Paras dieron 500 millones de pesos a la campaña de Julio E. Acosta para la gobernación de Arauca
Así lo reveló el ex jefe paramilitar Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, uno de los 'Mellizos', quien dijo que su organización entregó dicho monto.
El ex gobernador actualmente es prófugo de la justicia que lo investiga por tener supuestos nexos con los grupos paramilitares.
El 'Mellizo', quien hizo la revelación durante una audiencia de Justicia y Paz, en Bogotá, explicó además que Acosta era una persona muy cercana a Carlos Castaño, con quien se reunía frecuentemente.
Mejía Múnera continúa entregando su versión
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sábado, 5 de julio de 2008
Un engaño a los carceleros de las Farc permitió liberación de 15 secuestrados
Infiltrados del Ejército convencieron a alias 'Cesar', jefe del grupo de secuestradores, de trasladarlos a ver a 'Alfonso Cano'. Cuando todos estaban en el helicóptero les revelaron el engaño.
"Este fue un operativo de perseverancia", dijo el presidente Uribe sobre rescate de 15 secuestrados La operación se inició en la mañana de hoy. La liberación se hizo en un helicóptero del Ejército que fue camuflado como particular.
El helicóptero aterrizó en un punto de la selva, en donden los esperaba 'Cesar', de quien los agentes de inteligencia infiltrados ya se habían ganado la confianza.
Al reiniciar el vuelo, los tripulantes capturaron a 'César' y cambiaron el rumbo hacia San José del Guaviare, desde donde empezó su viaje a la libertad.
'César' era considerado el principal carcelero de las Farc y tenía la entera confianza del 'Mono Jojoy'. Fue capturado sin mayor resistencia y será puesto a disposición de la Fiscalía.
La 'operación Jaque' representa el éxito militar más importante de los últimos años, por encima incluso del operativo en la frontera con Ecuador que terminó con la muerte de 'Raúl Reyes', el llamado 'canciller' de las Farc.
Los antecedentes del golpe se remontan a mediados del año pasado, cuando el subintendente Jhon Frank Pinchao logró escaparse de la zona del río Apaporis, en Vaupés.
Por primera vez, la Fuerza Pública tuvo información de primera mano sobre las zonas por donde se movían los frentes de la guerrilla que estaban a cargo de los cautivos y supo también de rutinas y las tácticas que usaban para evadir los operativos.
Esa información se complementó con la que aportaron las dos liberaciones unilaterales de comienzos de este año, por la zona de Tomachipán, en Guaviare.
La inteligencia militar determinó un área sobre la que empezó a cerrarse un cerco integrado por miles de soldados y comandos de las Fuerzas Especiales. En febrero, de hecho, hubo contacto visual con los secuestrados. Las tropas vieron en una orilla del río Inírida a los tres norteamericanos y a dos de los colombianos secuestrados, pero no intentaron ningún movimiento por razones de seguridad.
Hitos clave del rescate
Mayo del 2007
El subintendente Jhon Frank Pinchao logra escaparse del cerco de las Farc en el suroriente del país. Fue el segundo rehén del intercambio humanitario que logró huir, después de que una operación militar en los Montes de María fue aprovechado por el hoy canciller Fernando Araújo para escapar del frente 37 de las Farcm, que lo tenía cautivo hacía seis años.
Noviembre del 2007. La pista de los tres mensajeros de las Farc que fueron capturados en Bogotá llevó a inteligencia militar a concentrarse en Tomachipán, un caserío de Giuaviare que era, hasta hace pocos meses, uno de los últimos pueblos donde mandaba la guerrilla.
Enero y febrero del 2008:
Las Farc liberan unilateralmente, por intermediación del Gobierno de Venezuela, a seis de los secuestrados. El área donde se produjeron esas liberaciones fue, una vez más, Tomachipán. Así empezó a cerrarse el cerco sobre la zona donde se movían los secuestrados y sus captores.
La incomunicación entre los frentes de la guerrilla
Por temor a los bombardeos, las comunicaciones entre frentes y con el mismo secretariado es precaria. En este caso, 'César' no tuvo oportunidad de verificar con sus jefes la autenticidad de la orden de concentrar a los secuestrados en un solo sitio y moverlos después en un helicóptero.
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Infiltrados del Ejército convencieron a alias 'Cesar', jefe del grupo de secuestradores, de trasladarlos a ver a 'Alfonso Cano'. Cuando todos estaban en el helicóptero les revelaron el engaño.
"Este fue un operativo de perseverancia", dijo el presidente Uribe sobre rescate de 15 secuestrados La operación se inició en la mañana de hoy. La liberación se hizo en un helicóptero del Ejército que fue camuflado como particular.
El helicóptero aterrizó en un punto de la selva, en donden los esperaba 'Cesar', de quien los agentes de inteligencia infiltrados ya se habían ganado la confianza.
Al reiniciar el vuelo, los tripulantes capturaron a 'César' y cambiaron el rumbo hacia San José del Guaviare, desde donde empezó su viaje a la libertad.
'César' era considerado el principal carcelero de las Farc y tenía la entera confianza del 'Mono Jojoy'. Fue capturado sin mayor resistencia y será puesto a disposición de la Fiscalía.
La 'operación Jaque' representa el éxito militar más importante de los últimos años, por encima incluso del operativo en la frontera con Ecuador que terminó con la muerte de 'Raúl Reyes', el llamado 'canciller' de las Farc.
Los antecedentes del golpe se remontan a mediados del año pasado, cuando el subintendente Jhon Frank Pinchao logró escaparse de la zona del río Apaporis, en Vaupés.
Por primera vez, la Fuerza Pública tuvo información de primera mano sobre las zonas por donde se movían los frentes de la guerrilla que estaban a cargo de los cautivos y supo también de rutinas y las tácticas que usaban para evadir los operativos.
Esa información se complementó con la que aportaron las dos liberaciones unilaterales de comienzos de este año, por la zona de Tomachipán, en Guaviare.
La inteligencia militar determinó un área sobre la que empezó a cerrarse un cerco integrado por miles de soldados y comandos de las Fuerzas Especiales. En febrero, de hecho, hubo contacto visual con los secuestrados. Las tropas vieron en una orilla del río Inírida a los tres norteamericanos y a dos de los colombianos secuestrados, pero no intentaron ningún movimiento por razones de seguridad.
Hitos clave del rescate
Mayo del 2007
El subintendente Jhon Frank Pinchao logra escaparse del cerco de las Farc en el suroriente del país. Fue el segundo rehén del intercambio humanitario que logró huir, después de que una operación militar en los Montes de María fue aprovechado por el hoy canciller Fernando Araújo para escapar del frente 37 de las Farcm, que lo tenía cautivo hacía seis años.
Noviembre del 2007. La pista de los tres mensajeros de las Farc que fueron capturados en Bogotá llevó a inteligencia militar a concentrarse en Tomachipán, un caserío de Giuaviare que era, hasta hace pocos meses, uno de los últimos pueblos donde mandaba la guerrilla.
