Gaulas en la mira
Justicia Varias de estas unidades del Ejército han resultado involucradas en actos? criminales y 'falsos positivos'. ¿Llegó la hora de reformarlas?
Las investigaciones que adelantan tanto la Fiscalía como las propias Fuerzas Militares sobre la misteriosa desaparición de jóvenes de varias ciudades que luego han aparecido muertos en supuestos combates ha dejado al descubierto una preocupante tendencia: en varios de estos casos hay involucrados miembros de los Gaula del Ejército.
En septiembre pasado la Fiscalía acusó al teniente coronel Álvaro Camargo Camargo, ex comandante del Gaula de Córdoba, así como a un mayor y cuatro militares, por la muerte de dos jóvenes de Caucasia. En 2006 habían sido contactados por un informante del Ejército que los llevó hasta un lugar donde estaban los militares, y allí fueron asesinados para luego ser presentados como muertos en combates. La Fiscalía encontró que los oficiales a cargo del Gaula alteraron las órdenes de batalla para justificar su crimen. Especial gravedad revistió el testimonio del informante, quien dijo que vio "cuando un soldado les disparó a los dos muchachos, mientras los demás soldados disparaban al aire", y agrega que vio cuando un sargento le ponía a cada uno de los muertos una pistola recién disparada al lado. Por llevar a los dos muchachos que iban a ser asesinados para fabricar un 'falso positivo', el informante recibió 600.000 pesos, que le pagaron de los gastos reservados.
Este mismo Gaula adscrito a la Brigada XI resultó involucrado en los asesinatos de 11 jóvenes de Toluviejo, y de otros dos que desaparecieron de Barranquilla.
Pero este no es el único caso. Hace dos semanas un fiscal ordenó la captura de prácticamente todo el Gaula de Casanare por el homicidio de dos civiles que fueron presentados como dados de baja en combate. Un año atrás esa misma unidad había terminado con sus miembros en la cárcel, incluido el coronel Gustavo Soto Bracamonte, que actuaba como comandante, también por ejecuciones extrajudiciales planeadas y ejecutadas de manera muy similar a las de Córdoba.
Los casos se han repetido en Caldas, Tolima, Meta y en la Costa. Especial interés suscitó el caso que se presentó en Puerto Velero, Atlántico. Allí se descubrió que el Gaula del Ejército había participado en el asesinato de seis personas, que fueron presentadas como una banda de secuestradores aniquilada durante un rescate. Pero nunca existió el supuesto secuestro y todo fue un montaje para justificar los crímenes.
La gravedad de estos casos tiene encendidas las alarmas del Ministerio de Defensa, donde se está estudiando la posibilidad de replantear todo el esquema de la lucha contra el secuestro, y en particular qué hacer con los Gaula militares. Estos fueron creados en un momento en que el país enfrentaba 3.500 secuestros al año, incluidos plagios masivos realizados por las guerrillas, como los retenes en las carreteras, el de los diputados de Cali, o el avión de Avianca. Esas acciones desembocaban en cautiverios prolongados en la selva, a la que sólo podían acceder los militares si se quería hacer un rescate. Los Gaula son grupos elite, especializados en operaciones comando, con armamento liviano y muy buen entrenamiento.
Hoy las cosas han cambiado. Según cifras del propio Ministerio de Defensa, el secuestro ha bajado 89 por ciento durante el gobierno de Álvaro Uribe. Y aunque persisten en promedio 500 secuestros al año, por lo menos el 70 por ciento lo comete la delincuencia común, la cual es enfrentada prioritariamente por la Policía y no por las Fuerzas Armadas.
Respecto al bajo desempeño en derechos humanos de muchas de estas unidades, tampoco ha servido la presencia en sus operativos de agentes del CTI o del DAS, que tienen facultades judiciales. En efecto, en algunos casos que tiene en su poder la Fiscalía, esos funcionarios estuvieron más al servicio del encubrimiento de las ejecuciones, que de garantizar el cumplimiento de la ley.
Muchos se preguntan entonces si lo adecuado es reducir los Gaula militares, que actualmente cuentan con 1.500 hombres, y que la labor contra las bandas de secuestradores sea asumida sobre todo por la Policía, y ésta busque apoyo en el Ejército cuando sea necesario.
Semana.com ©2008.
lunes, 3 de noviembre de 2008
Los pagarés del presidente del Congreso
Los pagarés del presidente del Congreso
El considerado cerebro del desfalco de Cajanal le entregó 250 millones de pesos en efectivo al senador Hernán Andrade días antes de su elección.
Cajanal es uno de los símbolos de la corrupción en Colombia. Se trata del desfalco más grande en la última década en el país. Por esa vena rota se han ido más de 500.000 millones de pesos de una manera sencilla: un cartel de abogados utiliza los nombres de miles de maestros y a través de demandas y tutelas logra que jueces complacientes, o en algunos casos comprados, ordenen el pago de pensiones a las que no hay derecho.
Los maestros, algunas veces, no tienen la menor idea de que su nombre está siendo utilizado para esos propósitos y, según la Fiscalía, en varios casos a los docentes no les llega ni un centavo de las famosas pensiones. Los abogados se quedan con gran parte del dinero.
Lo que nadie se habría imaginado es que varios millones de pesos del multimillonario desfalco fueron a dar a los bolsillos de algunos políticos, entre ellos a los del hoy presidente del Congreso de la República, el senador conservador Hernán Andrade.
La historia se comenzó a destapar el 25 de octubre de 2007, cuando un grupo de agentes del DAS allanó una oficina en Neiva en busca de pruebas para la investigación del desfalco a la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal). Y encontraron lo que para ellos era una verdadera mina de información: decenas de títulos, escrituras, letras de cobro, pagarés y promesas de compraventa.
La mayoría de esos papeles pertenecen a Armando Cabrera Polanco y Jeiner Guilombo, quienes figuran en los expedientes de la Fiscalía como cerebros del desangre de Cajanal. Todo indica que cuando se vieron perseguidos y para evitar que las autoridades descubrieran ese tesoro de su contabilidad, le pidieron a un abogado de su confianza que se llevara todos los papeles y se encargara de todo lo relativo a sus cobros de cartera. Ese hallazgo ha sido para los investigadores del caso del descalabro de Cajanal tan significativo como fue el computador de ‘Jorge 40’ para el escándalo de la para-política.
Entre los cientos de documentos se encontraron dos pagarés firmados por el congresista Hernán Andrade como garantía de un préstamo por un total de 250 millones de pesos. Uno es del 7 de marzo de 2006, por 150 millones de pesos, y el otro, del 10 de marzo del mismo año, por 100 millones de pesos.
Al revisar los pagarés (ver facsímil) llaman la atención varias cosas. En primer lugar, sólo aparecen los datos básicos de nombre, monto del préstamo y firma del deudor, pero quedan en blanco casillas fundamentales para este tipo de transacción, como la tasa de interés, la fecha de pago y las condiciones del mismo. Es decir, se trata de un pagaré en blanco.
En segundo lugar, la fecha de los préstamos. No sólo hay una diferencia de apenas tres días entre los dos préstamos, sino que dos días después de que Armando Cabrera le entregó los últimos 100 millones de pesos, el congresista Hernán Andrade se jugaba en las urnas su elección como senador de la República.
Y en tercer lugar, es curioso el hecho de que el dinero se haya entregado en efectivo. Por lo menos en Colombia, la entrega de grandes sumas de dinero líquido, a escasos días de una jornada electoral, trae a la memoria recuerdos muy poco gratos.
¿Por qué Hernán Andrade recurre a este tipo de préstamos tan poco ortodoxos? ¿Y justo en ese momento?
En el menos grave de los escenarios, se trataría de una simple ligereza de Andrade. No queda bien que un congresista se le mida a hacer este tipo de transacciones tan informales con un particular. Sin embargo, comienzan a despertarse serias sospechas si se tiene en cuenta que Armando Cabrera, para la fecha del préstamo, ya tenía a cuestas una condena a siete años de prisión. La condena se la impuso un juez en septiembre de 1997 y fue ratificada en casación por la Corte Suprema de Justicia, porque desde 1991 ya había comenzado a poner en práctica su invento de cobrar las pensiones especiales, con una prueba piloto de 92 maestros en Cajanal. Es decir, el primer desfalco.
Y, como si fuera poco, casi 10 años después de esta condena, al señor Cabrera la Fiscalía General le abrió dos nuevas investigaciones en 2006 que lo tienen de nuevo en la cárcel y a las puertas de un juicio. En el expediente se asegura que toda la fortuna de Cabrera Polanco y los documentos y pagarés que se encontraron en el allanamiento mencionado son producto de la manera ilícita como se enriqueció por el desfalco a Cajanal.
