Miembros activos de la fuerza pública en la red de ‘Don Mario’
Dos oficiales, un suboficial del Ejército, un patrullero de la Policía y seis personas más que trabajaban para el narcotraficante alias “Don Mario” en Antioquia, Córdoba y Chocó fueron capturadas por la Policía en siete ciudades del noroccidente del país. El fiscal Mario Iguarán reconoció la infiltración en las organizaciones del Estado.
Fecha: 08/27/2008 -
La polémica por las conversaciones que comprometen a Guillermo León Valencia, ex director de Fiscalías de Antioquia y hermano del actual Ministro del Interior y de Justicia, con la organización del narcotraficante alias ‘Don Mario’, creció este miércoles al conocerse la captura de cuatro miembros activos de la fuerza pública y otras seis personas que actuaban como sicarios para la organización de este narco.
Los diez detenidos, al parecer, integraban la organización “Héroes de Castaño” que trabajaba para Daniel Rendón Herrera, conocido como ‘Don Mario’, quien luego de desmovilizarse de los paramilitares regresó a la vida delincuencial para manejar una organización de narcos en Antioquia, Córdoba y Chocó principalmente.
Estas personas eran responsables de reclutar, patrullar, cobrar extorsiones y controlar la salida de cocaína hacia el exterior, según la policía. Entre los capturados se encuentra Meliza Vanesa Luna Quintero, alias ‘Camila’, quien según la Policía Antinarcóticos era la que llevaba la nómina y la contabilidad de la organización. En uno de los allanamientos los investigadores encontraron un computador con información sobre ‘Don Mario’ que será analizado por las autoridades.
Los ratones cuidando el queso
Investigan a hermano de Mininterior y a comandante de policía por presuntos vínculos con “Don Mario”
'Don Mario' es el narcotraficante más buscado por las autoridades de todo el país. Estas capturas de miembros de la fuerza pública y las investigaciones que cursan contra el ex fiscal en Antioquia, Guillermo Valencia Cossio, hermano del actual ministro de Justicia, dieron pie para que el Fiscal General Mario Iguarán asegurara este miércoles que ‘Don Mario’ infiltró varios organismos del Estado.
Los capturados son el capitán del Ejército Duván Mauricio Hernández Tabares, alias ‘Michael’; el suboficial del Ejército Ronald Hernández Fuentes; el teniente de la Policía Fredy Alexánder Burgos Ortiz; el patrullero de la Policía Carlos Alberto González Castañeda y los civiles Yonny Cano Linares, alias ‘El Llanero’ y Lubín Cardona Borja, alias ‘Lubín’, todos capturados en el Urabá Antioqueño. Así mismo, la Policía Nacional y la Fiscalía detuvieron en Barranquilla a Jhon Fréider Arias Espinoza, alias ‘Oscar’ y a Jeremías Higuita Arango, alias ‘Omar’; y en Carepa a Meliza Vanesa Luna Quintero, alias ‘Camila’ y a José Vega Rodríguez, alias ‘Harold’.
Estas personas serán procesadas por concierto para delinquir, financiación de actividades terroristas y homicidio agravado entre otros delitos.
Lo que hasta hoy conocen las autoridades de esta organización es que se creó con varios reductos del Bloque Élmer Cárdenas de las AUC luego su desmovilización, y que concentran sus actividades delincuenciales en los municipios de Apartadó, Turbo, Necoclí, San Pedro de Urabá, Carepa y Chigorodó, todos en la región del Urabá.
“A través de interceptaciones de correos electrónicos de esta organización delincuencial se pudo determinar que ‘Don Mario’ procura mucho el correo humano y creemos que con golpes como este, en particular el que tiene que ver con las finanzas, esta organización queda debilitada”, dijo el fiscal Iguarán.
De Daniel Rendón Herrera se dice que hace unos meses llegó a un acuerdo con la justicia norteamericana para entregarse y que, a comienzos de julio pasado, un primer paso fue el traslado a territorio estadounidense de su familia.
La revista Semana publicó hace unas semanas lo siguiente: “el propio narco llegó a Panamá para finiquitar la negociación que lo llevaría a Estados Unidos. Aunque lleva más de 15 años en tráfico de drogas, 'Don Mario' se transformó en los dos últimos años en el hombre fuerte del narcotráfico en el norte del país. Hermano del ex jefe paramilitar Freddy Rendón, alias el 'Alemán', 'Don Mario' heredó parte del ejército del Bloque Élmer Cárdenas y reclutó gran parte de los desmovilizados en la zona del Urabá antioqueño. Desde allí se hizo al control absoluto de una de las principales rutas de exportación de drogas por el Caribe”.
ww.semana.com
sábado, 30 de agosto de 2008
Mafia S.A.
“Los carteles mexicanos quieren imponer sus condiciones”
En muchas ocasiones es más fácil que se pongan de acuerdo las organizaciones criminales que manejan el narcotráfico que las instituciones de los países que intentan luchar contra ellas. Esa es una de las conclusiones del libro Mafia & Co- La red criminal en México, Brasil y Colombia de Juan Carlos Garzón donde se presenta una radiografía del problema de las drogas en estos tres países. Entrevista de Semana.com.
Fecha: 08/26/2008 -
La globalización de las economías criminales que lograron llevar droga a muchos rincones del mundo es un ejemplo lamentable del éxito que tuvieron las mafias de centro y Suramérica descritas en Mafia & Co- La red criminal en México, Brasil y Colombia, el libro del politólogo Juan Carlos Garzón lanzado en la noche del martes.
En entrevista con Semana.com, Garzón habla sobre el papel de los carteles de droga en México, Brasil y Colombia, sobre las similitudes y diferencias entre ellos, y sobre los esfuerzos de la lucha antinarcóticos en estos tres países.
- ¿Por qué reunir tres países como Colombia, Brasil y México en un libro sobre mafias?
Colombia en términos de producción, México y Brasil en términos de comercialización y tránsito son cruciales para hablar de narcotráfico en el hemisferio. México está pasando por un momento difícil en términos de seguridad con el enfrentamiento entre carteles y estado, y entre los mismos mafiosos. En Brasil, en ciudades como Sao Paulo y Rio de Janeiro la dinámica de violencia y tráfico de drogas tiene relación directa con la comercialización y el transporte de la droga proveniente de Colombia. A pesar de que nuestro país disminuyó levemente la producción de droga, tanto en Brasil como en México ya se viene hablando de la ‘colombianización’, haciendo referencia a la escalada de violencia de la década de los 90 que ahora se está viviendo en esos países, especialmente en el país centroamericano.
- ¿Qué revelaciones trae Mafia & Co.?
Más que revelaciones, es una radiografía de las principales organizaciones criminales de estos países y las condiciones que necesita el crimen para sobrevivir. Se habla de los nexos con la economía ilegal, con la política, con las fuerzas de seguridad del estado y con la sociedad. El libro va más allá de una perspectiva local y se centra en algo muy global.
- ¿En cuál de los tres países es más difícil la lucha antimafias?
Yo creo que la situación más crítica la tiene México, con una dinámica de contagio en varios países de Centroamérica. También hay aspectos difíciles que son necesarios reflexionar como Venezuela, que es hoy una zona de tránsito, o Argentina y Chile donde se ha dado un incremento en el consumo, y Perú y Bolivia donde los cultivos ilícitos están creciendo. En definitiva, me parece que el análisis de la lucha antimafias se debe pensar desde un punto de vista regional, incluso hemisférico, considerando las problemáticas que hay en cada uno de los países.
- ¿Cómo ve usted la lucha antidrogas en América?
Se han hecho esfuerzos por tener una perspectiva hemisférica, pero haciendo una comparación odiosa, se articulan de manera más fácil las organizaciones criminales que la institucionalidad de los países para luchar contra los delincuentes.
- ¿Qué se sabe de los nexos de carteles colombianos con los de México?
Las condiciones para los carteles colombianos han cambiado porque los carteles mexicanos quieren imponer sus condiciones. No quieren esperar a que a su país llegue la droga, sino que ellos mismos están haciendo los contactos en los países de origen. Adicionalmente manejan parte de la producción, no solo de anfetaminas, sino también de coca en el denominado Triángulo Dorado como se le denomina a la zona que se encuentra entre los estados de Durango, Chihuahua y Sinaloa. Hoy hay presencia de carteles mexicanos en Bolivia, Colombia, Perú e incluso Argentina, donde están tratando de tener básicamente relaciones directas con los sitios de producción de coca y de importación de efedrina, insumo principal para la producción de anfetaminas. La otra cosa es que la fuerza pública colombiana ha dado golpes fuertes en los articuladores, y eso debilita las relaciones internacionales.
- En la reciente cumbre de países de América y el Caribe que se celebró en Cartagena las autoridades de Colombia sentaron su preocupación por ascenso del consumo en Colombia...
En Colombia creció el consumo de coca, de marihuana y de drogas sintéticas, igual que en México y Brasil. No hay que perder de vista que cuando los narcos tienen problemas para exportar droga, el mercado local es una opción no tan rentable, pero que deja algo de ganancia. En el mercado local de Colombia hay una oferta importante en ciudades como Medellín (conocidas como plazas de vicio o las ollas), Bogotá (donde las autoridades indican que determinados hechos de violencia tiene que ver con la distribución de droga), Cali, Cúcuta y Bucaramanga.
-¿Qué conclusiones tiene Mafia & Co. sobre el negocio de la droga en México, Brasil y Colombia?
El tema de la globalización de las empresas criminales que lograron llevar sus productos a mercados mundiales es una conclusión. Por otro lado están los mercados ilegales emergentes que no están lo suficientemente explotados como Europa y en un futuro mercado como Asia, China y Japón, zonas potenciales para la distribución de la droga. Y otra muy importante es que la sociedad tiene parte de responsabilidad en la expansión del comercio ilícito. Desde esta perspectiva, el crimen organizado es un asunto de todos. Hay que tener en cuenta que él crimen vive de lo que la sociedad demanda. Lo que los ciudadanos consuman hoy puede terminar financiando grupo o prácticas que aborrecemos. El mejor ejemplo es la piratería: el destino final de sus ganancias casi siempre termina proporcionando los recursos para acciones criminales de gran impacto.
www.semana.com
En muchas ocasiones es más fácil que se pongan de acuerdo las organizaciones criminales que manejan el narcotráfico que las instituciones de los países que intentan luchar contra ellas. Esa es una de las conclusiones del libro Mafia & Co- La red criminal en México, Brasil y Colombia de Juan Carlos Garzón donde se presenta una radiografía del problema de las drogas en estos tres países. Entrevista de Semana.com.