Enero y febrero del 2008:
Las Farc liberan unilateralmente, por intermediación del Gobierno de Venezuela, a seis de los secuestrados. El área donde se produjeron esas liberaciones fue, una vez más, Tomachipán. Así empezó a cerrarse el cerco sobre la zona donde se movían los secuestrados y sus captores.
La incomunicación entre los frentes de la guerrilla
Por temor a los bombardeos, las comunicaciones entre frentes y con el mismo secretariado es precaria. En este caso, 'César' no tuvo oportunidad de verificar con sus jefes la autenticidad de la orden de concentrar a los secuestrados en un solo sitio y moverlos después en un helicóptero.
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Amaina tormenta por fallo contra Yidis
Mientras la Corte Suprema en pleno salió en respaldo de su Sala Penal, pero anunció que no entrará en más polémicas, el gobierno pospuso la presentación del referendo para repetir las elecciones de 2006 y otros actores terciaron para tranquilizar los ánimos.
Fecha: 07/02/2008 -
A través de un comunicado emitido este martes 1 de julio en la noche, la Corte Suprema de Justicia en pleno explicó que la decisión tomada en el fallo que sentenció a Yidis Medina a 47 meses de prisión por el delito de cohecho propio se hizo basado en las pruebas aportadas al proceso.
En su presentación, la Corte respondió a las acusaciones del gobierno, diciendo que ninguno de sus miembros cohonestaba con el terrorismo y que nunca protestaron por la extradición de los 14 jefes paramilitares, sino que por el contrario había autorizado desde principios de siglo, 902 extradiciones a Estados Unidos por narcotráfico y otros delitos. También le pidieron al gobierno respetar los fallos de los jueces.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte, luego de leer el comunicado accedió a responder algunas preguntas en las cuales reiteró que la Corte no se extralimitó en sus funciones, que la decisión es basada en las pruebas recaudadas y que el fallo es estrictamente jurídico.
El magistrado Julio Socha, vicepresidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, explicó que dentro del proceso en contra de Yidis Medina no fue escuchado el ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt, porque se presentó de manera extemporánea (fuera de los tiempo en que lo podía hacer) y porque no fue considerado como sujeto procesal en el caso de Yidis Medina, así este sea el funcionario señalado de haber ofrecido las prebendas que buscaban que Medina apoyara la reelección presidencial en el 2004.
Frente a la denuncia que el ministro Palacio puso ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara en contra de los magistrados dijo Socha que respetaban su decisión y que estaban dispuestos a dar las explicaciones que sean necesarias.
Al final de su firme comunicado, la Corte mostró bandera blanca: dijo que atendiendo al clamor nacional, la Corte no está interesada en fomentar “polémicas esteriles que impidan la realización de los fines del Estado”.
Texto completo de la declaración de la Corte Suprema
Video de la declaración de la Corte Suprema
Gobierno esperará hasta el 20 de julio para presentar el referendo
Horas antes el gobierno ya había anunciado que iba a posponer la presentación del referendo para aprobación del Congreso para repetir las elecciones presidenciales de 2006, como lo había anunciado aiado el Preisdente la semana pasada, hasta el 20 de julio.
De otra parte, los jerarcas de la Iglesia Católica, reunidos por la celebración de los 100 años de la Conferencia Episcopal, expresaron la necesidad de que los desacuerdos entre diferentes ramas de poder no se lleven a los medios de comunicación, y pusieron énfasis en la necesidad de concentrarse en combatir la corrupción, origen de muchos de los males que hoy aquejan a la Nación.
Monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal, puso énfasis en la necesidad de que los colombianos abandonen los atajos ilícitos para obtener lo que buscan, sea ello poder, o riqueza o conocimiento.
La Comisión de Ajuste Institucional que también estuvo reunida el martes, anunció que buscará normas que permitan tener una relación más transparente entre el Ejecutivo y Legislativo´, pues es el clientelismo el que está al fondo del caso de Yidis Medina.
El presidente del partido de la U anunció que ha enviado una carta a la Corte Constitucional con carácter urgente para que se pronuncie pronto y pueda aclarar la tormenta.
La Corte Constitucional puede decidir que el tema es caso juzgado, y por tanto no está en cuestión ni el Acto Legislativo que aprobó la reelección inmediata del Presidente, ni tampoco la elección de Uribe en 2006. La Corte también puede decidir revisar su fallo, aduciendo que la comprobación del delito de cohecho para comprar el voto de Yidis Medina y conseguir así la aprobación de la reelección, es un hecho sobreviniente a su fallo anterior que había declarado la norma constitucional.
Y podría llegar a declarar que la norma es inválida por la manera como se obtuvo, pero que aún así la elección Presidencial de 2006 fue legítima porque se basó en una norma entonces vigente.
Mientras la Corte Suprema en pleno salió en respaldo de su Sala Penal, pero anunció que no entrará en más polémicas, el gobierno pospuso la presentación del referendo para repetir las elecciones de 2006 y otros actores terciaron para tranquilizar los ánimos.
Fecha: 07/02/2008 -
A través de un comunicado emitido este martes 1 de julio en la noche, la Corte Suprema de Justicia en pleno explicó que la decisión tomada en el fallo que sentenció a Yidis Medina a 47 meses de prisión por el delito de cohecho propio se hizo basado en las pruebas aportadas al proceso.
En su presentación, la Corte respondió a las acusaciones del gobierno, diciendo que ninguno de sus miembros cohonestaba con el terrorismo y que nunca protestaron por la extradición de los 14 jefes paramilitares, sino que por el contrario había autorizado desde principios de siglo, 902 extradiciones a Estados Unidos por narcotráfico y otros delitos. También le pidieron al gobierno respetar los fallos de los jueces.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte, luego de leer el comunicado accedió a responder algunas preguntas en las cuales reiteró que la Corte no se extralimitó en sus funciones, que la decisión es basada en las pruebas recaudadas y que el fallo es estrictamente jurídico.
El magistrado Julio Socha, vicepresidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, explicó que dentro del proceso en contra de Yidis Medina no fue escuchado el ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt, porque se presentó de manera extemporánea (fuera de los tiempo en que lo podía hacer) y porque no fue considerado como sujeto procesal en el caso de Yidis Medina, así este sea el funcionario señalado de haber ofrecido las prebendas que buscaban que Medina apoyara la reelección presidencial en el 2004.
Frente a la denuncia que el ministro Palacio puso ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara en contra de los magistrados dijo Socha que respetaban su decisión y que estaban dispuestos a dar las explicaciones que sean necesarias.
Al final de su firme comunicado, la Corte mostró bandera blanca: dijo que atendiendo al clamor nacional, la Corte no está interesada en fomentar “polémicas esteriles que impidan la realización de los fines del Estado”.
Texto completo de la declaración de la Corte Suprema
Video de la declaración de la Corte Suprema
Gobierno esperará hasta el 20 de julio para presentar el referendo
Horas antes el gobierno ya había anunciado que iba a posponer la presentación del referendo para aprobación del Congreso para repetir las elecciones presidenciales de 2006, como lo había anunciado aiado el Preisdente la semana pasada, hasta el 20 de julio.
