Las FARC también hablaron del "crimen que pasará a la historia universal de la infamia" como fue la muerte de Iván Ríos, otro comandante rebelde, a manos de uno de sus guardaespaldas.
Sáb, 28/02/2009 - 11:15
Raúl Reyes murió en marzo pasado en un bombardeo de militares colombianos. ArchivoBogotá.-Al cumplirse el primer aniversario de la muerte del comandante guerrillero Raúl Reyes, la jefatura de las FARC afirmó que la acción militar en la que se registró el deceso representó una "puñalada" a la posibilidad de buscar la paz en Colombia.
Reyes, cuyo nombre real era Luis Edgar Devia, de 59 años, murió el 1 de marzo del 2008 en un bombardeo de militares colombianos a un campamento guerrillero en Ecuador, en una zona cercana a la frontera.
Las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia expusieron en un comunicado divulgado el viernes tarde en su página de internet que "lo que hasta ese momento se había forjado fue destruido de un solo tajo".
Dijo que el jefe rebelde muerto, uno de los siete integrantes de la cúpula que gobierna a las FARC, "venía concertando contactos con voceros de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional en aras de impulsar y hacer realidad el acuerdo humanitario y sentar las bases para iniciar la búsqueda de la salida política al conflicto" armado de más de cuatro décadas de duración.
Las FARC proponen un "acuerdo humanitario", para canjear secuestrados en su poder por guerrilleros presos.
Sin embargo, esa guerrilla ha liberado unilateralmente a varios de esos secuestrados, aparte de que perdieron a algunas de sus más valiosas figuras de intercambio, como la ex candidata presidencial colombo-francesa Ingrid Betancourt y tres contratistas estadounidenses, en un operativo de rescate militar el 2 de julio.
En poder de las FARC quedan al menos una veintena de militares y policías, algunos con más de 10 años de cautiverio.
En su pronunciamiento, las FARC también se refirieron al "crimen que pasará a la historia universal de la infamia" como fue la muerte de Iván Ríos, otro comandante rebelde, a manos de uno de sus guardaespaldas.
La muerte de Ríos, cuyo nombre real era Manuel de Jesús Muñoz, de 46 años, fue anunciada por las autoridades el 7 de marzo del 2008, siendo la segunda muerte en menos de una semana de un miembro del "secretariado" de las FARC.
"Con la muerte de Iván perdió Colombia otro adalid de la paz", dijeron las FARC.
Al momento de sus muertes, Reyes y Ríos --parte de los negociadores de las FARC que desde 1999 a 2002 fracasaron con el gobierno en avanzar en un proceso de paz-- tenían pendientes más de un centenar de investigaciones por delitos que iban desde homicidio y secuestro hasta rebelión, terrorismo y tráfico de drogas.
AP
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www.milenio.com
jueves, 16 de abril de 2009
Las "chuzadas" son un eslabón de una cadena de hostigamientos: Corte
En una larga reunión con el Fiscal y el Procurador, la Corte Suprema de Justicia denunció que es víctima de un complot que busca entorpecer su labor constitucional y pidieron a los funcionarios investigar a fondo.
Segín informaron varios asistentes a un encuentro de más de dos horas entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el fiscal general Mario Iguarán y el procurador general Alejandro Ordóñez, los miembros de la Corte se encuentran muy preocupados por la cadena de hostigamientos de los que han sido objeto algunos de los integrantes de la Sala Penal.
La Corte dijo que además de las interceptaciones de sus conversaciones recientes que denunció la revista Semana que estaba haciendo personal del DAS, ha habido hostigamientos y persecuciones a varios de los magistrados, entre ellos, Javier Zapata y Augusto Ibañez o, incluso a familiares de algunos de ellos.
También señalaron que el asunto era de la mayor gravedad y no se podía desestimar como una falta menor de mandos medios, y le pidieron a los dos altos funcionarios que investigaran también a las directivas del DAS.
El fiscal Iguarán dijo al término de la reunión que a partir de las denuncias de los magistrados, que creen "que más que hostilidades, hay un complot en su contra", seguirá la investigación para dar con los responsables. El procurador Ordóñez también dijo que estaban investigando a los funcionarios del DAS.
En diálogo con El Espectador, el saliente presidente de la Corte, Francisco Javier Ricaurte, dijo que las "chuzadas" son "un eslabón más de una cadena de hostigamientos en contra de la Corte para entorpecer las funciones constitucionales que le corresponde adelantar".
El escándalo se desató luego de el pasado sábado la revista Semana denunciara cómo desde el DAS se estaban interceptando las comunicaciones de periodistas, magistrados, e incluso de algunos funcionarios del propio gobierno, en forma irregular. También denunció que había un mercado negro de compra y venta de interceptaciones al mejor postor, y que de la institución se filtraba información a guerrilleros o narcotraficantes.
A raíz del episodio, salió de DAS Jorge Alberto Lagos, subdirector de contrainteligencia del DAS.
No es la primera vez que se denuncia un DAS- gate, una entidad que ha estado sacudida por los escándalos desde hace casi tres años. Tampoco es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia denuncia que está siendo perseguida por quienes no quieren que lleve a buen término sus investigaciones y sentencias contra los políticos que se aliaron con los paramilitares para ganar elecciones
Funcionarios del alto gobierno, incluido el mismo presidente Uribe, han dicho que no han ordenado esta grabaciones y que rechazan este tipo de medios.
Publicado en
www.semana.com
Segín informaron varios asistentes a un encuentro de más de dos horas entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el fiscal general Mario Iguarán y el procurador general Alejandro Ordóñez, los miembros de la Corte se encuentran muy preocupados por la cadena de hostigamientos de los que han sido objeto algunos de los integrantes de la Sala Penal.
La Corte dijo que además de las interceptaciones de sus conversaciones recientes que denunció la revista Semana que estaba haciendo personal del DAS, ha habido hostigamientos y persecuciones a varios de los magistrados, entre ellos, Javier Zapata y Augusto Ibañez o, incluso a familiares de algunos de ellos.
También señalaron que el asunto era de la mayor gravedad y no se podía desestimar como una falta menor de mandos medios, y le pidieron a los dos altos funcionarios que investigaran también a las directivas del DAS.
El fiscal Iguarán dijo al término de la reunión que a partir de las denuncias de los magistrados, que creen "que más que hostilidades, hay un complot en su contra", seguirá la investigación para dar con los responsables. El procurador Ordóñez también dijo que estaban investigando a los funcionarios del DAS.
En diálogo con El Espectador, el saliente presidente de la Corte, Francisco Javier Ricaurte, dijo que las "chuzadas" son "un eslabón más de una cadena de hostigamientos en contra de la Corte para entorpecer las funciones constitucionales que le corresponde adelantar".
