño. Fue la única vez que nos pusieron cadenas durante los seis años, pero aquel recuerdo, terrible, dejó en mí una marca imborrable. Y creo que entonces empezó a cambiar mi actitud hacia Ingrid.
Clara Rojas admite que se irritó con su amiga cuando, en el segundo intento de fuga, Ingrid Betancourt se descontroló al toparse con un avispero. Fue a plena luz del día. Las dos fugitivas estaban cruzando el cauce de un riachuelo, escondidas bajo un puente de apenas un metro y medio de altura. "Cuando Ingrid se topó con el avispero, salió corriendo y gritando, haciendo todo tipo de aspavientos a pesar de que era pleno día y podíamos ser vistas". De hecho, fueron capturadas. Intentaron combatir aquel fracaso rezando juntas por el padre de Ingrid, que acababa de fallecer, y leyendo y comentando la Biblia, pero poco a poco fueron encerrándose en el silencio y el desencuentro. "Imagino", explica Clara Rojas, "que cada una culpaba a la otra de que hubieran fracasado los intentos de fuga, pero nunca nos lo dijimos. Todo aquel dolor mal digerido creó entre nosotras una barrera de silencio. No podría decir que ocurriera un hecho concreto que rompiera nuestra amistad. Fue más bien un distanciamiento progresivo. La ruptura fue tal que el comandante que nos vigilaba decidió separarnos y ponernos en lugares distintos. La animosidad entre nosotras fue en aumento. Un día le pedí a los guerrilleros un diccionario para entretenerme. Cuando me lo trajeron, Ingrid no me lo dejó usar. También me hizo sufrir que me expulsara de las clases de francés que ella daba de vez en cuando a los demás cautivos... Opté por encerrarme definitivamente en el silencio".
¿Hubo algún momento en que pensó que podía estar perdiendo la razón? Sí. Hay un momento. La soledad me había embargado. Pasaba mucho tiempo callada, casi no pronunciaba palabra. Me había separado del grupo. Comía siempre sola, no tenía con quién hablar. Hasta perdí la costumbre de que alguien me dirigiera la palabra. Un día, cuando estaba lavando la ropa, vino el comandante a decirme algo, pero yo seguí con lo mío. No me inmuté con su llegada ni cuando se volvió hacia mí y me llamó por mi nombre. Como no le contesté, me llamó varias veces más hasta que perdió la paciencia y gritó: ¡Clara! Yo estaba como ida. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente andaba lejos. Aquel grito me sorprendió y me di la vuelta para mirarlo. Me di cuenta en ese momento de que estaba siendo ignorada completamente como ser humano...
¿Ese grito la salvó? Casi que sí, casi que sí... Me permitió reaccionar, y reaccionar positivamente. Otra persona se podría haber aislado más, y eso hubiese resultado fatal. Y con el grito yo me doy cuenta de ese peligro. Y es durísimo porque me percato de que necesito hablar con alguien, hacer algo, salir de ese círculo mortal. Ese momento es durísimo. Me doy cuenta de que me estoy aislando para contrarrestar la situación de cautiverio. Me estoy desconectando...
¿Se sintió torturada? Claro que todo aquello constituía una tortura.
¿Consciente? Claro. Si no es para hacerte daño, ¿por qué te quitan la radio? Por qué de pronto te dejan sin pilas, sabiendo que para ti es vital escuchar las noticias, los mensajes de apoyo de tu familia o los testimonios de las familias de otros secuestrados? Ellos saben el daño que están haciendo. Ellos me ven llorar de tristeza. Sí, conscientes sí son. Y, de hecho, hay un momento en el que un comandante me pide perdón en su nombre y "en el de la organización". Hasta el grito, que yo logro utilizar para seguir adelante, es una forma de tortura. Para mí fue durísimo, hasta ese día nadie me había tratado así.
Y aun así, usted no habla con odio de los guerrilleros? Tengo un sentimiento doble. Yo soy conciente de que ellos reciben órdenes y de que su capacidad de reacción es mínima. Me doy cuenta de que algunos de ellos intentan mitigar ese dolor que me están causando. Yo sé que los responsables de mi secuestro son los comandantes de la secretaría de las FARC. Y sé que hay distintos niveles de responsabilidad. Por eso, durante el secuestro hago el esfuerzo de no manifestar mi inconformidad y todo mi desacuerdo contra ellos. Y también porque sé que es negativo para mí.
¿Usted los ha perdonado? Sí.
¿Por qué? Primero porque eso allana el camino a la libertad de las personas que aún están secuestradas. Y segundo, porque, al tener yo una dimensión pública, tengo una responsabilidad hacia los demás. Yo quiero un país en paz. Y si yo estoy resentida, traslado ese resentimiento a la población. Prefiero manejar esos sentimientos en busca de un ideal más amplio que es la paz. Y claro que la paz exige de justicia. Y que las FARC y me refiero al secretariado, a sus dirigentes? tienen una responsabilidad que tendrán que pagar.
Después de aquella ducha en el hotel de Caracas, ¿qué hizo? Llamar a mi hijo.
Lo que viene a continuación es una historia de mucha alegría y de mucho dolor, una historia sobre hasta qué punto la vida, cuando quiere, se abre paso a puñetazos en las condiciones más adversas. Clara Rojas se quedó embarazada durante su cautiverio. A finales de 2003, después de una temporada en la que los guerrilleros cambiaron frecuentemente a sus víctimas de campamento, Clara notó que, además de sentirse mal, estaba aumentando de peso. "Se lo comenté a algunos de mis compañeros, quienes me aconsejaron, con cierto malestar, que se lo comentara a la guerrilla. Noté ya entonces que no se querían implicar, y aquella respuesta me dejó un mal sabor de boca. Decidí pedir una cita con Martín Sombra, el jefe de los guerrilleros. Cuando me recibió, me dijo: "Doña Clara, ¿cuál es la joda?". Clara Rojas le contó sus temores y él mandó llamar a una enfermera. "Me sorprendió su manera de resolver el asunto, como si fuera un médico, sin interesarse por chismes ni cuentos. Cuando me iba, me regaló un par de paquetes de galletas y dos latas de leche condensada". Clara Rojas no durmió aquella noche. "Antes del secuestro había pensando en tener un hijo. Notaba desde hacía un tiempo que estaba corriendo mi reloj biológico. Por eso, al saber que estaba embarazada, aunque fuera en una situación inverosímil y arriesgada, pensé que tal vez se trataba de la última oportunidad de cumplir mi aspiración de ser madre. Descarté enseguida la idea de no tener el niño".
A los pocos días, Martín Sombra la volvió a llamar para que se hiciera el test del embarazo. "Cuando resultó positivo, el comandante y una enfermera me felicitaron y trataron de animarme. Él me recomendó que me untara en la barriga aceite de tigre y, al percatarse de mi angustia, me dijo: "Clara, no se preocupe más de la cuenta. No vamos a dejarle morir a usted, ni a su bebé. Y recuerde: ese bebé es suyo y lo va a cuidar como una tigresa furiosa". Es aquí donde, sorprendentemente, los papeles se cambian. Al volver al campamento con la noticia, Clara Rojas sólo recibe indiferencia -en el mejor de los casos- o las críticas de sus compañeros.
¿Qué sucedió? Ingrid sólo me dijo: bienvenida al club, de una forma sarcástica que me llenó de pesar. Y al día siguiente los prisioneros me hicieron una encerrona. Me empezaron a preguntar de forma insistente quién era el padre de mi hijo. Unos me llamaron irresponsable y otros me acusaron de estar metiéndoles en problemas. Supongo que temían que se pensara que alguno de ellos era el padre, así que les devolví la pregunta: ¿alguno de ustedes es el padre? Al responder uno tras otro que no, les dije: muy bien, entonces no se preocupen. Déjenme tranquila, que yo respondo por mi bebé?
Clara está frente al espejo del lujoso hotel de Caracas adonde fue llevada tras su liberación. La cicatriz de la cesárea es el recuerdo de una noche de espanto donde los guerrilleros lucharon por que ella y su bebé sobrevivieran.
¿Qué vio aquel día en aquel espejo? Lo que sigo viendo ahora. El tiempo perdido. Mi hijo nació con el brazo fracturado. Y al poco de nacer me lo quitaron para llevarlo a tratamiento. Usted tiene que tener en cuenta que mi hijo y yo estuvimos tres años separados. Hay momentos en que estoy con él y veo a otras amigas que tienen a sus bebés y yo pienso: desde esa etapa hasta los cuatro años, yo la tengo en blanco, no sé cómo fue mi hijo cuando tenía dos años, o cuando tenía tres... Y eso me provoca un dolor infinito. Perdimos tiempo. Tiempo juntos. Vivencias vitales en la vida de las personas. Y eso me duele. Y eso ¿quién te lo devuelve?, ¿quién te devuelve el tiempo que perdiste? Mi hijo ya creció. ¿Quién vuelve el tiempo atrás?
¿Tiene esa pérdida muy presente? No, ya lo perdí y punto. Ahora intento estar con él todo lo posible. Dedicarle tiempo de calidad. No puedo estar quejándome todo el tiempo. Estoy feliz. Y noto que él también es un niño feliz. Y con mucho sentimiento de propiedad hacia mí. Me dice mucho: "Eres mi mamá..."
Su hijo, durante el tiempo en que la guerrilla lo entregó a un campesino y aun después, cuando estuvo en un centro de acogida, vivió bajo otro nombre? Sí, pero eso lo ha manejado muy bien. Desde que nació se llama Emmanuel. Porque yo lo bauticé y debe tener un recuerdo emocional. Y cuando lo encontraron y se demostró que era mi hijo, organizaron un juego en el que todos los niños se cambiaban de nombre. Hicieron una terapia para que él entendiera el proceso. Y además le dijeron que su nombre significa una bendición de Dios, Dios entre nosotros, y él lo entiende y le gusta. El otro día le dijeron: "¿Cómo te llamas?". Y él dijo: "Emmanuel, el todopoderoso, mira cuánto puedo correr".
Clara Rojas acaba de escribir un libro con toda su aventura. Hay sólo un lugar de sombra, un secreto metido en un cofre con siete cerrojos donde nadie puede entrar. "Cuando Colombia se enteró de que había tenido un niño en la selva, se habló de drama, de historia de amor. Lo único cierto en todo lo que se ha contado hasta ahora es que tuve un hijo en cautiverio. Eso es un hecho. Todo lo demás no tiene ningún fundamento. Me corresponde a mí decir qué se hace público sobre mi historia y qué no. Es algo reservado a mi hijo Emmanuel, cuando me pregunte por ello. Aún no es el momento. Lo único que quiero decir es que durante el secuestro viví una experiencia que me dejó embarazada. Pero mi verdadera historia de amor comienza cuando descubro que espero un hijo y decido salvarle la vida".