“Con las diversas pruebas se puede concluir sin lugar a equívocos que Armando Cabrera Polanco y Jeiner Guilombo (su socio) lograron defraudar a la Caja Nacional de Previsión por un monto que supera los 100.000 millones de pesos”, sentencia la Fiscalía en su resolución de acusación.
Palabras más, palabras menos, el hoy presidente del Senado, Hernán Andrade, habría recibido en los días previos a su campaña 250 millones de pesos procedentes del enriquecimiento ilícito del gran desfalco financiero de la última década al Estado colombiano.
Al ser consultado por SEMANA, el congresista confirma buena parte de la información: dice que Armando Cabrera le hizo el préstamo y que lo recibió en efectivo. Para algunos tendría toda la lógica del mundo. Los Cabrera Polanco son una familia conocida del Huila, departamento en el cual hace política el senador, y en esa época, según Andrade, estaban prestando al 2 por ciento de interés, una tasa muy atractiva.
Pero a la hora de responder sobre el para qué de los 250 millones de pesos, el senador terminó entrando en contradicciones. Mientras a las primeras preguntas respondió que el propósito del préstamo no era “estrictamente electoral (...) era también para una operación comercial, no sólo para asuntos electorales” y que Armando Cabrera le “había colaborado en otra época, en otra campaña”, al final negó todo lo anterior y trató de ser rotundo al decir que era exclusivamente por “razones comerciales (que) explicaré a las autoridades”. Es difícil imaginar a un político que en los días decisivos de su campaña recibe tanta plata en efectivo para hacer un negocio comercial.
De otra parte, Andrade dice que ni en ese entonces, ni ahora ve problema en haber recibido el préstamo de Cabrera porque, según afirma, no conocía sus antecedentes, ni siquiera la condena que le habían impuesto. Tal desconocimiento suena por lo menos extraño tratándose de un hombre que, como el senador, no sólo debe estar enterado de lo que ocurre con los personajes de Huila, sino también ha mostrado mayor interés que cualquier otro congresista en Cajanal. Tanto es así que es tal vez el único que ha hecho un debate de control político sobre el tema en el Congreso.
Al ser preguntado sobre si luego de conocer el nuevo proceso penal contra Armando Cabrera puso en conocimiento de las autoridades el préstamo que este le había hecho, Andrade asegura que así lo hizo. Pero una vez más, se niega a especificar ante qué autoridad lo puso en conocimiento y promete que luego lo dirá. Y para completar las contradicciones, en unas primeras respuestas dice que ya pagó la deuda, y en otras, que no la ha pagado.
Lo que tendrían que averiguar las autoridades es para qué, en efecto, utilizó el congresista ese dinero y sobre todo si existía algún otro interés de Armando Cabrera a la hora de entregarle esos recursos a un personaje que, como Andrade, en su calidad de senador y hoy como presidente del Congreso, puede tener tanta influencia sobre varios actores estratégicos en el proceso de Cajanal.
Lo que se sabe hasta ahora es que el senador Andrade se ha caracterizado por ser el más asiduo visitante a las directivas de Cajanal. Tanto, que en la administración anterior llegó al punto de visitar prácticamente cada semana la Caja de Previsión con ocho o 10 números de cédulas de maestros en mano para, según les decía él, resolver sus temas de pensiones.
Y a las directivas de la nueva administración, Andrade les llegó a pedir en tres oportunidades –dos el año pasado y una como presidente del Congreso– que le ayudaran al abogado Óscar Torres quien, según testigos, en las reuniones sacaba listados de cerca de 300 personas a las que les estaba tramitando las pensiones.
El senador Andrade admite que sí conoce al abogado en mención, pero que nunca lo ayudó con nadie del gobierno ni de Cajanal para tramitar pensiones. “Me lo presentaron como un empresario del fútbol de Neiva”. Y justifica sus asiduas visitas diciendo que se trata de trámites que ayuda a hacer a la gente de su región, como parte de su compromiso como congresista.
Consultado sobre el caso, el director de Cajanal, Augusto Moreno, dijo a SEMANA que el senador Andrade le presentó el año pasado al abogado Torres y que en varias oportunidades le solicitó que lo atendiera. De hecho, el funcionario lo recibió, pero se negó a la pretensión de Torres de que Cajanal reconociera un fallo de un juez de Cali que les reconoció la pensión especial a varios educadores, ya que consideraba que eran ilegales.
El caso del desfalco de Cajanal es aterrador. Cada día surgen pruebas que demuestran cómo quienes montaron el tinglado supieron convencer a maestros con faltas de conducta, comprar jueces y sobornar a funcionarios de Cajanal. En cierta época, por ejemplo, mafias de abogados se encargaban de pagarles periódicamente el almuerzo a empleados de la Caja de Previsión y en Navidad enviaban no menos de 100 anchetas de 300.000 pesos.
El nombre de Armando Cabrera ha sido el centro de gravedad del mencionado escándalo de Cajanal, que ya va a ajustar dos décadas. En la resolución de acusación de la Fiscalía en contra suya y de su socio se hace mención particular de dos de los casos en los que se concretó el desangre: el de un juez laboral de Buenaventura que ordenó cancelar pensiones especiales de maestros por 69.000 millones, y el de un juez laboral de Ibagué que ordenó el pago de unos 49.000 millones. En el caso de Buenaventura el dinero ya fue girado y, según la Fiscalía, no les pagaron “ni un solo peso a los pensionados”.
Y lo más grave para los acusados es que en esta investigación, a diferencia del otro proceso penal por el mismo desfalco en el que una juez terminó absolviendo al hermano de Armando, Omar Cabrera, la Fiscalía tiene una prueba reina: dos letras de cambio por valor de 30 millones de pesos giradas por Armando Cabrera al juez de Buenaventura que condenó a Cajanal a reconocer el derecho de “pensión gracia” a más de 300 maestros. Esos documentos serían la prueba del soborno al juez para que acepte las pensiones ilegales, entre otras razones porque las letras de cambio tienen fecha de marzo y la condena a Cajanal se dio en julio del mismo año.
Ahora la expectativa es grande por lo que pueda ocurrir en el juicio de Armando Cabrera. Su abogado, Darío Bazzani, asegura que no es cierto, como dice la Fiscalía, que la fortuna de su defendido sea producto del desfalco de Cajanal. “No se ha probado ningún desfalco, toda vez que no se ha determinado si los pensionados que representaba la oficina de Armando Cabrera y Jeiner Guilombo tenían derecho a la pensión gracia o no. El patrimonio del señor Cabrera proviene de su participación en esa oficina, en el préstamo de dinero a interés y el negocio de esmeraldas”.
Esta historia apenas comienza. Hernán Andrade, un abogado de 48 años oriundo de Neiva, y que está viviendo, como presidente del Congreso, su cuarto de hora en la política, tiene que darle varias explicaciones a la opinión.
En su departamento natal lo conocen como un conservador que ha seguido al pie de la letra el manual del político: de concejal a senador, pasando por diputado y representante a la Cámara. El país apenas lo ha descubierto en los últimos meses, en los cuales ha mostrado una faceta de vocero de la Casa de Nariño que no es común a su tarea como presidente del Legislativo.
¿Por qué el senador Andrade le pide 250 millones a una persona condenada por desfalco al Estado? ¿Por qué no acudió a la banca comercial? ¿Por qué le dieron esa cantidad de plata en efectivo? ¿Cuándo pensaba saldar el presidente del Congreso su deuda con los involucrados en el lío de Cajanal?
Las autoridades judiciales tienen en sus manos un nuevo desafío. Así como en la época del proceso 8.000 o en la más reciente de la para-política, se ha logrado descifrar los sofisticados vínculos de la clase política con las mafias, ahora también es la oportunidad de aclarar de una vez por todas si políticos como Hernán Andrade han jugado algún papel o no en este capítulo que ha marcado la historia de la corrupción en el país.
Semana.com ©2008.
El considerado cerebro del desfalco de Cajanal le entregó 250 millones de pesos en efectivo al senador Hernán Andrade días antes de su elección.
Cajanal es uno de los símbolos de la corrupción en Colombia. Se trata del desfalco más grande en la última década en el país. Por esa vena rota se han ido más de 500.000 millones de pesos de una manera sencilla: un cartel de abogados utiliza los nombres de miles de maestros y a través de demandas y tutelas logra que jueces complacientes, o en algunos casos comprados, ordenen el pago de pensiones a las que no hay derecho.