El escándalo se desató luego de el pasado sábado la revista Semana denunciara cómo desde el DAS se estaban interceptando las comunicaciones de periodistas, magistrados, e incluso de algunos funcionarios del propio gobierno, en forma irregular. También denunció que había un mercado negro de compra y venta de interceptaciones al mejor postor, y que de la institución se filtraba información a guerrilleros o narcotraficantes.
A raíz del episodio, salió de DAS Jorge Alberto Lagos, subdirector de contrainteligencia del DAS.
No es la primera vez que se denuncia un DAS- gate, una entidad que ha estado sacudida por los escándalos desde hace casi tres años. Tampoco es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia denuncia que está siendo perseguida por quienes no quieren que lleve a buen término sus investigaciones y sentencias contra los políticos que se aliaron con los paramilitares para ganar elecciones
Funcionarios del alto gobierno, incluido el mismo presidente Uribe, han dicho que no han ordenado esta grabaciones y que rechazan este tipo de medios.
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Colombia permitirá que Estados Unidos use bases aéreas colombianas
27 Febrero 2009 - 6:43am
Por: EFE | Elespectador.com
Así lo anunció el Ministro de Defensa, quien se encuentra de visita en Washington.
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que como parte de un acuerdo de cooperación militar, su país permitirá el aterrizaje de aviones estadounidenses en bases colombianas.
"Estamos ampliando la cooperación en todo sentido y parte de eso es el acceso a nuestras bases, y eso es lo que estamos negociando", dijo Santos durante una rueda de prensa junto con el canciller, Jaime Bermúdez.
Santos precisó que no se trata de algo nuevo porque las autoridades estadounidenses "ya tienen acceso", con unos permisos especiales, a las bases en Colombia, que les permiten realizar operaciones en el Pacífico.
"Lo que podemos hacer es (negociar) en lugar de tener este tipo de aviones, puede haber este otro tipo de aviones. Esos son los parámetros que se están negociando", precisó.
El ministro de Defensa dijo que las autoridades de ambos países continúan ultimando los detalles del acuerdo, que implica "la cooperación en la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico y la cooperación militar en general".
Según Santos, la segunda fase de negociaciones debe comenzar el 12 o 13 de marzo próximos, con el objetivo de tener "finiquitado" el acuerdo a mediados de ese mes.
Las negociaciones para ampliar el acceso de Estados Unidos a las bases colombianas se producen siete meses antes de que el país norteamericano tenga que desalojar el puesto militar de operaciones antinarcóticos (FOL, en inglés) que tiene en Manta, Ecuador.
En julio de 2008, Quito notificó a Washington que tiene que desalojar antes de noviembre próximo la base militar de Manta, situada al oeste de Ecuador y destinada a la lucha antinarcóticos.
Ecuador no ha querido renovar el "Acuerdo de Cooperación" suscrito en noviembre de 1999 sobre el uso de esa instalación.
Estados Unidos busca opciones. El pasado 16 de febrero, sin embargo, los gobiernos de Perú y Estados Unidos descartaron que en el país andino exista o vaya a instalarse una base militar estadounidense, tal y como lo manifestó recientemente el presidente boliviano, Evo Morales.
Tanto Santos como Bermúdez destacaron la "buena disposición" que encontraron en Washington durante su gira de tres días, que acaba hoy, en la que se reunieron con líderes del Congreso y representantes de alto rango del Gobierno de Obama, entre ellos la secretaria de Estado, Hillary Clinton.
Ambos llegaron a Washington en el marco de una nueva ofensiva política y diplomática con la nueva Administración para lograr la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Colombia, suscrito en noviembre de 2006 y estancado en el Congreso por la oposición de los demócratas.
Bermúdez dijo que "se están mirando las distintas opciones" para organizar un encuentro entre Obama y el presidente Álvaro Uribe, "antes o después" de la Quinta Cumbre de las Américas en abril próximo.
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Por: EFE | Elespectador.com
Así lo anunció el Ministro de Defensa, quien se encuentra de visita en Washington.
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que como parte de un acuerdo de cooperación militar, su país permitirá el aterrizaje de aviones estadounidenses en bases colombianas.
"Estamos ampliando la cooperación en todo sentido y parte de eso es el acceso a nuestras bases, y eso es lo que estamos negociando", dijo Santos durante una rueda de prensa junto con el canciller, Jaime Bermúdez.
Santos precisó que no se trata de algo nuevo porque las autoridades estadounidenses "ya tienen acceso", con unos permisos especiales, a las bases en Colombia, que les permiten realizar operaciones en el Pacífico.
"Lo que podemos hacer es (negociar) en lugar de tener este tipo de aviones, puede haber este otro tipo de aviones. Esos son los parámetros que se están negociando", precisó.
El ministro de Defensa dijo que las autoridades de ambos países continúan ultimando los detalles del acuerdo, que implica "la cooperación en la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico y la cooperación militar en general".
Según Santos, la segunda fase de negociaciones debe comenzar el 12 o 13 de marzo próximos, con el objetivo de tener "finiquitado" el acuerdo a mediados de ese mes.
Las negociaciones para ampliar el acceso de Estados Unidos a las bases colombianas se producen siete meses antes de que el país norteamericano tenga que desalojar el puesto militar de operaciones antinarcóticos (FOL, en inglés) que tiene en Manta, Ecuador.
En julio de 2008, Quito notificó a Washington que tiene que desalojar antes de noviembre próximo la base militar de Manta, situada al oeste de Ecuador y destinada a la lucha antinarcóticos.
Ecuador no ha querido renovar el "Acuerdo de Cooperación" suscrito en noviembre de 1999 sobre el uso de esa instalación.
Estados Unidos busca opciones. El pasado 16 de febrero, sin embargo, los gobiernos de Perú y Estados Unidos descartaron que en el país andino exista o vaya a instalarse una base militar estadounidense, tal y como lo manifestó recientemente el presidente boliviano, Evo Morales.
Tanto Santos como Bermúdez destacaron la "buena disposición" que encontraron en Washington durante su gira de tres días, que acaba hoy, en la que se reunieron con líderes del Congreso y representantes de alto rango del Gobierno de Obama, entre ellos la secretaria de Estado, Hillary Clinton.
Ambos llegaron a Washington en el marco de una nueva ofensiva política y diplomática con la nueva Administración para lograr la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Colombia, suscrito en noviembre de 2006 y estancado en el Congreso por la oposición de los demócratas.
Bermúdez dijo que "se están mirando las distintas opciones" para organizar un encuentro entre Obama y el presidente Álvaro Uribe, "antes o después" de la Quinta Cumbre de las Américas en abril próximo.