Clara Rojas se va entre sonrisas de este club social de Bogotá donde los camareros la vieron crecer. En su casa, a las afueras de la ciudad, la espera su hijo, Emmanuel, que dentro de unos días cumplirá cinco años, y su madre, una mujer valiente que durante aquellos seis terribles años no dejó de luchar para arrancársela a la selva. A veces, en medio de los juegos, Emmanuel se pone serio y dispara una pregunta que pone un nudo en el corazón de su madre:
-Mamá, ¿por qué no fuiste a por mí antes? Yo te extrañaba...
Publicado en Caracol Noticias
lunes, 13 de julio de 2009
Más dudas sobre métodos de impulsores del tercer mandato de Uribe
Tres denuncias se suman a los varios hechos que cuestionan si la recolección de firmas ciudadanas en respaldo del referendo reeleccionista fue tan espontánea.
César Paredes, periodista de Semana.com
Esta semana aparecieron nuevas denuncias que ponen en entredicho la legitimidad con que han adelantado su campaña, los impulsores del proyecto de referendo que permitiría que el Presidente fuera candidato por tercera vez : la cercanía entre el Fiscal Mario Iguarán y una de las promotoras del referendo, los aportes de la firma Transval al proyecto y la presunta filtración de información privilegiada de la Registraduría a los impulsores de la iniciativa.
Estas denuncias se suman a la decisión del Consejo Nacional Electoral de investigar a los promotores del referendo tras encontrar inconsistencias en su financiación.
Este martes, el representante Germán Navas Talero (del Polo) y su homólogo liberal, Carlos Piedrahíta solicitaron a la Comisión Primera de la Cámara hacer un debate de control político al Fiscal Iguarán para que explique su relación con Myriam Donato de Montoya, una de las promotoras del referendo reeleccionista. La petición de los representantes fue aprobada por la mayoría de los integrantes de esta comisión aunque no está definida la fecha en que el Fiscal deberá asistir al Congreso.
El nombre de Myriam Donato fue noticia el pasado 9 de febrero, cuando La W denunció que la fiscal seccional encargada de la investigación contra los promotores del referendo por el presunto delito de fraude procesal fue removida del caso. La fiscal ya había ordenado una audiencia de imputación de cargos para el 16 de febrero pasado, pero el fiscal que asumió la investigación, José Edgar Collazos, decidió no realizar la audiencia.
El representante Navas pidió a Iguarán, a través de un derecho de petición, una explicación por el cambio de fiscal. Iguarán respondió que era una facultad suya cambiar a los fiscales. La respuesta, obviamente, no satisfizo a Navas quien ha sido el denunciante de varias irregularidades en el trámite del referendo.
Pero Donato volvió a ser noticia esta semana, tras la publicación de una columna de Daniel Coronell en la revista Semana. El columnista cuenta cómo la señora Donato, vecina y amiga personal del Fiscal, gestionó un viaje a la China para Daniela y David Santiago Iguarán Saavedra, hijos del Fiscal, con todos los gastos pagos. Además relata que las directivas de la Asociación de Amistad Colombo-China, que fue la organización que llevó a los jóvenes al país asiático, no aprobaban dicho viaje.
Por esta razón, los representantes solicitaron la presencia Iguarán en la Comisión Primera de la Cámara. Para los citantes resulta sospechoso el hecho de que el Fiscal hubiera alterado el proceso. “Al menos por asuntos éticos el Fiscal no debió meterle mano al proceso en el que la señora Donato estaba llamada a audiencia de imputación de cargos", dijo Navas a Semana.com.
El representante también dijo que Collazos no ha avanzado en el proceso, pero lo más preocupante es que según él “es amigo cercano de Iguarán y del abogado, Jaime Bernal, quien es abogado de los promotores del referendo. Incluso, existe una foto en la que el señor Collazos, al posesionarse, está con Iguarán y Bernal como padrino de confirmación", explicó Navas.
Pero esta no es la única explicación que los opositores del proyecto de referendo exigen para continuar con su trámite. Este martes, en la Comisión Primera del Senado, donde se discute la iniciativa en su tercer debate, el senador liberal Héctor Helí Rojas pidió que David Murcia, principal responsable del desarrollo de la captadora ilegal de dinero, DMG, se presentara en la comisión a declarar.
“En vista de las demoras que tienen el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía para resolver las dudas que hay sobre la financiación del proyecto, pedí que se invitara a declarar a David Murcia a la Comisión Primera, para que explique si DMG aportó dinero para la recolección de firmas”, dijo Rojas a Semana.com.
La sesión en el Senado se levantó para estudiar la factibilidad de la propuesta que será discutida el próximo martes.
La participación de DMG en la financiación del referendo fue denunciada por el representante Navas, mientras la iniciativa se discutía en la Cámara, el año pasado. Entre la contabilidad de los promotores del referendo figuran 4,7 millones de pesos donados por la empresa Transval, que fue una empresa creada por DMG para transportar su dinero.
Además, el Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, dijo en el momento en que empezaron a destaparse las irregularidades, que la Transval había hecho una contribución en especie, que no figura relacionada en los documentos que se entregaron a la Registraduría.
Otra columna de Semana de la periodista Maria Jimena Duzán menciona que DMG donó 4 mil millones de pesos a la causa, según fuentes de inteligencia. No obstante, Luis Guillermo Giraldo, vocero de los promotores del referendo amenazó con demandar por injuria y calumnia, tanto al senador Rojas como a la columnista Duzán por sus aseveraciones.
Pero las dudas sobre el trámite del referendo no paran ahí. Al interior de la Regstraduría las autoridades investigan disciplinariamente a las personas que administraban las bases de datos del censo electoral. El hecho fue confirmado, por el propio Registrador, Carlos Ariel Sánchez a La Fm, este miércoles.
La investigación se abrió porque esas personas presumiblemente filtraron información privilegiada a los promotores del referendo. El Registrador dijo que hay cuatro personas investigadas, entre las que está el ex Director de Gestión Electoral, Álvaro Echeverri Londoño, quien es coterráneo de Giraldo.
Estos hechos se suman a las enredadas cuentas que los promotores del referendo presentaron a las autoridades. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya les abrió investigación pues encontró inconsistencias en la contabilidad del proyecto por la presunta violación de los topes en su financiación.
El Registrador tiene la última palabra en la certificación del trámite de la iniciativa. Sin embargo, solo podrá pronunciarse una vez culmine la investigación del CNE.
Posible violación de topes,donaciones presentadas como créditos y presuntas donaciones de dudosa procedencia para financiar la campaña de recolección de firmas pro reelección de Uribe; presunto manejo de información privilegiada de las cédulas de los ciudadanos en beneficio de una causa; y encima, presunta manipulación de la justicia para evitar que se investiguen estos dudosos métodos... todo esto arroja dudas sobre la transparencia y la legitimidad con la que se ha impulsado el tercer mandato del actual Presidente.
Publicado en
www.semana.com
César Paredes, periodista de Semana.com
Esta semana aparecieron nuevas denuncias que ponen en entredicho la legitimidad con que han adelantado su campaña, los impulsores del proyecto de referendo que permitiría que el Presidente fuera candidato por tercera vez : la cercanía entre el Fiscal Mario Iguarán y una de las promotoras del referendo, los aportes de la firma Transval al proyecto y la presunta filtración de información privilegiada de la Registraduría a los impulsores de la iniciativa.
Estas denuncias se suman a la decisión del Consejo Nacional Electoral de investigar a los promotores del referendo tras encontrar inconsistencias en su financiación.
Este martes, el representante Germán Navas Talero (del Polo) y su homólogo liberal, Carlos Piedrahíta solicitaron a la Comisión Primera de la Cámara hacer un debate de control político al Fiscal Iguarán para que explique su relación con Myriam Donato de Montoya, una de las promotoras del referendo reeleccionista. La petición de los representantes fue aprobada por la mayoría de los integrantes de esta comisión aunque no está definida la fecha en que el Fiscal deberá asistir al Congreso.
El nombre de Myriam Donato fue noticia el pasado 9 de febrero, cuando La W denunció que la fiscal seccional encargada de la investigación contra los promotores del referendo por el presunto delito de fraude procesal fue removida del caso. La fiscal ya había ordenado una audiencia de imputación de cargos para el 16 de febrero pasado, pero el fiscal que asumió la investigación, José Edgar Collazos, decidió no realizar la audiencia.
El representante Navas pidió a Iguarán, a través de un derecho de petición, una explicación por el cambio de fiscal. Iguarán respondió que era una facultad suya cambiar a los fiscales. La respuesta, obviamente, no satisfizo a Navas quien ha sido el denunciante de varias irregularidades en el trámite del referendo.
Pero Donato volvió a ser noticia esta semana, tras la publicación de una columna de Daniel Coronell en la revista Semana. El columnista cuenta cómo la señora Donato, vecina y amiga personal del Fiscal, gestionó un viaje a la China para Daniela y David Santiago Iguarán Saavedra, hijos del Fiscal, con todos los gastos pagos. Además relata que las directivas de la Asociación de Amistad Colombo-China, que fue la organización que llevó a los jóvenes al país asiático, no aprobaban dicho viaje.
Por esta razón, los representantes solicitaron la presencia Iguarán en la Comisión Primera de la Cámara. Para los citantes resulta sospechoso el hecho de que el Fiscal hubiera alterado el proceso. “Al menos por asuntos éticos el Fiscal no debió meterle mano al proceso en el que la señora Donato estaba llamada a audiencia de imputación de cargos", dijo Navas a Semana.com.
El representante también dijo que Collazos no ha avanzado en el proceso, pero lo más preocupante es que según él “es amigo cercano de Iguarán y del abogado, Jaime Bernal, quien es abogado de los promotores del referendo. Incluso, existe una foto en la que el señor Collazos, al posesionarse, está con Iguarán y Bernal como padrino de confirmación", explicó Navas.
Pero esta no es la única explicación que los opositores del proyecto de referendo exigen para continuar con su trámite. Este martes, en la Comisión Primera del Senado, donde se discute la iniciativa en su tercer debate, el senador liberal Héctor Helí Rojas pidió que David Murcia, principal responsable del desarrollo de la captadora ilegal de dinero, DMG, se presentara en la comisión a declarar.
