¿Por qué mataron a los niños?

Cuatro años después de la masacre de San José de Apartadó, donde tres niños fueron degollados y descuartizados, SEMANA reconstruye esos días de horror y el encubrimiento que siguió.

En febrero de 2005 Armando Gordillo conoció el paraíso y el corazón de las tinieblas en menos de una semana. El capitán del Ejército estaba en las exuberantes playas de Capurganá, en el mar Caribe, cuidando a las estrellas de televisión que grababan el reality Desafío 2005, cuando recibió una llamada en la que se le ordenaba que saliera para Nueva Antioquia, un paraje cerca de Apartadó, porque se daría inicio a la operación 'Fénix', programada por la Brigada XVII de Urabá. Era el comienzo de uno de los episodios más sangrientos de la guerra en Colombia: la masacre de Mulatos y La Resbalosa.

Cuando Gordillo recibió la llamada, hacía apenas una semana que la Brigada había recibido el golpe más duro de los últimos años, y el peor en la era del presidente Álvaro Uribe. En la vereda El Porroso, de Mutatá, un oficial y 18 soldados habían muerto en un cerco tendido por las Farc. La Brigada no había podido explicar lo ocurrido. Se dijo que hubo problemas de comunicación, que se trató de una emboscada; en todo caso, el general Héctor Fandiño y todos los altos oficiales de la Brigada estaban adoloridos y humillados por este golpe, que incluso le valió una sanción al General.

Por eso a Gordillo no le extrañó que lo llamaran para hacer parte de una acción envolvente de varios batallones sobre el cañón del río Mulatos, donde se sabía tenían su guarida los guerrilleros de los frentes 5 y 58 de las Farc, especialmente 'Samir', un temido insurgente que acampaba con frecuencia en la zona. Cuando llegó a Nueva Antioquia el 17 de febrero, tampoco le extrañó encontrar reunidos a los miembros de su batallón, oficiales y soldados, con un grupo paramilitar. No era la primera vez que esto ocurría. Todos sabían que el Bloque Héroes de Tolová, que pertenecía a 'Don Berna', tenía su centro de operaciones en el cerro de la Hoz, donde se estaba planeando los detalles de la operación. Dos meses atrás se había desmovilizado el Bloque Bananeros de Urabá, y se suponía que sus hombres estaban en plena reincorporación a la civilidad, bajo el mando de Ever Veloza, 'H. H.'.

Gordillo dice que cuando llegó a Nueva Antioquia sus superiores del Batallón Vélez, el teniente coronel Orlando Espinoza y el mayor José Fernando Castaño, tenían todo coordinado con los paramilitares del Héroes de Tolová. De hecho, la compañía Alacrán de otro batallón, el de Contraguerrilla 33, ya había partido en dirección a la vereda Las Nieves. Este grupo iba guiado por un paramilitar recién desmovilizado conocido como 'Melaza', viejo conocido de los militares, asiduo visitante de la Brigada XVII y quien no tuvo problema en vestir un camuflado y portar un fusil oficial, mientras se comunicaba por radio con las demás compañías que estaban en el terreno.

A Gordillo le asignaron un grupo paramilitar coordinado por alias '44', del que hacían parte varios esbirros como 'Kiko', 'Cobra' y 'Pirulo'. "Ellos dijeron que conocían el terreno, sabían de campamentos y caletas de las Farc hacia el cañón de Mulatos… que esa operación ya se había hablado con mandos superiores", le dijo Gordillo a la Fiscalía.

Los acontecimientos que siguieron muestran que la operación tenía el sello de la venganza. Las víctimas de la incursión iban a ser civiles, varios de ellos niños, que morirían degollados y descuartizados, en un acto de barbarie al mejor estilo de las matanzas de 'chulavitas' de la época de La Violencia.

Las tropas avanzaban lentamente, deteniendo a su paso a los pocos campesinos que transitaban esos caminos. 'Melaza' guiaba a los hombres del Batallón 33 y con frecuencia ponía en contacto al oficial que comandaba el grupo con las tropas que habían quedado atrás. Adriano José Cano, Melaza', tenía en ese entonces 25 años y trabajaba para el Ejército con frecuencia. "Ganaba 15.000 pesos diarios y bonificaciones, dependiendo de los resultados que tuviera la operación", dice. Así lo había hecho desde cuando ingresó a los paramilitares en 1997, y así lo hizo varias veces después de entregar las armas, "previa autorización del centro de referencia para desmovilizados", explica.

Desde niño había sido arriero y conocía como la palma de su mano los caminos de Urabá. En particular había estado en varias ocasiones en San José de Apartadó. Cómo no iba a conocer esas trochas si en el año 2001 participó en la masacre de seis campesinos en esta región. Esa vez iba encapuchado, pero muchos lo reconocieron. 'Melaza' era un nombre asociado con muerte.

Las tropas tenían información de que había un miliciano en la vereda Las Nieves y al amanecer del 20 de febrero cercaron el humilde rancho. "Llegamos como a las 6 de la mañana. Era un ranchito en medio del monte. Rodeamos la casa y el teniente Rodríguez metió la boquilla del fusil por la ventana. El miliciano le echó mano a un AK-47. Entonces disparamos todos contra el rancho. La casa quedó como un colador y aun herido de muerte, el miliciano seguía disparando. Cuando todo se calmó, vimos a un niño negrito y a la esposa del miliciano que salió con una niña de 2 años en los brazos completamente ensangrentada. 'Me mataron la niña', dijo. No se había dado cuenta siquiera de que estaba completamente desnuda. Yo me le acerqué y le dije: 'señora, vaya póngase algo'".

Efectivamente, Marcelino Moreno, 'Macho Rucio', era un miliciano y, al parecer, su muerte ocurrió en combate. La niña estaba herida, pero le dieron primeros auxilios y fue evacuada en un helicóptero y sobrevivió. Suerte que no tuvieron los hijos de Luis Eduardo Guerra y Alfonso Tuberquia, cuyo encuentro fue con la patrulla que venía rezagada.

Sin piedad

Ese domingo, cuando Luis Eduardo Guerra escuchó a lo lejos los disparos y el helicóptero del Ejército, se disuadió de salir a coger cacao. Guerra era el más destacado líder campesino de la comunidad de paz de San José de Apartadó. Esta comunidad había nacido una década atrás como un experimento de resistencia civil frente a la guerra, bajo la tutela especial del cura jesuita Javier Giraldo y de la ex alcaldesa de Apartadó Gloria Cuartas. La comunidad había sido blanco de todo tipo de críticas y señalamientos por parte del gobierno de una supuesta tolerancia con las Farc. También había sido víctima de innumerables atropellos y asesinatos selectivos. Luis Eduardo Guerra, a pesar de haberse formado en el campo, era un hombre con el don de la palabra, con un pensamiento tan estructurado que generaba sospecha en sus adversarios, que lo consideraban un ideólogo de la guerrilla. Era uno de aquellos casos excepcionales del hombre con talento y autodidacta. "Se levantaba a las 4 de la mañana a escuchar noticias y después de las jornadas en el campo, se ponía a leer historia, filosofía, era muy disciplinado", cuenta uno de los líderes de la comunidad. De hecho, Guerra era una especie de canciller de la comunidad de paz.

Al día siguiente, el lunes 21 de febrero, Guerra decidió salir por fin hacia su cultivo, con su compañera, Bellanira, de 17 años, su hijo Deiner ,de 11, quienes iban a lomo de mula, y su hermano medio Darío. Después de un corto recorrido, a eso de las 8 de la mañana, un grupo de militares salió entre la maleza y los detuvo. Desde un principio Darío temió lo peor. Se dio cuenta de que la actitud de los uniformados era taimada y extraña. Tuvo el presentimiento -al parecer correcto- de que con los militares había paramilitares. Entonces cuando vio que toda la atención de los soldados se centró en Luis Eduardo, se fue escabullendo detrás de la mula y, como pudo, salió corriendo entre la maraña. Poco después escuchó gritos de dolor y de espanto. Y ningún disparo. Los habían matado a garrote y con machete. Y degollados. Y aunque Gordillo dice que no sabe nada sobre estas primeras muertes, los investigadores tienen la hipótesis de que fueron sus tropas combinadas de militares y paramilitares, quienes estaban en ese lugar.

