Por primera vez un alto oficial reconoce públicamente cómo participó en una de las más sangrientas incursiones de los paramilitares. Su declaración, justo una década después de sucedidos los hechos, involucra a altos comandantes de la Fuerza Pública, algunos de ellos aún activos.
En los próximos días el coronel (r) del Ejército Víctor Hugo Matamoros será llamado a juicio, acusado de facilitarles a los paramilitares su ingreso a la región del Catatumbo, en Norte de Santander, donde llegaron en 1999 y cometieron varias de sus peores atrocidades. Sólo en el primer año de incursión hubo 800 civiles asesinados, muchos de ellos en masacres; un número incierto de desaparecidos, y al menos 20.000 desplazados.
El caso de este coronel se convertiría en la primera de una serie de acciones de la justicia sobre los mismos hechos, que podría involucrar al menos a cuatro generales y un coronel del Ejército, y a un coronel y un capitán de la Policía. Algunos de ellos aún son activos, o, pese a estar retirados, mantienen altos cargos en sus instituciones.
El testigo clave de este proceso accedió a hablar con SEMANA. Se trata de Mauricio Llorente Chávez, quien en 1999 era mayor del Ejército y comandante del Batallón Héroes de Saraguro, en Tibú, la puerta de entrada al Catatumbo. Llorente lleva 10 años en la cárcel y fue absuelto en dos instancias por estas acusaciones, pero la Corte Suprema, en casación, lo condenó a 40 años. El mayor, que hasta hace poco negaba su participación en estos crímenes, ahora se convirtió en el ventilador de un escándalo de impredecibles consecuencias.
La Fiscalía considera confiable su testimonio, entre otras cosas, porque coincide con versiones que han dado paramilitares desmovilizados en otros expedientes. Aun así, y aunque esta revista confirmó varios de los hechos narrados con otras fuentes independientes, y a que habló con la mayoría de los mencionados por Llorente, en esta publicación se omiten los nombres de los oficiales que aún la justicia no vincula en procesos relacionados con los seis años de presencia paramilitar en esa región.
La declaración de Llorente coincide con el anuncio del jefe paramilitar extraditado Salvatore Mancuso de que las revelaciones de la relación de su grupo con la Fuerza Pública sería un "capítulo doloroso" para el país, y un episodio de mayor calado de lo que ha significado la para-política.
Varios camiones
Una de las primeras cosas que confirma el relato de Llorente es la forma como llegaron los paramilitares al Catatumbo. En una operación sin precedentes, varios camiones llevaron desde Córdoba a unos 200 paramilitares fuertemente armados y, sin mayor obstáculo, cruzaron cinco departamentos: tenían la misión de llegar hasta La Gabarra, en el Catatumbo, el 29 de mayo de 1999. De acuerdo con versiones de desmovilizados, en la reunión de planeación participaron dos generales quienes, con Mancuso y Carlos Castaño, diseñaron la estrategia. Llorente menciona a otro general que habría solicitado información de cartografía al ahora investigado coronel Víctor Hugo Matamoros, en esa época comandante del Grupo Mecanizado Maza, batallón acantonado en Cúcuta.
Según varios testimonios, el único retén que encontró esta caravana de la muerte fue en Sardinata, en el desvío hacia Tibú. "Fueron seis camiones 'carevaca' diesel, 12 varillas los que salieron de Montería. Adelante iba una camioneta azul, y era la que abría el paso. Sólo cuando llegamos a Sardinata (Norte de Santander) un 'suiche' (subteniente del Ejército) nos detuvo. Llamó y le dieron la orden de que siguiéramos, que ya estaba todo cuadrado".
La toma del Catatumbo estuvo marcada por varias masacres. Tres de ellas son las que se consideran decisivas del ingreso para.
La primera fue ese mismo 29 de mayo. Al paso de la flotilla de camiones, los paramilitares asesinaron al menos cinco personas y las dejaron tiradas en el camino con el fin de sembrar terror. Al cruzar Tibú, pasaron por un retén de la Policía a cargo del capitán Luis Alexánder Gutiérrez Castro, según el proceso que se le sigue por estos hechos. Allí se dice que mientras los paramilitares pasaban, la Policía requisaba los vehículos particulares, y que Gutiérrez en eso recibió una llamada para alertarlo sobre la caravana, y dijo: "Ya todo está coordinado por arriba, estábamos esperándolos desde hacía 20 días". La misión de llegar a La Gabarra se truncó en el sitio Socuavo, donde la guerrilla les cerró el paso a los camiones, y hubo combates.
La segunda masacre fue el 17 de julio. Para ese momento el mayor Llorente dice que se había reunido con los paras porque decían ir referidos por el coronel Matamoros, y asegura que presenció llamadas que le hacían a éste y al coronel de la Policía a cargo del departamento. En su defensa, Matamoros expone que la zona de las masacres no era su jurisdicción, y que pese a ser de un rango superior, Llorente no estaba en su línea de mando. Esto es parte de lo que quiere que valore un juez, por lo que su defensa pidió que el caso sea llevado a juicio. Según Llorente, las cosas se facilitaron pues recibió órdenes del general a cargo de la división de enviar de gran parte de sus tropas, con lo que, sin mayor justificación, dejó su batallón debilitado.