“En vista de las demoras que tienen el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía para resolver las dudas que hay sobre la financiación del proyecto, pedí que se invitara a declarar a David Murcia a la Comisión Primera, para que explique si DMG aportó dinero para la recolección de firmas”, dijo Rojas a Semana.com.
La sesión en el Senado se levantó para estudiar la factibilidad de la propuesta que será discutida el próximo martes.
La participación de DMG en la financiación del referendo fue denunciada por el representante Navas, mientras la iniciativa se discutía en la Cámara, el año pasado. Entre la contabilidad de los promotores del referendo figuran 4,7 millones de pesos donados por la empresa Transval, que fue una empresa creada por DMG para transportar su dinero.
Además, el Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, dijo en el momento en que empezaron a destaparse las irregularidades, que la Transval había hecho una contribución en especie, que no figura relacionada en los documentos que se entregaron a la Registraduría.
Otra columna de Semana de la periodista Maria Jimena Duzán menciona que DMG donó 4 mil millones de pesos a la causa, según fuentes de inteligencia. No obstante, Luis Guillermo Giraldo, vocero de los promotores del referendo amenazó con demandar por injuria y calumnia, tanto al senador Rojas como a la columnista Duzán por sus aseveraciones.
Pero las dudas sobre el trámite del referendo no paran ahí. Al interior de la Regstraduría las autoridades investigan disciplinariamente a las personas que administraban las bases de datos del censo electoral. El hecho fue confirmado, por el propio Registrador, Carlos Ariel Sánchez a La Fm, este miércoles.
La investigación se abrió porque esas personas presumiblemente filtraron información privilegiada a los promotores del referendo. El Registrador dijo que hay cuatro personas investigadas, entre las que está el ex Director de Gestión Electoral, Álvaro Echeverri Londoño, quien es coterráneo de Giraldo.
Estos hechos se suman a las enredadas cuentas que los promotores del referendo presentaron a las autoridades. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya les abrió investigación pues encontró inconsistencias en la contabilidad del proyecto por la presunta violación de los topes en su financiación.
El Registrador tiene la última palabra en la certificación del trámite de la iniciativa. Sin embargo, solo podrá pronunciarse una vez culmine la investigación del CNE.
Posible violación de topes,donaciones presentadas como créditos y presuntas donaciones de dudosa procedencia para financiar la campaña de recolección de firmas pro reelección de Uribe; presunto manejo de información privilegiada de las cédulas de los ciudadanos en beneficio de una causa; y encima, presunta manipulación de la justicia para evitar que se investiguen estos dudosos métodos... todo esto arroja dudas sobre la transparencia y la legitimidad con la que se ha impulsado el tercer mandato del actual Presidente.
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Reunión con el presidente Uribe pedirá Colombianos por la Paz para discutir carta de las Farc
Así lo anunció la senadora Piedad Córdoba, quien aseguró que la cita con el Primer Mandatario pretende analizar los diferentes puntos del comunicado de las Farc que se conoció en la noche del sábado.
En ella, el grupo subversivo deja a un lado la exigencia de una zona de despeje, y se comprometen a entregar el cuerpo del mayor de la Policía Julián Ernesto Guevara.
"Luego de esa reunión con el Presidente, Colombianos por la Paz redactarán una nueva carta que será dirigida a las Farc con el fin de precisar algunos de los puntos contenido la misiva de los guerrilleros", dijo Piedad, luego de la reunión que sostenida con más de 40 miembros de Colombianos por la Paz.
La congresista liberal aseguró que la prioridad del diálogo con el presidente Uribe es la de avanzar en la posibilidad de concretar un acuerdo humanitario que permita intercambiar a los policías y soldados en poder de las Farc por guerrillero presos en las cárceles colombianas.
"Nosotros creeríamos que si de aquí a dos o tres semanas el Gobierno define con las Farc la zona donde se van a reunir, en un mes ya hemos salido del intercambio", agregó.
En la reunión también se estableció que no habría ningún inconveniente para el entrega del cuerpo del mayor Guevara y que solo faltaba que las Farc entregara la información de la ubicación de cadáver del oficial.
Así mismo se conoció que la senadora Gloria Inés Ramírez está comisionada para entablar un diálogo con el Gobierno con el fin de establecer quién está diciendo la verdad y quien esta mintiendo, a propósito del paradero del cuerpo del jefe guerrillero 'Raúl Reyes', abatido el primero de marzo del año pasado.
Publicado en
www.eltiempo.com
En ella, el grupo subversivo deja a un lado la exigencia de una zona de despeje, y se comprometen a entregar el cuerpo del mayor de la Policía Julián Ernesto Guevara.
"Luego de esa reunión con el Presidente, Colombianos por la Paz redactarán una nueva carta que será dirigida a las Farc con el fin de precisar algunos de los puntos contenido la misiva de los guerrilleros", dijo Piedad, luego de la reunión que sostenida con más de 40 miembros de Colombianos por la Paz.
La congresista liberal aseguró que la prioridad del diálogo con el presidente Uribe es la de avanzar en la posibilidad de concretar un acuerdo humanitario que permita intercambiar a los policías y soldados en poder de las Farc por guerrillero presos en las cárceles colombianas.
"Nosotros creeríamos que si de aquí a dos o tres semanas el Gobierno define con las Farc la zona donde se van a reunir, en un mes ya hemos salido del intercambio", agregó.
En la reunión también se estableció que no habría ningún inconveniente para el entrega del cuerpo del mayor Guevara y que solo faltaba que las Farc entregara la información de la ubicación de cadáver del oficial.
Así mismo se conoció que la senadora Gloria Inés Ramírez está comisionada para entablar un diálogo con el Gobierno con el fin de establecer quién está diciendo la verdad y quien esta mintiendo, a propósito del paradero del cuerpo del jefe guerrillero 'Raúl Reyes', abatido el primero de marzo del año pasado.
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Más de $200 millones habría recibido Teodolindo por no votar reelección en 2004: Procuraduría
La cifra habría sido por la 'venta' de la Notaria 67. Por eso, el organismo de control pidió la condena contra el político conservador.
La petición se conoce dos semanas después de que el procurador Alejandro Ordóñez absolvió al ministro Diego Palacio y al embajador Sabas Pretelt por uno de los capítulos de la 'Ydispolítica': la confesión de Yidis Medina ante la Corte.
El procurador delegado en lo penal, Jorge Alberto González Vásquez, sorprendió al pedir condena contra Avendaño por los delitos de cohecho propio y enriquecimiento ilícito.
En este caso, dijo el procurador González, "no hubo ninguna calamidad doméstica para que el representante Avendaño se ausentara del recinto de la Cámara en momentos en que se votaba el proyecto de reelección". Y aseguró que el congresista "fue el eslabón de una acción criminal".
Para el Ministerio Público, la ausencia del ex congresista y el cambio de postura de Yidis Medina al dar su voto a favor fueron determinantes para cumplir los propósitos de aprobar la reelección presidencial en momentos en que el futuro del proyecto estaba seriamente comprometido en la comisión Primera de la Cámara.
"Yidis se retracta de su propuesta de archivo y Teodolindo no vota, omitiendo los deberes de su cargo, por haber recibido promesas remuneratorias", afirmó el procurador González al sustentar su concepto.
Según el representante del Ministerio Público, meses después, el patrimonio de Teodolindo aumentó de manera extraña. De sólo contar con su sueldo de pensionado, empezó a recibir en sus cuentas, y en las de su esposa, consignaciones desde Bogotá,
Barranquilla y Bucaramanga por sumas que iban de los nueve a los 20 millones de pesos entre los años 2005 al 2007. "Ese fue el precio del delito", agregó.
También se refirió a los argumentos esgrimidos por el abogado defensor de Teodolindo y a las declaraciones del ex congresista en el proceso, como "una pirámide de mentiras".
A su juicio, las explicaciones dadas por Avendaño para ausentarse del Congreso en el momento de la votación para atender el accidente automovilístico que sufrió uno de sus hijos no son ciertas al establecer que el conductor no sufrió ninguna lesión, el siniestro ocurrió cinco días antes de la votación en el Congreso y el vehículo estaba asegurado.
"El acusado quiere que la honorable Corte crea que era muy importante su presencia en Cali para arreglar el transporte en taxi de su nuera, quien era propietaria del carro accidentado, pedía que la indemnizaran mientras el vehículo salía del taller. La versión de la calamidad doméstica y la inmensa angustia de la que habla el defensor caen de su base", dijo a los magistrados.
Para el procurador González resulta extraño que a pesar de la angustia que tuvo por el accidente de su hijo, Teodolindo viajó a la ciudad de Armenia, llegó primero a su casa en Caicedonia (Valle) y tres días después arribó a Cali para atender el asunto.
"Ni una sola vez llamó a su hijo para estar al tanto del desarrollo de los acontecimientos".
El representante del Ministerio Público tampoco cree que un político "avezado" como el fallecido representante a la Cámara Roberto Camacho le dijera a Teodolindo que saliera inmediatamente a atender a su familia en momentos en que la reelección en la Comisión Primera de la Cámara estaba comprometida.
Frente a las explicaciones dadas por el ex congresista para justificar el dinero que recibió como un préstamo de Yidis Medina para financiar su campaña política al Congreso en el 2006, el Procurador le dijo a los magistrados que hay que tener en cuenta que Yidis no tenía capacidad económica para prestar 200 millones de pesos y que a ella no le interesaba apoyar una candidatura del Valle del Cauca si no era una región de su influencia.
"¿Será que Yidis iba a pedirle a un hombre que no era joven, con mujer e hijos, tamaña suma sin un sólo documentos que respaldara la deuda y sin intereses? ¿Será que le iba a prestar porque sí a un hombre de 73 años y con herederos?", se preguntó el representante del Ministerio Público en su intervención.
Para el procurador, las anotaciones encontradas en varias agendas en la que tenía una relación de varias notarías y el ingreso mensual que producían, el nombre de Luis
Camilo O¿meara con su número de cédula y de teléfono, y las llamadas que recibió de su celular del entre los años 2006 y 2008, son prueba suficiente para determinar que si se negoció la Notaría 67.
También le dio credibilidad al testimonio de Nelly Magda Núñez Rodríguez, la empleada de servicio de la Notaría 67, quien aseguró en el juicio haber visto varias veces a Teodolindo en ese despacho entrevistándose con el notario O'meara. "Lo que dice ella está apoyado con otras pruebas, como las consignaciones que ella misma hizo", señaló el procurador González.