Hacia el mediodía, en la vereda La Resbalosa, a cuatro horas de allí, la escena se repitió con mayor sevicia. Según varios testimonios en poder de la justicia, y el del propio capitán Gordillo, los paramilitares, al mando de '44', le tomaron la delantera unos 500 metros al Ejército. Los paramilitares llegaron a la casa de Alfonso Bolívar, otro destacado líder de la comunidad de paz, cuando la familia estaba almorzando. Se inició un intercambio de disparos con un hombre llamado Alejandro Pérez -guerrillero de las Farc, según ha comprobado la Fiscalía-, quien alcanzó a correr unos cuantos metros antes de caer acribillado. Los paramilitares detonaron varias cargas explosivas contra la casa y vieron cómo cinco hombres salieron corriendo hacia el monte. Eran Bolívar y sus trabajadores. Lo que siguió es indescriptible.

Jorge Luis Salgado, alias 'Kiko', paramilitar del Bloque Héroes de Tolová, ahora en prisión, la contó a la Procuraduría lo que ocurrió esa tarde: "…vi que había una mujer muerta en el piso… de repente reportaron a los comandantes de unos niños que estaban adentro de la casa… creo que estaban debajo de la cama… fueron sacados de allí al patio… se le preguntó al comandante que qué se hacía con estos niños y llegaron a la conclusión de que serían una amenaza en el futuro diciendo textualmente que ellos crecían y se volverían guerrilleros… por ese motivo se ordenó ejecutarlos en silencio… fue cuando en esos instantes apareció el papá de ellos, con una rula en la mano… los peladitos gritaron ¡papá!... él les decía que no iba a pasar nada y les suplicó a los comandantes que por favor no fueran a matar a los niños… entonces él se arrodilla con las manos en la nuca… los niños corrieron hacia él… y es cuando el papá, ya consciente de lo que iba a suceder, le dice al niño que ellos iban a hacer un viaje largo y que posiblemente no iban a regresar… entonces la niña le busca al niño una ropita en un taleguito, y se lo entrega diciendo adiós con la mano…".

Bolívar había logrado correr y protegerse donde una vecina, pero al cabo de una hora, se sintió mal por haber dejado abandonada a su esposa, Sandra Milena, de 24 años, y a sus pequeños hijos, Natalia, de 5, y Santiago, de 18 meses, y regresó a su casa, a enfrentar la muerte. Todos murieron y fueron enterrados por sus victimarios en una fosa cerca de la casa. Los vecinos que al día siguiente pasaron por allí, una vez se habían ido los uniformados, dijeron que sólo se veía el rastro de sangre, la tierra removida y "un machete amellado de picar huesos".

Según los testimonios de los paramilitares, desde ese mismo instante el capitán Gordillo se enteró de lo que había ocurrido. La operación conjunta siguió, sin embargo, tres días más. Prácticamente hasta cuando el escándalo de la masacre ya estaba en la prensa de todo el mundo. A lo largo de esa semana la Fiscalía no pudo ir a levantar los cadáveres. El padre Javier Giraldo dice que el argumento que le dieron las autoridades judiciales es que necesitaban la protección y el transporte el Ejército, y la Brigada había dicho que "no tenía helicópteros disponibles". No obstante, en los testimonios que reposan en el proceso se dice que el general Héctor Fandiño y el coronel Néstor Iván Duque viajaron en un helicóptero el jueves de esa semana hasta donde estaban las tropas. De qué se enteraron ese día o qué decisiones tomaron es un misterio. Se sabe, eso sí, que esa misma fecha los paramilitares abandonaron la zona.

Para entonces, ya unas 110 personas de la comunidad y observadores internacionales había salido a pie a recuperar los cuerpos, habían llegado a la casa de Tuberquia y rodeado las fosas en espera de la Fiscalía. Uno de los primeros en llegar al lugar fue un oficial, quien se le presentó con su rostro altivo y su mirada fría ante los dolientes: "Soy el capitán Gordillo y vengo a brindarles protección". Ese viernes 25 de febrero en la tarde se inició la exhumación. Al día siguiente encontrarían junto al río los cuerpos de Luis Eduardo y su familia, devorados por los animales. Tan infames como estos crímenes resultaron los actos posteriores para encubrirlos.

¿Obstrucción a la justicia?

Desde el primer momento, el padre Javier Giraldo levantó su dedo señalando al Ejército como culpable. "Había hablado con muchos campesinos y sus versiones me convencieron de ello", dice. Pero le llovieron críticas. ¿Quién podía imaginar que el Ejército estuviera involucrado en un crimen en el que las principales víctimas eran niños?

No habían reposado en sus tumbas los muertos cuando los medios de comunicación empezaron a emitir los testimonios de dos supuestos desmovilizados de las Farc que acusaban a la comunidad de San José de Apartadó de tener vínculos con la guerrilla, y aseguraban que era ésta la que había cometido la atroz masacre. Los ex guerrilleros eran Elkin Tuberquia y Apolinar Guerra, quienes estaban bajo la tutela del coronel Néstor Iván Duque, comandante entonces del Batallón Bejarano, adscrito a la Brigada XVII. Sus versiones eran demasiado inverosímiles, pero confundieron enormemente al principio.

De otro lado, el comandante de las Fuerzas Armadas, general Carlos Alberto Ospina, se esforzó en explicar con mapas en la mano que las coordenadas de ubicación de los militares demostraban que estaban lejos de la zona de los hechos. Se ha conocido que un oficial había ordenado alterar la ubicación desde el mismo momento en que se desarrolló la operación. Como si fuera poco, el propio gobierno, antes que lamentar la masacre e instar porque se aclarara, salió a enjuiciar a la comunidad por su negativa a la presencia de militares y policías en la zona.

La justicia estaba en la encrucijada de que era evidente que la masacre había sido acto de militares y paramilitares, pero no había por dónde empezar, pues la comunidad de paz se negaba a hablar. Vino a ser el testimonio de 'Melaza' el que empezó a desenredar la madeja.

La justicia actúa

Todo pudo haber quedado en la sombra de la impunidad de no ser por la diligente acción de una fiscal. Como la comunidad de paz, embargada por la desconfianza, no quiso hablar con la justicia, los fiscales y los investigadores de la Procuraduría empezaron a arañar evidencias de un lado y de otro. Hace dos años la Fiscalía, en un acto inusual y hasta insólito, llamó a indagatoria a 60 militares de la Brigada XVII que habrían participado en los hechos, para intentar romper el pacto de silencio que, al parecer, se había hecho.

A finales de 2007 la historia tendría un giro definitivo. 'Melaza' había sido capturado dentro de la investigación que se seguía por la muerte de Carlos Castaño. Aunque en un principio él iba a participar en el asalto al máximo jefe de las AUC, luego fue relevado y finalmente no asistió. Ya había sido absuelto y cuando ya prácticamente tenía la boleta de libertad en sus manos para volver a la calle, un fiscal recordó que en un libro de Germán Castro Caycedo se mencionaba a un 'Melaza' asociado a la masacre de San José de Apartadó. Y lo llamaron a declarar por este caso. 'Melaza' sólo atinó a decir: "Yo no maté a esos niños".

Desde la cárcel de Itagüí, donde habló con SEMANA, el ex paramililtar ratifica su versión: "El Estado pide la verdad, pero para qué, si no puede aguantarla". El testimonio de 'Melaza' incriminó desde el primer momento al capitán Gordillo. Y éste a su vez ha involucrado a sus superiores, pues dice que en noviembre de 2007 "me encontré con mi general (Fandiño) en un apartamento de la 106. Me mostró la declaración de alias 'Melaza' y dijo que lo más probable era que me llamaran a indagatoria... me dijo que en ningún momento debía decir que iban guías civiles con armamento, ni otro personal diferente a soldados… que ya había declaraciones de dos informantes de las Farc (Tuberquia y Guerra) que habían dicho que a esa gente la habían matado los del frente 58".

Pero la suerte de Gordillo estaba echada. A finales de ese mes fue capturado. Poco después, al conocer la acusación en su contra, se dio cuenta de que no tenía nada qué hacer. Se declaró culpable y se acogió a sentencia anticipada. Confesó que sus tropas patrullaban con los paramilitares, y la justicia entendió que lo hicieron para cometer actos de terror y barbarie. Por eso hoy 10 militares están llamados a juicio, entre ellos el coronel Espinosa y el mayor Castaño. El fiscal Mario Iguarán anunció que también se investigará al general Héctor Fandiño, el comandante de la Brigada en aquel entonces.