Fecha: 08/26/2008 -
La globalización de las economías criminales que lograron llevar droga a muchos rincones del mundo es un ejemplo lamentable del éxito que tuvieron las mafias de centro y Suramérica descritas en Mafia & Co- La red criminal en México, Brasil y Colombia, el libro del politólogo Juan Carlos Garzón lanzado en la noche del martes.
En entrevista con Semana.com, Garzón habla sobre el papel de los carteles de droga en México, Brasil y Colombia, sobre las similitudes y diferencias entre ellos, y sobre los esfuerzos de la lucha antinarcóticos en estos tres países.
- ¿Por qué reunir tres países como Colombia, Brasil y México en un libro sobre mafias?
Colombia en términos de producción, México y Brasil en términos de comercialización y tránsito son cruciales para hablar de narcotráfico en el hemisferio. México está pasando por un momento difícil en términos de seguridad con el enfrentamiento entre carteles y estado, y entre los mismos mafiosos. En Brasil, en ciudades como Sao Paulo y Rio de Janeiro la dinámica de violencia y tráfico de drogas tiene relación directa con la comercialización y el transporte de la droga proveniente de Colombia. A pesar de que nuestro país disminuyó levemente la producción de droga, tanto en Brasil como en México ya se viene hablando de la ‘colombianización’, haciendo referencia a la escalada de violencia de la década de los 90 que ahora se está viviendo en esos países, especialmente en el país centroamericano.
- ¿Qué revelaciones trae Mafia & Co.?
Más que revelaciones, es una radiografía de las principales organizaciones criminales de estos países y las condiciones que necesita el crimen para sobrevivir. Se habla de los nexos con la economía ilegal, con la política, con las fuerzas de seguridad del estado y con la sociedad. El libro va más allá de una perspectiva local y se centra en algo muy global.
- ¿En cuál de los tres países es más difícil la lucha antimafias?
Yo creo que la situación más crítica la tiene México, con una dinámica de contagio en varios países de Centroamérica. También hay aspectos difíciles que son necesarios reflexionar como Venezuela, que es hoy una zona de tránsito, o Argentina y Chile donde se ha dado un incremento en el consumo, y Perú y Bolivia donde los cultivos ilícitos están creciendo. En definitiva, me parece que el análisis de la lucha antimafias se debe pensar desde un punto de vista regional, incluso hemisférico, considerando las problemáticas que hay en cada uno de los países.
- ¿Cómo ve usted la lucha antidrogas en América?
Se han hecho esfuerzos por tener una perspectiva hemisférica, pero haciendo una comparación odiosa, se articulan de manera más fácil las organizaciones criminales que la institucionalidad de los países para luchar contra los delincuentes.
- ¿Qué se sabe de los nexos de carteles colombianos con los de México?
Las condiciones para los carteles colombianos han cambiado porque los carteles mexicanos quieren imponer sus condiciones. No quieren esperar a que a su país llegue la droga, sino que ellos mismos están haciendo los contactos en los países de origen. Adicionalmente manejan parte de la producción, no solo de anfetaminas, sino también de coca en el denominado Triángulo Dorado como se le denomina a la zona que se encuentra entre los estados de Durango, Chihuahua y Sinaloa. Hoy hay presencia de carteles mexicanos en Bolivia, Colombia, Perú e incluso Argentina, donde están tratando de tener básicamente relaciones directas con los sitios de producción de coca y de importación de efedrina, insumo principal para la producción de anfetaminas. La otra cosa es que la fuerza pública colombiana ha dado golpes fuertes en los articuladores, y eso debilita las relaciones internacionales.
- En la reciente cumbre de países de América y el Caribe que se celebró en Cartagena las autoridades de Colombia sentaron su preocupación por ascenso del consumo en Colombia...
En Colombia creció el consumo de coca, de marihuana y de drogas sintéticas, igual que en México y Brasil. No hay que perder de vista que cuando los narcos tienen problemas para exportar droga, el mercado local es una opción no tan rentable, pero que deja algo de ganancia. En el mercado local de Colombia hay una oferta importante en ciudades como Medellín (conocidas como plazas de vicio o las ollas), Bogotá (donde las autoridades indican que determinados hechos de violencia tiene que ver con la distribución de droga), Cali, Cúcuta y Bucaramanga.
-¿Qué conclusiones tiene Mafia & Co. sobre el negocio de la droga en México, Brasil y Colombia?
El tema de la globalización de las empresas criminales que lograron llevar sus productos a mercados mundiales es una conclusión. Por otro lado están los mercados ilegales emergentes que no están lo suficientemente explotados como Europa y en un futuro mercado como Asia, China y Japón, zonas potenciales para la distribución de la droga. Y otra muy importante es que la sociedad tiene parte de responsabilidad en la expansión del comercio ilícito. Desde esta perspectiva, el crimen organizado es un asunto de todos. Hay que tener en cuenta que él crimen vive de lo que la sociedad demanda. Lo que los ciudadanos consuman hoy puede terminar financiando grupo o prácticas que aborrecemos. El mejor ejemplo es la piratería: el destino final de sus ganancias casi siempre termina proporcionando los recursos para acciones criminales de gran impacto.
www.semana.com
El enviado del Señor
Sarria le entregó a Villalba otras cartas para que firmara, cosa que él no hizo porque se había percatado de que el pastor lo estaba manipulando
Por Daniel Coronell
Fecha: 08/23/2008 -1373
Jesús Amado Sarria, el viudo de la ‘Monita Retrechera’, podría estar relacionado con una parte de los montajes que se vienen haciendo contra miembros de la Corte Suprema de Justicia, congresistas de la oposición y periodistas. Sarria volvió a la cárcel hace unos meses, como presunto autor del atentado contra un esmeraldero con quien había tenido diferencias de negocios.
‘Chucho’ Sarria, conocido antes como el ‘Brujo de Antero’, asegura que le ha entregado su vida al Señor. En calidad de Pastor recorre, sin mayores limitaciones, pabellones de la Cárcel Modelo de Bogotá y tiene comunicación permanente con amigos y relacionados que están dentro y fuera de las cárceles.
Con la Biblia en la mano, Sarria lleva mensajes celestiales –y terrenales– para esas almas pecadoras.
Entre quienes han recibido su ‘guía espiritual’ está el paramilitar Francisco Villalba.
Curiosamente, Villalba y otro paramilitar preso llamado Libardo Duarte le han enviado cartas al Presidente de la República. Cartas que –como ya empieza a ser costumbre– no tienen sello de recibido, ni número de radicación en la Casa de Nariño, pero que llegan cumplidamente al escritorio del Jefe de Estado.
Duarte le escribió al presidente Uribe para contarle que a través de un hueco, y de celda a celda, Francisco Villalba le había ofrecido 250 millones de pesos para que corroborara con su testimonio una versión suya contra el Presidente de la República.
Según afirma Duarte que le dijo Villalba, esa plata era la mitad de los 500 millones que le habían dado Piedad Córdoba, Gustavo Petro, Daniel Coronell y otros, para que perjudicara con su testimonio al Presidente.
Lo increíble es que mientras Duarte ponía en conocimiento del mandatario las supuestas maniobras de Francisco Villalba, éste último también le escribía al Presidente.
En su carta, Villalba le pedía perdón a Uribe por haber declarado contra él tiempo atrás y le contaba que había sido tocado “por el Espíritu de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo”.
Cuando algunos periodistas le preguntaron a Francisco Villalba por su retractación, él aseguró que jamás había escrito ese mensaje.
Contó que la carta, terminada, le había sido llevada por ‘Chucho’ Sarria y que él sólo la había puesto la firma y la huella, sin entender que se trataba de una retractación. Villalba también contó que Sarria le había ofrecido un traslado inmediato a un patio mejor, si ponía su firma en ese papel.
Y aquí empiezan las coincidencias. Las dos cartas, tanto la de Duarte como la de Villalba, están escritas aparentemente con la misma letra.
Buscando más pistas sobre este asunto, encontré que el 5 de enero de 1997, hace más de 11 años, durante la primera estada de ‘Chucho’ Sarria en La Modelo, efectivos de la Policía allanaron el penal. Allí encontraron que el marido de la ‘Monita Retrechera’ había montado un negocio clandestino de venta de diamantes y otras piedras preciosas.
Entre los elementos que decomisaron había recibos manuscritos y firmados por ‘Chucho’ Sarria. La letra de esos documentos es prodigiosamente similar a la usada en las cartas que recibió el Presidente. (VER VIDEO ADJUNTO CON LAS PRUEBAS).
Pero ahí no terminan las sorpresas. Jesús Amado Sarria le entregó a Villalba otras cartas para que firmara y estampara con su huella. Cosa que él no hizo porque, según dice, para ese momento ya se había percatado de que el Pastor Sarria lo estaba manipulando.
Entre las cartas no enviadas, pero escritas con la misma letra, hay una fechada el pasado 12 de mayo, dirigida a Edmundo del Castillo, secretario jurídico de la Presidencia de la República.
En esa misiva le pide al Secretario Jurídico de Palacio que mande una persona de su oficina a visitarlo y concluye “de usted no poderlo hacer, le ruego enviarme al señor abogado defensor del señor Presidente”.
¿Para quién estará trabajando ‘Chucho’ Sarria?
www.semana.com
Sarria le entregó a Villalba otras cartas para que firmara, cosa que él no hizo porque se había percatado de que el pastor lo estaba manipulando
Por Daniel Coronell
Fecha: 08/23/2008 -1373
Jesús Amado Sarria, el viudo de la ‘Monita Retrechera’, podría estar relacionado con una parte de los montajes que se vienen haciendo contra miembros de la Corte Suprema de Justicia, congresistas de la oposición y periodistas. Sarria volvió a la cárcel hace unos meses, como presunto autor del atentado contra un esmeraldero con quien había tenido diferencias de negocios.
‘Chucho’ Sarria, conocido antes como el ‘Brujo de Antero’, asegura que le ha entregado su vida al Señor. En calidad de Pastor recorre, sin mayores limitaciones, pabellones de la Cárcel Modelo de Bogotá y tiene comunicación permanente con amigos y relacionados que están dentro y fuera de las cárceles.
Con la Biblia en la mano, Sarria lleva mensajes celestiales –y terrenales– para esas almas pecadoras.
Entre quienes han recibido su ‘guía espiritual’ está el paramilitar Francisco Villalba.
Curiosamente, Villalba y otro paramilitar preso llamado Libardo Duarte le han enviado cartas al Presidente de la República. Cartas que –como ya empieza a ser costumbre– no tienen sello de recibido, ni número de radicación en la Casa de Nariño, pero que llegan cumplidamente al escritorio del Jefe de Estado.