Los maestros, algunas veces, no tienen la menor idea de que su nombre está siendo utilizado para esos propósitos y, según la Fiscalía, en varios casos a los docentes no les llega ni un centavo de las famosas pensiones. Los abogados se quedan con gran parte del dinero.
Lo que nadie se habría imaginado es que varios millones de pesos del multimillonario desfalco fueron a dar a los bolsillos de algunos políticos, entre ellos a los del hoy presidente del Congreso de la República, el senador conservador Hernán Andrade.
La historia se comenzó a destapar el 25 de octubre de 2007, cuando un grupo de agentes del DAS allanó una oficina en Neiva en busca de pruebas para la investigación del desfalco a la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal). Y encontraron lo que para ellos era una verdadera mina de información: decenas de títulos, escrituras, letras de cobro, pagarés y promesas de compraventa.
La mayoría de esos papeles pertenecen a Armando Cabrera Polanco y Jeiner Guilombo, quienes figuran en los expedientes de la Fiscalía como cerebros del desangre de Cajanal. Todo indica que cuando se vieron perseguidos y para evitar que las autoridades descubrieran ese tesoro de su contabilidad, le pidieron a un abogado de su confianza que se llevara todos los papeles y se encargara de todo lo relativo a sus cobros de cartera. Ese hallazgo ha sido para los investigadores del caso del descalabro de Cajanal tan significativo como fue el computador de ‘Jorge 40’ para el escándalo de la para-política.
Entre los cientos de documentos se encontraron dos pagarés firmados por el congresista Hernán Andrade como garantía de un préstamo por un total de 250 millones de pesos. Uno es del 7 de marzo de 2006, por 150 millones de pesos, y el otro, del 10 de marzo del mismo año, por 100 millones de pesos.
Al revisar los pagarés (ver facsímil) llaman la atención varias cosas. En primer lugar, sólo aparecen los datos básicos de nombre, monto del préstamo y firma del deudor, pero quedan en blanco casillas fundamentales para este tipo de transacción, como la tasa de interés, la fecha de pago y las condiciones del mismo. Es decir, se trata de un pagaré en blanco.
En segundo lugar, la fecha de los préstamos. No sólo hay una diferencia de apenas tres días entre los dos préstamos, sino que dos días después de que Armando Cabrera le entregó los últimos 100 millones de pesos, el congresista Hernán Andrade se jugaba en las urnas su elección como senador de la República.
Y en tercer lugar, es curioso el hecho de que el dinero se haya entregado en efectivo. Por lo menos en Colombia, la entrega de grandes sumas de dinero líquido, a escasos días de una jornada electoral, trae a la memoria recuerdos muy poco gratos.
¿Por qué Hernán Andrade recurre a este tipo de préstamos tan poco ortodoxos? ¿Y justo en ese momento?
En el menos grave de los escenarios, se trataría de una simple ligereza de Andrade. No queda bien que un congresista se le mida a hacer este tipo de transacciones tan informales con un particular. Sin embargo, comienzan a despertarse serias sospechas si se tiene en cuenta que Armando Cabrera, para la fecha del préstamo, ya tenía a cuestas una condena a siete años de prisión. La condena se la impuso un juez en septiembre de 1997 y fue ratificada en casación por la Corte Suprema de Justicia, porque desde 1991 ya había comenzado a poner en práctica su invento de cobrar las pensiones especiales, con una prueba piloto de 92 maestros en Cajanal. Es decir, el primer desfalco.
Y, como si fuera poco, casi 10 años después de esta condena, al señor Cabrera la Fiscalía General le abrió dos nuevas investigaciones en 2006 que lo tienen de nuevo en la cárcel y a las puertas de un juicio. En el expediente se asegura que toda la fortuna de Cabrera Polanco y los documentos y pagarés que se encontraron en el allanamiento mencionado son producto de la manera ilícita como se enriqueció por el desfalco a Cajanal.
“Con las diversas pruebas se puede concluir sin lugar a equívocos que Armando Cabrera Polanco y Jeiner Guilombo (su socio) lograron defraudar a la Caja Nacional de Previsión por un monto que supera los 100.000 millones de pesos”, sentencia la Fiscalía en su resolución de acusación.
Palabras más, palabras menos, el hoy presidente del Senado, Hernán Andrade, habría recibido en los días previos a su campaña 250 millones de pesos procedentes del enriquecimiento ilícito del gran desfalco financiero de la última década al Estado colombiano.
Al ser consultado por SEMANA, el congresista confirma buena parte de la información: dice que Armando Cabrera le hizo el préstamo y que lo recibió en efectivo. Para algunos tendría toda la lógica del mundo. Los Cabrera Polanco son una familia conocida del Huila, departamento en el cual hace política el senador, y en esa época, según Andrade, estaban prestando al 2 por ciento de interés, una tasa muy atractiva.
Pero a la hora de responder sobre el para qué de los 250 millones de pesos, el senador terminó entrando en contradicciones. Mientras a las primeras preguntas respondió que el propósito del préstamo no era “estrictamente electoral (...) era también para una operación comercial, no sólo para asuntos electorales” y que Armando Cabrera le “había colaborado en otra época, en otra campaña”, al final negó todo lo anterior y trató de ser rotundo al decir que era exclusivamente por “razones comerciales (que) explicaré a las autoridades”. Es difícil imaginar a un político que en los días decisivos de su campaña recibe tanta plata en efectivo para hacer un negocio comercial.
De otra parte, Andrade dice que ni en ese entonces, ni ahora ve problema en haber recibido el préstamo de Cabrera porque, según afirma, no conocía sus antecedentes, ni siquiera la condena que le habían impuesto. Tal desconocimiento suena por lo menos extraño tratándose de un hombre que, como el senador, no sólo debe estar enterado de lo que ocurre con los personajes de Huila, sino también ha mostrado mayor interés que cualquier otro congresista en Cajanal. Tanto es así que es tal vez el único que ha hecho un debate de control político sobre el tema en el Congreso.
Al ser preguntado sobre si luego de conocer el nuevo proceso penal contra Armando Cabrera puso en conocimiento de las autoridades el préstamo que este le había hecho, Andrade asegura que así lo hizo. Pero una vez más, se niega a especificar ante qué autoridad lo puso en conocimiento y promete que luego lo dirá. Y para completar las contradicciones, en unas primeras respuestas dice que ya pagó la deuda, y en otras, que no la ha pagado.
Lo que tendrían que averiguar las autoridades es para qué, en efecto, utilizó el congresista ese dinero y sobre todo si existía algún otro interés de Armando Cabrera a la hora de entregarle esos recursos a un personaje que, como Andrade, en su calidad de senador y hoy como presidente del Congreso, puede tener tanta influencia sobre varios actores estratégicos en el proceso de Cajanal.
Lo que se sabe hasta ahora es que el senador Andrade se ha caracterizado por ser el más asiduo visitante a las directivas de Cajanal. Tanto, que en la administración anterior llegó al punto de visitar prácticamente cada semana la Caja de Previsión con ocho o 10 números de cédulas de maestros en mano para, según les decía él, resolver sus temas de pensiones.
Y a las directivas de la nueva administración, Andrade les llegó a pedir en tres oportunidades –dos el año pasado y una como presidente del Congreso– que le ayudaran al abogado Óscar Torres quien, según testigos, en las reuniones sacaba listados de cerca de 300 personas a las que les estaba tramitando las pensiones.
El senador Andrade admite que sí conoce al abogado en mención, pero que nunca lo ayudó con nadie del gobierno ni de Cajanal para tramitar pensiones. “Me lo presentaron como un empresario del fútbol de Neiva”. Y justifica sus asiduas visitas diciendo que se trata de trámites que ayuda a hacer a la gente de su región, como parte de su compromiso como congresista.
Consultado sobre el caso, el director de Cajanal, Augusto Moreno, dijo a SEMANA que el senador Andrade le presentó el año pasado al abogado Torres y que en varias oportunidades le solicitó que lo atendiera. De hecho, el funcionario lo recibió, pero se negó a la pretensión de Torres de que Cajanal reconociera un fallo de un juez de Cali que les reconoció la pensión especial a varios educadores, ya que consideraba que eran ilegales.
El caso del desfalco de Cajanal es aterrador. Cada día surgen pruebas que demuestran cómo quienes montaron el tinglado supieron convencer a maestros con faltas de conducta, comprar jueces y sobornar a funcionarios de Cajanal. En cierta época, por ejemplo, mafias de abogados se encargaban de pagarles periódicamente el almuerzo a empleados de la Caja de Previsión y en Navidad enviaban no menos de 100 anchetas de 300.000 pesos.
