Conflicto armado Hostigamientos a muncipios, quema de camiones en las carreteras y ataques contra la policía, son algunas de las acciones de las Farc para conmemorar un año de la muerte de su máximo líder.
Los departamentos del Meta, Valle y Nariño amanecieron este viernes con el asedio de las Farc que decidieron ejecutar ataques indiscriminados en varias regiones del país para conmemorar el primer año de la muerte de ‘Raúl Reyes’ y ‘Tirofijo’, dos de los líderes insignes de este grupo guerrillero.
En las últimas horas, miembros del frente 27 de las Farc lanzaron un cilindro bomba contra un grupo de policías que estaba de guardia en el municipio de Vistahermosa, Meta. Allí murió un patrullero, otros cinco quedaron heridos y tres erradicadores manuales de coca también resultaron lesionados. Y en el municipio de Mesetas, en el mismo departamento, presuntos guerrilleros del frente 43 de las Farc atacaron una guarnición policial que cobró la vida de uno de los uniformados y dejó heridos a dos de sus compañeros.
Entre tanto en Ipiales (Nariño), dos policías quedaron heridos tras un hostigamiento que las Farc hicieron contra este municipio, por unas dos horas, en la madrugada de este viernes. Las autoridades no reportaron ninguna víctima tras el incidente.
Y por último, siete camiones que transportaban mercancía importada fueron quemados por el grupo guerrillero en la vía que de Cali conduce a Buenaventura. El ataque ocurrió en una vereda a 20 minutos del puerto.
Según informó el comandante de la Policía de Carreteras, general Luis Antonio Montenegro, los conductores fueron amenazados y después fueron bajados de los vehículos antes de incinerarlos. Por esta razón , el tráfico entre la capital del Valle y Buenaventura estaba paralizado en la mañana de hoy.
El general Montenegro agregó por último que tropas del Ejército se movilizaron hasta la zona y recibieron el apoyo de aviones de la Fuerza Aérea para retomar el control del lugar.
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www.semana.com
martes, 7 de julio de 2009
Resistencia civil
Opinión En la Unión Soviética se hacía lo mismo con los disidentes: los curaban encerrándolos en hospitales siquiatricos
Antonio Caballero
Hay los problemas que provoca la droga. Y hay además los problemas, infinitamente más graves, que provocan las autoridades con el pretexto de solucionar los problemas que provoca la droga. El primero de ellos es el de la prohibición y consiguiente guerra, con su secuela de sangre, corrupción y destrucción. Y como ñapa, el presidente Álvaro Uribe propone por quinta vez la supresión de la "dosis personal" de los adictos, que sirve para distinguir al inofensivo usuario de drogas del peligroso narcotraficante.
No es una simple idiotez, como parece al escuchar los argumentos que defienden la medida, demagógicos y paternalistas, de santurronería oportunista, pero en el fondo de intención liberticida, como suelen ser siempre las iniciativas de las autoridades cuando acuden al principio de la defensa de la moral. Existe en la hipócrita Arabia Saudita un 'Comité para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio' del cual depende un cuerpo de Policía de costumbres que espía, encarcela y castiga con látigo a quien es sorprendido bebiendo, blasfemando o fornicando. Para allá quiere llevarnos el capataz de esta finca, que ya abandonó el guaro por las goticas homeopáticas y ya aconsejó a los jóvenes posponer para la vejez lo que él llama "el gustico". Quiere que todos sus súbditos, como él, seamos buenos a la fuerza.
Y anuncia su viceministro de Justicia, Miguel Cevallos, que el asunto es más sutil. Al que sea sorprendido consumiendo droga no se le castigará como a un delincuente, sino que se lo tratará como a un enfermo mental. Será puesto por sus captores a disposición de un tribunal especial en el que un juez, asesorado por médicos y sicólogos, le impondrá un tratamiento para su vicio o adicción, obligatorio, y, de acuerdo con la gravedad del caso, con privación temporal de la libertad. Temporal, en principio. Pero ¿y si a pesar del tratamiento a base de drogas, es de suponer- el enfermo nada que se cura? ¿Cadena perpetua? Por otra parte, un millón y medio de colombianos consumimos o hemos consumido drogas (hasta aquel otro paisa abstemio que tuvimos, Pablo Escobar, fumaba marihuana): ¿darán abasto los tribunales especiales del viceministro Ceballos?
Pero la droga, como dije al principio, es sólo el pretexto. El objetivo es otro, como lo señalaba hace unos días en El Espectador el columnista Daniel Pacheco. "Lo que plantea esta nueva ley -escribe Pacheco- es que el Estado es la instancia superior que determina quién es normal y quién es anormal. Después de la droga puede seguir la regulación de la sexualidad, la apariencia física y las ideas, 'por el bien de la sociedad'".
Pues el proceso es el mismo que describe la vieja fabulita didáctica que durante 50 años fue atribuida a Bertolt Brecht (y de la cual gracias a Internet hasta los más ignorantes sabemos hoy que es de un ignoto pastor protestante): la fabulita sobre lo que les pasa a los otros. "Cuando se llevaron a los comunistas no me importó, porque yo no era comunista; cuando se llevaron a los judíos..." etc. El gobierno de Uribe por ahora sólo propone tratar como locos a los drogadictos. En los años finales de a Unión Soviética se hacía lo mismo con los disidentes: en vez de castigarlos enviándolos a Siberia, los curaban encerrándolos en hospitales siquiátricos.
Pacheco, que por lo visto es un entusiasta, concluye su columna con una invitación a sus lectores para que "pasen a la acción" y vayan a manifestarse este jueves que viene en la Plaza de Bolívar de Bogotá, a las 6 de la tarde, portando cada cual su "dosis de personalidad". Tiene razón. Como la tenía el autor de la fabulita. La libertad se construye y se mantiene mediante la resistencia civil contra el poder.
...
NOTA que algo tiene que ver con lo anterior. Alguien debió decirle por fin a la Secretaria de Gobierno de la Alcaldía Mayor que el verbo "ver" no se conjuga con zeta. Y ahora por lo menos respetan la ortografía en los anuncios de prensa con los que, al paso que compran la benevolencia de la prensa, incitan a los ciudadanos a delatar a los niños que vean fumando ante el número de emergencias 123 (¿unodostrez ). ¿Qué harán después con ellos? En el caso hipotético de que en el 123 contesten ¿se llenarán de niños fumadores los manicomios de Colombia?
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Antonio Caballero
Hay los problemas que provoca la droga. Y hay además los problemas, infinitamente más graves, que provocan las autoridades con el pretexto de solucionar los problemas que provoca la droga. El primero de ellos es el de la prohibición y consiguiente guerra, con su secuela de sangre, corrupción y destrucción. Y como ñapa, el presidente Álvaro Uribe propone por quinta vez la supresión de la "dosis personal" de los adictos, que sirve para distinguir al inofensivo usuario de drogas del peligroso narcotraficante.
No es una simple idiotez, como parece al escuchar los argumentos que defienden la medida, demagógicos y paternalistas, de santurronería oportunista, pero en el fondo de intención liberticida, como suelen ser siempre las iniciativas de las autoridades cuando acuden al principio de la defensa de la moral. Existe en la hipócrita Arabia Saudita un 'Comité para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio' del cual depende un cuerpo de Policía de costumbres que espía, encarcela y castiga con látigo a quien es sorprendido bebiendo, blasfemando o fornicando. Para allá quiere llevarnos el capataz de esta finca, que ya abandonó el guaro por las goticas homeopáticas y ya aconsejó a los jóvenes posponer para la vejez lo que él llama "el gustico". Quiere que todos sus súbditos, como él, seamos buenos a la fuerza.
Y anuncia su viceministro de Justicia, Miguel Cevallos, que el asunto es más sutil. Al que sea sorprendido consumiendo droga no se le castigará como a un delincuente, sino que se lo tratará como a un enfermo mental. Será puesto por sus captores a disposición de un tribunal especial en el que un juez, asesorado por médicos y sicólogos, le impondrá un tratamiento para su vicio o adicción, obligatorio, y, de acuerdo con la gravedad del caso, con privación temporal de la libertad. Temporal, en principio. Pero ¿y si a pesar del tratamiento a base de drogas, es de suponer- el enfermo nada que se cura? ¿Cadena perpetua? Por otra parte, un millón y medio de colombianos consumimos o hemos consumido drogas (hasta aquel otro paisa abstemio que tuvimos, Pablo Escobar, fumaba marihuana): ¿darán abasto los tribunales especiales del viceministro Ceballos?
Pero la droga, como dije al principio, es sólo el pretexto. El objetivo es otro, como lo señalaba hace unos días en El Espectador el columnista Daniel Pacheco. "Lo que plantea esta nueva ley -escribe Pacheco- es que el Estado es la instancia superior que determina quién es normal y quién es anormal. Después de la droga puede seguir la regulación de la sexualidad, la apariencia física y las ideas, 'por el bien de la sociedad'".
Pues el proceso es el mismo que describe la vieja fabulita didáctica que durante 50 años fue atribuida a Bertolt Brecht (y de la cual gracias a Internet hasta los más ignorantes sabemos hoy que es de un ignoto pastor protestante): la fabulita sobre lo que les pasa a los otros. "Cuando se llevaron a los comunistas no me importó, porque yo no era comunista; cuando se llevaron a los judíos..." etc. El gobierno de Uribe por ahora sólo propone tratar como locos a los drogadictos. En los años finales de a Unión Soviética se hacía lo mismo con los disidentes: en vez de castigarlos enviándolos a Siberia, los curaban encerrándolos en hospitales siquiátricos.