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'Don Mario', a la conquista del centro de Medellín
Una docena de muertos es el resultado hasta ahora de la lucha entre hombres de 'don Mario' y de la Oficina de Envigado por el control del negocio de la droga y las extorsiones en el centro de Medellín. Informe de la agencia de prensa del IPC.
Agencia de Prensa del IPC*
El centro de Medellín se ha convertido en campo de una soterrada batalla. Diversas facciones de grupos delincuenciales buscan ganar el control de las organizaciones ilegales que ofrecen 'seguridad' a comerciantes a cambio de dinero que cobran con amenazas. Este conflicto lo están aprovechando estructuras armadas al mando de Diego Rendón Herrera, alias don Mario, para fortalecer su presencia en la ciudad.
Así lo ha podido determinar la Agencia de Prensa IPC al conocer documentos elaborados por organismos de inteligencia policial que analizan la situación, a la que califican de muy grave, pues estiman que la confrontación se ha recrudecido y ya ha dejado por lo menos 12 muertos.
El aumento de criminalidad en el centro de la ciudad preocupa a las autoridades que han dispuesto el incremento de la fuerza pública en las calles y la intensificación de las labores de inteligencia para recopilar información que permita desarticular las bandas delincuenciales y lograr su judicialización. El anuncio lo hizo el secretario de Gobierno municipal, Jesús Ramírez, en rueda de prensa realizada este martes 25 de febrero.
La disputa entre delincuentes se centra en ganar el control de las llamadas "convivires" y sus millonarias rentas, que provienen del cobro de extorsiones a cambio de 'seguridad' a todo aquel que posea un negocio en el centro de la ciudad. Estos grupos son organizaciones ilegales conformadas por civiles, muchos de ellos desmovilizados de las Auc y algunos ex policías.
Los informes policiales han venido reconstruyendo la manera cómo operan estos grupos, identificados por comerciantes, vendedores ambulantes y habitantes como “las convivires”. El nombre viene de las cooperativas de vigilancia y seguridad privada autorizadas por el Gobierno nacional y conocidas con ese nombre desde 1995, que tuvieron en Antioquia y Medellín sus mayores desarrollos, hasta cuando fueron desactivadas en julio de 1998.
Estas estructuras le cobran servicios de seguridad y vigilancia a todo tipo de negocios legalmente establecidos, ventas ambulantes y sitios clandestinos de venta de alucinógenos. Los montos van desde 100 mil pesos hasta 2 millones de pesos semanales, según el establecimiento y el tipo de actividad comercial. Quienes se resisten a cancelar las cuotas exigidas son presionados de diversas maneras, entre las que se destacan los daños a la propiedad y los asaltos.
Del cobro no se libran ni aquellos ladrones de almacenes llamados “escaperos”, quienes deben pagar entre 30 mil y 40 mil pesos semanales para que los dejen “trabajar”.
Quien domine el centro de la ciudad no sólo se hace a millones de pesos producto de los cobros; además, regula actividades asociadas al narcotráfico. Una de ellas es la autorización de la apertura de nuevas plazas de vicio, por las cuales el interesado, una vez aprobada su solicitud, debe cancelar un “impuesto” de 8 millones de pesos.
Lo que se observa en el centro de la ciudad es una organización jerarquizada a partir de un coordinador general, que le responde a un superior y que tiene bajo su control a por lo menos 120 hombres, distribuidos en 23 sectores.
En cada sector opera un grupo de por lo menos 6 hombres, quienes portan armas de corto alcance con salvoconducto expedidos por la IV Brigada y vigilan desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, seg´´un los informes de la policía. Además, manejan pequeñas oficinas de “cobros”, desde donde se patrocinan actividades sicariales, a través del préstamo de armas o de facilitar los homicidios, creando las condiciones para la huida de los asesinos.
Dos aspectos llaman la atención de los investigadores: el primero es que el cobro de las cuotas se ha refinado de tal manera que los recibos ya incluyen números de cuentas bancarias en las cuales se debe depositar el dinero; y el segundo es la utilización de radios de comunicación suministrados de forma legal por la Policía Nacional a las redes de apoyo, grupos de civiles que apoyan la labor de las utoridades con información.
Los informes policiales detallan que los sectores bajo vigilancia de estos grupos ilegales son: Prado Centro, La Bayadera, Parque del Periodista, Parque San Antonio, Barrio Triste, Avenida Juan del Corral, Pasaje Peatonal Carabobo, Plaza Botero, Parque Bolívar y Barbacoas, Viaducto del Metro sobre Carrera Bolívar, Carabobo con Juanambú y Rojas Pinilla, Avenida La Playa con la Avenida Oriental, El Raudal, Carrera Junín con Calle San Juan, San Benito, Calle Maturín, El hueco, Pasaje Boyacá, Pasaje La Bastilla, Plaza de Flores, El Chagualo y San Diego.
Si bien los cobros por seguridad y vigilancia son generalizados, los que más generan dinero son los servicios prestados a los sitios donde se expenden sustancias alucinógenas, entre las que se destacan la cocaína, cuyo consumo va en aumento y es mucho más rentable que la marihuana y bazuco.
Justamente esas rentas son las que en la actualidad se convirtieron en objeto de disputa entre hombres de la Oficina de Envigado y un sujeto conocido como 'don Pedro', de quien no se tienen mayores datos que lo identifiquen plenamente. De él se sabe que posee el dominio de las plazas de vicio ubicadas en el sector conocido como La Aurora, en la Avenida Primero de Mayo con Tenerife, el Bazar de Los Puentes y en la carrera 51, entre calles 47 y 48.
En su afán de expansión, la llamada Oficina de Envigado, a través de “las convivires”, le pidieron a 'don Pedro' que les dejara la administración de sus plazas a ellos, pero éste sólo les entregó dos. La negativa generó una cruenta confrontación que entre los meses de octubre del año pasado y enero de este año dejó por lo menos 12 muertos, varios de ellos ocasionados por arma blanca. El número podría ser más alto si se contabilizan las muertes ocurridas durante el mes de febrero.
Dada la desigual confrontación, 'don Pedro' decidió buscar patrocinio para enfrentar a la Oficina de Envigado y lo halló, inicialmente, en el cartel del Norte del Valle. Se planteó entonces un conflicto en el que se dijo que por cada “jíbaro” que mataran los de Envigado, serían asesinados dos “convivires.
En medio de esa disputa han llegado hombres de alias 'don Mario' que quieren pescar en río revuelto y hacerse al dominio de las plazas de vicio en el centro, con el ánimo de acumular territorio y convertirse en el nuevo “patrón” de la ciudad.
Quienes trabajan en el centro de la ciudad esperan que las medidas tomadas por la administración municipal, en conjunto con las autoridades policiales, generen tranquilidad, incremente la seguridad en sus calles y acaben con todas aquellas expresiones de ilegalidad. No piden menos.