De otra parte, los jerarcas de la Iglesia Católica, reunidos por la celebración de los 100 años de la Conferencia Episcopal, expresaron la necesidad de que los desacuerdos entre diferentes ramas de poder no se lleven a los medios de comunicación, y pusieron énfasis en la necesidad de concentrarse en combatir la corrupción, origen de muchos de los males que hoy aquejan a la Nación.
Monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal, puso énfasis en la necesidad de que los colombianos abandonen los atajos ilícitos para obtener lo que buscan, sea ello poder, o riqueza o conocimiento.
La Comisión de Ajuste Institucional que también estuvo reunida el martes, anunció que buscará normas que permitan tener una relación más transparente entre el Ejecutivo y Legislativo´, pues es el clientelismo el que está al fondo del caso de Yidis Medina.
El presidente del partido de la U anunció que ha enviado una carta a la Corte Constitucional con carácter urgente para que se pronuncie pronto y pueda aclarar la tormenta.
La Corte Constitucional puede decidir que el tema es caso juzgado, y por tanto no está en cuestión ni el Acto Legislativo que aprobó la reelección inmediata del Presidente, ni tampoco la elección de Uribe en 2006. La Corte también puede decidir revisar su fallo, aduciendo que la comprobación del delito de cohecho para comprar el voto de Yidis Medina y conseguir así la aprobación de la reelección, es un hecho sobreviniente a su fallo anterior que había declarado la norma constitucional.
Y podría llegar a declarar que la norma es inválida por la manera como se obtuvo, pero que aún así la elección Presidencial de 2006 fue legítima porque se basó en una norma entonces vigente.
Asesinada defensora de desplazados en Buenaventura
La dirigente comunitaria Marta Cecilia Obando trabajaba por las mujeres desplazadas por el conflicto en el litoral Pacífico.
Obando fue atacada el pasado lunes por un sicario que le disparó tres veces en una calle del barrio San Francisco de la ciudad portuaria del departamento del Valle del Cauca.
La mujer, atacada cuando caminaba con su hija Lucy, será sepultada este martes en Buenaventura en medio de muestras de solidaridad.
La víctima trabajaba con hijos de desplazados y preparaba la apertura de un comedor comunitario en Buenaventura.
La dirigente comunitaria Marta Cecilia Obando trabajaba por las mujeres desplazadas por el conflicto en el litoral Pacífico.
Obando fue atacada el pasado lunes por un sicario que le disparó tres veces en una calle del barrio San Francisco de la ciudad portuaria del departamento del Valle del Cauca.
La mujer, atacada cuando caminaba con su hija Lucy, será sepultada este martes en Buenaventura en medio de muestras de solidaridad.
La víctima trabajaba con hijos de desplazados y preparaba la apertura de un comedor comunitario en Buenaventura.
Los verdaderos motivos del viaje de McCain
Aunque en teoría el candidato republicano John McCain llega hoy a Cartagena para informarse sobre algunos programas del Plan Colombia y apoyar el TLC, lo cierto es que viaja a cuatro meses de las elecciones en EE.UU. para realzar su imagen de hombre experimentado en asuntos de seguridad nacional y para atraer el voto hispano en su país. Por Juan Carlos Iragorri. Especial para Semana.com
Fecha: 07/01/2008 -
En un hecho excepcional en la historia de las campañas políticas norteamericanas, el candidato del partido republicano a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, John McCain, aterriza esta tarde en Cartagena para reunirse con el presidente Álvaro Uribe, con varios ministros y con representantes del sector privado, y para informarse acerca de algunos programas antidrogas desarrollados al amparo del Plan Colombia. Pero su visita, según los analistas, también obedece a motivos electorales.
A sólo cuatro meses de los comicios, McCain, senador de Arizona y de 71 años de edad, llegará a Cartagena en un avión procedente de Indianápolis que tocará tierra a las cinco y media en la plataforma del aeropuerto Rafael Núñez. Allí lo esperará, como un gesto amistoso pues el protocolo no lo exige, el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Araújo. “En Colombia esperamos que el senador pueda informarse bien sobre los avances de este país”, le dijo anoche el ministro a Semana.com.
Al salir del terminal aéreo, el aspirante republicano a la Casa Blanca será conducido a la Casa de Huéspedes Ilustres donde a las seis y cuarto sostendrá un encuentro de una hora con el presidente Uribe y con los ministros de Defensa, Juan Manuel Santos; de Comercio, Luis Guillermo Plata, y de Minas y Energía, Hernán Martínez. A la cita acudirán igualmente el canciller Araújo; el Alto Consejero para la Reintegración, Frank Pearl, y la embajadora en Washington, Carolina Barco.
Una vez termine la reunión, McCain comparecerá ante los periodistas a las siete y quince. Más adelante, el presidente Uribe le ofrecerá una cena en honor suyo y de su esposa Cindy, que vienen acompañados del senador independiente y candidato a la vicepresidencia de Al Gore en el año 2000 Joe Lieberman; del senador republicano Lindsey Graham, y de más de 40 periodistas. Los visitantes pasarán luego la noche en el Hotel Santa Clara, en el centro histórico de Cartagena, donde abundan las medidas de seguridad.
El miércoles temprano, McCain hablará con el ministro Araújo y, fiel a su costumbre como veterano de guerra, visitará a los soldados que se recuperan en el Hospital Naval. Después irá a la estación de Guardacostas de la Base Naval, donde le explicarán algunos programas contra el narcotráfico y la lucha antiguerrilla que han sido financiados con recursos del Plan Colombia, la iniciativa lanzada en 1999 por el presidente demócrata de los Estados Unidos, Bill Clinton, y aprobada en Washington por el Congreso, en ese entonces controlado por la oposición republicana.
McCain no es ajeno a la Armada. Hijo y nieto de almirantes de guerra de Vietnam y de la Segunda Guerra Mundial, él mismo fue piloto de la Marina norteamericana en el conflicto contra los vietnamitas del norte, donde cayó prisionero y fue torturado por la guerrilla del Vietcong. Sufrió la fractura de los dos brazos, por lo cual no puede levantarlos, y estuvo cinco años en manos del enemigo.
Mañana, poco antes del almuerzo, el senador se desplazará a la Sociedad Portuaria de Cartagena. Veinte minutos más tarde dará una rueda de prensa en el Santa Clara, tras la cual se sentará a manteles con los integrantes de la Cámara de Comercio Colombo-Americana y con diversos empresarios del país. A eso de las dos de la tarde tomará el avión para volar a México, segundo y último país latinoamericano en esta gira.
Pero, ¿cuál es el verdadero propósito de la visita de McCain? ¿Hay algo más allá que revisar el Plan Colombia? Varios analistas creen que sí. Entre ellos se cuenta Michael Shifter, vicepresidente del Diálogo Interamericano, el ‘think tank’ más prestigioso de Washignton en lo que se refiere a América Latina, que constata inicialmente que el viaje al exterior de un candidato presidencial norteamericano en plena campaña es “bastante inusual”.
Aparte de eso, Shifter considera que “lo que McCain pretende hacer en Colombia es realzar su experiencia en temas de seguridad nacional, uno de los aspectos en los que se considera más fuerte frente a su rival en los comicios del 6 de noviembre el demócrata Barack Obama, y convencer a millones de hispanos que viven en Estados Unidos de que voten por él”.