Pacheco, que por lo visto es un entusiasta, concluye su columna con una invitación a sus lectores para que "pasen a la acción" y vayan a manifestarse este jueves que viene en la Plaza de Bolívar de Bogotá, a las 6 de la tarde, portando cada cual su "dosis de personalidad". Tiene razón. Como la tenía el autor de la fabulita. La libertad se construye y se mantiene mediante la resistencia civil contra el poder.
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NOTA que algo tiene que ver con lo anterior. Alguien debió decirle por fin a la Secretaria de Gobierno de la Alcaldía Mayor que el verbo "ver" no se conjuga con zeta. Y ahora por lo menos respetan la ortografía en los anuncios de prensa con los que, al paso que compran la benevolencia de la prensa, incitan a los ciudadanos a delatar a los niños que vean fumando ante el número de emergencias 123 (¿unodostrez ). ¿Qué harán después con ellos? En el caso hipotético de que en el 123 contesten ¿se llenarán de niños fumadores los manicomios de Colombia?
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Secretos sobre estado actual de 'Jojoy' y las Farc se hallaron en cuevas del Meta donde se escondía
Marzo 24 de 2009
EL TIEMPO recorrió La Uribe y el Guayabero y tuvo acceso a información que, entre otras cosas, cuenta cómo murió 'Adán Izquierdo', un 'histórico' de las Farc que estuvo postulado al secretariado.
También hay un video que muestra las dificultades del jefe guerrillero 'Andrés París', intentado trepar una empinada cascada en las montañas del Meta a la par de sus subalternos. La imagen dista mucho del negociador que se solía ver en el Caguán.
'Adán Izquierdo' ¿asesinado por su compañera?
El mejor estilo de Alí Babá y los 40 ladrones, personajes de Las mil y una noches, el 'Mono Jojoy' tenía guardados algunos de sus secretos más importantes en las cuevas de las que salió huyendo en febrero por las operaciones militares en La Macarena.
En los documentos, que hoy son analizados por inteligencia militar, hay varios cuadernos escritos por la radioperadora del 'Mono Jojoy'. Son una especie de diario del máximo jefe militar de esa guerrilla, con fechas, horas y datos específicos. Algunas fuentes dicen que los 'cuadernos de Jojoy' pueden ser tan reveladores como los archivos del PC de 'Reyes'.
En uno de esos cuadernos aparece registrado el mensaje que el 26 de junio del 2006 Briceño envió por radio a todos los jefes de frentes, con una mención especial a 'Jhon 40', del frente 43.
"A todos: deben tener en claro que la gente nueva debe pasar por un proceso (...) Los comandantes no pueden socializar con las guerrilleras nuevas porque les puede generar conflictos -dice el reporte-. Hay que recordar el caso del camarada 'Adán Izquierdo', que terminó asesinado por la compañera por malos entendidos con una guerrillera nueva".
Según la versión que entregaron las Farc en su momento, en los últimos meses de la zona de distensión (2002), 'Izquierdo' murió a causa de una enfermedad. En la zona, sin embargo, el rumor de una pelea pasional cobró fuerza y de inmediato fue desmentido. El mensaje de 'Jojoy' da nuevas pistas sobre el fin de 'Izquierdo'.
La ruta del 'Mono' y el acoso del Ejército
Los documentos marcan también los últimos pasos del jefe del bloque Oriental. Después de huir de La Macarena, en el 2007, se internó en la región del Guayabero y buscó la cabecera del río Papaneme, donde hace un año la Fuerza de Despliegue Rápido lanzó en su contra la operación Filipo III.
Hay 25 registros, entre el 3 de febrero del 2007 y enero del 2009. Los puntos que están consignados fueron hechos cuando el jefe de las Farc recibía la remesa que sus hombres le enviaban, a lomo de mula, desde Baraya y Colombia (Huila).
Uno de los registros, del 8 de junio del año pasado, reseña el sitio La Lulera, en el Guayabero (Meta). Allí estaba esperando un lote de mulas, pero fue interceptado por el Ejército. Los guerrilleros, según el registro del radioperador, solicitan que los abastecimientos entren por otro lugar, porque "el Huila está lleno de tropa".
Hacia finales del año, dicen los cuadernos, un número reducido de abastecimientos llegó por el río Leyva. El 12 de noviembre vuelve a quedar constancia de que, en un nuevo intento, se envió otra caravana de mulas. El Ejército también la detectó.
El último registro del cuaderno de la radioperadora ubica a 'Jojoy' en las bocas del Papaneme, una extensa zona selvática al occidente del Guayabero. En el llamado se pide con urgencia al interlocutor "la medicina del camarada...".
Se refieren a las drogas que necesita el jefe guerrillero para la diabetes que lo aqueja hace algunos años y que quedó en evidencia por una foto publicada por EL TIEMPO el año pasado.
Publicado en:
www.eltiempo.com
lunes, 15 de junio de 2009
“Entregué a más de 30 jóvenes para ‘falsos positivos’”
Este es el testimonio del hombre que les entregó a algunos miembros del Ejército los jóvenes de Soacha que fueron asesinados el año pasado en Ocaña y presentados como muertos en combate. Su impresionante versión de los hechos lo han convertido en uno de los testigos claves de la Fiscalía.
"Yo no nací para vivir toda la vida". Con esta frase lapidaria comienza el recuento de su escalofriante historia un joven de apenas 21 años, cuyo testimonio puede poner contra la pared a varios militares de Ocaña que asesinaron por lo menos a 11 jóvenes de Soacha para presentarlos como guerrilleros muertos en combate.
Con su rostro esquelético y su mirada oscura y penetrante cuenta con frialdad cómo funcionaba por dentro la máquina de muerte que estremeció al país el año pasado cuando estalló el escándalo de los 'falsos positivos'. Este joven admite que participó en la muerte de por lo menos 30 víctimas. Se trata de un testigo de excepción que logró sobrevivir al propio entramado delincuencial para el cual trabajó y cuyo testimonio es hoy una pieza central en la investigación que adelantan la Fiscalía y la Procuraduría contra los 27 oficiales -incluidos tres generales y cuatro coroneles- que fueron destituidos por el gobierno en octubre.
"Es una historia larga" dice e inicia su narración de más de tres horas. Este testigo, hoy celosamente protegido por la Fiscalía, cuenta que abandonó el colegio en octavo grado porque se envició a los videojuegos y desde entonces su vida se limitó a las malas compañías y a recorrer de arriba abajo las calles de Ocaña rebuscándose la vida como mototaxista. Diariamente se hacía 20.000 pesos, "la mitad para mí y la mitad para el dueño de la moto", lo que no alcanzaba para colmar sus ambiciones.
Pero en 2006 su vida daría un giro, cuando Fabio Sanjuán Santiago, un ex soldado que había servido en Arauca, y reconocido jíbaro de la ciudad, empezó a contratarlo para hacer las entregas de droga. El pago era jugoso. "Cuando uno es ambicioso y tiene la manera de conseguir plata fácil, termina por tomar cualquier negocio que deje ganancias. Pero en algún momento llega un tope, bien por el cargo de conciencia o por miedo a terminar asesinado por los socios", reconoce.
Rápidamente, el joven se ganó la confianza de Sanjuán, quien le abrió más espacios en sus turbios negocios. No sólo en el expendio de drogas en bares y esquinas, sino como informante del Ejército. Sanjuán tenía fuertes conexiones con militares de la zona, quienes acudían al instante cuando este los llamaba o les reportaba la presencia de sospechosos o desconocidos en el bajo mundo de bares y prostíbulos. En pocos meses Sanjuán le confió al hoy testigo protegido suficiente droga para que él mismo la distribuyera, y lo contactó con suboficiales de confianza.
A finales de ese año, en 2006, Sanjuán lo llamó para que juntos transportaran a dos muchachos que acababan de llegar a Ocaña. Los cuatro hombres se tomaron unas cervezas en un bar y horas más tarde se fueron en sendas motos por la vía hacia el municipio de Convención. A los 10 kilómetros, aproximadamente, encontraron un retén militar. Sanjuán detuvo la marcha, se bajó de la moto y habló a solas con el suboficial que estaba al mando. Luego les dijo a los dos jóvenes de Bogota: "Ustedes se quedan acá, ellos les explican qué sigue". Sin darse cuenta, el testigo registraba su primera participación en un 'falso positivo'.
Una escena pavorosa
El testigo y Sanjuán regresaron a Ocaña de inmediato. Al día siguiente escuchó inquieto en la emisora local la noticia de un supuesto combate en las faldas del municipio de Convención adonde el Ejército había dado de baja a dos guerrilleros. Más tarde llegó Sanjuán y le entregó 300.000 pesos, y le advirtió que siempre y cuando se guardara absoluto silencio esas vueltas se pagaban bien. "Nunca había recibido de un solo totazo tanto dinero por hacer nada", dice el testigo. No le importó la suerte de los jóvenes que murieron. Ese día empezó su carrera homicida, mientras su ambición crecía.
A partir de entonces las "entregas", como llamaban entre ellos el traslado de las personas que serían asesinadas, se convirtieron en una rutina semanal. El testigo afirma que en varias oportunidades acompañó a Sanjuán a recoger muchachos en la terminal de buses de Ocaña. Venían de todo el país atraídos con el señuelo de vincularse a grupos paramilitares o como vigilantes. Sanjuán se los llevaba para su casa o para la de un cabo de apellido Gutiérrez, que supuestamente pertenecía a la Brigada Móvil 15. "Yo entendía que mientras menos supiera más vivía", explica el testigo. A estas alturas ya sabía con total claridad que su trabajo era llevar hacia el patíbulo a las víctimas que serían asesinadas por militares. Y por las que a él le pagaban bien.