* El Instituto Popular de Capacitación, de Medellín
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Agencia de Prensa del IPC*
El centro de Medellín se ha convertido en campo de una soterrada batalla. Diversas facciones de grupos delincuenciales buscan ganar el control de las organizaciones ilegales que ofrecen 'seguridad' a comerciantes a cambio de dinero que cobran con amenazas. Este conflicto lo están aprovechando estructuras armadas al mando de Diego Rendón Herrera, alias don Mario, para fortalecer su presencia en la ciudad.
Así lo ha podido determinar la Agencia de Prensa IPC al conocer documentos elaborados por organismos de inteligencia policial que analizan la situación, a la que califican de muy grave, pues estiman que la confrontación se ha recrudecido y ya ha dejado por lo menos 12 muertos.
El aumento de criminalidad en el centro de la ciudad preocupa a las autoridades que han dispuesto el incremento de la fuerza pública en las calles y la intensificación de las labores de inteligencia para recopilar información que permita desarticular las bandas delincuenciales y lograr su judicialización. El anuncio lo hizo el secretario de Gobierno municipal, Jesús Ramírez, en rueda de prensa realizada este martes 25 de febrero.
La disputa entre delincuentes se centra en ganar el control de las llamadas "convivires" y sus millonarias rentas, que provienen del cobro de extorsiones a cambio de 'seguridad' a todo aquel que posea un negocio en el centro de la ciudad. Estos grupos son organizaciones ilegales conformadas por civiles, muchos de ellos desmovilizados de las Auc y algunos ex policías.
Los informes policiales han venido reconstruyendo la manera cómo operan estos grupos, identificados por comerciantes, vendedores ambulantes y habitantes como “las convivires”. El nombre viene de las cooperativas de vigilancia y seguridad privada autorizadas por el Gobierno nacional y conocidas con ese nombre desde 1995, que tuvieron en Antioquia y Medellín sus mayores desarrollos, hasta cuando fueron desactivadas en julio de 1998.
Estas estructuras le cobran servicios de seguridad y vigilancia a todo tipo de negocios legalmente establecidos, ventas ambulantes y sitios clandestinos de venta de alucinógenos. Los montos van desde 100 mil pesos hasta 2 millones de pesos semanales, según el establecimiento y el tipo de actividad comercial. Quienes se resisten a cancelar las cuotas exigidas son presionados de diversas maneras, entre las que se destacan los daños a la propiedad y los asaltos.
Del cobro no se libran ni aquellos ladrones de almacenes llamados “escaperos”, quienes deben pagar entre 30 mil y 40 mil pesos semanales para que los dejen “trabajar”.
Quien domine el centro de la ciudad no sólo se hace a millones de pesos producto de los cobros; además, regula actividades asociadas al narcotráfico. Una de ellas es la autorización de la apertura de nuevas plazas de vicio, por las cuales el interesado, una vez aprobada su solicitud, debe cancelar un “impuesto” de 8 millones de pesos.
Lo que se observa en el centro de la ciudad es una organización jerarquizada a partir de un coordinador general, que le responde a un superior y que tiene bajo su control a por lo menos 120 hombres, distribuidos en 23 sectores.
En cada sector opera un grupo de por lo menos 6 hombres, quienes portan armas de corto alcance con salvoconducto expedidos por la IV Brigada y vigilan desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, seg´´un los informes de la policía. Además, manejan pequeñas oficinas de “cobros”, desde donde se patrocinan actividades sicariales, a través del préstamo de armas o de facilitar los homicidios, creando las condiciones para la huida de los asesinos.
Dos aspectos llaman la atención de los investigadores: el primero es que el cobro de las cuotas se ha refinado de tal manera que los recibos ya incluyen números de cuentas bancarias en las cuales se debe depositar el dinero; y el segundo es la utilización de radios de comunicación suministrados de forma legal por la Policía Nacional a las redes de apoyo, grupos de civiles que apoyan la labor de las utoridades con información.
Los informes policiales detallan que los sectores bajo vigilancia de estos grupos ilegales son: Prado Centro, La Bayadera, Parque del Periodista, Parque San Antonio, Barrio Triste, Avenida Juan del Corral, Pasaje Peatonal Carabobo, Plaza Botero, Parque Bolívar y Barbacoas, Viaducto del Metro sobre Carrera Bolívar, Carabobo con Juanambú y Rojas Pinilla, Avenida La Playa con la Avenida Oriental, El Raudal, Carrera Junín con Calle San Juan, San Benito, Calle Maturín, El hueco, Pasaje Boyacá, Pasaje La Bastilla, Plaza de Flores, El Chagualo y San Diego.
Si bien los cobros por seguridad y vigilancia son generalizados, los que más generan dinero son los servicios prestados a los sitios donde se expenden sustancias alucinógenas, entre las que se destacan la cocaína, cuyo consumo va en aumento y es mucho más rentable que la marihuana y bazuco.
Justamente esas rentas son las que en la actualidad se convirtieron en objeto de disputa entre hombres de la Oficina de Envigado y un sujeto conocido como 'don Pedro', de quien no se tienen mayores datos que lo identifiquen plenamente. De él se sabe que posee el dominio de las plazas de vicio ubicadas en el sector conocido como La Aurora, en la Avenida Primero de Mayo con Tenerife, el Bazar de Los Puentes y en la carrera 51, entre calles 47 y 48.
En su afán de expansión, la llamada Oficina de Envigado, a través de “las convivires”, le pidieron a 'don Pedro' que les dejara la administración de sus plazas a ellos, pero éste sólo les entregó dos. La negativa generó una cruenta confrontación que entre los meses de octubre del año pasado y enero de este año dejó por lo menos 12 muertos, varios de ellos ocasionados por arma blanca. El número podría ser más alto si se contabilizan las muertes ocurridas durante el mes de febrero.
Dada la desigual confrontación, 'don Pedro' decidió buscar patrocinio para enfrentar a la Oficina de Envigado y lo halló, inicialmente, en el cartel del Norte del Valle. Se planteó entonces un conflicto en el que se dijo que por cada “jíbaro” que mataran los de Envigado, serían asesinados dos “convivires.
En medio de esa disputa han llegado hombres de alias 'don Mario' que quieren pescar en río revuelto y hacerse al dominio de las plazas de vicio en el centro, con el ánimo de acumular territorio y convertirse en el nuevo “patrón” de la ciudad.
Quienes trabajan en el centro de la ciudad esperan que las medidas tomadas por la administración municipal, en conjunto con las autoridades policiales, generen tranquilidad, incremente la seguridad en sus calles y acaben con todas aquellas expresiones de ilegalidad. No piden menos.