Dice Llorente en su testimonio: "Yo planeo la incursión con David (alias del sobrino de Mancuso y quien estuvo al tanto de todas las acciones). Le dije que lo único que necesitaba era realizar un simulacro de un hostigamiento al batallón, para justificar que no podía salir a atender otras situaciones. Coordiné todo con el capitán que estaba de segundo al mando de mi batallón, que hoy es un coronel activo y que ya venía trabajando con las autodefensas. Nos reunimos con él y me dijo que lo importante era disminuir aun más el personal, por eso montamos una operación al lado opuesto del lugar de retirada de las autodefensas. Esto lo hicimos para que cuando comenzaran a investigarnos, tuviéramos cómo decir que no teníamos personal para apoyar. Nos reunimos con el capitán y 15 soldados de los más antiguos para reforzar los puestos esa noche, porque si colocábamos un soldado muy nuevo, de pronto respondía al escuchar los disparos de las autodefensas y ahí se podía formar un problema. Les pregunté a los soldados si estaban de acuerdo en que las autodefensas entraran al casco urbano, y me dijeron: 'Mi mayor, estamos con ustedes'. Ellos se quedaron en las garitas y dejarían quietos los fusiles cuando escucharan los disparos, y uno que otro haría un tiro como si estuviéramos respondiendo. Las autodefensas dispararon a un sector donde queda la pista de gimnasia, para que no le hiciera daño a nada, y el acuerdo es que mientras ellos hacían esto, las otras autodefensas harían su incursión a Tibú"
En el pueblo, los paramilitares fueron en tres camiones. Unos 65 hombres. Llegaron a la plaza principal de Tibú, sacaron a las personas de los establecimientos, y una informante que llevaban encapuchada señalaba quiénes iban a morir. Esto sucedió a una cuadra de la estación de Policía.
Pusieron a las mujeres en la primera fila y a los señalados los tiraron al suelo y les dispararon con fusil a la cabeza. "Salía sangre para todos lados", cuenta un testigo. Nueve personas murieron allí. Luego los paramilitares robaron el dinero de los negocios y se llevaron a cuatro más en uno de los vehículos. Fueron dejando sus cuerpos a su retirada, milagrosamente uno de ellos, a pesar de la gravedad de las heridas, sobrevivió y hoy desde el exilio es otro de los testigos clave.
"Hubo una tormenta impresionante -dice Llorente- y se empezaron a escuchar disparos. Se fue la luz. Todo eso ayudó para lo que iba a pasar esa noche. Inmediatamente ocurre todo, recibo una llamada de un señor de una de la alcabalas, le digo que qué pasó, me dice: 'Mayor, por acá pasaron unas personas, entre ellas una mujer'. Y le pregunte quiénes eran y me dijo que creía que eran paramilitares, pero yo le dije que las autodefensas no tenían mujeres en sus filas. Le dije que ya le iba a enviar refuerzos. Nunca los envié porque no los tenía, y fuera de eso no tenía la intención porque yo ya sabía qué estaba pasando. Le pregunté: ¿Ya pasaron por ahí, me dijo: 'Sí'. Entonces yo me dije: 'Ya pasó todo'".
La tercera masacre fue un mes después, el 21 de agosto. Sin resistencia alguna, los paramilitares finalmente lograron llegar al municipio de La Gabarra y asesinaron a 35 personas. El entonces capitán del Ejército Luis Fernando Campuzano, quien estaba al frente de la guarnición y debía proteger al pueblo, ya fue condenado por estos hechos. La Corte Suprema de Justicia revocó dos disposiciones previas, pues encontró que Campuzano retiró el retén que estaba en la entrada del pueblo, lo que facilitó el ingreso de los paras, no atendió los llamados de auxilio ni fue diligente en la persecución.
Mayor dolor
A partir de este momento, vinieron los cinco años de mayor dolor para los habitantes de la región del Catatumbo. "Luego de todo esto, las autodefensas empiezan a patrullar conjuntamente con el Batallón. Ya empiezan a causarle bajas a la guerrilla, a ocasionar combates, pero juntos", dice Llorente. Esta incursión paramilitar fue presentada como una estrategia militar contrainsurgente, pero en la práctica estaba más orientada a ejercer control sobre el negocio del narcotráfico, al sacar a la guerrilla de los cultivos y del control de las rutas hacia Venezuela. En 2002 Carlos Castaño confesó en una entrevista con SEMANA cómo el 70 por ciento de sus ingresos provenía del Catatumbo.
En 2005, esta revista reveló documentos secretos del gobierno de Estados Unidos que fueron desclasificados. En ellos el embajador de Estados Unidos de ese momento, Curtis Kamman, muestra su preocupación sobre Santander: "Argumentando tener pocos recursos y demasiadas misiones, la unidad del Ejército local se negó a combatir a los paramilitares en esa área". Sobre las primeras acciones de la incursión paramilitar de La Gabarra dice: "La oficina del Vicepresidente reportó privadamente que soldados del Ejército se pusieron brazaletes de las AUC y participaron activamente en las mismas masacres... ¿Cómo pueden ocurrir siete masacres bajo las narices de varios cientos de miembros de las fuerzas de seguridad?".
Justo por esta época se cumple una década de la incursión paramilitar al Catatumbo. Una dosis de verdad parece asomar su rostro con el testimonio de Llorente, pero faltan muchas más, y en más regiones. Mucha agua ha corrido desde ese momento y, por fortuna, es muy distinta la situación que hoy vive la Fuerza Pública. Algunos piensan que este tipo de revelaciones desestabilizan, pero la acción de la justicia y el conocimiento de la verdad por dolorosa que sea, le permite a la democracia salir más robustecida de lo que en su momento la dejaron las miopes acciones de los violentos.
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viernes, 2 de octubre de 2009
lunes, 4 de mayo de 2009
La “misión” de los hombres de Isaza
Justicia y Paz - Imputaciones
Miércoles, 11 de Marzo de 2009 11:42
Gran parte de los cargos imputados a Ramón Isaza en su primera audiencia de Justicia y Paz tienen que ver con un inaudito régimen de limpieza social que impusieron las Autodefensas del Magdalena. La mayoría de los cargos se refieren a asesinatos de ladrones, adictos y enfermos mentales.