A pesar de su frialdad, la primera semana de enero de 2007 una escena pavorosa lo puso a temblar. Ocurrió en la vereda Culebritas, en la zona rural de Convención. Hasta allí fue con Sanjuán a eso de las 10 de la noche, "todas las entregas se hacían de noche". En esa ocasión las víctimas fueron tres muchachos entre los 23 y los 27 años que estaban convencidos de que se vincularían a los paramilitares. Esperaron por dos horas que llegaran los militares. Hacia la medianoche, Sanjuán recibió una llamada en la que le dijeron que no había tropa para recoger a los muchachos pero le advirtieron que no podía regresar con ellos. Tras comentar en voz baja la situación con el testigo, Sanjuán llevó a los tres muchachos disimuladamente hacia el borde de una zanja, sacó su arma y, por la espalda, le propinó a cada uno varios tiros en la cabeza y el tórax. Tras verificar que todos estaban muertos los cubrieron con rastrojo y sin más bajaron de la vereda y regresaron a Ocaña. "Lo único que me dijo fue 'cuando toca así, toca'", recuerda. Dos años después el testigo intentó encontrar, junto a un grupo de investigadores del CTI, el lugar donde quedaron los cuerpos. Pero la diligencia continúa pendiente, pues en esa ocasión la Policía impidió el paso de la comitiva porque la zona estaba minada por la guerrilla.
Este triple asesinato se clavó en su mente y entendió que podría terminar como esos tres muchachos. Entonces decidió alejarse de todo incorporándose al Ejército. Pero poco tiempo después, desertó. Estuvo un par de meses en Cúcuta y luego, cuando el susto ya se había diluido en el tiempo, regresó a Ocaña, y de nuevo a sus andanzas criminales con Sanjuán.
"Después de los carnavales de Ocaña, en enero de 2008, Fabio me dice que lo acompañe a Bogotá para cuadrar un negocio. Estuvimos dos días y nos la pasamos tomando en una tienda de Soacha donde nos quedamos. Él habló con un tipo llamado Álex, que también fue soldado y luego nos devolvimos".
Al parecer en esa charla se acordó el reclutamiento de jóvenes del sur de Bogotá que serían enviados con engaños a Ocaña, pues desde entonces empezaron las ejecuciones de "rolos". Aunque no recuerda con precisión las fechas, cuenta que la última semana de enero del año pasado llegaron los primeros tres jóvenes, quienes creían que iban a trabajar como escoltas en el negocio de un narco. "Estoy seguro de que uno se llamaba César". Al parecer, se trataba de Julio César Mesa, quien según su familia desapareció de Soacha el 26 de enero.
El testigo cuenta que los muchachos duraron dos días con él. En las noches se los llevaba de farra a los bares, y les daba todo el trago y la droga que quisieran "mientras llamaban a pedirlos". Al final, Sanjuán anunció que había que llevar a dos de ellos hacia Aguas Claras, un paraje en la vía Las Chircas, vereda aledaña a Ocaña. "Arrancamos y lo mismo: un retén, los muchachos se quedaron allá y nosotros nos devolvimos". Al otro día, a las 11 de la noche, le correspondió el turno al tercero de ese grupo. Lo entregamos en un taxi, por la vía al municipio de La Playa. "Por esos tres, Fabio me dio casi un millón de pesos".
Las "entregas" empezaron a multiplicarse y, por lo tanto, la plata que recibía el testigo, también. Recuerda por ejemplo a otros dos jóvenes que llegaron a Ocaña un día temprano en la mañana y que fueron "entregados" esa misma noche. No llevaban ni una hora tomando cerveza en el bar, cuando recibieron la instrucción de llevarlos hasta un retén en la vía que va al municipio de Teorama. Y a los pocos días dos más que entregaron por la carretera que conduce a Convención.
Comienza el escándalo
Uno de los investigadores de los 'falsos positivos' de Ocaña le dijo a SEMANA que se han verificado los hechos y tiempos descritos por el testigo, y que coinciden con las denuncias que hicieron las humildes familias de los 11 jóvenes desaparecidos de Soacha. El testigo reconoce que las víctimas eran generalmente desempleados, algunos con problemas de adicción e infracciones menores a la ley. "Escogían los más 'chirretes', los que estuvieran vagando y dispuestos a irse a ganar harta plata en trabajos raros", afirma el mismo testigo.
Alrededor de los 'falsos positivos' surgieron otros negocios de los que también se lucraban. Uno de ellos era la compra de revólveres, pistolas y municiones viejas en el mundo del lumpen para vendérselas a militares de la Brigada Móvil 15, que las usaban posteriormente para 'legalizar' las ejecuciones, y mostrar a las víctimas como peligrosos criminales que estaban armados. El testigo asegura que recibía entre 100.000 y 200.000 pesos por cada elemento que entregaban en la Central de Inteligencia de Ocaña (Cioca) adscrita al Batallón Santander, adonde entró y salió en varias oportunidades a pesar de ser desertor de esa guarnición.
La otra ganancia adicional resultó ser el aumento de la venta de droga en los bares a los que llegaban algunos de los soldados "a beber y meter vicio" para celebrar los días de permiso y las bonificaciones que conseguían por los resultados presentados.
Pero en agosto del año pasado tanto el testigo como Sanjuán empezaron a recibir amenazas de los militares. El escándalo de los 'falsos positivos' empezaba a gestarse. Medicina Legal y otras autoridades habían empezado a cruzar información para identificar a decenas de jóvenes que estaban enterrados como N.N. en fosas de Ocaña. Encontraron que casi todos ellos habían sido reportados como bajas en combate. La tensión en la Brigada Móvil 15 y en el Batallón Santander era total.
Fabio Sanjuán entendió que tenía que salir de Ocaña. "Me dijo que nos estaban buscando para matarnos, que él iba a vender unas armas y se desaparecía. Pero no alcanzó. Al siguiente día, el 13 de agosto, lo mataron en el barrio El Peñón".
El testigo huyó hacia Cúcuta. Pero a mediados de octubre regresó a Ocaña. De inmediato empezó a recibir llamadas amenazantes y a ser asediado por vehículos sospechosos que rondaban su casa. Para ese momento ya el escándalo de los 'falsos positivos' había estallado y todo el país estaba consternado y pidiendo justicia. El testigo se sintió acorralado y decidió presentarse ante la Fiscalía de Ocaña para "confesar quién era yo y qué había hecho".
Le contó a un grupo elite de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía todo lo que sabía. Señaló lugares, personas y modos de operación de la red criminal que había hecho de las ejecuciones un negocio. Se convirtió en un testigo protegido. Cinco meses después se queja. "Me prometieron que si colaboraba estaría en lugar seguro junto a mi familia y no me han cumplido". El Programa de Protección de Testigos, sin embargo, le ha hecho varios llamados de atención por no cumplir las normas que exige el programa.
Este joven, que en los dos últimos años llevó a la muerte a por lo menos 30 muchachos como él, hoy teme correr la misma suerte. Pero aunque se salve de sus enemigos, le esperan seguramente muchos años de cárcel. Por más que haya colaborado con la justicia, también está siendo procesado por estos crímenes atroces, que se convirtieron en una de las mayores vergüenzas de las Fuerzas Armadas. Un episodio lamentable que cometieron algunas manzanas podridas dentro del Ejército pero que desafortunadamente salpican a toda una institución que, paradójicamente, ha logrado sus mayores logros militares en la historia en esos mismos años.
"Yo no nací para vivir toda la vida". Con esta frase lapidaria comienza el recuento de su escalofriante historia un joven de apenas 21 años, cuyo testimonio puede poner contra la pared a varios militares de Ocaña que asesinaron por lo menos a 11 jóvenes de Soacha para presentarlos como guerrilleros muertos en combate.
Con su rostro esquelético y su mirada oscura y penetrante cuenta con frialdad cómo funcionaba por dentro la máquina de muerte que estremeció al país el año pasado cuando estalló el escándalo de los 'falsos positivos'. Este joven admite que participó en la muerte de por lo menos 30 víctimas. Se trata de un testigo de excepción que logró sobrevivir al propio entramado delincuencial para el cual trabajó y cuyo testimonio es hoy una pieza central en la investigación que adelantan la Fiscalía y la Procuraduría contra los 27 oficiales -incluidos tres generales y cuatro coroneles- que fueron destituidos por el gobierno en octubre.
"Es una historia larga" dice e inicia su narración de más de tres horas. Este testigo, hoy celosamente protegido por la Fiscalía, cuenta que abandonó el colegio en octavo grado porque se envició a los videojuegos y desde entonces su vida se limitó a las malas compañías y a recorrer de arriba abajo las calles de Ocaña rebuscándose la vida como mototaxista. Diariamente se hacía 20.000 pesos, "la mitad para mí y la mitad para el dueño de la moto", lo que no alcanzaba para colmar sus ambiciones.
Pero en 2006 su vida daría un giro, cuando Fabio Sanjuán Santiago, un ex soldado que había servido en Arauca, y reconocido jíbaro de la ciudad, empezó a contratarlo para hacer las entregas de droga. El pago era jugoso. "Cuando uno es ambicioso y tiene la manera de conseguir plata fácil, termina por tomar cualquier negocio que deje ganancias. Pero en algún momento llega un tope, bien por el cargo de conciencia o por miedo a terminar asesinado por los socios", reconoce.
Rápidamente, el joven se ganó la confianza de Sanjuán, quien le abrió más espacios en sus turbios negocios. No sólo en el expendio de drogas en bares y esquinas, sino como informante del Ejército. Sanjuán tenía fuertes conexiones con militares de la zona, quienes acudían al instante cuando este los llamaba o les reportaba la presencia de sospechosos o desconocidos en el bajo mundo de bares y prostíbulos. En pocos meses Sanjuán le confió al hoy testigo protegido suficiente droga para que él mismo la distribuyera, y lo contactó con suboficiales de confianza.
