Centrales obreras dicen que para quienes devengan el salario mínimo la inflación creció el 10 por ciento y no el 7,67.
Sindicalistas y académicos coinciden en que es conveniente subir un poco más el sueldo para los trabajadores de menos ingresos. Hacerlo serviría para cumplir mandatos de la Corte Constitucional, distribuir la riqueza y acelerar la economía.
El porcentaje de la inflación nacional el año pasado fue del 7,67 por ciento. En consecuencia, el salario mínimo pasó de 461.500 pesos a 496.900.
Para los representantes de las centrales obreras, este incremento no cumple con lo que ha ordenado la Corte Constitucional respecto de la definición del salario mínimo y por eso demandarán ante el Consejo de Estado la decisión del gobierno.
La razón que argumentan los sindicalistas es que aquella Corte, en su sentencia 815-99 del 20 de octubre de 1999, dijo que si no hay concertación entre el gobierno, los empresarios y los representantes de los trabajadores, el gobierno debe proceder a decretar el salario mínimo. Pero dice que debe hacerlo, entre otras, con base en “la inflación real del año que culmina”, es decir, en este caso, la de 2008.
El incremento del 7,67 por ciento es un dato de incremento de la inflación nacional. Por eso, los sindicalistas argumentan que no es el real, porque “para los sectores más pobres, que son los que ganan el mínimo, la inflación llega al 10 por ciento. El salario debe ser reajustado conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para los estratos uno y dos. De no ser así, estaría en contravía de lo preceptuado por la Corte Constitucional”, explica Julio Roberto Gómez, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT).
Gómez explica que la inflación creció más en esos sectores porque “los precios que más subieron en 2008 fueron los alimentos y los empleados que ganan el mínimo invierten el 44 por ciento de su salario en la compra de comida”.
A ese respecto, el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, dijo que “a lo largo de la historia, en la concertación que se ha hecho con las centrales y empresarios, la cifra de inflación en el país es una sola”.
Y explica que no se puede tomar la inflación por sectores, por regiones o por estratos para definir el mínimo. “La aplicación que tradicionalmente se le ha hecho en el marco de la ley, con la participación de las centrales y los empresarios es la cifra general en el país. Esa es la que se ha aplicado”, reitera.
La Corte Constitucional no especifica si la inflación que debe tenerse en cuenta es la de los estratos que ganan el mínimo o la del total nacional. En lo que sí es muy clara es en que el salario debe "asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos".
Entonces las centrales obreras encuentran otro argumento para demandar el decreto, toda vez que, según sus cuentas, la canasta familiar para un hogar vale más de 900 mil pesos cada mes. Y con un salario de 496.900 pesos, “hay un déficit de 500 mil pesos mensuales para quienes ganan el mínimo”, según explica Tarcisio Mora, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Esto, dice, "hará más difíciles las condiciones de vida los trabajadores y sus familias, que no saben cómo suplir las necesidades básicas de vivienda, transporte, educación, alimentación y ni pensar en temas como la recreación o cultura".
Mora explica, además, que acudirán a la justicia porque no encuentran espacio para dialogar con el gobierno y los empresarios para que distribuyan las ganancias nacionales, al negarse a negociar el mínimo después del pasado 15 de diciembre.
Pese a que se avecinan tiempo difíciles para la economía, sí hay qué distribuir. Eso dijo en la emisora Radio Nacional de Colombia (RNC) Ricardo Bonilla, investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional.
“Cuando la economía crece como el año 2007, al 8 por ciento, quiere decir que en términos nominales está creciendo 8 por ciento más la inflación. Y cuando se está hablando de salarios, dicen ‘sólo le vamos a entregar la inflación más un punto’ ¿Qué se hicieron los otros siete puntos adicionales?”, cuestiona Bonilla. Escuche aquí la explicación que le dio este lunes a Radio Nacional sobre cómo distribuir el Producto Interno Bruto.
Pero unos salarios más altos no sólo permitirían la distribución de la riqueza, sino la aceleración de la economía, en momentos en los que se prevén, incluso, recesiones en varios países del mundo. Eduardo Sarmiento, director del Centro de Estudios Económicos de la Escuela Colombiana de Ingenieros, dijo en RNC que con mayores salarios, se impide la caída acelerada de la economía y la pérdida de empleos.
