Una declaración refutada y un testigo amenazado en juicio contra ex gobernador de Cesar
En los dos primeros días del juicio a Hernando Molina por concierto para delinquir en presunta complicidad con los paramilitares, un testigo de la Fiscalía fue controvertido por la defensa con una grabación, y otro, denunció que fue víctima de atentado.
Fecha: 09/03/2008 -
Jorge Luis Hernández, alias Boliche, es un narcotraficante que fue extraditado a Estados Unidos, acusado de haberle manejado negocios de drogas a Salvatore Mancuso y a Jorge 40. Su declaración fue pieza clave para llevar a juicio a Molina Araujo de quien aseguró: “no tengo dudas de que Hernando es ficha paramilitar. Lo puedo comprobar, de la misma manera que puedo decir cosas contra Jorge 40 y Mancuso”.
En la sesión de la tarde del lunes la defensa del ex gobernador presentó una grabación en la que “Boliche” asegura haberse referido a Molina como paramilitar motivado por un “momento de rabia”. Las frases, casi inaudibles para el auditorio, fueron extraídas de una conversación telefónica privada entre Hernández y el acusado en la que el narcotraficante asegura al ex gobernador “nunca haberlo visto vestido de uniforme”.
El punto crucial sobre el que giró el juicio fueron las circunstancias confusas que rodearon la elección del ex gobernador en el 2003 como candidato único. Cabe recordar que antes de iniciar los comicios, Abraham Romero y Cristián Moreno, sus dos principales contendores, decidieron hacerse a un lado denunciando falta de garantías por la presión de grupos paramilitares interesados en favorecer al candidato liberal.
Sobre su relación con Jorge 40, el ex gobernador Molina dijo no haber tenido contacto desde 1997 exceptuando un encuentro corto en las instalaciones de la policía de Villavicencio durante el proceso de desmovilización del Bloque Norte. En tal ocasión, el ex gobernador habría intentado hacer recapacitar a Jorge 40 por petición directa de la esposa del comandante paramilitar.
Otro elemento discutido a lo largo de la diligencia fue el alto porcentaje de votos en blanco en las elecciones en las que Molina resultó elegido. Para la Fiscalía los 70.138 tarjetones marcados podrían evidenciar el rechazo manifiesto de la ciudadanía a una candidatura ilegal; para la defensa son el resultado de un proceso democrático transparente en el que se recogieron los frutos políticos de la gestión adelantada por Maria Consuelo Araujo (La Cacica), madre del acusado, secuestrada por las Farc y luego asesinada.
El lunes, la sesión del juicio duró seis horas, de las cuales Molina permaneció al menos tres de pie. El segundo día, desde las 9 de la mañana las puertas del Juzgado Octavo de Bogotá estuvieron abiertas a los testigos del caso entre los que se destacaron el ex alcalde de Pailitas, José Concepción Meneses Contreras, por el lado de la defensa; y Augusto Guillermo Hoyos Gutiérrez, un ex paramilitar, por parte de los entes acusadores (Fiscalía y Procuraduría).
Vale destacar que Hoyos aseguró ante la prensa haber sido víctima de un atentado el pasado viernes en Barranquilla. Desde hace varios días ha detectado que hombres extraños vigilan sus movimientos. Él es el testigo principal del caso contra Molina. En múltiples ocasiones el ex paramilitar ha sugerido a Hernando Molina que se “desmovilice”.
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lunes, 8 de septiembre de 2008
Uribe consigue control del órgano que vigila y sanciona a los jueces
Con la elección en el Congreso de dos magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, este miércoles, los candidatos del Ejecutivo tendrán la mayoría de esta institución que tiene el poder de despedir desde magistrados auxiliares hasta jueces municipales.
Por César Paredes, periodista de Semana.com
Fecha: 09/03/2008 -
Este miércoles el Congreso en pleno elegirá los reemplazos de Guillermo Bueno Miranda y de Eduardo Campo Soto a quienes se les cumplió su tiempo como magistrados en el Consejo Superior de la Judicatura. Para el reemplazo de Bueno Miranda, el Presidente Álvaro Uribe postuló a Ovidio Claros, a Claudia Patricia Ospina y a José Joaquín Plata. Para reemplazar a Campo Soto, el primer mandatario postuló a William Giraldo, a Pedro Alonso Sanabria y a Nancy Muñoz.
Con estos nuevos nombramientos, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, quedaría con cinco magistrados nombrados elegidos por un Congreso de mayorías uribistas de ternas propuestas por Uribe. Pero, antes de finalizar este año, el gobierno también deberá postular las ternas para reemplazar a los magistrados Temístocles Ortega y Rubén Darío Henao, a quienes también les llegó la hora de dejar el cargo y la sala quedará compuesta en su totalidad por integrantes postulados por este gobierno.
Es decir, toda esta sala cuyo poder sobre la Rama Judicial es enorme, estará integrada por personas postuladas por el Ejecutivo. Según opiniones de analistas y ex magistrados recogidas por Semana.com, no sería exagerado decir que con este paso se quebró un eje central de los que sostienen un principio básico de la democracia: la independencia de los poderes públicos.
Esto no se había dado antes, debido a que como los Presidentes sólo duraban cuatro años, no alcanzaban a nombrar sino a una minoría de los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior. La Constitución lo había diseñado así para que el Presidente tuviera juego allí, pero no mayoría, ya que esta había sido nombrada por su antecesor.
¿Cuál es la función de esta Sala?
El Consejo Superior de la Judicatura es un tribunal con un alto grado de poder que fue creado con la Constitución de 1991 para garantizar el autogobierno de la rama judicial. Su creación se inspiró en el principio de independencia de la justicia de la tutela del gobierno.
Para esto se crearon las dos salas que componen el alto tribunal: la administrativa y la disciplinaria.
La administrativa es la encargada las actividades de organización y gestión de los recursos de la rama judicial. La disciplinaria se ocupa de la investigación de la conducta de los funcionarios judiciales y de los abogados y de dirimir los conflictos de competencia que se planteen entre las distintas jurisdicciones.
Las decisiones del Consejo Superior de la Judicatura, en materia disciplinaria, son sentencias que no se someten estudios posteriores ni a pronunciamientos de otra jurisdicción, salvo por la vía de la tutela.
El hecho de que esta corporación judicial quede en manos de fichas del Ejecutivo riñe con el espíritu constitucional de independencia que se le quiso imprimir en el 91, pues éste podría eventualmente tener una gran influencia en las decisiones que afecten la carrera de jueces y abogados. Así, si por ejemplo, algún juez o magistrado auxiliar de las Cortes, toma una decisión que no convenga a los intereses políticos del Ejecutivo, éste tendrá una capacidad especial de influir sobre las personas que nombró en la Sala Disciplinaria para que éstas busquen la manera de investigar o sancionar al juez en cuestión.
Para Armando Novoa, director del Centro de Estudios Constitucionales ‘Plural’, el hecho de que el Presidente tenga copadas todas las cuotas burocráticas en la Sala Disciplinaria es una amenaza a la independencia de la Rama Judicial, producto de la reelección presidencial. “La cooptación de la Sala Disciplinaria se podrá utilizar como un disuasivo de las investigaciones por la parapolítica”, advirtió Novoa.
A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes son los encargados de las investigaciones a los parapolíticos, los protege su fuero constitucional y sólo pueden ser investigados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. “Pero la Sala Disciplinaria sí puede investigar a magistrados auxiliares y a los fiscales que llevan los casos de la parapolítica”, explicó Novoa.
El analista además advirtió que con uno de sus fallos, la Sala Disciplinaria podría revertir el proceso de la parapolítica. Esta Sala estará integrada por figuras postuladas por el Ejecutivo y escogidas por congresistas de partidos uribistas y la mayoría de los congresistas investigados son de la coalición del gobierno, por eso Novoa asegura que esta Sala no tiene una buena perspectiva.
