HH: ¿Cínico o arrepentido?
Lunes, 10 de Noviembre de 2008 11:05
La forma como Éver Velosa acepta los crímenes que cometió deja perplejas a las víctimas, porque no saben si, de verdad, está arrepentido o su actitud es tan cínica que ni siquiera se conmueve por el dolor que les produjo. Esta semana se reanudará las audiencias de imputación parcial de cargos al paramilitar.
HH ha reconocido alrededor de 5 mil crímenes como jefe de los bloques Bananero y Calima de las Auc. Foto Semana.
- Perfil de Éver Velosa alias 'HH'
El rostro de Éver Velosa, alias 'HH' o 'Carepollo', el confeso comandante de los bloques Bananeros y Calima, de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, ha permanecido imperturbable durante varias de las sesiones en las que la fiscal Nubia Estela Chávez Niño le ha imputado, hasta ahora, 40 cargos, con 93 delitos.
Ni quiera se descompuso cuando las víctimas lo esperaron a la entrada de la sala de audiencias del edificio Lara Bonilla, en el centro de Medellín, para reclamarle por el dolor que les causó y que sigue intacto.
A veces, solo agachó la cabeza, a medida que la Fiscalía entregaba detalles de los 93 crímenes documentados. Con esa actitud pareció asentir con un leve movimiento el caudal de nombres, fechas y lugares, que demuestran que los bloques que comandó solo tenía dos misiones: matar y desaparecer.
En las audiencias de versión libre, el primer proceso de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, el ex jefe para reconoció que tuvo relación en por lo menos 5.000 crímenes, entre homicidios, masacres, desapariciones, secuestros y desplazamientos forzados, durante los más de 10 años que militó en varios bloques de las ex Auc.
Velosa les dijo a las víctimas de la masacre del Alto Naya (ocurrida entre Cauca y Valle del Cauca, en abril de 2001, cuando murieron por lo menos 40 indígenas tras una incursión paramilitar), que en esa y otras acciones sus hombres cometieron muchas equivocaciones y que, por eso, estaba arrepentido, al punto que quería revelar toda la verdad, por duro que fuera.
Esa respuesta desarmó a María, una de las personas que vino en representación de los indígenas del Naya, a escuchar la imputación sobre ese múltiple homicidio y a pedirle al magistrado del tribunal especial de Justicia y Paz que dirige las audiencias, Olimpo Castaño Quintero, con funciones de juez de garantías, que les permitiera acceder a los beneficios que, como víctimas, tienen derecho en la Ley de Justicia y Paz.
“No sé qué pensar… No sé si creer que, de verdad, está arrepentido o es el mayor de los cínicos”, dijo María cuando Velosa entró al despacho, “porque esa actitud nos desarma y nos deja perplejas”.
Personas como ella fueron la excepción, porque la regla fue que quienes resultaron afectados por las acciones del ex paramilitar y sus hombres (salvo este caso y el de otros abogados que mostraron poderes escritos que los acreditaban como apoderados), nunca aparecieron en estas primeras imputaciones.
A los crímenes aceptados por HH y avalados por el magistrado Castaño Quintero, la fiscal Chávez Niño le agregó otros que, en la misma diligencia, Velosa reconoció con el argumento de que eran tantos los hechos que en las versiones libres pudo omitir algún detalle, en alusión a otras víctimas.
La funcionaria explicó que su labor no se concentró solo en las confesiones del ex comandante paramilitar sino que hizo un trabajo de campo con técnicos del CTI para tratar de recopilar toda la información posible sobre los crímenes confesados por el postulado a los beneficios de Justicia y Paz.
En uno de los casos, HH insistió en que 20 de sus hombres mataron, en abril de 2004, a Carlos Castaño Gil, el ex máximo jefe de esa organización ilegal y cuyo crimen -insistió- lo ordenó Vicente Castaño, hermano de la víctima.
Crímenes todos los días
Ese fue, tal vez, el caso más sonado durante las audiencias, pero la seguidilla de muertes y desapariciones relacionadas por la fiscal Chávez Niño deja ver que los crímenes se cometieron casi todos los días, a plena luz del día y, en muchos casos, a escasos metros de comandos de Policía o sedes de organismos de seguridad del Estado.
La dinámica fue siempre la misma: lectura, de cargo y aceptación de los mismos, como si se tratara de un llamamiento a lista, pero hubo un momento en que Velosa permaneció desdoblarse y fue cuando una abogada le dijo al magistrado Castaño Quintero que acababa de hablar por teléfono con una mujer de Turbo, quien le había enviado, minutos antes, un poder para que la representara como víctima en esa audiencia.
Era la madre de Herly Alexander Márquez, de 17 años, muerto con otro adolescente, de igual edad e identificado como Marcial de Jesús Bartel, baleados el 25 de mayo de 1995, en las afueras del bar El Caney, ubicado en zona céntrica de Turbo.
El perdón
“Me dijo, muy triste, que hoy, más de 13 años después, no sabe por qué mataron a su muchacho”, dijo la abogada, a lo que HH respondió, mirando la cámara: “por intermedio suyo, doctora, le quiero decir a la señora, no sin antes pedirle perdón, que su hijo murió por los errores que cometimos y que estoy dispuesto a reconocer este y todos los hechos, pese a la crudeza con que ocurrieron, con el único objeto de que el país recapacite”.
Estos delitos parecen ser el principio de una larga historia de criminalidad y de absoluta indefensión de centenares de personas que murieron ante la mirada impotente de muchos habitantes que prefirieron quedarse callados ante el temor y el dominio que produjeron las armas de las autodefensas en esas regiones.
El recuento de la Fiscalía deja ver que los crímenes ocurrieron de forma recurrente y, si no con complicidad, al menos si con la omisión de las autoridades.
Desde 1995 hasta 2000 hay evidencias de decenas delitos atribuidos al bloque Bananero en el Urabá antioqueño y que, hasta ahora, aparecían en los anaqueles de los despachos judiciales bajo el rótulo de “archivado hasta que aparezcan nuevas evidencias”.
La Fiscalía les dio rostro a esos informes y los sacó del lugar común de “móviles y autores se desconocen” para dejar al descubierto que las autodefensas mataron, en circunstancias muy similares, a Ivor De Jesús Hernández, Gonzalo Antonio Ruiz, Marta Chavarría, Rubén Darío Lara Díaz, Jaime Iván Olguín, Antonio Bustamante Bustamante, José Alfredo Ruiz, Javier Enrique Mercado, Rubén Darío Agudelo, Sérvulo Aguirre Chavarría, Oscar de Jesús Montoya Patiño, Orlando Manuel Rodríguez Cuadrado, Alfredo Gómez Rico y Julio Hernández Rico…
La lista siguió y en ella aparecieron, entre muchos otros, los nombres de Andrés Córdoba Castillo, Carlos Córdoba Vélez y Mariela Padrón Calderón, muertos el 7 de julio de 1995, en una incursión de los paras a la vereda La Playa, zona rural de Turbo, a la que condenaron al desplazamientos por su supuesta simpatía con la guerrilla.
Detrás de ellos murieron Yirlán Pineda, Vicente Zambrano y John Jairo Celedón David, también señalados de “colaboradores de la guerrilla” y acribilladas en juicios sumarios, en los que los victimarios solo tuvieron la misión de eliminarlos y, de paso, dejar un precedente entre sus familiares, vecinos y amigos.
Lo que viene
Las audiencias de imputación parcial de cargos de HH se reanudarán el martes 11 de noviembre y se prolongarán hasta diciembre y en ellas la Fiscalía revelará muchos más crímenes de la extensa lista que ha confesado Velosa, quien está pendiente de que el Gobierno lo extradite a Estados Unidos, donde es procesado por narcotráfico.
La fiscal Chávez Niño prepara un abultado dossier para que en las audiencias que siguen el magistrado Castaño Quintero acepte, previa venia de HH, otras decenas de delitos en los que se cuentan también el de algunos sindicalistas, agremiados en Sintrainagro.
En su versión libre Velosa dijo que había ordenado varios homicidios de dirigentes sindicales y que incluso, con lista en mano, vestido de camuflado y con un fusil al hombro, recorrió las fincas bananeras para amedrentar a los trabajadores que persistían en su idea de paralizar las actividades productivas.