Por lo menos seis de los paramilitares que participaron en la masacre han muerto. Alias '44', quien conocía piezas clave de lo que ocurrió, fue asesinado en Valencia, Córdoba, el año pasado. 'Melaza' y 'Kiko' están fuertemente custodiados en la cárcel, por las amenazas que han sufrido.

La historia le ha dado la razón al vituperado sacerdote Javier Giraldo. Su tesis, parecía inconcebible, poco a poco se confirma. Aunque él mismo está a las puertas de la cárcel por una denuncia por calumnia que le interpuso el coronel Duque, y a la que Giraldo ha respondido con una radical objeción de conciencia, negándose a presentarse ante el tribunal y rendir testimonio.

Por esas paradojas de la guerra, el hombre fuerte de las Farc en San José de Apartadó, 'Samir', al que los propios militares culpaban de la masacre, se desmovilizó en diciembre y desde entonces acompaña a la Brigada XVII en operaciones en todo Urabá. Su testimonio será clave en este caso.

La justicia trata de desentrañar los interrogantes que aún deja planteada esta compleja investigación. ¿Quién planeó la operación conjunta? ¿Se trató de una venganza contra la comunidad por las acciones de las Farc? ¿Hubo intención de desviar a la justicia?

Mientras tanto, Gordillo, sin sombra de remordimiento en los ojos, espera su condena en una cárcel militar. Desde otra prisión castrense, los 10 militares que irán a juicio niegan hasta el momento todo lo ocurrido.


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Cae 'Camilo' o 'El Tuerto' ficha clave del narcotráfico de las Farc en frontera venezolana

Aunque el golpe apenas fue reseñado en Colombia, la DEA considera que las Farc perdieron a una ficha esencial en su andamiaje. Sobre su cabeza pesaba una recompensa de un millón de dólares.


Una hora y 20 minutos le faltaron a Ignacio Leal García, uno de los 50 guerrilleros colombianos que Estados Unidos busca por narcotráfico, para evadir el cerco de las autoridades.

Ese era el tiempo que le quedaba para llegar a la frontera con Venezuela. Leal, también conocido como 'Camilo' o 'El Tuerto', fue detenido en la vereda Panamá, de Arauca, el pasado Jueves Santo.

Investigadores de Inteligencia de la Policía colombiana le seguían los pasos desde hace 10 meses. Finalmente lo capturaron en esa vereda, a unos 80 kilómetros de la línea limítrofe. García le reportaba directamente a 'Granobles', el hermano del 'Mono Jojoy' y jefe de la guerrilla en esa zona del país.

El general Orlando Páez Varón, jefe de Seguridad Ciudadana de la Policía, dice que el mismo secretariado se beneficiaba de los negocios de narcotráfico que hacía 'El Tuerto'. En Venezuela, su
enlace es un hombre conocido como 'Cocorrinche'. Los datos suministrados por un informante fueron determinantes para la captura de Ignacio Leal.

"Tiene pendiente un control médico en Venezuela por un problema del corazón", les dijo el informante a los investigadores de inteligencia, y los alertó de la salida de 'el Tuerto' de Arauquita por cualquiera de tres puntos: Panamá, Filipinas o Bocas del Ele.

A las 12 y 40 de la mañana del Jueves Santo, Leal García salió por la vereda Panamá, con varias mujeres y niños. Cuando la Policía lo sorprendió lo acompañaban cinco familiares, entre ellos dos niñas, una de las cuales iba en sus brazos. Viajaban en un Renault 21 en perfecto estado.

Leal García se identificó con una cédula falsa pero ya las autoridades lo tenían plenamente identificado. Ante las autoridades colombianas Leal debe responder por rebelión, terrorismo, extorsión y secuestro.

REDACCIÓN JUSTICIA

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'Cacería' de la mafia a familia de Wilber Varela 'Jabón': hallado el cadáver de su medio hermano

El cuerpo de José Jair Posso estaba en una fosa común, en la zona de Calima-Darién (Valle), según lo reportó el CTI de la Fiscalía.


Familiares de Posso lo habían reportado como desaparecido el pasado 19 de marzo, cuando iba a reunirse con su sobrino Wílber Felipe Varela, 'Varelita', asesinado en Armenia por sicarios al día siguiente, el viernes 20 de marzo.

Según informes de inteligencia de las autoridades, los dos crímenes son un mensaje de Luis Enrique Calle Serna, alias 'Comba', a la familia y a testaferros de 'Jabón' para obligarlos a entregar los bienes del extinto capo.

El cadáver de Posso tenía un limón en la cavidad oral, con el que lo asfixiaron, y estaba envuelto en una sábana y encima tenía un plástico.

Expertos forenses del CTI de la Fiscalía, que ayer en cuestión de horas lograron identificar el cadáver, determinaron que, según la forma como lo sepultaron, tenían la intención de que se preservara por largo tiempo.

En la misma fosa común las autoridades hallaron el cadáver de otro hombre, de aproximadamente 55 años y que al cierre de esta edición no había sido identificado.

Ambos cuerpos fueron llevados hasta la morgue de Buga (Valle) y luego los trasladaron hacía la sede del Instituto de Medicina Legal en Cali.

'Comba' fue en el pasado el hombre de confianza de 'Jabón' y las autoridades lo señalan de ser uno de los responsables del asesinato del capo, ocurrido el año pasado en un hotel campestre de Valencia (Venezuela).

Desde entonces, 'Comba' asumió el poder en la organización de su antiguo jefe y ahora lo señalan de desatar una persecución contra los allegados y bienes del extinto capo, además de tener el 80 por ciento del control de las rutas de droga en el Pacífico.

Esa misma estrategia la usó Varela contra las familias de sus antiguos aliados en la mafia, como los Patiño Fómeque y Miguelito Solano.

De hecho, el asesinato de Solano, ocurrido en el 2002 en Cartagena, y la expropiación de los bienes que este dejó se convirtieron en el detonante de la guerra entre 'Jabón' y el extraditado Diego Montoya, 'don Diego', que dejó más de 1.600 muertos en Cali y el norte del Valle.

REDACCIÓN JUSTICIA

Capturado el “hombre de las finanzas” de las Farc en Arauca

Conflicto armado Un millón de dólares ofrecía el Departamento de Justicia de Estados Unidos por Ignacio Leal García, alias ‘Camilo’ o ‘El Tuerto’, que manejaba el narcotráfico para el Bloque Oriental.

Cuando se desplazaba en un carro particular por una vía del municipio de Arauquita, la Policía capturó a Ignacio Leal García, un guerrillero de las Farc de 34 años conocido con el alias de ‘Camilo’ o ‘El Tuerto’, quien al parecer era el encargado de las finanzas del frente 10 de las Farc, asentado en el departamento de Arauca.

Vestido de civil y con documentos falsos, ‘Camilo’ fue encontrado por las autoridades en una carretera el pasado sábado en la tarde, cuando al parecer se dirigía hacia Venezuela para practicarse un chequeo médico. Su ubicación se logró durante una operación denominada ‘Cazador’, realizada de manera conjunta entre el Ejército y la Policía, luego de las pistas entregadas por informantes que recibieron recompensa del gobierno.

“Este hombre manejaba toda una red de narcotraficantes en el oriente del país que sacaban la coca hacia el exterior. Tenía muchas propiedades a nombre de familiares suyos. También manejaba múltiples cuentas bancarias y muchos contactos con mafiosos en la zona”, dijo a Semana.com el coronel Luis Alberto Ortiz, comandante de la Policía de Arauca.

Por tal razón, Leal García era una de las fuentes principales de ingresos del Bloque Oriental de las Farc, al mando del Mono Jojoy, aunque le respondía directamente a
Germán Briceño Suárez, alias ‘Grannobles’, encargado del direccionamiento de tráfico de estupefacientes en Arauca, y quien le había asignado actividades relacionadas con el narcotráfico, extorsión, presión e intimidación a los habitantes de esa región.

Según la Policía, ‘Camilo’ llevaba cerca de 17 años de militancia en las Farc. Controlaba más de 2 mil hectáreas de cultivos de coca en Arauca, con una producción estimada en 17 toneladas anuales de cocaína, cuyo valor en el mercado de los Estados Unidos es de unos 422 millones de dólares. En la Unión Europea supera los 676 millones de euros.