Javier Revelo, investigador del Centro de Estudios de Derecho de Justicia y Sociedad, DeJusticia, argumentó que con el nombramiento de toda la Sala Disciplinaria por injerencia del gobierno ésta quedaría amarrada a sus intereses. “La garantía de independencia de la Justicia quedaría en entredicho. Quien juzga a los jueces debería ser independiente. Si se afecta la independencia de los jueces se afecta la independencia de la Justicia”, dijo Revelo.
La preocupación no es infundada, pues en los casos en que abogados defensores de derechos humanos lleven procesos contra funcionarios del gobierno, éste eventualmente podría intimidarlos ejerciendo su influencia en la Sala Disciplinaria.
Y debido a que dentro de las facultades de esta corporación está la de “dirimir las los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones y entre éstas y las autoridades administrativas”, el Ejecutivo tendrá preponderancia a la hora de que la Sala tenga un caso de estos.
Un ejemplo del alcance de la corporación con sus mayorías afines al gobierno se evidenció en el caso de la extradición del jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. La magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Martha Inés Montaña falló una tutela a favor de una víctima del jefe paramilitar, el fallo impedía la extradición de ‘Macaco’. El argumento fue que "el gobierno no puede extraditarlo mientras él no responda por sus delitos de lesa humanidad en Colombia y no repare a las víctimas".
Sin embargo, el gobierno apeló la decisión ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y se revocó el fallo de la primera instancia. En ese momento, el gobierno contaba con cuatro de sus postulados en la corporación. Dejó un mal sabor que la revisión y consecuente decisión que dio vía libre a la extradición de los jefes paras a pesar de los reclamos por los derechos de las víctimas, fue tomada por la Sala Disciplinaria con una celeridad inusual.
“Toda tutela que los jueces serios no reciben, llega allá porque parece tener un ambiente más propicio; y también es un escenario de empleo perfumadamente remunerado a quienes nunca se destacaron ni en el foro, ni en la jurisdicción, ni en ninguna de las ocupaciones que tenemos los abogados. Hace rato se recluta en la retaguardia de la profesión de abogado, como parte de una piñata política que algunos jefes del Congreso logran con la complacencia de los Presidentes de la República, del actual y de todos”, dijo Hernando Yepes Arcila, quien fue el primer presidente del Consejo Superior de la Judicatura, en una reciente entrevista publicada por el diario La Patria.
Las ternas propuestas, otro roscograma
Analistas y sectores de la oposición han criticado la manera en que el Presidente está proponiendo las ternas para elegir, no solo a los funcionarios de la Sala Disciplinaria, sino de otras instituciones del Estado.
En la pasada elección del Defensor del Pueblo, en la que la Cámara de Representantes eligió a Vólmar Pérez la terna estuvo compuesta por integrantes del partido Conservador. De la misma manera, en la terna propuesta para elegir magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, en la que salió elegida Julia Emma Garzón, la terna estaba integrada por miembros del partido de la U.
Según trascendió, la terna para reemplazar al magistrado Eduardo Campo Soto está integrada en su totalidad por miembros del Partido Conservador.
Por esta razón, Armando Novoa dijo a Semana.com: “el gobierno está conformando las ternas, no con el criterio de escoger los mejores juristas, sino con el de que sean miembros de los partidos de la coalición con el objetivo de extender el esquema de sus mayorías del Congreso a la Rama Judicial”.
En la Reforma a la Justicia propuesta por el gobierno el mecanismo de conformación de la Sala Disciplinaria cambia al sistema de cooptación (es decir, saldrían de las mismas corporaciones judiciales, mediante el mecanismo que se fije en una Ley específica). Sin embargo de aquí a que la reforma sea aprobada los nuevos magistrados ya estarán posesionados en sus cargos y tendrán que terminar su período, pues la reforma no plantea la revocatoria de su elección.
Con la reforma constitucional, esta Sala también tendría facultades en las investigaciones disciplinarias contra los congresistas.
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Con la elección en el Congreso de dos magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, este miércoles, los candidatos del Ejecutivo tendrán la mayoría de esta institución que tiene el poder de despedir desde magistrados auxiliares hasta jueces municipales.
Por César Paredes, periodista de Semana.com
Fecha: 09/03/2008 -
Este miércoles el Congreso en pleno elegirá los reemplazos de Guillermo Bueno Miranda y de Eduardo Campo Soto a quienes se les cumplió su tiempo como magistrados en el Consejo Superior de la Judicatura. Para el reemplazo de Bueno Miranda, el Presidente Álvaro Uribe postuló a Ovidio Claros, a Claudia Patricia Ospina y a José Joaquín Plata. Para reemplazar a Campo Soto, el primer mandatario postuló a William Giraldo, a Pedro Alonso Sanabria y a Nancy Muñoz.
Con estos nuevos nombramientos, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, quedaría con cinco magistrados nombrados elegidos por un Congreso de mayorías uribistas de ternas propuestas por Uribe. Pero, antes de finalizar este año, el gobierno también deberá postular las ternas para reemplazar a los magistrados Temístocles Ortega y Rubén Darío Henao, a quienes también les llegó la hora de dejar el cargo y la sala quedará compuesta en su totalidad por integrantes postulados por este gobierno.
Es decir, toda esta sala cuyo poder sobre la Rama Judicial es enorme, estará integrada por personas postuladas por el Ejecutivo. Según opiniones de analistas y ex magistrados recogidas por Semana.com, no sería exagerado decir que con este paso se quebró un eje central de los que sostienen un principio básico de la democracia: la independencia de los poderes públicos.
Esto no se había dado antes, debido a que como los Presidentes sólo duraban cuatro años, no alcanzaban a nombrar sino a una minoría de los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior. La Constitución lo había diseñado así para que el Presidente tuviera juego allí, pero no mayoría, ya que esta había sido nombrada por su antecesor.
¿Cuál es la función de esta Sala?
El Consejo Superior de la Judicatura es un tribunal con un alto grado de poder que fue creado con la Constitución de 1991 para garantizar el autogobierno de la rama judicial. Su creación se inspiró en el principio de independencia de la justicia de la tutela del gobierno.
Para esto se crearon las dos salas que componen el alto tribunal: la administrativa y la disciplinaria.
La administrativa es la encargada las actividades de organización y gestión de los recursos de la rama judicial. La disciplinaria se ocupa de la investigación de la conducta de los funcionarios judiciales y de los abogados y de dirimir los conflictos de competencia que se planteen entre las distintas jurisdicciones.
Las decisiones del Consejo Superior de la Judicatura, en materia disciplinaria, son sentencias que no se someten estudios posteriores ni a pronunciamientos de otra jurisdicción, salvo por la vía de la tutela.
El hecho de que esta corporación judicial quede en manos de fichas del Ejecutivo riñe con el espíritu constitucional de independencia que se le quiso imprimir en el 91, pues éste podría eventualmente tener una gran influencia en las decisiones que afecten la carrera de jueces y abogados. Así, si por ejemplo, algún juez o magistrado auxiliar de las Cortes, toma una decisión que no convenga a los intereses políticos del Ejecutivo, éste tendrá una capacidad especial de influir sobre las personas que nombró en la Sala Disciplinaria para que éstas busquen la manera de investigar o sancionar al juez en cuestión.
Para Armando Novoa, director del Centro de Estudios Constitucionales ‘Plural’, el hecho de que el Presidente tenga copadas todas las cuotas burocráticas en la Sala Disciplinaria es una amenaza a la independencia de la Rama Judicial, producto de la reelección presidencial. “La cooptación de la Sala Disciplinaria se podrá utilizar como un disuasivo de las investigaciones por la parapolítica”, advirtió Novoa.
A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes son los encargados de las investigaciones a los parapolíticos, los protege su fuero constitucional y sólo pueden ser investigados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. “Pero la Sala Disciplinaria sí puede investigar a magistrados auxiliares y a los fiscales que llevan los casos de la parapolítica”, explicó Novoa.
El analista además advirtió que con uno de sus fallos, la Sala Disciplinaria podría revertir el proceso de la parapolítica. Esta Sala estará integrada por figuras postuladas por el Ejecutivo y escogidas por congresistas de partidos uribistas y la mayoría de los congresistas investigados son de la coalición del gobierno, por eso Novoa asegura que esta Sala no tiene una buena perspectiva.