A finales de ese año, en 2006, Sanjuán lo llamó para que juntos transportaran a dos muchachos que acababan de llegar a Ocaña. Los cuatro hombres se tomaron unas cervezas en un bar y horas más tarde se fueron en sendas motos por la vía hacia el municipio de Convención. A los 10 kilómetros, aproximadamente, encontraron un retén militar. Sanjuán detuvo la marcha, se bajó de la moto y habló a solas con el suboficial que estaba al mando. Luego les dijo a los dos jóvenes de Bogota: "Ustedes se quedan acá, ellos les explican qué sigue". Sin darse cuenta, el testigo registraba su primera participación en un 'falso positivo'.
Una escena pavorosa
El testigo y Sanjuán regresaron a Ocaña de inmediato. Al día siguiente escuchó inquieto en la emisora local la noticia de un supuesto combate en las faldas del municipio de Convención adonde el Ejército había dado de baja a dos guerrilleros. Más tarde llegó Sanjuán y le entregó 300.000 pesos, y le advirtió que siempre y cuando se guardara absoluto silencio esas vueltas se pagaban bien. "Nunca había recibido de un solo totazo tanto dinero por hacer nada", dice el testigo. No le importó la suerte de los jóvenes que murieron. Ese día empezó su carrera homicida, mientras su ambición crecía.
A partir de entonces las "entregas", como llamaban entre ellos el traslado de las personas que serían asesinadas, se convirtieron en una rutina semanal. El testigo afirma que en varias oportunidades acompañó a Sanjuán a recoger muchachos en la terminal de buses de Ocaña. Venían de todo el país atraídos con el señuelo de vincularse a grupos paramilitares o como vigilantes. Sanjuán se los llevaba para su casa o para la de un cabo de apellido Gutiérrez, que supuestamente pertenecía a la Brigada Móvil 15. "Yo entendía que mientras menos supiera más vivía", explica el testigo. A estas alturas ya sabía con total claridad que su trabajo era llevar hacia el patíbulo a las víctimas que serían asesinadas por militares. Y por las que a él le pagaban bien.
A pesar de su frialdad, la primera semana de enero de 2007 una escena pavorosa lo puso a temblar. Ocurrió en la vereda Culebritas, en la zona rural de Convención. Hasta allí fue con Sanjuán a eso de las 10 de la noche, "todas las entregas se hacían de noche". En esa ocasión las víctimas fueron tres muchachos entre los 23 y los 27 años que estaban convencidos de que se vincularían a los paramilitares. Esperaron por dos horas que llegaran los militares. Hacia la medianoche, Sanjuán recibió una llamada en la que le dijeron que no había tropa para recoger a los muchachos pero le advirtieron que no podía regresar con ellos. Tras comentar en voz baja la situación con el testigo, Sanjuán llevó a los tres muchachos disimuladamente hacia el borde de una zanja, sacó su arma y, por la espalda, le propinó a cada uno varios tiros en la cabeza y el tórax. Tras verificar que todos estaban muertos los cubrieron con rastrojo y sin más bajaron de la vereda y regresaron a Ocaña. "Lo único que me dijo fue 'cuando toca así, toca'", recuerda. Dos años después el testigo intentó encontrar, junto a un grupo de investigadores del CTI, el lugar donde quedaron los cuerpos. Pero la diligencia continúa pendiente, pues en esa ocasión la Policía impidió el paso de la comitiva porque la zona estaba minada por la guerrilla.
Este triple asesinato se clavó en su mente y entendió que podría terminar como esos tres muchachos. Entonces decidió alejarse de todo incorporándose al Ejército. Pero poco tiempo después, desertó. Estuvo un par de meses en Cúcuta y luego, cuando el susto ya se había diluido en el tiempo, regresó a Ocaña, y de nuevo a sus andanzas criminales con Sanjuán.
"Después de los carnavales de Ocaña, en enero de 2008, Fabio me dice que lo acompañe a Bogotá para cuadrar un negocio. Estuvimos dos días y nos la pasamos tomando en una tienda de Soacha donde nos quedamos. Él habló con un tipo llamado Álex, que también fue soldado y luego nos devolvimos".
Al parecer en esa charla se acordó el reclutamiento de jóvenes del sur de Bogotá que serían enviados con engaños a Ocaña, pues desde entonces empezaron las ejecuciones de "rolos". Aunque no recuerda con precisión las fechas, cuenta que la última semana de enero del año pasado llegaron los primeros tres jóvenes, quienes creían que iban a trabajar como escoltas en el negocio de un narco. "Estoy seguro de que uno se llamaba César". Al parecer, se trataba de Julio César Mesa, quien según su familia desapareció de Soacha el 26 de enero.
El testigo cuenta que los muchachos duraron dos días con él. En las noches se los llevaba de farra a los bares, y les daba todo el trago y la droga que quisieran "mientras llamaban a pedirlos". Al final, Sanjuán anunció que había que llevar a dos de ellos hacia Aguas Claras, un paraje en la vía Las Chircas, vereda aledaña a Ocaña. "Arrancamos y lo mismo: un retén, los muchachos se quedaron allá y nosotros nos devolvimos". Al otro día, a las 11 de la noche, le correspondió el turno al tercero de ese grupo. Lo entregamos en un taxi, por la vía al municipio de La Playa. "Por esos tres, Fabio me dio casi un millón de pesos".
Las "entregas" empezaron a multiplicarse y, por lo tanto, la plata que recibía el testigo, también. Recuerda por ejemplo a otros dos jóvenes que llegaron a Ocaña un día temprano en la mañana y que fueron "entregados" esa misma noche. No llevaban ni una hora tomando cerveza en el bar, cuando recibieron la instrucción de llevarlos hasta un retén en la vía que va al municipio de Teorama. Y a los pocos días dos más que entregaron por la carretera que conduce a Convención.
Comienza el escándalo
Uno de los investigadores de los 'falsos positivos' de Ocaña le dijo a SEMANA que se han verificado los hechos y tiempos descritos por el testigo, y que coinciden con las denuncias que hicieron las humildes familias de los 11 jóvenes desaparecidos de Soacha. El testigo reconoce que las víctimas eran generalmente desempleados, algunos con problemas de adicción e infracciones menores a la ley. "Escogían los más 'chirretes', los que estuvieran vagando y dispuestos a irse a ganar harta plata en trabajos raros", afirma el mismo testigo.
Alrededor de los 'falsos positivos' surgieron otros negocios de los que también se lucraban. Uno de ellos era la compra de revólveres, pistolas y municiones viejas en el mundo del lumpen para vendérselas a militares de la Brigada Móvil 15, que las usaban posteriormente para 'legalizar' las ejecuciones, y mostrar a las víctimas como peligrosos criminales que estaban armados. El testigo asegura que recibía entre 100.000 y 200.000 pesos por cada elemento que entregaban en la Central de Inteligencia de Ocaña (Cioca) adscrita al Batallón Santander, adonde entró y salió en varias oportunidades a pesar de ser desertor de esa guarnición.
La otra ganancia adicional resultó ser el aumento de la venta de droga en los bares a los que llegaban algunos de los soldados "a beber y meter vicio" para celebrar los días de permiso y las bonificaciones que conseguían por los resultados presentados.
Pero en agosto del año pasado tanto el testigo como Sanjuán empezaron a recibir amenazas de los militares. El escándalo de los 'falsos positivos' empezaba a gestarse. Medicina Legal y otras autoridades habían empezado a cruzar información para identificar a decenas de jóvenes que estaban enterrados como N.N. en fosas de Ocaña. Encontraron que casi todos ellos habían sido reportados como bajas en combate. La tensión en la Brigada Móvil 15 y en el Batallón Santander era total.
Fabio Sanjuán entendió que tenía que salir de Ocaña. "Me dijo que nos estaban buscando para matarnos, que él iba a vender unas armas y se desaparecía. Pero no alcanzó. Al siguiente día, el 13 de agosto, lo mataron en el barrio El Peñón".
El testigo huyó hacia Cúcuta. Pero a mediados de octubre regresó a Ocaña. De inmediato empezó a recibir llamadas amenazantes y a ser asediado por vehículos sospechosos que rondaban su casa. Para ese momento ya el escándalo de los 'falsos positivos' había estallado y todo el país estaba consternado y pidiendo justicia. El testigo se sintió acorralado y decidió presentarse ante la Fiscalía de Ocaña para "confesar quién era yo y qué había hecho".
Le contó a un grupo elite de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía todo lo que sabía. Señaló lugares, personas y modos de operación de la red criminal que había hecho de las ejecuciones un negocio. Se convirtió en un testigo protegido. Cinco meses después se queja. "Me prometieron que si colaboraba estaría en lugar seguro junto a mi familia y no me han cumplido". El Programa de Protección de Testigos, sin embargo, le ha hecho varios llamados de atención por no cumplir las normas que exige el programa.
Este joven, que en los dos últimos años llevó a la muerte a por lo menos 30 muchachos como él, hoy teme correr la misma suerte. Pero aunque se salve de sus enemigos, le esperan seguramente muchos años de cárcel. Por más que haya colaborado con la justicia, también está siendo procesado por estos crímenes atroces, que se convirtieron en una de las mayores vergüenzas de las Fuerzas Armadas. Un episodio lamentable que cometieron algunas manzanas podridas dentro del Ejército pero que desafortunadamente salpican a toda una institución que, paradójicamente, ha logrado sus mayores logros militares en la historia en esos mismos años.
El Eslabón perdido
El ex paramilitar recién capturado Rodrigo Zapata, la mano derecha de Vicente Castaño, es el hombre detrás de la reunión de ‘Job’ en la Casa de Nariño.