Sarmiento explicó, además, que los empresarios sí tienen con qué pagar un mayor salario. Escuche los argumentos que expuso en la Radio Nacional aquí.
Con estos testimonios, sindicalistas y académicos coinciden en que es necesario un incremento mayor del salario mínimo. Los unos enfatizan en que deben cumplirse las normas, y los otros en promover la aceleración de la economía.
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viernes, 30 de enero de 2009
sábado, 17 de enero de 2009
La lista negra de las Auc en Barranca
Viernes, 19 de Diciembre de 2008 10:25
El rumor de una lista en la que aparecían miembros de la USO en Barrancabermeja provocó momentos de incertidumbre en el puerto petrolero, a principios de este siglo.
En los años 2000 y 2002 circuló por las calles de Barrancabermeja (Santander) un rumor por la supuesta aparición de una lista con los nombres de los dirigentes sindicales que serían objeto de ataques del bloque Central Bolívar (Bcb), de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
El rumor dejó de ser preocupación y se convirtió en una angustia total cuando murieron de forma violenta dos afiliados a la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato de Ecopetrol, que tiene la mayor refinería del país en ese puerto petrolero.
En 2002, en dos hechos que conmocionaron a los habitantes de esa población, hombres del frente Fidel Castaño, de las Auc, mataron de varios impactos de arma de fuego a Rafael Jaimes Torra y Manuel Salvador Guerrero Angulo, quien ya estaba pensionado y retirado de la empresa.
Esos dos crímenes serán reconocidos por Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, ex comandante militar del BCB, quien en diligencia de versión libre, celebrada el pasado lunes ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz de Medellín, prometió que en una próxima sesión ampliará los detalles sobre estos y otros hechos.
Pérez Alzate dijo que el rumor de la lista inició cuando en uno de los barrios nororientales de Barrancabermeja, en un retén clandestino, las Auc retuvieron a Fredis de Jesús Rueda, miembro de la USO y quien luego se haría conocer dentro de las filas de las autodefensas como 'el Indio'.
Rueda, en concepto del desmovilizado jefe de los paramilitares, le ofreció a sus captores información valiosa sobre las actividades de sus compañeros sindicalistas a cambio de que le respetaran la vida.
A una pregunta de la fiscal que coordinaba la diligencia sobre si a partir de ese momento el dirigente se volvió integrante de las Auc, Pérez Alzate respondió que, en adelante, hizo parte de lo que llamó informantes y colaboradores.
Por decisión de las directivas de Ecopetrol, Rueda fue despedido junto a otras 33 personas el 7 de mayo de 2004 y su caso hizo parte de una lista de reclamaciones de la USO ante instancias internacionales, por considerar que había una persecución patronal.
La sindicación contra el dirigente sindical hace parte de una versión del postulado que deberá comprobar, pues algún sector de la dirigencia sindical de Barrancabermeja considera que se trata de acusaciones infundadas para revictimizar y, de alguna manera, justificar los crímenes de las Auc en esa población.
En la diligencia Pérez Alzate agregó que en la lista también apareció Hernando Hernández, quien era para entonces el presidente de la USO y el vicepresidente Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Contra Hernández nada pudieron hacer –dijo Pérez Alzate- porque había la orden expresa de Carlos Castaño de no atentar contra él, pues así lo se acordó durante el encuentro conocido como la Reunión del Nudo de Paramillo, en el que participó el dirigente sindical.
Esa reunión, celebrada el 26 de julio de 1998, fue quizá el primer contacto de los entonces comandantes de las Auc, entre quienes también estaba Salvatore Mancuso, con dirigentes nacionales para buscar un posible acuerdo de negociación política con el Gobierno Nacional.
En la reunión también estuvieron José Fernando Castro Caicedo, como defensor del Pueblo (fallecido el pasado 7 de mayo); Augusto Ramírez Ocampo, como canciller del gobierno de Ernesto Samper; el ex alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, como presidente de la CUT; el entonces senador y actual alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, el ex presidente de Fedegán y ex embajador Jorge Visbal Martelo, el ex presidente de Fenalco, ex ministro del Interior y actual embajador, Sabas Pretelt de la Vega y el presidente de Confecámaras, Eugenio Marulanda.