Javier Revelo, investigador del Centro de Estudios de Derecho de Justicia y Sociedad, DeJusticia, argumentó que con el nombramiento de toda la Sala Disciplinaria por injerencia del gobierno ésta quedaría amarrada a sus intereses. “La garantía de independencia de la Justicia quedaría en entredicho. Quien juzga a los jueces debería ser independiente. Si se afecta la independencia de los jueces se afecta la independencia de la Justicia”, dijo Revelo.
La preocupación no es infundada, pues en los casos en que abogados defensores de derechos humanos lleven procesos contra funcionarios del gobierno, éste eventualmente podría intimidarlos ejerciendo su influencia en la Sala Disciplinaria.
Y debido a que dentro de las facultades de esta corporación está la de “dirimir las los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones y entre éstas y las autoridades administrativas”, el Ejecutivo tendrá preponderancia a la hora de que la Sala tenga un caso de estos.
Un ejemplo del alcance de la corporación con sus mayorías afines al gobierno se evidenció en el caso de la extradición del jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. La magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Martha Inés Montaña falló una tutela a favor de una víctima del jefe paramilitar, el fallo impedía la extradición de ‘Macaco’. El argumento fue que "el gobierno no puede extraditarlo mientras él no responda por sus delitos de lesa humanidad en Colombia y no repare a las víctimas".
Sin embargo, el gobierno apeló la decisión ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y se revocó el fallo de la primera instancia. En ese momento, el gobierno contaba con cuatro de sus postulados en la corporación. Dejó un mal sabor que la revisión y consecuente decisión que dio vía libre a la extradición de los jefes paras a pesar de los reclamos por los derechos de las víctimas, fue tomada por la Sala Disciplinaria con una celeridad inusual.
“Toda tutela que los jueces serios no reciben, llega allá porque parece tener un ambiente más propicio; y también es un escenario de empleo perfumadamente remunerado a quienes nunca se destacaron ni en el foro, ni en la jurisdicción, ni en ninguna de las ocupaciones que tenemos los abogados. Hace rato se recluta en la retaguardia de la profesión de abogado, como parte de una piñata política que algunos jefes del Congreso logran con la complacencia de los Presidentes de la República, del actual y de todos”, dijo Hernando Yepes Arcila, quien fue el primer presidente del Consejo Superior de la Judicatura, en una reciente entrevista publicada por el diario La Patria.
Las ternas propuestas, otro roscograma
Analistas y sectores de la oposición han criticado la manera en que el Presidente está proponiendo las ternas para elegir, no solo a los funcionarios de la Sala Disciplinaria, sino de otras instituciones del Estado.
En la pasada elección del Defensor del Pueblo, en la que la Cámara de Representantes eligió a Vólmar Pérez la terna estuvo compuesta por integrantes del partido Conservador. De la misma manera, en la terna propuesta para elegir magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, en la que salió elegida Julia Emma Garzón, la terna estaba integrada por miembros del partido de la U.
Según trascendió, la terna para reemplazar al magistrado Eduardo Campo Soto está integrada en su totalidad por miembros del Partido Conservador.
Por esta razón, Armando Novoa dijo a Semana.com: “el gobierno está conformando las ternas, no con el criterio de escoger los mejores juristas, sino con el de que sean miembros de los partidos de la coalición con el objetivo de extender el esquema de sus mayorías del Congreso a la Rama Judicial”.
En la Reforma a la Justicia propuesta por el gobierno el mecanismo de conformación de la Sala Disciplinaria cambia al sistema de cooptación (es decir, saldrían de las mismas corporaciones judiciales, mediante el mecanismo que se fije en una Ley específica). Sin embargo de aquí a que la reforma sea aprobada los nuevos magistrados ya estarán posesionados en sus cargos y tendrán que terminar su período, pues la reforma no plantea la revocatoria de su elección.
Con la reforma constitucional, esta Sala también tendría facultades en las investigaciones disciplinarias contra los congresistas.
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Extraditado Miguel Villarreal Archila, alias “Salomón”
Extraditado Miguel Villarreal Archila, alias “Salomón”
Durante cinco años fue comandante del “Frente Narco” del Bloque Norte, encargado del cobro de impuestos a los traficantes de cocaína en las costas de Bolívar, Atlántico y Magdalena.
Fecha: 09/02/2008 -
Ayer en la mañana fue extraditado a Estados Unidos el ex jefe paramilitar Miguel Villarreal Archila, acusado de colaborar con las bandas de narcotraficantes en el embarque y envío de cocaína con destino a Estados Unidos.
Villareal Archila era solicitado por una corte en Washington y enfrenta, según su abogado, una posible condena de 17 años que, si colabora con la justicia norteamericana, puede reducirse en un 50 por ciento o más.
En Estados Unidos se encuentra uno de sus más cercanos hombres, Manuel Enrique Torregroza Castro, alias "Chang", extraditado con el jefe del grupo Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.
Villarreal Archila fue detenido el 20 de abril de 2007 en Bucaramanga, su ciudad nativa, en momentos en que se encontraba reunido con sus familiares en un restaurante. Era conocido con los alias de “Salomón”, “Sandra” y “El Viejo”.
"Salomón" se había desmovilizado en La Mesa, César, como militante del Bloque Norte bajo el mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Sin embargo, no interrumpió su actividad delictiva.
Después de la desmovilización, Villarreal Archila quedó al mando de una organización que se denominó las “Nuevas Autodefensas del Atlántico”, y también como “La banda de los 40”, un grupo criminal que se encargó de continuar cobrando el impuesto de embarque a los narcotraficantes en los municipios costeros y que operaba en los departamentos de Sucre, Bolívar, Atlántico y Magdalena.
Adicionalmente, esta banda continuó extorsionando a comerciantes y cobraba a funcionarios públicos y contratistas aportes para el funcionamiento de la organización. También infiltró y utilizaba como informantes a funcionarios de organismos de seguridad del estado, como la Policía Nacional, Das, Sijin, Sipol y Ejército.
Investigaciones de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía lo identificaron como el líder de la organización y se había refugiado desde finales de 2006 en Venezuela tras desatarse una disputa entre la "Banda de los 40" y la de "Los Pasas", liderada por “Rogelio” y “Gustavo”, quienes entraron en Sucre y Cartagena a disputarle el territorio a los herederos de Jorge 40. También alcanzaron a penetrar en Barranquilla, pero informaciones de inteligencia indican que con el fin de reforzarse, la “Banda de los 40” vendió el territorio que controlaban a los hermanos Miguel y Pablo Mejía Múnera, conocidos como “Los Mellizos”.
A pesar del refuerzo un grupo importante alcanzó a “torcerse” y se fueron a trabajar con la banda de “Los paísas”, y durante el último año y medio desataron una guerra que pedió intensidad con la caída de “los mellizos” y con la entrega de “Rogelio” al gobierno norteamericano.
En las interceptaciones a sus números telefónicos con varios de sus hombres de confianza, se percibe el debilitamiento de la estructura paramilitar. Antes de venderle el territorio a “los mellizos”, Salomón intentó aliarse con alias “Chupeta”, “Varela” y “el loco Barrera”, para defenderse, pero su captura dio al traste con estas alianzas.
Alias “Salomón” fue acusado por la fiscalía de concierto para delinquir en el famoso proceso conocido en Barranquilla como “El caso de los policías de la coca”, un hecho ocurrido en 2002 en el que estuvieron involucrados una docena de oficiales y agentes de la Policía Nacional, cuando se perdieron tres toneladas de coca y se desató una guerra entre paramilitares y narcotraficantes que intentaban recuperarla.
Precisamente en su última versión ante la fiscal Deicy Jaramillo, alias “Salomón”, afirmó que cobraban impuestos por el embarque de 35 toneladas de cocaína anualmente. Por cada kilo les pagaban 50 dólares y en cinco años embarcaron más de 150 toneladas de cocaínas. Su abogado, Wilson Caro Niño, confirmó a SEMANA, que su apoderado debe comparecer ante un Tribunal en Washington, donde es acusado no por embarque y tráfico, sino del cobro de impuestos a los narcotraficantes, un delito que él ha confesado ante los fiscales de Justicia y Paz.