Rodrigo Zapata es un desconocido para la mayoría de los colombianos. Pero en el mundo del paramilitarismo su nombre infunde respeto y temor. Durante años permaneció al lado de Vicente Castaño y fue la sombra y la mano derecha del jefe de las autodefensas. A pesar de ser un hombre fuerte de ese movimiento, Zapata siempre optó mantener un perfil muy bajo. De hecho, cuando se desmovilizó hace cinco años lo hizo como un simple combatiente raso del Bloque Pacífico. El jueves de la semana pasada fue capturado en el centro comercial Unicentro, en el norte de Bogotá, por orden de una fiscal de Medellín que lo sindica de los delitos de homicidio y concierto para delinquir. Las autoridades lo acusan, entre otras, de estar relacionado con cerca de 1.200 asesinatos cometidos entre 1997 y 2004. La mayoría de estos asesinatos habrían ocurrido en los municipios de Titiribí, Angelópolis y Amagá, en el suroeste de Antioquia, zona a la cual fue enviado Zapata hace más de una década por orden de Castaño para ‘abrir plaza’, es decir, expandir el dominio paramilitar en esa región.
Investigadores de la Fiscalía de Medellín también han estado siguiendo la pista sobre las movidas de Zapata en Urabá. Testimonios de víctimas y desmovilizados lo señalan como una persona clave en los cultivos de palma de Vicente Castaño, que se hicieron a costa de desplazamientos forzados y violencia contra los campesinos. Se le señala como testaferro de Castaño y uno de los que habría heredado parte de sus negocios y territorios. Según la justicia, Zapata es clave para aclarar un sinnúmero de crímenes cometidos por los paramilitares.
Pero lo que desconoce la opinión pública es que este hombre de 41 años de edad es el eslabón perdido detrás del reciente escándalo que provocó la reunión entre emisarios de ‘Don Berna’ con funcionarios de la Casa de Nariño, el 23 de abril de 2008.
Como se recordará, en agosto del año pasado SEMANA reveló cómo Antonio López, alias ‘Job’, y Diego Álvarez, el abogado del jefe paramilitar ‘Don Berna’, ingresaron por los sótanos de Palacio y se reunieron con funcionarios de la Presidencia para entregar supuestas pruebas de un complot de miembros de la Corte Suprema contra el gobierno. Se conoció después que estuvieron en la cita el secretario jurídico, Edmundo del Castillo, y el secretario de prensa de la Presidencia, César Mauricio Velásquez; el entonces embajador designado Juan José Chaux; el abogado y lobysta Óscar Iván Palacio y la subdirectora de operaciones del DAS, Marta Inés Leal.
En su momento, los miembros del gobierno dieron confusas explicaciones sobre la peculiar visita, mientras la Procuraduría y la Fiscalía anunciaron la apertura de investigaciones sobre el caso, las cuales aún están en desarrollo. Cuando estalló el escándalo, ‘Job’ ya había sido asesinado en extrañas circunstancias en julio del año pasado en Medellín. En medio de un mar de versiones y declaraciones ante los medios de comunicación y las autoridades, los demás asistentes a la cita han tratado de explicar qué pasó realmente el día del encuentro en el Palacio de Nariño. Y es allí justamente donde Rodrigo Zapata juega un papel hasta ahora desconocido.
Nuevas grabaciones del DAS demuestran que Zapata tuvo un protagonismo más relevante del que hasta ahora se conocía en la polémica reunión con los funcionarios de la Casa de Nariño.
En una conversación, pocas horas antes de la reunión, Zapata le dice a ‘Job’: “Allá ya le armé un tinglado el h.p. Va el curita (supuestamente el jefe de prensa de Palacio, César Mauricio Velásquez), va el jefe de los abogados (presuntamente el secretario jurídico Edmundo del Castillo) y va yo no sé quién más, allá a las 6. Yo les dije que me constaba que esa cosa existía. Usted tiene que sacar eso allá. Usted al curita lo coge aparte y al otro señor que ayude... Esa es la oportunidad para que usted se faje ahí porque va el jefe de los abogados”. (Ver recuadro). La charla es bastante reveladora. Deja en evidencia que Zapata ayuda a organizar la reunión. Hasta ahora tanto en las declaraciones oficiales, como en las versiones a los medios, ninguno de los asistentes a la reunión ha mencionado a Zapata.
Una segunda conversación entre Zapata y ‘Job’ deja nuevos interrogantes sobre lo que se habló realmente en la reunión del 23 de abril en la oficina del Secretario Jurídico de la Presidencia. “Cómo le fue?”, pregunta Zapata. “De uno a 10, ...11”, responde ‘Job’. “Sí les gustó la cosa”, insiste Zapata. “Muy buena, muy buena”, afirma ‘Job’. “Lo importante es que eso funcione... para su papá (supuestamente ‘Don Berna), ya su papá sabe?”, dice Zapata. “Para todos eso funciona muy bien”, manifiesta ‘Job’. “¿Y fue el curita?”, indaga Zapata. “Sí, claro...”. Esta conversación ocurrió después de las 9 de la noche cuando ‘Job’ y sus acompañantes ya habían abandonado el Palacio de Nariño.
Estas dos conversaciones tienen ahora una mayor importancia, ya que aportan elementos nuevos sobre lo sucedido en la cita en la sede presidencial. En ese momento se argumentó que la presencia de ‘Job’ en la Casa de Nariño no tenía inconveniente, ya que este desmovilizado no tenía antecedentes penales.
Sin embargo, estas grabaciones no son los únicos fantasmas que rondan ese caso.
DespistaDAS
SEMANA tuvo acceso al voluminoso expediente que hace parte de la investigación que ha adelantado la Procuraduría General sobre este episodio. Su contenido es muy revelador. Sobre todo en tres cosas: 1) hay serios indicios de un intento de encubrimiento por parte del DAS, 2) se aclara la extraña presencia del ex embajador Juan José Chaux en la reunión y 3) salen a relucir versiones contradictorias de los protagonistas sobre qué pasó realmente ese miércoles en la Casa de Nariño.
Según se desprende del informe de la Procuraduría, el DAS tuvo la intención de ‘tapar’ lo ocurrido. La Procuraduría descubrió que el organismo de seguridad habría falsificado un informe sobre la reunión en Palacio. Por orden de la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, la subdirectora de operaciones de esa entidad, Martha Leal, fue enviada para asistir a la cita en la Casa de Nariño como representante del DAS. Esta funcionaria es la misma que salió de su cargo hace un mes a raíz del escándalo de las interceptaciones ilegales del DAS. La Procuraduría encontró que la doctora Leal redactó un informe de inteligencia, al cual le puso la fecha del 24 de abril. Al inspeccionar los peritos forenses de la Procuraduría el computador de la subdirectora, establecieron que el documento realmente había sido escrito el 23 de agosto, cuatro meses después, el día que SEMANA reveló las reuniones en Palacio. Por esta fecha falsa la Procuraduría abrió investigación contra la entonces directora del DAS y la subdirectora de operaciones.
Los investigadores de la Procuraduría también encontraron que la ex directora del DAS sólo envió las pruebas a la Fiscalía el 27 de agosto, casi cuatro meses después de los hechos y seis semanas después de haber aceptado que recibió en sus manos el material. Los sorprendió, así mismo, que no existiera ni una sola orden de trabajo por escrito en el DAS relacionada con el caso.
En la famosa reunión de la Casa de Nariño, ‘Job’ les entregó a los funcionarios de Palacio unos CD con unas conversaciones grabadas clandestinamente a un funcionario de la Corte, en las cuales supuestamente se demostraba que algunos magistrados conspiraban contra el Presidente manipulando testigos en su contra. Llamó la atención de la Procuraduría que las transcripciones de esas conversaciones estaban archivadas con el rótulo de ‘reservado’ pero con fechas que no coincidían. La entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, había declarado haber recibido estas pruebas sólo en el mes de julio. Sin embargo, los documentos tenían fecha del 25 de abril y en un extremo aparecía como fecha de elaboración el 26 de agosto.
Por su parte la subdirectora de operaciones del DAS, Martha Leal, había declarado que en la reunión en el Palacio de Nariño con ‘Job’ del 23 de abril nunca le entregaron los CD con esas conversaciones. Lo mismo afirmó el secretario jurídico de Palacio, Edmundo del Castillo. No obstante, el abogado de ‘Berna’, Diego Álvarez, y el controvertido lobysta Óscar Iván Palacio, quienes acompañaron a ‘Job’ en la reunión, testificaron que los CD sí habían sido entregados.
No son estas las únicas contradicciones de las versiones de los participantes de la controvertida reunión del 23 de abril. Según la funcionaria del DAS, el tema más polémico del encuentro fue la discusión de ‘Job’ sobre si se deberían filtrar o no a los medios de comunicación estos CD como “pruebas del complot” contra el Presidente. Curiosamente, se descartó esa acción porque “por el revuelo político que desprendería de un evento como éste, por las tensas relaciones que existen entre el Presidente y la Corte, y que por nuestra parte primero debíamos confrontar el contenido de las grabaciones”.
La subdirectora Leal también afirmó ante los investigadores que el ex embajador de Colombia en República Dominicana, Juan José Chaux, quien estuvo en la
reunión, le preguntó a ella sobre la posibilidad de que el DAS investigara al magistrado auxiliar de la Corte Iván Velásquez. Ella le contestó que no era posible sin orden judicial.
La participación de Chaux en la reunión sigue dando sorpresas. Cuando se reveló que había estado en la cita, Chaux trató de justificar su presencia con el argumento de que ese día estaba en Palacio y por accidente se metió a la reunión. La investigación de la Procuraduría demuestra, sin embargo, que eso era una gran mentira.
En primer lugar, el mismo Chaux, un mes antes de la cita en Presidencia, sostuvo una reunión en su apartamento con ‘Job’, el abogado de ‘Berna’ y el lobysta Óscar Iván Palacio. Según él, lo buscaron para contarle sobre el supuesto complot de la Corte Suprema contra el Presidente y enterarlo de las posibles pruebas que existían.