Duarte le escribió al presidente Uribe para contarle que a través de un hueco, y de celda a celda, Francisco Villalba le había ofrecido 250 millones de pesos para que corroborara con su testimonio una versión suya contra el Presidente de la República.
Según afirma Duarte que le dijo Villalba, esa plata era la mitad de los 500 millones que le habían dado Piedad Córdoba, Gustavo Petro, Daniel Coronell y otros, para que perjudicara con su testimonio al Presidente.
Lo increíble es que mientras Duarte ponía en conocimiento del mandatario las supuestas maniobras de Francisco Villalba, éste último también le escribía al Presidente.
En su carta, Villalba le pedía perdón a Uribe por haber declarado contra él tiempo atrás y le contaba que había sido tocado “por el Espíritu de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo”.
Cuando algunos periodistas le preguntaron a Francisco Villalba por su retractación, él aseguró que jamás había escrito ese mensaje.
Contó que la carta, terminada, le había sido llevada por ‘Chucho’ Sarria y que él sólo la había puesto la firma y la huella, sin entender que se trataba de una retractación. Villalba también contó que Sarria le había ofrecido un traslado inmediato a un patio mejor, si ponía su firma en ese papel.
Y aquí empiezan las coincidencias. Las dos cartas, tanto la de Duarte como la de Villalba, están escritas aparentemente con la misma letra.
Buscando más pistas sobre este asunto, encontré que el 5 de enero de 1997, hace más de 11 años, durante la primera estada de ‘Chucho’ Sarria en La Modelo, efectivos de la Policía allanaron el penal. Allí encontraron que el marido de la ‘Monita Retrechera’ había montado un negocio clandestino de venta de diamantes y otras piedras preciosas.
Entre los elementos que decomisaron había recibos manuscritos y firmados por ‘Chucho’ Sarria. La letra de esos documentos es prodigiosamente similar a la usada en las cartas que recibió el Presidente. (VER VIDEO ADJUNTO CON LAS PRUEBAS).
Pero ahí no terminan las sorpresas. Jesús Amado Sarria le entregó a Villalba otras cartas para que firmara y estampara con su huella. Cosa que él no hizo porque, según dice, para ese momento ya se había percatado de que el Pastor Sarria lo estaba manipulando.
Entre las cartas no enviadas, pero escritas con la misma letra, hay una fechada el pasado 12 de mayo, dirigida a Edmundo del Castillo, secretario jurídico de la Presidencia de la República.
En esa misiva le pide al Secretario Jurídico de Palacio que mande una persona de su oficina a visitarlo y concluye “de usted no poderlo hacer, le ruego enviarme al señor abogado defensor del señor Presidente”.
¿Para quién estará trabajando ‘Chucho’ Sarria?
www.semana.com
Paras’ extraditados deberían ser repatriados hasta que digan la verdad: Baltazar Garzón
Paras’ extraditados deberían ser repatriados hasta que digan la verdad: Baltazar Garzón
El Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo y el juez de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón presenciaron la exhumación de 25 cadáveres en Turbo, Antioquia. Garzón propuso repatriar temporalmente a los paras extraditados a Estados Unidos para que las víctimas conozcan la verdad.
Fecha: 08/26/2008 -
Este martes, el juez de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón y el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, quienes se encuentran de visita en Colombia con el propósito de indagar sobre el proceso de justicia y paz, asistieron a la exhumación de 25 cadáveres, asesinados por los paramilitares en la vereda Las Cañas, zona rural de Turbo, Antioquia.
Las coordenadas que permitieron localizar la fosa donde estaban los cadáveres a dos metros de profundidad fueron reveladas durante las diligencias de Justicia y Paz, por Éver Veloza, alias ‘HH’, a quien el gobierno le tiene pendiente la extradición a los Estados Unidos por el delito de narcotráfico. El viernes pasado el gobierno le dio un plazo de cuatro meses a alias ‘H.H’ para que colabore con Justicia y Paz antes de hacer efectiva su extradición.
Por esta razón, el juez Garzón dijo: “yo estoy convencido de que ningún gobierno democrático, y estoy seguro de que el de Colombia no lo va a hacer, si 'HH' está desarrollando esas declaraciones, no lo va a extraditar. Sería un caso muy grave que lo hiciera. Si han dado cuatro meses y la actividad necesita cinco, serán cinco, estoy convencido".
Garzón, impresionado por la exhumación de los cadáveres, propuso repatriar, al menos temporalmente, a los jefes paramilitares extraditados con el fin de que las víctimas conozcan la verdad sobre lo que pasó con sus seres queridos asesinados o desaparecidos. El juez dijo que conocía de situaciones semejantes en las que españoles extraditados a Estados Unidos han sido devueltos a su país, mientras se efectúan las diligencias judiciales necesarias.
"Iguarán (el fiscal) no va a ir por Mancuso y se lo va a traer de la mano a Colombia. Ya le gustaría, pero no lo puede hacer. Sin ningún lugar a dudas que si se hace conciencia de lo que es Justicia y Paz, esa decisión se va a producir", dijo Garzón.
Hasta el momento por testimonios de combatientes y jefes desmovilizados del paramilitarismo y la guerrilla se han encontrado unas 1.300 fosas con unos 1.600 cadáveres, de acuerdo con datos del informe anual de la Fiscalía General presentado el lunes. (Vea aquí más cifras consolidadas de la Fiscalía sobre Justicia y Paz).
El juez Baltasar Garzón y el Fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo, vieron de cerca los vestigios del largo conflicto interno colombiano. Presenciaron cómo técnicos de la Fiscalía colombiana, enfundados en trajes blancos y con mascarillas, exhumaron los cadáveres.
"La verdad es que no había tenido ocasión de ver una fosa en la que se están descubriendo cadáveres y ver los cuerpos y sus restos: cráneos, dentaduras, miembros del cuerpo humano. Es muy impactante", dijo Garzón consternado, a los medios de comunicación.
Ante la ausencia de los familiares de las personas asesinadas en la diligencia, Moreno advirtió que aunque muchas víctimas han decidido hablar, aún tienen mucho miedo. “Ellos (los familiares) quieren estar acá presentes,...quieren saber qué pasó con sus familias, y no están porque tienen miedo, entonces esto muestra que todavía tenemos tres problemas distintos: verdad, justicia y también seguridad", dijo desde la región de Urabá, una de las más azotadas por el paramilitarismo, a 480 kilómetros al noroeste de Bogotá.
"En la medida que Colombia haga justicia, no necesita la intervención de la Fiscalía (de la CPI), la Fiscalía es una herramienta de reaseguro que no va a haber impunidad en Colombia, ese es nuestro rol, reasegurar que si el gobierno no puede, nosotros vamos a dar castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad”, dijo el Fiscal de la CPI, quien además se abstuvo de opinar sobre la propuesta de repatriar a los paras extraditados.
Moreno dijo que en un mes entregará el informe sobre su visita a Colombia. Dijo además que había visto avances importantes en el mecanismo de reparación a las víctimas del conflicto armado por vía administrativa, con respecto a su visita el año pasado.
Moreno, quien comparó los crímenes cometidos en Colombia con los cometidos en naciones africanas como Congo, ha mostrado especial interés en las presuntas relaciones de políticos con paramilitares. En un taller de justicia transicional en el que participó, Moreno dijo que "la 'parapolítica' es un tema central para nosotros porque los máximos responsables son los que deben ser juzgados y condenados".
www.semanacom
El Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo y el juez de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón presenciaron la exhumación de 25 cadáveres en Turbo, Antioquia. Garzón propuso repatriar temporalmente a los paras extraditados a Estados Unidos para que las víctimas conozcan la verdad.
Fecha: 08/26/2008 -
Este martes, el juez de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón y el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, quienes se encuentran de visita en Colombia con el propósito de indagar sobre el proceso de justicia y paz, asistieron a la exhumación de 25 cadáveres, asesinados por los paramilitares en la vereda Las Cañas, zona rural de Turbo, Antioquia.
Las coordenadas que permitieron localizar la fosa donde estaban los cadáveres a dos metros de profundidad fueron reveladas durante las diligencias de Justicia y Paz, por Éver Veloza, alias ‘HH’, a quien el gobierno le tiene pendiente la extradición a los Estados Unidos por el delito de narcotráfico. El viernes pasado el gobierno le dio un plazo de cuatro meses a alias ‘H.H’ para que colabore con Justicia y Paz antes de hacer efectiva su extradición.
Por esta razón, el juez Garzón dijo: “yo estoy convencido de que ningún gobierno democrático, y estoy seguro de que el de Colombia no lo va a hacer, si 'HH' está desarrollando esas declaraciones, no lo va a extraditar. Sería un caso muy grave que lo hiciera. Si han dado cuatro meses y la actividad necesita cinco, serán cinco, estoy convencido".
Garzón, impresionado por la exhumación de los cadáveres, propuso repatriar, al menos temporalmente, a los jefes paramilitares extraditados con el fin de que las víctimas conozcan la verdad sobre lo que pasó con sus seres queridos asesinados o desaparecidos. El juez dijo que conocía de situaciones semejantes en las que españoles extraditados a Estados Unidos han sido devueltos a su país, mientras se efectúan las diligencias judiciales necesarias.
"Iguarán (el fiscal) no va a ir por Mancuso y se lo va a traer de la mano a Colombia. Ya le gustaría, pero no lo puede hacer. Sin ningún lugar a dudas que si se hace conciencia de lo que es Justicia y Paz, esa decisión se va a producir", dijo Garzón.
Hasta el momento por testimonios de combatientes y jefes desmovilizados del paramilitarismo y la guerrilla se han encontrado unas 1.300 fosas con unos 1.600 cadáveres, de acuerdo con datos del informe anual de la Fiscalía General presentado el lunes. (Vea aquí más cifras consolidadas de la Fiscalía sobre Justicia y Paz).
El juez Baltasar Garzón y el Fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo, vieron de cerca los vestigios del largo conflicto interno colombiano. Presenciaron cómo técnicos de la Fiscalía colombiana, enfundados en trajes blancos y con mascarillas, exhumaron los cadáveres.
"La verdad es que no había tenido ocasión de ver una fosa en la que se están descubriendo cadáveres y ver los cuerpos y sus restos: cráneos, dentaduras, miembros del cuerpo humano. Es muy impactante", dijo Garzón consternado, a los medios de comunicación.
Ante la ausencia de los familiares de las personas asesinadas en la diligencia, Moreno advirtió que aunque muchas víctimas han decidido hablar, aún tienen mucho miedo. “Ellos (los familiares) quieren estar acá presentes,...quieren saber qué pasó con sus familias, y no están porque tienen miedo, entonces esto muestra que todavía tenemos tres problemas distintos: verdad, justicia y también seguridad", dijo desde la región de Urabá, una de las más azotadas por el paramilitarismo, a 480 kilómetros al noroeste de Bogotá.