No será fácil. Para Shifter, si bien Colombia es el único país del hemisferio donde se ha sufrido tan duramente el flagelo del narcotráfico y donde las autoridades han mostrado avances mientras libran un conflicto armado, el objetivo que se ha trazado McCain es difícil de alcanzar. “En Estados Unidos, donde el senador de Arizona tiene sólo el 28% del voto latino, los hispanos están hoy más preocupados por otras cosas como la mala situación económica y la guerra en Irak”, dice.
A estas alturas, McCain sabe perfectamente que tiene la presidencia cuesta arriba. Si se promedian los últimos ocho sondeos de opinión, Obama lo supera por un promedio de 7,1 puntos porcentuales. La diferencia entre las distintas muestras es abismal. De acuerdo con la más reciente de la revista ‘Newsweek’, el candidato demócrata lo aventaja por un astronómico 15%. Pero conforme a la que hizo en días pasados el canal Fox News, la diferencia es de un 4%.
McCain ha sido un viejo amigo de los gobiernos colombianos y le ha dado su apoyo al presidente Uribe. Ha dicho que respalda la continuidad del Plan Colombia y ha criticado a la bancada demócrata de la Cámara de Representantes norteamericana que con sus mayorías y bajo el liderazgo de la presidenta de ese organismo, Nancy Pelosi, aplazó indefinidamente en abril la votación del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado en noviembre de 2006 en Washington por Estados Unidos y Colombia.
Según él, “uno no puede volverles la espalda de ese modo a los aliados, sobre todo cuando se trata de un país que es baluarte de la democracia y un faro de esperanza en una región donde hay quienes se oponen a las libertades”. Esa posición contrasta con la de Obama, que se ha opuesto al TLC mientras exista un alto índice de criminalidad contra los sindicalistas en Colombia.
Se ignora si Uribe se alineará con McCain en Cartagena a propósito del TLC y en contra de Obama, o si, por el contrario, insistirá en la importancia de preservar la neutralidad frente a demócratas y republicanos. Si hace lo primero, “sería un suicidio”, advierte Michael Shifter. Aunque la iniciativa de este viaje partió de McCain, la embajadora Carolina Barco, le confirmó a Semana.com que Uribe también ha invitado a Barack Obama, senador de Illinois, para que viaje a Colombia.
En las toldas de Obama se cree que durante el senador McCain fustigará durante su visita a Cartagena al candidato demócrata por su negativa a respaldar el TLC. “Nos imaginamos que McCain criticará al senador Obama por no haberse manifestado a favor de ese acuerdo comercial”, le dijo a Semana.com el coordinador del comité encargado de las políticas hacia Latinoamérica en la campaña obamista, Dan Restrepo.
Cuando McCain aterrice, también deberá reaccionar ante la carta que le envió Kenneth Roth, el director ejecutivo de la conocida organización no gubernamental estadounidense Human Rights Watch, en la que le pide cuestionar la información que le dé el presidente Uribe y enterarse del desplazamiento forzado, las ejecuciones extrajudiciales y el acoso al que somete el gobierno a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
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Aunque en teoría el candidato republicano John McCain llega hoy a Cartagena para informarse sobre algunos programas del Plan Colombia y apoyar el TLC, lo cierto es que viaja a cuatro meses de las elecciones en EE.UU. para realzar su imagen de hombre experimentado en asuntos de seguridad nacional y para atraer el voto hispano en su país. Por Juan Carlos Iragorri. Especial para Semana.com
Fecha: 07/01/2008 -
En un hecho excepcional en la historia de las campañas políticas norteamericanas, el candidato del partido republicano a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, John McCain, aterriza esta tarde en Cartagena para reunirse con el presidente Álvaro Uribe, con varios ministros y con representantes del sector privado, y para informarse acerca de algunos programas antidrogas desarrollados al amparo del Plan Colombia. Pero su visita, según los analistas, también obedece a motivos electorales.
A sólo cuatro meses de los comicios, McCain, senador de Arizona y de 71 años de edad, llegará a Cartagena en un avión procedente de Indianápolis que tocará tierra a las cinco y media en la plataforma del aeropuerto Rafael Núñez. Allí lo esperará, como un gesto amistoso pues el protocolo no lo exige, el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Araújo. “En Colombia esperamos que el senador pueda informarse bien sobre los avances de este país”, le dijo anoche el ministro a Semana.com.
Al salir del terminal aéreo, el aspirante republicano a la Casa Blanca será conducido a la Casa de Huéspedes Ilustres donde a las seis y cuarto sostendrá un encuentro de una hora con el presidente Uribe y con los ministros de Defensa, Juan Manuel Santos; de Comercio, Luis Guillermo Plata, y de Minas y Energía, Hernán Martínez. A la cita acudirán igualmente el canciller Araújo; el Alto Consejero para la Reintegración, Frank Pearl, y la embajadora en Washington, Carolina Barco.
Una vez termine la reunión, McCain comparecerá ante los periodistas a las siete y quince. Más adelante, el presidente Uribe le ofrecerá una cena en honor suyo y de su esposa Cindy, que vienen acompañados del senador independiente y candidato a la vicepresidencia de Al Gore en el año 2000 Joe Lieberman; del senador republicano Lindsey Graham, y de más de 40 periodistas. Los visitantes pasarán luego la noche en el Hotel Santa Clara, en el centro histórico de Cartagena, donde abundan las medidas de seguridad.
El miércoles temprano, McCain hablará con el ministro Araújo y, fiel a su costumbre como veterano de guerra, visitará a los soldados que se recuperan en el Hospital Naval. Después irá a la estación de Guardacostas de la Base Naval, donde le explicarán algunos programas contra el narcotráfico y la lucha antiguerrilla que han sido financiados con recursos del Plan Colombia, la iniciativa lanzada en 1999 por el presidente demócrata de los Estados Unidos, Bill Clinton, y aprobada en Washington por el Congreso, en ese entonces controlado por la oposición republicana.
McCain no es ajeno a la Armada. Hijo y nieto de almirantes de guerra de Vietnam y de la Segunda Guerra Mundial, él mismo fue piloto de la Marina norteamericana en el conflicto contra los vietnamitas del norte, donde cayó prisionero y fue torturado por la guerrilla del Vietcong. Sufrió la fractura de los dos brazos, por lo cual no puede levantarlos, y estuvo cinco años en manos del enemigo.
Mañana, poco antes del almuerzo, el senador se desplazará a la Sociedad Portuaria de Cartagena. Veinte minutos más tarde dará una rueda de prensa en el Santa Clara, tras la cual se sentará a manteles con los integrantes de la Cámara de Comercio Colombo-Americana y con diversos empresarios del país. A eso de las dos de la tarde tomará el avión para volar a México, segundo y último país latinoamericano en esta gira.
Pero, ¿cuál es el verdadero propósito de la visita de McCain? ¿Hay algo más allá que revisar el Plan Colombia? Varios analistas creen que sí. Entre ellos se cuenta Michael Shifter, vicepresidente del Diálogo Interamericano, el ‘think tank’ más prestigioso de Washignton en lo que se refiere a América Latina, que constata inicialmente que el viaje al exterior de un candidato presidencial norteamericano en plena campaña es “bastante inusual”.