El nombre de Armando Cabrera ha sido el centro de gravedad del mencionado escándalo de Cajanal, que ya va a ajustar dos décadas. En la resolución de acusación de la Fiscalía en contra suya y de su socio se hace mención particular de dos de los casos en los que se concretó el desangre: el de un juez laboral de Buenaventura que ordenó cancelar pensiones especiales de maestros por 69.000 millones, y el de un juez laboral de Ibagué que ordenó el pago de unos 49.000 millones. En el caso de Buenaventura el dinero ya fue girado y, según la Fiscalía, no les pagaron “ni un solo peso a los pensionados”.
Y lo más grave para los acusados es que en esta investigación, a diferencia del otro proceso penal por el mismo desfalco en el que una juez terminó absolviendo al hermano de Armando, Omar Cabrera, la Fiscalía tiene una prueba reina: dos letras de cambio por valor de 30 millones de pesos giradas por Armando Cabrera al juez de Buenaventura que condenó a Cajanal a reconocer el derecho de “pensión gracia” a más de 300 maestros. Esos documentos serían la prueba del soborno al juez para que acepte las pensiones ilegales, entre otras razones porque las letras de cambio tienen fecha de marzo y la condena a Cajanal se dio en julio del mismo año.
Ahora la expectativa es grande por lo que pueda ocurrir en el juicio de Armando Cabrera. Su abogado, Darío Bazzani, asegura que no es cierto, como dice la Fiscalía, que la fortuna de su defendido sea producto del desfalco de Cajanal. “No se ha probado ningún desfalco, toda vez que no se ha determinado si los pensionados que representaba la oficina de Armando Cabrera y Jeiner Guilombo tenían derecho a la pensión gracia o no. El patrimonio del señor Cabrera proviene de su participación en esa oficina, en el préstamo de dinero a interés y el negocio de esmeraldas”.
Esta historia apenas comienza. Hernán Andrade, un abogado de 48 años oriundo de Neiva, y que está viviendo, como presidente del Congreso, su cuarto de hora en la política, tiene que darle varias explicaciones a la opinión.
En su departamento natal lo conocen como un conservador que ha seguido al pie de la letra el manual del político: de concejal a senador, pasando por diputado y representante a la Cámara. El país apenas lo ha descubierto en los últimos meses, en los cuales ha mostrado una faceta de vocero de la Casa de Nariño que no es común a su tarea como presidente del Legislativo.
¿Por qué el senador Andrade le pide 250 millones a una persona condenada por desfalco al Estado? ¿Por qué no acudió a la banca comercial? ¿Por qué le dieron esa cantidad de plata en efectivo? ¿Cuándo pensaba saldar el presidente del Congreso su deuda con los involucrados en el lío de Cajanal?
Las autoridades judiciales tienen en sus manos un nuevo desafío. Así como en la época del proceso 8.000 o en la más reciente de la para-política, se ha logrado descifrar los sofisticados vínculos de la clase política con las mafias, ahora también es la oportunidad de aclarar de una vez por todas si políticos como Hernán Andrade han jugado algún papel o no en este capítulo que ha marcado la historia de la corrupción en el país.
Semana.com ©2008.
Milicianos de las Farc serían responsables de los atentados Neiva
Nacional | 13 octubre 2008 - 12:17pm
Milicianos de las Farc serían responsables de los atentados Neiva
Por: Elespectador.com
Según las autoridades los responsables del atentado que dejó una persona muerta y otras cinco heridas por dos explosiones ocurridas en dos hoteles de Neiva, serían dos milicianos de las Farc. Hasta el momento se aumentó el pie de fuerza en la ciudad y se ofreció recompensa por información que permita esclarecer este hecho.
El general Orlando Páez Barón, Director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, informó que gracias a las grabaciones de circuito cerrado de los hoteles, se pudo establecer un retrato de los responsables de las explosiones que se registraron con pocos minutos de intervalo y que afectaron a los hoteles Sulicam y Plaza, ubicados en pleno centro de Neiva.El primero de los artefactos estalló hacia las 10:50 de la noche y el segundo, unos diez minutos después. Aún no está claro el tipo de explosivo utilizado ni tampoco quienes podrían ser los autores de los ataques.La situación más grave se registró en el Hotel Sulicam, próximo al Hotel Plaza. Allí la carga explotó en el segundo piso, derribando al menos una pared de una de las habitaciones.La explosión en el Sulicam causó un muerto, de unos 65 años de edad, además de cuatro heridos, uno de ellos con traumatismo craneoencefálico."Estaba dormido, cuando de pronto sentí una explosión y todo se me vino encima. Estaba descansando con mi familia y no se cómo están ellos porque estaban en otros pisos", relató un huésped a una emisora de radio local.En el Hotel Plaza, en donde ocurrió la primera explosión, el explosivo estalló en el primer piso, causando daños en ventanales y en algunos estructuras de la construcción, mientras que los organismos de socorro evacuaron a una persona con heridas leves.Por precaución, la Policía ordenó evacuar los dos hoteles, mientras realizan inspecciones en busca de otros artefactos explosivos, al tiempo que se reforzaron las medidas de seguridad en el resto de hoteles de la ciudad.Las autoridades creen que el doble atentado fue cometido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aunque no descarta tampoco una acción por parte de delincuentes comunes, que durante las últimas semanas han extorsionado a comerciantes de la ciudad, según Radio Caracol.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo43502-milicianos
Milicianos de las Farc serían responsables de los atentados Neiva
Por: Elespectador.com
Según las autoridades los responsables del atentado que dejó una persona muerta y otras cinco heridas por dos explosiones ocurridas en dos hoteles de Neiva, serían dos milicianos de las Farc. Hasta el momento se aumentó el pie de fuerza en la ciudad y se ofreció recompensa por información que permita esclarecer este hecho.
El general Orlando Páez Barón, Director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, informó que gracias a las grabaciones de circuito cerrado de los hoteles, se pudo establecer un retrato de los responsables de las explosiones que se registraron con pocos minutos de intervalo y que afectaron a los hoteles Sulicam y Plaza, ubicados en pleno centro de Neiva.El primero de los artefactos estalló hacia las 10:50 de la noche y el segundo, unos diez minutos después. Aún no está claro el tipo de explosivo utilizado ni tampoco quienes podrían ser los autores de los ataques.La situación más grave se registró en el Hotel Sulicam, próximo al Hotel Plaza. Allí la carga explotó en el segundo piso, derribando al menos una pared de una de las habitaciones.La explosión en el Sulicam causó un muerto, de unos 65 años de edad, además de cuatro heridos, uno de ellos con traumatismo craneoencefálico."Estaba dormido, cuando de pronto sentí una explosión y todo se me vino encima. Estaba descansando con mi familia y no se cómo están ellos porque estaban en otros pisos", relató un huésped a una emisora de radio local.En el Hotel Plaza, en donde ocurrió la primera explosión, el explosivo estalló en el primer piso, causando daños en ventanales y en algunos estructuras de la construcción, mientras que los organismos de socorro evacuaron a una persona con heridas leves.Por precaución, la Policía ordenó evacuar los dos hoteles, mientras realizan inspecciones en busca de otros artefactos explosivos, al tiempo que se reforzaron las medidas de seguridad en el resto de hoteles de la ciudad.Las autoridades creen que el doble atentado fue cometido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aunque no descarta tampoco una acción por parte de delincuentes comunes, que durante las últimas semanas han extorsionado a comerciantes de la ciudad, según Radio Caracol.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo43502-milicianos
La 'L', el nuevo Cartucho de Bogotá, es la zona donde se vende y consume más droga en la ciudad
Octubre 10 de 2008
La 'L', el nuevo Cartucho de Bogotá, es la zona donde se vende y consume más droga en la ciudad
Ese sector de tres cuadras en el centro de Bogotá, también conocido como el Horno, creció desde mediados de los años 80, pero se consolidó en el 2002, tras la construcción del parque Tercer Milenio.
"La 'L' es un espacio de alto deterioro urbano donde existen construcciones anteriores a los años 50 que han sido adecuadas para que funcionen inquilinatos y hoteluchos que sirven de escenarios para el expendio de drogas. Se puede catalogar como el mayor foco de tráfico de sustancias psicoactivas del Distrito", aseguró Javier Molina, un ex habitante de la calle, que ahora trabaja con la Secretaría de Integración Social en la rehabilitación de indigentes.
La zona está controlada por cinco poderosas 'ollas' que, más que lugares, son bandas organizadas para la venta y distribución de alucinógenos.