"En la medida que Colombia haga justicia, no necesita la intervención de la Fiscalía (de la CPI), la Fiscalía es una herramienta de reaseguro que no va a haber impunidad en Colombia, ese es nuestro rol, reasegurar que si el gobierno no puede, nosotros vamos a dar castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad”, dijo el Fiscal de la CPI, quien además se abstuvo de opinar sobre la propuesta de repatriar a los paras extraditados.
Moreno dijo que en un mes entregará el informe sobre su visita a Colombia. Dijo además que había visto avances importantes en el mecanismo de reparación a las víctimas del conflicto armado por vía administrativa, con respecto a su visita el año pasado.
Moreno, quien comparó los crímenes cometidos en Colombia con los cometidos en naciones africanas como Congo, ha mostrado especial interés en las presuntas relaciones de políticos con paramilitares. En un taller de justicia transicional en el que participó, Moreno dijo que "la 'parapolítica' es un tema central para nosotros porque los máximos responsables son los que deben ser juzgados y condenados".
www.semanacom
Corte Suprema pide investigar encuentros de emisarios 'paras' con secretarios de Presidente
Foto: Archivo
Reunión de la Corte Suprema de Justicia.
La denuncia ante la Fiscalía y la Procuraduría la hizo Francisco Ricaurte, presidente de la Corte, contra el jefe de prensa, César Mauricio Velásquez, y el Secretario Jurídico, Edmundo del Castillo.
La denuncia está sustentada en las publicaciones periodísticas aparecidas el pasado fin de semana que revelaron las reuniones que sostuvieron con el abogado de 'Don Berna', Diego Álvarez, y el desmovilizado paramiliar Antonio López, alias 'Job'.
En las cartas enviadas al fiscal Mario Iguarán y al procurador Edgardo Maya, el magistrado Ricaurte destacó el nombre de otro abogado, Henry Anaya, quien según las publicaciones, habría actuado en nombre de la Corte Suprema.
Texto de la carta al Procurador
Bogotá, D.C, 25 de agosto de 2008
Doctor
EDGARDO MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación
Ciudad
En mi calida de presidente de la Corte Suprema de Justicia y en cumplimiento del deber que impone el artículo 70 de la Ley 743 de 2002, "por la cual se expide el Código Único Disciplinario", comedidamente remito para su conocimiento y fines que estime que estime pertinentes, el trabajo periodístico publicado en la edición No. 1373 -agosto 25 a septiembre 1º de 2008-, páginas 36 a 42, de la revista Semana, titulado "El complot de los paras" y con un subtítulo que es del siguiente tenor:
En medio de la guerra contra la Corte Suprema de Justicia, el círculo íntimo del Presidente llegó al extremo de conversar en secreto con los hombres del ex jefe paramilitar 'Don Berna'".
En uno de los apartes del artículo, se expresa:
"El jefe de prensa de Palacio, César Mauricio Velásquez (izquierda), y el secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, reconocieron haberse reunido con los paramilitares. Del Castillo justificó los encuentros con el argumento de que los desmovilizados decían tener información clave sobre una supuesta conspiración de la Corte Suprema contra el Gobierno".
En la información publicada se da a conocer a la opinión pública que un abogado de nombre Henry Anaya, haciéndose pasar por funcionario de la Corte Suprema de Justicia solicitó la suma de 15 mil dólares al defensor de alias "Don Berna" a cambio de beneficios para éste.
En la publicación periodística se cuestiona, entre otras cosas, que los funcionarios de la Presidencia de la República hubiesen ocultado tales hechos en lugar de haber efectuado las denuncias pertinentes cuando era oportuno.
Atentamente,
FRANCISCO JAVIER RICAURTE
Presidente
Texto de la carta al Fiscal
Bogotá, D.C, 25 de agosto de 2008
Doctor
MARIO GERMÁN IGUARÁN ARANA
Fiscal General de la Nación
En mi calida de presidente de la Corte Suprema de Justicia y en cumplimiento del deber que impone el artículo 70 de la Ley 743 de 2002, "por la cual se expide el Código Único Disciplinario", comedidamente remito para su conocimiento y fines que estime que estime pertinentes, el trabajo periodístico publicado en la edición No. 1373 -agosto 25 a septiembre 1º de 2008-, páginas 36 a 42, de la revista Semana, titulado "El complot de los paras" y con un subtítulo que es del siguiente tenor:
En medio de la guerra contra la Corte Suprema de Justicia, el círculo íntimo del Presidente llegó al extremo de conversar en secreto con los hombres del ex jefe paramilitar 'Don Berna'".
En uno de los apartes del artículo, se expresa:
"El jefe de prensa de Palacio, César Mauricio Velásquez (izquierda), y el secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, reconocieron haberse reunido con los paramilitares. Del Castillo justificó los encuentros con el argumento de que los desmovilizados decían tener información clave sobre una supuesta conspiración de la Corte Suprema contra el Gobierno".
En la información publicada se da a conocer a la opinión pública que un abogado de nombre Henry Anaya, haciéndose pasar por funcionario de la Corte Suprema de Justicia solicitó la suma de 15 mil dólares al defensor de alias "Don Berna" a cambio de beneficios para éste.
En la publicación periodística se cuestiona, entre otras cosas, que los funcionarios de la Presidencia de la República hubiesen ocultado tales hechos en lugar de haber efectuado las denuncias pertinentes cuando era oportuno.
Atentamente,
FRANCISCO JAVIER RICAURTE
Presidente
Corte Suprema de Justicia
wwweltiempo.com
Foto: Archivo
Reunión de la Corte Suprema de Justicia.
La denuncia ante la Fiscalía y la Procuraduría la hizo Francisco Ricaurte, presidente de la Corte, contra el jefe de prensa, César Mauricio Velásquez, y el Secretario Jurídico, Edmundo del Castillo.
La denuncia está sustentada en las publicaciones periodísticas aparecidas el pasado fin de semana que revelaron las reuniones que sostuvieron con el abogado de 'Don Berna', Diego Álvarez, y el desmovilizado paramiliar Antonio López, alias 'Job'.
En las cartas enviadas al fiscal Mario Iguarán y al procurador Edgardo Maya, el magistrado Ricaurte destacó el nombre de otro abogado, Henry Anaya, quien según las publicaciones, habría actuado en nombre de la Corte Suprema.
Texto de la carta al Procurador
Bogotá, D.C, 25 de agosto de 2008
Doctor
EDGARDO MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación
Ciudad
En mi calida de presidente de la Corte Suprema de Justicia y en cumplimiento del deber que impone el artículo 70 de la Ley 743 de 2002, "por la cual se expide el Código Único Disciplinario", comedidamente remito para su conocimiento y fines que estime que estime pertinentes, el trabajo periodístico publicado en la edición No. 1373 -agosto 25 a septiembre 1º de 2008-, páginas 36 a 42, de la revista Semana, titulado "El complot de los paras" y con un subtítulo que es del siguiente tenor:
En medio de la guerra contra la Corte Suprema de Justicia, el círculo íntimo del Presidente llegó al extremo de conversar en secreto con los hombres del ex jefe paramilitar 'Don Berna'".
En uno de los apartes del artículo, se expresa:
"El jefe de prensa de Palacio, César Mauricio Velásquez (izquierda), y el secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, reconocieron haberse reunido con los paramilitares. Del Castillo justificó los encuentros con el argumento de que los desmovilizados decían tener información clave sobre una supuesta conspiración de la Corte Suprema contra el Gobierno".
En la información publicada se da a conocer a la opinión pública que un abogado de nombre Henry Anaya, haciéndose pasar por funcionario de la Corte Suprema de Justicia solicitó la suma de 15 mil dólares al defensor de alias "Don Berna" a cambio de beneficios para éste.
En la publicación periodística se cuestiona, entre otras cosas, que los funcionarios de la Presidencia de la República hubiesen ocultado tales hechos en lugar de haber efectuado las denuncias pertinentes cuando era oportuno.
Atentamente,
FRANCISCO JAVIER RICAURTE
Presidente
Texto de la carta al Fiscal
Bogotá, D.C, 25 de agosto de 2008
Doctor
MARIO GERMÁN IGUARÁN ARANA
Fiscal General de la Nación
En mi calida de presidente de la Corte Suprema de Justicia y en cumplimiento del deber que impone el artículo 70 de la Ley 743 de 2002, "por la cual se expide el Código Único Disciplinario", comedidamente remito para su conocimiento y fines que estime que estime pertinentes, el trabajo periodístico publicado en la edición No. 1373 -agosto 25 a septiembre 1º de 2008-, páginas 36 a 42, de la revista Semana, titulado "El complot de los paras" y con un subtítulo que es del siguiente tenor:
En medio de la guerra contra la Corte Suprema de Justicia, el círculo íntimo del Presidente llegó al extremo de conversar en secreto con los hombres del ex jefe paramilitar 'Don Berna'".
En uno de los apartes del artículo, se expresa:
"El jefe de prensa de Palacio, César Mauricio Velásquez (izquierda), y el secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, reconocieron haberse reunido con los paramilitares. Del Castillo justificó los encuentros con el argumento de que los desmovilizados decían tener información clave sobre una supuesta conspiración de la Corte Suprema contra el Gobierno".
En la información publicada se da a conocer a la opinión pública que un abogado de nombre Henry Anaya, haciéndose pasar por funcionario de la Corte Suprema de Justicia solicitó la suma de 15 mil dólares al defensor de alias "Don Berna" a cambio de beneficios para éste.
En la publicación periodística se cuestiona, entre otras cosas, que los funcionarios de la Presidencia de la República hubiesen ocultado tales hechos en lugar de haber efectuado las denuncias pertinentes cuando era oportuno.
Atentamente,
FRANCISCO JAVIER RICAURTE
Presidente
Corte Suprema de Justicia
wwweltiempo.com
La red “anticorrupción” de Jorge 40
Al reconstruir la contabilidad encontrada en una finca de Jorge 40, se descubrió que entre paramilitares y políticos se repartían el 10 por ciento de un impuesto que cobraban a la contratación municipal y departamental, a las administradoras del régimen subsidiado y a los proveedores. Estarían por abrirse cientos de investigaciones disciplinarias y penales.