* El Instituto Popular de Capacitación, de Medellín
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'Medida no es contundente para hallar responsables de 'chuzadas'': Presidente de la Corte Suprema
Febrero 26 de 2009 - 2:40 p.m.
El magistrado Francisco Javier Ricaurte dijo a EL TIEMPO que la decisión de que el DAS no haga más interceptaciones, anunciada por el Presidente, solo puede "evitar que se repitan hechos como estos".
"Nuestras preocupaciones con motivo de las 'chuzadas' ilegales apuntan es a establecer quién emitió las órdenes para hacer esas 'chuzadas' ilegales y a quiénes se les informó de esos resultados de las chuzadas", expresó el magistrado.
Pero frente a los hechos denunciados por la revista Semana "eso no va a ser muy contundente para establecer quiénes son los responsables, eso lo sabremos con los rersultados de la investigación", dijo.
Hoy jueves, el presidente Álvaro Uribe anunció que el DAS no hará más interceptaciones. Cuando la entidad requiera ese tipo de pruebas para sus investigaciones, deberá practicarlas con el apoyo de la Policía.
De acuerdo con lo dicho por el mandatario, esta labor podrá ser adelantada "excepcionalmente" con otras instituciones de las fuerzas armadas. Todo el procedimiento deberá estar sustentado en una orden firmada por un juez.
Corte Suprema había denunciado posible complot por el caso de las 'chuzadas'El fiscal Mario Iguarán y el procurador Alejandro Ordóñez se reunieron ayer miércoles con los 23 magistrados de la Corte Suprema.
Los magistrados dijeron que no creen que se trate de un procedimiento inconsulto y por eso pidieron que se investigue hasta el fondo ese tema. Incluso, confirmó Iguarán a la salida de la reunión en el Palacio de Justicia, hablan de "un complot que busca entorpecer sus labores".
Los jefes de la Fiscalía y la Procuraduría se comprometieron a entregar resultados concretos sobre las 'chuzadas' que tienen en el centro del huracán al DAS.
Publicado en
www.eltiempo.com
El magistrado Francisco Javier Ricaurte dijo a EL TIEMPO que la decisión de que el DAS no haga más interceptaciones, anunciada por el Presidente, solo puede "evitar que se repitan hechos como estos".
"Nuestras preocupaciones con motivo de las 'chuzadas' ilegales apuntan es a establecer quién emitió las órdenes para hacer esas 'chuzadas' ilegales y a quiénes se les informó de esos resultados de las chuzadas", expresó el magistrado.
Pero frente a los hechos denunciados por la revista Semana "eso no va a ser muy contundente para establecer quiénes son los responsables, eso lo sabremos con los rersultados de la investigación", dijo.
Hoy jueves, el presidente Álvaro Uribe anunció que el DAS no hará más interceptaciones. Cuando la entidad requiera ese tipo de pruebas para sus investigaciones, deberá practicarlas con el apoyo de la Policía.
De acuerdo con lo dicho por el mandatario, esta labor podrá ser adelantada "excepcionalmente" con otras instituciones de las fuerzas armadas. Todo el procedimiento deberá estar sustentado en una orden firmada por un juez.
Corte Suprema había denunciado posible complot por el caso de las 'chuzadas'El fiscal Mario Iguarán y el procurador Alejandro Ordóñez se reunieron ayer miércoles con los 23 magistrados de la Corte Suprema.
Los magistrados dijeron que no creen que se trate de un procedimiento inconsulto y por eso pidieron que se investigue hasta el fondo ese tema. Incluso, confirmó Iguarán a la salida de la reunión en el Palacio de Justicia, hablan de "un complot que busca entorpecer sus labores".
Los jefes de la Fiscalía y la Procuraduría se comprometieron a entregar resultados concretos sobre las 'chuzadas' que tienen en el centro del huracán al DAS.
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miércoles, 8 de abril de 2009
Un país bloqueado
Por qué en Colombia sale sobrando la política.
Por : Hernando Gómez Buendía
La política existe para debatir los problemas nacionales y para escoger entre soluciones alternativas. Pero la política colombiana parece hecha para evadir las discusiones de fondo y para esconder las salidas alternativas. Por eso la nuestra es una sociedad bloqueada, cuya historia política refleja pero no resuelve las enormes tensiones que padecemos.
Esas tensiones provienen sobre todo de tres fuentes: los altibajos en el conflicto armado, la evolución del mercado de la droga, y los cambios reales o percibidos en el nivel de vida del electorado.
Y sin embargo estos temas - los tres asuntos cruciales para la mayoría del pueblo colombiano- no son el centro del debate político, no se resuelven desde la política y no se atienden desde la política si no es - digamos - de manera indirecta o a escondidas. Veamos los tres problemas, conflicto, droga y pobreza:
1. Los hitos de la política colombiana han sido coletazos del conflicto armado. Sin el conflicto no habrían sido el siglo XIX, ni el Frente Nacional, ni la Constituyente, ni habrían sido muchos presidentes a lo largo de la historia. Y por supuesto la doble (o triple) elección de Álvaro Uribe se debe a la existencia de un conflicto armado: si no existieran las Farc Uribe no sería presidente, sin el Ejército no existirían sus éxitos y sin paramilitarismo no existirían sus críticos.
Este gobierno es hijo del conflicto armado y sin embargo existe para negar la existencia de un “conflicto armado“. Es decir, para negar las raíces políticas del conflicto y para descartar -por tanto- su solución política. De manera que sólo queda la vía de la guerra - que viene a ser la negación de la política.
Es verdad que bajo gobiernos anteriores se habló bastante de una salida política - e inclusive es verdad que los gobiernos de Belisario Betancur o Andrés Pastrana se sentaron largamente a conversar con las Farc. Pero estos han sido siempre diálogos sin diálogo es decir, sin sustancia, porque nunca el gobierno o sus voceros han aclarado o han declarado una materia o una reforma específica que pueda o pudiera llegar a ser objeto de negociación real con la insurgencia.
Aunque suena a paradoja, algunos puntos del programa de las Farc se han vuelto realidades: la elección popular de los alcaldes, por ejemplo, o a su manera, la Constituyente, o el desmonte -aunque parcial- del paramilitarismo. Pero estas medidas no han sido tema de diálogo o fruto de un acuerdo con organizaciones guerrilleras. Ni se conoce un solo borrador donde las partes avanzaran un paso más allá de un simple listado de temas y subtemas para la conversación etérea e interminable: “modelo económico”, “reforma política”, “reforma agraria”, “relaciones exteriores” y otras lindezas por el estilo.