Estos sitios cuentan con jerarquía propia: un jefe, un administrador y grupos de empaque, venta y seguridad, que pueden llegar a emplear hasta 30 personas.
Los inquilinos de la 'L'
Quienes están a cargo del negocio del bazuco representan una minoría del total de los residentes de la zona, que son, principalmente, habitantes de la calle.
Carlos Garzón, subdirector para la Adultez de la Secretaría de Integración Social y ex alcalde de la localidad de Los Mártires, dijo que en las calles de la 'L' puede habitar un promedio de 1.200 personas, que se suman a las 900 que duermen diariamente en las residencias.
Esta población hace de esta calle en forma de L la tierra por excelencia del tráfico de bazuco en Bogotá.
Bazuco de marca
Cada banda tiene su propia marca de bazuco, identificada con un nombre y unas características particulares.
"El consumidor sabe cuál es la mejor por el efecto que produce", explicó Álex Buitrago*, quien vivió ocho años sumergido en la 'L' y perdió su oreja derecha en un ajuste de cuentas.
Las marcas más 'cachetosas' y de mayor distribución son Escalera, Paloma, Alacrán, América, Manguera y Homero.
Esta última es la más famosa y de mejor calidad. Se reconoce por la imagen del conocido personaje de la serie Los Simpsons plasmada en el empaque plástico.
La rivalidad entre las 'ollas' y la lucha constante por el territorio y por la clientela son las principales causas de la violencia que se vive dentro de la 'L'.
"Desgraciadamente, el ajuste de cuentas se hace con la vida, que es la que media todo en la zona", enfatizó Molina.
Y es que en la tierra del bazuco no solo se distribuye droga: allí también funcionan compraventas de armas y se consigue ropa, celulares, cámaras, bicicletas y hasta tenis usados.
"Allá puedes ir y vender un arma. Se consiguen revólveres, escopetas, balas, munición y granadas", confesó, entre risas, Francisco Gutiérrez*, un joven que duró varios años en la indigencia y vivió siete en el sector de la 'L'.
En mayo, en un allanamiento que realizó la Policía, en dos casas se encontraron dos revólveres, 132 armas blancas, 276 papeletas de bazuco y hasta uniformes del Ejército.
Así es la vida en la zona de la 'L'
Eduardo López* no supera los 30 años de edad y, sin embargo, es una de las personas que mejor conocen el sector de la 'L'.
A mediados de 2006 entró a vivir de lleno en la zona, pues empezó a trabajar en una de las 'ollas' que allí funcionan.
Permaneció durante año y medio, hasta que se internó en el
Centro Personal Transitorio para habitantes de la calle, de la Secretaría de Integración Social.
Cansado de la adicción al bazuco y de la violencia, decidió dejar atrás su pasado para dedicarse a la panadería.
"Lo peor de vivir en la 'L' es que tu vida no vale nada. Por controlar territorio o por acaparar clientela las bandas se agarran a bala; los indigentes se atacan con cuchillo por conseguir los mil pesos de la 'bicha'. Mi límite fue cuando casi pierdo la vida por defender mi 'olla', un negocio que no me pertenecía"[*], dijo.
*Nombres cambiados.
NICOLÁS HERNÁNDEZ
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
La 'L', el nuevo Cartucho de Bogotá, es la zona donde se vende y consume más droga en la ciudad
Ese sector de tres cuadras en el centro de Bogotá, también conocido como el Horno, creció desde mediados de los años 80, pero se consolidó en el 2002, tras la construcción del parque Tercer Milenio.
"La 'L' es un espacio de alto deterioro urbano donde existen construcciones anteriores a los años 50 que han sido adecuadas para que funcionen inquilinatos y hoteluchos que sirven de escenarios para el expendio de drogas. Se puede catalogar como el mayor foco de tráfico de sustancias psicoactivas del Distrito", aseguró Javier Molina, un ex habitante de la calle, que ahora trabaja con la Secretaría de Integración Social en la rehabilitación de indigentes.
La zona está controlada por cinco poderosas 'ollas' que, más que lugares, son bandas organizadas para la venta y distribución de alucinógenos.
Estos sitios cuentan con jerarquía propia: un jefe, un administrador y grupos de empaque, venta y seguridad, que pueden llegar a emplear hasta 30 personas.
Los inquilinos de la 'L'
Quienes están a cargo del negocio del bazuco representan una minoría del total de los residentes de la zona, que son, principalmente, habitantes de la calle.
Carlos Garzón, subdirector para la Adultez de la Secretaría de Integración Social y ex alcalde de la localidad de Los Mártires, dijo que en las calles de la 'L' puede habitar un promedio de 1.200 personas, que se suman a las 900 que duermen diariamente en las residencias.
Esta población hace de esta calle en forma de L la tierra por excelencia del tráfico de bazuco en Bogotá.
Bazuco de marca
Cada banda tiene su propia marca de bazuco, identificada con un nombre y unas características particulares.
"El consumidor sabe cuál es la mejor por el efecto que produce", explicó Álex Buitrago*, quien vivió ocho años sumergido en la 'L' y perdió su oreja derecha en un ajuste de cuentas.
Las marcas más 'cachetosas' y de mayor distribución son Escalera, Paloma, Alacrán, América, Manguera y Homero.
Esta última es la más famosa y de mejor calidad. Se reconoce por la imagen del conocido personaje de la serie Los Simpsons plasmada en el empaque plástico.
La rivalidad entre las 'ollas' y la lucha constante por el territorio y por la clientela son las principales causas de la violencia que se vive dentro de la 'L'.
"Desgraciadamente, el ajuste de cuentas se hace con la vida, que es la que media todo en la zona", enfatizó Molina.
Y es que en la tierra del bazuco no solo se distribuye droga: allí también funcionan compraventas de armas y se consigue ropa, celulares, cámaras, bicicletas y hasta tenis usados.
"Allá puedes ir y vender un arma. Se consiguen revólveres, escopetas, balas, munición y granadas", confesó, entre risas, Francisco Gutiérrez*, un joven que duró varios años en la indigencia y vivió siete en el sector de la 'L'.
En mayo, en un allanamiento que realizó la Policía, en dos casas se encontraron dos revólveres, 132 armas blancas, 276 papeletas de bazuco y hasta uniformes del Ejército.
Así es la vida en la zona de la 'L'
Eduardo López* no supera los 30 años de edad y, sin embargo, es una de las personas que mejor conocen el sector de la 'L'.
A mediados de 2006 entró a vivir de lleno en la zona, pues empezó a trabajar en una de las 'ollas' que allí funcionan.
Permaneció durante año y medio, hasta que se internó en el
Centro Personal Transitorio para habitantes de la calle, de la Secretaría de Integración Social.
Cansado de la adicción al bazuco y de la violencia, decidió dejar atrás su pasado para dedicarse a la panadería.
"Lo peor de vivir en la 'L' es que tu vida no vale nada. Por controlar territorio o por acaparar clientela las bandas se agarran a bala; los indigentes se atacan con cuchillo por conseguir los mil pesos de la 'bicha'. Mi límite fue cuando casi pierdo la vida por defender mi 'olla', un negocio que no me pertenecía"[*], dijo.
*Nombres cambiados.
NICOLÁS HERNÁNDEZ
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
'Oficina de Envigado' sigue sin líder, según autoridades
Octubre 14 de 2008
'Oficina de Envigado' sigue sin líder, según autoridades
"Hay una serie de delincuentes que quieren tomar esa posición, pero la información que tenemos es que no hay una cabeza visible", dijo el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
De todos modos, y más desde que el presidente Álvaro Uribe solicitó acabar con esa organización, las acciones de las autoridades se han intensificado sobre algunos 'hombres fuertes' como alias 'Yiyo', 'Beto' y 'Valenciano'.
En la operación de ayer cayeron hombres como 'la Ardilla', 'David' o 'el Pana', quien tenía los contactos para el tráfico doméstico de estupefacientes y una ruta hacia Panamá; y 'el Indio', un desmovilizado del bloque 'Héroes de Granada' de las autodefensas que manejaba la estructura sicarial que afectaba al oriente antioqueño, explicó el oficial.
El general Dagoberto García, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, destacó también la captura de alias 'John', a quien el narcotraficante Daniel Rendón Herrera, 'Don Mario', mencionó en un video como uno de los enviados por la 'Oficina de Envigado' para atentar contra su vida.
En total fueron 47 allanamientos que se iniciaron a las 4 de la mañana de manera simultánea en el barrio Caicedo, en Medellín, y en el municipio de La Ceja, en el oriente antioqueño.
