'Cuchillo', Pedro Oliveiro Guerrero
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- 11/01/2009 Un socio incómodo (Semana)
- 07/11/2008 Las dudas del presidente (Semana)
Bloque Centauros
Desde muy joven empezó a militar en las autodefensas en el ejército de Gonzalo Rodríguez Gacha y más adelante, se unió al Bloque Centauros. Su jefe por mucho años, fue el fallecido Miguel Arroyave, quien también terminó siendo víctima de Guerrero. Según El Tiempo, tras asesinar a Arroyave, Guerrero se adueñó de su estructura de narcotráfico y del mercado de la coca en Guaviare, Vichada y Meta, convirtiéndose en uno de los narcos más poderosos del país.
Además de ser el comandante del Frente Héroes del Guaviare, alias “Cuchillo” formó el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista Colombiano (Erpac) en las áreas rurales de San Martín, Puerto López y Puerto Gaitán en el Meta.
De acuerdo al Coronel Rubio, subcomandante de la policía del Meta, en sus investigaciones detectaron acuerdos delictivos entre miembros de las Farc con hombres de alias Cuchillo en torno a los cultivos ilícitos.
Alias usados: Didier, Cuchillo.
Estructura: Frente Héroes del Guaviare que hacía parte del Bloque Centauros.
Ubicación geográfica: Departamentos del Meta, Casanare, y Guaviare.
Víctimas que le atribuye la justicia: Las autoridades le atribuyen el asesinato de su ex jefe, Miguel Arroyave. También es acusado junto a sus hombres de las masacres en Mapiripán y en Puerto Alvira (Meta) que dejaron 69 campesinos muertos.
Bienes entregados: El día de su desmovilización el bloque entregó 1.024 armas (845 largas, 23 cortas, 151 de apoyo), 178.798 unidades de munición de diferente calibre, 1.485 granadas, 141 radios portátiles, 11 radios de base, 26 vehículos y 4 máquinas de coser.
Los crímenes conocidos: Tiene en su contra seis procesos vigentes por homicidio, extorsión, desaparición forzada, tráfico de narcóticos y acceso carnal violento. También se le señala como posible responsable de la muerte del jefe paramilitar Miguel Arroyabe.
Fecha de desmovilización: 6 de abril del 2006.
Situación a julio de 2008: A pesar de su desmovilización en el 2006, Pedro Oliveiro Guerrero se negó a reclutarse en la cárcel de La Ceja y está prófugo. Es buscado por la justicia.
Publicado en
www.verdadabierta.com
lunes, 4 de mayo de 2009
La “misión” de los hombres de Isaza
Justicia y Paz - Imputaciones
Miércoles, 11 de Marzo de 2009 11:42
Gran parte de los cargos imputados a Ramón Isaza en su primera audiencia de Justicia y Paz tienen que ver con un inaudito régimen de limpieza social que impusieron las Autodefensas del Magdalena. La mayoría de los cargos se refieren a asesinatos de ladrones, adictos y enfermos mentales.
En breve: En su primera imputación parcial de cargos de Justicia y Paz el 10 de marzo del 2009, el ex jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Ramón María Isaza, alias 'El Viejo', recibió acusación por 35 asesinatos que las autodefensas realizaron en contra de ladrones, adictos y enfermos mentales.
De los 35 casos imputados al ex jefe paramilitar, todos corresponden al homicidio de personas, que según miembros de las autodefensas y las investigaciones de la Fiscalía, se encontraban involucrados con el tráfico y consumo de estupefacientes, al igual que el hurto de ganado y bienes materiales.
La audiencia de imputación parcial de cargos contra el ex jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Ramón María Isaza, alias ‘El Viejo’, se había aplazado en dos oportunidades por problemas de trámite.
En esta audiencia se conoció que, a pesar de que el grupo de Isaza se financió con dineros provenientes del robo de automóviles y el tráfico de droga en los departamentos de Tolima, Caldas, y Magdalena, los paramilitares perseguían y asesinaban personas que, según el criterio de Isaza, “lastimaban los intereses de la comunidad”.
Varias víctimas de las ACMM dijeron a Verdad Abierta.com que los paramilitares convirtieron en objetivo militar a delincuentes, enfermos mentales y adictos: “Ellos hacían lo que querían con nosotros, eran la autoridad, remplazaron la justicia con la complicidad de las autoridades, asesinando a nuestros familiares”, dijo el familiar de una víctima de este paramilitar que asistió a la audiencia de imputación de cargos.