Aun así la fiscal le dijo al ex jefe paramilitar que el organismo investiga un atentado perpetrado contra Hernández, perpetrado en junio de 2001, a lo cual Pérez Alzate respondió que no pudo venir de sus hombres, dado que para la época ya estaba dada la orden de Carlos Castaño.
De la famosa lista también hicieron parte Gregorio Alfonso Mejía, Julián Cote, Nelson Díaz, Pedro Chaparro, Jorge Gamboa y Rafael Jaimes.
Pérez Alzate dijo que las amenazas a los sindicalistas provinieron del desaparecido jefe paramilitar Guillermo Hurtado Moreno, alias 70, comandante del bloque Fidel Castaño, quien recibió los nombres de Wilfred Martínez Giraldo, alias Gavilán, un ex guerrillero del Epl que se le entregó a las autodefensas en Barrancabermeja.
Martínez Giraldo fue quien retuvo al sindicalista Rueda e incluso, según Pérez Alzate, propuso que él mismo se encargaba de perpetrar un atentado dinamitero, pues sabía el lugar y la hora de reunión de los dirigentes de la USO.
Pérez Alzate dijo en la audiencia que cuando llegó esa información a sus manos y la intención de atentar contra los sindicalistas le ordenó a 70 que suspendiera cualquier acción de ese tipo.
“Nunca he sido partidario de las listas ni de las amenazas”, pues su idea “era actuar militarmente cuando era necesario”.
Negó amenazas…
El desmovilizado jefe paramilitar negó las amenazas contra los dirigentes del sindicato de trabajadores de la embotelladora de Coca Cola en Barrancabermeja, Juan Carlos Galvis y William Mendoza.
Mendoza denunció ante la Fiscalía una serie de amenazas relacionada con sufragios y llamadas telefónicas, ante lo cual Pérez Alzate contó la historia de que esas intimidaciones provinieron de la ex esposa del dirigente sindical.
A juicio del ex jefe paramilitar, Mendoza se sintió amenazado porque durante algún tiempo buscó un encuentro personal con Gavilán, debido al temor de que este atentara contra su vida, pues en el pasado tuvieron un encuentro que lo comprometía.
Se trató de un atentado que perpetró Gavilán contra la embotelladora y que, a juicio de Pérez Alzate, los dos dirigentes facilitaron al darle información y permitir el ingreso de los guerrilleros a esas instalaciones.
La fiscal le recordó al ex jefe paramilitar que se trataba de una grave denuncia que debía investigarse a fondo, pues existen registros de las amenazas.
Publicado en
www.verdadabierta.com
El rumor de una lista en la que aparecían miembros de la USO en Barrancabermeja provocó momentos de incertidumbre en el puerto petrolero, a principios de este siglo.
En los años 2000 y 2002 circuló por las calles de Barrancabermeja (Santander) un rumor por la supuesta aparición de una lista con los nombres de los dirigentes sindicales que serían objeto de ataques del bloque Central Bolívar (Bcb), de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
El rumor dejó de ser preocupación y se convirtió en una angustia total cuando murieron de forma violenta dos afiliados a la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato de Ecopetrol, que tiene la mayor refinería del país en ese puerto petrolero.
En 2002, en dos hechos que conmocionaron a los habitantes de esa población, hombres del frente Fidel Castaño, de las Auc, mataron de varios impactos de arma de fuego a Rafael Jaimes Torra y Manuel Salvador Guerrero Angulo, quien ya estaba pensionado y retirado de la empresa.
Esos dos crímenes serán reconocidos por Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, ex comandante militar del BCB, quien en diligencia de versión libre, celebrada el pasado lunes ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz de Medellín, prometió que en una próxima sesión ampliará los detalles sobre estos y otros hechos.
Pérez Alzate dijo que el rumor de la lista inició cuando en uno de los barrios nororientales de Barrancabermeja, en un retén clandestino, las Auc retuvieron a Fredis de Jesús Rueda, miembro de la USO y quien luego se haría conocer dentro de las filas de las autodefensas como 'el Indio'.
Rueda, en concepto del desmovilizado jefe de los paramilitares, le ofreció a sus captores información valiosa sobre las actividades de sus compañeros sindicalistas a cambio de que le respetaran la vida.