Así mismo, el guerrillero tendrá que responder por terrorismo, concierto para delinquir, narcotráfico o posesión de sustancias para el procesamiento de narcóticos.

Alias ‘Camilo’ era uno de los 50 principales objetivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, estaba pedido en extradición por autoridades de Estados Unidos bajo cargos de tráfico de drogas, su nombre estaba en la circular roja de Interpol y por su cabeza se ofrecía un millón de dólares.

Son 326 las personas secuestradas por las Farc entre 2000 y 2008, asegura País Libre

A pesar de ser mayor el número secuestros extorsivos en el país, estos reciben mucho menos despliegue que los secuestros políticos.

La fundación es enfática al señalar que no son los nueve cautivos que reconoce esa guerrilla, ni los 415 de la lista del Gobierno. Por eso, exige que sean esclarecidas las cifras.


De los 326, 156 son secuestros extorsivos y 170 simples (sin un fin conocido). En total, 95 corresponden a casos atendidos directamente por País Libre, y las otros 231 son el resultado de una depuración que hizo la fundación de las cifras que maneja el Gobierno y que ellos consideran, "no son concluyentes".

Uno de esos casos es el del empresario Jorge Enrique Jiménez*. En los últimos seis años, ha vivido un infierno por culpa de las Farc. Primero lo extorsionaron y lo llevaron a la quiebra. Como no siguió pagando, le secuestraron a una hija menor de edad. Ahora mantienen cautivo a su hijo mayor.

Por eso, Jiménez no podía creer el contenido de la carta difundida por los subversivos el 28 de marzo pasado, en el que dicen que en su poder "solo existen 9 retenidos por concepto de la ley 002".

"Lo que las Farc llaman la ley 002 es un panfleto extorsivo con el que han justificado desde el 2000 los plagios de carácter económico", explica Claudia Llano, experta de País Libre en atención del secuestro extorsivo.

Para Jorge Enrique, de 53 años, la cifra que dan los guerrilleros se contradice abiertamente con las decenas de pagos por secuestro que él conoció en las múltiples ocasiones en que acudió a municipios de Cundinamarca a pagar la 'vacuna'.

"Esos guerrilleros son cínicos y descarados, porque somos muchos los que hemos pagado los rescates y, sin embargo, no los liberan", dice.

A Jorge Enrique la razón se la dan, de lejos, las cifras de País Libre, según las cuales por lo menos 326 personas han caído en la red de plagios tendida por las Farc entre el año 2000 y el 2008. De estos, 156 son secuestros extorsivos y 170 simples (sin un fin conocido).

'Inventario macabro'

Claudia Llano califica como un "inventario macabro"los datos sobre secuestro económico, porque "no es ni lo que dicen las Farc, pero tampoco las cifras que ha suministrado el Gobierno".

Según el Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fondelibertad), que suministra la información oficial, de los secuestros ocurridos entre 1996 y 2008, aún permanecen cautivas 713 personas. De estas, 415 fueron plagiadas entre el 2000 y el 2008.

A País Libre le preocupa que Fondelibertad haya decidido no suministrar más información sobre la situación del secuestro en Colombia a partir del 2008 y por eso pide que la lista definitiva sea decantada en detalle.

Recientemente, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunció la entrega de un listado definitivo por parte de Fondelibertad.

Sin embargo, la ausencia de datos en el último año ha generado escepticismo en País Libre, una fundación que nació a comienzos de los 90 de la mano del hoy vicepresidente Francisco Santos.

"A las Farc y al Eln les exigimos la verdad sobre la situación de los secuestrados que tienen en su poder. Y al Gobierno le decimos que esperamos unas cifras depuradas explicando una a una la situación de cada secuestrado: si lo rescataron, si lo liberaron, si murió, o si aún permanece cautivo", enfatiza Llano.

A esta queja se une la directora de la Fundación, Olga Lucía Gómez, quien lamentó que la depuración adelantada por el Gobierno haya sido asumida de forma tan hermética.
"No se sabe por qué lo están haciendo a puerta cerrada y por qué se está trabajado así sobre un tema tan importante para el país", concluye.

Víctima de boleteo y el plagio de sus dos hijos

En mayo de 2003 el frente 42 de las Farc empezó a extorsionar a Jorge Enrique Jiménez (*), empresario del sector confeccionista.

Después de hacerle conocer detalles sobre su familia, sus movimientos y sus bienes, y de amenazarlo con persecuciones, secuestros y con la muerte, empezaron a cobrarle una suma mensual.

"Lo primero que hice fue enviar a mi hijo mayor, Luis Guillermo, junto con su esposa y su hijo, a otro departamento. Allá les ubiqué una vivienda y empecé a enviarles mercancía para que tuvieran de qué vivir", dice Jorge Enrique.

Y agrega: "Casi un año después las Farc lo encontraron y lo hicieron abandonar todo. Para que nos dejaran tranquilos volví a pagarles una suma mensual, la cual me fueron subiendo".

En menos de un año el empresario ya no tenía locales y las deudas con los bancos se le salieron de las manos. Entonces dejó de pagar. En marzo de 2005 secuestraron a su hija Paulina, de 16 años. Acto seguido lo llamaron para exigirle una suma mucho más alta que las anteriores. Para su suerte el 15 de junio el Gaula de la Policía rescató a la joven.
"Yo pensaba que ya había terminado todo. Pero no. Me siguieron llamando y torturando psicológicamente, exigiéndome dinero", cuenta Jiménez.

Aunque les demostró a las Farc su quiebra económica, volvieron a amenazarlo con matarlo, a él o a su familia.

Finalmente, en octubre de 2007 secuestraron a su hijo mayor Luis Guillermo.
"Hasta el día de hoy solo he recibido tres llamadas y un Email. En la última llamada me informaron que mi hijo pagaría las consecuencias de mi desobediencia por haber rescatado a mi hija. Hoy prefiero un hijo muerto y no desparecido", concluye Jorge Enrique.

'Espero que me den cualquier noticia'

Luz Enith Acevedo narra la historia de su hermano Claudio Ariel:
"Él es un oficial de la Armada que se especializó en contraguerrilla. Luego se retiró y se volvió independiente. De un matrimonio que tuvo, le quedó un hijo.

"El 4 de diciembre del 2003, en un viaje a Arauca, lo secuestraron.

"Dos semanas después hombres que se identificaron como de las Farc me dijeron que no lo buscara, que lo iban a usar para aprovechar su experiencia en contraguerrilla.

"Las Farc saben más de cada uno de nosotros que el Gobierno. En mi corazón siento que él puede estar bien. Mi mamá fue operada del corazón hace 4 meses y su único deseo es ver a mi hermano.

"En estos momentos espero que me den cualquier noticia, buena o mala, pero que acabe esta agonía".

'Son 9 años sin saber si mi hijo está vivo o muerto'

Manuel Fandiño cuenta la historia de uno de sus hijos, plagiado cuando terminó el servicio obligatorio como agente de policía.

"Edison tenía 18 años cuando guerrilleros de las Farc lo bajaron de un bus, el 2 de septiembre del 2000, y lo retuvieron por ser policía. Él iba de civil pero el peluqueado lo delató.

"El día anterior un oficial de la base de Orito (Putumayo), donde prestó el servicio, lo mandó para nuestra casa en Bogotá, sin calcular los riesgos.

"A nosotros nos llamaron en la madrugada del otro día a contarnos que a Edison lo había secuestrado el frente 32 de las Farc.

"Los guerrilleros no tienen corazón, solo les importa matar y secuestrar. Yo viajé varias veces a hablar con ellos. Les dejé una foto y el número celular, pero nunca nos llamaron ni nos dijeron nada.

"Le decimos a la guerrilla que Dios es amor, que cesen de hacer el mal. Que nos den una señal de supervivencia, que este asunto es tremendo. Son 9 años sin saber si mi hijo está vivo o muerto, o cómo se encuentra".

* Nombre cambiado por petición de la fuente

NELSON ENRIQUE PARRA
REDACCIÓN POLÍTICA


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La 'Oficina de Envigado' está fracturada y dividida por lo menos en tres partes

La de Maximiliano Bonilla, 'Valenciano', relacionada con el narcotráfico; la de Erick Vargas, 'Sebastián', emparentado con bandas sicariales; y la de Jader Botero, 'Gancho', que maneja el pagadiario.