Queda claro en las declaraciones de Chaux ante la Procuraduría, que él estaba enterado con anterioridad de la reunión que se llevaría en la oficina de Del Castillo y del propósito de ésta. De hecho, dice en su declaración que antes de la reunión fue a almorzar con el asesor presidencial José Obdulio Gaviria, lo cual haría pensar que tocaron el tema del día.
Chaux siempre ha negado que su interés de asistir al encuentro era para discutir las acusaciones que le había formulado el jefe paramilitar Éver Veloza, alias ‘H.H.’, sobre un supuesto apoyo que las AUC le habrían dado a él para llegar a la Gobernación del Cauca. En su declaración en la Procuraduría el abogado de ‘Don Berna’, Diego Álvarez, dijo que la presencia de Chaux en la reunión era averiguar si ‘H.H.’ seguiría declarando en su contra.
En el expediente de la Procuraduría hay otros dos testimonios que no dejan bien parado a Chaux. El primero es de la abogada del jefe paramilitar ‘H.H’., Consuelo Ibeth Parra, conocida como ‘La Flaca’, quien afirmó que Óscar Iván Palacio, el lobysta y asesor de Chaux, la buscó para pedirle que le dijera al jefe paramilitar que suspendiera sus denuncias contra Chaux. En declaración ante la Procuraduría, el mismo ‘H.H.’ afirmó que su abogado efectivamente le contó sobre la presión de Óscar Iván para que se callara.
Las versiones
Óscar Iván Palacio, abogado y lobysta, es otro curioso personaje en estos episodios. Él mismo reconoce ser un frecuente visitante de la Casa de Nariño, donde tramita favores para sus clientes y amigos. También tiene buenas relaciones con sectores de las autodefensas y reconoce que ha sido amigo de Rodrigo Zapata, entonces la mano derecha de Vicente Castaño. Aunque en su declaración ante la Procuraduría minimiza el alcance de esa amistad, hay grabaciones que evidencian lo contrario. Hay una, por ejemplo, donde Zapata le dice a ‘Job’, después de que éste estuvo en la cumbre de la Casa de Nariño: “Hay que darle tres millones a Óscar Iván, él no quiere pedir nada pero hay que dárselos...” . (Ver recuadro).
Es importante anotar que todas las declaraciones y las investigaciones de la Procuraduría coinciden en que César Mauricio Velásquez, el secretario de prensa de Palacio, tuvo una participación mínima y marginal en la cita con los hombres de ‘Berna’. Sin embargo, como parte de su defensa ante la Procuraduría, existe una declaración extraprocesal de Zapata ante un notario, en la cual el ex paramilitar destaca su amistad con Velásquez.
El abogado del secretario de prensa, Jaime Granados, argumentó ante la Procuraduría que Zapata era un “hombre honorable, un desmovilizado comprometido con la paz, etcétera”, esto con el fin de demostrar que no había ningún inconveniente en que existiera una amistad entre Zapata y Velásquez. No obstante, después de su captura la semana pasada, se reveló que estaba vinculado con 1.200 asesinatos.
Para la Procuraduría la actuación del secretario jurídico, Edmundo del Castillo, también despierta algunos interrogantes. Llamó la atención que después de justificar su presencia en la reunión con el argumento de que se trataba de un delicado asunto de seguridad nacional, se limitara a entregar las supuestas pruebas del complot a una asistente de su despacho, una joven abogada de 25 años. La Procuraduría registra con sorpresa que unas supuestas pruebas de un complot de la Corte contra el Presidente, no fueran trasladadas a instancias más importantes.
Todos estos nuevos elementos lejos de aclarar las dudas que surgieron después de esa controvertida reunión en la Casa de Nariño las aumenta. Ya ha quedado claro que el propósito de esa cumbre era llevarles a los funcionarios de Palacio pruebas falsas de un supuesto complot contra el Presidente, con el objeto de ganarse la gratitud del gobierno. Las grabaciones que se llevaron eran inaudibles y prácticamente no se podían identificar los personajes. Por lo tanto la conspiración se fundamentaba más bien en el testimonio del que grababa que en el contenido de las cintas. Pero deja un mal sabor que dados los antecedentes de los personajes y la evidente fragilidad de las pruebas, funcionarios de alto nivel se hubieran prestado a darle un seguimiento a ese absurdo juego. Al fin y al cabo las reuniones no fueron una sino tres.
En gracia de discusión, se podría argumentar que a cualquier gobierno le interesa saber si es verdad que existe un complot para desacreditarlo. Pero resulta igual de grave haber realizado la reunión que intentar taparla cuando se hizo pública. O esa es por lo menos la conclusión a la que llega la Procuraduría después de varios meses de investigaciones.
Que la mano derecha de Vicente Castaño, un hombre sindicado de 1.200 asesinatos, esté grabado diciendo “ya le armé un tinglado el h.p.” refiriéndose a funcionarios del Palacio Presidencial es muy grave. Que Chaux haya mentido y que el DAS haya adulterado fechas también.
Desde que se conoció de la existencia de la reunión en la Casa de Nariño, el gobierno ha insistido en su transparencia. Pero las grabaciones de Zapata y la investigación de la Procuraduría demuestran todo lo contario.
Rodrigo Zapata es un desconocido para la mayoría de los colombianos. Pero en el mundo del paramilitarismo su nombre infunde respeto y temor. Durante años permaneció al lado de Vicente Castaño y fue la sombra y la mano derecha del jefe de las autodefensas. A pesar de ser un hombre fuerte de ese movimiento, Zapata siempre optó mantener un perfil muy bajo. De hecho, cuando se desmovilizó hace cinco años lo hizo como un simple combatiente raso del Bloque Pacífico. El jueves de la semana pasada fue capturado en el centro comercial Unicentro, en el norte de Bogotá, por orden de una fiscal de Medellín que lo sindica de los delitos de homicidio y concierto para delinquir. Las autoridades lo acusan, entre otras, de estar relacionado con cerca de 1.200 asesinatos cometidos entre 1997 y 2004. La mayoría de estos asesinatos habrían ocurrido en los municipios de Titiribí, Angelópolis y Amagá, en el suroeste de Antioquia, zona a la cual fue enviado Zapata hace más de una década por orden de Castaño para ‘abrir plaza’, es decir, expandir el dominio paramilitar en esa región.
Investigadores de la Fiscalía de Medellín también han estado siguiendo la pista sobre las movidas de Zapata en Urabá. Testimonios de víctimas y desmovilizados lo señalan como una persona clave en los cultivos de palma de Vicente Castaño, que se hicieron a costa de desplazamientos forzados y violencia contra los campesinos. Se le señala como testaferro de Castaño y uno de los que habría heredado parte de sus negocios y territorios. Según la justicia, Zapata es clave para aclarar un sinnúmero de crímenes cometidos por los paramilitares.
Pero lo que desconoce la opinión pública es que este hombre de 41 años de edad es el eslabón perdido detrás del reciente escándalo que provocó la reunión entre emisarios de ‘Don Berna’ con funcionarios de la Casa de Nariño, el 23 de abril de 2008.
Como se recordará, en agosto del año pasado SEMANA reveló cómo Antonio López, alias ‘Job’, y Diego Álvarez, el abogado del jefe paramilitar ‘Don Berna’, ingresaron por los sótanos de Palacio y se reunieron con funcionarios de la Presidencia para entregar supuestas pruebas de un complot de miembros de la Corte Suprema contra el gobierno. Se conoció después que estuvieron en la cita el secretario jurídico, Edmundo del Castillo, y el secretario de prensa de la Presidencia, César Mauricio Velásquez; el entonces embajador designado Juan José Chaux; el abogado y lobysta Óscar Iván Palacio y la subdirectora de operaciones del DAS, Marta Inés Leal.
En su momento, los miembros del gobierno dieron confusas explicaciones sobre la peculiar visita, mientras la Procuraduría y la Fiscalía anunciaron la apertura de investigaciones sobre el caso, las cuales aún están en desarrollo. Cuando estalló el escándalo, ‘Job’ ya había sido asesinado en extrañas circunstancias en julio del año pasado en Medellín. En medio de un mar de versiones y declaraciones ante los medios de comunicación y las autoridades, los demás asistentes a la cita han tratado de explicar qué pasó realmente el día del encuentro en el Palacio de Nariño. Y es allí justamente donde Rodrigo Zapata juega un papel hasta ahora desconocido.
Nuevas grabaciones del DAS demuestran que Zapata tuvo un protagonismo más relevante del que hasta ahora se conocía en la polémica reunión con los funcionarios de la Casa de Nariño.
En una conversación, pocas horas antes de la reunión, Zapata le dice a ‘Job’: “Allá ya le armé un tinglado el h.p. Va el curita (supuestamente el jefe de prensa de Palacio, César Mauricio Velásquez), va el jefe de los abogados (presuntamente el secretario jurídico Edmundo del Castillo) y va yo no sé quién más, allá a las 6. Yo les dije que me constaba que esa cosa existía. Usted tiene que sacar eso allá. Usted al curita lo coge aparte y al otro señor que ayude... Esa es la oportunidad para que usted se faje ahí porque va el jefe de los abogados”. (Ver recuadro). La charla es bastante reveladora. Deja en evidencia que Zapata ayuda a organizar la reunión. Hasta ahora tanto en las declaraciones oficiales, como en las versiones a los medios, ninguno de los asistentes a la reunión ha mencionado a Zapata.