Por Tadeo Martínez, corresponsal de Semana en Barranquilla
Fecha: 08/25/2008 -
En cuatro meses del año 2004 el Bloque Norte de las AUC tuvo ingresos reportados en su contabilidad por valor de 989 millones de pesos. Esos dineros provenían de un impuesto que cobraban a la contratación pública de 101 municipios y cuatro departamentos a las Administradoras del Régimen Subsidiado y a los proveedores. Esa contabilidad está registrada en un libro que se llamaba la “Red de Contratación”, un sistema que tenía como objetivo evitar que los “comandantes militares de frente”, en complicidad con los “comandantes financieros”, se quedaran con los recursos que las diferentes entidades territoriales tributaban al Bloque Norte.
Toda esta información de la contabilidad de Jorge 40 fue encontrada en un allanamiento que realizaron las autoridades en una finca del ex jefe paramilitar en San Ángel que sirvió de base al Bloque Norte de las Auc. Allí las autoridades de policía judicial y la Fiscalía encontraron abundante información sobre las finanzas del Bloque Norte y las relaciones entre las autoridades en los cuatros departamentos con el grupo paramilitar comandando por Tovar.
En marzo de 2002 Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, creó un grupo de trabajo al que llamó la Red de Contratación porque la plata que se recogía por diferentes conceptos en La Guajira, El Cesar, Magdalena y Atlántico, no llegaba completa a su “tesorería”. Esa red estuvo funcionando durante casi cuatro años, entre 2002 y 2006, cuando el Bloque Norte se desmovilizó en La Mesa y Chimila, Cesar.
Una planilla del "ministerio de Hacienda" de Jorge 40
Los miembros de la red sostenían reuniones periódicas y a ellas asistían los comandantes de los frentes con el “tesorero”, un hombre de confianza de Jorge 40 encargado de auditar estas finanzas. La contabilidad tenía tres columnas; contratación, ARS y proveedores. Una cuarta columna contenía las diferentes zonas geográficas en los cuatro departamentos, tal y como estaban organizados los frentes.
El Cesar estaba dividido en cinco zonas: la zona 16, la Herradura, Zona 39, Zona de Danilo y la Zona de Alex. En el Magdalena había siete zonas que correspondían a los alias de los comandantes: Carlos Tijeras. Jose, Rafa, Codazzi, Eduardo, La Herradura y Chane. La Guajira sólo tenía dos zonas, la de Ramiro y la de 39; y en Atlántico operaba la de Don Antonio.
El departamento que más aportaba económicamente era Cesar. Según el reporte de los cuatro meses al que tuvo acceso SEMANA, entre mayo y agosto de 2004, los cinco frentes del Cesar reportaron en total casi 560 millones de pesos (exactamente 557.197.741); seguido por la Guajira con 206 millones ($206.562.201); Magdalena con 205 millones ($205.562.201) y Atlántico con 10 millones de pesos. Llama la atención los pocos ingresos reportados por el frente de Atlántico, comandado por alias Don Antonio, pues en las finanzas halladas en el computador de Jorge 40 había registrados ingresos mensuales superiores a 45 millones de pesos. También hay que decir que con esos ingresos pagaban la nómina de sicarios y otros gastos. Además de acuerdo con la versión del propio “Don Antonio” ante Justicia y Paz, sólo Sitionuevo reportó en 2004, 120 millones de pesos que no se reflejan en ese registro.
Además de las reuniones que sostenía periódicamente el “tesorero de la empresa” (las AUC), con los comandantes de frentes, estos también organizaban reuniones con los alcaldes, concejales, diputados, senadores, representantes y gobernadores. En esas reuniones se repartían las utilidades concertadas de la siguiente manera sobre el 10 por ciento del valor total de un contrato: 3.33 por ciento para el frente que la reporta; 3.33 por ciento para el alcalde, gobernador, parlamentario, diputado o concejal que así lo exigiera; 1 por ciento para los tesoreros municipales, departamentales o de la entidad territorial (llámese hospital, organismo descentralizado, corporaciones ambientales etc) que les colaboraban, pues gracias a la información que suministraban los tesoreros se sabía qué contratos se iban a pagar; y el 2.33 por ciento para la Red de Contratación, que a su vez la reportaba a la organización. En total, el 5.6 por ciento del impuesto se quedaba en manos de las autodefensas.
En los documentos hallados también hay referencias a la inconveniencia del Puerto de Palermo y al manejo de tierras por parte de Incoder, una especie de glosas sobre proyectos y entregas de tierras. Un gran número de fiscales y jueces han comenzado a solicitar esta información como prueba, para diferentes procesos en los que están involucrados funcionarios de las entidades territoriales. En otros casos y ante las revelaciones que están haciendo los paramilitares postulados ante Justicia y Paz, se está conociendo lo que sucedió en las regiones durante casi diez años de dominio de los grupos armados de autodefensa.
También llevaban una contabilidad de distribución de esos ingresos, correspondiendo la mayor parte a los seis frentes del Cesar, que recibían más de 239 millones de pesos; los siete frentes del Magdalena, más de 76 millones y los de la Guajira casi 133 millones de pesos. Al frente José Pablo Díaz del Atlántico no le giraban.
Estos ingresos daban para la manutención del Bloque Norte y sus 16 frentes, que incluía pago de salarios y una diversidad de gastos de transporte, gasolina, viáticos, municiones y sobornos, entre otros.
A manera de ejemplo, hay documentos del pacto entre los aspirantes a Senado y Cámara por el Magdalena, Dieb Maloof, Jorge Castro, José Gamarra y Gustavo Orozco Jaraba, fue suscrito también por los alcaldes titulares de Pivijay, San Ángel, Algarrobo, Zapayán, Remolino, Chivolo, Salamina y Ariguaní. En ese pacto firmado el 21 de noviembre de 2001 se establece que los votos de la provincia serán para José Gamarra, quien los endosará a Maloof. Según el acuerdo, éste debe conseguir recursos de inversión social y deberá dar participación burocrática a sus socios del Magdalena de manera equitativa.
También revelan documentos y los testimonios de los ex paramilitares que en los municipios de la Zona Bananera, Fundación, Ciénaga, El Retén, Pueblo Viejo y Aracataca en Magdalena, el ex paramilitar “Carlos Tijeras” hizo pactos con los senadores Salomón Saade, Luis Eduardo Vives, Dieb Maloof y Flor Gnecco y los representantes a la Cámara Alfonso Campo, Jorge Caballero y José Gamarra para que apoyaran financieramente al Frente a través de las finanzas de los municipios y la contratación y suministro de los hospitales donde ellos tenían influencia y cuotas políticas. Los jefes políticos se comprometieron a que los alcaldes de la zona contribuirían con el impuesto y a cambio Tijeras les permitía hacer política en la zona. “Nosotros, dijo “Tijeras” en Justicia y Paz en su versión del pasado 24 de julio, nos metimos en la mitad y les dijimos que los directores de los hospitales tenían que pasar por el colador de la empresa (las AUC). Revisábamos las hojas de vida y les hacíamos entrevistas a los aspirantes. Teníamos que convivir: ellos conservaban sus cuotas políticas, se encargaban del parapeto de la meritocracia, pero se comprometían a menos burocracia, cero corbatas, nada de contratos chimbos y cero embargos arreglados. El cuarto compromiso era pagar el impuesto a la contratación, una ley obligatoria en los cuatro departamentos”.
El acuerdo entre políticos y paramilitares parece haber funcionado a la perfección, pues los políticos según los documentos hallados, se encargaban de los nombramientos y el manejo administrativo y los paramilitares “vigilábamos la gestión, los recursos, revisábamos las cuentas y los apretábamos para aconductarlos”, dijo Tijeras. Los paramilitares brindaban “protección y orden”, y los políticos veían la forma de darle presentación legal.
Pero los ingresos gruesos de la organización no están reportados en esta contabilidad, pues provenían del negocio del narcotráfico. En Atlántico funcionaba un frente que rendía cuentas a Jorge 40 y cuya jurisdicción iba desde la salida de Cartagena hacia Barranquilla hasta el muelle donde queda el muelle de la Drummond en Ciénaga, Magdalena. Hace tres semanas ante una fiscal de Justicia y Paz, el ex comandante de éste grupo, Miguel Villarreal Archila, alias Salomón, dijo que cobraron a varios carteles del narcotráfico impuestos por 100 toneladas de cocaína anuales durante tres años, a razón de 50 dólares por kilo. El grupo de Salomón puede haber recaudado por impuestos de embarque cobrado a los narcotraficantes más de 30 mil millones de pesos en tres años, los cuales eran entregados al ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias Jorge 40.
Semanas antes de ser extraditado, Nodier Giraldo, alias “el cabezón” , comandante de finanzas del Resistencia Tayrona, había dicho que entre el 2002 y el 2005 las fincas y el comercio rural del Magdalena habían pagado 1.450 millones de pesos; el comercio de Santa Marta había aportado 13.250 millones de pesos; los contrabandistas de gasolina e insumos químicos habían aportado en diez años (1995 – 2005), 23.640 millones y por el impuesto de embarque de más de 170 toneladas de cocaína entre 2005 y 2006, la suma de 17 mil millones de pesos, el 60 por ciento de los cuales fueron entregados por el Frente Resistencia Tayrona a Jorge 40, comandante del Bloque Norte.
Entre Salomón y el Resistencia Tayrona, recaudaron en tres años por concepto del impuesto del embarque de narcotráfico aproximadamente 47 mil millones de pesos; esto es alrededor de una quinta parte de los impuestos legales que se recaudan anualmente en una ciudad como Barranquilla.
La existencia de esta red de contratación del Bloque Norte dedicada a llevar el registro de los ingresos que la organización obtenía por el cobro de impuestos a entidades públicas, revela de manera escandalosa hasta dónde fueron capaces los jefes de las Auc de infiltrar al Estado y capturar sus rentas. Todos estos hechos ocurrieron con la complicidad de autoridades de policía, jueces, fiscales, agentes de organismos como el DAS y la SIJIN. Cientos de alcaldes, gerentes de hospitales, secretarios de alcaldías, contralores, personeros, concejales, empresarios y contratistas, hicieron parte de delitos como concierto para delinquir, concusión y cohecho. Los fiscales de Justicia y Paz han empezado a compulsar copias para que los fiscales anticorrupción y la Procuraduría empiecen también investigaciones que permitan sancionar disciplinaria y penalmente a los responsables.
www.semana.com
Al reconstruir la contabilidad encontrada en una finca de Jorge 40, se descubrió que entre paramilitares y políticos se repartían el 10 por ciento de un impuesto que cobraban a la contratación municipal y departamental, a las administradoras del régimen subsidiado y a los proveedores. Estarían por abrirse cientos de investigaciones disciplinarias y penales.