En breve: En su primera imputación parcial de cargos de Justicia y Paz el 10 de marzo del 2009, el ex jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Ramón María Isaza, alias 'El Viejo', recibió acusación por 35 asesinatos que las autodefensas realizaron en contra de ladrones, adictos y enfermos mentales.
De los 35 casos imputados al ex jefe paramilitar, todos corresponden al homicidio de personas, que según miembros de las autodefensas y las investigaciones de la Fiscalía, se encontraban involucrados con el tráfico y consumo de estupefacientes, al igual que el hurto de ganado y bienes materiales.
La audiencia de imputación parcial de cargos contra el ex jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Ramón María Isaza, alias ‘El Viejo’, se había aplazado en dos oportunidades por problemas de trámite.
En esta audiencia se conoció que, a pesar de que el grupo de Isaza se financió con dineros provenientes del robo de automóviles y el tráfico de droga en los departamentos de Tolima, Caldas, y Magdalena, los paramilitares perseguían y asesinaban personas que, según el criterio de Isaza, “lastimaban los intereses de la comunidad”.
Varias víctimas de las ACMM dijeron a Verdad Abierta.com que los paramilitares convirtieron en objetivo militar a delincuentes, enfermos mentales y adictos: “Ellos hacían lo que querían con nosotros, eran la autoridad, remplazaron la justicia con la complicidad de las autoridades, asesinando a nuestros familiares”, dijo el familiar de una víctima de este paramilitar que asistió a la audiencia de imputación de cargos.
Según dijo el Fiscal Carlos Alberto Gordillo, en sus 27 versiones libres ante la Fiscalía, Ramón Isaza reconoció haber ordenado a sus hombres que asesinaran a todas las personas que expendieran o consumieran droga; también les ordenó perseguir a los habitantes que fueran sorprendidos o señalados de robar.
En la audiencia, que se realizó ante un magistrado con funciones de Control de Garantías, la Fiscalía también le imputó a Isaza los delitos de concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas, uso ilegal de uniformes e insignias; y adiestramiento para actividades ilegales.
La Fiscalía denunció ante el Magistrado Julio Ospino Gutiérrez que, a pesar de la insistencia del despacho segundo de la Unidad de Justicia y Paz, la defensa de Ramón Isaza no ha presentado al Fondo de Reparación los bienes que se comprometió a entregar al inicio de versión libre.
La Fiscalía pretendía imputarle 147 hechos delictivos a Ramón Isaza que según fuentes de Policía Judicial dejaron aproximadamente más de 400 víctimas. Sin embargo, la audiencia finalizó con solo 35 delitos imputados.
Más de 120 víctimas de Ramón Isaza se acercan al tribunal para que la Defensoria del Pueblo les otorge un abogado. La audiencia de imputación se inició en horas de tarde. Foto: Fiscalía
Entre las acciones aceptadas en versión libre por Isaza se encuentran masacres como la ocurrida en mayo de 1997 en la vereda La Esperanza de Carmen de Viboral (Antioquia), donde fueron asesinados 14 campesinos.
Así mismo la Fiscalía tiene pensado imputarle en próximas sesiones, que se realizarán el 31 de marzo y los días 1 y 2 del mes de abril, los delitos cometidos en otras incursiones como las de Fálan y Armero-Guayabal (Tolima), donde fueron asesinados varios cazadores y pescadores de la región; vereda La Parroquia y La Leonera de Fresno (Tolima), Frías en Palocabildo (Tolima), finca Las Mercedes en Sonsón (Antioquia), y La Grajalia, en la vía que conduce a Manzanares (Caldas).
Más de 120 víctimas de diferentes partes del país se trasladaron a los Tribunales buscando una respuesta por los crímenes que cometieron los frentes paramilitares que siguieron las órdenes de Isaza desde 1977. Fue tanta la cantidad de asistentes que la Defensoría del Pueblo se vio obligada a tomar poderes desde el atril del tribunal de forma oral y a las afueras del despacho mientras se realizaba la audiencia.
Historia de las ACMM
Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) fue el primer grupo paramilitar con influencia en la región del Oriente Antioqueño. Se concentraban en los municipios de San Luís, Puerto Triunfo, Puerto Nare, Puerto Boyacá, y en las zonas adyacentes a la autopista Medellín-Bogotá. También hizo presencia en municipios del nororiente de Caldas y el norte del Tolima.
Estas autodefensas se configuran en los años 80 en respuesta a la llegada de las FARC al Oriente Antioqueño. Su comandante fue Ramón Isaza Arango quien se concentró en la región limítrofe del Oriente que tuvo influencia de los grupos de Gonzalo y Henry Pérez, Ariel Otero y de alias 'Botalón', quienes operaban en Puerto Boyacá, eran entrenados por israelíes y patrocinados por Gonzalo Rodríguez Gacha. El control de esta estructura pasó a manos de diferentes miembros de la familia de Isaza como sus hijos Omar (“Teniente”, ya fallecido), Ovidio (“Roque”) y Oliverio (“Terror”), su yerno Macguiver y sus sobrinos Miguel y Hernán, quienes se convirtieron en comandantes y se repartieron los territorios. Otros de sus comandantes fueron alias “El Gurre”, “Memo” y “Tolima” Estas autodefensas estuvieron respaldadas por los ganaderos y narcotraficantes.
Según versiones de jefes paramilitares, presuntamente se contó con el apoyo de oficiales de las Fuerzas Militares como Farouk Yanine Díaz y Alfonso Manosalva.