Esta última también maneja el norte del Valle de Aburrá, según fuentes de inteligencia consultadas por EL TIEMPO.

Las tres facciones de la 'Oficina' desataron la guerra de 'combos' que la semana pasada cobró la vida al menos de 31 personas, situación que obligó a la Policía y al Ejércio a reforzar la vigilancia con 800 hombres en las comunas nororiental y noroccidental.

Sobre Félix Alberto Isaza, 'Beto', y Mauricio López, 'Yiyo', quienes, según la Policía, encabezan el organigrama de la 'Oficina', en la organización dicen que estarían en Centroamérica camino a E.U., en busca de una negociación con la justicia de ese país.

Sin embargo, fue 'Yiyo' quien autorizó el ingreso del equipo de EL TIEMPO, hace una semana, a las comunas.

Del lado de 'Sebastián' se habría alineado Leonardo Muñoz, 'Douglas', reconocido como uno de los cuatro de la cúpula de la organización y quien controla entre 40 y 50 combos
delictivos.

Con 'Valenciano' las autoridades vinculan a Fabio Édisson Gómez, 'Riñón', recientemente capturado, al igual que a su reemplazo, conocido como 'Nicolás'.

"Todos son tipos muy jóvenes -máximo 35 años-, que se han hecho en un ambiente criminal desde los 14 años. Empezaron hurtando vehículos, atracando gente; luego van haciendo secuestros, homicidios y dependiendo del grado de violencia que muestren van ascendiendo en la estructura. Han hecho camino a punta de muertes", indica una fuente oficial.

Informaciones de inteligencia aseguran que 'Gancho' estaría amenazado por los demás por su intención de independizarse (Ver recuadro).

El que gana

Lo único seguro es que el mayor beneficiado de este rifirrafe interno es Daniel Rendón, 'Don Mario', quien busca consolidar posiciones por el centrooriente y el noroccidente de Medellín, a través del reclutamiento de jefes de bandas que en el pasado trabajaron para la 'Oficina'. Los que se niegan son amenazados o asesinados.

Las áreas de influencia de 'Don Mario' son La Sierra, en el centrooriente, a través de 'El Rolo', 'El Ruso' y 'El Negro José', y un sector del occidente, entrando por el corregimiento San Cristóbal y el barrio Robledo.

"Todo gira alrededor del narcotráfico en distintos niveles: un nivel que se enfrenta en el noroccidente del país, la Costa, el golfo de Urabá y el golfo de Morrosquillo, por el negocio duro que son las rutas de exportación de drogas; y otro en las ciudades por las 'plazas' de vicio y algunas extorsiones al transporte y el comercio", dice la fuente.

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general Dagoberto García, este año las autoridades han golpeado a las estructuras de la 'Oficina' con 28 capturas importantes, la individualización de 14 cabecillas, el decomiso de 53 armas y 3.000 kilos de marihuana y 41 equipos de comunicaciones. Además, desmontaron una red de lavado de activos adscrita a ella.

¿Resucita un 'Pepe'?

La guerra interna de la 'Oficina' revivió a viejos protagonistas del bajo mundo. Por lo menos así lo demuestra el caso de 'Sebastián', considerado por las autoridades como el jefe de una de las facciones enfrentadas en las comunas de Medellín. Su verdadero nombre es Erick Vargas, señalado como sicario de la 'Oficina' y allegado a 'Don Berna', ex jefe 'para' extraditado a Estados Unidos.

La relación entre ambos, dicen otras fuentes, es de vieja data, en la época en la que 'Sebastián' participó junto con 'Berna' en el grupo de 'los Pepes', que se enfrentó a Pablo Escobar a principios de la década de los 90.

Uno de sus hermanos, Frank Vargas, era aliado de 'Berna' y salió del país después del final de Escobar. Estaría en México, según fuentes consultadas por EL TIEMPO. 'Sebastián' mantenía un poder muy localizado y discreto en la comuna de Buenos Aires -centrooriente de la ciudad-, y ahora es protagonista del actual torbellino a raíz del anuncio de que 'Yiyo' y 'Valenciano' están negociando una entrega con Estados Unidos.
Incluso habría desplazado a 'Yiyo'.

Ante el clima de violencia que vive Medellín por causa del enfrentamiento entre las facciones de la 'Oficina' el ministro de Defensa (e), general Freddy Padilla, y el director de la Policía, general Óscar Naranjo, encabezarán hoy un consejo de seguridad en la capital de Antioquia.

Según el secretario de Gobierno de Medellín, Jesús Ramírez, la ciudad necesita para reforzar la seguridad como mínimo unos 1.200 policías más.

'Gancho', detrás de las amenazas

Jader Botero, conocido como 'Gancho' y quien para las autoridades es miembro de la cúpula de la 'Oficina de Envigado', estarías detrás de las amenazas contra el concejal de Medellín Bernardo Alejandro Guerra y del personero delegado Jorge Ceballos.

De 'Gancho' se dice que se mueve con tranquilidad por Bello (Antioquia) pese a que aparece en la lista de los más buscados por la Policía: es considerado como el patrón del norte del Valle de Aburrá.

Fuentes locales aseguran que Botero sería el dueño de una finca en el sector El Limonar, en Copacabana, y otra en la vereda Tierradentro, cerca al 'búnker' en el que vivía Hugo Albeiro Quintero, el dueño de Bellanita de Transportes y hoy preso en Valledupar.

Investigadores dicen que 'Gancho' pasó de ser controlador del tiempo de los buses de Bellanita a acumular poder en el mundo delincuencial.



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www.eltiempo.com

El despojo de la tierra en Colombia

"Guerreros y campesinos, el despojo de la tierra en Colombia”, es el nuevo libro del reconocido investigador, Alejandro Reyes Posada, editado por Norma, en el que analiza la violencia e ilegalidad que han afectado al país en las últimas décadas y los errores y aciertos de los gobiernos en sus intentos de solución. Semana.com publica el capítulo de Introducción a esta valiosa obra.
Alejandro Reyes Posada
Introducción al libro "Guerreros y campesinos, el despojo en la tierra en Colombia" , Editoria norma, 2009.

Este libro estudia los conflictos agrarios, la expansión de las guerrillas, del narcotráfico y de los grupos paramilitares, y analiza críticamente las políticas estatales que se han adoptado para enfrentarlos. Es muy difícil generalizar sobre Colombia, por la diversidad regional del país y la debilidad del poder central de Bogotá, que ha sido retado sucesivamente por las élites terratenientes, las guerrillas, los narcotraficantes y los paramilitares. Por eso este trabajo hace énfasis en el análisis histórico y geográfico de cada tema, para presentar el conjunto nacional como resultado de diversas condiciones regionales.

La violencia ha sido usada en Colombia como recurso para presionar reformas sociales, para impedirlas, para imponer o rechazar dominios territoriales y para impugnar o recuperar la soberanía del Estado. En todos los casos, la violencia se asocia a conductas criminales, que a veces intentan encubrirse bajo justificaciones políticas. La violencia es capaz de destruir el poder de la sociedad para plantear y resolver sus conflictos, pero es incapaz de generar nuevo poder, como enseñó Hanna Arendt.

Esta paradoja permite entender el fracaso del país para resolver el problema de la injusta distribución de la tierra y su consecuencia principal, el desarraigo violento del campesinado y la concentración de la tenencia en manos de narcotraficantes y señores de la guerra. El primer capítulo del libro describe los principales conflictos agrarios que sobrevivieron durante los años ochenta en las regiones colombianas, luego de la intensa movilización campesina de los años setenta, y su creciente transformación en guerras locales de expulsión de campesinos y apropiación violenta de la tierra. Este proceso cambió las bases sociales del poder en las regiones, al desplazar también una parte de las anteriores dirigencias regionales y sustituirlas por representantes de los empresarios del narcotráfico y la violencia, en busca de reconocimiento y legitimación. Sin haber participado en ella como adversarios armados, los campesinos perdieron la guerra y pagaron las consecuencias con las vidas de muchos y con la pérdida de sus tierras.