La fiscal Deicy Jaramillo había programado una audiencia para el pasado 22 de agosto, pero las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, Inpec, no lo trasladaron porque la orden de extradición ya había sido dada por el Gobierno Nacional.
Lo que sí aseguró en la última audiencia, el 22 de julio, es que ante la justicia de Estados Unidos contará todo lo que sabe, porque quiere recibir los beneficios de la cooperación y que lo dicho por él ante las autoridades colombianas, no era ni el 50 por ciento de lo que tenía que decir
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Durante cinco años fue comandante del “Frente Narco” del Bloque Norte, encargado del cobro de impuestos a los traficantes de cocaína en las costas de Bolívar, Atlántico y Magdalena.
Fecha: 09/02/2008 -
Ayer en la mañana fue extraditado a Estados Unidos el ex jefe paramilitar Miguel Villarreal Archila, acusado de colaborar con las bandas de narcotraficantes en el embarque y envío de cocaína con destino a Estados Unidos.
Villareal Archila era solicitado por una corte en Washington y enfrenta, según su abogado, una posible condena de 17 años que, si colabora con la justicia norteamericana, puede reducirse en un 50 por ciento o más.
En Estados Unidos se encuentra uno de sus más cercanos hombres, Manuel Enrique Torregroza Castro, alias "Chang", extraditado con el jefe del grupo Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.
Villarreal Archila fue detenido el 20 de abril de 2007 en Bucaramanga, su ciudad nativa, en momentos en que se encontraba reunido con sus familiares en un restaurante. Era conocido con los alias de “Salomón”, “Sandra” y “El Viejo”.
"Salomón" se había desmovilizado en La Mesa, César, como militante del Bloque Norte bajo el mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Sin embargo, no interrumpió su actividad delictiva.
Después de la desmovilización, Villarreal Archila quedó al mando de una organización que se denominó las “Nuevas Autodefensas del Atlántico”, y también como “La banda de los 40”, un grupo criminal que se encargó de continuar cobrando el impuesto de embarque a los narcotraficantes en los municipios costeros y que operaba en los departamentos de Sucre, Bolívar, Atlántico y Magdalena.
Adicionalmente, esta banda continuó extorsionando a comerciantes y cobraba a funcionarios públicos y contratistas aportes para el funcionamiento de la organización. También infiltró y utilizaba como informantes a funcionarios de organismos de seguridad del estado, como la Policía Nacional, Das, Sijin, Sipol y Ejército.
Investigaciones de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía lo identificaron como el líder de la organización y se había refugiado desde finales de 2006 en Venezuela tras desatarse una disputa entre la "Banda de los 40" y la de "Los Pasas", liderada por “Rogelio” y “Gustavo”, quienes entraron en Sucre y Cartagena a disputarle el territorio a los herederos de Jorge 40. También alcanzaron a penetrar en Barranquilla, pero informaciones de inteligencia indican que con el fin de reforzarse, la “Banda de los 40” vendió el territorio que controlaban a los hermanos Miguel y Pablo Mejía Múnera, conocidos como “Los Mellizos”.
A pesar del refuerzo un grupo importante alcanzó a “torcerse” y se fueron a trabajar con la banda de “Los paísas”, y durante el último año y medio desataron una guerra que pedió intensidad con la caída de “los mellizos” y con la entrega de “Rogelio” al gobierno norteamericano.
En las interceptaciones a sus números telefónicos con varios de sus hombres de confianza, se percibe el debilitamiento de la estructura paramilitar. Antes de venderle el territorio a “los mellizos”, Salomón intentó aliarse con alias “Chupeta”, “Varela” y “el loco Barrera”, para defenderse, pero su captura dio al traste con estas alianzas.
Alias “Salomón” fue acusado por la fiscalía de concierto para delinquir en el famoso proceso conocido en Barranquilla como “El caso de los policías de la coca”, un hecho ocurrido en 2002 en el que estuvieron involucrados una docena de oficiales y agentes de la Policía Nacional, cuando se perdieron tres toneladas de coca y se desató una guerra entre paramilitares y narcotraficantes que intentaban recuperarla.
Precisamente en su última versión ante la fiscal Deicy Jaramillo, alias “Salomón”, afirmó que cobraban impuestos por el embarque de 35 toneladas de cocaína anualmente. Por cada kilo les pagaban 50 dólares y en cinco años embarcaron más de 150 toneladas de cocaínas. Su abogado, Wilson Caro Niño, confirmó a SEMANA, que su apoderado debe comparecer ante un Tribunal en Washington, donde es acusado no por embarque y tráfico, sino del cobro de impuestos a los narcotraficantes, un delito que él ha confesado ante los fiscales de Justicia y Paz.
La fiscal Deicy Jaramillo había programado una audiencia para el pasado 22 de agosto, pero las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, Inpec, no lo trasladaron porque la orden de extradición ya había sido dada por el Gobierno Nacional.
Lo que sí aseguró en la última audiencia, el 22 de julio, es que ante la justicia de Estados Unidos contará todo lo que sabe, porque quiere recibir los beneficios de la cooperación y que lo dicho por él ante las autoridades colombianas, no era ni el 50 por ciento de lo que tenía que decir
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Procuraduría pide reabrir caso contra general Rito Alejo del Río por apoyo a paramilitares
El Ministerio Público dice que los testimonios de los desmovilizados ‘H.H’, ‘El Iguano’ y Salvatore Mancuso, quienes sindican al oficial de colaborar con las AUC, no fueron tenidos en cuenta dentro de su proceso.
Fecha: 09/01/2008 -
Una petición trascendental acaba de hacer la Procuraduría General a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La Procuraduría pidió al alto tribunal dejar sin efectos la preclusión de la investigación por parte de la Fiscalía en favor del general Rito Alejo del Río Rojas, ex comandante de la Brigada 17 del Ejército, señalado varias veces de colaborar con los paramilitares en Antioquia en la década de los 90.
Según la Procuraduría, el proceso contra el general “no estuvo fundado en prueba completa”, ya que no se tuvieron en cuenta los testimonios recientes de ex jefes ‘paras’ como Hebert Veloza (alias ‘H.H’), Jorge Iván Laverde Zapata (alias ‘El Iguano’) y Salvatore Mancuso, quienes declararon ante un fiscal de Justicia y Paz los presuntos nexos del oficial del Ejército con paramilitares.
El ente de control recordó que el 9 de marzo del 2004, el entonces Fiscal General Luis Camilo Osorio precluyó la instrucción penal adelantada contra el brigadier general (r) Rito Alejo del Río Rojas, sindicado por los delitos de concierto para delinquir, peculado sobre bienes de dotación y prevaricato por omisión cuando era el responsable de la seguridad de los municipios de Carepa, Mutatá, Chigorodó, Apartadó, Turbo, Necoclí, San Juan, Arboletes, San Pedro de Urabá, Unguía y Acandí.
Quien llevaba el caso contra este oficial del Ejército en ese momento era el actual vicefiscal, Guillermo Mendoza Diago, quien por esa época era Fiscal delegado ante la Corte Suprema.
Fueron años en los que esta región del país estuvo golpeada por acciones de grupos ilegales (especialmente autodefensas) que produjeron desplazamiento forzado, secuestros, homicidios en San José de Apartadó, Dabeiba, Vigía del Fuerte, Pavarandó y otros poblados de la cuenca del río Cacarica.
Al general del Río se le sindicó de omisión, al no combatir las acciones de los grupos armados al margen de la ley, y por acción, al facilitarles los medios para que actuaran libremente.
“El Ministerio Público sustenta igualmente su petición en decisiones de la Corte Constitucional en relación con la acción de revisión y en el entendido de que ‘…la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario es mucho más grave e inaceptable, que los agravios inferidos mediante otras formas de criminalidad, no solamente por la intensidad de la afectación de la dignidad humana que dichos comportamientos implican, sino además porque la comunidad internacional, en virtud del principio de complementariedad, está comprometida en la sanción de esas conductas’”, dijo en un comunicado la Procuraduría.