Si el ex jefe para cumple con los requisitos exigidos por la Ley de Justicia y Paz se le aplicará una pena de entre cinco y siete años, de la cual se le descontará el tiempo que lleva recluido desde que fue capturado, en abril de 2007.
www.verdadabierta.com/web3
sábado, 29 de noviembre de 2008
La ley del gatillo de 'HH'
La ley del gatillo de 'HH'
Justicia y Paz - Audiencias
Viernes, 21 de Noviembre de 2008 02:29
La aceptación de 88 crímenes en los que tuvo responsabilidad directa o indirecta, demuestran que Ever Velosa García alias 'HH', ex comandante de los bloques Bananero y Calima de las autodefensas, decidía a dedo quién vivía y quién moría en el Urabá antioqueño.
Por Javier Arboleda para Verdadabierta
En breve: del 27 de octubre al 19 de noviembre, Éver Velosa García, alias HH o Carepollo, aceptó la comisión de 88 actos delictivos, en los que tuvo responsabilidad directa en, por lo menos, 172 homicidios cometidos en Urabá, Cauca y Valle del Cauca, entre ellos las masacres del Alto Naya, La Mojana, El Aracatazo y el Golazo. También aceptó su culpa en la muerte de 13 militantes de la Unión Patriótica y 13 sindicalistas de Urabá y Valle del Cauca. Por estos crímenes, el desmovilizado jefe paramilitar recibió medida de aseguramiento de detención preventiva, sin beneficio de excarcelación y quedó a disposición del magistrado Olimpo Castaño Quintero, con funciones de juez de garantías dentro del proceso de Justicia y Paz.
Otros paramilitares mencionados en las audiencias: los urbanos del bloque Bananeros: alias Monoleche, Manigueto, San Pedro, Chilapo, El tigre, Uber Coca, Wilson, Cepillo, Estopín, Danilo, El Mello, Carlos, El Cura, Giovani.
Funcionarios públicos o políticos presuntamente vinculados con alias HH: general (r) Rito Alejo del Río.
HH ha reconocido hasta el momento la autoría de 182 homicidios, entre los que se encuentran militantes de la UP, sindicalistas y civiles inocentes de los que simplemente tenían rumores en su contra. Foto Semana.
- 'HH': ¿cínico o arrepentido?
- Habla Éver Veloza, alias "H.H"
- La captura de 'HH'
El abogado y defensor de los Derechos Humanos, Fernando Javier Cruz Peña, murió porque así lo quiso Ever Velosa García, alias HH o Carepollo, ex comandante del bloque Calima, quien contrarió la orden que recibió de Carlos Cataño Gil, el ex máximo jefe de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, de no tocarlo.
Cruz Peña desapareció el 10 de diciembre de 2000, cuando varios hombres armados, que se le identificaron como miembros de la Policía y la Fiscalía, lo abordaron en una céntrica calle de Cali, Valle del Cauca, donde lo obligaron a bajarse del taxi en el que viajaba y se lo llevaron en un vehículo particular.
El abogado, quien para le época de los hechos era el presidente de la Asociación de Juristas Demócratas, cayó en una trampa de intereses entre algunos mandos de las Auc.
El comando que lo retuvo lo trasladó hasta un predio privado en Jamundí, donde se lo entregaron a un mando paramilitar conocido como Martín, quien dio el aviso a Velosa García de que ya lo tenía en su poder.
El ex jefe del bloque Calima se comunicó por teléfono con Castaño Gil, pero este le dijo que no lo matara, que lo mantuviera con vida mientras negociaban un posible canje entre el jurista y un comerciante que estaba en poder de las Farc.
“No estuve de acuerdo y ordené su ejecución”, confesó Velosa García en la audiencia de versión libre, en la que explicó que un guerrillero, apodado Relojito, “que tenía vínculos también con las AUC”, les dijo que el abogado era el encargado de llevar los procesos penales de los presos políticos de las Farc, en Cauca y Valle del Cauca.
Tras su ejecución, los paramilitares enterraron el cadáver de Cruz Peña en una fosa clandestina, de la que siempre tuvieron referencia, al punto que el ex jefe de autodefensas, en una de sus versiones libres, le entregó las coordenadas exactas a la Fiscalía para su exhumación. El ente acusador confirmó de que se trataba efecto del abogado luego de que se practicaran algunas pruebas de ADN.
En este y otros 172 homicidios, Velosa García aceptó su responsabilidad como autor material o intelectual y en relación con su participación en el conflicto interno colombiano en calidad de miembro y comandante de esos bloques de las Auc.
Por estos y otros delitos, documentados en 88 hechos por la Fiscal Nubia Stela Chávez Niño, el magistrado Olimpo Castaño Quintero, con funciones de juez de garantías dentro del proceso de Justicia y Paz, le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, basado en que se trata de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Con esa decisión, tomada el pasado miércoles 19 de noviembre, terminó la primera audiencia parcial de imputación de cargos a un ex jefe de las Auc, que comenzó el pasado 10 de noviembre y en el que será juzgado por 200 hechos que confesó en 38 audiencias de versión libre, desde cuando inició su proceso ante la Unidad Nacional de Justicia y Paz.
A su disposición
El magistrado Castaño Quintero le suspendió al imputado las 12 medidas de aseguramiento que tenía en su contra en otros procesos que la justicia ordinaria le sigue y determinó que todos los casos quedarán bajo su supervisión para efectos del esclarecimiento de la verdad de la participación del jefe paramilitar en el conflicto colombiano.
Entre los delitos que aceptó en una sala de audiencias en las que las víctimas fueron las principales ausentes, Velosa García reconoció su participación en las masacres del Alto Naya, ocurrida entre el 10 y 12 de abril de 2001, cuando por orden suya murieron 22 personas, todas indígenas, cuyo único pecado fue vivir en un corredor que le servía a las Farc y al Eln de zona de escape y de confinamiento de secuestrados.
El confeso paramilitar, de manera pública, les pidió el perdón a los pueblos indígenas y reconoció que este como el de la casi totalidad de los crímenes que ordenó y ejecutó “afectaron a personas que nada tenía que ver con el conflicto y que nunca debieron de morir”.
También aceptó los cargos y dio algunas explicaciones de cómo sus hombres ingresaron la noche del 3 de abril de 1996 al bar El Golazo, de Apartadó y dispararon contra las personas que departían a esa hora entre quienes –sospechaban- había más de un colaborador de la guerrilla.
Esa condena colectiva la lamentó en la audiencia, Veloza confesó que asesinaron personas o cometieron masacres de personas inocentes basados en rumores que casi nunca verificaban.
Error de cálculo
Velosa García también aceptó los cargos por la masacre de El Aracatazo, ocurrida la noche del 12 de agosto de 1995, en un bar ubicado a pocas cuadras del comando de Policía de Chigorodó, a donde llegaron varios hombres urbanos de las autodefensas con la misión de matar a tres personas que departían allí.
“La situación se les salió de las manos a los muchachos y terminaron matando a 18 personas”, contó Velosa García, al explicar que Carlos Castaño le hizo el reclamo por el exceso y lo obligó a tenderles una trampa a los autores materiales del múltiple crimen para que la fuerza pública los capturara.
En efecto, al día siguiente envió a 18 de sus hombres, armados y uniformados, en dos camperos a Turbo, de modo que el Ejército los pudiera sorprender en un retén que montó en la vía a esa población del Urabá antioqueño.
Lo paradójico –hizo énfasis- es que ninguno de los retenidos recibió una condena por la masacre sino que la justicia regional los procesó por concierto para delinquir y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
La UP
Velosa García reconoció que mató y ordenó matar a 13 militantes de la Unión Patriótica (UP) en Urabá, basado en la creencia de que este movimiento político nació por iniciativa de las Farc y seguía las indicaciones de este grupo guerrillero.
Dijo que para muchos de esos homicidios se basaron solo en las informaciones suministradas por los desmovilizados del Epl, que antes de unirse a sus filas formaron un grupo que se llamó los Comandos Populares, organización que justificó su accionar como respuesta a los reiterados ataques de las Farc contra quienes decidieron dejar las armas.
Contó que el 23 de mayo de 1995, sus hombres montaron un retén a la entrada de la finca Banafinca y, a la llegada de los trabajadores, pararon el vehículo y, con lista en mano, obligaron a bajar a Camilo Solano Baltazar, Walter de Jesús Borja David y Melquicedec Rentería Machado, a quienes mataron de un tiro de fusil en la cabeza por su militancia en la UP.