Colombia perdió la oportunidad histórica de realizar la reforma de la estructura agraria, aprobada como la ley 135 de 1961, y los conflictos entre campesinos y grandes propietarios, al no encontrar cauces institucionales de solución, alimentaron las estrategias de grupos armados para impugnar o defender el régimen de la gran propiedad latifundista. La violencia, a su vez, hizo imposible continuar el incipiente proceso de la reforma agraria y facilitó la persecución contra los líderes sociales del campesinado, que fueron tratados como subversivos del orden establecido. De esta forma, la dirigencia colombiana cometió el primer error estratégico, que fue aplastar con represión militar las movilizaciones pacíficas de las organizaciones campesinas y por tanto cerrar la vía reformista, para enfrentar, a cambio, la lucha insurgente de las guerrillas.

Las guerrillas, que surgieron a mediados de los años sesenta del siglo 20 como expresión de resistencia campesina y adoptaron un programa revolucionario de lucha por el poder estatal con la ideología marxista de la lucha de clases, llegaron a convertirse desde los años ochenta en verdaderas máquinas de guerra, con autonomía de las causas sociales que las originaron y con capacidad para asegurar su propia reproducción. A largo plazo, las guerrillas han demostrado agenciar procesos de re-esclavización de la población, pero no un proceso de cambio social ni de emancipación popular.

La expansión geográfica de las guerrillas, igual que más tarde la de los paramilitares, se explica por su habilidad para usar la violencia y la intimidación para garantizar la obtención de rentas por extorsión de la ganadería, la agricultura empresarial, el petróleo, el narcotráfico, el comercio, el transporte y las finanzas públicas locales. Aunque cinco agrupaciones guerrilleras negociaron su desmovilización a fines de los ochenta y comienzos de los noventa (el M-19 [1989], el Ejército Popular de Liberación –EPL- [1991], el Movimiento Quintín Lame [1991], el Partido Revolucionario de los Trabajadores –PRT- [1991], y la Corriente de Renovación Socialista –CRS-, disidencia del ELN [1993]), las dos organizaciones más grandes, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército Popular –FARC-EP- y el Ejército de Liberación Nacional –ELN, continúan operando en 2007. La expansión de las guerrillas no obedece, a largo plazo, a su arraigo en los sectores pobres del país, como lo predican los textos clásicos de la lucha de clases. Las guerrillas incursionaron en las áreas de mayor riqueza y no en las regiones deprimidas donde se concentra la pobreza.

La expansión y crecimiento de la máquina de guerra de las Farc estuvo acompañada de una creciente distancia respecto de los conflictos agrarios y de los intereses de los sectores populares, en una relación inversa entre la fuerza militar y el poder de representación popular. Esta distancia se hizo más evidente cuando algunos frentes de las Farc, presionados por los mandos centrales para conseguir más recursos, aumentaron sus exigencias económicas hasta obligar a tributar a los pequeños productores y comerciantes, con lo que generaron mayor resentimiento popular contra las guerrillas.

Ese resentimiento explica la facilidad y rapidez con las cuales creció el apoyo a organizaciones de autodefensa, que recibieron colaboración no sólo de los grandes propietarios y empresarios en las regiones, sino también la adhesión de campesinos medianos y pobres, trabajadores y productores informales. La organización de autodefensas civiles que apoyarían a las fuerzas armadas en su lucha antisubversiva fue ideada por la cúpula militar a finales del gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-82) para contrarrestar la amenaza de parálisis militar que veían venir con la política de paz del presidente Belisario Betancur (1982-86).

En estricto sentido, las autodefensas continuaron librando la guerra que el presidente Betancur impidió afrontar a las fuerzas armadas, al acuartelarlas para honrar la tregua firmada en 1983 con las Farc, el EPL y el M-19. Las fuerzas armadas no abandonaron la iniciativa del todo, puesto que el ELN, que actuaba en el nororiente, no firmó la tregua y por tanto no cesó sus hostilidades. Además, las fuerzas armadas continuaron la guerra por interpuesta persona en tres grandes regiones dominadas por las Farc, al entrenar, apoyar y ayudar a armar a las autodefensas de Puerto Boyacá, el nororiente antioqueño y la región del Ariari en el Meta. Ese fue el segundo error estratégico de la dirigencia colombiana, porque auspició la creación de ejércitos privados para defender la propiedad cuando la tierra estaba cambiando de manos por la acumulación de divisas del narcotráfico.

El apoyo militar a las incipientes autodefensas fue una ocasión excepcional para que algunos poderosos narcotraficantes participaran con recursos y hombres en una alianza de seguridad privada, que les permitió asociarse con grandes terratenientes y empresarios al lado de las fuerzas armadas y presentarse como los defensores más importantes del establecimiento contra las guerrillas. El caso de Gonzalo Rodríguez Gacha es ilustrativo de esta relación, pues llegó a controlar tres pequeños ejércitos privados en Puerto Boyacá, San Martín y el municipio de La Hormiga, en el Putumayo, a mediados de los años ochenta del siglo 20, con los cuales combatió a las Farc y aseguró territorios para sus negocios de narcotráfico. Su alianza con las fuerzas armadas terminó cuando se asoció con Pablo Escobar en la guerra contra la extradición y participó en asesinatos de varios notables del establecimiento.

La emergencia de los grandes carteles del narcotráfico reveló la precariedad de las instituciones colombianas y la aceptación social a una amplia gama de comportamientos deshonestos, que facilitó el crecimiento de los negocios ilegales. El alcance de la ilegalidad en los negocios normales de las élites económicas es de tal magnitud, y es tan alta la corrupción de muchos políticos y funcionarios públicos, que los primeros narcotraficantes encontraron aliados naturales en todas las capas sociales, desde asesores financieros y jurídicos hasta sicarios y policías, pasando por todas las profesiones de la clase media.

La tolerancia inicial de los gobiernos de Alfonso López Michelsen (1974-78) y de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-82) y en general de la sociedad colombiana a quienes se apodaba “los mágicos” fue premiada y estimulada por su generosa irrigación de beneficios a quienes negociaban con ellos desde la legalidad, como los propietarios de mansiones y fincas que las vendieron a alto precio, corredores de bolsa que amasaron fortunas con el lavado de dólares en la economía, empresarios que recibieron inversiones con bajos costos de capital para esconder ganancias ilegales. El presidente López abrió la puerta de entrada de los capitales del narcotráfico al crear, en medio de un rígido control a la entrada de divisas establecido por el Estatuto Cambiario de 1968, la que se conoció como la “ventanilla siniestra” del Banco de la República, para comprar dólares sin preguntar por el origen de los fondos. Al ser interrogado por el ingreso de lo que se llamó “los dineros calientes” a su campaña de reelección de 1982, López respondió con cinismo que el no usaba termómetro para tomarle la temperatura al dinero de los aportes electorales. Esta mentalidad deshonesta facilitó el ascenso de las clases emergentes y su asociación con amplios sectores de las clases pudientes.

Sólo la violencia de los ajustes de cuentas entre mafiosos y su disposición de asesinar a quienes se atravesaran en su camino, desde el Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1983, el director del diario El Espectador Guillermo Cano Isaza en 1987 y el candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento en 1989, así como el uso de explosivos para aterrorizar a la sociedad, hicieron reaccionar al gobierno de Virgilio Barco (1986-90) para emprender acciones policivas, aprobar la extradición a los Estados Unidos e iniciar la persecución contra el enriquecimiento ilícito.

La ofensiva de los narcotraficantes tuvo otra respuesta, menos exitosa, por parte del gobierno de César Gaviria Trujillo (1990-94) cuando lanzó la política de sometimiento a la justicia, que ofreció rebajas de penas y trato preferencial a quienes abandonaran el narcotráfico y se entregaran a las autoridades judiciales, a cambio de no extraditarlos a los Estados Unidos. Como esa política era de difícil aceptación por parte de Estados Unidos, Gaviria aprovechó la presencia de Colombia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y negoció el voto favorable del país a la primera guerra contra Saddam Hussein en 1992, ordenada por el presidente George Bush, a cambio de la aceptación de Estados Unidos a la política de sometimiento a la justicia y la no extradición.