En un principio, la única relación que tenia Ramón Isaza y sus familiares con el narcotráfico se limitaba a cuidar las fincas de los narcos y al cobro de vacunas a los productores y comercializadores de la coca. Sin embargo, terminó involucrado en el negocio. Otro medio para obtener recursos surgió del robo de gasolina, la extorsión y el robo de ganado.
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Miércoles, 11 de Marzo de 2009 11:42
Gran parte de los cargos imputados a Ramón Isaza en su primera audiencia de Justicia y Paz tienen que ver con un inaudito régimen de limpieza social que impusieron las Autodefensas del Magdalena. La mayoría de los cargos se refieren a asesinatos de ladrones, adictos y enfermos mentales.
En breve: En su primera imputación parcial de cargos de Justicia y Paz el 10 de marzo del 2009, el ex jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Ramón María Isaza, alias 'El Viejo', recibió acusación por 35 asesinatos que las autodefensas realizaron en contra de ladrones, adictos y enfermos mentales.
De los 35 casos imputados al ex jefe paramilitar, todos corresponden al homicidio de personas, que según miembros de las autodefensas y las investigaciones de la Fiscalía, se encontraban involucrados con el tráfico y consumo de estupefacientes, al igual que el hurto de ganado y bienes materiales.
La audiencia de imputación parcial de cargos contra el ex jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Ramón María Isaza, alias ‘El Viejo’, se había aplazado en dos oportunidades por problemas de trámite.
En esta audiencia se conoció que, a pesar de que el grupo de Isaza se financió con dineros provenientes del robo de automóviles y el tráfico de droga en los departamentos de Tolima, Caldas, y Magdalena, los paramilitares perseguían y asesinaban personas que, según el criterio de Isaza, “lastimaban los intereses de la comunidad”.
Varias víctimas de las ACMM dijeron a Verdad Abierta.com que los paramilitares convirtieron en objetivo militar a delincuentes, enfermos mentales y adictos: “Ellos hacían lo que querían con nosotros, eran la autoridad, remplazaron la justicia con la complicidad de las autoridades, asesinando a nuestros familiares”, dijo el familiar de una víctima de este paramilitar que asistió a la audiencia de imputación de cargos.
Según dijo el Fiscal Carlos Alberto Gordillo, en sus 27 versiones libres ante la Fiscalía, Ramón Isaza reconoció haber ordenado a sus hombres que asesinaran a todas las personas que expendieran o consumieran droga; también les ordenó perseguir a los habitantes que fueran sorprendidos o señalados de robar.
En la audiencia, que se realizó ante un magistrado con funciones de Control de Garantías, la Fiscalía también le imputó a Isaza los delitos de concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas, uso ilegal de uniformes e insignias; y adiestramiento para actividades ilegales.
La Fiscalía denunció ante el Magistrado Julio Ospino Gutiérrez que, a pesar de la insistencia del despacho segundo de la Unidad de Justicia y Paz, la defensa de Ramón Isaza no ha presentado al Fondo de Reparación los bienes que se comprometió a entregar al inicio de versión libre.
La Fiscalía pretendía imputarle 147 hechos delictivos a Ramón Isaza que según fuentes de Policía Judicial dejaron aproximadamente más de 400 víctimas. Sin embargo, la audiencia finalizó con solo 35 delitos imputados.
Más de 120 víctimas de Ramón Isaza se acercan al tribunal para que la Defensoria del Pueblo les otorge un abogado. La audiencia de imputación se inició en horas de tarde. Foto: Fiscalía
Entre las acciones aceptadas en versión libre por Isaza se encuentran masacres como la ocurrida en mayo de 1997 en la vereda La Esperanza de Carmen de Viboral (Antioquia), donde fueron asesinados 14 campesinos.
Así mismo la Fiscalía tiene pensado imputarle en próximas sesiones, que se realizarán el 31 de marzo y los días 1 y 2 del mes de abril, los delitos cometidos en otras incursiones como las de Fálan y Armero-Guayabal (Tolima), donde fueron asesinados varios cazadores y pescadores de la región; vereda La Parroquia y La Leonera de Fresno (Tolima), Frías en Palocabildo (Tolima), finca Las Mercedes en Sonsón (Antioquia), y La Grajalia, en la vía que conduce a Manzanares (Caldas).
Más de 120 víctimas de diferentes partes del país se trasladaron a los Tribunales buscando una respuesta por los crímenes que cometieron los frentes paramilitares que siguieron las órdenes de Isaza desde 1977. Fue tanta la cantidad de asistentes que la Defensoría del Pueblo se vio obligada a tomar poderes desde el atril del tribunal de forma oral y a las afueras del despacho mientras se realizaba la audiencia.
Historia de las ACMM
Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) fue el primer grupo paramilitar con influencia en la región del Oriente Antioqueño. Se concentraban en los municipios de San Luís, Puerto Triunfo, Puerto Nare, Puerto Boyacá, y en las zonas adyacentes a la autopista Medellín-Bogotá. También hizo presencia en municipios del nororiente de Caldas y el norte del Tolima.
Estas autodefensas se configuran en los años 80 en respuesta a la llegada de las FARC al Oriente Antioqueño. Su comandante fue Ramón Isaza Arango quien se concentró en la región limítrofe del Oriente que tuvo influencia de los grupos de Gonzalo y Henry Pérez, Ariel Otero y de alias 'Botalón', quienes operaban en Puerto Boyacá, eran entrenados por israelíes y patrocinados por Gonzalo Rodríguez Gacha. El control de esta estructura pasó a manos de diferentes miembros de la familia de Isaza como sus hijos Omar (“Teniente”, ya fallecido), Ovidio (“Roque”) y Oliverio (“Terror”), su yerno Macguiver y sus sobrinos Miguel y Hernán, quienes se convirtieron en comandantes y se repartieron los territorios. Otros de sus comandantes fueron alias “El Gurre”, “Memo” y “Tolima” Estas autodefensas estuvieron respaldadas por los ganaderos y narcotraficantes.