De otro lado, dijo que la llamada interceptada por las autoridades a Gilberto Avendaño, uno de los hijos del ex congresista, en la que imparte instrucciones para ocultar pruebas, establece que el pagaré que firmó su padre para respaldar la deuda por la Notaría si existe.
Finalmente dijo que en lo referente a los altos funcionarios del Gobierno que participaron en los hechos, de acuerdo con lo declarado por Yidis Medina, eso lo debe definir la Fiscalía.
El concepto es un campanazo para los funcionarios del Gobierno que están investigados disciplinariamente porque supuestamente participaron en la entrega de la Notaría 67 a Teodolindo.
Durante la audiencia, el abogado de Teodolindo Avendaño, Pablo Salah, renunció a la representación del político. Sin embargo, la Corte le aclaró que hasta que Avendaño no consiga otro abogado, no podrá dejar el caso.
Salah, como argumento para renunciar, aduce que no tiene garantías para ejercer la defensa de Teodolindo.
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La petición se conoce dos semanas después de que el procurador Alejandro Ordóñez absolvió al ministro Diego Palacio y al embajador Sabas Pretelt por uno de los capítulos de la 'Ydispolítica': la confesión de Yidis Medina ante la Corte.
El procurador delegado en lo penal, Jorge Alberto González Vásquez, sorprendió al pedir condena contra Avendaño por los delitos de cohecho propio y enriquecimiento ilícito.
En este caso, dijo el procurador González, "no hubo ninguna calamidad doméstica para que el representante Avendaño se ausentara del recinto de la Cámara en momentos en que se votaba el proyecto de reelección". Y aseguró que el congresista "fue el eslabón de una acción criminal".
Para el Ministerio Público, la ausencia del ex congresista y el cambio de postura de Yidis Medina al dar su voto a favor fueron determinantes para cumplir los propósitos de aprobar la reelección presidencial en momentos en que el futuro del proyecto estaba seriamente comprometido en la comisión Primera de la Cámara.
"Yidis se retracta de su propuesta de archivo y Teodolindo no vota, omitiendo los deberes de su cargo, por haber recibido promesas remuneratorias", afirmó el procurador González al sustentar su concepto.
Según el representante del Ministerio Público, meses después, el patrimonio de Teodolindo aumentó de manera extraña. De sólo contar con su sueldo de pensionado, empezó a recibir en sus cuentas, y en las de su esposa, consignaciones desde Bogotá,
Barranquilla y Bucaramanga por sumas que iban de los nueve a los 20 millones de pesos entre los años 2005 al 2007. "Ese fue el precio del delito", agregó.
También se refirió a los argumentos esgrimidos por el abogado defensor de Teodolindo y a las declaraciones del ex congresista en el proceso, como "una pirámide de mentiras".
A su juicio, las explicaciones dadas por Avendaño para ausentarse del Congreso en el momento de la votación para atender el accidente automovilístico que sufrió uno de sus hijos no son ciertas al establecer que el conductor no sufrió ninguna lesión, el siniestro ocurrió cinco días antes de la votación en el Congreso y el vehículo estaba asegurado.
"El acusado quiere que la honorable Corte crea que era muy importante su presencia en Cali para arreglar el transporte en taxi de su nuera, quien era propietaria del carro accidentado, pedía que la indemnizaran mientras el vehículo salía del taller. La versión de la calamidad doméstica y la inmensa angustia de la que habla el defensor caen de su base", dijo a los magistrados.
Para el procurador González resulta extraño que a pesar de la angustia que tuvo por el accidente de su hijo, Teodolindo viajó a la ciudad de Armenia, llegó primero a su casa en Caicedonia (Valle) y tres días después arribó a Cali para atender el asunto.
"Ni una sola vez llamó a su hijo para estar al tanto del desarrollo de los acontecimientos".
El representante del Ministerio Público tampoco cree que un político "avezado" como el fallecido representante a la Cámara Roberto Camacho le dijera a Teodolindo que saliera inmediatamente a atender a su familia en momentos en que la reelección en la Comisión Primera de la Cámara estaba comprometida.
Frente a las explicaciones dadas por el ex congresista para justificar el dinero que recibió como un préstamo de Yidis Medina para financiar su campaña política al Congreso en el 2006, el Procurador le dijo a los magistrados que hay que tener en cuenta que Yidis no tenía capacidad económica para prestar 200 millones de pesos y que a ella no le interesaba apoyar una candidatura del Valle del Cauca si no era una región de su influencia.
"¿Será que Yidis iba a pedirle a un hombre que no era joven, con mujer e hijos, tamaña suma sin un sólo documentos que respaldara la deuda y sin intereses? ¿Será que le iba a prestar porque sí a un hombre de 73 años y con herederos?", se preguntó el representante del Ministerio Público en su intervención.
Para el procurador, las anotaciones encontradas en varias agendas en la que tenía una relación de varias notarías y el ingreso mensual que producían, el nombre de Luis
Camilo O¿meara con su número de cédula y de teléfono, y las llamadas que recibió de su celular del entre los años 2006 y 2008, son prueba suficiente para determinar que si se negoció la Notaría 67.
También le dio credibilidad al testimonio de Nelly Magda Núñez Rodríguez, la empleada de servicio de la Notaría 67, quien aseguró en el juicio haber visto varias veces a Teodolindo en ese despacho entrevistándose con el notario O'meara. "Lo que dice ella está apoyado con otras pruebas, como las consignaciones que ella misma hizo", señaló el procurador González.
De otro lado, dijo que la llamada interceptada por las autoridades a Gilberto Avendaño, uno de los hijos del ex congresista, en la que imparte instrucciones para ocultar pruebas, establece que el pagaré que firmó su padre para respaldar la deuda por la Notaría si existe.
Finalmente dijo que en lo referente a los altos funcionarios del Gobierno que participaron en los hechos, de acuerdo con lo declarado por Yidis Medina, eso lo debe definir la Fiscalía.
El concepto es un campanazo para los funcionarios del Gobierno que están investigados disciplinariamente porque supuestamente participaron en la entrega de la Notaría 67 a Teodolindo.
Durante la audiencia, el abogado de Teodolindo Avendaño, Pablo Salah, renunció a la representación del político. Sin embargo, la Corte le aclaró que hasta que Avendaño no consiga otro abogado, no podrá dejar el caso.
Salah, como argumento para renunciar, aduce que no tiene garantías para ejercer la defensa de Teodolindo.
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Procuraduría pide condena contra el ex congresista Teodolindo Avendaño
Para el Ministerio Público hay certeza de que el acusado recibió dinero a cambio de ausentarse de la votación de la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial.
De hecho, para el organismo de control el congresista debe responder, además del cohecho propio, por el de enriquecimiento ilícito.
Este último delito se habría configurado por el pago de varios cientos de millones de pesos a cambio de una Notaría.
"Hay certeza total de que los hechos ocurrieron y el congresista fue el autor de ellos", dijo el agente de la Procuraduría durante la audiencia que se efectúa en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En la misma audiencia, la Corte aceptó la renuncia del abogado Pablo Salah como defensor de Avendaño. Sin embargo, deberá seguir representándolo mientras se nombra uno nuevo.
No hubo conciliación
De ortro lado, el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, y Yidis Medina, se vieron hoy las caras en el despacho del Fiscal General pero no llegaron a ningún acuerdo por el pleito que tienen.
La audiencia de conciliación por las acusaciones del funcionario contra la ex parlamentaria no se llevó a cabo, porque no asistió a la diligencia el abogado de Yidis Medina, Ramón Ballesteros.
La ex representante había denunciado al titular de la cartera de la protección por unas declaraciones en las que la tildó de loca.
La Fiscalía anunció que en próximos días los citará nuevamente con miras a que lleguen a un acuerdo.
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De hecho, para el organismo de control el congresista debe responder, además del cohecho propio, por el de enriquecimiento ilícito.
Este último delito se habría configurado por el pago de varios cientos de millones de pesos a cambio de una Notaría.
"Hay certeza total de que los hechos ocurrieron y el congresista fue el autor de ellos", dijo el agente de la Procuraduría durante la audiencia que se efectúa en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En la misma audiencia, la Corte aceptó la renuncia del abogado Pablo Salah como defensor de Avendaño. Sin embargo, deberá seguir representándolo mientras se nombra uno nuevo.
No hubo conciliación
De ortro lado, el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, y Yidis Medina, se vieron hoy las caras en el despacho del Fiscal General pero no llegaron a ningún acuerdo por el pleito que tienen.
La audiencia de conciliación por las acusaciones del funcionario contra la ex parlamentaria no se llevó a cabo, porque no asistió a la diligencia el abogado de Yidis Medina, Ramón Ballesteros.
La ex representante había denunciado al titular de la cartera de la protección por unas declaraciones en las que la tildó de loca.
La Fiscalía anunció que en próximos días los citará nuevamente con miras a que lleguen a un acuerdo.
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martes, 7 de julio de 2009
Carta completa del Secretariado de las Farc
Conflicto armado El siguiente es el texto que el Secretariado de las Farc envió a Colombianos por la paz y que habla sobre el intercambio humanitario, la entrega de los restos del mayor Julián Guevara y las cifras de secuestrados.
Colombianas y Colombianos por la Paz;
Senadora PIEDAD CÓRDOBA
Bogotá.
Reciban el saludo cordial de las guerrilleras y guerrilleros de las FARC-EP.
El diálogo epistolar sobre el problema de la guerra y la paz, reúne cada día a más y más colombianos, y suscita la adhesión de las más variadas organizaciones y personalidades del mundo, bajo la certeza del carácter político que reviste la confrontación.
Estamos seguros que la reciente liberación unilateral de seis prisioneros a instancias de su importante gestión, estimula el esfuerzo colectivo que busca la solución al inmenso drama que vive Colombia. Colombianas y Colombianos por la Paz está haciendo renacer la esperanza de un país que siente en lo profundo de su ser nacional que nuestro destino histórico no puede ser la guerra civil ni tampoco el sometimiento indefinido a un régimen corrupto e injusto, eminentemente militarista, guardián de intereses políticos y económicos de una minoría oligárquica y de una élite privilegiada, antidemocrática, excluyente socialmente, sorda a las angustias de las mayorías nacionales e insensible ante los reclamos y necesidades de la gente humilde. En las FARC-EP estamos convencidos que otra Colombia es posible y que se pueden forjar entre todos, alternativas políticas hacia la elaboración del proyecto de una nueva sociedad más equilibrada, incluyente y justa.