Tras este concepto, la Corte Suprema decidirá si reabre o no el caso del general Rito Alejo del Río.
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El Ministerio Público dice que los testimonios de los desmovilizados ‘H.H’, ‘El Iguano’ y Salvatore Mancuso, quienes sindican al oficial de colaborar con las AUC, no fueron tenidos en cuenta dentro de su proceso.
Fecha: 09/01/2008 -
Una petición trascendental acaba de hacer la Procuraduría General a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La Procuraduría pidió al alto tribunal dejar sin efectos la preclusión de la investigación por parte de la Fiscalía en favor del general Rito Alejo del Río Rojas, ex comandante de la Brigada 17 del Ejército, señalado varias veces de colaborar con los paramilitares en Antioquia en la década de los 90.
Según la Procuraduría, el proceso contra el general “no estuvo fundado en prueba completa”, ya que no se tuvieron en cuenta los testimonios recientes de ex jefes ‘paras’ como Hebert Veloza (alias ‘H.H’), Jorge Iván Laverde Zapata (alias ‘El Iguano’) y Salvatore Mancuso, quienes declararon ante un fiscal de Justicia y Paz los presuntos nexos del oficial del Ejército con paramilitares.
El ente de control recordó que el 9 de marzo del 2004, el entonces Fiscal General Luis Camilo Osorio precluyó la instrucción penal adelantada contra el brigadier general (r) Rito Alejo del Río Rojas, sindicado por los delitos de concierto para delinquir, peculado sobre bienes de dotación y prevaricato por omisión cuando era el responsable de la seguridad de los municipios de Carepa, Mutatá, Chigorodó, Apartadó, Turbo, Necoclí, San Juan, Arboletes, San Pedro de Urabá, Unguía y Acandí.
Quien llevaba el caso contra este oficial del Ejército en ese momento era el actual vicefiscal, Guillermo Mendoza Diago, quien por esa época era Fiscal delegado ante la Corte Suprema.
Fueron años en los que esta región del país estuvo golpeada por acciones de grupos ilegales (especialmente autodefensas) que produjeron desplazamiento forzado, secuestros, homicidios en San José de Apartadó, Dabeiba, Vigía del Fuerte, Pavarandó y otros poblados de la cuenca del río Cacarica.
Al general del Río se le sindicó de omisión, al no combatir las acciones de los grupos armados al margen de la ley, y por acción, al facilitarles los medios para que actuaran libremente.
“El Ministerio Público sustenta igualmente su petición en decisiones de la Corte Constitucional en relación con la acción de revisión y en el entendido de que ‘…la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario es mucho más grave e inaceptable, que los agravios inferidos mediante otras formas de criminalidad, no solamente por la intensidad de la afectación de la dignidad humana que dichos comportamientos implican, sino además porque la comunidad internacional, en virtud del principio de complementariedad, está comprometida en la sanción de esas conductas’”, dijo en un comunicado la Procuraduría.
Tras este concepto, la Corte Suprema decidirá si reabre o no el caso del general Rito Alejo del Río.
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Farc siguen golpeando en varias regiones
Farc siguen golpeando en varias regiones
Con homicidios, secuestros y pequeños atentados las Farc siguen ejerciendo presión en varios departamentos. Valle, Arauca y Nariño son los más golpeados según un registro de las acciones atribuidas a este grupo que lleva el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República.
Fecha: 09/01/2008 -
En menos de un mes, el departamento del Valle ha sido golpeado por varios actos violentos. El pasado primero de agosto, en la autopista Simón Bolívar de Buenaventura, fue lanzada una granada de fragmentación y resultaron heridas siete personas. Según información del DAS, los autores del ataque eran miembros del frente urbano Manuel Cepeda Vargas.
Este martes, la explosión de un carro-bomba dejó cuatro muertos frente al Palacio de Justicia de Cali. El ministro de Defensa Juan Manuel Santos dijo que los delincuentes eran los mismos del atentado de Buenaventura.
“Hay claros indicios de que el atentado fue orientado por alias ´Narices´ o ´Carlos Hernán Zapata´, jefe del frente Manuel Cepeda”, dijo el ministro Santos, mientras las latas retorcidas del Chevrolet Chevette que llevaba 80 kilos del explosivo ‘anfo’, apenas eran recogidas y analizadas por los investigadores del CTI.
Atentado a Palacio de Justicia en Cali deja 4 muertos
¿Quieren las Farc hacer ruido en las ciudades?
Un atentado realizado presuntamente por las Farc, ocurrido el pasado 22 de agosto en Ituango, dejó siete personas muertas y más de 50 heridas. (Foto: AP) Ambos casos hacen parte de los 29 ataques y acciones cometidas presuntamente por las Farc en todo el país durante este año, según el registro que lleva el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. El departamento del Valle, junto con Arauca y Nariño, son los departamentos más afectados.
El registro, que demuestra la leve disminución de actos de las Farc en el mismo período del año pasado (pasaron de 30 a 29) no tiene en cuenta las doce acciones violentas (petardos, incendio de buses, ataques a estaciones de policía) que se han registrado en lo corrido del año en Bogotá, según la Policía Metropolitana.
Semana.com hace un recuento de las acciones más notorias atribuidas a las Farc durante este año.
Valle:
Aparte de los atentados en Cali y Buenaventura, en la capital de este departamento guerrilleros del frente 6 secuestraron a Caterine Valencia, empleada de las Empresas Municipales de Cali y a Luis Lozano, profesor de la estatal Universidad del Valle. Y en el municipio de Florida, el 10 de junio, murió un indígena de 64 años de edad al pisar una mina antipersona.
Nariño:
El 7 de enero, en el municipio de Samaniego, fueron secuestrados Luis Aníbal Chalacán y Luis Arturo Melo. Junto con ellos desaparecieron José Jesús Ortega, Franco Chalacán, Alveiro Villota y Clara Eliza Chalacán, quienes salieron a buscarlos al día siguiente.
El 13 de febrero, en el sector conocido como Zona Rosa del corregimiento La Guayacana de Tumaco, presuntos subversivos de las Farc asesinaron al indígena Rodrigo Natascuas Natascuas, de 24 años de edad. Y el 7 de marzo, en el municipio de El Charco, supuestos integrantes del frente 29 asesinaron a Adrián Pinillo Rebolledo, líder del Consejo Comunitario de la vereda San José Tapaje. También hirieron a un hombre conocido como Emilio Angulo Angulo.
Además el pasado 27 de junio, en el municipio de Santa Cruz, fueron asesinados tres maestros: Maura Elisa Guerrero, Piedad Anama y Ricardo Figueroa.
Arauca:
El 4 de enero de 2008 fue asesinado en la vereda las Acacias, del municipio de Tame, el dirigente campesino Hernán Lizcano Rincón. A los dos días, en el caserío de Pueblo Seco del mismo municipio también fueron asesinados Pedro Antonio Ruiz, presidente de la Junta de Acción Comunal y el dirigente campesino Antonio Bejarano.
Cuatro días después aparecieron dos indígenas muertos y centenares de personas fueron desplazados por presión del frente 10 de las Farc.
El 24 de enero siguiente, esta vez en el municipio de Arauquita, presuntos integrantes del mismo frente atacaron con artefactos explosivos y armas de fuego a una caravana del alcalde de esta población José Francisco Vargas, en la que viajaban además nueve concejales, algunos miembros del gabinete municipal y varios agentes de la Policía. En el atentado resultaron muertos los agentes Ariel Antonio Cruz Walteros, Jimmy Garcés Escobar, Alexánder Paud Pérez, Julio Cesar Monroy Soto y quedaron heridos los agentes Efraín Andrés Paniagua Guerrero y Ramón Javier Montalvo.
Antioquia:
En el municipio de Ituango, presuntos guerrilleros del frente 18 activaron una bomba en una calle principal que mató a siete personas.