Según versiones de jefes paramilitares, presuntamente se contó con el apoyo de oficiales de las Fuerzas Militares como Farouk Yanine Díaz y Alfonso Manosalva.
En un principio, la única relación que tenia Ramón Isaza y sus familiares con el narcotráfico se limitaba a cuidar las fincas de los narcos y al cobro de vacunas a los productores y comercializadores de la coca. Sin embargo, terminó involucrado en el negocio. Otro medio para obtener recursos surgió del robo de gasolina, la extorsión y el robo de ganado.
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martes, 13 de enero de 2009
Autodefensas del sur del Magdalena e Isla de San Fernando
Las Autodefensas del Sur del Magdalena e Isla de San Fernando, el nombre que asumió la organización en el momento de la desmovilización, eran conocidas como los Chepes o Cheperos, por el nombre de su jefe, José María Barrera, alias Chepe Barrera, que las había fundado más de veinte años antes.
"Chepe" Barrera
Este grupo nació en el departamento del Magdalena, donde también tenían presencia las autodefensas que comandaban Hernán Giraldo y Adán Rojas. Las de éstos estaban en la Sierra Nevada de Santa Marta y las de Chepe Barrera se movían en los municipios del sur del Magdalena como El Díficil, Ariguaní, Santana, Plato, El Banco, Guamal, San Sebastián, San Zenón, Pedraza, Chivolo, Pivijay y Sabanas de San Ángel.
Tradicionalmente Chepe Barrera ocupó el sur del Magdalena, y según algunas versiones su dominio alcanzó también la depresión Momposina en Bolívar y cubrió igualmente parte del Cesar, al norte de la Serranía de San Lucas y al occidente de la serranía del Perijá desde donde bajaban grupos de las guerrillas para golpear en la zona plana y después replegarse. No obstante, cuando alias Jorge 40 se expandió, alrededor de 1999, negoció con Chepe Barrera y lo dejó circunscrito a un área muy restringida, en el corregimiento Los Andes del municipio de El Difícil. A pesar de ello, en el momento de las desmovilizaciones, el hijo de Chepe, Juan, afirmó que el grupo operaba en 11 municipios y apoyaba a otros grupos de autodefensa en unas cinco poblaciones.
Las autodefensas de Chepe Barrera, en sus inicios, muy posiblemente a finales de los ochenta y principios de los noventa, empezaron matando a ladrones de ganado. Así lo relató El Tiempo en 2005: “Dicen que al poco tiempo de llegar, ’Chepe Barrera’ le declaró la guerra a una banda de abigeos que pertenecían a una reconocida familia de apellido Méndez, de Plato y El Difícil (Magdalena), que tenían azotada a la región metiéndose a los corrales y robando ganado (…) Los habitantes aseguran que con ayuda del Ejército, Barrera combatió ferozmente a los Méndez hasta casi exterminarlos. Luego, conformó grupos de autodefensa que se dedicaron a combatir a la guerrilla, pero principalmente a lo que ellos denominan ’limpieza social’, dándoles un plazo perentorio a personas que no eran bien vistas por ellos para que se fueran de la región.”
Hay que tener en cuenta que con excepción de la Sierra Nevada de Santa Marta, el departamento del Magdalena es en lo esencial plano y con vocación ganadera. Es por ello que las zonas planas no fueron principalmente zona de refugio de la guerrilla sino donde realizaban sus extorsiones y secuestros. Primero surgió el frente Francisco Javier Castaño del Eln, a principios de los noventa y en esa misma década, el Domingo Barrios de la misma agrupación. Paulatinamente empezaron a crecer los secuestros en El Banco, Pivijay, Ariguaní, Guamal, Plato, El Retén, y en otros pueblos aledaños. Igualmente las Farc realizaron algunos secuestros en los años noventa en las partes planas del Magdalena pero con menos frecuencia que el Eln.
Según algunas versiones no confirmadas, Barrera, de origen santandereano, perteneció al Ejército, pero la gente creía que era campesino. Comenzó trabajando las fincas Las Mercedes y Risaralda en el corregimiento Pueblito Los Andes. A juicio de un habitante: “se ganó a la gente entregándoles tierras para cultivar o tener ganado. A veces les regalaba vacas, les pagaba jornales por trabajar las tierras que él mismo les regalaba y hasta les construía sus casas".
Según la información disponible cosechó una fortuna con actividades ilegales. Según la revista Cambio, la Fiscalía le incautó 21 bienes, por un valor de 14.000 millones de pesos y le congelaron sus cuentas bancarias en Bucaramanga, Santa Marta y algunas poblaciones de Magdalena. “Según información de prensa –dice Cambio—, Barrera usó una red de testaferros para ocultar buena parte de su fortuna y, sin embargo, en su última declaración de renta conocida en 2004, reportó un patrimonio líquido superior a 2.208 millones de pesos. Diez de los bienes que hoy son materia de procesos de extinción, están en Santa Ana y son tierras de actividad pecuaria; ocho más pertenecen a Plato y el resto a Pijiño del Carmen, todos municipios del Magdalena.” Los Barrera adquirieron también influencia política en la región, y Juan Barrera, también desmovilizado, llegó a ser diputado en el Magdalena.