Quisiéramos reiterarles que estamos listos para el canje de prisioneros de guerra y en disposición de no hacer del lugar de diálogo un obstáculo insalvable, privilegiando la libertad de los prisioneros en poder de las partes contendientes.
Para nuestros voceros Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada y Fabián Ramírez reclamamos garantías efectivas, consignadas en protocolos acordados con nosotros, que definan condiciones de modo, tiempo y lugar, y publicitados con suficiente anticipación. Se hace necesario que además del acompañamiento de CPP también exista una veeduría de la comunidad internacional.
Estas exigencias no son un capricho. Ustedes y todo el país presenciaron las provocaciones y el riesgo real que rodearon y casi frustran la liberación unilateral de los cuatro uniformados, de Alan Jara y Sigifredo López que nos releva de referirles innumerables situaciones anteriores de idéntica factura y concepción.
En su misiva nos piden regresar al tema de las retenciones económicas, sobre el que ya les reflexionamos anteriormente con toda franqueza. Sucede que el gobierno, en aras de su lucha contrainsurgente, impulsa una matriz de opinión artificial y mentirosa en busca de un efecto en la población, deliberadamente falaz y manipulador.
Las cifras oficiales insisten, a través de una campaña machacona, que las FARC tendrían en su poder a más de 3.800 retenidos por razones económicas. Hemos consultado con todas nuestras estructuras político-militares desplegadas en el territorio nacional y podemos informar, que a la fecha, bajo responsabilidad de las FARC-EP, solo existen 9 retenidos por concepto de la ley 002.
El militarismo a ultranza y la desinformación que distingue a este gobierno ha intoxicado con su reconocida perfidia el asunto. Recordamos que en la carta anterior enumeramos el universo de los actores que en Colombia, practican esta modalidad.
Queremos insistirles en la importancia de mantener vigente la bandera de libertad para los presos políticos, la mayoría de ellos víctimas de montajes no ajenos a la estrategia gubernamental de disuasión a cualquier intento de proyecto de alternativa y opción política, así como también a no dejar apagar la lucha sobre esos crímenes oficiales y sistemáticos publicitados como "falsos positivos", las desapariciones forzadas y los desplazamientos que hoy estremecen a la opinión mundial.
Estamos analizando las propuestas de la senadora Piedad Córdoba encaminadas a dinamizar el camino hacia la paz con justicia social, y en este marco anunciamos el compromiso de enviar, cuando tengamos condiciones propicias, pruebas de supervivencia de los 20 militares y policías prisioneros, a sus familiares.
En atención a esa misma solicitud, los restos del mayor Guevara serán entregados a su madre en fecha y lugar que indicaremos más adelante cuando la situación de orden público lo permita, a la vez que elevamos la solicitud a Colombianas y Colombianos por la Paz a exigir del gobierno nacional la entrega de los cadáveres de los comandantes Raúl Reyes e Iván Ríos a sus familiares.
De ustedes, atentamente:
Secretariado del Estado Mayor Central, FARC-EP
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Colombianas y Colombianos por la Paz;
Senadora PIEDAD CÓRDOBA
Bogotá.
Reciban el saludo cordial de las guerrilleras y guerrilleros de las FARC-EP.
El diálogo epistolar sobre el problema de la guerra y la paz, reúne cada día a más y más colombianos, y suscita la adhesión de las más variadas organizaciones y personalidades del mundo, bajo la certeza del carácter político que reviste la confrontación.
Estamos seguros que la reciente liberación unilateral de seis prisioneros a instancias de su importante gestión, estimula el esfuerzo colectivo que busca la solución al inmenso drama que vive Colombia. Colombianas y Colombianos por la Paz está haciendo renacer la esperanza de un país que siente en lo profundo de su ser nacional que nuestro destino histórico no puede ser la guerra civil ni tampoco el sometimiento indefinido a un régimen corrupto e injusto, eminentemente militarista, guardián de intereses políticos y económicos de una minoría oligárquica y de una élite privilegiada, antidemocrática, excluyente socialmente, sorda a las angustias de las mayorías nacionales e insensible ante los reclamos y necesidades de la gente humilde. En las FARC-EP estamos convencidos que otra Colombia es posible y que se pueden forjar entre todos, alternativas políticas hacia la elaboración del proyecto de una nueva sociedad más equilibrada, incluyente y justa.
Quisiéramos reiterarles que estamos listos para el canje de prisioneros de guerra y en disposición de no hacer del lugar de diálogo un obstáculo insalvable, privilegiando la libertad de los prisioneros en poder de las partes contendientes.
Para nuestros voceros Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada y Fabián Ramírez reclamamos garantías efectivas, consignadas en protocolos acordados con nosotros, que definan condiciones de modo, tiempo y lugar, y publicitados con suficiente anticipación. Se hace necesario que además del acompañamiento de CPP también exista una veeduría de la comunidad internacional.
Estas exigencias no son un capricho. Ustedes y todo el país presenciaron las provocaciones y el riesgo real que rodearon y casi frustran la liberación unilateral de los cuatro uniformados, de Alan Jara y Sigifredo López que nos releva de referirles innumerables situaciones anteriores de idéntica factura y concepción.
En su misiva nos piden regresar al tema de las retenciones económicas, sobre el que ya les reflexionamos anteriormente con toda franqueza. Sucede que el gobierno, en aras de su lucha contrainsurgente, impulsa una matriz de opinión artificial y mentirosa en busca de un efecto en la población, deliberadamente falaz y manipulador.
Las cifras oficiales insisten, a través de una campaña machacona, que las FARC tendrían en su poder a más de 3.800 retenidos por razones económicas. Hemos consultado con todas nuestras estructuras político-militares desplegadas en el territorio nacional y podemos informar, que a la fecha, bajo responsabilidad de las FARC-EP, solo existen 9 retenidos por concepto de la ley 002.
El militarismo a ultranza y la desinformación que distingue a este gobierno ha intoxicado con su reconocida perfidia el asunto. Recordamos que en la carta anterior enumeramos el universo de los actores que en Colombia, practican esta modalidad.
Queremos insistirles en la importancia de mantener vigente la bandera de libertad para los presos políticos, la mayoría de ellos víctimas de montajes no ajenos a la estrategia gubernamental de disuasión a cualquier intento de proyecto de alternativa y opción política, así como también a no dejar apagar la lucha sobre esos crímenes oficiales y sistemáticos publicitados como "falsos positivos", las desapariciones forzadas y los desplazamientos que hoy estremecen a la opinión mundial.
Estamos analizando las propuestas de la senadora Piedad Córdoba encaminadas a dinamizar el camino hacia la paz con justicia social, y en este marco anunciamos el compromiso de enviar, cuando tengamos condiciones propicias, pruebas de supervivencia de los 20 militares y policías prisioneros, a sus familiares.
En atención a esa misma solicitud, los restos del mayor Guevara serán entregados a su madre en fecha y lugar que indicaremos más adelante cuando la situación de orden público lo permita, a la vez que elevamos la solicitud a Colombianas y Colombianos por la Paz a exigir del gobierno nacional la entrega de los cadáveres de los comandantes Raúl Reyes e Iván Ríos a sus familiares.
De ustedes, atentamente:
Secretariado del Estado Mayor Central, FARC-EP
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Los enviados de Dios
Marianne Ponsford
La marcha convocada por Daniel Pacheco en la Plaza de Bolívar de Bogotá reunió a unas mil personas. “No a Alvarito, sí al bareto”, y “No al paraco, sí al perico” fueron las consignas más celebradas. El evento fue tranquilo y digno.
En Roma se formaron manifestaciones de protesta frente a la Iglesia de San Pedro en el Vaticano, por las declaraciones del Papa Benedicto XVI en contra del uso del condón
Si yo fuera una madre de familia y alguien me preguntara si me parece bien penalizar el consumo de drogas, diría de inmediato que sí. Estaría convencida de que esa medida reduciría las posibilidades de que mis hijos probaran la marihuana o la cocaína. La adicción en un adolescente es un asunto pavoroso y el sufrimiento que produce en los padres es devastador.
Si yo fuera una mujer casada y alguien me preguntara si estoy de acuerdo con la práctica de la fidelidad marital, diría de inmediato que sí. ¿Acaso alguien se casa para aguantar que su pareja se ande acostando con otros por ahí o para ir uno a buscar consuelo a otra cama? La infidelidad es un asunto de tristes causas y aún más tristes consecuencias.
Me imagino que muchos colombianos estamos de acuerdo en este par de puntos. Por eso, es entendible que esa misma mayoría esté de acuerdo con penalizar el porte y consumo de la dosis personal de estupefacientes. Y esté de acuerdo también con la Iglesia por su postura en contra del uso del condón y a favor de la fidelidad, como estrategia para combatir el sida. Porque ambas medidas parecen estar encaminadas a proteger una institución social que casi todo el mundo quiere por encima de cualquier otra cosa: la familia.
La argumentación de los padres de familia parece fuerte: ¿Cómo no querer que el desgraciado jíbaro que le vende un cacho de marihuana a un niño se pudra en la cárcel? Y ¿cómo no querer que el marido de uno no le ponga los cachos? ¿Qué tiene de malo querer ser feliz, vivir en paz, ver bien a los hijos? ¿A quién se le puede ocurrir que un vicioso delincuente o que una descarriada prostituta estén ejerciendo el derecho al "libre desarrollo de su personalidad"? ¡Que lo ejerzan en la cárcel! ¿Acaso la droga no es la causa de todos nuestros males? ¿De la violencia? ¿De las Farc? ¿De las mafias del narcotráfico? ¿Acaso la infidelidad y la promiscuidad no son síntomas de una soledad demasiado ruidosa?
Mejor dicho, todo está resuelto: hay que salir a dar vivas a Benedicto XVI y a Álvaro Uribe. Papa y Presidente no quieren otra cosa que nuestro bienestar.
Ah, pero nada es tan fácil como quisiéramos. Hay peligrosos equívocos en esa lógica que cree posible un mundo perfecto y feliz, hecho a su medida. Pero el mundo no es así. La realidad traiciona a cada rato las buenas intenciones.