Antes, el 18 de mayo de ese mismo año, en otro retén que montaron en la vía a la finca La Virgina, en la vía Carepa-Apartadó, bajaron de un chivero a Alejandro Valoyes Mena, a quien torturaron y, antes de dispararle, le dijeron que lo mataban porque ni trabajaba ni dejaba trabajar.
El 19 de enero de 1996, los hombres de HH incursionaron en una vivienda de la vereda Veranillo, de Turbo, donde mataron al concejal de ese municipio, Marcelino José Blanquicet Castro, y al inspector de Policía de esa zona, Manuel Alfredo Flórez García, ambos miembros de la UP.
El ex jefe 'para' recordó en la audiencia que la justicia ordinaria lo había exonerado por este doble crimen, pero que había renunciado a la absolución para aceptar su responsabilidad en el proceso de Justicia y Paz.
“Todas fueron víctimas inocentes. Todas, la mayoría, no murieron en combates sino que murieron en sus casas o en sus lugares de trabajo”, agregó el confeso paramilitar, al insistir en que cometió múltiples errores y que esos errores costaron la vida de muchas personas.
En la lista de muertos de la UP también aparecieron los nombres de Wilton Antonio Garcés Flórez, Edilberto Cuadrado Llorente, Carlos Arturo Moreno López, Julio César Serna, Humberto Pacheco Castillo, Luis Eduardo Cubides Vanegas y Vidal Devia Ramírez, asesinados de manera selectiva entre los años 1995 y 1996 y ante la mirada indiferente de muchas autoridades de la región.
Los sindicalistas
La fiscal Chávez Niño le imputó también 19 homicidios de dirigentes de Sintrainagro, el sindicato de los trabajadores bananeros que los paramilitares diezmaron a punta de ataques y amenazas.
Entre los hechos que aceptó, Velosa García reconoció que el 25 de marzo de 1996, hombres bajo su mando y haciéndose pasar como milicianos de las Farc, llegaron a la finca La Teca, en la vereda Churidó, de Apartadó, de donde obligaron a salir a la gente para que asistiera a una reunión.
Pese a la negativa de Gustavo Antonio Vargas Úsuga, dirigente de Sintrainagro, y a los ruegos de Rosmira del Socorro Guisao Castro, quien les imploró que, por sus tres hijas, nada le hiciera, ambos fueron acribillados. Con sevicia uno de los paramilitares le cortó el cuello a la mujer.
El pánico que generó el Bloque Bananero entre los dirigentes de Sintrainagro obligó al exilio a muchos de ellos, pero otros no corrieron con la misma suerte, pese a que la seguidilla de homicidios daba a entender que se trataba de una acción de exterminio contra esos dirigentes.
Muchos de los crímenes ocurrieron ante la mirada impotente de los trabajadores que, en algunos casos, sabían que algo iba a ocurrir pero que poco pudieron hacer.
La presencia de un campero blanco, en el que se movilizaban los paramilitares y que la gente de Urabá bautizó como Camino al Cielo, era la señal de que una nueva víctima iba a caer, de las tantas que aparecían en las listas negras de las autodefensas.
Esa lista era la sentencia de muerte y producto de esa información murieron los sindicalistas Luis Álvaro David Olivero, Elkin de Jesús Escobar López, Gustavo Alberto Gutiérrez López, Jairo Alberto López Manco, Elmer Antonio Urquijo Beltrán, Luis Antonio Espitia González, Arcesio Gallego Lozano, Misael Antonio Moreno Córdoba, Rogelio Mosquera Palacio, Ángel Huberto Zabala Bejarano, Dayro Darío Pérez Negrete y Elías García Díaz.
En Valle del Cauca
Por orden de 'HH' también murieron asesinados Roberth Cañarte Montealegre, Basilides Quiroga Muñoz, Ana Rubiela Villada Ramírez, James Raúl Ospina y los profesores indígenas Dionila Bitonás Chilgüeso y Ever Valencia Valencia, dirigentes sindicales y comunales de los municipios de Bugalagrande, Dagua, Sevilla y Tuluá (Valle del Cauca).
Velosa García precisó que, sin muchas bases ni pruebas, ordenó la muerte del juez Cuarto Civil Municipal de Buga, Carlos Humberto Trujillo, de 35 años, dirigente de Asonal Judicial en el Valle del Cauca, ocurrida el 25 de enero de 2001, cuando un sicario le disparó por la espalda dentro de un vehículo de servicio público que había salido de Cali.
Estos crímenes son apenas unos cuantos de los que Velosa García –dijo- seguirá confesando una vez reanude sus versiones libres el próximo mes y que calcula superan los cinco mil hechos entre homicidios, amenazas, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores.
www.verdadabierta.com/web3/
Justicia y Paz - Audiencias
Viernes, 21 de Noviembre de 2008 02:29
La aceptación de 88 crímenes en los que tuvo responsabilidad directa o indirecta, demuestran que Ever Velosa García alias 'HH', ex comandante de los bloques Bananero y Calima de las autodefensas, decidía a dedo quién vivía y quién moría en el Urabá antioqueño.
Por Javier Arboleda para Verdadabierta
En breve: del 27 de octubre al 19 de noviembre, Éver Velosa García, alias HH o Carepollo, aceptó la comisión de 88 actos delictivos, en los que tuvo responsabilidad directa en, por lo menos, 172 homicidios cometidos en Urabá, Cauca y Valle del Cauca, entre ellos las masacres del Alto Naya, La Mojana, El Aracatazo y el Golazo. También aceptó su culpa en la muerte de 13 militantes de la Unión Patriótica y 13 sindicalistas de Urabá y Valle del Cauca. Por estos crímenes, el desmovilizado jefe paramilitar recibió medida de aseguramiento de detención preventiva, sin beneficio de excarcelación y quedó a disposición del magistrado Olimpo Castaño Quintero, con funciones de juez de garantías dentro del proceso de Justicia y Paz.
Otros paramilitares mencionados en las audiencias: los urbanos del bloque Bananeros: alias Monoleche, Manigueto, San Pedro, Chilapo, El tigre, Uber Coca, Wilson, Cepillo, Estopín, Danilo, El Mello, Carlos, El Cura, Giovani.
Funcionarios públicos o políticos presuntamente vinculados con alias HH: general (r) Rito Alejo del Río.
HH ha reconocido hasta el momento la autoría de 182 homicidios, entre los que se encuentran militantes de la UP, sindicalistas y civiles inocentes de los que simplemente tenían rumores en su contra. Foto Semana.
- 'HH': ¿cínico o arrepentido?
- Habla Éver Veloza, alias "H.H"
- La captura de 'HH'
El abogado y defensor de los Derechos Humanos, Fernando Javier Cruz Peña, murió porque así lo quiso Ever Velosa García, alias HH o Carepollo, ex comandante del bloque Calima, quien contrarió la orden que recibió de Carlos Cataño Gil, el ex máximo jefe de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, de no tocarlo.
Cruz Peña desapareció el 10 de diciembre de 2000, cuando varios hombres armados, que se le identificaron como miembros de la Policía y la Fiscalía, lo abordaron en una céntrica calle de Cali, Valle del Cauca, donde lo obligaron a bajarse del taxi en el que viajaba y se lo llevaron en un vehículo particular.
El abogado, quien para le época de los hechos era el presidente de la Asociación de Juristas Demócratas, cayó en una trampa de intereses entre algunos mandos de las Auc.
El comando que lo retuvo lo trasladó hasta un predio privado en Jamundí, donde se lo entregaron a un mando paramilitar conocido como Martín, quien dio el aviso a Velosa García de que ya lo tenía en su poder.
El ex jefe del bloque Calima se comunicó por teléfono con Castaño Gil, pero este le dijo que no lo matara, que lo mantuviera con vida mientras negociaban un posible canje entre el jurista y un comerciante que estaba en poder de las Farc.
“No estuve de acuerdo y ordené su ejecución”, confesó Velosa García en la audiencia de versión libre, en la que explicó que un guerrillero, apodado Relojito, “que tenía vínculos también con las AUC”, les dijo que el abogado era el encargado de llevar los procesos penales de los presos políticos de las Farc, en Cauca y Valle del Cauca.
Tras su ejecución, los paramilitares enterraron el cadáver de Cruz Peña en una fosa clandestina, de la que siempre tuvieron referencia, al punto que el ex jefe de autodefensas, en una de sus versiones libres, le entregó las coordenadas exactas a la Fiscalía para su exhumación. El ente acusador confirmó de que se trataba efecto del abogado luego de que se practicaran algunas pruebas de ADN.