Una segunda conversación entre Zapata y ‘Job’ deja nuevos interrogantes sobre lo que se habló realmente en la reunión del 23 de abril en la oficina del Secretario Jurídico de la Presidencia. “Cómo le fue?”, pregunta Zapata. “De uno a 10, ...11”, responde ‘Job’. “Sí les gustó la cosa”, insiste Zapata. “Muy buena, muy buena”, afirma ‘Job’. “Lo importante es que eso funcione... para su papá (supuestamente ‘Don Berna), ya su papá sabe?”, dice Zapata. “Para todos eso funciona muy bien”, manifiesta ‘Job’. “¿Y fue el curita?”, indaga Zapata. “Sí, claro...”. Esta conversación ocurrió después de las 9 de la noche cuando ‘Job’ y sus acompañantes ya habían abandonado el Palacio de Nariño.
Estas dos conversaciones tienen ahora una mayor importancia, ya que aportan elementos nuevos sobre lo sucedido en la cita en la sede presidencial. En ese momento se argumentó que la presencia de ‘Job’ en la Casa de Nariño no tenía inconveniente, ya que este desmovilizado no tenía antecedentes penales.
Sin embargo, estas grabaciones no son los únicos fantasmas que rondan ese caso.
DespistaDAS
SEMANA tuvo acceso al voluminoso expediente que hace parte de la investigación que ha adelantado la Procuraduría General sobre este episodio. Su contenido es muy revelador. Sobre todo en tres cosas: 1) hay serios indicios de un intento de encubrimiento por parte del DAS, 2) se aclara la extraña presencia del ex embajador Juan José Chaux en la reunión y 3) salen a relucir versiones contradictorias de los protagonistas sobre qué pasó realmente ese miércoles en la Casa de Nariño.
Según se desprende del informe de la Procuraduría, el DAS tuvo la intención de ‘tapar’ lo ocurrido. La Procuraduría descubrió que el organismo de seguridad habría falsificado un informe sobre la reunión en Palacio. Por orden de la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, la subdirectora de operaciones de esa entidad, Martha Leal, fue enviada para asistir a la cita en la Casa de Nariño como representante del DAS. Esta funcionaria es la misma que salió de su cargo hace un mes a raíz del escándalo de las interceptaciones ilegales del DAS. La Procuraduría encontró que la doctora Leal redactó un informe de inteligencia, al cual le puso la fecha del 24 de abril. Al inspeccionar los peritos forenses de la Procuraduría el computador de la subdirectora, establecieron que el documento realmente había sido escrito el 23 de agosto, cuatro meses después, el día que SEMANA reveló las reuniones en Palacio. Por esta fecha falsa la Procuraduría abrió investigación contra la entonces directora del DAS y la subdirectora de operaciones.
Los investigadores de la Procuraduría también encontraron que la ex directora del DAS sólo envió las pruebas a la Fiscalía el 27 de agosto, casi cuatro meses después de los hechos y seis semanas después de haber aceptado que recibió en sus manos el material. Los sorprendió, así mismo, que no existiera ni una sola orden de trabajo por escrito en el DAS relacionada con el caso.
En la famosa reunión de la Casa de Nariño, ‘Job’ les entregó a los funcionarios de Palacio unos CD con unas conversaciones grabadas clandestinamente a un funcionario de la Corte, en las cuales supuestamente se demostraba que algunos magistrados conspiraban contra el Presidente manipulando testigos en su contra. Llamó la atención de la Procuraduría que las transcripciones de esas conversaciones estaban archivadas con el rótulo de ‘reservado’ pero con fechas que no coincidían. La entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, había declarado haber recibido estas pruebas sólo en el mes de julio. Sin embargo, los documentos tenían fecha del 25 de abril y en un extremo aparecía como fecha de elaboración el 26 de agosto.
Por su parte la subdirectora de operaciones del DAS, Martha Leal, había declarado que en la reunión en el Palacio de Nariño con ‘Job’ del 23 de abril nunca le entregaron los CD con esas conversaciones. Lo mismo afirmó el secretario jurídico de Palacio, Edmundo del Castillo. No obstante, el abogado de ‘Berna’, Diego Álvarez, y el controvertido lobysta Óscar Iván Palacio, quienes acompañaron a ‘Job’ en la reunión, testificaron que los CD sí habían sido entregados.
No son estas las únicas contradicciones de las versiones de los participantes de la controvertida reunión del 23 de abril. Según la funcionaria del DAS, el tema más polémico del encuentro fue la discusión de ‘Job’ sobre si se deberían filtrar o no a los medios de comunicación estos CD como “pruebas del complot” contra el Presidente. Curiosamente, se descartó esa acción porque “por el revuelo político que desprendería de un evento como éste, por las tensas relaciones que existen entre el Presidente y la Corte, y que por nuestra parte primero debíamos confrontar el contenido de las grabaciones”.
La subdirectora Leal también afirmó ante los investigadores que el ex embajador de Colombia en República Dominicana, Juan José Chaux, quien estuvo en la
reunión, le preguntó a ella sobre la posibilidad de que el DAS investigara al magistrado auxiliar de la Corte Iván Velásquez. Ella le contestó que no era posible sin orden judicial.
La participación de Chaux en la reunión sigue dando sorpresas. Cuando se reveló que había estado en la cita, Chaux trató de justificar su presencia con el argumento de que ese día estaba en Palacio y por accidente se metió a la reunión. La investigación de la Procuraduría demuestra, sin embargo, que eso era una gran mentira.
En primer lugar, el mismo Chaux, un mes antes de la cita en Presidencia, sostuvo una reunión en su apartamento con ‘Job’, el abogado de ‘Berna’ y el lobysta Óscar Iván Palacio. Según él, lo buscaron para contarle sobre el supuesto complot de la Corte Suprema contra el Presidente y enterarlo de las posibles pruebas que existían.
Queda claro en las declaraciones de Chaux ante la Procuraduría, que él estaba enterado con anterioridad de la reunión que se llevaría en la oficina de Del Castillo y del propósito de ésta. De hecho, dice en su declaración que antes de la reunión fue a almorzar con el asesor presidencial José Obdulio Gaviria, lo cual haría pensar que tocaron el tema del día.
Chaux siempre ha negado que su interés de asistir al encuentro era para discutir las acusaciones que le había formulado el jefe paramilitar Éver Veloza, alias ‘H.H.’, sobre un supuesto apoyo que las AUC le habrían dado a él para llegar a la Gobernación del Cauca. En su declaración en la Procuraduría el abogado de ‘Don Berna’, Diego Álvarez, dijo que la presencia de Chaux en la reunión era averiguar si ‘H.H.’ seguiría declarando en su contra.
En el expediente de la Procuraduría hay otros dos testimonios que no dejan bien parado a Chaux. El primero es de la abogada del jefe paramilitar ‘H.H’., Consuelo Ibeth Parra, conocida como ‘La Flaca’, quien afirmó que Óscar Iván Palacio, el lobysta y asesor de Chaux, la buscó para pedirle que le dijera al jefe paramilitar que suspendiera sus denuncias contra Chaux. En declaración ante la Procuraduría, el mismo ‘H.H.’ afirmó que su abogado efectivamente le contó sobre la presión de Óscar Iván para que se callara.
Las versiones
Óscar Iván Palacio, abogado y lobysta, es otro curioso personaje en estos episodios. Él mismo reconoce ser un frecuente visitante de la Casa de Nariño, donde tramita favores para sus clientes y amigos. También tiene buenas relaciones con sectores de las autodefensas y reconoce que ha sido amigo de Rodrigo Zapata, entonces la mano derecha de Vicente Castaño. Aunque en su declaración ante la Procuraduría minimiza el alcance de esa amistad, hay grabaciones que evidencian lo contrario. Hay una, por ejemplo, donde Zapata le dice a ‘Job’, después de que éste estuvo en la cumbre de la Casa de Nariño: “Hay que darle tres millones a Óscar Iván, él no quiere pedir nada pero hay que dárselos...” . (Ver recuadro).
Es importante anotar que todas las declaraciones y las investigaciones de la Procuraduría coinciden en que César Mauricio Velásquez, el secretario de prensa de Palacio, tuvo una participación mínima y marginal en la cita con los hombres de ‘Berna’. Sin embargo, como parte de su defensa ante la Procuraduría, existe una declaración extraprocesal de Zapata ante un notario, en la cual el ex paramilitar destaca su amistad con Velásquez.
El abogado del secretario de prensa, Jaime Granados, argumentó ante la Procuraduría que Zapata era un “hombre honorable, un desmovilizado comprometido con la paz, etcétera”, esto con el fin de demostrar que no había ningún inconveniente en que existiera una amistad entre Zapata y Velásquez. No obstante, después de su captura la semana pasada, se reveló que estaba vinculado con 1.200 asesinatos.
Para la Procuraduría la actuación del secretario jurídico, Edmundo del Castillo, también despierta algunos interrogantes. Llamó la atención que después de justificar su presencia en la reunión con el argumento de que se trataba de un delicado asunto de seguridad nacional, se limitara a entregar las supuestas pruebas del complot a una asistente de su despacho, una joven abogada de 25 años. La Procuraduría registra con sorpresa que unas supuestas pruebas de un complot de la Corte contra el Presidente, no fueran trasladadas a instancias más importantes.
Todos estos nuevos elementos lejos de aclarar las dudas que surgieron después de esa controvertida reunión en la Casa de Nariño las aumenta. Ya ha quedado claro que el propósito de esa cumbre era llevarles a los funcionarios de Palacio pruebas falsas de un supuesto complot contra el Presidente, con el objeto de ganarse la gratitud del gobierno. Las grabaciones que se llevaron eran inaudibles y prácticamente no se podían identificar los personajes. Por lo tanto la conspiración se fundamentaba más bien en el testimonio del que grababa que en el contenido de las cintas. Pero deja un mal sabor que dados los antecedentes de los personajes y la evidente fragilidad de las pruebas, funcionarios de alto nivel se hubieran prestado a darle un seguimiento a ese absurdo juego. Al fin y al cabo las reuniones no fueron una sino tres.