Según dijo el Fiscal Carlos Alberto Gordillo, en sus 27 versiones libres ante la Fiscalía, Ramón Isaza reconoció haber ordenado a sus hombres que asesinaran a todas las personas que expendieran o consumieran droga; también les ordenó perseguir a los habitantes que fueran sorprendidos o señalados de robar.
En la audiencia, que se realizó ante un magistrado con funciones de Control de Garantías, la Fiscalía también le imputó a Isaza los delitos de concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas, uso ilegal de uniformes e insignias; y adiestramiento para actividades ilegales.
La Fiscalía denunció ante el Magistrado Julio Ospino Gutiérrez que, a pesar de la insistencia del despacho segundo de la Unidad de Justicia y Paz, la defensa de Ramón Isaza no ha presentado al Fondo de Reparación los bienes que se comprometió a entregar al inicio de versión libre.
La Fiscalía pretendía imputarle 147 hechos delictivos a Ramón Isaza que según fuentes de Policía Judicial dejaron aproximadamente más de 400 víctimas. Sin embargo, la audiencia finalizó con solo 35 delitos imputados.
Más de 120 víctimas de Ramón Isaza se acercan al tribunal para que la Defensoria del Pueblo les otorge un abogado. La audiencia de imputación se inició en horas de tarde. Foto: Fiscalía
Entre las acciones aceptadas en versión libre por Isaza se encuentran masacres como la ocurrida en mayo de 1997 en la vereda La Esperanza de Carmen de Viboral (Antioquia), donde fueron asesinados 14 campesinos.
Así mismo la Fiscalía tiene pensado imputarle en próximas sesiones, que se realizarán el 31 de marzo y los días 1 y 2 del mes de abril, los delitos cometidos en otras incursiones como las de Fálan y Armero-Guayabal (Tolima), donde fueron asesinados varios cazadores y pescadores de la región; vereda La Parroquia y La Leonera de Fresno (Tolima), Frías en Palocabildo (Tolima), finca Las Mercedes en Sonsón (Antioquia), y La Grajalia, en la vía que conduce a Manzanares (Caldas).
Más de 120 víctimas de diferentes partes del país se trasladaron a los Tribunales buscando una respuesta por los crímenes que cometieron los frentes paramilitares que siguieron las órdenes de Isaza desde 1977. Fue tanta la cantidad de asistentes que la Defensoría del Pueblo se vio obligada a tomar poderes desde el atril del tribunal de forma oral y a las afueras del despacho mientras se realizaba la audiencia.
Historia de las ACMM
Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) fue el primer grupo paramilitar con influencia en la región del Oriente Antioqueño. Se concentraban en los municipios de San Luís, Puerto Triunfo, Puerto Nare, Puerto Boyacá, y en las zonas adyacentes a la autopista Medellín-Bogotá. También hizo presencia en municipios del nororiente de Caldas y el norte del Tolima.
Estas autodefensas se configuran en los años 80 en respuesta a la llegada de las FARC al Oriente Antioqueño. Su comandante fue Ramón Isaza Arango quien se concentró en la región limítrofe del Oriente que tuvo influencia de los grupos de Gonzalo y Henry Pérez, Ariel Otero y de alias 'Botalón', quienes operaban en Puerto Boyacá, eran entrenados por israelíes y patrocinados por Gonzalo Rodríguez Gacha. El control de esta estructura pasó a manos de diferentes miembros de la familia de Isaza como sus hijos Omar (“Teniente”, ya fallecido), Ovidio (“Roque”) y Oliverio (“Terror”), su yerno Macguiver y sus sobrinos Miguel y Hernán, quienes se convirtieron en comandantes y se repartieron los territorios. Otros de sus comandantes fueron alias “El Gurre”, “Memo” y “Tolima” Estas autodefensas estuvieron respaldadas por los ganaderos y narcotraficantes.
Según versiones de jefes paramilitares, presuntamente se contó con el apoyo de oficiales de las Fuerzas Militares como Farouk Yanine Díaz y Alfonso Manosalva.
En un principio, la única relación que tenia Ramón Isaza y sus familiares con el narcotráfico se limitaba a cuidar las fincas de los narcos y al cobro de vacunas a los productores y comercializadores de la coca. Sin embargo, terminó involucrado en el negocio. Otro medio para obtener recursos surgió del robo de gasolina, la extorsión y el robo de ganado.