En este y otros 172 homicidios, Velosa García aceptó su responsabilidad como autor material o intelectual y en relación con su participación en el conflicto interno colombiano en calidad de miembro y comandante de esos bloques de las Auc.
Por estos y otros delitos, documentados en 88 hechos por la Fiscal Nubia Stela Chávez Niño, el magistrado Olimpo Castaño Quintero, con funciones de juez de garantías dentro del proceso de Justicia y Paz, le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, basado en que se trata de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Con esa decisión, tomada el pasado miércoles 19 de noviembre, terminó la primera audiencia parcial de imputación de cargos a un ex jefe de las Auc, que comenzó el pasado 10 de noviembre y en el que será juzgado por 200 hechos que confesó en 38 audiencias de versión libre, desde cuando inició su proceso ante la Unidad Nacional de Justicia y Paz.
A su disposición
El magistrado Castaño Quintero le suspendió al imputado las 12 medidas de aseguramiento que tenía en su contra en otros procesos que la justicia ordinaria le sigue y determinó que todos los casos quedarán bajo su supervisión para efectos del esclarecimiento de la verdad de la participación del jefe paramilitar en el conflicto colombiano.
Entre los delitos que aceptó en una sala de audiencias en las que las víctimas fueron las principales ausentes, Velosa García reconoció su participación en las masacres del Alto Naya, ocurrida entre el 10 y 12 de abril de 2001, cuando por orden suya murieron 22 personas, todas indígenas, cuyo único pecado fue vivir en un corredor que le servía a las Farc y al Eln de zona de escape y de confinamiento de secuestrados.
El confeso paramilitar, de manera pública, les pidió el perdón a los pueblos indígenas y reconoció que este como el de la casi totalidad de los crímenes que ordenó y ejecutó “afectaron a personas que nada tenía que ver con el conflicto y que nunca debieron de morir”.
También aceptó los cargos y dio algunas explicaciones de cómo sus hombres ingresaron la noche del 3 de abril de 1996 al bar El Golazo, de Apartadó y dispararon contra las personas que departían a esa hora entre quienes –sospechaban- había más de un colaborador de la guerrilla.
Esa condena colectiva la lamentó en la audiencia, Veloza confesó que asesinaron personas o cometieron masacres de personas inocentes basados en rumores que casi nunca verificaban.
Error de cálculo
Velosa García también aceptó los cargos por la masacre de El Aracatazo, ocurrida la noche del 12 de agosto de 1995, en un bar ubicado a pocas cuadras del comando de Policía de Chigorodó, a donde llegaron varios hombres urbanos de las autodefensas con la misión de matar a tres personas que departían allí.
“La situación se les salió de las manos a los muchachos y terminaron matando a 18 personas”, contó Velosa García, al explicar que Carlos Castaño le hizo el reclamo por el exceso y lo obligó a tenderles una trampa a los autores materiales del múltiple crimen para que la fuerza pública los capturara.
En efecto, al día siguiente envió a 18 de sus hombres, armados y uniformados, en dos camperos a Turbo, de modo que el Ejército los pudiera sorprender en un retén que montó en la vía a esa población del Urabá antioqueño.
Lo paradójico –hizo énfasis- es que ninguno de los retenidos recibió una condena por la masacre sino que la justicia regional los procesó por concierto para delinquir y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
La UP
Velosa García reconoció que mató y ordenó matar a 13 militantes de la Unión Patriótica (UP) en Urabá, basado en la creencia de que este movimiento político nació por iniciativa de las Farc y seguía las indicaciones de este grupo guerrillero.
Dijo que para muchos de esos homicidios se basaron solo en las informaciones suministradas por los desmovilizados del Epl, que antes de unirse a sus filas formaron un grupo que se llamó los Comandos Populares, organización que justificó su accionar como respuesta a los reiterados ataques de las Farc contra quienes decidieron dejar las armas.
Contó que el 23 de mayo de 1995, sus hombres montaron un retén a la entrada de la finca Banafinca y, a la llegada de los trabajadores, pararon el vehículo y, con lista en mano, obligaron a bajar a Camilo Solano Baltazar, Walter de Jesús Borja David y Melquicedec Rentería Machado, a quienes mataron de un tiro de fusil en la cabeza por su militancia en la UP.
Antes, el 18 de mayo de ese mismo año, en otro retén que montaron en la vía a la finca La Virgina, en la vía Carepa-Apartadó, bajaron de un chivero a Alejandro Valoyes Mena, a quien torturaron y, antes de dispararle, le dijeron que lo mataban porque ni trabajaba ni dejaba trabajar.
El 19 de enero de 1996, los hombres de HH incursionaron en una vivienda de la vereda Veranillo, de Turbo, donde mataron al concejal de ese municipio, Marcelino José Blanquicet Castro, y al inspector de Policía de esa zona, Manuel Alfredo Flórez García, ambos miembros de la UP.
El ex jefe 'para' recordó en la audiencia que la justicia ordinaria lo había exonerado por este doble crimen, pero que había renunciado a la absolución para aceptar su responsabilidad en el proceso de Justicia y Paz.
“Todas fueron víctimas inocentes. Todas, la mayoría, no murieron en combates sino que murieron en sus casas o en sus lugares de trabajo”, agregó el confeso paramilitar, al insistir en que cometió múltiples errores y que esos errores costaron la vida de muchas personas.
En la lista de muertos de la UP también aparecieron los nombres de Wilton Antonio Garcés Flórez, Edilberto Cuadrado Llorente, Carlos Arturo Moreno López, Julio César Serna, Humberto Pacheco Castillo, Luis Eduardo Cubides Vanegas y Vidal Devia Ramírez, asesinados de manera selectiva entre los años 1995 y 1996 y ante la mirada indiferente de muchas autoridades de la región.
Los sindicalistas
La fiscal Chávez Niño le imputó también 19 homicidios de dirigentes de Sintrainagro, el sindicato de los trabajadores bananeros que los paramilitares diezmaron a punta de ataques y amenazas.
Entre los hechos que aceptó, Velosa García reconoció que el 25 de marzo de 1996, hombres bajo su mando y haciéndose pasar como milicianos de las Farc, llegaron a la finca La Teca, en la vereda Churidó, de Apartadó, de donde obligaron a salir a la gente para que asistiera a una reunión.
Pese a la negativa de Gustavo Antonio Vargas Úsuga, dirigente de Sintrainagro, y a los ruegos de Rosmira del Socorro Guisao Castro, quien les imploró que, por sus tres hijas, nada le hiciera, ambos fueron acribillados. Con sevicia uno de los paramilitares le cortó el cuello a la mujer.
El pánico que generó el Bloque Bananero entre los dirigentes de Sintrainagro obligó al exilio a muchos de ellos, pero otros no corrieron con la misma suerte, pese a que la seguidilla de homicidios daba a entender que se trataba de una acción de exterminio contra esos dirigentes.
Muchos de los crímenes ocurrieron ante la mirada impotente de los trabajadores que, en algunos casos, sabían que algo iba a ocurrir pero que poco pudieron hacer.
La presencia de un campero blanco, en el que se movilizaban los paramilitares y que la gente de Urabá bautizó como Camino al Cielo, era la señal de que una nueva víctima iba a caer, de las tantas que aparecían en las listas negras de las autodefensas.
Esa lista era la sentencia de muerte y producto de esa información murieron los sindicalistas Luis Álvaro David Olivero, Elkin de Jesús Escobar López, Gustavo Alberto Gutiérrez López, Jairo Alberto López Manco, Elmer Antonio Urquijo Beltrán, Luis Antonio Espitia González, Arcesio Gallego Lozano, Misael Antonio Moreno Córdoba, Rogelio Mosquera Palacio, Ángel Huberto Zabala Bejarano, Dayro Darío Pérez Negrete y Elías García Díaz.
En Valle del Cauca
Por orden de 'HH' también murieron asesinados Roberth Cañarte Montealegre, Basilides Quiroga Muñoz, Ana Rubiela Villada Ramírez, James Raúl Ospina y los profesores indígenas Dionila Bitonás Chilgüeso y Ever Valencia Valencia, dirigentes sindicales y comunales de los municipios de Bugalagrande, Dagua, Sevilla y Tuluá (Valle del Cauca).
Velosa García precisó que, sin muchas bases ni pruebas, ordenó la muerte del juez Cuarto Civil Municipal de Buga, Carlos Humberto Trujillo, de 35 años, dirigente de Asonal Judicial en el Valle del Cauca, ocurrida el 25 de enero de 2001, cuando un sicario le disparó por la espalda dentro de un vehículo de servicio público que había salido de Cali.