Por Tadeo Martínez, corresponsal de Semana en Barranquilla
Fecha: 08/25/2008 -
En cuatro meses del año 2004 el Bloque Norte de las AUC tuvo ingresos reportados en su contabilidad por valor de 989 millones de pesos. Esos dineros provenían de un impuesto que cobraban a la contratación pública de 101 municipios y cuatro departamentos a las Administradoras del Régimen Subsidiado y a los proveedores. Esa contabilidad está registrada en un libro que se llamaba la “Red de Contratación”, un sistema que tenía como objetivo evitar que los “comandantes militares de frente”, en complicidad con los “comandantes financieros”, se quedaran con los recursos que las diferentes entidades territoriales tributaban al Bloque Norte.
Toda esta información de la contabilidad de Jorge 40 fue encontrada en un allanamiento que realizaron las autoridades en una finca del ex jefe paramilitar en San Ángel que sirvió de base al Bloque Norte de las Auc. Allí las autoridades de policía judicial y la Fiscalía encontraron abundante información sobre las finanzas del Bloque Norte y las relaciones entre las autoridades en los cuatros departamentos con el grupo paramilitar comandando por Tovar.
En marzo de 2002 Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, creó un grupo de trabajo al que llamó la Red de Contratación porque la plata que se recogía por diferentes conceptos en La Guajira, El Cesar, Magdalena y Atlántico, no llegaba completa a su “tesorería”. Esa red estuvo funcionando durante casi cuatro años, entre 2002 y 2006, cuando el Bloque Norte se desmovilizó en La Mesa y Chimila, Cesar.
Una planilla del "ministerio de Hacienda" de Jorge 40
Los miembros de la red sostenían reuniones periódicas y a ellas asistían los comandantes de los frentes con el “tesorero”, un hombre de confianza de Jorge 40 encargado de auditar estas finanzas. La contabilidad tenía tres columnas; contratación, ARS y proveedores. Una cuarta columna contenía las diferentes zonas geográficas en los cuatro departamentos, tal y como estaban organizados los frentes.
El Cesar estaba dividido en cinco zonas: la zona 16, la Herradura, Zona 39, Zona de Danilo y la Zona de Alex. En el Magdalena había siete zonas que correspondían a los alias de los comandantes: Carlos Tijeras. Jose, Rafa, Codazzi, Eduardo, La Herradura y Chane. La Guajira sólo tenía dos zonas, la de Ramiro y la de 39; y en Atlántico operaba la de Don Antonio.
El departamento que más aportaba económicamente era Cesar. Según el reporte de los cuatro meses al que tuvo acceso SEMANA, entre mayo y agosto de 2004, los cinco frentes del Cesar reportaron en total casi 560 millones de pesos (exactamente 557.197.741); seguido por la Guajira con 206 millones ($206.562.201); Magdalena con 205 millones ($205.562.201) y Atlántico con 10 millones de pesos. Llama la atención los pocos ingresos reportados por el frente de Atlántico, comandado por alias Don Antonio, pues en las finanzas halladas en el computador de Jorge 40 había registrados ingresos mensuales superiores a 45 millones de pesos. También hay que decir que con esos ingresos pagaban la nómina de sicarios y otros gastos. Además de acuerdo con la versión del propio “Don Antonio” ante Justicia y Paz, sólo Sitionuevo reportó en 2004, 120 millones de pesos que no se reflejan en ese registro.
Además de las reuniones que sostenía periódicamente el “tesorero de la empresa” (las AUC), con los comandantes de frentes, estos también organizaban reuniones con los alcaldes, concejales, diputados, senadores, representantes y gobernadores. En esas reuniones se repartían las utilidades concertadas de la siguiente manera sobre el 10 por ciento del valor total de un contrato: 3.33 por ciento para el frente que la reporta; 3.33 por ciento para el alcalde, gobernador, parlamentario, diputado o concejal que así lo exigiera; 1 por ciento para los tesoreros municipales, departamentales o de la entidad territorial (llámese hospital, organismo descentralizado, corporaciones ambientales etc) que les colaboraban, pues gracias a la información que suministraban los tesoreros se sabía qué contratos se iban a pagar; y el 2.33 por ciento para la Red de Contratación, que a su vez la reportaba a la organización. En total, el 5.6 por ciento del impuesto se quedaba en manos de las autodefensas.
En los documentos hallados también hay referencias a la inconveniencia del Puerto de Palermo y al manejo de tierras por parte de Incoder, una especie de glosas sobre proyectos y entregas de tierras. Un gran número de fiscales y jueces han comenzado a solicitar esta información como prueba, para diferentes procesos en los que están involucrados funcionarios de las entidades territoriales. En otros casos y ante las revelaciones que están haciendo los paramilitares postulados ante Justicia y Paz, se está conociendo lo que sucedió en las regiones durante casi diez años de dominio de los grupos armados de autodefensa.
También llevaban una contabilidad de distribución de esos ingresos, correspondiendo la mayor parte a los seis frentes del Cesar, que recibían más de 239 millones de pesos; los siete frentes del Magdalena, más de 76 millones y los de la Guajira casi 133 millones de pesos. Al frente José Pablo Díaz del Atlántico no le giraban.
Estos ingresos daban para la manutención del Bloque Norte y sus 16 frentes, que incluía pago de salarios y una diversidad de gastos de transporte, gasolina, viáticos, municiones y sobornos, entre otros.
A manera de ejemplo, hay documentos del pacto entre los aspirantes a Senado y Cámara por el Magdalena, Dieb Maloof, Jorge Castro, José Gamarra y Gustavo Orozco Jaraba, fue suscrito también por los alcaldes titulares de Pivijay, San Ángel, Algarrobo, Zapayán, Remolino, Chivolo, Salamina y Ariguaní. En ese pacto firmado el 21 de noviembre de 2001 se establece que los votos de la provincia serán para José Gamarra, quien los endosará a Maloof. Según el acuerdo, éste debe conseguir recursos de inversión social y deberá dar participación burocrática a sus socios del Magdalena de manera equitativa.
También revelan documentos y los testimonios de los ex paramilitares que en los municipios de la Zona Bananera, Fundación, Ciénaga, El Retén, Pueblo Viejo y Aracataca en Magdalena, el ex paramilitar “Carlos Tijeras” hizo pactos con los senadores Salomón Saade, Luis Eduardo Vives, Dieb Maloof y Flor Gnecco y los representantes a la Cámara Alfonso Campo, Jorge Caballero y José Gamarra para que apoyaran financieramente al Frente a través de las finanzas de los municipios y la contratación y suministro de los hospitales donde ellos tenían influencia y cuotas políticas. Los jefes políticos se comprometieron a que los alcaldes de la zona contribuirían con el impuesto y a cambio Tijeras les permitía hacer política en la zona. “Nosotros, dijo “Tijeras” en Justicia y Paz en su versión del pasado 24 de julio, nos metimos en la mitad y les dijimos que los directores de los hospitales tenían que pasar por el colador de la empresa (las AUC). Revisábamos las hojas de vida y les hacíamos entrevistas a los aspirantes. Teníamos que convivir: ellos conservaban sus cuotas políticas, se encargaban del parapeto de la meritocracia, pero se comprometían a menos burocracia, cero corbatas, nada de contratos chimbos y cero embargos arreglados. El cuarto compromiso era pagar el impuesto a la contratación, una ley obligatoria en los cuatro departamentos”.
El acuerdo entre políticos y paramilitares parece haber funcionado a la perfección, pues los políticos según los documentos hallados, se encargaban de los nombramientos y el manejo administrativo y los paramilitares “vigilábamos la gestión, los recursos, revisábamos las cuentas y los apretábamos para aconductarlos”, dijo Tijeras. Los paramilitares brindaban “protección y orden”, y los políticos veían la forma de darle presentación legal.
Pero los ingresos gruesos de la organización no están reportados en esta contabilidad, pues provenían del negocio del narcotráfico. En Atlántico funcionaba un frente que rendía cuentas a Jorge 40 y cuya jurisdicción iba desde la salida de Cartagena hacia Barranquilla hasta el muelle donde queda el muelle de la Drummond en Ciénaga, Magdalena. Hace tres semanas ante una fiscal de Justicia y Paz, el ex comandante de éste grupo, Miguel Villarreal Archila, alias Salomón, dijo que cobraron a varios carteles del narcotráfico impuestos por 100 toneladas de cocaína anuales durante tres años, a razón de 50 dólares por kilo. El grupo de Salomón puede haber recaudado por impuestos de embarque cobrado a los narcotraficantes más de 30 mil millones de pesos en tres años, los cuales eran entregados al ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias Jorge 40.
Semanas antes de ser extraditado, Nodier Giraldo, alias “el cabezón” , comandante de finanzas del Resistencia Tayrona, había dicho que entre el 2002 y el 2005 las fincas y el comercio rural del Magdalena habían pagado 1.450 millones de pesos; el comercio de Santa Marta había aportado 13.250 millones de pesos; los contrabandistas de gasolina e insumos químicos habían aportado en diez años (1995 – 2005), 23.640 millones y por el impuesto de embarque de más de 170 toneladas de cocaína entre 2005 y 2006, la suma de 17 mil millones de pesos, el 60 por ciento de los cuales fueron entregados por el Frente Resistencia Tayrona a Jorge 40, comandante del Bloque Norte.
Entre Salomón y el Resistencia Tayrona, recaudaron en tres años por concepto del impuesto del embarque de narcotráfico aproximadamente 47 mil millones de pesos; esto es alrededor de una quinta parte de los impuestos legales que se recaudan anualmente en una ciudad como Barranquilla.
La existencia de esta red de contratación del Bloque Norte dedicada a llevar el registro de los ingresos que la organización obtenía por el cobro de impuestos a entidades públicas, revela de manera escandalosa hasta dónde fueron capaces los jefes de las Auc de infiltrar al Estado y capturar sus rentas. Todos estos hechos ocurrieron con la complicidad de autoridades de policía, jueces, fiscales, agentes de organismos como el DAS y la SIJIN. Cientos de alcaldes, gerentes de hospitales, secretarios de alcaldías, contralores, personeros, concejales, empresarios y contratistas, hicieron parte de delitos como concierto para delinquir, concusión y cohecho. Los fiscales de Justicia y Paz han empezado a compulsar copias para que los fiscales anticorrupción y la Procuraduría empiecen también investigaciones que permitan sancionar disciplinaria y penalmente a los responsables.
www.semana.com
La red “anticorrupción” de Jorge 40
Al reconstruir la contabilidad encontrada en una finca de Jorge 40, se descubrió que entre paramilitares y políticos se repartían el 10 por ciento de un impuesto que cobraban a la contratación municipal y departamental, a las administradoras del régimen subsidiado y a los proveedores. Estarían por abrirse cientos de investigaciones disciplinarias y penales.