De los aprehendidos, 23 tenían orden de captura por homicidio, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes; los otros 16 fueron capturados en flagrancia por encontrarse en lugares en los que se almacenaban drogas.
La Policía decomisó un arma de fuego, once millones y medio de pesos, bazuco y cocaína.
El coronel Luis Eduardo Martínez, comandante de la Policía Antioquia, aseguró que la 'oficina' se ha extendido a Urabá, el nordeste, el Bajo Cauca, los departamentos de Córdoba y Sucre, y últimamente, al suroeste antioqueño.
Y, obvio, las acciones de la Fuerza Pública se han tenido que ampliar. Este viernes en La Apartada (Córdoba) la Policía Antioquia destruyó un cristalizadero para producir clorhidrato de cocaína, perteneciente a la organización de alias 'Don Mario'.
El complejo tenía capacidad para procesar cuatro toneladas mensuales y fueron decomisados 4.785 kilos de insumos sólidos, 1.750 galones de insumos líquidos y elementos básicos para la elaboración del alcaloide.
MEDELLÍN
www.eltiempo.com
'Oficina de Envigado' sigue sin líder, según autoridades
"Hay una serie de delincuentes que quieren tomar esa posición, pero la información que tenemos es que no hay una cabeza visible", dijo el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
De todos modos, y más desde que el presidente Álvaro Uribe solicitó acabar con esa organización, las acciones de las autoridades se han intensificado sobre algunos 'hombres fuertes' como alias 'Yiyo', 'Beto' y 'Valenciano'.
En la operación de ayer cayeron hombres como 'la Ardilla', 'David' o 'el Pana', quien tenía los contactos para el tráfico doméstico de estupefacientes y una ruta hacia Panamá; y 'el Indio', un desmovilizado del bloque 'Héroes de Granada' de las autodefensas que manejaba la estructura sicarial que afectaba al oriente antioqueño, explicó el oficial.
El general Dagoberto García, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, destacó también la captura de alias 'John', a quien el narcotraficante Daniel Rendón Herrera, 'Don Mario', mencionó en un video como uno de los enviados por la 'Oficina de Envigado' para atentar contra su vida.
En total fueron 47 allanamientos que se iniciaron a las 4 de la mañana de manera simultánea en el barrio Caicedo, en Medellín, y en el municipio de La Ceja, en el oriente antioqueño.
De los aprehendidos, 23 tenían orden de captura por homicidio, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes; los otros 16 fueron capturados en flagrancia por encontrarse en lugares en los que se almacenaban drogas.
La Policía decomisó un arma de fuego, once millones y medio de pesos, bazuco y cocaína.
El coronel Luis Eduardo Martínez, comandante de la Policía Antioquia, aseguró que la 'oficina' se ha extendido a Urabá, el nordeste, el Bajo Cauca, los departamentos de Córdoba y Sucre, y últimamente, al suroeste antioqueño.
Y, obvio, las acciones de la Fuerza Pública se han tenido que ampliar. Este viernes en La Apartada (Córdoba) la Policía Antioquia destruyó un cristalizadero para producir clorhidrato de cocaína, perteneciente a la organización de alias 'Don Mario'.
El complejo tenía capacidad para procesar cuatro toneladas mensuales y fueron decomisados 4.785 kilos de insumos sólidos, 1.750 galones de insumos líquidos y elementos básicos para la elaboración del alcaloide.
MEDELLÍN
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Distrito rechaza presencia de policías infiltrados en la Nacional
Bogotá | 10 octubre 2008 - 6:08am
Distrito rechaza presencia de policías infiltrados en la Nacional
Por: Elespectador.com
El sub secretario de Convivencia y Seguridad, Andrés Restrepo, señaló que se pudo confirmar que los dos hombres retenidos por más de dos horas en la Universidad, eran agentes de la Dijín que realizaban labores de inteligencia en el plantel educativo.
]"La universidad debe ser un espacio donde se de una deliberación tranquila, sin ningún tipo de presiones", aseguró el funcionario.Este viernes se llevará a cabo una reunión entre los representantes estudiantiles y la Policía Nacional para esclarecer los hechos. Sin embargo, fuentes oficiales de la Fuerza Pública, se mantienen en que los dos unformados no estaban armados. "Los dos agentes estaban el el cumplimiento de su deber, no portaban armas y era un evento público", aseguró el general Rodolfo Palomino, comandante de la Policía de Bogotá, quién no se mostró muy de acuerdo con la posición del Distrito.El pasado jueves, un evento que se llevaba a cabo en las instalaciones de la Universidad fue sorpresivamente interrumpido por cuatro estudiantes que ingresaron al auditorio para desenmascarar a dos hombres que estaban armados. Al final, se pudo descubrir que se trataba de dos policías encubiertos que querían garantizar la seguridad del evento, hecho que enfureció al estudiantado.Los dos uniformados eran Jonathan Gutierrez y Jhon Luis Garzón, agentes de la Dijín, quienes según versiones de los estudiantes, estaban tomando fotos del evento cuando fueron sorprendidos. La Defensoría del Pueblo lideró la mediación para que los estudiantes accedieran a su liberación. Afuera, más de 200 estudiantes reclamaron la presencia de las autoridades respectivas para que evaluaran por qué personal de la fuerza pública puede ingresar al establecimiento educativo con armas y sin uniforme.Varios representantes estudiantiles exigieron la presencia de la Secretaría de Gobierno, para que tomará decisiones al respecto.Por lo menos 100 hombres antidisturbios y tres tanquetas de la Policía custodiaron la zona para evitar problemas mayores.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com.co/noticias/bogota/articulo42934-distrito-rechaza-presencia-de-policias-infiltrados-nacional
Distrito rechaza presencia de policías infiltrados en la Nacional
Por: Elespectador.com
El sub secretario de Convivencia y Seguridad, Andrés Restrepo, señaló que se pudo confirmar que los dos hombres retenidos por más de dos horas en la Universidad, eran agentes de la Dijín que realizaban labores de inteligencia en el plantel educativo.
]"La universidad debe ser un espacio donde se de una deliberación tranquila, sin ningún tipo de presiones", aseguró el funcionario.Este viernes se llevará a cabo una reunión entre los representantes estudiantiles y la Policía Nacional para esclarecer los hechos. Sin embargo, fuentes oficiales de la Fuerza Pública, se mantienen en que los dos unformados no estaban armados. "Los dos agentes estaban el el cumplimiento de su deber, no portaban armas y era un evento público", aseguró el general Rodolfo Palomino, comandante de la Policía de Bogotá, quién no se mostró muy de acuerdo con la posición del Distrito.El pasado jueves, un evento que se llevaba a cabo en las instalaciones de la Universidad fue sorpresivamente interrumpido por cuatro estudiantes que ingresaron al auditorio para desenmascarar a dos hombres que estaban armados. Al final, se pudo descubrir que se trataba de dos policías encubiertos que querían garantizar la seguridad del evento, hecho que enfureció al estudiantado.Los dos uniformados eran Jonathan Gutierrez y Jhon Luis Garzón, agentes de la Dijín, quienes según versiones de los estudiantes, estaban tomando fotos del evento cuando fueron sorprendidos. La Defensoría del Pueblo lideró la mediación para que los estudiantes accedieran a su liberación. Afuera, más de 200 estudiantes reclamaron la presencia de las autoridades respectivas para que evaluaran por qué personal de la fuerza pública puede ingresar al establecimiento educativo con armas y sin uniforme.Varios representantes estudiantiles exigieron la presencia de la Secretaría de Gobierno, para que tomará decisiones al respecto.Por lo menos 100 hombres antidisturbios y tres tanquetas de la Policía custodiaron la zona para evitar problemas mayores.
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La guerra que pasó de agache
La guerra que pasó de agache
Por: María del Rosario Arrázola | Elespectador.com
El temor impera en la comunidad mientras la Fiscalía busca responsables en un proceso que apenas empieza.