Estos crímenes son apenas unos cuantos de los que Velosa García –dijo- seguirá confesando una vez reanude sus versiones libres el próximo mes y que calcula superan los cinco mil hechos entre homicidios, amenazas, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores.
www.verdadabierta.com/web3/
Festival de Cine Iberoamericano de Huelva premió a tres cintas colombianas
Festival de Cine Iberoamericano de Huelva premió a tres cintas colombianas
Paraíso Travel ganó el premio que otorga el público de la ciudad española a la mejor película de la muestra en competencia. Un galardón que se otorga por votación.
La milagrosa, por su parte, obtuvo la Llave de la Libertad, un reconocimiento que otorgan los presos del Centro Penitenciario de Huelva, también por voto popular.
Perro come perro, por su parte, se llevó el Colón de Plata al mejor guión, para Carlos Moreno y Alonso Torres, con lo cual el cine colombiano realizó una de sus mejores participaciones en la historia de este festival.
El Colón de Oro, el premio más importante del Festival, lo obtuvo la cinta chilena La buena vida, de Andrés Wood. Un drama de corte intimista en el que se cruzan tres historias en la capital chilena. El premio especial del jurado fue para Lluvia, de la argentina Paula Hernández.
El mexicano Alan Jonsson, de Morenita, fue escogido como el mejor director. Los premios en actuación fueron para Valeria Bertuccelli, de Argentina, por Lluvia y el español Juan Luis Galiardo, de Esperpentos, a quien, coincidencialmente, el festival le rinde un homenaje. El mexicano Enrique Rivero obtuvo la Carabela de Plata, a la ópera prima por Parque vía.
El jurado, integrado por Paz Encina, de Paraguay, Atahualpa Lichy, de Venezuela y los españoles Antonio Giménez-Rico, Luis Reneses y Ángel Sánchez, resaltó el buen nivel de las cintas participantes y se decantó por un fallo salomónico, otorgando prácticamente un premio a cada una de las cintas que más se destacaron en el juicio de la crítica especializada.
Tal vez por eso, los reconocimientos a Paraíso Travel y La milagrosa adquieren un mayor valor como lo destacaron el mexicano Rafael Lara, director de La milagrosa, y el español Julio Fernández, director de la compañía Filmax, que tiene los derechos mundiales de distribución del filme de Simón Brand. "Es un premio muy importante para mí porque el cine que quiero hacer es uno que le guste a la gente -afirmó Lara-. No sé si estoy equivocado, pero esa es mi aspiración".
Fernández destacó que el premio del público es un gran impulso para la distribución internacional de Paraíso Travel. "Esperamos que la cinta sea un éxito en España y en ese sentido el premio en Huelva es un buen augurio. Además, este galardón nos permitirá llegar con mejores argumentos a mercados como Cannes", declaró el empresario y productor español que tiene mucha fe en la cinta colombiana. "En estos momentos en que la piratería nos está agobiando. Decidimos apostar por el cine europeo y latino que está menos expuesto. Buscamos películas que funcionen con el público y creemos que este puede ser el caso".
Se cierra así un Festival en el que se demostró que es indudable el gran crecimiento que ha tenido la cinematografía de Latinoamérica en los últimos años en calidad y cantidad. El chileno Andrés Wood destacó que en Chile se hicieron en el último año 20 películas. Sin embargo, Jonsson, Rivero, Hernández, Lara y Wood coincidieron en que el gran lunar es la distribución. "Para ver estas películas hay que estar en los festivales", muy pocas llegaran a las carteleras comerciales por fuera de sus países.
El cineasta venezolano Atahualpa Lichy se mostró elogioso con la presencia colombiana en Huelva. "El cine colombiano es uno de los dos que más se ha consolidado en los últimos años en Latinoamérica. Ya se estaba viendo en los cortos y ahora aparece en los largometrajes. Además, me llama la atención que tiene una producción variada. En los próximos años es muy seguro que los grandes festivales comiencen a mirar hacia el cine colombiano con mayor interés".
HUELVA, ESPAÑA
ANDRÉS ZAMBRANO D
*Invitación del festival
www.eltiempo.com
Paraíso Travel ganó el premio que otorga el público de la ciudad española a la mejor película de la muestra en competencia. Un galardón que se otorga por votación.
La milagrosa, por su parte, obtuvo la Llave de la Libertad, un reconocimiento que otorgan los presos del Centro Penitenciario de Huelva, también por voto popular.
Perro come perro, por su parte, se llevó el Colón de Plata al mejor guión, para Carlos Moreno y Alonso Torres, con lo cual el cine colombiano realizó una de sus mejores participaciones en la historia de este festival.
El Colón de Oro, el premio más importante del Festival, lo obtuvo la cinta chilena La buena vida, de Andrés Wood. Un drama de corte intimista en el que se cruzan tres historias en la capital chilena. El premio especial del jurado fue para Lluvia, de la argentina Paula Hernández.
El mexicano Alan Jonsson, de Morenita, fue escogido como el mejor director. Los premios en actuación fueron para Valeria Bertuccelli, de Argentina, por Lluvia y el español Juan Luis Galiardo, de Esperpentos, a quien, coincidencialmente, el festival le rinde un homenaje. El mexicano Enrique Rivero obtuvo la Carabela de Plata, a la ópera prima por Parque vía.
El jurado, integrado por Paz Encina, de Paraguay, Atahualpa Lichy, de Venezuela y los españoles Antonio Giménez-Rico, Luis Reneses y Ángel Sánchez, resaltó el buen nivel de las cintas participantes y se decantó por un fallo salomónico, otorgando prácticamente un premio a cada una de las cintas que más se destacaron en el juicio de la crítica especializada.
Tal vez por eso, los reconocimientos a Paraíso Travel y La milagrosa adquieren un mayor valor como lo destacaron el mexicano Rafael Lara, director de La milagrosa, y el español Julio Fernández, director de la compañía Filmax, que tiene los derechos mundiales de distribución del filme de Simón Brand. "Es un premio muy importante para mí porque el cine que quiero hacer es uno que le guste a la gente -afirmó Lara-. No sé si estoy equivocado, pero esa es mi aspiración".
Fernández destacó que el premio del público es un gran impulso para la distribución internacional de Paraíso Travel. "Esperamos que la cinta sea un éxito en España y en ese sentido el premio en Huelva es un buen augurio. Además, este galardón nos permitirá llegar con mejores argumentos a mercados como Cannes", declaró el empresario y productor español que tiene mucha fe en la cinta colombiana. "En estos momentos en que la piratería nos está agobiando. Decidimos apostar por el cine europeo y latino que está menos expuesto. Buscamos películas que funcionen con el público y creemos que este puede ser el caso".
Se cierra así un Festival en el que se demostró que es indudable el gran crecimiento que ha tenido la cinematografía de Latinoamérica en los últimos años en calidad y cantidad. El chileno Andrés Wood destacó que en Chile se hicieron en el último año 20 películas. Sin embargo, Jonsson, Rivero, Hernández, Lara y Wood coincidieron en que el gran lunar es la distribución. "Para ver estas películas hay que estar en los festivales", muy pocas llegaran a las carteleras comerciales por fuera de sus países.
El cineasta venezolano Atahualpa Lichy se mostró elogioso con la presencia colombiana en Huelva. "El cine colombiano es uno de los dos que más se ha consolidado en los últimos años en Latinoamérica. Ya se estaba viendo en los cortos y ahora aparece en los largometrajes. Además, me llama la atención que tiene una producción variada. En los próximos años es muy seguro que los grandes festivales comiencen a mirar hacia el cine colombiano con mayor interés".
HUELVA, ESPAÑA
ANDRÉS ZAMBRANO D
*Invitación del festival
www.eltiempo.com
Condenados siete militares a 286 meses de prisión por torturar a jóvenes
Condenados siete militares a 286 meses de prisión por torturar a jóvenes
Justicia
El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín condenó este viernes a un oficial, un suboficial, y cinco soldados de la IV Brigada del Ejército Nacional, a 286 meses de prisión, por torturar a cuatro jóvenes de la Comuna 13 de la capital antioqueña. El fallo lo emitió con base en pruebas técnicas y testimoniales que aportó la Fiscalía.