Guaviare:
El 13 de junio la vereda Puerto Nuevo, el Ejército hizo un llamado de pare a una embarcación que cruzaba a la orilla del río Guayabero, donde dos guerrilleros respondieron con disparos. En el hecho falleció José Vicente Narváez Bernal, el lanchero que, al parecer, fue obligado a cruzar a los subversivos. Narváez era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda.
Dos semanas después, cuatro indígenas a la etnia Sikuanes fueron asesinados en Miraflores.
Meta:
En el municipio de La Macarena, 13 concejales de este municipio del sur del departamento denunciaron amenazas de las Farc.
Chocó:
El pasado 13 de enero, en el corregimiento de Nuquí, presuntos miembros del frente 57 de las Farc, bajo órdenes de alias ‘El Pana’, secuestraron a 10 estudiantes y profesores universitarios que se encontraban en esta región del Pacífico.
Tolima: En el municipio de Cunday, presuntos guerrilleros del frente 15 de las Farc mataron al presidente de la Junta de Acción Comunal, Jorge Eliécer Ayala Mora y al fiscal Jorge Ayala.
Huila:
Autoridades señalaron que subversivos de las Farc asesinaron el 9 de febrero a Manuel Macías Carrera, periodista y concejal de Algeciras.
Guajira:
El 18 de febrero, entre los municipios de Palomino y Riohacha presuntos miembros de las Farc secuestraron a Mario Alfonso Puello, periodista de la Unad en La Guajira, y a sus compañeros John Romero y Michael Mendoza.
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Con homicidios, secuestros y pequeños atentados las Farc siguen ejerciendo presión en varios departamentos. Valle, Arauca y Nariño son los más golpeados según un registro de las acciones atribuidas a este grupo que lleva el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República.
Fecha: 09/01/2008 -
En menos de un mes, el departamento del Valle ha sido golpeado por varios actos violentos. El pasado primero de agosto, en la autopista Simón Bolívar de Buenaventura, fue lanzada una granada de fragmentación y resultaron heridas siete personas. Según información del DAS, los autores del ataque eran miembros del frente urbano Manuel Cepeda Vargas.
Este martes, la explosión de un carro-bomba dejó cuatro muertos frente al Palacio de Justicia de Cali. El ministro de Defensa Juan Manuel Santos dijo que los delincuentes eran los mismos del atentado de Buenaventura.
“Hay claros indicios de que el atentado fue orientado por alias ´Narices´ o ´Carlos Hernán Zapata´, jefe del frente Manuel Cepeda”, dijo el ministro Santos, mientras las latas retorcidas del Chevrolet Chevette que llevaba 80 kilos del explosivo ‘anfo’, apenas eran recogidas y analizadas por los investigadores del CTI.
Atentado a Palacio de Justicia en Cali deja 4 muertos
¿Quieren las Farc hacer ruido en las ciudades?
Un atentado realizado presuntamente por las Farc, ocurrido el pasado 22 de agosto en Ituango, dejó siete personas muertas y más de 50 heridas. (Foto: AP) Ambos casos hacen parte de los 29 ataques y acciones cometidas presuntamente por las Farc en todo el país durante este año, según el registro que lleva el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. El departamento del Valle, junto con Arauca y Nariño, son los departamentos más afectados.
El registro, que demuestra la leve disminución de actos de las Farc en el mismo período del año pasado (pasaron de 30 a 29) no tiene en cuenta las doce acciones violentas (petardos, incendio de buses, ataques a estaciones de policía) que se han registrado en lo corrido del año en Bogotá, según la Policía Metropolitana.
Semana.com hace un recuento de las acciones más notorias atribuidas a las Farc durante este año.
Valle:
Aparte de los atentados en Cali y Buenaventura, en la capital de este departamento guerrilleros del frente 6 secuestraron a Caterine Valencia, empleada de las Empresas Municipales de Cali y a Luis Lozano, profesor de la estatal Universidad del Valle. Y en el municipio de Florida, el 10 de junio, murió un indígena de 64 años de edad al pisar una mina antipersona.
Nariño:
El 7 de enero, en el municipio de Samaniego, fueron secuestrados Luis Aníbal Chalacán y Luis Arturo Melo. Junto con ellos desaparecieron José Jesús Ortega, Franco Chalacán, Alveiro Villota y Clara Eliza Chalacán, quienes salieron a buscarlos al día siguiente.
El 13 de febrero, en el sector conocido como Zona Rosa del corregimiento La Guayacana de Tumaco, presuntos subversivos de las Farc asesinaron al indígena Rodrigo Natascuas Natascuas, de 24 años de edad. Y el 7 de marzo, en el municipio de El Charco, supuestos integrantes del frente 29 asesinaron a Adrián Pinillo Rebolledo, líder del Consejo Comunitario de la vereda San José Tapaje. También hirieron a un hombre conocido como Emilio Angulo Angulo.
Además el pasado 27 de junio, en el municipio de Santa Cruz, fueron asesinados tres maestros: Maura Elisa Guerrero, Piedad Anama y Ricardo Figueroa.
Arauca:
El 4 de enero de 2008 fue asesinado en la vereda las Acacias, del municipio de Tame, el dirigente campesino Hernán Lizcano Rincón. A los dos días, en el caserío de Pueblo Seco del mismo municipio también fueron asesinados Pedro Antonio Ruiz, presidente de la Junta de Acción Comunal y el dirigente campesino Antonio Bejarano.
Cuatro días después aparecieron dos indígenas muertos y centenares de personas fueron desplazados por presión del frente 10 de las Farc.
El 24 de enero siguiente, esta vez en el municipio de Arauquita, presuntos integrantes del mismo frente atacaron con artefactos explosivos y armas de fuego a una caravana del alcalde de esta población José Francisco Vargas, en la que viajaban además nueve concejales, algunos miembros del gabinete municipal y varios agentes de la Policía. En el atentado resultaron muertos los agentes Ariel Antonio Cruz Walteros, Jimmy Garcés Escobar, Alexánder Paud Pérez, Julio Cesar Monroy Soto y quedaron heridos los agentes Efraín Andrés Paniagua Guerrero y Ramón Javier Montalvo.
Antioquia:
En el municipio de Ituango, presuntos guerrilleros del frente 18 activaron una bomba en una calle principal que mató a siete personas.
Guaviare:
El 13 de junio la vereda Puerto Nuevo, el Ejército hizo un llamado de pare a una embarcación que cruzaba a la orilla del río Guayabero, donde dos guerrilleros respondieron con disparos. En el hecho falleció José Vicente Narváez Bernal, el lanchero que, al parecer, fue obligado a cruzar a los subversivos. Narváez era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda.
Dos semanas después, cuatro indígenas a la etnia Sikuanes fueron asesinados en Miraflores.
Meta:
En el municipio de La Macarena, 13 concejales de este municipio del sur del departamento denunciaron amenazas de las Farc.
Chocó:
El pasado 13 de enero, en el corregimiento de Nuquí, presuntos miembros del frente 57 de las Farc, bajo órdenes de alias ‘El Pana’, secuestraron a 10 estudiantes y profesores universitarios que se encontraban en esta región del Pacífico.
Tolima: En el municipio de Cunday, presuntos guerrilleros del frente 15 de las Farc mataron al presidente de la Junta de Acción Comunal, Jorge Eliécer Ayala Mora y al fiscal Jorge Ayala.
Huila:
Autoridades señalaron que subversivos de las Farc asesinaron el 9 de febrero a Manuel Macías Carrera, periodista y concejal de Algeciras.
Guajira:
El 18 de febrero, entre los municipios de Palomino y Riohacha presuntos miembros de las Farc secuestraron a Mario Alfonso Puello, periodista de la Unad en La Guajira, y a sus compañeros John Romero y Michael Mendoza.
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“Si aplican la ley, habrá paz”
“Si aplican la ley, habrá paz”
El fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo dice que cualquiera que tenga responsabilidad en los crímenes, sea comandante , financiador o cómplice político, deber ser investigado.