Aparte de eso, Shifter considera que “lo que McCain pretende hacer en Colombia es realzar su experiencia en temas de seguridad nacional, uno de los aspectos en los que se considera más fuerte frente a su rival en los comicios del 6 de noviembre el demócrata Barack Obama, y convencer a millones de hispanos que viven en Estados Unidos de que voten por él”.
No será fácil. Para Shifter, si bien Colombia es el único país del hemisferio donde se ha sufrido tan duramente el flagelo del narcotráfico y donde las autoridades han mostrado avances mientras libran un conflicto armado, el objetivo que se ha trazado McCain es difícil de alcanzar. “En Estados Unidos, donde el senador de Arizona tiene sólo el 28% del voto latino, los hispanos están hoy más preocupados por otras cosas como la mala situación económica y la guerra en Irak”, dice.
A estas alturas, McCain sabe perfectamente que tiene la presidencia cuesta arriba. Si se promedian los últimos ocho sondeos de opinión, Obama lo supera por un promedio de 7,1 puntos porcentuales. La diferencia entre las distintas muestras es abismal. De acuerdo con la más reciente de la revista ‘Newsweek’, el candidato demócrata lo aventaja por un astronómico 15%. Pero conforme a la que hizo en días pasados el canal Fox News, la diferencia es de un 4%.
McCain ha sido un viejo amigo de los gobiernos colombianos y le ha dado su apoyo al presidente Uribe. Ha dicho que respalda la continuidad del Plan Colombia y ha criticado a la bancada demócrata de la Cámara de Representantes norteamericana que con sus mayorías y bajo el liderazgo de la presidenta de ese organismo, Nancy Pelosi, aplazó indefinidamente en abril la votación del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado en noviembre de 2006 en Washington por Estados Unidos y Colombia.
Según él, “uno no puede volverles la espalda de ese modo a los aliados, sobre todo cuando se trata de un país que es baluarte de la democracia y un faro de esperanza en una región donde hay quienes se oponen a las libertades”. Esa posición contrasta con la de Obama, que se ha opuesto al TLC mientras exista un alto índice de criminalidad contra los sindicalistas en Colombia.
Se ignora si Uribe se alineará con McCain en Cartagena a propósito del TLC y en contra de Obama, o si, por el contrario, insistirá en la importancia de preservar la neutralidad frente a demócratas y republicanos. Si hace lo primero, “sería un suicidio”, advierte Michael Shifter. Aunque la iniciativa de este viaje partió de McCain, la embajadora Carolina Barco, le confirmó a Semana.com que Uribe también ha invitado a Barack Obama, senador de Illinois, para que viaje a Colombia.
En las toldas de Obama se cree que durante el senador McCain fustigará durante su visita a Cartagena al candidato demócrata por su negativa a respaldar el TLC. “Nos imaginamos que McCain criticará al senador Obama por no haberse manifestado a favor de ese acuerdo comercial”, le dijo a Semana.com el coordinador del comité encargado de las políticas hacia Latinoamérica en la campaña obamista, Dan Restrepo.
Cuando McCain aterrice, también deberá reaccionar ante la carta que le envió Kenneth Roth, el director ejecutivo de la conocida organización no gubernamental estadounidense Human Rights Watch, en la que le pide cuestionar la información que le dé el presidente Uribe y enterarse del desplazamiento forzado, las ejecuciones extrajudiciales y el acoso al que somete el gobierno a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
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Esta es la 'historia no oficial' de la 'guerra' entre Uribe y la Corte
El último desencuentro, esta semana, dejó sumergido al país en una crisis que tiene a los analistas buscando salidas para lo que puede ser el mayor choque de poderes de los últimos años.
Cronología de las peleas entre el presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema de Justicia
Los que apostaban a que con la llegada de Francisco Javier Ricaurte a la presidencia de la Corte Suprema se iba a componer la maltrecha relación entre ese tribunal y la Casa de Nariño, van perdiendo la partida.
En las últimas 48 horas, la Corte hizo su más fuerte embestida contra la silla presidencial, al cuestionar la legitimidad del acto legislativo que le abrió paso a la reelección del presidente Uribe. Y el Jefe de Estado le respondió con cargas de profundidad: dos denuncias contra los magistrados ante la Comisión de Acusación y el reto de que sea el país en pleno el que refrende su segundo periodo.
Este es un escenario que no estaba en las cuentas de Ricaurte, quien llegó ondeando en febrero la bandera de la paz. Él es hijo de un reconocido y aconductado conservador de la Costa y se esperaba que ese detalle facilitara la comunicación con el entonces ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín.
Por eso, Fabio Valencia Cossio -que ya tenía asegurada su llegada al ministerio del Interior- empezó a tender puentes para recomponer una relación que, incluso, ha entrado en el fangoso terreno de los rumores.
Buscó varias reuniones con magistrados de la Corte mediante los buenos oficios del general (r) Rosso José Serrano, su potencial viceministro de Justicia y amigo de varios miembros del alto tribunal.
La idea principal era ponerle punto final a la desgastante demanda de Uribe contra el magistrado César Julio Valencia Copete, porque este dijo que el Presidente lo llamó para averiguar por el proceso contra su primo segundo, el ex senador Mario Uribe. El mandatario pidió investigarlo por calumnia.
También se buscaba recuperar la confianza mutua en temas neurálgicos como la extradición, el futuro de 19 mil ex 'paras' y el capítulo de Justicia y Paz.
Pero los acercamientos se malograron cuando, hace casi dos meses, Valencia Cossio llevó a un desayuno con Ricaurte el borrador de una declaración en la que la Corte se retractaba de las afirmaciones de Valencia Copete.
Luego vino una afirmación del presidente Uribe en la Comisión de Acusación, en la que dijo que la Corte le estaba enviando 'papelitos' para no exponerse a una derrota en los estrados.Y desde entonces, solo ha habido desencuentros.
Acusaciones van y vienen
En público y en privado cada parte se queja de la otra y la acusa de invadir sus terrenos y de usar mecanismos turbios para atacarse.
En círculos cercanos a Uribe se comenta que esta Corte quiere tumbar al Presidente y que, con objetivos no muy claros, intenta quitarle la facultad para extraditar paramilitares.
Además, que usando a magistrados auxiliares -como Iván Velásquez, investigador estrella de la parapolítica- y a oscuros emisarios, recluta falsos testigos contra el Presidente y su círculo más cercano.
En medio de ese ambiente, la Presidencia prendió las alarmas públicas por la historia del paramilitar José Orlando Moncada Zapata, 'Tasmania', que el año pasado aseguró que Velásquez le ofreció beneficios a cambio de declarar en contra de Uribe. 'Tasmania' asegura ahora que sus señalamientos contra Velásquez fueron un montaje. La Fiscalía tiene el reto de establecer a cuál de las dos versiones le dará credibilidad.