Y los políticos, en coro con la prensa y con la totalidad o casi de los colombianos decían antes y repiten ahora con más ganas que “nadie sabe qué es lo que pide la guerrilla” -o sea que no hay nada sobre lo cual se pueda conversar en serio o dialogar de veras para saber al menos en qué consisten nuestras diferencias o preguntarles por qué diablos nos andan matando.
Si ni siquiera la conducción de la guerra ha estado sometida a escrutinio político: ni los partidos, ni el Congreso, ni la prensa se han ocupado de los cambios de estrategia militar entre 1964 y el 2002, como tampoco lo han hecho con los cambios de estrategia durante el gobierno Uribe (del Plan Patriota al Plan Victoria y al Plan Consolidación) no han mirado los costos de la guerra ni han evaluado seriamente el desempeño de las fuerzas armadas. Ni han tratado siquiera de aclarar en qué consiste o en qué consistiría la “victoria” en esta guerra.
2. El narcotráfico ha influido tanto en nuestra vida pública que en lugar de política aquí hay narco-política. Desde la “ventanilla siniestra” en el gobierno López hasta los “emergentes” en el gobierno Uribe, pasando por Pablo Escobar, Rodrigo Lara y Luis Carlos Galán, la Catedral y la Constituyente, la elección de Samper, el proceso 8.000, el Plan Colombia o las conversaciones de San José Ralito, la plata o la violencia de la droga han marcado cada paso en los últimos 35 años de nuestra vida política.
Y sin embargo la política contra las drogas también está excluida meticulosamente del debate político. El narcotráfico (que financia tantísimas campañas) no es un tema de campaña. Los partidos “se alternan” en el poder y los candidatos venden sus “programas” novedosos, pero ninguno hace nada distinto - y ni siquiera dice nada distinto- frente al desafío más grande que tiene Colombia.
Cada gobierno se limita a proseguir, más aún, a escalar, la “guerra contra la droga”. Guerra, vale decir negación de la política. O exclusión del asunto de la agenda política. O no pensar en las posibles alternativas.
No me refiero a alternativas radicales y simplistas, como decir la “legalización” de la droga que reclaman la derecha y la izquierda sin explicar muy bien (ni entender muy bien) de qué cosa están hablando.
Me refiero a las opciones sensatas y factibles, que incluso cuentan con la simpatía de gobiernos o partidos políticos en Europa y en Estados Unidos: la no fumigación, la dosis personal, las medidas de “reducción del daño”, la prevención, el control de precursores, los fondos de compensación internacional…[1]
Es más: ni siquiera el avance de esta otra guerra contra las drogas es objeto de escrutinio político: no sabemos si Colombia produce o exporta más o menos droga ahora que hace 5 o 10 años, ni sabemos si unos programas son más eficaces que otros, o si los costos totales o los de cada programa compensan sus beneficios.
No solamente la droga está prohibida. También está prohibido pensar sobre la droga.
3. Nuestros políticos compiten sobre la base de dos grandes prácticas: el clientelismo y la demagogia. Una funciona porque en Colombia abunda la pobreza y la otra funciona porque en Colombia abunda la exclusión. Y sin embargo la pobreza y la exclusión no son objetos del debate político.
A diferencia de Ecuador, Venezuela y Bolivia, pero también de Argentina o de Brasil, las movilizaciones y protestas populares no existen casi en Colombia.
Aquí hay marchas multitudinarias contra las atrocidades de las Farc. Y hay protestas masivas en defensa de un personaje como David Murcia Guzmán. Pero no hay apoyo y ni siquiera interés -sino más bien repudio generalizado- hacia los escasos y aislados brotes de inconformidad por parte de algún sindicato o de alguna organización indígena.
Y es porque se cree - mejor dicho, porque se nos ha enseñado a creer- que las protestas de los sindicatos o de los indígenas son parte de la guerra, que detrás de cada marcha y cada paro están las Farc que avanzan en puntillas.
O sea que el pueblo se moviliza alrededor del crimen (el secuestro, las pirámides) pero no alrededor del hambre ni de la injusticia. En el resto de América Latina - si no en el mundo entero- las elecciones se ganan o se pierden sobre la base de ofertas y de logros o fracasos en materia económica y social. Pero en Colombia las elecciones se ganan o se pierden sobre la base de posiciones frente al terrorismo y la criminalidad.
La política consiste en reclamar y negociar derechos. Pero en Colombia la guerra no ha dejado que se asome la política, que la gente defienda sus intereses y pelee por sus derechos - incluyendo a la gente de los sindicatos, del movimiento indígena y de todos los grupos que padezcan o sientan el hambre o la injusticia-.
Así que en síntesis aquí sale sobrando la política porque refleja al país pero no le da salidas.
Nota de pie de página
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[1] Hace apenas unos días, en Razón Pública, Francisco Thoumi señaló que en las negociaciones para un nuevo régimen internacional sobre las drogas, Colombia es el único país que sigue apoyando las tesis prohibicionistas de
Publicado en:
http://www.razonpublica.org.co/?cat=12
Por : Hernando Gómez Buendía
La política existe para debatir los problemas nacionales y para escoger entre soluciones alternativas. Pero la política colombiana parece hecha para evadir las discusiones de fondo y para esconder las salidas alternativas. Por eso la nuestra es una sociedad bloqueada, cuya historia política refleja pero no resuelve las enormes tensiones que padecemos.
Esas tensiones provienen sobre todo de tres fuentes: los altibajos en el conflicto armado, la evolución del mercado de la droga, y los cambios reales o percibidos en el nivel de vida del electorado.
Y sin embargo estos temas - los tres asuntos cruciales para la mayoría del pueblo colombiano- no son el centro del debate político, no se resuelven desde la política y no se atienden desde la política si no es - digamos - de manera indirecta o a escondidas. Veamos los tres problemas, conflicto, droga y pobreza:
1. Los hitos de la política colombiana han sido coletazos del conflicto armado. Sin el conflicto no habrían sido el siglo XIX, ni el Frente Nacional, ni la Constituyente, ni habrían sido muchos presidentes a lo largo de la historia. Y por supuesto la doble (o triple) elección de Álvaro Uribe se debe a la existencia de un conflicto armado: si no existieran las Farc Uribe no sería presidente, sin el Ejército no existirían sus éxitos y sin paramilitarismo no existirían sus críticos.
Este gobierno es hijo del conflicto armado y sin embargo existe para negar la existencia de un “conflicto armado“. Es decir, para negar las raíces políticas del conflicto y para descartar -por tanto- su solución política. De manera que sólo queda la vía de la guerra - que viene a ser la negación de la política.