La Constitución de 1991 prohibió la extradición y al día siguiente se entregó a la justicia Pablo Escobar Gaviria, cabeza del Cartel de Medellín y autor de innumerables asesinatos y varios atentados terroristas en lugares públicos. Su fuga de la cárcel de lujo, que había acondicionado con sus propios recursos, seguida por su persecución y muerte a manos de la policía en 1993, hicieron fracasar la política de sometimiento a la justicia, que se limitó a algunos capos como los hermanos Ochoa Vásquez, mientras los demás narcotraficantes, especialmente los del cartel de Cali, gozaron de amplia impunidad para expandir negocios e inversiones, hasta el punto que les permitieron patrocinar a muchos políticos para asegurar sus intereses frente al Estado.

Al entregar su cargo el presidente César Gaviria en 1994, los jefes del Cartel de Cali financiaron las campañas de tantos parlamentarios como los patrocinados por los grandes grupos económicos privados y aspiraron a contar también con presidente propio, al aportar seis millones de dólares al candidato ganador Ernesto Samper Pizano (1994-98). Con esos fondos su campaña repartió dinero para comprar el margen de votos que le permitió asegurar su triunfo. Unas grabaciones telefónicas que probaban la financiación ilegal, reveladas por el candidato perdedor Andrés Pastrana, convirtieron al presidente Samper en rehén de todos los grupos de poder. Los Estados Unidos, en primer lugar, que exigieron pruebas repetidas de compromiso en la lucha contra el narcotráfico, como la aprobación de la ley de extinción del dominio en 1996 y la captura de la cúpula del cartel de Cali. Los militares, en cabeza del general Harold Bedoya Pizarro, comandante del ejército y luego de las Fuerzas Armadas, se sintieron deshonrados con su presidente y le negaron autoridad moral para ordenar sus políticas de seguridad, mientras seguían su propia agenda de colaborar en la expansión paramilitar. Los políticos, que recibieron todas las prebendas presupuestales necesarias para declarar inocente al presidente en el juicio político que la Fiscalía inició ante el Congreso. Finalmente, los grandes empresarios, que negociaron su apoyo institucional a cambio de políticas favorables a sus negocios.

Frente al narcotráfico, las políticas de los gobiernos de Gaviria y Samper tuvieron como resultado la destrucción de los grandes carteles de Medellín y Cali durante los años noventa y el cambio de la estructura del negocio. Al desaparecer la integración vertical de la industria de las drogas a cargo de los carteles, su vacío fue llenado por varios centenares de pequeñas empresas especializadas y por una nueva relación con carteles internacionales, especialmente mexicanos, que ocuparon el espacio perdido por los colombianos. En las regiones productoras de coca y amapola también cambió la relación de fuerzas del negocio a favor de las organizaciones armadas de las guerrillas y los grupos paramilitares, que ejercieron el control territorial de los campos de cultivo, los laboratorios y las rutas de acopio y exportación. La nueva forma de integración de los grupos armados al narcotráfico aumentó sus ingresos y también los incentivos para expandir el control territorial de las fronteras y de las regiones periféricas, a las que se desplazaron los cultivos al impulso de la fumigación y erradicación forzosas del gobierno, con financiación y supervisión de los Estados Unidos.

En este contexto del conflicto armado, que puede llamarse la guerra por la coca entre guerrillas y paramilitares, el presidente Andrés Pastrana Arango (1998-2002) intentó una negociación de paz con las Farc y como garantía para los negociadores de las guerrillas despejó de fuerza pública tres municipios del Caquetá y uno del Meta, en la región del río Caguán, desde el 7 de noviembre de 1998. Los diálogos de paz, con participación de organizaciones de la sociedad civil en mesas de discusión temática, fracasaron por exceso de temas de negociación y falta de estrategia negociadora del gobierno, pues se acordó una amplia agenda de temas de 110 puntos, que comprendían todas las instituciones y problemas políticos, sociales y económicos del país.

La publicidad de las discusiones dejó en claro dos lecciones para el país. La primera es que el establecimiento político no sabía cuáles eran las reformas sociales necesarias para superar la violencia, ni había comprendido los conflictos políticos implicados en la existencia y crecimiento de las guerrillas y los grupos paramilitares, y por tanto no había definido una oferta creíble de negociación de paz con los adversarios armados. La segunda lección es que las guerrillas tampoco tenían un programa político de reformas que pudiera constituir el contenido de una negociación de paz realista y verosímil. Sus propuestas parecieron más una plataforma electoral para atraer sectores de población marginados, pero no revelaron una representación coherente y orgánica de intereses sociales.

Una democracia no puede negociar su contenido fundamental, que es la representación de la población en el sistema político mediante elecciones y votaciones, y sustituirlo por una mesa de negociación como mecanismo de toma de decisiones. Frente a la práctica imposibilidad de una revolución, una insurgencia armada no tiene otra agenda de negociación que las condiciones de su propia desmovilización y reincorporación a la democracia, para luchar con medios legales por sus objetivos. La democracia excluye, por definición, que los fines puedan ser perseguidos con medios violentos, mientras la insurgencia justifica los medios violentos de lucha con la nobleza de los fines invocados.

Paralelamente a la negociación con las Farc, el presidente Pastrana selló una renovada alianza militar con el gobierno Clinton de los Estados Unidos en 1999, conocido como el “Plan Colombia”, que comprometió recursos de los dos gobiernos para fortalecer las Fuerzas Armadas y la justicia en su lucha contra las guerrillas y el narcotráfico. Esta alianza militar implicó también la subordinación de la estrategia de seguridad interna a los intereses de política externa de Washington y especialmente, al cabildeo de los grandes contratistas privados de servicios de seguridad de Estados Unidos, como Dynamics Corporation, beneficiaria de los contratos de fumigación aérea de cultivos ilícitos, auspiciada por el representante Benjamin Gilman, quien fue presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara por muchos años. En virtud del Plan Colombia, por ejemplo, se vinculó al ejército en la lucha contra las drogas, al considerarla una amenaza a la seguridad nacional.

Como había ocurrido con el anterior proceso de negociaciones de Belisario Betancur en 1983, la oposición militar a la negociación de Andrés Pastrana se hizo explícita en diversas oportunidades, hasta llegar a la renuncia del Ministro de Defensa Rodrigo Lloreda Caicedo, cuando planteó su desacuerdo con el Comisionado de Paz Víctor G. Ricardo frente a la falta de reglas y condiciones para la guerrilla en la zona de despeje del Caguán. Igualmente, esta oposición de las fuerzas armadas se expresó en la condescendencia con los grupos paramilitares, que bajo el mando de Carlos Castaño asumieron el liderazgo de la oposición de las sociedades regionales a la negociación con las Farc.

Durante el mandato de Andrés Pastrana se expandió extraordinariamente rápido el dominio de los grupos paramilitares, mediante un proceso de contratación de dirigentes regionales con la cúpula de las AUC para que los primeros pagaran los costos de instalación y mantenimiento de nuevos frentes, mientras los segundos enviaban instructores y entrenaban combatientes locales, reclutados en cada región. Este fue el período en el que más claramente se demostró que un proceso de paz con las guerrillas no es posible si no existe unidad de mando entre la dirigencia política y la militar. Las Farc exigieron al gobierno el desmonte de los grupos paramilitares como condición para avanzar en las negociaciones de paz. Esa exigencia llevaba implícita la idea de que los grupos paramilitares existían como expresión de una política oficial de guerra sucia y les desconocía los márgenes de autonomía y autosuficiencia que efectivamente tenían a esas alturas. El 20 de febrero de 2002, al final de su mandato, Andrés Pastrana rompió el diálogo con las Farc y el ejército recuperó el control de la zona de despeje del Caguán.

Como candidato presidencial, Álvaro Uribe Vélez (2002-10) expresó el rechazo de una buena parte de la opinión a las negociaciones de paz con las Farc y al incremento del secuestro y la extorsión practicados por ellas. Como presidente, aumentó el gasto en defensa, recuperó la presencia policial en todos los municipios del país y ordenó una campaña militar contra las Farc, que obligó a las guerrillas a replegarse a sus áreas de retaguardia. En su relación con el estamento militar, Uribe se identificó plenamente con los objetivos de victoria militar siempre ambicionados por los generales colombianos y creó líneas directas de comunicación y mando con comandantes regionales, por fuera de los canales jerárquicos formales del ejército y la policía. Su estilo personal de asumir la gerencia directa de los asuntos de gobierno se extendió al campo de la seguridad, para el desconcierto e incomodidad de la alta oficialidad. El presidente Uribe redefinió entonces el pacto de separación de poderes entre élites civiles y militares, que había regido sin interrupciones notables desde el final de la violencia de los años cincuenta, y asumió personalmente la iniciativa en materia de seguridad. Su concepto de la seguridad se resumió en sus propias palabras: “No podemos tener más un país amenazado por guerrillas o defendido por grupos paramilitares. Necesitamos control central.”