Las Autodefensas de Chepe Barrera surgieron como protectoras de ganaderos y finqueros que sufrían la presión de las guerrillas. Velaban por neutralizar a las guerrillas que presionaban desde los departamentos de Bolívar y Cesar. Su radio de acción era localizado y su propósito no era expansionista. No obstante, hacia 1999, cuando el proyecto de las Auc estaba en marcha, el grupo de Barrera fue cooptado por el Bloque Norte de las Auc. De acuerdo con un relato de un miembro de Los Cheperos citado en el informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia esto sucedió así:
“… Como para finales de 1999 hubo una fuerte presencia de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, que comandaba Mancuso, quien exigió a Chepe que le entregara el territorio. Chepe no quería problemas con nadie. Aunque las cosas no fueron tan fáciles tampoco…Mancuso quería las cosas así por él era el chacho y había que dárselo ya, pero luego vino el comandante Castaño y se reunió con nosotros. Él sí es un hombre que sabe negociar. Él le dijo a Chepe que firmaran una alianza, que no era que nosotros íbamos a dejar de mandar o de tener libertad en la zona, sino que ahora éramos parte de las Auc. Claro que ahora ellos son los que mandan. Tienen la base en San Ángel y Chepe se quedó con un grupo para su protección privada en un pueblo que se llama Los Andes, pertenece al Difícil. La gente a veces nos dice: ‘que tan distintos que eran los tiempos antes’; ahora la gente tiene miedo, está aterrorizada (…)”.
Otro poblador citado en el informe dijo que: “Al parecer en las negociaciones, se le dio la oportunidad a Chepe Barrera de elegir el territorio donde deseaba permanecer (…) No hubo una mala relación entre Chepe y las Auc…Chepe tomó una parte de la región y ‘40’ tomó la otra (…) Hay desplazamientos de la población civil con la llegada de alias ‘40’ a la región. Es que ellos son terroristas. Ahora hay muchas muertes, sobre todo los fines de semana encuentras tres y cuatro cadáveres en las esquinas…” .
Las masacres en el Magdalena, excluyendo los municipios de la Sierra Nevada de Santa Marta, es decir Santa Marta, Ciénaga, Aracataca, Fundación y Zona Bananera, se intensificaron a partir de 1998 pero adquirieron su máximo nivel a inicios de los 2000 cuando las Auc intensificaron los guerra. Las masacres de tres o más víctimas según el Departamento de Policía del Magdalena pasaron de 42 en 1998 a 45 en 1999 y a 116 en 2000 siendo El Piñón, Pueblo Viejo, Salamina, Tenerife, El Banco y Plato los municipios más afectados. A estos habría que agregarle Ciénaga que si tiene jurisdicción en la Sierra Nevada, pero igualmente cuenta con zonas planas. En este municipio quedaron registradas las víctimas de la masacre de la Ciénaga Grande, en el municipio de Sitio Nuevo, ocurrida 2000. Resulta difícil establecer para cada uno de los municipios si las masacres fueron responsabilidad de las Autodefensas del Sur del Magdalena (Los Cheperos), o de las Auc, pero es más probable que lo sean hayan de estas últimas, tal como ocurrió en la Ciénaga Grande.
Como resultado de las incursiones de las autodefensas, los secuestros empezaron a ceder. Excluyendo los municipios de Santa Marta, Ciénaga, Fundación, Aracataca y Zona Bananera, que tienen jurisdicción en la Sierra Nevada, el pico de los secuestros fue en 2000, cuando ocurrieron treinta; en 2001 fueron solamente once y en 2002 cinco.
No obstante que el esfuerzo principal de las Auc y en particular de las Autodefensas del Sur del Magdalena se centró en neutralizar a las guerrillas y especialmente al Eln, la zona bajo su dominio se convirtió en un corredor del narcotráfico. Por allí pasaron cargamentos provenientes del sur de Bolívar con destino a la Sierra Nevada, desde donde se embarcaban al exterior. Pero esto sucedió cuando ya las Auc habían sometido a Chepe Barrera a sus órdenes. De ahí que es difícil saber hasta donde el negocio ilícito lo manejaba éste o las Auc. . Lo que sí es cierto es que aún después de las desmovilizaciones, algunas zonas del Magdalena siguen siendo corredores de tráfico de narcóticos.
Las autodefensas de Chepe Barrera hicieron parte integral de las Auc. No obstante, se desmovilizaron aparte de otros bloques y frentes de la misma organización. El 4 de diciembre de 2004 se desmovilizaron 47 de sus integrantes que entregaron 41 armas en el Corregimiento de Santa Rosa, municipio de Santa Ana. La desmovilización de Barrera causó controversia. Por un lado Barrera había sido detenido por el Ejército en octubre de 2004 pero quedó libre en virtud de la Resolución 262, del 30 de noviembre del 2004, con la que el Gobierno le otorgó el estatus de miembro representante del estado mayor de las Autodefensas del sur del Magdalena. Así Barrera pudo volver a sus tierras y permanecer ahí, mientras otros jefes de las autodefensas siguieron concentrados. En febrero de 2005, El Tiempo informó que había comprobado que “Barrera gozaba de algunos privilegios como salir de Santa Fe Ralito, Córdoba, y andaba libremente en su finca Las Mercedes, en el Magdalena.” La Fiscalía siguió investigándolo y encontró mérito para detenerlo y ordenar la incautación de varios de sus bienes.
Cuando el presidente Álvaro Uribe ordenó que los jefes paramilitares se concentraran en La Ceja, Antioquia, en 2006, Barrera fue sacado por la Policía de su finca Las Mercedes, en Pueblito de los Andes, sur del Magdalena, y llevado a los calabozos del Comando Departamental en Santa Marta.
Fuentes:
Observatorio Presidencial de DDHH y DIH. Panorama Reciente de la Sierra Nevada de santa Marta. Bogotá, 2002.
Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Dinámica Reciente de la confrontación en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Jefe paramilitar que fue capturado goza de beneficios como si se hubiera desmovilizado. En: El Tiempo (ver)
Nuevas órdenes de captura a jefes paramilitares. En Revista Cambio (ver).
Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Dinámica Reciente de la confrontación en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Vote bien. El Fraude se huele en el Magdalena (ver).
La libertad del conocido jefe paramilitar José 'Chepe' Barrera, concedida la semana pasada, genera preocupación. ¿Quedarán impunes sus crímenes?. En: El Tiempo, 10 de julio de 2006.
www.verdadabierta.com
"Chepe" Barrera
Este grupo nació en el departamento del Magdalena, donde también tenían presencia las autodefensas que comandaban Hernán Giraldo y Adán Rojas. Las de éstos estaban en la Sierra Nevada de Santa Marta y las de Chepe Barrera se movían en los municipios del sur del Magdalena como El Díficil, Ariguaní, Santana, Plato, El Banco, Guamal, San Sebastián, San Zenón, Pedraza, Chivolo, Pivijay y Sabanas de San Ángel.
Tradicionalmente Chepe Barrera ocupó el sur del Magdalena, y según algunas versiones su dominio alcanzó también la depresión Momposina en Bolívar y cubrió igualmente parte del Cesar, al norte de la Serranía de San Lucas y al occidente de la serranía del Perijá desde donde bajaban grupos de las guerrillas para golpear en la zona plana y después replegarse. No obstante, cuando alias Jorge 40 se expandió, alrededor de 1999, negoció con Chepe Barrera y lo dejó circunscrito a un área muy restringida, en el corregimiento Los Andes del municipio de El Difícil. A pesar de ello, en el momento de las desmovilizaciones, el hijo de Chepe, Juan, afirmó que el grupo operaba en 11 municipios y apoyaba a otros grupos de autodefensa en unas cinco poblaciones.
Las autodefensas de Chepe Barrera, en sus inicios, muy posiblemente a finales de los ochenta y principios de los noventa, empezaron matando a ladrones de ganado. Así lo relató El Tiempo en 2005: “Dicen que al poco tiempo de llegar, ’Chepe Barrera’ le declaró la guerra a una banda de abigeos que pertenecían a una reconocida familia de apellido Méndez, de Plato y El Difícil (Magdalena), que tenían azotada a la región metiéndose a los corrales y robando ganado (…) Los habitantes aseguran que con ayuda del Ejército, Barrera combatió ferozmente a los Méndez hasta casi exterminarlos. Luego, conformó grupos de autodefensa que se dedicaron a combatir a la guerrilla, pero principalmente a lo que ellos denominan ’limpieza social’, dándoles un plazo perentorio a personas que no eran bien vistas por ellos para que se fueran de la región.”
Hay que tener en cuenta que con excepción de la Sierra Nevada de Santa Marta, el departamento del Magdalena es en lo esencial plano y con vocación ganadera. Es por ello que las zonas planas no fueron principalmente zona de refugio de la guerrilla sino donde realizaban sus extorsiones y secuestros. Primero surgió el frente Francisco Javier Castaño del Eln, a principios de los noventa y en esa misma década, el Domingo Barrios de la misma agrupación. Paulatinamente empezaron a crecer los secuestros en El Banco, Pivijay, Ariguaní, Guamal, Plato, El Retén, y en otros pueblos aledaños. Igualmente las Farc realizaron algunos secuestros en los años noventa en las partes planas del Magdalena pero con menos frecuencia que el Eln.
Según algunas versiones no confirmadas, Barrera, de origen santandereano, perteneció al Ejército, pero la gente creía que era campesino. Comenzó trabajando las fincas Las Mercedes y Risaralda en el corregimiento Pueblito Los Andes. A juicio de un habitante: “se ganó a la gente entregándoles tierras para cultivar o tener ganado. A veces les regalaba vacas, les pagaba jornales por trabajar las tierras que él mismo les regalaba y hasta les construía sus casas".
Según la información disponible cosechó una fortuna con actividades ilegales. Según la revista Cambio, la Fiscalía le incautó 21 bienes, por un valor de 14.000 millones de pesos y le congelaron sus cuentas bancarias en Bucaramanga, Santa Marta y algunas poblaciones de Magdalena. “Según información de prensa –dice Cambio—, Barrera usó una red de testaferros para ocultar buena parte de su fortuna y, sin embargo, en su última declaración de renta conocida en 2004, reportó un patrimonio líquido superior a 2.208 millones de pesos. Diez de los bienes que hoy son materia de procesos de extinción, están en Santa Ana y son tierras de actividad pecuaria; ocho más pertenecen a Plato y el resto a Pijiño del Carmen, todos municipios del Magdalena.” Los Barrera adquirieron también influencia política en la región, y Juan Barrera, también desmovilizado, llegó a ser diputado en el Magdalena.
Las Autodefensas de Chepe Barrera surgieron como protectoras de ganaderos y finqueros que sufrían la presión de las guerrillas. Velaban por neutralizar a las guerrillas que presionaban desde los departamentos de Bolívar y Cesar. Su radio de acción era localizado y su propósito no era expansionista. No obstante, hacia 1999, cuando el proyecto de las Auc estaba en marcha, el grupo de Barrera fue cooptado por el Bloque Norte de las Auc. De acuerdo con un relato de un miembro de Los Cheperos citado en el informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia esto sucedió así:
“… Como para finales de 1999 hubo una fuerte presencia de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, que comandaba Mancuso, quien exigió a Chepe que le entregara el territorio. Chepe no quería problemas con nadie. Aunque las cosas no fueron tan fáciles tampoco…Mancuso quería las cosas así por él era el chacho y había que dárselo ya, pero luego vino el comandante Castaño y se reunió con nosotros. Él sí es un hombre que sabe negociar. Él le dijo a Chepe que firmaran una alianza, que no era que nosotros íbamos a dejar de mandar o de tener libertad en la zona, sino que ahora éramos parte de las Auc. Claro que ahora ellos son los que mandan. Tienen la base en San Ángel y Chepe se quedó con un grupo para su protección privada en un pueblo que se llama Los Andes, pertenece al Difícil. La gente a veces nos dice: ‘que tan distintos que eran los tiempos antes’; ahora la gente tiene miedo, está aterrorizada (…)”.