Es verdad que bajo gobiernos anteriores se habló bastante de una salida política - e inclusive es verdad que los gobiernos de Belisario Betancur o Andrés Pastrana se sentaron largamente a conversar con las Farc. Pero estos han sido siempre diálogos sin diálogo es decir, sin sustancia, porque nunca el gobierno o sus voceros han aclarado o han declarado una materia o una reforma específica que pueda o pudiera llegar a ser objeto de negociación real con la insurgencia.
Aunque suena a paradoja, algunos puntos del programa de las Farc se han vuelto realidades: la elección popular de los alcaldes, por ejemplo, o a su manera, la Constituyente, o el desmonte -aunque parcial- del paramilitarismo. Pero estas medidas no han sido tema de diálogo o fruto de un acuerdo con organizaciones guerrilleras. Ni se conoce un solo borrador donde las partes avanzaran un paso más allá de un simple listado de temas y subtemas para la conversación etérea e interminable: “modelo económico”, “reforma política”, “reforma agraria”, “relaciones exteriores” y otras lindezas por el estilo.
Y los políticos, en coro con la prensa y con la totalidad o casi de los colombianos decían antes y repiten ahora con más ganas que “nadie sabe qué es lo que pide la guerrilla” -o sea que no hay nada sobre lo cual se pueda conversar en serio o dialogar de veras para saber al menos en qué consisten nuestras diferencias o preguntarles por qué diablos nos andan matando.
Si ni siquiera la conducción de la guerra ha estado sometida a escrutinio político: ni los partidos, ni el Congreso, ni la prensa se han ocupado de los cambios de estrategia militar entre 1964 y el 2002, como tampoco lo han hecho con los cambios de estrategia durante el gobierno Uribe (del Plan Patriota al Plan Victoria y al Plan Consolidación) no han mirado los costos de la guerra ni han evaluado seriamente el desempeño de las fuerzas armadas. Ni han tratado siquiera de aclarar en qué consiste o en qué consistiría la “victoria” en esta guerra.
2. El narcotráfico ha influido tanto en nuestra vida pública que en lugar de política aquí hay narco-política. Desde la “ventanilla siniestra” en el gobierno López hasta los “emergentes” en el gobierno Uribe, pasando por Pablo Escobar, Rodrigo Lara y Luis Carlos Galán, la Catedral y la Constituyente, la elección de Samper, el proceso 8.000, el Plan Colombia o las conversaciones de San José Ralito, la plata o la violencia de la droga han marcado cada paso en los últimos 35 años de nuestra vida política.
Y sin embargo la política contra las drogas también está excluida meticulosamente del debate político. El narcotráfico (que financia tantísimas campañas) no es un tema de campaña. Los partidos “se alternan” en el poder y los candidatos venden sus “programas” novedosos, pero ninguno hace nada distinto - y ni siquiera dice nada distinto- frente al desafío más grande que tiene Colombia.
Cada gobierno se limita a proseguir, más aún, a escalar, la “guerra contra la droga”. Guerra, vale decir negación de la política. O exclusión del asunto de la agenda política. O no pensar en las posibles alternativas.
No me refiero a alternativas radicales y simplistas, como decir la “legalización” de la droga que reclaman la derecha y la izquierda sin explicar muy bien (ni entender muy bien) de qué cosa están hablando.
Me refiero a las opciones sensatas y factibles, que incluso cuentan con la simpatía de gobiernos o partidos políticos en Europa y en Estados Unidos: la no fumigación, la dosis personal, las medidas de “reducción del daño”, la prevención, el control de precursores, los fondos de compensación internacional…[1]
Es más: ni siquiera el avance de esta otra guerra contra las drogas es objeto de escrutinio político: no sabemos si Colombia produce o exporta más o menos droga ahora que hace 5 o 10 años, ni sabemos si unos programas son más eficaces que otros, o si los costos totales o los de cada programa compensan sus beneficios.
No solamente la droga está prohibida. También está prohibido pensar sobre la droga.
3. Nuestros políticos compiten sobre la base de dos grandes prácticas: el clientelismo y la demagogia. Una funciona porque en Colombia abunda la pobreza y la otra funciona porque en Colombia abunda la exclusión. Y sin embargo la pobreza y la exclusión no son objetos del debate político.
A diferencia de Ecuador, Venezuela y Bolivia, pero también de Argentina o de Brasil, las movilizaciones y protestas populares no existen casi en Colombia.
Aquí hay marchas multitudinarias contra las atrocidades de las Farc. Y hay protestas masivas en defensa de un personaje como David Murcia Guzmán. Pero no hay apoyo y ni siquiera interés -sino más bien repudio generalizado- hacia los escasos y aislados brotes de inconformidad por parte de algún sindicato o de alguna organización indígena.
Y es porque se cree - mejor dicho, porque se nos ha enseñado a creer- que las protestas de los sindicatos o de los indígenas son parte de la guerra, que detrás de cada marcha y cada paro están las Farc que avanzan en puntillas.
O sea que el pueblo se moviliza alrededor del crimen (el secuestro, las pirámides) pero no alrededor del hambre ni de la injusticia. En el resto de América Latina - si no en el mundo entero- las elecciones se ganan o se pierden sobre la base de ofertas y de logros o fracasos en materia económica y social. Pero en Colombia las elecciones se ganan o se pierden sobre la base de posiciones frente al terrorismo y la criminalidad.
La política consiste en reclamar y negociar derechos. Pero en Colombia la guerra no ha dejado que se asome la política, que la gente defienda sus intereses y pelee por sus derechos - incluyendo a la gente de los sindicatos, del movimiento indígena y de todos los grupos que padezcan o sientan el hambre o la injusticia-.
Así que en síntesis aquí sale sobrando la política porque refleja al país pero no le da salidas.
Nota de pie de página
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[1] Hace apenas unos días, en Razón Pública, Francisco Thoumi señaló que en las negociaciones para un nuevo régimen internacional sobre las drogas, Colombia es el único país que sigue apoyando las tesis prohibicionistas de
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http://www.razonpublica.org.co/?cat=12
Un informante fue pieza clave para descubir el imperio oculto de los Rodríguez Orejuela
Febrero 26 de 2009
Gustavo Rommi confesó haber movido US$20 millones que no fueron reportados por los capos del cartel de Cali, lo que acabó con el acuerdo que habían logrado con la justicia de Estados Unidos en 2006.
El nombre de Rommi ni siquiera se escuchó durante esa famosa negociación de los capos y la justicia de E.U., por la cual la familia entregó propiedades por más de 2.000 millones de dólares a cambio del fin de la persecución judicial sobre las esposas, los hijos y otros Rodríguez.
Pero este hombre fue clave en la investigación por lavado de activos que ayer puso tras las rejas a 38 familiares y allegados de los antiguos capos del cartel de Cali, entre ellos cuatro hijos de Gilberto y la hermana de los capos, Amparo Rodríguez Orejuela.