En el Palacio de Justicia creen que se vienen episodios similares y piden que se diga si es cierto que agentes del Estado les siguen los pasos a magistrados. El DAS ha negado enfáticamente esa última versión.
Pero la tensión sigue. Incluso, se habla de la existencia de un supuesto video sobre un abogado que tiene contactos en la Corte y que, a la vez, ingresa a cárceles donde están presos ex Auc. Este video sería usado para poner en jaque la credibilidad del tribunal.
Lo cierto hasta ahora es que el caso más polémico que ha salpicado a los magistrados es el de Ascencio Reyes, un comerciante de las entrañas de la Corte que por años ha organizado agasajos a magistrados con quienes incluso tiene negocios.
El pasado viernes, el comisionado Luis Carlos Restrepo recordó que varios medios de comunicación han contado la relación de la Corte con Reyes y de este, a su vez, con dos narcotraficantes, entre ellos el italiano Giorgio Sale, socio del ex 'para' Salvatore Mancuso.
"El señor Reyes ha sido cuestionado por su cercanía y relaciones comerciales desde el año 2000 con el narcotraficante José María Ortiz", dijo el Comisionado.
Lo que no entienden algunos magistrados es por qué les cuestionan su vínculo con un hombre que también se precia de tener entre sus amigos a Rosso José Serrano y al general Freddy Padilla de León, comandante de las Fuerzas Militares.
En todo caso algunos analistas han pedido a la Corte respuestas. La columnista Salud Hernández, por ejemplo, dijo que en vez de dar explicaciones más claras, los magistrados salen con "ridiculeces" a decir que las revelaciones forman parte de un complot contra ellos con el fin de favorecer a los 'parapolíticos'.
El magistrado Yesid Reyes respondió diciendo que esas informaciones lesionan su buen nombre y pidió que si algún ciudadano conoce de alguna conducta suya que considere delito, que lo denuncie ante la Comisión de Acusación. Y eso fue lo que hizo el comisionado Restrepo el viernes, según dijo, porque ningún ciudadano había tomado la iniciativa.
El efecto Yidis
La denuncia contra la Corte fue el último capítulo de una batalla que pasó al plano judicial desde el lunes, cuando los magistrados de la Sala Penal discutían si, en el texto de la sentencia por cohecho contra la ex congresista Yidis Medina, era necesario cuestionar de manera explícita el acto legislativo que le dio vida a la reelección de Uribe.
Los términos de la sentencia indican que ganó la línea dura: la Corte se lanzó a hablar de 'actos punibles' y 'desviación de poder' como motores de esa reforma.
Frente a ese desafío, que para asesores del Gobierno es una clara extralimitación de funciones, Valencia Cossio, el hombre que había intentado tender puentes para un arreglo, recogió las banderas de su antecesor -que terminó en franca pelea con la Corte- y se estrenó con declaraciones en las que acusa a los magistrados de prejuzgar.
¿La razón? La Corte da por sentado que dos de los espadachines de Uribe, el embajador en Italia, Sabas Pretelt, y el ministro de la Protección, Diego Palacio, ofrecieron dádivas a Yidis Medina para que, con su voto, inclinara la balanza a favor de la reelección .
Nadie sabe quién está ganando este pulso, en el que evidentemente todo el país sale perdiendo. Lo concreto es que el 'round' de la reelección se decidirá en la Corte Constitucional, que se enfrenta a un dilema de fondo: decidir si revisa por primera vez en 17 años una de sus sentencias.
Y hay una paradoja: ese punto, la revisión de sentencias de las altas cortes, fue la almendra del llamado choque de trenes, que distanció a la Constitucional de la Suprema y esta del gobierno.
Hace casi dos años, la pelea arrancó cuando el magistrado Yesid Reyes, en ese momento presidente de la Corte Suprema de Justicia, dijo públicamente que el presidente Álvaro Uribe les había mentido y había tomado partido a favor de la tutela contra sentencias judiciales.
www.eltiempo.com
El último desencuentro, esta semana, dejó sumergido al país en una crisis que tiene a los analistas buscando salidas para lo que puede ser el mayor choque de poderes de los últimos años.
Cronología de las peleas entre el presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema de Justicia
Los que apostaban a que con la llegada de Francisco Javier Ricaurte a la presidencia de la Corte Suprema se iba a componer la maltrecha relación entre ese tribunal y la Casa de Nariño, van perdiendo la partida.
En las últimas 48 horas, la Corte hizo su más fuerte embestida contra la silla presidencial, al cuestionar la legitimidad del acto legislativo que le abrió paso a la reelección del presidente Uribe. Y el Jefe de Estado le respondió con cargas de profundidad: dos denuncias contra los magistrados ante la Comisión de Acusación y el reto de que sea el país en pleno el que refrende su segundo periodo.
Este es un escenario que no estaba en las cuentas de Ricaurte, quien llegó ondeando en febrero la bandera de la paz. Él es hijo de un reconocido y aconductado conservador de la Costa y se esperaba que ese detalle facilitara la comunicación con el entonces ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín.
Por eso, Fabio Valencia Cossio -que ya tenía asegurada su llegada al ministerio del Interior- empezó a tender puentes para recomponer una relación que, incluso, ha entrado en el fangoso terreno de los rumores.
Buscó varias reuniones con magistrados de la Corte mediante los buenos oficios del general (r) Rosso José Serrano, su potencial viceministro de Justicia y amigo de varios miembros del alto tribunal.
La idea principal era ponerle punto final a la desgastante demanda de Uribe contra el magistrado César Julio Valencia Copete, porque este dijo que el Presidente lo llamó para averiguar por el proceso contra su primo segundo, el ex senador Mario Uribe. El mandatario pidió investigarlo por calumnia.
También se buscaba recuperar la confianza mutua en temas neurálgicos como la extradición, el futuro de 19 mil ex 'paras' y el capítulo de Justicia y Paz.
Pero los acercamientos se malograron cuando, hace casi dos meses, Valencia Cossio llevó a un desayuno con Ricaurte el borrador de una declaración en la que la Corte se retractaba de las afirmaciones de Valencia Copete.
Luego vino una afirmación del presidente Uribe en la Comisión de Acusación, en la que dijo que la Corte le estaba enviando 'papelitos' para no exponerse a una derrota en los estrados.Y desde entonces, solo ha habido desencuentros.
Acusaciones van y vienen
En público y en privado cada parte se queja de la otra y la acusa de invadir sus terrenos y de usar mecanismos turbios para atacarse.
En círculos cercanos a Uribe se comenta que esta Corte quiere tumbar al Presidente y que, con objetivos no muy claros, intenta quitarle la facultad para extraditar paramilitares.
Además, que usando a magistrados auxiliares -como Iván Velásquez, investigador estrella de la parapolítica- y a oscuros emisarios, recluta falsos testigos contra el Presidente y su círculo más cercano.
En medio de ese ambiente, la Presidencia prendió las alarmas públicas por la historia del paramilitar José Orlando Moncada Zapata, 'Tasmania', que el año pasado aseguró que Velásquez le ofreció beneficios a cambio de declarar en contra de Uribe. 'Tasmania' asegura ahora que sus señalamientos contra Velásquez fueron un montaje. La Fiscalía tiene el reto de establecer a cuál de las dos versiones le dará credibilidad.