Conocedor como nadie de la bomba de tiempo de los violentos en Soacha, el personero de ese municipio, Fernando Escobar, pidió una cita con urgencia en la Casa de Nariño con el asesor presidencial José Obdulio Gaviria. El encuentro se llevó a cabo a finales de junio pasado, y a éste, Escobar llevó denuncias documentadas de una realidad que durante años ha sido mirada de soslayo por algunas autoridades, pero que en las últimas semanas ha concitado un escándalo de marca mayor que parece subir de tono con el paso de los días y que involucraría a miembros del Ejército en hechos aún no aclarados que tienen al país exigiendo responsabilidades.El personero Escobar fue atendido en la oficina del asesor presidencial y a la reunión asistió un analista de seguridad que escuchó con atención la detallada problemática que le relató el funcionario y que, en esencia, se relaciona con el aparente reclutamiento de jóvenes, todos con características similares, de escasos recursos, algunos con antecedentes judiciales o adicciones, de estratos bajos y con un escaso nivel de escolaridad, que inexplicablemente, habiendo sido reportados por sus familiares como desaparecidos, terminaron inhumados en un cementerio de Ocaña, Norte de Santander, siendo señalados como miembros de grupos armados al margen de la ley que fueron dados de baja en combate.Un caso que fue denunciado inicialmente por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos —quien dijo con vehemencia que había uniformados que cambiaban condecoraciones por cuerpos—, y que tiene a fiscales de la Unidad de Derechos Humanos examinando con lupa las órdenes de operaciones de la Brigada 30, al mando del general Paulino Coronado. En principio se habló de once personas, después la cifra subió a 19 y hoy ya nadie se atreve a aventurar un número cierto. Las Fuerzas Militares han negado a pie juntillas que se trate de ejecuciones extrajudiciales, pero los indicios apuntan a la otra orilla.La misma que tres meses antes de que estallara este negro pasaje fue advertida por el personero Escobar. En su encuentro con José Obdulio Gaviria le dijo que estaba muy preocupado con la situación en Soacha, porque se estaba presentando un fenómeno de desplazamiento urbano propiciado, especialmente, por grupos paramilitares y por las llamadas Águilas Negras. Según él, aún sigue latente la estela de horror que sembró la banda de Los gatilleros de Cazucá, dirigida por un temible personaje identificado en el bajo mundo como Tomasito, Fredy Tovar, capturado hace un año y recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita.Fuentes consultadas por El Espectador aseguran que detrás de las desapariciones en Soacha está la mano negra de los herederos de Tomasito. De hecho, en las polvorientas calles de los barrios más deprimidos de Soacha se ven letreros que rezan: “Tomás preso, pero vive. Su gente hace justicia”. Testimonios en poder de las autoridades dan cuente de que subalternos de Tomasito fueron los encargados de convencer a los jóvenes que posteriormente aparecieron muertos en supuestos combates con el Ejército en Ocaña. Lo grave de estas primeras pesquisas es que existen declaraciones que dicen que los “reclutadores” iban acompañados de personas que, al parecer, “eran retirados de las Fuerzas Militares”.Y es que las denuncias abundan en Soacha. Eso sí, la mayoría sin dolientes que afronten sus acusaciones. El pánico perturba a sus pobladores, pero la comunidad dice temerosa que se ven hombres desconocidos tomándoles fotos a menores de edad, que aparecieron volantes extraños ofreciendo salarios de $800.000 para trabajos no especificados a nombre de un señor que sólo se hace llamar Don Mariano, que están obligando a niños, algunos de 12 años, a empuñar armas como escoltas de los ‘paras’, que en menos de tres meses han visto correr la sangre de una veintena de jóvenes y que es una verdad de a puño que los violentos siguen imperando bajo la sombra.Y lo que es peor, ya ni en el Ejército confían. Los números no les cuadran. Voceros consultados por El Espectador concluyen que el episodio de los jóvenes desaparecidos y posteriormente muertos en Ocaña tiene un halo de irregularidades que hacen sospechar de manos criminales que, según las primeras pesquisas de las autoridades, apuntan a endilgar un determinador insospechado: miembros activos o retirados de la Fuerza Pública. Se habla de falsos positivos, un asunto que genera urticaria en el seno del alto mando militar, pero que la Fiscalía empieza a revisar como una tesis bastante posible. De hecho, el ente acusador investiga 558 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en los que han aparecido muertas 1.015 personas.Una cifra que causa escozor y que ha vinculado en distintos expedientes judiciales a 760 miembros de las Fuerzas Armadas. Tan sólo el Ejército tiene 685 uniformados procesados. Curiosamente, de acuerdo con estadísticas de la Fiscalía, los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales han venido en alarmante aumento en los últimos seis años. En 2002 se presentaron siete casos. En 2007, 245. De hecho, 42 miembros del Ejército ya purgan condenas por su probada participación en asesinatos de civiles en estado de indefensión que fueron presentados como guerrilleros abatidos legítimamente. ¿Es este el escenario de Soacha?El Espectador conoció un informe de riesgo fechado el primero de octubre de 2008, elaborado por la Defensoría del Pueblo, que pone el dedo en la llaga sobre la exposición de los menores de edad al reclutamiento por los ilegales en Soacha. Según el documento, el 33% de la población de este municipio es menor de 15 años y sin duda fértil para engrosar las filas de los ilegales. Además, se nota la presencia de un proyecto político paramilitar que convierte a Soacha en una tierra sin ley en la que se ordenan toques de queda sin que las autoridades se percaten.“Pero lamentablemente las autoridades han hecho caso omiso a los informes de riesgo, dando como resultado el incremento de este fenómeno y la no denuncia por parte de la comunidad. La debilidad de la respuesta estatal y la renuencia a atender las recomendaciones del Sistema de Alertas Tempranas se hacen evidentes con el hallazgo de los cuerpos sin vida de jóvenes desaparecidos que presuntamente habrían sido reclutados por grupos al margen de la ley y que desaparecieron entre enero y agosto de 2008 y que aparecieron reportados en Norte de Santander como muertos en combate por parte del Ejército Nacional”, sostiene el informe de la Defensoría del Pueblo, “lo que muestra la magnitud del problema”.Por eso, más allá de las conjeturas, una vez terminó la reunión de junio pasado entre el personero de Soacha y el asesor José Obdulio Gaviria, el Gobierno empezó a hacer un barrido sobre la presunta participación de agentes del Estado en hechos non sanctos en Soacha. El jueves pasado, un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos elaboró un informe que parece confirmar una verdad que, en principio, ha sido desmentida con ahínco por las autoridades: la presunta participación de miembros activos o retirados de las Fuerzas Militares en las escabrosas muertes no aclaradas de por lo menos 19 jóvenes humildes que fueron descubiertos, según conoció El Espectador, por la confesión de un uniformado que decidió contar lo sucedido y que corroboró la versión del personero Escobar.Lo cual explica que cuando empezaron a aparecer los cadáveres de los jóvenes de Soacha, lo primero que hizo José Obdulio Gaviria fue llamar al personero Fernando Escobar para que asistiera a la “cumbre” que se realizó el pasado 29 de septiembre en el despacho del Ministro de Defensa, a la que también fueron el fiscal Mario Iguarán, el vicepresidente Francisco Santos, el general Fredy Padilla, comandante de las Fuerzas Militares; el general Mario Montoya, comandante del Ejército; Carlos Franco, director del programa presidencial de Derechos Humanos; el director de la Policía, general Óscar Naranjo; el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez; el viceprocurador Carlos Arturo Gómez Pavajeau y otros oficiales.El Espectador conoció que en ese encuentro, que derivó en la grave denuncia del Ministro sobre los presuntos falsos positivos, uno de los primeros en tomar la palabra fue el general Mario Montoya, quien advirtió que en cuatro batallones, uno de ellos de contraguerrilla, se han presentado cinco casos que involucran desapariciones. Carlos Franco dijo, por ejemplo, que los jóvenes muertos en Ocaña salieron de sus casas atraídos por la plata. Una versión que parece tomar fuerza luego de que testigos contaran que fueron atraídos para “ir a conocer la Costa para ganarse una plata extra”.La tesis en la que los investigadores encuentran más asidero es la que tiene que ver con una labor de “limpieza” en Soacha. El ministro Santos se rehúsa a darle crédito a esta versión, sin embargo, fue él quien prendió las alarmas y, como dijo un penalista consultado, “explicación no pedida, acusación manifiesta”. Aún así, será la Fiscalía la que determine si los violentos en Soacha eran los que reclutaban y ordenaban muertes en sus filas, o si eran las autoridades las que, buscando sumar en sus positivos, atribuían a inocentes acciones ilegales en busca de condecoraciones o ascensos.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com.co/impreso/judicial/articuloimpreso-guerra-paso-de-agache
www.elespectador.com
Por: María del Rosario Arrázola | Elespectador.com
El temor impera en la comunidad mientras la Fiscalía busca responsables en un proceso que apenas empieza.