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Miércoles, 11 de Marzo de 2009 11:42
Gran parte de los cargos imputados a Ramón Isaza en su primera audiencia de Justicia y Paz tienen que ver con un inaudito régimen de limpieza social que impusieron las Autodefensas del Magdalena. La mayoría de los cargos se refieren a asesinatos de ladrones, adictos y enfermos mentales.
En breve: En su primera imputación parcial de cargos de Justicia y Paz el 10 de marzo del 2009, el ex jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Ramón María Isaza, alias 'El Viejo', recibió acusación por 35 asesinatos que las autodefensas realizaron en contra de ladrones, adictos y enfermos mentales.
De los 35 casos imputados al ex jefe paramilitar, todos corresponden al homicidio de personas, que según miembros de las autodefensas y las investigaciones de la Fiscalía, se encontraban involucrados con el tráfico y consumo de estupefacientes, al igual que el hurto de ganado y bienes materiales.
La audiencia de imputación parcial de cargos contra el ex jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Ramón María Isaza, alias ‘El Viejo’, se había aplazado en dos oportunidades por problemas de trámite.
En esta audiencia se conoció que, a pesar de que el grupo de Isaza se financió con dineros provenientes del robo de automóviles y el tráfico de droga en los departamentos de Tolima, Caldas, y Magdalena, los paramilitares perseguían y asesinaban personas que, según el criterio de Isaza, “lastimaban los intereses de la comunidad”.
Varias víctimas de las ACMM dijeron a Verdad Abierta.com que los paramilitares convirtieron en objetivo militar a delincuentes, enfermos mentales y adictos: “Ellos hacían lo que querían con nosotros, eran la autoridad, remplazaron la justicia con la complicidad de las autoridades, asesinando a nuestros familiares”, dijo el familiar de una víctima de este paramilitar que asistió a la audiencia de imputación de cargos.
Según dijo el Fiscal Carlos Alberto Gordillo, en sus 27 versiones libres ante la Fiscalía, Ramón Isaza reconoció haber ordenado a sus hombres que asesinaran a todas las personas que expendieran o consumieran droga; también les ordenó perseguir a los habitantes que fueran sorprendidos o señalados de robar.
En la audiencia, que se realizó ante un magistrado con funciones de Control de Garantías, la Fiscalía también le imputó a Isaza los delitos de concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas, uso ilegal de uniformes e insignias; y adiestramiento para actividades ilegales.
La Fiscalía denunció ante el Magistrado Julio Ospino Gutiérrez que, a pesar de la insistencia del despacho segundo de la Unidad de Justicia y Paz, la defensa de Ramón Isaza no ha presentado al Fondo de Reparación los bienes que se comprometió a entregar al inicio de versión libre.
La Fiscalía pretendía imputarle 147 hechos delictivos a Ramón Isaza que según fuentes de Policía Judicial dejaron aproximadamente más de 400 víctimas. Sin embargo, la audiencia finalizó con solo 35 delitos imputados.
Más de 120 víctimas de Ramón Isaza se acercan al tribunal para que la Defensoria del Pueblo les otorge un abogado. La audiencia de imputación se inició en horas de tarde. Foto: Fiscalía
Entre las acciones aceptadas en versión libre por Isaza se encuentran masacres como la ocurrida en mayo de 1997 en la vereda La Esperanza de Carmen de Viboral (Antioquia), donde fueron asesinados 14 campesinos.
Así mismo la Fiscalía tiene pensado imputarle en próximas sesiones, que se realizarán el 31 de marzo y los días 1 y 2 del mes de abril, los delitos cometidos en otras incursiones como las de Fálan y Armero-Guayabal (Tolima), donde fueron asesinados varios cazadores y pescadores de la región; vereda La Parroquia y La Leonera de Fresno (Tolima), Frías en Palocabildo (Tolima), finca Las Mercedes en Sonsón (Antioquia), y La Grajalia, en la vía que conduce a Manzanares (Caldas).
Más de 120 víctimas de diferentes partes del país se trasladaron a los Tribunales buscando una respuesta por los crímenes que cometieron los frentes paramilitares que siguieron las órdenes de Isaza desde 1977. Fue tanta la cantidad de asistentes que la Defensoría del Pueblo se vio obligada a tomar poderes desde el atril del tribunal de forma oral y a las afueras del despacho mientras se realizaba la audiencia.