Fecha: 08/30/2008 -1374
La Corte Penal Interna-cional (CPI), de la que es fiscal el argentino Luis Moreno Ocampo, existe apenas hace cinco años. No obstante, Moreno Ocampo tiene ya una rica experiencia en aplicar justicia en casos de violaciones masivas a los derechos humanos. Fue fiscal adjunto en el juicio a la cúpula militar que gobernó su país en los 80 y desde la CPI, acusó a Omar al-Bashir, el dictador sudanés, por el genocidio.
Vino a Colombia la semana pasada SEMANA lo entrevistó.
SEMANA: ¿Cómo puede ayudar la Corte Penal Internacional a que haya justicia en Colombia?
LUIS MORENO OCAMPO: Cuando empecé mi tarea, los casos más críticos en mi jurisdicción eran Colombia y Congo. Paradójicamente, Colombia tiene niveles de violencia muy elevados pero, a diferencia del Congo, instituciones que funcionan y en las que la gente confía. Mi tarea aquí es analizar sus esfuerzos por hacer justicia, y en la medida en que haga los procesos a los máximos responsables, mi deber es no intervenir; si no los hace, es intervenir, según lo acordó Colombia en el Tratado de Roma.
SEMANA: ¿Le preocupa que los poderosos aliados de los paramilitares queden impunes?
L.M.O.: El tema de que existan dirigentes políticos aliados o financistas de esas operaciones es también importante de investigar. Saber quiénes son los máximos responsables sólo se va a develar en el desarrollo de los procesos judiciales; las evidencias van a surgir de allí. Por eso, por ahora lo que estamos haciendo es recibir información y ver quiénes fueron responsables operativos, cuáles los responsables políticos y los financieros, cómo se articulaban. Develar cómo se armó esto es una importante herramienta preventiva y ese es uno de los objetivos centrales de mi mandato: no permitir impunidad para contribuir a la prevención de crímenes, eso es lo que la ley dice.
Video 1: "Hay que investigar a todos los máximos responsables"
Video 2: "En Colombia han sido muy abiertos con la Corte"
Video 3: "Que decenas de personas estén confesado todo es una oportunidad única de hacer justicia"
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SEMANA: Definir quiénes son los máximos responsables y procesar por lo menos a éstos…
L.M.O.: Aquí en Colombia hay un problema enorme: la masividad de los crímenes. Es lo que discutimos con los fiscales colombianos. Nuestra tradición judicial no permite que se desechen casos y se escojan otros. Pero sí se puede establecer prioridades, y esa es una de las difíciles tareas de los fiscales colombianos: definir prioridades y terminar unos procesos. Si pueden hacer algunos juicios y la gente ve las condenas, eso es central…
SEMANA: ¿Pueden también personas sin responsabilidad pública, como empresarios o ganaderos, ser juzgados por la CPI si en Colombia no son investigados?
L.M.O.: Cualquier persona que tenga responsabilidad en los crímenes, sea porque fuese comandante operativo o porque brindó apoyo económico, podría ser investigada por la Corte.
SEMANA: Cree que la extradición de 15 ex jefes paramilitares puede obstaculizar el proceso de Justicia y Paz o de para-política?
L.M.O.: Hay mucha gente que considera que la extradición es un problema que obstaculiza las investigaciones. El Fiscal y el gobierno dicen que tienen un acuerdo con los fiscales estadounidenses, pero que depende también de que los acusados quieran, voluntariamente, declarar. Los fiscales tienen confianza de que algunos van a hacerlo. Habrá que esperar a ver.
SEMANA: Presenció una semana tensa por las denuncias de que el Ejecutivo estaría interfiriendo en la labor de la Corte. ¿Le habló la Corte de esto?
L.M.O.: Yo les pregunté específicamente a los miembros de la Corte si se consideraban capaces de llevar las investigaciones, y ellos me dijeron que sí. Mi tarea no es política, sino jurídica; básicamente seguir los procedimientos judiciales. El resto es de los colombianos.
SEMANA: ¿Cree usted que tener la CPI como espada de Damocles, esperando caer si no se hace la justicia, favorece la paz en Colombia? L.M.O.: Colombia tiene un proyecto muy ambicioso y si logra terminarlo correctamente, juzgando a quien tenga que juzgar, dando verdad a las víctimas, compensándolas, desmovilizando y que termine con la violencia, será un ejemplo para el mundo. Ha avanzado bastante. Nunca como ahora veo tanto consenso alrededor de la idea de que la violencia política es inadmisible y eso es un enorme logro de la sociedad colombiana.
SEMANA: Sì hay ese consenso, pero aún falta mucho para creer que la obediencia a la ley traerá la paz…
L.M.O.: Si alguien violó a mi hija, nadie puede obligarme a reconciliarme con el violador, pero pueden obligarme a no matarlo. Entonces yo sí creo que la ley es la herramienta de convivencia pacífica; permite convivir a personas que se odian. Por eso me parece que si la ley es respetada en Colombia, si logra demostrar que nada está por encima de la ley, que diferentes grupos, diferentes ideologías, son todos tratados igualmente, y si además las víctimas sienten que en realidad las protegen, eso daría una sólida base de paz para el futuro de Colombia. Y si nosotros pudiéramos participar de alguna manera en eso, sería muy positivo no sólo para Colombia, sino para el mundo.
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El fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo dice que cualquiera que tenga responsabilidad en los crímenes, sea comandante , financiador o cómplice político, deber ser investigado.
Fecha: 08/30/2008 -1374
La Corte Penal Interna-cional (CPI), de la que es fiscal el argentino Luis Moreno Ocampo, existe apenas hace cinco años. No obstante, Moreno Ocampo tiene ya una rica experiencia en aplicar justicia en casos de violaciones masivas a los derechos humanos. Fue fiscal adjunto en el juicio a la cúpula militar que gobernó su país en los 80 y desde la CPI, acusó a Omar al-Bashir, el dictador sudanés, por el genocidio.
Vino a Colombia la semana pasada SEMANA lo entrevistó.
SEMANA: ¿Cómo puede ayudar la Corte Penal Internacional a que haya justicia en Colombia?
LUIS MORENO OCAMPO: Cuando empecé mi tarea, los casos más críticos en mi jurisdicción eran Colombia y Congo. Paradójicamente, Colombia tiene niveles de violencia muy elevados pero, a diferencia del Congo, instituciones que funcionan y en las que la gente confía. Mi tarea aquí es analizar sus esfuerzos por hacer justicia, y en la medida en que haga los procesos a los máximos responsables, mi deber es no intervenir; si no los hace, es intervenir, según lo acordó Colombia en el Tratado de Roma.
SEMANA: ¿Le preocupa que los poderosos aliados de los paramilitares queden impunes?
L.M.O.: El tema de que existan dirigentes políticos aliados o financistas de esas operaciones es también importante de investigar. Saber quiénes son los máximos responsables sólo se va a develar en el desarrollo de los procesos judiciales; las evidencias van a surgir de allí. Por eso, por ahora lo que estamos haciendo es recibir información y ver quiénes fueron responsables operativos, cuáles los responsables políticos y los financieros, cómo se articulaban. Develar cómo se armó esto es una importante herramienta preventiva y ese es uno de los objetivos centrales de mi mandato: no permitir impunidad para contribuir a la prevención de crímenes, eso es lo que la ley dice.
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Video 2: "En Colombia han sido muy abiertos con la Corte"
Video 3: "Que decenas de personas estén confesado todo es una oportunidad única de hacer justicia"
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SEMANA: Definir quiénes son los máximos responsables y procesar por lo menos a éstos…
L.M.O.: Aquí en Colombia hay un problema enorme: la masividad de los crímenes. Es lo que discutimos con los fiscales colombianos. Nuestra tradición judicial no permite que se desechen casos y se escojan otros. Pero sí se puede establecer prioridades, y esa es una de las difíciles tareas de los fiscales colombianos: definir prioridades y terminar unos procesos. Si pueden hacer algunos juicios y la gente ve las condenas, eso es central…
SEMANA: ¿Pueden también personas sin responsabilidad pública, como empresarios o ganaderos, ser juzgados por la CPI si en Colombia no son investigados?