Otro poblador citado en el informe dijo que: “Al parecer en las negociaciones, se le dio la oportunidad a Chepe Barrera de elegir el territorio donde deseaba permanecer (…) No hubo una mala relación entre Chepe y las Auc…Chepe tomó una parte de la región y ‘40’ tomó la otra (…) Hay desplazamientos de la población civil con la llegada de alias ‘40’ a la región. Es que ellos son terroristas. Ahora hay muchas muertes, sobre todo los fines de semana encuentras tres y cuatro cadáveres en las esquinas…” .
Las masacres en el Magdalena, excluyendo los municipios de la Sierra Nevada de Santa Marta, es decir Santa Marta, Ciénaga, Aracataca, Fundación y Zona Bananera, se intensificaron a partir de 1998 pero adquirieron su máximo nivel a inicios de los 2000 cuando las Auc intensificaron los guerra. Las masacres de tres o más víctimas según el Departamento de Policía del Magdalena pasaron de 42 en 1998 a 45 en 1999 y a 116 en 2000 siendo El Piñón, Pueblo Viejo, Salamina, Tenerife, El Banco y Plato los municipios más afectados. A estos habría que agregarle Ciénaga que si tiene jurisdicción en la Sierra Nevada, pero igualmente cuenta con zonas planas. En este municipio quedaron registradas las víctimas de la masacre de la Ciénaga Grande, en el municipio de Sitio Nuevo, ocurrida 2000. Resulta difícil establecer para cada uno de los municipios si las masacres fueron responsabilidad de las Autodefensas del Sur del Magdalena (Los Cheperos), o de las Auc, pero es más probable que lo sean hayan de estas últimas, tal como ocurrió en la Ciénaga Grande.
Como resultado de las incursiones de las autodefensas, los secuestros empezaron a ceder. Excluyendo los municipios de Santa Marta, Ciénaga, Fundación, Aracataca y Zona Bananera, que tienen jurisdicción en la Sierra Nevada, el pico de los secuestros fue en 2000, cuando ocurrieron treinta; en 2001 fueron solamente once y en 2002 cinco.
No obstante que el esfuerzo principal de las Auc y en particular de las Autodefensas del Sur del Magdalena se centró en neutralizar a las guerrillas y especialmente al Eln, la zona bajo su dominio se convirtió en un corredor del narcotráfico. Por allí pasaron cargamentos provenientes del sur de Bolívar con destino a la Sierra Nevada, desde donde se embarcaban al exterior. Pero esto sucedió cuando ya las Auc habían sometido a Chepe Barrera a sus órdenes. De ahí que es difícil saber hasta donde el negocio ilícito lo manejaba éste o las Auc. . Lo que sí es cierto es que aún después de las desmovilizaciones, algunas zonas del Magdalena siguen siendo corredores de tráfico de narcóticos.
Las autodefensas de Chepe Barrera hicieron parte integral de las Auc. No obstante, se desmovilizaron aparte de otros bloques y frentes de la misma organización. El 4 de diciembre de 2004 se desmovilizaron 47 de sus integrantes que entregaron 41 armas en el Corregimiento de Santa Rosa, municipio de Santa Ana. La desmovilización de Barrera causó controversia. Por un lado Barrera había sido detenido por el Ejército en octubre de 2004 pero quedó libre en virtud de la Resolución 262, del 30 de noviembre del 2004, con la que el Gobierno le otorgó el estatus de miembro representante del estado mayor de las Autodefensas del sur del Magdalena. Así Barrera pudo volver a sus tierras y permanecer ahí, mientras otros jefes de las autodefensas siguieron concentrados. En febrero de 2005, El Tiempo informó que había comprobado que “Barrera gozaba de algunos privilegios como salir de Santa Fe Ralito, Córdoba, y andaba libremente en su finca Las Mercedes, en el Magdalena.” La Fiscalía siguió investigándolo y encontró mérito para detenerlo y ordenar la incautación de varios de sus bienes.
Cuando el presidente Álvaro Uribe ordenó que los jefes paramilitares se concentraran en La Ceja, Antioquia, en 2006, Barrera fue sacado por la Policía de su finca Las Mercedes, en Pueblito de los Andes, sur del Magdalena, y llevado a los calabozos del Comando Departamental en Santa Marta.
Fuentes:
Observatorio Presidencial de DDHH y DIH. Panorama Reciente de la Sierra Nevada de santa Marta. Bogotá, 2002.
Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Dinámica Reciente de la confrontación en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Jefe paramilitar que fue capturado goza de beneficios como si se hubiera desmovilizado. En: El Tiempo (ver)
Nuevas órdenes de captura a jefes paramilitares. En Revista Cambio (ver).
Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Dinámica Reciente de la confrontación en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Vote bien. El Fraude se huele en el Magdalena (ver).
La libertad del conocido jefe paramilitar José 'Chepe' Barrera, concedida la semana pasada, genera preocupación. ¿Quedarán impunes sus crímenes?. En: El Tiempo, 10 de julio de 2006.
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