Historia de las ACMM
Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) fue el primer grupo paramilitar con influencia en la región del Oriente Antioqueño. Se concentraban en los municipios de San Luís, Puerto Triunfo, Puerto Nare, Puerto Boyacá, y en las zonas adyacentes a la autopista Medellín-Bogotá. También hizo presencia en municipios del nororiente de Caldas y el norte del Tolima.
Estas autodefensas se configuran en los años 80 en respuesta a la llegada de las FARC al Oriente Antioqueño. Su comandante fue Ramón Isaza Arango quien se concentró en la región limítrofe del Oriente que tuvo influencia de los grupos de Gonzalo y Henry Pérez, Ariel Otero y de alias 'Botalón', quienes operaban en Puerto Boyacá, eran entrenados por israelíes y patrocinados por Gonzalo Rodríguez Gacha. El control de esta estructura pasó a manos de diferentes miembros de la familia de Isaza como sus hijos Omar (“Teniente”, ya fallecido), Ovidio (“Roque”) y Oliverio (“Terror”), su yerno Macguiver y sus sobrinos Miguel y Hernán, quienes se convirtieron en comandantes y se repartieron los territorios. Otros de sus comandantes fueron alias “El Gurre”, “Memo” y “Tolima” Estas autodefensas estuvieron respaldadas por los ganaderos y narcotraficantes.
Según versiones de jefes paramilitares, presuntamente se contó con el apoyo de oficiales de las Fuerzas Militares como Farouk Yanine Díaz y Alfonso Manosalva.
En un principio, la única relación que tenia Ramón Isaza y sus familiares con el narcotráfico se limitaba a cuidar las fincas de los narcos y al cobro de vacunas a los productores y comercializadores de la coca. Sin embargo, terminó involucrado en el negocio. Otro medio para obtener recursos surgió del robo de gasolina, la extorsión y el robo de ganado.
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“Los centinelas de Ingrid fueron comprados”
Conflicto armado Un libro publicado por el ex facilitador francés ante las Farc, Noël Saez, busca rebatir la versión oficial sobre cómo se realizó la Operación Jaque. ¿Contiene algo de verdad o es una estrategia de ventas?
Camilo Jiménez, corresponsal de Semana en Alemania
Un nuevo libro revive los interrogantes sobre una posible negociación detrás de la espectacular Operación Jaque, que logró el rescate de Ingrid Betancourt, tres contratistas estadounidenses y otros once rehenes.
En una entrevista publicada el lunes (9 de marzo) en el diario francés Le Figaro, Saez afirmó que “los centinelas de Ingrid Betancourt habían sido comprados” por el gobierno colombiano mucho antes del 2 de julio de 2008, fecha en que la operación de rescate tuvo lugar. “De lo contrario, los centinelas jamás habrían soltado a sus rehenes”, dijo. En la entrevista Saez no entrega pruebas concretas de que así haya sido.
Cuestionado por los periodistas de Le Figaro acerca del secreto escondido detrás del supuesto éxito de la misión de rescate, el veterano diplomático de 67 años y ex cónsul francés en Bogotá se limitó a decir que “la población colombiana está convencida de que (la operación) fue el fruto de una labor extraordinaria del ejército; y yo quiero demostrar lo contrario.”
De hacerlo se encargará un libro titulado “El emisario”, escrito por Saez con la colaboración de la periodista francesa Claude Mendibil, que fue puesto ayer en venta por la editorial Robert Laffont en las librerías de toda Francia y que dio ocasión a la entrevista publicada en Le Figaro. Se trata de un tomo de 250 páginas, en que el ex facilitador busca explicar porqué “la opinión pública ignora cómo fue efectuada la Operación Jaque”, considerada hasta ahora como la más perfecta operación militar de la historia de las Fuerzas Armadas de Colombia.
Asimismo, Saez dedica una buena parte del libro a “establecer con claridad la verdad” acerca de las negociaciones que dirigió durante su tiempo como facilitador para un acuerdo humanitario con las Farc con el fin de que devolvieran la libertad a Ingrid Betancourt.