Conocedor como nadie de la bomba de tiempo de los violentos en Soacha, el personero de ese municipio, Fernando Escobar, pidió una cita con urgencia en la Casa de Nariño con el asesor presidencial José Obdulio Gaviria. El encuentro se llevó a cabo a finales de junio pasado, y a éste, Escobar llevó denuncias documentadas de una realidad que durante años ha sido mirada de soslayo por algunas autoridades, pero que en las últimas semanas ha concitado un escándalo de marca mayor que parece subir de tono con el paso de los días y que involucraría a miembros del Ejército en hechos aún no aclarados que tienen al país exigiendo responsabilidades.El personero Escobar fue atendido en la oficina del asesor presidencial y a la reunión asistió un analista de seguridad que escuchó con atención la detallada problemática que le relató el funcionario y que, en esencia, se relaciona con el aparente reclutamiento de jóvenes, todos con características similares, de escasos recursos, algunos con antecedentes judiciales o adicciones, de estratos bajos y con un escaso nivel de escolaridad, que inexplicablemente, habiendo sido reportados por sus familiares como desaparecidos, terminaron inhumados en un cementerio de Ocaña, Norte de Santander, siendo señalados como miembros de grupos armados al margen de la ley que fueron dados de baja en combate.Un caso que fue denunciado inicialmente por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos —quien dijo con vehemencia que había uniformados que cambiaban condecoraciones por cuerpos—, y que tiene a fiscales de la Unidad de Derechos Humanos examinando con lupa las órdenes de operaciones de la Brigada 30, al mando del general Paulino Coronado. En principio se habló de once personas, después la cifra subió a 19 y hoy ya nadie se atreve a aventurar un número cierto. Las Fuerzas Militares han negado a pie juntillas que se trate de ejecuciones extrajudiciales, pero los indicios apuntan a la otra orilla.La misma que tres meses antes de que estallara este negro pasaje fue advertida por el personero Escobar. En su encuentro con José Obdulio Gaviria le dijo que estaba muy preocupado con la situación en Soacha, porque se estaba presentando un fenómeno de desplazamiento urbano propiciado, especialmente, por grupos paramilitares y por las llamadas Águilas Negras. Según él, aún sigue latente la estela de horror que sembró la banda de Los gatilleros de Cazucá, dirigida por un temible personaje identificado en el bajo mundo como Tomasito, Fredy Tovar, capturado hace un año y recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita.Fuentes consultadas por El Espectador aseguran que detrás de las desapariciones en Soacha está la mano negra de los herederos de Tomasito. De hecho, en las polvorientas calles de los barrios más deprimidos de Soacha se ven letreros que rezan: “Tomás preso, pero vive. Su gente hace justicia”. Testimonios en poder de las autoridades dan cuente de que subalternos de Tomasito fueron los encargados de convencer a los jóvenes que posteriormente aparecieron muertos en supuestos combates con el Ejército en Ocaña. Lo grave de estas primeras pesquisas es que existen declaraciones que dicen que los “reclutadores” iban acompañados de personas que, al parecer, “eran retirados de las Fuerzas Militares”.Y es que las denuncias abundan en Soacha. Eso sí, la mayoría sin dolientes que afronten sus acusaciones. El pánico perturba a sus pobladores, pero la comunidad dice temerosa que se ven hombres desconocidos tomándoles fotos a menores de edad, que aparecieron volantes extraños ofreciendo salarios de $800.000 para trabajos no especificados a nombre de un señor que sólo se hace llamar Don Mariano, que están obligando a niños, algunos de 12 años, a empuñar armas como escoltas de los ‘paras’, que en menos de tres meses han visto correr la sangre de una veintena de jóvenes y que es una verdad de a puño que los violentos siguen imperando bajo la sombra.Y lo que es peor, ya ni en el Ejército confían. Los números no les cuadran. Voceros consultados por El Espectador concluyen que el episodio de los jóvenes desaparecidos y posteriormente muertos en Ocaña tiene un halo de irregularidades que hacen sospechar de manos criminales que, según las primeras pesquisas de las autoridades, apuntan a endilgar un determinador insospechado: miembros activos o retirados de la Fuerza Pública. Se habla de falsos positivos, un asunto que genera urticaria en el seno del alto mando militar, pero que la Fiscalía empieza a revisar como una tesis bastante posible. De hecho, el ente acusador investiga 558 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en los que han aparecido muertas 1.015 personas.Una cifra que causa escozor y que ha vinculado en distintos expedientes judiciales a 760 miembros de las Fuerzas Armadas. Tan sólo el Ejército tiene 685 uniformados procesados. Curiosamente, de acuerdo con estadísticas de la Fiscalía, los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales han venido en alarmante aumento en los últimos seis años. En 2002 se presentaron siete casos. En 2007, 245. De hecho, 42 miembros del Ejército ya purgan condenas por su probada participación en asesinatos de civiles en estado de indefensión que fueron presentados como guerrilleros abatidos legítimamente. ¿Es este el escenario de Soacha?El Espectador conoció un informe de riesgo fechado el primero de octubre de 2008, elaborado por la Defensoría del Pueblo, que pone el dedo en la llaga sobre la exposición de los menores de edad al reclutamiento por los ilegales en Soacha. Según el documento, el 33% de la población de este municipio es menor de 15 años y sin duda fértil para engrosar las filas de los ilegales. Además, se nota la presencia de un proyecto político paramilitar que convierte a Soacha en una tierra sin ley en la que se ordenan toques de queda sin que las autoridades se percaten.“Pero lamentablemente las autoridades han hecho caso omiso a los informes de riesgo, dando como resultado el incremento de este fenómeno y la no denuncia por parte de la comunidad. La debilidad de la respuesta estatal y la renuencia a atender las recomendaciones del Sistema de Alertas Tempranas se hacen evidentes con el hallazgo de los cuerpos sin vida de jóvenes desaparecidos que presuntamente habrían sido reclutados por grupos al margen de la ley y que desaparecieron entre enero y agosto de 2008 y que aparecieron reportados en Norte de Santander como muertos en combate por parte del Ejército Nacional”, sostiene el informe de la Defensoría del Pueblo, “lo que muestra la magnitud del problema”.Por eso, más allá de las conjeturas, una vez terminó la reunión de junio pasado entre el personero de Soacha y el asesor José Obdulio Gaviria, el Gobierno empezó a hacer un barrido sobre la presunta participación de agentes del Estado en hechos non sanctos en Soacha. El jueves pasado, un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos elaboró un informe que parece confirmar una verdad que, en principio, ha sido desmentida con ahínco por las autoridades: la presunta participación de miembros activos o retirados de las Fuerzas Militares en las escabrosas muertes no aclaradas de por lo menos 19 jóvenes humildes que fueron descubiertos, según conoció El Espectador, por la confesión de un uniformado que decidió contar lo sucedido y que corroboró la versión del personero Escobar.Lo cual explica que cuando empezaron a aparecer los cadáveres de los jóvenes de Soacha, lo primero que hizo José Obdulio Gaviria fue llamar al personero Fernando Escobar para que asistiera a la “cumbre” que se realizó el pasado 29 de septiembre en el despacho del Ministro de Defensa, a la que también fueron el fiscal Mario Iguarán, el vicepresidente Francisco Santos, el general Fredy Padilla, comandante de las Fuerzas Militares; el general Mario Montoya, comandante del Ejército; Carlos Franco, director del programa presidencial de Derechos Humanos; el director de la Policía, general Óscar Naranjo; el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez; el viceprocurador Carlos Arturo Gómez Pavajeau y otros oficiales.El Espectador conoció que en ese encuentro, que derivó en la grave denuncia del Ministro sobre los presuntos falsos positivos, uno de los primeros en tomar la palabra fue el general Mario Montoya, quien advirtió que en cuatro batallones, uno de ellos de contraguerrilla, se han presentado cinco casos que involucran desapariciones. Carlos Franco dijo, por ejemplo, que los jóvenes muertos en Ocaña salieron de sus casas atraídos por la plata. Una versión que parece tomar fuerza luego de que testigos contaran que fueron atraídos para “ir a conocer la Costa para ganarse una plata extra”.La tesis en la que los investigadores encuentran más asidero es la que tiene que ver con una labor de “limpieza” en Soacha. El ministro Santos se rehúsa a darle crédito a esta versión, sin embargo, fue él quien prendió las alarmas y, como dijo un penalista consultado, “explicación no pedida, acusación manifiesta”. Aún así, será la Fiscalía la que determine si los violentos en Soacha eran los que reclutaban y ordenaban muertes en sus filas, o si eran las autoridades las que, buscando sumar en sus positivos, atribuían a inocentes acciones ilegales en busca de condecoraciones o ascensos.
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