A una pregunta de la fiscal que coordinaba la diligencia sobre si a partir de ese momento el dirigente se volvió integrante de las Auc, Pérez Alzate respondió que, en adelante, hizo parte de lo que llamó informantes y colaboradores.
Por decisión de las directivas de Ecopetrol, Rueda fue despedido junto a otras 33 personas el 7 de mayo de 2004 y su caso hizo parte de una lista de reclamaciones de la USO ante instancias internacionales, por considerar que había una persecución patronal.
La sindicación contra el dirigente sindical hace parte de una versión del postulado que deberá comprobar, pues algún sector de la dirigencia sindical de Barrancabermeja considera que se trata de acusaciones infundadas para revictimizar y, de alguna manera, justificar los crímenes de las Auc en esa población.
En la diligencia Pérez Alzate agregó que en la lista también apareció Hernando Hernández, quien era para entonces el presidente de la USO y el vicepresidente Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Contra Hernández nada pudieron hacer –dijo Pérez Alzate- porque había la orden expresa de Carlos Castaño de no atentar contra él, pues así lo se acordó durante el encuentro conocido como la Reunión del Nudo de Paramillo, en el que participó el dirigente sindical.
Esa reunión, celebrada el 26 de julio de 1998, fue quizá el primer contacto de los entonces comandantes de las Auc, entre quienes también estaba Salvatore Mancuso, con dirigentes nacionales para buscar un posible acuerdo de negociación política con el Gobierno Nacional.
En la reunión también estuvieron José Fernando Castro Caicedo, como defensor del Pueblo (fallecido el pasado 7 de mayo); Augusto Ramírez Ocampo, como canciller del gobierno de Ernesto Samper; el ex alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, como presidente de la CUT; el entonces senador y actual alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, el ex presidente de Fedegán y ex embajador Jorge Visbal Martelo, el ex presidente de Fenalco, ex ministro del Interior y actual embajador, Sabas Pretelt de la Vega y el presidente de Confecámaras, Eugenio Marulanda.
Aun así la fiscal le dijo al ex jefe paramilitar que el organismo investiga un atentado perpetrado contra Hernández, perpetrado en junio de 2001, a lo cual Pérez Alzate respondió que no pudo venir de sus hombres, dado que para la época ya estaba dada la orden de Carlos Castaño.
De la famosa lista también hicieron parte Gregorio Alfonso Mejía, Julián Cote, Nelson Díaz, Pedro Chaparro, Jorge Gamboa y Rafael Jaimes.
Pérez Alzate dijo que las amenazas a los sindicalistas provinieron del desaparecido jefe paramilitar Guillermo Hurtado Moreno, alias 70, comandante del bloque Fidel Castaño, quien recibió los nombres de Wilfred Martínez Giraldo, alias Gavilán, un ex guerrillero del Epl que se le entregó a las autodefensas en Barrancabermeja.
Martínez Giraldo fue quien retuvo al sindicalista Rueda e incluso, según Pérez Alzate, propuso que él mismo se encargaba de perpetrar un atentado dinamitero, pues sabía el lugar y la hora de reunión de los dirigentes de la USO.
Pérez Alzate dijo en la audiencia que cuando llegó esa información a sus manos y la intención de atentar contra los sindicalistas le ordenó a 70 que suspendiera cualquier acción de ese tipo.
“Nunca he sido partidario de las listas ni de las amenazas”, pues su idea “era actuar militarmente cuando era necesario”.
Negó amenazas…
El desmovilizado jefe paramilitar negó las amenazas contra los dirigentes del sindicato de trabajadores de la embotelladora de Coca Cola en Barrancabermeja, Juan Carlos Galvis y William Mendoza.
Mendoza denunció ante la Fiscalía una serie de amenazas relacionada con sufragios y llamadas telefónicas, ante lo cual Pérez Alzate contó la historia de que esas intimidaciones provinieron de la ex esposa del dirigente sindical.
A juicio del ex jefe paramilitar, Mendoza se sintió amenazado porque durante algún tiempo buscó un encuentro personal con Gavilán, debido al temor de que este atentara contra su vida, pues en el pasado tuvieron un encuentro que lo comprometía.