En el Palacio de Justicia creen que se vienen episodios similares y piden que se diga si es cierto que agentes del Estado les siguen los pasos a magistrados. El DAS ha negado enfáticamente esa última versión.
Pero la tensión sigue. Incluso, se habla de la existencia de un supuesto video sobre un abogado que tiene contactos en la Corte y que, a la vez, ingresa a cárceles donde están presos ex Auc. Este video sería usado para poner en jaque la credibilidad del tribunal.
Lo cierto hasta ahora es que el caso más polémico que ha salpicado a los magistrados es el de Ascencio Reyes, un comerciante de las entrañas de la Corte que por años ha organizado agasajos a magistrados con quienes incluso tiene negocios.
El pasado viernes, el comisionado Luis Carlos Restrepo recordó que varios medios de comunicación han contado la relación de la Corte con Reyes y de este, a su vez, con dos narcotraficantes, entre ellos el italiano Giorgio Sale, socio del ex 'para' Salvatore Mancuso.
"El señor Reyes ha sido cuestionado por su cercanía y relaciones comerciales desde el año 2000 con el narcotraficante José María Ortiz", dijo el Comisionado.
Lo que no entienden algunos magistrados es por qué les cuestionan su vínculo con un hombre que también se precia de tener entre sus amigos a Rosso José Serrano y al general Freddy Padilla de León, comandante de las Fuerzas Militares.
En todo caso algunos analistas han pedido a la Corte respuestas. La columnista Salud Hernández, por ejemplo, dijo que en vez de dar explicaciones más claras, los magistrados salen con "ridiculeces" a decir que las revelaciones forman parte de un complot contra ellos con el fin de favorecer a los 'parapolíticos'.
El magistrado Yesid Reyes respondió diciendo que esas informaciones lesionan su buen nombre y pidió que si algún ciudadano conoce de alguna conducta suya que considere delito, que lo denuncie ante la Comisión de Acusación. Y eso fue lo que hizo el comisionado Restrepo el viernes, según dijo, porque ningún ciudadano había tomado la iniciativa.
El efecto Yidis
La denuncia contra la Corte fue el último capítulo de una batalla que pasó al plano judicial desde el lunes, cuando los magistrados de la Sala Penal discutían si, en el texto de la sentencia por cohecho contra la ex congresista Yidis Medina, era necesario cuestionar de manera explícita el acto legislativo que le dio vida a la reelección de Uribe.
Los términos de la sentencia indican que ganó la línea dura: la Corte se lanzó a hablar de 'actos punibles' y 'desviación de poder' como motores de esa reforma.
Frente a ese desafío, que para asesores del Gobierno es una clara extralimitación de funciones, Valencia Cossio, el hombre que había intentado tender puentes para un arreglo, recogió las banderas de su antecesor -que terminó en franca pelea con la Corte- y se estrenó con declaraciones en las que acusa a los magistrados de prejuzgar.
¿La razón? La Corte da por sentado que dos de los espadachines de Uribe, el embajador en Italia, Sabas Pretelt, y el ministro de la Protección, Diego Palacio, ofrecieron dádivas a Yidis Medina para que, con su voto, inclinara la balanza a favor de la reelección .
Nadie sabe quién está ganando este pulso, en el que evidentemente todo el país sale perdiendo. Lo concreto es que el 'round' de la reelección se decidirá en la Corte Constitucional, que se enfrenta a un dilema de fondo: decidir si revisa por primera vez en 17 años una de sus sentencias.
Y hay una paradoja: ese punto, la revisión de sentencias de las altas cortes, fue la almendra del llamado choque de trenes, que distanció a la Constitucional de la Suprema y esta del gobierno.
Hace casi dos años, la pelea arrancó cuando el magistrado Yesid Reyes, en ese momento presidente de la Corte Suprema de Justicia, dijo públicamente que el presidente Álvaro Uribe les había mentido y había tomado partido a favor de la tutela contra sentencias judiciales.
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miércoles, 2 de julio de 2008
¿Más de 30.000 desaparecidos?
Hernando Salazar
Bogotá
La desaparición forzada de personas ha saltado a los titulares de la prensa colombiana en los últimos meses porque los números crecieron considerablemente y por las decisiones judiciales que se han adoptado.
Hace poco fue detenido un ex general del ejército y otros dos han sido llamados a indagatoria por la Fiscalía por la desaparición de una docena de personas durante la toma del Palacio de Justicia, en 1985.
Pero, además, están las confesiones hechas por paramilitares que buscan beneficios judiciales, la aparición de cementerios clandestinos y la recuperación de restos óseos por parte de la Fiscalía General.
Mientras en el año 2000 se hablaba de unos 3.500 casos de desaparecidos, ahora la Fiscalía General revela que está investigando la desaparición de 15.645 personas.
Las organizaciones no gubernamentales aseguran que podrían ser más de 30.000 las personas de las que no se tiene rastro.
"Basta"
"Seguramente van a ser más de 30.000", le dice a BBC Mundo Federico Andreu, consejero general de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), quien vino a Bogotá a un seminario internacional sobre desaparición forzada, que fue inaugurado por el juez español Baltasar Garzón.
El más reciente informe sobre Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó que en 2007 los paramilitares revelaron la ubicación de 1.009 fosas clandestinas, que permitieron la recuperación de los restos de 1.196 desaparecidos, aunque no muchos han sido identificados.
Según Andreu, el aumento de las cifras se debe a que había un mal registro de las desapariciones, sobre todo en las zonas rurales, pero también a que la gente está hablando más ahora y a que "la sociedad está empezando a decir: basta de esta realidad".
Seguramente van a ser más de 30.000 (los desaparecidos)
Federico Andreu, Comisión Internacional de Juristas
Al intervenir en el seminario, Gustavo Gallón, director de la CCJ, dijo que entre mediados de 2002 yde 2007 hubo 1.259 desapariciones forzadas en Colombia, el 97% de las cuales las atribuye su organización a agentes estatales y paramilitares, y el 3% a las guerrillas.
Andreu, un experto que trabajó en la redacción de la Convención de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, explica que una característica de ese delito "es que ha sido como el crimen del silencio, el crimen perfecto. La gente no quiere hablar, ni los familiares, ni los testigos".
Y no quieren hablar, añade, porque esperan que sus familiares regresen o porque han sido amenazados por quienes cometieron la desaparición.
Lo paradójico es que el aumento de las cifras ocurre después de que, en el año 2000, Colombia tipificó la desaparición forzada como delito en el Código Penal.
Hasta el momento, sin embargo, no se conocen muchas condenas por ese delito. Y tampoco ha concluido con sentencia judicial ninguno de los procesos de la ley de "justicia y paz", a la que se acogieron cerca de 3.000 paramilitares.
Voluntad política
Andreu cree que, a pesar de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano, falta voluntad política del sistema judicial doméstico para perseguir la desaparición forzada.