En gracia de discusión, se podría argumentar que a cualquier gobierno le interesa saber si es verdad que existe un complot para desacreditarlo. Pero resulta igual de grave haber realizado la reunión que intentar taparla cuando se hizo pública. O esa es por lo menos la conclusión a la que llega la Procuraduría después de varios meses de investigaciones.
Que la mano derecha de Vicente Castaño, un hombre sindicado de 1.200 asesinatos, esté grabado diciendo “ya le armé un tinglado el h.p.” refiriéndose a funcionarios del Palacio Presidencial es muy grave. Que Chaux haya mentido y que el DAS haya adulterado fechas también.
Desde que se conoció de la existencia de la reunión en la Casa de Nariño, el gobierno ha insistido en su transparencia. Pero las grabaciones de Zapata y la investigación de la Procuraduría demuestran todo lo contario.
miércoles, 20 de mayo de 2009
Sin elementos para imputar a Uribe por bombardeo a 'Reyes' se declaró Fiscal General de Ecuador
Marzo 23 de 2009 - 11:06 a.m.
Sin elementos para imputar a Uribe por bombardeo a 'Reyes' se declaró Fiscal General de Ecuador
Mientras este país no tenga la lista de los participantes en el bombardeo, conforme a la Ley Procesal Penal, "no se puede pasar a la instrucción fiscal", dijo Washington Pesantez.
En una entrevista con el diario 'El Universo', Pesántez, sin embargo, declaró que "si hay indicios suficientes el fiscal procederá (a imputar a Uribe), pero hasta el momento no ha encontrado elementos para hacerlo".
Según Pesántez, en la actual etapa del proceso de investigación del bombardeo, en el que murió el segundo al mando de las Farc, Luis Édgar Devia, alias 'Raúl Reyes', un ciudadano ecuatoriano y cuatro estudiantes mexicanos, "sería irresponsable que se comience imputando al presidente de Colombia".
El Fiscal General explicó que en el caso abierto sobre "el fallecimiento, asesinato o como se quiera llamar a la muerte de 26 personas en Angostura, entre ellas el ecuatoriano Franklin Aisalla" Colombia ha remitido "alguna" información, pero no la lista de "los partícipes de este hecho con caracteres de delito".
"La Fiscalía de Colombia ha dicho que no tiene esos datos. También se pidió la versión del ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, aunque no se ha recabado", añadió Pesántez.
"Una vez transcurrido el plazo de ley (dos años) tendrá que haber un archivo provisional o llamado a desestimación por no poder recopilar pruebas suficientes. Eso le permitiría a Ecuador presentar ante los organismos internacionales los reclamos pertinentes", apostilló Pesántez.
Aquella operación militar dio lugar, dos días después, a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador, ya que éste último consideró que se había violado su soberanía nacional, situación que se mantiene hasta hoy.
Con motivo de ese ataque y con el paso del tiempo y la recopilación de nuevas informaciones en Ecuador hay abiertos tres procesos judiciales, explicó Pesántez en la entrevista.
Uno, con acusación de la Fiscalía y auto de llamamiento a juicio, que recae sobre la mexicana Lucía Morett y las colombianas Martha Pérez y Doris Bohórquez, sobrevivientes al bombardeo y acusadas del delito de "atentado contra la seguridad interna del Estado".
Otro caso es el que se refiere a la muerte de las 26 personas y un tercero es la indagación previa que se abrió contra José Ignacio Chauvín, un ex colaborador del Gobierno de Rafael Correa que afirmó haber mantenido 7 reuniones con el ex guerrillero "Reyes" antes del bombardeo de Angostura.
Publicado en
www.eltiempo.com
Sin elementos para imputar a Uribe por bombardeo a 'Reyes' se declaró Fiscal General de Ecuador
Mientras este país no tenga la lista de los participantes en el bombardeo, conforme a la Ley Procesal Penal, "no se puede pasar a la instrucción fiscal", dijo Washington Pesantez.
En una entrevista con el diario 'El Universo', Pesántez, sin embargo, declaró que "si hay indicios suficientes el fiscal procederá (a imputar a Uribe), pero hasta el momento no ha encontrado elementos para hacerlo".
Según Pesántez, en la actual etapa del proceso de investigación del bombardeo, en el que murió el segundo al mando de las Farc, Luis Édgar Devia, alias 'Raúl Reyes', un ciudadano ecuatoriano y cuatro estudiantes mexicanos, "sería irresponsable que se comience imputando al presidente de Colombia".
El Fiscal General explicó que en el caso abierto sobre "el fallecimiento, asesinato o como se quiera llamar a la muerte de 26 personas en Angostura, entre ellas el ecuatoriano Franklin Aisalla" Colombia ha remitido "alguna" información, pero no la lista de "los partícipes de este hecho con caracteres de delito".
"La Fiscalía de Colombia ha dicho que no tiene esos datos. También se pidió la versión del ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, aunque no se ha recabado", añadió Pesántez.
"Una vez transcurrido el plazo de ley (dos años) tendrá que haber un archivo provisional o llamado a desestimación por no poder recopilar pruebas suficientes. Eso le permitiría a Ecuador presentar ante los organismos internacionales los reclamos pertinentes", apostilló Pesántez.
Aquella operación militar dio lugar, dos días después, a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador, ya que éste último consideró que se había violado su soberanía nacional, situación que se mantiene hasta hoy.
Con motivo de ese ataque y con el paso del tiempo y la recopilación de nuevas informaciones en Ecuador hay abiertos tres procesos judiciales, explicó Pesántez en la entrevista.
Uno, con acusación de la Fiscalía y auto de llamamiento a juicio, que recae sobre la mexicana Lucía Morett y las colombianas Martha Pérez y Doris Bohórquez, sobrevivientes al bombardeo y acusadas del delito de "atentado contra la seguridad interna del Estado".
Otro caso es el que se refiere a la muerte de las 26 personas y un tercero es la indagación previa que se abrió contra José Ignacio Chauvín, un ex colaborador del Gobierno de Rafael Correa que afirmó haber mantenido 7 reuniones con el ex guerrillero "Reyes" antes del bombardeo de Angostura.
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Nuevo golpe a las guerrillas colombianas
Nuevo golpe a las guerrillas colombianas
Capturada la jefa de finanzas del Bloque Oriental de las FARC.- La policía da muerte a un miembro del Comando central del ELN
AGENCIAS - Bogotá - 20/03/2009
El Ejército colombiano ha anunciado la captura de María Lillian Castellanos Poveda, jefa de finanzas del Bloque Oriental de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), reclamada por la justicia de Estados Unidos.
Según el comunicado emitido por el Ejército, Castellanos "era la encargada de manejar los contactos del negocio de narcotráfico en el exterior para el hermano del Mono Jojoy, alias Grenobles, cabecilla del bloque Oriental de las FARC" y también para "Rafael, cabecilla del frente 45, y para Arsecio, cabecilla del décimo frente".
Según las autoridades colombianas, se trata de un duro golpe a la estructura financiera de ese bloque de las FARC, que opera en los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare. Castellanos Poveda, de 51 años, ha sido capturada durante un enfrentamiento en el departamento de Arauca, al este del país, donde han sido abatidos otros dos rebeldes.
La policía da muerte al jefe de un bloque regional del ELN
Una fuerza policial de élite colombiana ha dado muerte durante un combate al guerrillero colombiano Javier Galvis Florez, miembro del Comando Central del Bloque Bolcheviques del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla más importante del país tras las FARC, con 5.000 miembros.
Galvis, sobre el que pesaba una orden de extradición de Estados Unidos, ha sido abatido esta madrugada (hora española) en las montañas de Líbano, una localidad a 120 kilómetros de Bogotá. Gavis, que afrontaba un proceso por un caso de secuestro de un estadounidense en Colombia, se enfrentaba en su país a trece órdenes de captura por los cargos, entre otros, de homicidio, secuestro y rebelión.
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Capturada la jefa de finanzas del Bloque Oriental de las FARC.- La policía da muerte a un miembro del Comando central del ELN
AGENCIAS - Bogotá - 20/03/2009
El Ejército colombiano ha anunciado la captura de María Lillian Castellanos Poveda, jefa de finanzas del Bloque Oriental de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), reclamada por la justicia de Estados Unidos.
Según el comunicado emitido por el Ejército, Castellanos "era la encargada de manejar los contactos del negocio de narcotráfico en el exterior para el hermano del Mono Jojoy, alias Grenobles, cabecilla del bloque Oriental de las FARC" y también para "Rafael, cabecilla del frente 45, y para Arsecio, cabecilla del décimo frente".
Según las autoridades colombianas, se trata de un duro golpe a la estructura financiera de ese bloque de las FARC, que opera en los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare. Castellanos Poveda, de 51 años, ha sido capturada durante un enfrentamiento en el departamento de Arauca, al este del país, donde han sido abatidos otros dos rebeldes.
La policía da muerte al jefe de un bloque regional del ELN
Una fuerza policial de élite colombiana ha dado muerte durante un combate al guerrillero colombiano Javier Galvis Florez, miembro del Comando Central del Bloque Bolcheviques del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla más importante del país tras las FARC, con 5.000 miembros.
Galvis, sobre el que pesaba una orden de extradición de Estados Unidos, ha sido abatido esta madrugada (hora española) en las montañas de Líbano, una localidad a 120 kilómetros de Bogotá. Gavis, que afrontaba un proceso por un caso de secuestro de un estadounidense en Colombia, se enfrentaba en su país a trece órdenes de captura por los cargos, entre otros, de homicidio, secuestro y rebelión.
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