Por Tadeo Martínez, corresponsal de Semana en Barranquilla
Fecha: 08/25/2008 -
En cuatro meses del año 2004 el Bloque Norte de las AUC tuvo ingresos reportados en su contabilidad por valor de 989 millones de pesos. Esos dineros provenían de un impuesto que cobraban a la contratación pública de 101 municipios y cuatro departamentos a las Administradoras del Régimen Subsidiado y a los proveedores. Esa contabilidad está registrada en un libro que se llamaba la “Red de Contratación”, un sistema que tenía como objetivo evitar que los “comandantes militares de frente”, en complicidad con los “comandantes financieros”, se quedaran con los recursos que las diferentes entidades territoriales tributaban al Bloque Norte.
Toda esta información de la contabilidad de Jorge 40 fue encontrada en un allanamiento que realizaron las autoridades en una finca del ex jefe paramilitar en San Ángel que sirvió de base al Bloque Norte de las Auc. Allí las autoridades de policía judicial y la Fiscalía encontraron abundante información sobre las finanzas del Bloque Norte y las relaciones entre las autoridades en los cuatros departamentos con el grupo paramilitar comandando por Tovar.
En marzo de 2002 Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, creó un grupo de trabajo al que llamó la Red de Contratación porque la plata que se recogía por diferentes conceptos en La Guajira, El Cesar, Magdalena y Atlántico, no llegaba completa a su “tesorería”. Esa red estuvo funcionando durante casi cuatro años, entre 2002 y 2006, cuando el Bloque Norte se desmovilizó en La Mesa y Chimila, Cesar.
Una planilla del "ministerio de Hacienda" de Jorge 40
Los miembros de la red sostenían reuniones periódicas y a ellas asistían los comandantes de los frentes con el “tesorero”, un hombre de confianza de Jorge 40 encargado de auditar estas finanzas. La contabilidad tenía tres columnas; contratación, ARS y proveedores. Una cuarta columna contenía las diferentes zonas geográficas en los cuatro departamentos, tal y como estaban organizados los frentes.
El Cesar estaba dividido en cinco zonas: la zona 16, la Herradura, Zona 39, Zona de Danilo y la Zona de Alex. En el Magdalena había siete zonas que correspondían a los alias de los comandantes: Carlos Tijeras. Jose, Rafa, Codazzi, Eduardo, La Herradura y Chane. La Guajira sólo tenía dos zonas, la de Ramiro y la de 39; y en Atlántico operaba la de Don Antonio.
El departamento que más aportaba económicamente era Cesar. Según el reporte de los cuatro meses al que tuvo acceso SEMANA, entre mayo y agosto de 2004, los cinco frentes del Cesar reportaron en total casi 560 millones de pesos (exactamente 557.197.741); seguido por la Guajira con 206 millones ($206.562.201); Magdalena con 205 millones ($205.562.201) y Atlántico con 10 millones de pesos. Llama la atención los pocos ingresos reportados por el frente de Atlántico, comandado por alias Don Antonio, pues en las finanzas halladas en el computador de Jorge 40 había registrados ingresos mensuales superiores a 45 millones de pesos. También hay que decir que con esos ingresos pagaban la nómina de sicarios y otros gastos. Además de acuerdo con la versión del propio “Don Antonio” ante Justicia y Paz, sólo Sitionuevo reportó en 2004, 120 millones de pesos que no se reflejan en ese registro.
Además de las reuniones que sostenía periódicamente el “tesorero de la empresa” (las AUC), con los comandantes de frentes, estos también organizaban reuniones con los alcaldes, concejales, diputados, senadores, representantes y gobernadores. En esas reuniones se repartían las utilidades concertadas de la siguiente manera sobre el 10 por ciento del valor total de un contrato: 3.33 por ciento para el frente que la reporta; 3.33 por ciento para el alcalde, gobernador, parlamentario, diputado o concejal que así lo exigiera; 1 por ciento para los tesoreros municipales, departamentales o de la entidad territorial (llámese hospital, organismo descentralizado, corporaciones ambientales etc) que les colaboraban, pues gracias a la información que suministraban los tesoreros se sabía qué contratos se iban a pagar; y el 2.33 por ciento para la Red de Contratación, que a su vez la reportaba a la organización. En total, el 5.6 por ciento del impuesto se quedaba en manos de las autodefensas.
En los documentos hallados también hay referencias a la inconveniencia del Puerto de Palermo y al manejo de tierras por parte de Incoder, una especie de glosas sobre proyectos y entregas de tierras. Un gran número de fiscales y jueces han comenzado a solicitar esta información como prueba, para diferentes procesos en los que están involucrados funcionarios de las entidades territoriales. En otros casos y ante las revelaciones que están haciendo los paramilitares postulados ante Justicia y Paz, se está conociendo lo que sucedió en las regiones durante casi diez años de dominio de los grupos armados de autodefensa.
También llevaban una contabilidad de distribución de esos ingresos, correspondiendo la mayor parte a los seis frentes del Cesar, que recibían más de 239 millones de pesos; los siete frentes del Magdalena, más de 76 millones y los de la Guajira casi 133 millones de pesos. Al frente José Pablo Díaz del Atlántico no le giraban.
Estos ingresos daban para la manutención del Bloque Norte y sus 16 frentes, que incluía pago de salarios y una diversidad de gastos de transporte, gasolina, viáticos, municiones y sobornos, entre otros.
A manera de ejemplo, hay documentos del pacto entre los aspirantes a Senado y Cámara por el Magdalena, Dieb Maloof, Jorge Castro, José Gamarra y Gustavo Orozco Jaraba, fue suscrito también por los alcaldes titulares de Pivijay, San Ángel, Algarrobo, Zapayán, Remolino, Chivolo, Salamina y Ariguaní. En ese pacto firmado el 21 de noviembre de 2001 se establece que los votos de la provincia serán para José Gamarra, quien los endosará a Maloof. Según el acuerdo, éste debe conseguir recursos de inversión social y deberá dar participación burocrática a sus socios del Magdalena de manera equitativa.
También revelan documentos y los testimonios de los ex paramilitares que en los municipios de la Zona Bananera, Fundación, Ciénaga, El Retén, Pueblo Viejo y Aracataca en Magdalena, el ex paramilitar “Carlos Tijeras” hizo pactos con los senadores Salomón Saade, Luis Eduardo Vives, Dieb Maloof y Flor Gnecco y los representantes a la Cámara Alfonso Campo, Jorge Caballero y José Gamarra para que apoyaran financieramente al Frente a través de las finanzas de los municipios y la contratación y suministro de los hospitales donde ellos tenían influencia y cuotas políticas. Los jefes políticos se comprometieron a que los alcaldes de la zona contribuirían con el impuesto y a cambio Tijeras les permitía hacer política en la zona. “Nosotros, dijo “Tijeras” en Justicia y Paz en su versión del pasado 24 de julio, nos metimos en la mitad y les dijimos que los directores de los hospitales tenían que pasar por el colador de la empresa (las AUC). Revisábamos las hojas de vida y les hacíamos entrevistas a los aspirantes. Teníamos que convivir: ellos conservaban sus cuotas políticas, se encargaban del parapeto de la meritocracia, pero se comprometían a menos burocracia, cero corbatas, nada de contratos chimbos y cero embargos arreglados. El cuarto compromiso era pagar el impuesto a la contratación, una ley obligatoria en los cuatro departamentos”.
El acuerdo entre políticos y paramilitares parece haber funcionado a la perfección, pues los políticos según los documentos hallados, se encargaban de los nombramientos y el manejo administrativo y los paramilitares “vigilábamos la gestión, los recursos, revisábamos las cuentas y los apretábamos para aconductarlos”, dijo Tijeras. Los paramilitares brindaban “protección y orden”, y los políticos veían la forma de darle presentación legal.
Pero los ingresos gruesos de la organización no están reportados en esta contabilidad, pues provenían del negocio del narcotráfico. En Atlántico funcionaba un frente que rendía cuentas a Jorge 40 y cuya jurisdicción iba desde la salida de Cartagena hacia Barranquilla hasta el muelle donde queda el muelle de la Drummond en Ciénaga, Magdalena. Hace tres semanas ante una fiscal de Justicia y Paz, el ex comandante de éste grupo, Miguel Villarreal Archila, alias Salomón, dijo que cobraron a varios carteles del narcotráfico impuestos por 100 toneladas de cocaína anuales durante tres años, a razón de 50 dólares por kilo. El grupo de Salomón puede haber recaudado por impuestos de embarque cobrado a los narcotraficantes más de 30 mil millones de pesos en tres años, los cuales eran entregados al ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias Jorge 40.
Semanas antes de ser extraditado, Nodier Giraldo, alias “el cabezón” , comandante de finanzas del Resistencia Tayrona, había dicho que entre el 2002 y el 2005 las fincas y el comercio rural del Magdalena habían pagado 1.450 millones de pesos; el comercio de Santa Marta había aportado 13.250 millones de pesos; los contrabandistas de gasolina e insumos químicos habían aportado en diez años (1995 – 2005), 23.640 millones y por el impuesto de embarque de más de 170 toneladas de cocaína entre 2005 y 2006, la suma de 17 mil millones de pesos, el 60 por ciento de los cuales fueron entregados por el Frente Resistencia Tayrona a Jorge 40, comandante del Bloque Norte.
Entre Salomón y el Resistencia Tayrona, recaudaron en tres años por concepto del impuesto del embarque de narcotráfico aproximadamente 47 mil millones de pesos; esto es alrededor de una quinta parte de los impuestos legales que se recaudan anualmente en una ciudad como Barranquilla.
La existencia de esta red de contratación del Bloque Norte dedicada a llevar el registro de los ingresos que la organización obtenía por el cobro de impuestos a entidades públicas, revela de manera escandalosa hasta dónde fueron capaces los jefes de las Auc de infiltrar al Estado y capturar sus rentas. Todos estos hechos ocurrieron con la complicidad de autoridades de policía, jueces, fiscales, agentes de organismos como el DAS y la SIJIN. Cientos de alcaldes, gerentes de hospitales, secretarios de alcaldías, contralores, personeros, concejales, empresarios y contratistas, hicieron parte de delitos como concierto para delinquir, concusión y cohecho. Los fiscales de Justicia y Paz han empezado a compulsar copias para que los fiscales anticorrupción y la Procuraduría empiecen también investigaciones que permitan sancionar disciplinaria y penalmente a los responsables.
www.semana.com
Al reconstruir la contabilidad encontrada en una finca de Jorge 40, se descubrió que entre paramilitares y políticos se repartían el 10 por ciento de un impuesto que cobraban a la contratación municipal y departamental, a las administradoras del régimen subsidiado y a los proveedores. Estarían por abrirse cientos de investigaciones disciplinarias y penales.