Se trató de un atentado que perpetró Gavilán contra la embotelladora y que, a juicio de Pérez Alzate, los dos dirigentes facilitaron al darle información y permitir el ingreso de los guerrilleros a esas instalaciones.
La fiscal le recordó al ex jefe paramilitar que se trataba de una grave denuncia que debía investigarse a fondo, pues existen registros de las amenazas.
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sábado, 22 de noviembre de 2008
474 sindicalistas han sido asesinados durante el gobierno de Álvaro Uribe, denuncian sindicatos
Noviembre 19 de 2008
474 sindicalistas han sido asesinados durante el gobierno de Álvaro Uribe, denuncian sindicatos
Este miércoles las confederaciones obreras le enviaron una carta al mandatario en la que rechazaron su invitación a dialogar.
Tras acusar a Uribe de haber implementado una política en detrimento de los trabajadores y "desconocer las organizaciones sindicales", aseguraron que el 97% de esos crímenes se encuentran en la impunidad.
La carta enviada a la AFP y suscrita entre otras por la principal organización obrera del país, la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT), señaló que en el gobierno de Uribe "a los trabajadores les ha ido muy mal".
La reiterada denuncia sobre los asesinatos de sindicalistas coincide con las gestiones telefónicas que el presidente Uribe ha realizado desde el lunes con el gobierno entrante de Estados Unidos a favor de un pactado Acuerdo de Libre Comercio (TLC).
Uribe conversó este miércoles sobre el tema con el presidente electo, el demócrata Barack Obama, en tanto que el lunes lo hizo con el vicepresidente electo Joe Biden.
El acuerdo entre Colombia y Estados Unidos negociado por Uribe con el presidente saliente, el republicano George W. Bush, enfrenta el bloqueo de congresistas demócratas. Bogotá aspira a lograr su aprobación antes del término de la gestión republicana, el 20 de enero, cuando Obama asumirá el poder.
La mayoritaria bancada Demócrata exige que Bogotá resuelva el problema de los asesinatos de sindicalistas y aclare el escándalo por nexos de políticos del entorno de Uribe con paramilitares de extrema derecha, para aprobar en el Congreso el acuerdo firmado en diciembre de 2006.
Las organizaciones sindicales advirtieron que no se reunirán con Uribe mientras mantenga esa política y se "niegue a discutir y definir su posición (...) respecto de la problemática social que atañe a los trabajadores".
www.eltiempo.com
474 sindicalistas han sido asesinados durante el gobierno de Álvaro Uribe, denuncian sindicatos
Este miércoles las confederaciones obreras le enviaron una carta al mandatario en la que rechazaron su invitación a dialogar.
Tras acusar a Uribe de haber implementado una política en detrimento de los trabajadores y "desconocer las organizaciones sindicales", aseguraron que el 97% de esos crímenes se encuentran en la impunidad.
La carta enviada a la AFP y suscrita entre otras por la principal organización obrera del país, la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT), señaló que en el gobierno de Uribe "a los trabajadores les ha ido muy mal".
La reiterada denuncia sobre los asesinatos de sindicalistas coincide con las gestiones telefónicas que el presidente Uribe ha realizado desde el lunes con el gobierno entrante de Estados Unidos a favor de un pactado Acuerdo de Libre Comercio (TLC).
Uribe conversó este miércoles sobre el tema con el presidente electo, el demócrata Barack Obama, en tanto que el lunes lo hizo con el vicepresidente electo Joe Biden.
El acuerdo entre Colombia y Estados Unidos negociado por Uribe con el presidente saliente, el republicano George W. Bush, enfrenta el bloqueo de congresistas demócratas. Bogotá aspira a lograr su aprobación antes del término de la gestión republicana, el 20 de enero, cuando Obama asumirá el poder.
La mayoritaria bancada Demócrata exige que Bogotá resuelva el problema de los asesinatos de sindicalistas y aclare el escándalo por nexos de políticos del entorno de Uribe con paramilitares de extrema derecha, para aprobar en el Congreso el acuerdo firmado en diciembre de 2006.
Las organizaciones sindicales advirtieron que no se reunirán con Uribe mientras mantenga esa política y se "niegue a discutir y definir su posición (...) respecto de la problemática social que atañe a los trabajadores".
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