El teniente Cristian Alfonso Ríos Moncayo; el cabo Freddy Alexander Tocarruncho, y los soldados Jorge Andrés Cardona Alzate, Daladier Avendaño Usuga, Juan Gabriel Paniagua Urrego, Sergio Andrés Erazo y Luis Javier Atencia son los militares condenados.
Según la Fiscalía, el 10 de diciembre de 2006, una joven del barrio 20 de julio acudió a una base militar del sector para denunciar que había sido violada supuestamente por los jóvenes Edison de Jesús Quiceno Gil, Edison Hernando Gaviria Agudelo, y los hermanos Henry Alonso e Iván Darío Londoño Londoño.
Posteriormente, los presuntos victimarios fueron retenidos y conducidos hasta la guarnición militar donde fueron torturados y sometidos a malos tratos, que determinaron, según dictamen legal, 20 días de incapacidad para cada uno de los afectados.
En la misma decisión el Juez absolvió a los soldados Uvadel Ramón Bolaños Cotera, Jorge Luis Campiño Cañaveral, Jorge Andrés Ángel Ríos, Guillermo Alexander Henao Gómez y Juan Diego Hincapié.
El fallo fue apelado ante el Tribunal Superior de Medellín por el delegado del Ministerio Público y la defensa.
www.semana.com
Justicia
El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín condenó este viernes a un oficial, un suboficial, y cinco soldados de la IV Brigada del Ejército Nacional, a 286 meses de prisión, por torturar a cuatro jóvenes de la Comuna 13 de la capital antioqueña. El fallo lo emitió con base en pruebas técnicas y testimoniales que aportó la Fiscalía.
El teniente Cristian Alfonso Ríos Moncayo; el cabo Freddy Alexander Tocarruncho, y los soldados Jorge Andrés Cardona Alzate, Daladier Avendaño Usuga, Juan Gabriel Paniagua Urrego, Sergio Andrés Erazo y Luis Javier Atencia son los militares condenados.
Según la Fiscalía, el 10 de diciembre de 2006, una joven del barrio 20 de julio acudió a una base militar del sector para denunciar que había sido violada supuestamente por los jóvenes Edison de Jesús Quiceno Gil, Edison Hernando Gaviria Agudelo, y los hermanos Henry Alonso e Iván Darío Londoño Londoño.
Posteriormente, los presuntos victimarios fueron retenidos y conducidos hasta la guarnición militar donde fueron torturados y sometidos a malos tratos, que determinaron, según dictamen legal, 20 días de incapacidad para cada uno de los afectados.
En la misma decisión el Juez absolvió a los soldados Uvadel Ramón Bolaños Cotera, Jorge Luis Campiño Cañaveral, Jorge Andrés Ángel Ríos, Guillermo Alexander Henao Gómez y Juan Diego Hincapié.
El fallo fue apelado ante el Tribunal Superior de Medellín por el delegado del Ministerio Público y la defensa.
www.semana.com
Denuncian secuestro de edil en Bogotá
Denuncian secuestro de edil en Bogotá
Según la JAL, Guillermo Leal ya había puesto en conocimiento de las autoridades nacionales, distritales y locales las amenazas de las que había sido objeto. En un oficio radicado el 11 de julio del este año, Leal manifestó ante la JAL la situación de amenaza en la que se hallaba, documento enviado igualmente a la alcaldesa local de Sumapaz, Reinere de Los Ángeles Jaramillo.
”Rechazamos el secuestro del representante de la comunidad, y exigimos que se le respete su integridad física y se le garantice su inmediato regreso a la libertad”, señalaron los ediles de la JAL en un comunicado de prensa. Enseguida exigieron a las autoridades que les brinden las garantías necesarias para continuar con su actividad de acuerdo a las normas legales.
Abundan las quejas de personas que han contratado cursos de inglés con la promesa de recibir clases. Al final, se enteran de que firmaron fue la compra de libros y CD y que las sesiones en el aula eran una ‘ñapa’ que no siempre se entrega.
POLÍTICA
Los jóvenes están parchados en la política
Ellos opinan y deciden sobre los problemas que más les afecta. Consiguen plata para sus proyectos. Tratan de convivir a pesar de las diferencias políticas. Los partidos políticos, incluso, se interesan cada vez más en sus espacios formales de participación.
Según la JAL, Guillermo Leal ya había puesto en conocimiento de las autoridades nacionales, distritales y locales las amenazas de las que había sido objeto. En un oficio radicado el 11 de julio del este año, Leal manifestó ante la JAL la situación de amenaza en la que se hallaba, documento enviado igualmente a la alcaldesa local de Sumapaz, Reinere de Los Ángeles Jaramillo.
”Rechazamos el secuestro del representante de la comunidad, y exigimos que se le respete su integridad física y se le garantice su inmediato regreso a la libertad”, señalaron los ediles de la JAL en un comunicado de prensa. Enseguida exigieron a las autoridades que les brinden las garantías necesarias para continuar con su actividad de acuerdo a las normas legales.
www.semana.com
Según la JAL, Guillermo Leal ya había puesto en conocimiento de las autoridades nacionales, distritales y locales las amenazas de las que había sido objeto. En un oficio radicado el 11 de julio del este año, Leal manifestó ante la JAL la situación de amenaza en la que se hallaba, documento enviado igualmente a la alcaldesa local de Sumapaz, Reinere de Los Ángeles Jaramillo.
”Rechazamos el secuestro del representante de la comunidad, y exigimos que se le respete su integridad física y se le garantice su inmediato regreso a la libertad”, señalaron los ediles de la JAL en un comunicado de prensa. Enseguida exigieron a las autoridades que les brinden las garantías necesarias para continuar con su actividad de acuerdo a las normas legales.
Abundan las quejas de personas que han contratado cursos de inglés con la promesa de recibir clases. Al final, se enteran de que firmaron fue la compra de libros y CD y que las sesiones en el aula eran una ‘ñapa’ que no siempre se entrega.
POLÍTICA
Los jóvenes están parchados en la política
Ellos opinan y deciden sobre los problemas que más les afecta. Consiguen plata para sus proyectos. Tratan de convivir a pesar de las diferencias políticas. Los partidos políticos, incluso, se interesan cada vez más en sus espacios formales de participación.
Según la JAL, Guillermo Leal ya había puesto en conocimiento de las autoridades nacionales, distritales y locales las amenazas de las que había sido objeto. En un oficio radicado el 11 de julio del este año, Leal manifestó ante la JAL la situación de amenaza en la que se hallaba, documento enviado igualmente a la alcaldesa local de Sumapaz, Reinere de Los Ángeles Jaramillo.
”Rechazamos el secuestro del representante de la comunidad, y exigimos que se le respete su integridad física y se le garantice su inmediato regreso a la libertad”, señalaron los ediles de la JAL en un comunicado de prensa. Enseguida exigieron a las autoridades que les brinden las garantías necesarias para continuar con su actividad de acuerdo a las normas legales.
www.semana.com
Cómo es hacer justicia bajo el fuego cruzado
Cómo es hacer justicia bajo el fuego cruzado
Funcionarios de la Justicia contaron al Centro de Estudios de Justicia y Sociedad (Dejusticia) sus historias de las investigaciones y fallos que emiten en regiones donde aún tienen poder los grupos armados ilegales.
César Paredes, periodista de Semana.com
“Desde que llegaron los paramilitares vivimos en esta guerra terrible entre los dos grupos armados ilegales; esa guerra es la que hace que nuestro oficio se limite esencialmente a levantar muertos, cuando lo que deberíamos estar haciendo es investigando y descubriendo a los culpables”, dice uno de los jueces que relató su testimonio para la investigación Jueces sin Estado hecha por el Centro de Estudios de Justicia y Sociedad (Dejusticia) y que se publicó la semana pasada.
Como este juez, otros funcionarios de la Justicia relatan cómo es su oficio en medio del fuego cruzado, en las regiones apartadas de Colombia. Allí, la Justicia se quita la corbata para hacer en el mejor de los casos, de trabajadora social, en el peor, de servidora de los grupos ilegales.
La investigación de Dejusticia, en el capítulo ‘Relatos de Jueces’ recoge ocho testimonios de jueces y fiscales que laboran en regiones donde la guerra se ha llevado por delante la verdad, y en consecuencia la justicia. El trabajo muestra que pese al avance en seguridad del actual gobierno, este no se traduce en una mayor fortaleza de la institucionalidad de la rama judicial en las regiones donde el conflicto armado sigue vivo. Cada testimonio es la cara unas veces atemorizada, otras veces humillada, del papel de la Justicia en medio de “justicias paralelas”.