El continente desolado
África, por ejemplo, es un continente devastado. Desde 1981, más de 25 millones de personas han muerto de sida. Once millones seiscientos mil niños han quedado huérfanos. El 46 por ciento de las mujeres embarazadas en África subsahariana están infectadas. Y se estima que 22 millones son hoy seropositivos. ¿Será porque los africanos son más dados al desenfreno carnal? A menos que seamos unos racistas infames, es obvio que no. Cientos de estudios realizados a lo largo de estas décadas han dado una respuesta unánime y contundente: es porque son pobres. Paupérrimos. Tienen un muy escaso acceso a la educación y a la salud. A eso que tantos damos por sentado y que suele llamarse "una vida digna". Son herederos de una sociedad colonial implacable, que convirtió hace siglos al océano Atlántico en el más triste y multitudinario y silencioso cementerio de la humanidad. Ni el holocausto judío se puede comparar con los millones de hombres y mujeres que murieron ahogados, encadenados en las galeras rumbo a la América colonial.
Durante estas tres últimas décadas, tanto Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud y muchos gobiernos del Primer Mundo, han invertido miles de millones de dólares en programas de educación y prevención, y en difundir el uso del preservativo. El resultado ha sido elocuente: en todos los países africanos que han masificado el acceso a los preservativos, con Uganda a la cabeza, las cifras de infección y muerte por causa del sida han disminuido drásticamente.
Suele decirse que la muerte es la instancia más democrática de lo humano. A todos nos toca. Pero no es cierto. Si uno es pobre, tiene menos esperanza de vida. Si uno es rico, o vive en un país rico, tiene más probabilidades de morir de puro viejo. La verdad es que la instancia más democrática que nos fue dada a los hombres no es la muerte sino el sexo. Por eso mismo, las declaraciones a los periodistas de Benedicto XVI en el vuelo que lo llevaba a Camerún para comenzar su gira africana son tan impertinentes. ¿Ahora resulta que unas sociedades tan marginalizadas en todos los sentidos tienen que abstenerse de la única forma de placer que les es accesible? África tiene 12 millones de católicos. ¿Cómo puede entonces el Papa decir que el uso del condón agrava el problema del sida? La respuesta cabe en una sola palabra: el dogma: esa creencia que no admite réplica, que no se puede someter al debate de la inteligencia ni puede ser controvertida por la evidencia. El dogma es una imposición que exige obediencia ciega. Pero el dogma es también el más violento mecanismo de control sobre una sociedad, y sin duda el más antidemocrático. Nadie puede opinar, nadie puede participar, nadie puede dar un testimonio. Seguir insistiendo en la abstención y en la castidad como únicos métodos para prevenir el sida es un anacronismo de trágicas consecuencias: la gente se muere. Y hoy por hoy, mueren muchas más mujeres que hombres, y sobre todo jóvenes entre los 15 y 24 años. No mueren por promiscuas, sino porque sus parejas han tenido otras relaciones. ¿Es justa esa condena de muerte? ¿Alguien la puede defender? ¿No parece lógico que lo que hay que hacer es invertir en educación, en prevención, en intentar sacar de la ignorancia y ofrecer servicios de salud a los millones de niñas que ni siquiera saben que el sida existe? La realidad es más fuerte que el dogma: el sida es, al igual que la adicción, un problema de salud pública. Pero además, ¿qué padre de familia hoy quiere para su hija una vida condenada a parir uno tras otro 20 hijos? ¿No tendrá ella derecho a decidir cuántos hijos tener? El dogmático Papa dice que no. Y se dedica a predicar imposibles en un continente lleno de muerte y hambruna, de enormes desplazamientos de población que desmembran familias, que truncan amores, que condenan a vivir sin dignidad. ¿Alguien puede defender semejante postura?
Pero ¿qué tiene que ver ese Papa retardatario que quiere dar la misa de espalda a los fieles y en latín, que reprueba la colorida alegría de las danzas africanas, con la penalización del consumo que propone Uribe?
Mucho. Porque ambas posturas provienen de una misma raíz ideológica. De una misma idea de sociedad. Y sobre todo, porque ambas buscan el sometimiento de la voluntad individual a lo que una autoridad determinada considere en un momento dado "el bienestar supremo de la colectividad". Y eso del bien colectivo es un concepto tan maleable, que hasta fue la bandera de la Unión Soviética de Stalin.
Para ilustrar por qué sí tienen que ver las posturas del Papa (que es vitalicio) y del Presidente (que quiere serlo y necesita votos), tengo que echar para atrás en el tiempo y contar una breve historia. El 7 de agosto de 2002, el recién elegido presidente Uribe cumplió su promesa electoral y radicó en el Congreso su proyecto de referendo. Se suponía que era un referendo para "acabar con la politiquería y la corrupción", pero como era de esperarse, el Congreso no estaba dispuesto a dar su visto bueno tan fácilmente a un proyecto que los golpeaba de manera brutal. Y entonces comenzaron las negociaciones. Fue el en ese entonces senador Rodrigo Rivera quien le mencionó por primera vez a Uribe el tema de la penalización de la dosis personal. Rivera estaba desilusionado porque dos semanas atrás, se había aprobado una ley propuesta por él -la 745 de 2002-, en la que se multaba (es decir, se consideraba una infracción, no un acto criminal, como saltarse un semáforo) a quien consumiera estupefacientes frente a menores de edad. Pero la Corte había tumbado buena parte del proyecto de ley, y había quedado en el limbo quién la ejecutaría y cómo. Al no tener responsables claros ni procedimientos definidos, la ley había quedado reducida a puras buenas intenciones de papel.
Uribe necesitaba el favor de los liberales para su referendo. Pero además, el tema le fascinó de inmediato. En aquel entonces, el Presidente supo de una encuesta que revelaba que el 70 por ciento de los colombianos asociaba droga y delito y despreciaba profundamente al adicto. Ante la necesidad de aprobación del referendo, en vez de ayudar a sacar del limbo la ley de Rivera, Uribe se apropió del tema e incluyó la pregunta sobre la penalización de la dosis personal en un referendo que en principio no tenía absolutamente nada que ver con eso.
Ese fue el inicio de los cuatro proyectos de ley que ha presentado el gobierno durante estos años para penalizar la dosis personal. Y es probable que esta vez sí se apruebe. Uribe sabe que un tema que cuenta con el apoyo popular, que cree que esa prohibición logrará por arte de magia acabar con la delincuencia, con la violencia del narcotráfico y con la fuente de ingresos del negocio. Nadie quiere tener que pensar más allá. Todo parece sensato.
Pero existe un pequeño problema: esto no es cierto.
El vicio de prohibir
Porque es precisamente la prohibición la que ha hecho florecer el negocio del narcotráfico. Un día antes de que el gobierno radicó el proyecto, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, liderada por los ex presidentes César Gaviria, Fernando Henrique Cardoso y Ernesto Zedillo y conformada por muy serios intelectuales de América Latina, publicó un documento contundente: reafirma que la violencia y el crimen organizado asociados con el narcotráfico constituyen uno de los problemas más graves de América Latina. E invita a aceptar que la estrategia de los últimos 30 años en la guerra contra las drogas fracasó, dada la evidencia de las cifras (de hectáreas de coca cultivadas a pesar de fumigaciones; de muertes violentas a pesar de miles de capturas y bajas; de lavado de activos a pesar de los controles y un largo etcétera). Dice así. "Las políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción y de interdicción al tráfico y a la distribución, así como la criminalización del consumo, no han producido los resultados esperados. Estamos más lejos que nunca del objetivo proclamado de erradicación de las drogas". Y añade algo más: las mafias de la droga constituyen una profunda amenaza contra la democracia: han logrado criminalizar la política con su inmenso poder corruptor de funcionarios públicos, de jueces, de gobiernos y de fuerzas policiales. La democracia se arrodilla ante el poder de las mafias del narcotráfico.
Lo primero que queda en evidencia después de leer el informe es que el presidente Uribe no es el único que quiere erradicar el problema de las drogas. No. Excepto los traficantes, todo el mundo quiere lo mismo. Y esto hay que decirlo porque su hábil estrategia política logra confundirnos y acabamos creyendo que si no lo apoyamos es porque condonamos la delincuencia. No es cierto. Es sólo que hay diferencia de opiniones sobre cómo hacerlo. Durante tres décadas, la guerra contra las drogas ha estado basada en exactamente las mismas propuestas de Uribe: prohibir, criminalizar, fumigar. Nada de eso ha servido. Y nadie ha pagado más caro que Colombia -en sangre y dolor- el costo de ese prohibicionismo.
Pero el proyecto de Uribe no sólo persiste en tácticas fracasadas: tiene otras implicaciones que conviene mirar: lo que busca es derogar la sentencia C-221 de 1994 del entonces magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria, hoy presidente del Polo y principal opositor político de Uribe. Una curiosa casualidad. Esa sentencia despenalizaba la dosis personal basándose en que el individuo tiene derecho a decidir qué es bueno o malo para sí. Es decir, trata al ciudadano como a un adulto. Le exige criterio. Autonomía. Asume que el Estado lo ha educado para poder ejercer su libertad personal. E implicaba en todo caso que la prohibición no es el camino.
La tentación de prohibir ha provenido, históricamente, del miedo. Y el autoritarismo tiene en el miedo su más poderosa herramienta. Basta mirar la historia de la Iglesia Católica. Miedo al infierno, miedo a la culpa, miedo al sexo. Miedo a todo aquello que reste capacidad de control por parte de la suprema autoridad que todo lo ve. Para la mente autoritaria, "permitir" equivale a "permisividad". Si algo se deja al libre albedrío del individuo, el autoritario está convencido de que lo que sigue es el frenesí, el desbordamiento, el exceso. No la libertad, sino el libertinaje.
Por eso el Papa predica la abstinencia sexual; por eso Uribe quiere prohibir fumar un cigarrillo de marihuana; porque ninguno de los dos confía en que un hombre o una mujer decidan ser fieles por ellos mismos, o que elijan cuándo y cómo y por qué quieren fumar o consumir o dejar de hacerlo. Es decir, en el fondo, le están negando a la educación su capacidad de empoderamiento del ser humano. Lo tratan como a un niño.
El esplendor de los cristianos
Si todo esto le parece lejano al lector, demasiado abstracto, intentaré decirlo de otra manera, contando otra historia que en apariencia no tiene nada que ver:
Los medios de comunicación registran con entusiasmo un concierto de Joaquín Sabina al que asistieron 4.000 personas, pero ignoran el concierto de un tal Alejandro Olivares, un roquero cristiano argentino que congregó a más de 10.000 jóvenes hace dos años en... Tunja (!!!) y cuyos videos baten récord de hits en Youtube. Nadie analiza el fenómeno masivo -en devoción y en votos- que han generado las nuevas iglesias cristianas porque no es una expresión de clase alta. Pero aquella fórmula tan colombiana de que lo que funciona es "lo aspiracional", aquí no aplica.