Mientras la gran mayoría de los países de Latinoamérica han superado esta triste historia, Colombia sigue siendo el único que año tras año figura dentro de la lista donde la desaparición forzada sigue como una práctica recurrente
Susan Lee, AI
Carlos Franco, director del Programa Presidencial de Derechos Humanos, ha subrayado que el gobierno del presidente Álvaro Uribe promovió la adopción del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas a comienzos de 2007 y también aprobó un plan de choque para luchar contra ese delito.
A pesar de eso, el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos sobre Colombia asegura que la apliación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha sido "muy incipiente".
Susan Lee, directora para las Américas de Amnistía Internacional, le dice a BBC Mundo que "se siguen presentando casi a diario casos de desaparición forzada en Colombia".
BBC Mundo le consultó a la Procuraduría General de la Nación, que es el máximo garante de los derechos humanos en el país, representa a la sociedad en los casos penales y vigila y sanciona disciplinariamente a los agentes del Estado.
La Procuraduría informó que actualmente desarrolla 16 investigaciones disciplinarias por desapariciones forzadas, en su mayoría contra miembros del ejército.
Sin sanciones por ahora
Aunque a principios de los años 90 la Procuraduría destituyó a dos generales por desapariciones forzadas, en ninguna de las investigaciones actuales se han producido, hasta ahora, sanciones disciplinarias contra los presuntos responsables.
Un alto funcionario de la Procuraduría admitió que la persecución penal y disciplinaria de los responsables de desapariciones forzadas frecuentemente se tropieza con trabas burocráticas, que les quitan rapidez y eficacia a las investigaciones y la búsqueda de las víctimas.
Lee señala que "llama mucho la atención que mientras la gran mayoría de los países de Latinoamérica han superado esta triste historia, Colombia sigue siendo el único que año tras año figura dentro de la lista donde la desaparición forzada sigue como una práctica recurrente".
Pese a todo, Andreu afirma que la penalización de la desaparición forzada terminará aplicándose tarde o temprano en Colombia, como está sucediendo en Perú con la ley que se adoptó en 1992, durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Nota de BBCMundo.com:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/latin_america/newsid_7481000/7481399.stm
Publicada: 2008/06/30 12:56:40 GMT
Hernando Salazar
Bogotá
La desaparición forzada de personas ha saltado a los titulares de la prensa colombiana en los últimos meses porque los números crecieron considerablemente y por las decisiones judiciales que se han adoptado.
Hace poco fue detenido un ex general del ejército y otros dos han sido llamados a indagatoria por la Fiscalía por la desaparición de una docena de personas durante la toma del Palacio de Justicia, en 1985.
Pero, además, están las confesiones hechas por paramilitares que buscan beneficios judiciales, la aparición de cementerios clandestinos y la recuperación de restos óseos por parte de la Fiscalía General.
Mientras en el año 2000 se hablaba de unos 3.500 casos de desaparecidos, ahora la Fiscalía General revela que está investigando la desaparición de 15.645 personas.
Las organizaciones no gubernamentales aseguran que podrían ser más de 30.000 las personas de las que no se tiene rastro.
"Basta"
"Seguramente van a ser más de 30.000", le dice a BBC Mundo Federico Andreu, consejero general de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), quien vino a Bogotá a un seminario internacional sobre desaparición forzada, que fue inaugurado por el juez español Baltasar Garzón.
El más reciente informe sobre Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó que en 2007 los paramilitares revelaron la ubicación de 1.009 fosas clandestinas, que permitieron la recuperación de los restos de 1.196 desaparecidos, aunque no muchos han sido identificados.
Según Andreu, el aumento de las cifras se debe a que había un mal registro de las desapariciones, sobre todo en las zonas rurales, pero también a que la gente está hablando más ahora y a que "la sociedad está empezando a decir: basta de esta realidad".
Seguramente van a ser más de 30.000 (los desaparecidos)
Federico Andreu, Comisión Internacional de Juristas
Al intervenir en el seminario, Gustavo Gallón, director de la CCJ, dijo que entre mediados de 2002 yde 2007 hubo 1.259 desapariciones forzadas en Colombia, el 97% de las cuales las atribuye su organización a agentes estatales y paramilitares, y el 3% a las guerrillas.
Andreu, un experto que trabajó en la redacción de la Convención de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, explica que una característica de ese delito "es que ha sido como el crimen del silencio, el crimen perfecto. La gente no quiere hablar, ni los familiares, ni los testigos".
Y no quieren hablar, añade, porque esperan que sus familiares regresen o porque han sido amenazados por quienes cometieron la desaparición.
Lo paradójico es que el aumento de las cifras ocurre después de que, en el año 2000, Colombia tipificó la desaparición forzada como delito en el Código Penal.
Hasta el momento, sin embargo, no se conocen muchas condenas por ese delito. Y tampoco ha concluido con sentencia judicial ninguno de los procesos de la ley de "justicia y paz", a la que se acogieron cerca de 3.000 paramilitares.
Voluntad política
Andreu cree que, a pesar de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano, falta voluntad política del sistema judicial doméstico para perseguir la desaparición forzada.
Mientras la gran mayoría de los países de Latinoamérica han superado esta triste historia, Colombia sigue siendo el único que año tras año figura dentro de la lista donde la desaparición forzada sigue como una práctica recurrente
Susan Lee, AI
Carlos Franco, director del Programa Presidencial de Derechos Humanos, ha subrayado que el gobierno del presidente Álvaro Uribe promovió la adopción del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas a comienzos de 2007 y también aprobó un plan de choque para luchar contra ese delito.
A pesar de eso, el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos sobre Colombia asegura que la apliación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha sido "muy incipiente".
Susan Lee, directora para las Américas de Amnistía Internacional, le dice a BBC Mundo que "se siguen presentando casi a diario casos de desaparición forzada en Colombia".
BBC Mundo le consultó a la Procuraduría General de la Nación, que es el máximo garante de los derechos humanos en el país, representa a la sociedad en los casos penales y vigila y sanciona disciplinariamente a los agentes del Estado.
La Procuraduría informó que actualmente desarrolla 16 investigaciones disciplinarias por desapariciones forzadas, en su mayoría contra miembros del ejército.
Sin sanciones por ahora
Aunque a principios de los años 90 la Procuraduría destituyó a dos generales por desapariciones forzadas, en ninguna de las investigaciones actuales se han producido, hasta ahora, sanciones disciplinarias contra los presuntos responsables.
Un alto funcionario de la Procuraduría admitió que la persecución penal y disciplinaria de los responsables de desapariciones forzadas frecuentemente se tropieza con trabas burocráticas, que les quitan rapidez y eficacia a las investigaciones y la búsqueda de las víctimas.
Lee señala que "llama mucho la atención que mientras la gran mayoría de los países de Latinoamérica han superado esta triste historia, Colombia sigue siendo el único que año tras año figura dentro de la lista donde la desaparición forzada sigue como una práctica recurrente".
Pese a todo, Andreu afirma que la penalización de la desaparición forzada terminará aplicándose tarde o temprano en Colombia, como está sucediendo en Perú con la ley que se adoptó en 1992, durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Nota de BBCMundo.com:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/latin_america/newsid_7481000/7481399.stm
Publicada: 2008/06/30 12:56:40 GMT
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