L.M.O.: Cualquier persona que tenga responsabilidad en los crímenes, sea porque fuese comandante operativo o porque brindó apoyo económico, podría ser investigada por la Corte.
SEMANA: Cree que la extradición de 15 ex jefes paramilitares puede obstaculizar el proceso de Justicia y Paz o de para-política?
L.M.O.: Hay mucha gente que considera que la extradición es un problema que obstaculiza las investigaciones. El Fiscal y el gobierno dicen que tienen un acuerdo con los fiscales estadounidenses, pero que depende también de que los acusados quieran, voluntariamente, declarar. Los fiscales tienen confianza de que algunos van a hacerlo. Habrá que esperar a ver.
SEMANA: Presenció una semana tensa por las denuncias de que el Ejecutivo estaría interfiriendo en la labor de la Corte. ¿Le habló la Corte de esto?
L.M.O.: Yo les pregunté específicamente a los miembros de la Corte si se consideraban capaces de llevar las investigaciones, y ellos me dijeron que sí. Mi tarea no es política, sino jurídica; básicamente seguir los procedimientos judiciales. El resto es de los colombianos.
SEMANA: ¿Cree usted que tener la CPI como espada de Damocles, esperando caer si no se hace la justicia, favorece la paz en Colombia? L.M.O.: Colombia tiene un proyecto muy ambicioso y si logra terminarlo correctamente, juzgando a quien tenga que juzgar, dando verdad a las víctimas, compensándolas, desmovilizando y que termine con la violencia, será un ejemplo para el mundo. Ha avanzado bastante. Nunca como ahora veo tanto consenso alrededor de la idea de que la violencia política es inadmisible y eso es un enorme logro de la sociedad colombiana.
SEMANA: Sì hay ese consenso, pero aún falta mucho para creer que la obediencia a la ley traerá la paz…
L.M.O.: Si alguien violó a mi hija, nadie puede obligarme a reconciliarme con el violador, pero pueden obligarme a no matarlo. Entonces yo sí creo que la ley es la herramienta de convivencia pacífica; permite convivir a personas que se odian. Por eso me parece que si la ley es respetada en Colombia, si logra demostrar que nada está por encima de la ley, que diferentes grupos, diferentes ideologías, son todos tratados igualmente, y si además las víctimas sienten que en realidad las protegen, eso daría una sólida base de paz para el futuro de Colombia. Y si nosotros pudiéramos participar de alguna manera en eso, sería muy positivo no sólo para Colombia, sino para el mundo.
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'Narices', comandante del frente 'Manuel Cepeda', de las Farc, sería responsable de atentado en Cali
"Con estos actos, las Farc quieren demostrar que siguen vivas", dijo el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien a primera hora recorrió las instalaciones del Palacio de Justicia.
Presidente Uribe se reunió con comerciantes de Cali afectados por bomba La explosión, con un carro bomba contra el Palacio de Justicia de Cali, dejó en la noche del domingo a cuatro personas muertas, 26 heridas y afectó 224 locales comerciales.
En el hecho murieron el taxista Carlos Alberto Delgado Quinchía y sus pasajeras, Kelsy Andrea Arana y Lina Marcela Ortiz, dos empleadas de una pizzería a las que llevaba de regreso a su casa. Además, murió Joel Muñoz Hoyos, quien a esa hora pasaba por el sector en un carro particular.
Y, una mujer, identificada como Beatriz Minota Narváez, murió por una bala perdida cuando, tras la explosión, se presentó una balacera, en la que se vio involucrada la Policía, que perseguía a personas que saqueaban los locales comerciales.
'Narices', cuyo nombre es Iván Cárdenas Carrillo, sucedió a alias 'Santiago' en el comando de ese frente, tras su captura en mayo pasado en Buenaventura.
"Con estos actos las Farc quieren demostrar que siguen vivas", dijo el Ministro, quien desde Cali dio la instrucción para que trasladaran a 'Santiago' de la penitenciaría de Palmira a la de Cómbita, en Boyacá.
Otra hipótesis, que también apunta hacia las Farc, señala que podría ser una retaliación por la captura del hijo de Juan Carlos Usuga, alias 'El enano', tercero en el mando de la 'Manuel Cepeda Vargas'.
El general Óscar Naranjo, director nacional de la Policía, anunció la llegada de mil policías a Cali, de los cuales 700 se quedarán hasta enero con el fin de restablecer la confianza de los caleños y los otros 300 quedarán de forma permanente.
Santos, por su parte, reiteró la recompensa de 400 millones de pesos para quienes suministren información sobre los autores del atentado.
Hace 18 meses, las Farc destruyeron, casi a la misma hora, el mismo día y en una calle transitada, el comando de la Policía en la capital vallecaucana. En esa ocasión utilizaron un motocarro.
Pero para algunos funcionarios judiciales, el atentado era algo que se veía venir. Esperanza Delgado, vocera de Asonal, dijo que en varias ocasiones denunciaron amenazas en el sentido de que iban a gemeliar un vehículo para meterlo al parqueadero del Palacio y les iban a poner un carro bomba.
"Pedimos que la Fuerza Pública estuviera presente las 24 horas", agregó.
El presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Jesael Giraldo, dijo ayer que las labores se cumplirían normalmente, pese a las incomodidades logísticas.
REDACCIÓN NACIONAL
www.eltiempo.com
"Con estos actos, las Farc quieren demostrar que siguen vivas", dijo el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien a primera hora recorrió las instalaciones del Palacio de Justicia.
Presidente Uribe se reunió con comerciantes de Cali afectados por bomba La explosión, con un carro bomba contra el Palacio de Justicia de Cali, dejó en la noche del domingo a cuatro personas muertas, 26 heridas y afectó 224 locales comerciales.
En el hecho murieron el taxista Carlos Alberto Delgado Quinchía y sus pasajeras, Kelsy Andrea Arana y Lina Marcela Ortiz, dos empleadas de una pizzería a las que llevaba de regreso a su casa. Además, murió Joel Muñoz Hoyos, quien a esa hora pasaba por el sector en un carro particular.
Y, una mujer, identificada como Beatriz Minota Narváez, murió por una bala perdida cuando, tras la explosión, se presentó una balacera, en la que se vio involucrada la Policía, que perseguía a personas que saqueaban los locales comerciales.
'Narices', cuyo nombre es Iván Cárdenas Carrillo, sucedió a alias 'Santiago' en el comando de ese frente, tras su captura en mayo pasado en Buenaventura.
"Con estos actos las Farc quieren demostrar que siguen vivas", dijo el Ministro, quien desde Cali dio la instrucción para que trasladaran a 'Santiago' de la penitenciaría de Palmira a la de Cómbita, en Boyacá.
Otra hipótesis, que también apunta hacia las Farc, señala que podría ser una retaliación por la captura del hijo de Juan Carlos Usuga, alias 'El enano', tercero en el mando de la 'Manuel Cepeda Vargas'.
El general Óscar Naranjo, director nacional de la Policía, anunció la llegada de mil policías a Cali, de los cuales 700 se quedarán hasta enero con el fin de restablecer la confianza de los caleños y los otros 300 quedarán de forma permanente.
Santos, por su parte, reiteró la recompensa de 400 millones de pesos para quienes suministren información sobre los autores del atentado.
Hace 18 meses, las Farc destruyeron, casi a la misma hora, el mismo día y en una calle transitada, el comando de la Policía en la capital vallecaucana. En esa ocasión utilizaron un motocarro.
Pero para algunos funcionarios judiciales, el atentado era algo que se veía venir. Esperanza Delgado, vocera de Asonal, dijo que en varias ocasiones denunciaron amenazas en el sentido de que iban a gemeliar un vehículo para meterlo al parqueadero del Palacio y les iban a poner un carro bomba.
"Pedimos que la Fuerza Pública estuviera presente las 24 horas", agregó.
El presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Jesael Giraldo, dijo ayer que las labores se cumplirían normalmente, pese a las incomodidades logísticas.
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