Y la verdad es que en los últimos años, los cristianos han tenido cada vez más presencia en el Congreso. Rodrigo Rivera mismo se convirtió al cristianismo. Y ese Congreso tan uribista es el mismo que en julio de 2005 condecoró a los pastores evangélicos Ricardo y María Patricia Rodríguez, de la Iglesia Centro de Avivamiento para Las Naciones, con la Cruz de Oro de la Orden de la Democracia Simón Bolívar, por los servicios prestados al país en el ejercicio de su misión evangélica. Representan a miles y miles de feligreses, es decir, de obedientes votantes.
Y miren cómo se mueven: caso uno. El 3 de mayo de 2007 Édgar Espíndola Niño, ex alcalde de Sogamoso y cristiano evangélico, ocupó la curul de Luis Eduardo Vives, investigado por nexos con el paramilitarismo. Su proyecto de ley estrella fue el siguiente: multar con 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes a todo el que incurriera en adulterio. Inevitable preguntarse: ¿No sería preferible que el Estado no interfiriera en los problemas de pareja? ¿No será que pertenecen a la esfera de la intimidad? Caso dos. Víctor Velásquez Reyes, senador del movimiento Colombia Viva en Unión Cristiana, presentó un proyecto de ley para prohibir a homosexuales y prostitutas el uso de prendas que se puedan interpretar como exhibicionismo con fines comerciales. Inevitable preguntarse:¿Debe el Estado regular la profundidad del escote, o el largo de la falda? Caso tres, que ya pasa de castaño oscuro: la semana pasada se debatió en el Congreso el siguiente proyecto de ley, presentado por la senadora Claudia Rodríguez de Castellanos, fundadora de la Misión Carismática Internacional, y cuyos feligreses la llevaron a ocupar su curul: "La presente ley tiene por objeto otorgar competencia a los comandantes y subcomandantes de Estación de Policía, para aplicar la retención transitoria en Comandos de Estación a toda persona que evidencie vulnerabilidad, indefensión o excitación, y que por esa condición puedan convertirse en potenciales víctimas o victimarios". ¿Tengo que hacer una pregunta?
La misma madre de familia que apoya un proyecto porque quiere proteger a sus hijos del contacto con la droga se va a topar cualquier día con que a su hijo o su marido lo han detenido, por ejemplo, por caminar tranquilamente hacia su casa con unos cuantos traguitos de más. ¿Debería el Estado decidir si usted camina por la calle 'demasiado' contento (excitado) o demasiado asustado (vulnerable)? ¿No son estos conceptos peligrosamente ambiguos? ¿No pueden convertirse en métodos aberrantes para coartar la libertad individual?
Prohibir al individuo el ejercicio de una libertad para consigo mismo, que no vulnere a otros, es la máxima tentación cristiana, y es la herramienta de control social más cara a todo paternalismo autoritario. Tanto en la política como en la religión. Las respuestas a los problemas del narcotráfico y el sida no están en impedir el uso de condones o marihuana, sino en la capacidad que tengamos de superar el miedo milenario al sexo y a las drogas. Hay que promover toda propuesta de ley o reforma eclesiástica que busque empoderar al individuo. Para que sea él quien decida para cuándo quiere dejar el gustico. Pero por más que uno busque, en los últimos seis años no encontrará ninguna propuesta de esta naturaleza. Sólo Papas que quieren gobernar y revivir las cruzadas, y presidentes que quieren desfilar con el sahumerio bamboleante mientras bendicen, entre el humo y los votos, a la penitente feligresía.Semana.com, Revista Semana, edición 1404
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www.semana.com
La marcha convocada por Daniel Pacheco en la Plaza de Bolívar de Bogotá reunió a unas mil personas. “No a Alvarito, sí al bareto”, y “No al paraco, sí al perico” fueron las consignas más celebradas. El evento fue tranquilo y digno.
En Roma se formaron manifestaciones de protesta frente a la Iglesia de San Pedro en el Vaticano, por las declaraciones del Papa Benedicto XVI en contra del uso del condón
Si yo fuera una madre de familia y alguien me preguntara si me parece bien penalizar el consumo de drogas, diría de inmediato que sí. Estaría convencida de que esa medida reduciría las posibilidades de que mis hijos probaran la marihuana o la cocaína. La adicción en un adolescente es un asunto pavoroso y el sufrimiento que produce en los padres es devastador.
Si yo fuera una mujer casada y alguien me preguntara si estoy de acuerdo con la práctica de la fidelidad marital, diría de inmediato que sí. ¿Acaso alguien se casa para aguantar que su pareja se ande acostando con otros por ahí o para ir uno a buscar consuelo a otra cama? La infidelidad es un asunto de tristes causas y aún más tristes consecuencias.
Me imagino que muchos colombianos estamos de acuerdo en este par de puntos. Por eso, es entendible que esa misma mayoría esté de acuerdo con penalizar el porte y consumo de la dosis personal de estupefacientes. Y esté de acuerdo también con la Iglesia por su postura en contra del uso del condón y a favor de la fidelidad, como estrategia para combatir el sida. Porque ambas medidas parecen estar encaminadas a proteger una institución social que casi todo el mundo quiere por encima de cualquier otra cosa: la familia.
La argumentación de los padres de familia parece fuerte: ¿Cómo no querer que el desgraciado jíbaro que le vende un cacho de marihuana a un niño se pudra en la cárcel? Y ¿cómo no querer que el marido de uno no le ponga los cachos? ¿Qué tiene de malo querer ser feliz, vivir en paz, ver bien a los hijos? ¿A quién se le puede ocurrir que un vicioso delincuente o que una descarriada prostituta estén ejerciendo el derecho al "libre desarrollo de su personalidad"? ¡Que lo ejerzan en la cárcel! ¿Acaso la droga no es la causa de todos nuestros males? ¿De la violencia? ¿De las Farc? ¿De las mafias del narcotráfico? ¿Acaso la infidelidad y la promiscuidad no son síntomas de una soledad demasiado ruidosa?
Mejor dicho, todo está resuelto: hay que salir a dar vivas a Benedicto XVI y a Álvaro Uribe. Papa y Presidente no quieren otra cosa que nuestro bienestar.
Ah, pero nada es tan fácil como quisiéramos. Hay peligrosos equívocos en esa lógica que cree posible un mundo perfecto y feliz, hecho a su medida. Pero el mundo no es así. La realidad traiciona a cada rato las buenas intenciones.
El continente desolado
África, por ejemplo, es un continente devastado. Desde 1981, más de 25 millones de personas han muerto de sida. Once millones seiscientos mil niños han quedado huérfanos. El 46 por ciento de las mujeres embarazadas en África subsahariana están infectadas. Y se estima que 22 millones son hoy seropositivos. ¿Será porque los africanos son más dados al desenfreno carnal? A menos que seamos unos racistas infames, es obvio que no. Cientos de estudios realizados a lo largo de estas décadas han dado una respuesta unánime y contundente: es porque son pobres. Paupérrimos. Tienen un muy escaso acceso a la educación y a la salud. A eso que tantos damos por sentado y que suele llamarse "una vida digna". Son herederos de una sociedad colonial implacable, que convirtió hace siglos al océano Atlántico en el más triste y multitudinario y silencioso cementerio de la humanidad. Ni el holocausto judío se puede comparar con los millones de hombres y mujeres que murieron ahogados, encadenados en las galeras rumbo a la América colonial.
Durante estas tres últimas décadas, tanto Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud y muchos gobiernos del Primer Mundo, han invertido miles de millones de dólares en programas de educación y prevención, y en difundir el uso del preservativo. El resultado ha sido elocuente: en todos los países africanos que han masificado el acceso a los preservativos, con Uganda a la cabeza, las cifras de infección y muerte por causa del sida han disminuido drásticamente.
Suele decirse que la muerte es la instancia más democrática de lo humano. A todos nos toca. Pero no es cierto. Si uno es pobre, tiene menos esperanza de vida. Si uno es rico, o vive en un país rico, tiene más probabilidades de morir de puro viejo. La verdad es que la instancia más democrática que nos fue dada a los hombres no es la muerte sino el sexo. Por eso mismo, las declaraciones a los periodistas de Benedicto XVI en el vuelo que lo llevaba a Camerún para comenzar su gira africana son tan impertinentes. ¿Ahora resulta que unas sociedades tan marginalizadas en todos los sentidos tienen que abstenerse de la única forma de placer que les es accesible? África tiene 12 millones de católicos. ¿Cómo puede entonces el Papa decir que el uso del condón agrava el problema del sida? La respuesta cabe en una sola palabra: el dogma: esa creencia que no admite réplica, que no se puede someter al debate de la inteligencia ni puede ser controvertida por la evidencia. El dogma es una imposición que exige obediencia ciega. Pero el dogma es también el más violento mecanismo de control sobre una sociedad, y sin duda el más antidemocrático. Nadie puede opinar, nadie puede participar, nadie puede dar un testimonio. Seguir insistiendo en la abstención y en la castidad como únicos métodos para prevenir el sida es un anacronismo de trágicas consecuencias: la gente se muere. Y hoy por hoy, mueren muchas más mujeres que hombres, y sobre todo jóvenes entre los 15 y 24 años. No mueren por promiscuas, sino porque sus parejas han tenido otras relaciones. ¿Es justa esa condena de muerte? ¿Alguien la puede defender? ¿No parece lógico que lo que hay que hacer es invertir en educación, en prevención, en intentar sacar de la ignorancia y ofrecer servicios de salud a los millones de niñas que ni siquiera saben que el sida existe? La realidad es más fuerte que el dogma: el sida es, al igual que la adicción, un problema de salud pública. Pero además, ¿qué padre de familia hoy quiere para su hija una vida condenada a parir uno tras otro 20 hijos? ¿No tendrá ella derecho a decidir cuántos hijos tener? El dogmático Papa dice que no. Y se dedica a predicar imposibles en un continente lleno de muerte y hambruna, de enormes desplazamientos de población que desmembran familias, que truncan amores, que condenan a vivir sin dignidad. ¿Alguien puede defender semejante postura?
Pero ¿qué tiene que ver ese Papa retardatario que quiere dar la misa de espalda a los fieles y en latín, que reprueba la colorida alegría de las danzas africanas, con la penalización del consumo que propone Uribe?