Los rápidos éxitos logrados en la seguridad ciudadana, que fueron evidentes en el mayor control en las carreteras, la disminución del secuestro, la casi desaparición de los ataques a poblaciones y la contracción de las áreas de operaciones guerrilleras, devolvieron parte de la confianza en las instituciones armadas y abrieron la puerta a la iniciativa de negociar la desmovilización de los grupos paramilitares. Desde el gobierno de Andrés Pastrana el entonces líder visible de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-, Carlos Castaño Gil, había logrado presentar su movimiento armado como una lucha política y militar contra las guerrillas y reclamaba una negociación para desmovilizar a los grupos de autodefensa con ayuda del gobierno. Castaño perdió su poder en las AUC a manos de los narcotraficantes que asumieron la conducción de bloques paramilitares y a su muerte, en marzo de 2004, había iniciado conversaciones con la DEA para definir las condiciones de su posible entrega a los Estados Unidos a cambio de información sobre el negocio del narcotráfico, en el que participaban casi todos los jefes paramilitares.. A fines de 2003 se iniciaron las conversaciones entre el Alto Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo y los negociadores de las AUC en Santa Fe de Ralito (Valencia, Córdoba).

Para ese momento, los que comenzaron como ejércitos privados para luchar contra las guerrillas habían evolucionado hasta convertirse en mafias armadas con alianzas con empresarios, políticos, alcaldes, gobernadores, congresistas y contratistas, de manera que articularon en una sola organización regional los negocios de narcotráfico, venta de protección, extorsión, asalto al tesoro público y robo de tierras de desplazados. Quienes negociaban su desmovilización habían llegado a la cima de sus ambiciones de acumulación de capital y movilizaban amplias redes de influencia sobre el estado en las regiones, pero estaban doblemente amenazados por su condición de narcotraficantes y de señores de la guerra.

Como narcotraficantes, su principal amenaza era y sigue siendo la extradición a los Estados Unidos para ser juzgados por sus cortes. Desde la Administración Clinton la Secretaria de Justicia Janet Reno había diseñado un programa de negociación con narcotraficantes colombianos, para lograr su entrega voluntaria a la justicia, cediendo el 80% de sus bienes al Tesoro del gobierno federal, a cambio de su libertad y su residencia en los Estados Unidos, con cambio de identidad y protección de la familia. La contraprestación era su disposición de colaborar con la justicia con información que fuera requerida por las cortes contra otros narcotraficantes. Según el estudio de los periodistas Edgar Téllez y Jorge Lesmes , cerca de 500 narcotraficantes habían negociado con el Departamento de Justicia y varios de los dirigentes de las AUC, entre ellos Carlos Castaño Gil, estaban interesados en explorar esa salida a su condición de ilegalidad. Castaño se mostró

Como señores de la guerra, a medida que aumentaba el ámbito de su poder regional y sus fortunas crecía también su distancia de la legalidad e igualmente aumentaba la ilegitimidad de la representación política y la administración de las regiones bajo su influencia. Por crímenes contra la humanidad, su principal amenaza es la Corte Penal Internacional, que se creó para juzgar este tipo de delitos cuando el Estado responsable no aplique justicia internamente.

La propuesta de negociación de paz del presidente Uribe consistió en reconocer a los miembros de las autodefensas el carácter de combatientes por razones políticas, asimilando sus conductas al delito de rebelión, y en contemplar penas reducidas a cambio de la desmovilización y el sometimiento a la justicia, que incluye la confesión de todos los delitos, la reparación a las víctimas y la no comisión de nuevos crímenes. Con ello el presidente subordinó la condición de narcotraficantes a la de rebeldes políticos y suspendió las órdenes de extradición de algunos jefes a los Estados Unidos. Al ser juzgados internamente se excluye la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que entrará a regir para los colombianos en 2009. De esa manera, la negociación con el gobierno fue la mejor opción de los comandantes paramilitares, casi sin excepción vinculados al narcotráfico y autores de crímenes atroces.

La desmovilización de la mayoría de los grupos paramilitares y la entrega de sus jefes a las autoridades iniciaron una serie de procesos de ajuste en el escenario político, en la industria del narcotráfico y en el conflicto armado colombiano. En política, se inició la investigación sobre la asociación de muchos políticos con los paramilitares, en un arreglo que incluía la coacción armada a los electores para que votaran por candidatos escogidos por los señores de la guerra, por un lado, y el compromiso de los elegidos para desviar recursos públicos hacia las finanzas de los paramilitares, por otro. Este proceso debería conducir al desmonte de los para-estados regionales y locales que destruyen la democracia y corrompen las funciones estatales.

En el narcotráfico se está dando un ajuste a gran escala, al desaparecer del escenario algunos grandes narcotraficantes que asumieron el control de grupos paramilitares y se desmovilizaron de la guerra y del negocio. Por una parte, anteriores lugartenientes de los capos y mandos medios de los paramilitares han mantenido o reconstruido organizaciones armadas para capturar rentas del narcotráfico mediante el control territorial. Por la otra, las FARC han expandido su control del negocio de las drogas en territorios abandonados por paramilitares, aunque reducidos a sus zonas de refugio.

El impacto de la desmovilización de paramilitares en el conflicto armado ha sido el debilitamiento de los dominios territoriales que ejercían sobre amplias regiones del país, pero no ha generado un cambio estratégico en el conflicto con las guerrillas, pues la confrontación entre éstas y los paramilitares había terminado antes de la desmovilización, gracias a acuerdos para distribuir territorios del negocio. La desmovilización ha fortalecido las organizaciones de las víctimas, que se aprestan a participar en los procesos de reparación. También ha crecido una demanda social para revelar la verdad de los crímenes de lesa humanidad que han caracterizado la acción paramilitar.

Los primeros cinco capítulos estudian las principales dimensiones territoriales del conflicto colombiano. El sexto analiza la evolución reciente del narcotráfico en las fronteras terrestres del oriente y sur del país y destaca el papel que cumplen las organizaciones armadas, guerrillas y paramilitares, en el control de los cultivos, el procesamiento y las rutas de exportación de las drogas. El acercamiento progresivo a las fronteras con Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador anuncia el desplazamiento de los cultivos, el procesamiento y las rutas del negocio de las drogas a esos países, donde quedarán en manos de mafias locales.

El séptimo analiza la política de extinción del dominio de tierras en manos del narcotráfico, desde el proceso legislativo hasta la experiencia de la justicia en la aplicación de la ley y la administración y destino de los bienes extinguidos. En esta política el Estado avanzó más rápidamente desde finales de 2002, cuando fue aprobada una nueva ley de extinción del dominio que independizó la acción del proceso penal por enriquecimiento ilícito y trasladó la carga de la prueba sobre el origen lícito del patrimonio al presunto dueño de los bienes. Luego de una década de aplicación de la ley la justicia ha extinguido el dominio de cerca de un millón de hectáreas de buenas tierras, pero lamentablemente el Estado no ha definido una política coherente para disponer de ellas para solucionar los problemas del desplazamiento y la expulsión del campesinado, como hubiera podido hacerlo. En su gran mayoría, las fincas se encuentran en manos de depositarios provisionales, que pagan sumas nominales y capitalizan rentas a manera de privilegios gratuitos, y el gobierno ha empezado a vender en remate público las que tienen sentencia definitiva de extinción.

El propósito del libro es ofrecer un análisis amplio, con muchas dimensiones, de los principales problemas de violencia e ilegalidad que han afectado a Colombia en las últimas décadas y de los errores y aciertos de los distintos gobiernos en sus intentos de solución. El autor ha recorrido 30 de los 33 departamentos del país en los últimos 39 años en trabajos de investigación social y tiene, por tanto, conocimiento directo para tener un punto de vista personal sobre muchos de los temas tratados. El libro no contiene recetas ni ofrece soluciones mágicas, pero puede ayudar a mejorar la comprensión de los problemas del país, para que las mentes brillantes de las nuevas generaciones tengan a la mano los datos básicos del problema colombiano.


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