Por Tadeo Martínez, corresponsal de Semana en Barranquilla
Fecha: 08/25/2008 -
En cuatro meses del año 2004 el Bloque Norte de las AUC tuvo ingresos reportados en su contabilidad por valor de 989 millones de pesos. Esos dineros provenían de un impuesto que cobraban a la contratación pública de 101 municipios y cuatro departamentos a las Administradoras del Régimen Subsidiado y a los proveedores. Esa contabilidad está registrada en un libro que se llamaba la “Red de Contratación”, un sistema que tenía como objetivo evitar que los “comandantes militares de frente”, en complicidad con los “comandantes financieros”, se quedaran con los recursos que las diferentes entidades territoriales tributaban al Bloque Norte.
Toda esta información de la contabilidad de Jorge 40 fue encontrada en un allanamiento que realizaron las autoridades en una finca del ex jefe paramilitar en San Ángel que sirvió de base al Bloque Norte de las Auc. Allí las autoridades de policía judicial y la Fiscalía encontraron abundante información sobre las finanzas del Bloque Norte y las relaciones entre las autoridades en los cuatros departamentos con el grupo paramilitar comandando por Tovar.
En marzo de 2002 Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, creó un grupo de trabajo al que llamó la Red de Contratación porque la plata que se recogía por diferentes conceptos en La Guajira, El Cesar, Magdalena y Atlántico, no llegaba completa a su “tesorería”. Esa red estuvo funcionando durante casi cuatro años, entre 2002 y 2006, cuando el Bloque Norte se desmovilizó en La Mesa y Chimila, Cesar.
Una planilla del "ministerio de Hacienda" de Jorge 40
Los miembros de la red sostenían reuniones periódicas y a ellas asistían los comandantes de los frentes con el “tesorero”, un hombre de confianza de Jorge 40 encargado de auditar estas finanzas. La contabilidad tenía tres columnas; contratación, ARS y proveedores. Una cuarta columna contenía las diferentes zonas geográficas en los cuatro departamentos, tal y como estaban organizados los frentes.
El Cesar estaba dividido en cinco zonas: la zona 16, la Herradura, Zona 39, Zona de Danilo y la Zona de Alex. En el Magdalena había siete zonas que correspondían a los alias de los comandantes: Carlos Tijeras. Jose, Rafa, Codazzi, Eduardo, La Herradura y Chane. La Guajira sólo tenía dos zonas, la de Ramiro y la de 39; y en Atlántico operaba la de Don Antonio.
El departamento que más aportaba económicamente era Cesar. Según el reporte de los cuatro meses al que tuvo acceso SEMANA, entre mayo y agosto de 2004, los cinco frentes del Cesar reportaron en total casi 560 millones de pesos (exactamente 557.197.741); seguido por la Guajira con 206 millones ($206.562.201); Magdalena con 205 millones ($205.562.201) y Atlántico con 10 millones de pesos. Llama la atención los pocos ingresos reportados por el frente de Atlántico, comandado por alias Don Antonio, pues en las finanzas halladas en el computador de Jorge 40 había registrados ingresos mensuales superiores a 45 millones de pesos. También hay que decir que con esos ingresos pagaban la nómina de sicarios y otros gastos. Además de acuerdo con la versión del propio “Don Antonio” ante Justicia y Paz, sólo Sitionuevo reportó en 2004, 120 millones de pesos que no se reflejan en ese registro.
Además de las reuniones que sostenía periódicamente el “tesorero de la empresa” (las AUC), con los comandantes de frentes, estos también organizaban reuniones con los alcaldes, concejales, diputados, senadores, representantes y gobernadores. En esas reuniones se repartían las utilidades concertadas de la siguiente manera sobre el 10 por ciento del valor total de un contrato: 3.33 por ciento para el frente que la reporta; 3.33 por ciento para el alcalde, gobernador, parlamentario, diputado o concejal que así lo exigiera; 1 por ciento para los tesoreros municipales, departamentales o de la entidad territorial (llámese hospital, organismo descentralizado, corporaciones ambientales etc) que les colaboraban, pues gracias a la información que suministraban los tesoreros se sabía qué contratos se iban a pagar; y el 2.33 por ciento para la Red de Contratación, que a su vez la reportaba a la organización. En total, el 5.6 por ciento del impuesto se quedaba en manos de las autodefensas.
En los documentos hallados también hay referencias a la inconveniencia del Puerto de Palermo y al manejo de tierras por parte de Incoder, una especie de glosas sobre proyectos y entregas de tierras. Un gran número de fiscales y jueces han comenzado a solicitar esta información como prueba, para diferentes procesos en los que están involucrados funcionarios de las entidades territoriales. En otros casos y ante las revelaciones que están haciendo los paramilitares postulados ante Justicia y Paz, se está conociendo lo que sucedió en las regiones durante casi diez años de dominio de los grupos armados de autodefensa.
También llevaban una contabilidad de distribución de esos ingresos, correspondiendo la mayor parte a los seis frentes del Cesar, que recibían más de 239 millones de pesos; los siete frentes del Magdalena, más de 76 millones y los de la Guajira casi 133 millones de pesos. Al frente José Pablo Díaz del Atlántico no le giraban.
Estos ingresos daban para la manutención del Bloque Norte y sus 16 frentes, que incluía pago de salarios y una diversidad de gastos de transporte, gasolina, viáticos, municiones y sobornos, entre otros.
A manera de ejemplo, hay documentos del pacto entre los aspirantes a Senado y Cámara por el Magdalena, Dieb Maloof, Jorge Castro, José Gamarra y Gustavo Orozco Jaraba, fue suscrito también por los alcaldes titulares de Pivijay, San Ángel, Algarrobo, Zapayán, Remolino, Chivolo, Salamina y Ariguaní. En ese pacto firmado el 21 de noviembre de 2001 se establece que los votos de la provincia serán para José Gamarra, quien los endosará a Maloof. Según el acuerdo, éste debe conseguir recursos de inversión social y deberá dar participación burocrática a sus socios del Magdalena de manera equitativa.
También revelan documentos y los testimonios de los ex paramilitares que en los municipios de la Zona Bananera, Fundación, Ciénaga, El Retén, Pueblo Viejo y Aracataca en Magdalena, el ex paramilitar “Carlos Tijeras” hizo pactos con los senadores Salomón Saade, Luis Eduardo Vives, Dieb Maloof y Flor Gnecco y los representantes a la Cámara Alfonso Campo, Jorge Caballero y José Gamarra para que apoyaran financieramente al Frente a través de las finanzas de los municipios y la contratación y suministro de los hospitales donde ellos tenían influencia y cuotas políticas. Los jefes políticos se comprometieron a que los alcaldes de la zona contribuirían con el impuesto y a cambio Tijeras les permitía hacer política en la zona. “Nosotros, dijo “Tijeras” en Justicia y Paz en su versión del pasado 24 de julio, nos metimos en la mitad y les dijimos que los directores de los hospitales tenían que pasar por el colador de la empresa (las AUC). Revisábamos las hojas de vida y les hacíamos entrevistas a los aspirantes. Teníamos que convivir: ellos conservaban sus cuotas políticas, se encargaban del parapeto de la meritocracia, pero se comprometían a menos burocracia, cero corbatas, nada de contratos chimbos y cero embargos arreglados. El cuarto compromiso era pagar el impuesto a la contratación, una ley obligatoria en los cuatro departamentos”.
El acuerdo entre políticos y paramilitares parece haber funcionado a la perfección, pues los políticos según los documentos hallados, se encargaban de los nombramientos y el manejo administrativo y los paramilitares “vigilábamos la gestión, los recursos, revisábamos las cuentas y los apretábamos para aconductarlos”, dijo Tijeras. Los paramilitares brindaban “protección y orden”, y los políticos veían la forma de darle presentación legal.
Pero los ingresos gruesos de la organización no están reportados en esta contabilidad, pues provenían del negocio del narcotráfico. En Atlántico funcionaba un frente que rendía cuentas a Jorge 40 y cuya jurisdicción iba desde la salida de Cartagena hacia Barranquilla hasta el muelle donde queda el muelle de la Drummond en Ciénaga, Magdalena. Hace tres semanas ante una fiscal de Justicia y Paz, el ex comandante de éste grupo, Miguel Villarreal Archila, alias Salomón, dijo que cobraron a varios carteles del narcotráfico impuestos por 100 toneladas de cocaína anuales durante tres años, a razón de 50 dólares por kilo. El grupo de Salomón puede haber recaudado por impuestos de embarque cobrado a los narcotraficantes más de 30 mil millones de pesos en tres años, los cuales eran entregados al ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias Jorge 40.
Semanas antes de ser extraditado, Nodier Giraldo, alias “el cabezón” , comandante de finanzas del Resistencia Tayrona, había dicho que entre el 2002 y el 2005 las fincas y el comercio rural del Magdalena habían pagado 1.450 millones de pesos; el comercio de Santa Marta había aportado 13.250 millones de pesos; los contrabandistas de gasolina e insumos químicos habían aportado en diez años (1995 – 2005), 23.640 millones y por el impuesto de embarque de más de 170 toneladas de cocaína entre 2005 y 2006, la suma de 17 mil millones de pesos, el 60 por ciento de los cuales fueron entregados por el Frente Resistencia Tayrona a Jorge 40, comandante del Bloque Norte.
Entre Salomón y el Resistencia Tayrona, recaudaron en tres años por concepto del impuesto del embarque de narcotráfico aproximadamente 47 mil millones de pesos; esto es alrededor de una quinta parte de los impuestos legales que se recaudan anualmente en una ciudad como Barranquilla.
La existencia de esta red de contratación del Bloque Norte dedicada a llevar el registro de los ingresos que la organización obtenía por el cobro de impuestos a entidades públicas, revela de manera escandalosa hasta dónde fueron capaces los jefes de las Auc de infiltrar al Estado y capturar sus rentas. Todos estos hechos ocurrieron con la complicidad de autoridades de policía, jueces, fiscales, agentes de organismos como el DAS y la SIJIN. Cientos de alcaldes, gerentes de hospitales, secretarios de alcaldías, contralores, personeros, concejales, empresarios y contratistas, hicieron parte de delitos como concierto para delinquir, concusión y cohecho. Los fiscales de Justicia y Paz han empezado a compulsar copias para que los fiscales anticorrupción y la Procuraduría empiecen también investigaciones que permitan sancionar disciplinaria y penalmente a los responsables.
www.semana.com
Suscribirse a:
Entradas (Atom)