Mucho. Porque ambas posturas provienen de una misma raíz ideológica. De una misma idea de sociedad. Y sobre todo, porque ambas buscan el sometimiento de la voluntad individual a lo que una autoridad determinada considere en un momento dado "el bienestar supremo de la colectividad". Y eso del bien colectivo es un concepto tan maleable, que hasta fue la bandera de la Unión Soviética de Stalin.
Para ilustrar por qué sí tienen que ver las posturas del Papa (que es vitalicio) y del Presidente (que quiere serlo y necesita votos), tengo que echar para atrás en el tiempo y contar una breve historia. El 7 de agosto de 2002, el recién elegido presidente Uribe cumplió su promesa electoral y radicó en el Congreso su proyecto de referendo. Se suponía que era un referendo para "acabar con la politiquería y la corrupción", pero como era de esperarse, el Congreso no estaba dispuesto a dar su visto bueno tan fácilmente a un proyecto que los golpeaba de manera brutal. Y entonces comenzaron las negociaciones. Fue el en ese entonces senador Rodrigo Rivera quien le mencionó por primera vez a Uribe el tema de la penalización de la dosis personal. Rivera estaba desilusionado porque dos semanas atrás, se había aprobado una ley propuesta por él -la 745 de 2002-, en la que se multaba (es decir, se consideraba una infracción, no un acto criminal, como saltarse un semáforo) a quien consumiera estupefacientes frente a menores de edad. Pero la Corte había tumbado buena parte del proyecto de ley, y había quedado en el limbo quién la ejecutaría y cómo. Al no tener responsables claros ni procedimientos definidos, la ley había quedado reducida a puras buenas intenciones de papel.
Uribe necesitaba el favor de los liberales para su referendo. Pero además, el tema le fascinó de inmediato. En aquel entonces, el Presidente supo de una encuesta que revelaba que el 70 por ciento de los colombianos asociaba droga y delito y despreciaba profundamente al adicto. Ante la necesidad de aprobación del referendo, en vez de ayudar a sacar del limbo la ley de Rivera, Uribe se apropió del tema e incluyó la pregunta sobre la penalización de la dosis personal en un referendo que en principio no tenía absolutamente nada que ver con eso.
Ese fue el inicio de los cuatro proyectos de ley que ha presentado el gobierno durante estos años para penalizar la dosis personal. Y es probable que esta vez sí se apruebe. Uribe sabe que un tema que cuenta con el apoyo popular, que cree que esa prohibición logrará por arte de magia acabar con la delincuencia, con la violencia del narcotráfico y con la fuente de ingresos del negocio. Nadie quiere tener que pensar más allá. Todo parece sensato.
Pero existe un pequeño problema: esto no es cierto.
El vicio de prohibir
Porque es precisamente la prohibición la que ha hecho florecer el negocio del narcotráfico. Un día antes de que el gobierno radicó el proyecto, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, liderada por los ex presidentes César Gaviria, Fernando Henrique Cardoso y Ernesto Zedillo y conformada por muy serios intelectuales de América Latina, publicó un documento contundente: reafirma que la violencia y el crimen organizado asociados con el narcotráfico constituyen uno de los problemas más graves de América Latina. E invita a aceptar que la estrategia de los últimos 30 años en la guerra contra las drogas fracasó, dada la evidencia de las cifras (de hectáreas de coca cultivadas a pesar de fumigaciones; de muertes violentas a pesar de miles de capturas y bajas; de lavado de activos a pesar de los controles y un largo etcétera). Dice así. "Las políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción y de interdicción al tráfico y a la distribución, así como la criminalización del consumo, no han producido los resultados esperados. Estamos más lejos que nunca del objetivo proclamado de erradicación de las drogas". Y añade algo más: las mafias de la droga constituyen una profunda amenaza contra la democracia: han logrado criminalizar la política con su inmenso poder corruptor de funcionarios públicos, de jueces, de gobiernos y de fuerzas policiales. La democracia se arrodilla ante el poder de las mafias del narcotráfico.
Lo primero que queda en evidencia después de leer el informe es que el presidente Uribe no es el único que quiere erradicar el problema de las drogas. No. Excepto los traficantes, todo el mundo quiere lo mismo. Y esto hay que decirlo porque su hábil estrategia política logra confundirnos y acabamos creyendo que si no lo apoyamos es porque condonamos la delincuencia. No es cierto. Es sólo que hay diferencia de opiniones sobre cómo hacerlo. Durante tres décadas, la guerra contra las drogas ha estado basada en exactamente las mismas propuestas de Uribe: prohibir, criminalizar, fumigar. Nada de eso ha servido. Y nadie ha pagado más caro que Colombia -en sangre y dolor- el costo de ese prohibicionismo.
Pero el proyecto de Uribe no sólo persiste en tácticas fracasadas: tiene otras implicaciones que conviene mirar: lo que busca es derogar la sentencia C-221 de 1994 del entonces magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria, hoy presidente del Polo y principal opositor político de Uribe. Una curiosa casualidad. Esa sentencia despenalizaba la dosis personal basándose en que el individuo tiene derecho a decidir qué es bueno o malo para sí. Es decir, trata al ciudadano como a un adulto. Le exige criterio. Autonomía. Asume que el Estado lo ha educado para poder ejercer su libertad personal. E implicaba en todo caso que la prohibición no es el camino.
La tentación de prohibir ha provenido, históricamente, del miedo. Y el autoritarismo tiene en el miedo su más poderosa herramienta. Basta mirar la historia de la Iglesia Católica. Miedo al infierno, miedo a la culpa, miedo al sexo. Miedo a todo aquello que reste capacidad de control por parte de la suprema autoridad que todo lo ve. Para la mente autoritaria, "permitir" equivale a "permisividad". Si algo se deja al libre albedrío del individuo, el autoritario está convencido de que lo que sigue es el frenesí, el desbordamiento, el exceso. No la libertad, sino el libertinaje.
Por eso el Papa predica la abstinencia sexual; por eso Uribe quiere prohibir fumar un cigarrillo de marihuana; porque ninguno de los dos confía en que un hombre o una mujer decidan ser fieles por ellos mismos, o que elijan cuándo y cómo y por qué quieren fumar o consumir o dejar de hacerlo. Es decir, en el fondo, le están negando a la educación su capacidad de empoderamiento del ser humano. Lo tratan como a un niño.
El esplendor de los cristianos
Si todo esto le parece lejano al lector, demasiado abstracto, intentaré decirlo de otra manera, contando otra historia que en apariencia no tiene nada que ver:
Los medios de comunicación registran con entusiasmo un concierto de Joaquín Sabina al que asistieron 4.000 personas, pero ignoran el concierto de un tal Alejandro Olivares, un roquero cristiano argentino que congregó a más de 10.000 jóvenes hace dos años en... Tunja (!!!) y cuyos videos baten récord de hits en Youtube. Nadie analiza el fenómeno masivo -en devoción y en votos- que han generado las nuevas iglesias cristianas porque no es una expresión de clase alta. Pero aquella fórmula tan colombiana de que lo que funciona es "lo aspiracional", aquí no aplica.
Y la verdad es que en los últimos años, los cristianos han tenido cada vez más presencia en el Congreso. Rodrigo Rivera mismo se convirtió al cristianismo. Y ese Congreso tan uribista es el mismo que en julio de 2005 condecoró a los pastores evangélicos Ricardo y María Patricia Rodríguez, de la Iglesia Centro de Avivamiento para Las Naciones, con la Cruz de Oro de la Orden de la Democracia Simón Bolívar, por los servicios prestados al país en el ejercicio de su misión evangélica. Representan a miles y miles de feligreses, es decir, de obedientes votantes.
Y miren cómo se mueven: caso uno. El 3 de mayo de 2007 Édgar Espíndola Niño, ex alcalde de Sogamoso y cristiano evangélico, ocupó la curul de Luis Eduardo Vives, investigado por nexos con el paramilitarismo. Su proyecto de ley estrella fue el siguiente: multar con 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes a todo el que incurriera en adulterio. Inevitable preguntarse: ¿No sería preferible que el Estado no interfiriera en los problemas de pareja? ¿No será que pertenecen a la esfera de la intimidad? Caso dos. Víctor Velásquez Reyes, senador del movimiento Colombia Viva en Unión Cristiana, presentó un proyecto de ley para prohibir a homosexuales y prostitutas el uso de prendas que se puedan interpretar como exhibicionismo con fines comerciales. Inevitable preguntarse:¿Debe el Estado regular la profundidad del escote, o el largo de la falda? Caso tres, que ya pasa de castaño oscuro: la semana pasada se debatió en el Congreso el siguiente proyecto de ley, presentado por la senadora Claudia Rodríguez de Castellanos, fundadora de la Misión Carismática Internacional, y cuyos feligreses la llevaron a ocupar su curul: "La presente ley tiene por objeto otorgar competencia a los comandantes y subcomandantes de Estación de Policía, para aplicar la retención transitoria en Comandos de Estación a toda persona que evidencie vulnerabilidad, indefensión o excitación, y que por esa condición puedan convertirse en potenciales víctimas o victimarios". ¿Tengo que hacer una pregunta?
La misma madre de familia que apoya un proyecto porque quiere proteger a sus hijos del contacto con la droga se va a topar cualquier día con que a su hijo o su marido lo han detenido, por ejemplo, por caminar tranquilamente hacia su casa con unos cuantos traguitos de más. ¿Debería el Estado decidir si usted camina por la calle 'demasiado' contento (excitado) o demasiado asustado (vulnerable)? ¿No son estos conceptos peligrosamente ambiguos? ¿No pueden convertirse en métodos aberrantes para coartar la libertad individual?
Prohibir al individuo el ejercicio de una libertad para consigo mismo, que no vulnere a otros, es la máxima tentación cristiana, y es la herramienta de control social más cara a todo paternalismo autoritario. Tanto en la política como en la religión. Las respuestas a los problemas del narcotráfico y el sida no están en impedir el uso de condones o marihuana, sino en la capacidad que tengamos de superar el miedo milenario al sexo y a las drogas. Hay que promover toda propuesta de ley o reforma eclesiástica que busque empoderar al individuo. Para que sea él quien decida para cuándo quiere dejar el gustico. Pero por más que uno busque, en los últimos seis años no encontrará ninguna propuesta de esta naturaleza. Sólo Papas que quieren gobernar y revivir las cruzadas, y presidentes que quieren desfilar con el sahumerio bamboleante mientras bendicen, entre el humo y los votos, a la penitente feligresía.Semana.com, Revista Semana, edición 1404
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