Ante lo revelado por este hombre la familia Rodríguez queda de nuevo en la mira de la justicia de E.U., que no descarta pedir a algunos de ellos en extradición. En veremos quedarían también otros arreglos, como la pena de 11 años de prisión que recibió por narcotráfico William Rodríguez Abadía, el hijo de Miguel.
La información de Gustavo Rommi dejó en evidencia que varios miembros de la familia, a través de testaferros, se siguieron beneficiando de empresas constituidas con dineros ilegales que no fueron reportadas en E.U.
Aseguró que les rendía cuentas directamente a María Alejandra, Jaime y Humberto Rodríguez Mondragón, hijos de Gilberto, y reveló la existencia de unos 100 bienes y negocios que no se mencionaron, que seguían operando y que seguían reportando plata para los herederos de los capos.
Otros que supuestamente habían cambiado de manos estaban en la misma situación.
Según la investigación desarrollada por las agencias antidrogas de E.U. con apoyo de la Fiscalía y la Policía en Colombia, firmas como laboratorios Kressfor de Colombia S.A., Cosmepop, Farmacoop, Aquilea, Racol, Global Express y Megaplast, entre otras, seguían funcionando para las finanzas de los Rodríguez.
Hace tres semanas, como lo reveló EL TIEMPO, Washington había incluido dos empresas en la temida 'Lista Clinton' --Megaplast y Aquilea-- y les había dado plazo a los Rodríguez para que explicaran lo que calificó como un engaño.
Las órdenes de captura de ayer señalan que esas explicaciones no fueron suficientes, aunque voceros de la familia dicen que sí cumplieron los acuerdos y que hay una supuesta persecución en su contra.
La Policía y la Fiscalía ocuparon 140 propiedades en Cali, Cartagena, Palmira, Barranquilla, Cartago, Roldanillo, Popayán y Bogotá. También acciones en 15 sociedades; 11 registros sanitarios del Invima (marcas) y 653 acciones del Club América de Cali.
Serían al menos 30 millones de dólares en total, según los cálculos de la justicia.
Rommi, dijo una fuente allegada al caso, dijo en E.U. que temía por su vida y que por eso habló. "Manejaba una información muy sensible para la familia: Arriendos, las cuentas, la compras y ventas ficticias y conseguía los testaferros", dijo una fuente.
Entre los 38 detenidos hay varios empleados de Coopservir, la firma a la que mutó la cadena de droguerías La Rebaja.
Investigadores de la Policía Antinarcóticos establecieron la veracidad de las declaraciones de Gustavo Rommi. Una vez notificaron a la Fiscalía, la Dijín reactivó los viejos procesos de extinción contra las propiedades de los Rodríguez, detenidos por la negociación.
Entre los detenidos están Andrés Felipe Idárraga, esposo de una de las sobrinas de Gilberto y Miguel y también capturada.
Hernando Mejía Uribe fue arrestado en Cartagena donde desarrollaba millonarios proyectos de construcción. Esos proyectos están ahora en la mira.
Publicado en:
www.eltiempo.com
Gustavo Rommi confesó haber movido US$20 millones que no fueron reportados por los capos del cartel de Cali, lo que acabó con el acuerdo que habían logrado con la justicia de Estados Unidos en 2006.
El nombre de Rommi ni siquiera se escuchó durante esa famosa negociación de los capos y la justicia de E.U., por la cual la familia entregó propiedades por más de 2.000 millones de dólares a cambio del fin de la persecución judicial sobre las esposas, los hijos y otros Rodríguez.
Pero este hombre fue clave en la investigación por lavado de activos que ayer puso tras las rejas a 38 familiares y allegados de los antiguos capos del cartel de Cali, entre ellos cuatro hijos de Gilberto y la hermana de los capos, Amparo Rodríguez Orejuela.
Ante lo revelado por este hombre la familia Rodríguez queda de nuevo en la mira de la justicia de E.U., que no descarta pedir a algunos de ellos en extradición. En veremos quedarían también otros arreglos, como la pena de 11 años de prisión que recibió por narcotráfico William Rodríguez Abadía, el hijo de Miguel.
La información de Gustavo Rommi dejó en evidencia que varios miembros de la familia, a través de testaferros, se siguieron beneficiando de empresas constituidas con dineros ilegales que no fueron reportadas en E.U.
Aseguró que les rendía cuentas directamente a María Alejandra, Jaime y Humberto Rodríguez Mondragón, hijos de Gilberto, y reveló la existencia de unos 100 bienes y negocios que no se mencionaron, que seguían operando y que seguían reportando plata para los herederos de los capos.
Otros que supuestamente habían cambiado de manos estaban en la misma situación.
Según la investigación desarrollada por las agencias antidrogas de E.U. con apoyo de la Fiscalía y la Policía en Colombia, firmas como laboratorios Kressfor de Colombia S.A., Cosmepop, Farmacoop, Aquilea, Racol, Global Express y Megaplast, entre otras, seguían funcionando para las finanzas de los Rodríguez.
Hace tres semanas, como lo reveló EL TIEMPO, Washington había incluido dos empresas en la temida 'Lista Clinton' --Megaplast y Aquilea-- y les había dado plazo a los Rodríguez para que explicaran lo que calificó como un engaño.
Las órdenes de captura de ayer señalan que esas explicaciones no fueron suficientes, aunque voceros de la familia dicen que sí cumplieron los acuerdos y que hay una supuesta persecución en su contra.
La Policía y la Fiscalía ocuparon 140 propiedades en Cali, Cartagena, Palmira, Barranquilla, Cartago, Roldanillo, Popayán y Bogotá. También acciones en 15 sociedades; 11 registros sanitarios del Invima (marcas) y 653 acciones del Club América de Cali.
Serían al menos 30 millones de dólares en total, según los cálculos de la justicia.
Rommi, dijo una fuente allegada al caso, dijo en E.U. que temía por su vida y que por eso habló. "Manejaba una información muy sensible para la familia: Arriendos, las cuentas, la compras y ventas ficticias y conseguía los testaferros", dijo una fuente.
Entre los 38 detenidos hay varios empleados de Coopservir, la firma a la que mutó la cadena de droguerías La Rebaja.
Investigadores de la Policía Antinarcóticos establecieron la veracidad de las declaraciones de Gustavo Rommi. Una vez notificaron a la Fiscalía, la Dijín reactivó los viejos procesos de extinción contra las propiedades de los Rodríguez, detenidos por la negociación.
Entre los detenidos están Andrés Felipe Idárraga, esposo de una de las sobrinas de Gilberto y Miguel y también capturada.
Hernando Mejía Uribe fue arrestado en Cartagena donde desarrollaba millonarios proyectos de construcción. Esos proyectos están ahora en la mira.
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