Los testimonios
“Aquí la Ley somos nosotros”, le dijo un integrante de las Farc al juez que relata la historia que se llama ‘Y yo con esas ganas de ser juez’. En ese momento este juez, que recién llegaba a trabajar a Murindó, en el Urabá antioqueño, comprendió que para hacer su trabajo no podía enfrentarse a quien ejercía la autoridad en el pueblo, sino que debía hacer el trabajo a medias para no ganarse problemas. Poco a poco se fue olvidando del idealismo que le enseñaron en la universidad, y pese a que ha tenido casos graves, relacionados con el cartel de Medellín, después de haber sido trasladado de varios pueblos de Antioquia y Córdoba relata no sin desconsuelo: “tengo unos casos de paramilitares, pero nunca he podido condenar a un pez gordo”.
El ejercicio de su profesión para estos administradores de Justicia se convierte en una osadía diaria. Así lo relata la fiscal Blanca Arellano en el testimonio que lleva por nombre ‘La fiscal de la funeraria’. Arellano cuenta cómo tuvo que disfrazarse de auxiliar de una funeraria para poder hacer el levantamiento de un cadáver y para poder sacarlo de la casa de unos jóvenes sicarios, que después de asesinarlo estaban celebrando. La Policía tenía miedo de enfrentarlos.
Finalmente Arellano logró procesar y llevar a un tribunal al asesino, quien después cayó muerto cuando atracaba un almacén. A pesar de que todos los días había homicidios en Taminango, Nariño, fue “la única denuncia que recibí y el único proceso por homicidio, entre más de cien que tuve en mis manos, que pude adelantar en el juzgado”, cuenta.
En el relato ‘Administrando justicias en el Sur de Bolívar’, al juez de Barranco de Loba, al Sur de Bolívar le tocó lidiar con el frente 37 de las Farc. Con el tiempo se ganó la confianza de la gente del lugar y daba clases sobre derechos a jóvenes en los colegios.
Esta actitud llevó a los guerrilleros a hacerle una oferta al juez: “administre justicia bajo nuestra supervisión”. Este juez decidió aceptar, porque como él mismo cuenta, “¿qué más podía hacer?”.
Así pasó tres años hasta que, cansado de la humillación logró un traslado a María la Baja. Pero allí era a otro precio. Enilce López, la empresaria del chance que llamaban la ‘Gata’ y un grupo de paramilitares tenían allí mucho poder. Dice el funcionario que sus lugartenientes metían la mano en las elecciones y mataban al que fallara en un proceso en contra de sus intereses. Por esta razón, el juez decidió incapacitarse en una jornada electoral, en la que tenía que ser clavero, para no incurrir en prevaricato y por no quedar como cómplice de los paras. Lo peor era que el juez no podía confiar ni en la Policía y el Ejército pues ellos no cumplían con las diligencias de la justicia cuando éstas afectaban a los paras. “Eso es muy complicado para el juez porque es uno administrando justicia con el propio Estado de enemigo”, cuenta.
“Como ve, ambas son justicias no sólo ilegales sino también militares, justicias de guerra. Y en ambas uno es un títere”, dice al finalizar su relato.
Un caso menos grave es el de ‘El Juez comunitario’, quien optó por hacer el papel de un trabajador social. Tuvo que abandonar su investidura para no reñir con los intereses de la guerrilla. La historia ocurrió también en el Urabá antioqueño y el juez, quien no tuvo problema en revelar su nombre, es Eladio Isaza.
“Lo que yo hacía era manejar las cosas con mucho cuidado; ser muy prudente; muy respetuoso de todo lo que pasaba. Entender la situación. Yo sabía que si me ponía de envalentonado a aplicar los códigos como si estuviera en la Alpujarra de Medellín me sacaban muerto a los ocho días”, dice.
Isaza se dedicó a resolver casos domésticos hasta que fue trasladado al municipio de Nariño, sur de Antioquia, donde la temible Karina, comandante del frente 47 de las Farc amedrantaba a la población. El temor de la guerrilla ante una escalada paramilitar hizo que desconfiaran de todos los funcionarios del Estado. La población quedó en medio de una guerra entre los paras de Ramón Isaza y el frente de Karina.
Fue cuando Isaza se convirtió en consejero, un apoyo moral para los habitantes del pueblo y un pacificador. Por esta razón la guerrilla lo dejó seguir en el pueblo lo que no ocurrió con otros funcionarios públicos. A él le tocó ser testigo de varias tomas guerrilleras, del asesinato de varios funcionarios, incluidos jueces y fiscales, incluso, de masacres.
En una libreta anotaba el número de cadáveres que bajaban por el río. “Yo no podía hacer el levantamiento de esos cadáveres, pero me tranquilizaba un poquito poder anotar en esa libreta, como en una acta imaginaria de levantamiento, cuántos eran, el nombre de alguno de ellos, los tiros que les habían dado, el estado del cadáver, las ropas que vestían, etc. En total conté 54 cadáveres que montaron al ‘carro de la muerte’ (el carro en el que transportaban los cadáveres)”, dice Isaza en su testimonio. Así hasta que logró otro traslado a un municipio de Antioquia más tranquilo.
En estos relatos se encuentran algunas de las reflexiones de estos funcionarios de la rama judicial que en ocasiones hacen de todo menos la labor para la cual se prepararon, por la que el Estado les paga.
Uno de los funcionarios entrevistados describe de manera muy efectiva, la encrucijada en la que se encuentran los funcionarios de la justicia que reclaman garantías para hacer su trabajo:
“Como ve, en esta parte del país la situación no es fácil para la justicia. Por eso es que los jueces tratan de acomodarse como mejor pueden al contexto en el cual les toca vivir y ejercer. Las amenazas y las dificultades para investigar, hacen que los jueces hagan lo mínimo, con tal de no asumir riesgos excesivos, con tal de salvar el pellejo. Es natural, ¿qué otra cosa se les puede pedir? ¿Que sean héroes? No. Por eso, porque se acomodan, todo parece funcionar como si estuviéramos en situación de normalidad.
Sobre todo en Bogotá creen eso. Nadie habla de la capacidad de los actores armados para neutralizar la labor de la justicia. Nadie se atreve a decir que la justicia se dedica sobre todo a hacer memoriales inútiles para luego archivarlos. Todos nos acostumbramos a no producir resultados y nos lavamos las manos con tal de que tengamos trabajo y de que los sueldos sigan siendo girados en nuestras cuentas. Es triste”, dice un fiscal nariñense, el protagonista en la historia titulada ‘La Justicia en medio de la guerra’.
www.semana.com
Funcionarios de la Justicia contaron al Centro de Estudios de Justicia y Sociedad (Dejusticia) sus historias de las investigaciones y fallos que emiten en regiones donde aún tienen poder los grupos armados ilegales.
César Paredes, periodista de Semana.com
“Desde que llegaron los paramilitares vivimos en esta guerra terrible entre los dos grupos armados ilegales; esa guerra es la que hace que nuestro oficio se limite esencialmente a levantar muertos, cuando lo que deberíamos estar haciendo es investigando y descubriendo a los culpables”, dice uno de los jueces que relató su testimonio para la investigación Jueces sin Estado hecha por el Centro de Estudios de Justicia y Sociedad (Dejusticia) y que se publicó la semana pasada.
Como este juez, otros funcionarios de la Justicia relatan cómo es su oficio en medio del fuego cruzado, en las regiones apartadas de Colombia. Allí, la Justicia se quita la corbata para hacer en el mejor de los casos, de trabajadora social, en el peor, de servidora de los grupos ilegales.
La investigación de Dejusticia, en el capítulo ‘Relatos de Jueces’ recoge ocho testimonios de jueces y fiscales que laboran en regiones donde la guerra se ha llevado por delante la verdad, y en consecuencia la justicia. El trabajo muestra que pese al avance en seguridad del actual gobierno, este no se traduce en una mayor fortaleza de la institucionalidad de la rama judicial en las regiones donde el conflicto armado sigue vivo. Cada testimonio es la cara unas veces atemorizada, otras veces humillada, del papel de la Justicia en medio de “justicias paralelas”.
Los testimonios
“Aquí la Ley somos nosotros”, le dijo un integrante de las Farc al juez que relata la historia que se llama ‘Y yo con esas ganas de ser juez’. En ese momento este juez, que recién llegaba a trabajar a Murindó, en el Urabá antioqueño, comprendió que para hacer su trabajo no podía enfrentarse a quien ejercía la autoridad en el pueblo, sino que debía hacer el trabajo a medias para no ganarse problemas. Poco a poco se fue olvidando del idealismo que le enseñaron en la universidad, y pese a que ha tenido casos graves, relacionados con el cartel de Medellín, después de haber sido trasladado de varios pueblos de Antioquia y Córdoba relata no sin desconsuelo: “tengo unos casos de paramilitares, pero nunca he podido condenar a un pez gordo”.
El ejercicio de su profesión para estos administradores de Justicia se convierte en una osadía diaria. Así lo relata la fiscal Blanca Arellano en el testimonio que lleva por nombre ‘La fiscal de la funeraria’. Arellano cuenta cómo tuvo que disfrazarse de auxiliar de una funeraria para poder hacer el levantamiento de un cadáver y para poder sacarlo de la casa de unos jóvenes sicarios, que después de asesinarlo estaban celebrando. La Policía tenía miedo de enfrentarlos.
Finalmente Arellano logró procesar y llevar a un tribunal al asesino, quien después cayó muerto cuando atracaba un almacén. A pesar de que todos los días había homicidios en Taminango, Nariño, fue “la única denuncia que recibí y el único proceso por homicidio, entre más de cien que tuve en mis manos, que pude adelantar en el juzgado”, cuenta.
En el relato ‘Administrando justicias en el Sur de Bolívar’, al juez de Barranco de Loba, al Sur de Bolívar le tocó lidiar con el frente 37 de las Farc. Con el tiempo se ganó la confianza de la gente del lugar y daba clases sobre derechos a jóvenes en los colegios.
Esta actitud llevó a los guerrilleros a hacerle una oferta al juez: “administre justicia bajo nuestra supervisión”. Este juez decidió aceptar, porque como él mismo cuenta, “¿qué más podía hacer?”.
Así pasó tres años hasta que, cansado de la humillación logró un traslado a María la Baja. Pero allí era a otro precio. Enilce López, la empresaria del chance que llamaban la ‘Gata’ y un grupo de paramilitares tenían allí mucho poder. Dice el funcionario que sus lugartenientes metían la mano en las elecciones y mataban al que fallara en un proceso en contra de sus intereses. Por esta razón, el juez decidió incapacitarse en una jornada electoral, en la que tenía que ser clavero, para no incurrir en prevaricato y por no quedar como cómplice de los paras. Lo peor era que el juez no podía confiar ni en la Policía y el Ejército pues ellos no cumplían con las diligencias de la justicia cuando éstas afectaban a los paras. “Eso es muy complicado para el juez porque es uno administrando justicia con el propio Estado de enemigo”, cuenta.
“Como ve, ambas son justicias no sólo ilegales sino también militares, justicias de guerra. Y en ambas uno es un títere”, dice al finalizar su relato.
Un caso menos grave es el de ‘El Juez comunitario’, quien optó por hacer el papel de un trabajador social. Tuvo que abandonar su investidura para no reñir con los intereses de la guerrilla. La historia ocurrió también en el Urabá antioqueño y el juez, quien no tuvo problema en revelar su nombre, es Eladio Isaza.
“Lo que yo hacía era manejar las cosas con mucho cuidado; ser muy prudente; muy respetuoso de todo lo que pasaba. Entender la situación. Yo sabía que si me ponía de envalentonado a aplicar los códigos como si estuviera en la Alpujarra de Medellín me sacaban muerto a los ocho días”, dice.
Isaza se dedicó a resolver casos domésticos hasta que fue trasladado al municipio de Nariño, sur de Antioquia, donde la temible Karina, comandante del frente 47 de las Farc amedrantaba a la población. El temor de la guerrilla ante una escalada paramilitar hizo que desconfiaran de todos los funcionarios del Estado. La población quedó en medio de una guerra entre los paras de Ramón Isaza y el frente de Karina.
Fue cuando Isaza se convirtió en consejero, un apoyo moral para los habitantes del pueblo y un pacificador. Por esta razón la guerrilla lo dejó seguir en el pueblo lo que no ocurrió con otros funcionarios públicos. A él le tocó ser testigo de varias tomas guerrilleras, del asesinato de varios funcionarios, incluidos jueces y fiscales, incluso, de masacres.
En una libreta anotaba el número de cadáveres que bajaban por el río. “Yo no podía hacer el levantamiento de esos cadáveres, pero me tranquilizaba un poquito poder anotar en esa libreta, como en una acta imaginaria de levantamiento, cuántos eran, el nombre de alguno de ellos, los tiros que les habían dado, el estado del cadáver, las ropas que vestían, etc. En total conté 54 cadáveres que montaron al ‘carro de la muerte’ (el carro en el que transportaban los cadáveres)”, dice Isaza en su testimonio. Así hasta que logró otro traslado a un municipio de Antioquia más tranquilo.
En estos relatos se encuentran algunas de las reflexiones de estos funcionarios de la rama judicial que en ocasiones hacen de todo menos la labor para la cual se prepararon, por la que el Estado les paga.
Uno de los funcionarios entrevistados describe de manera muy efectiva, la encrucijada en la que se encuentran los funcionarios de la justicia que reclaman garantías para hacer su trabajo:
“Como ve, en esta parte del país la situación no es fácil para la justicia. Por eso es que los jueces tratan de acomodarse como mejor pueden al contexto en el cual les toca vivir y ejercer. Las amenazas y las dificultades para investigar, hacen que los jueces hagan lo mínimo, con tal de no asumir riesgos excesivos, con tal de salvar el pellejo. Es natural, ¿qué otra cosa se les puede pedir? ¿Que sean héroes? No. Por eso, porque se acomodan, todo parece funcionar como si estuviéramos en situación de normalidad.
Sobre todo en Bogotá creen eso. Nadie habla de la capacidad de los actores armados para neutralizar la labor de la justicia. Nadie se atreve a decir que la justicia se dedica sobre todo a hacer memoriales inútiles para luego archivarlos. Todos nos acostumbramos a no producir resultados y nos lavamos las manos con tal de que tengamos trabajo y de que los sueldos sigan siendo girados en nuestras cuentas. Es triste”, dice un fiscal nariñense, el protagonista en la historia titulada ‘La Justicia en medio de la guerra’.
www.semana.com
sábado, 22 de noviembre de 2008
hace erupción volcán Huila; 10 muertos
Colombia: hace erupción volcán Huila; 10 muertos
El ministro del Interior, Fabio Valencia, dijo que las víctimas fallecieron en avalanchas provocadas por la erupción.
AFP
Publicado: 22/11/2008 12:44
Bogotá. Al menos 10 personas murieron en Colombia a consecuencia de la erupción, el jueves, del volcán nevado del Huila, que a su vez provocó dos avalanchas que afectaron varias poblaciones del suroeste del país, confirmó este sábado el ministro del Interior, Fabio Valencia.
"Tenemos lamentablemente un reporte de 10 personas muertas, y como no hemos podido llegar a algunos sitios no hemos podido establecer si hay otras situaciones dolorosas", precisó el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia a periodistas en Bogotá.
Inicialmente las autoridades dijeron que la erupción del volcán, el deshielo que causó y las dos avalanchas que se originaron apenas dejaron un herido, un desaparecido y algunos daños materiales en poblaciones de dos departamentos (provincias) del suroeste colombiano.
www.lajornada.com
El ministro del Interior, Fabio Valencia, dijo que las víctimas fallecieron en avalanchas provocadas por la erupción.
AFP
Publicado: 22/11/2008 12:44
Bogotá. Al menos 10 personas murieron en Colombia a consecuencia de la erupción, el jueves, del volcán nevado del Huila, que a su vez provocó dos avalanchas que afectaron varias poblaciones del suroeste del país, confirmó este sábado el ministro del Interior, Fabio Valencia.
"Tenemos lamentablemente un reporte de 10 personas muertas, y como no hemos podido llegar a algunos sitios no hemos podido establecer si hay otras situaciones dolorosas", precisó el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia a periodistas en Bogotá.
Inicialmente las autoridades dijeron que la erupción del volcán, el deshielo que causó y las dos avalanchas que se originaron apenas dejaron un herido, un desaparecido y algunos daños materiales en poblaciones de dos departamentos (provincias) del suroeste colombiano.
www.lajornada.com
Suscribirse a:
Entradas (Atom)