Saez, quien entre 2005 y 2008 representó a los gobiernos de Jacques Chirac y Nicolás Sarkozy ante el Secretariado de las Farc, dice estar convencido de que la misión incluyó una negociación previa entre el gobierno de Álvaro Uribe y alias ‘César’, el carcelero de los rescatados, aunque no da pruebas concretas de que así haya sido.
“La operación ha sido presentada al mejor estilo hollywoodiense, pero si uno conoce a las Farc, es impensable que algo así pudiera sucedido”, dijo; no sin antes anotar que para él “lo importante es que los rehenes estén libres”.
Según la versión de los hechos consignada en el libro de Saez, la Operación Jaque ya se había iniciado en febrero de 2008, cinco meses antes de lo pensado. Así se lo dijo a Le Figaro: “En ese entonces el presidente Uribe nos informó a Bernard Kouchner y a mí que habían arrestado a la mujer de ‘César’ (…), quien ostentaba importantes responsabilidades en el seno de la guerrilla”. El ex facilitador francés considera posible que a partir de ese momento ‘César’ ya se hubiera ‘entregado’, no sin antes llegar a un acuerdo con el gobierno. Según lo pactado, el guerrillero colaboraría con la liberación de su grupo de secuestrados bajo la condición de que no lo extraditaran.
Saez se apoya en una declaración que dió el Presidente Uirbe quince días antes de la Operación Jaque. “A un guerrillero que está ofreciendo que va a entregar a Ingrid Betancourt y a otros secuestrados, se le mandó una carta -que él pidió-, se la mandó la Directora del DAS con mi autorización, de que si cumple con eso no se le extradita. Ojalá fuera verdad”, dijo el presidente Uribe el 13 de junio de 2008, durante un foro.
Según Saez, tan falsa como la versión difundida por el gobierno acerca de la forma en que la operación fue realizada fue la noticia difundida en la víspera de la misión según la cual él había partido hacia la selva para asistir a una reunión con Alfonso Cano, entonces recientemente nombrado jefe máximo de las Farc. “Ese anuncio sólo buscaba darle credibilidad a la operación ante los ojos de las Farc. El gobierno nos utilizó”, dijo.
Las afirmaciones de Saez van en la misma dirección de la versión que ha difundido la estación radial suiza Radio Suiza Romande, según la cual la Operación Jaque fue un montaje, que había resultado del pago de una recompensa de 20 millones de dólares a varios integrantes del grupo de guerrilleros que vigilaban a Ingrid Betancourt, los tres soldados estadounidenses y los demás once rescatados. Las afirmaciones de la radio suiza, publicadas un día después del espectacular rescate, se basaron en información obtenida de una fuente anónima por el periodista Frédéric Blassel.
El gobierno colombiano insinuó que la fuente de Blassel era otro de los antiguos facilitadores europeos ante las Farc, el suizo Jean-Pierre Gontard. Este profesor universitario de 68 años fue representante del gobierno de Suiza ante la cúpula de las Farc. Su país, junto con Francia y España, había sido admitido dentro del Grupo de Países Amigos que, con la aquiescencia del gobierno de Uribe, facilitarían una solución al conflicto armado con las Farc y, en fin, la paz en Colombia.
Sin embargo, como su colega francés Gontard debió abandonar el país poco después de la Operación Jaque y en medio de acusaciones dirigidas en su contra por el Gobierno, según las cuales correos hallados en los computadores portátiles de Raúl Reyes demostraban que los facilitadores excedieron las funciones asignadas.
Gontard había mantenido absoluto silencio, pero el volumen de las recriminaciones provenientes de Colombia (aparecía en los computadores de Reyes como el portador de medio millón de dólares pertenecientes a las Farc y escondidos en Costa Rica) se tornaron tan fuertes que en una entrevista publicada en Le Monde el pasado 2 de febrero negó rotundamente qeu se hubiera extralimitado en sus funciones de facilitador.
En la entrevista publicada ayer en Le Figaro, su par francés Noël Saez defiende la misma versión. “No tengo nada qué esconder”, dijo.
Publicado en
www.semana.com
Camilo Jiménez, corresponsal de Semana en Alemania
Un nuevo libro revive los interrogantes sobre una posible negociación detrás de la espectacular Operación Jaque, que logró el rescate de Ingrid Betancourt, tres contratistas estadounidenses y otros once rehenes.
En una entrevista publicada el lunes (9 de marzo) en el diario francés Le Figaro, Saez afirmó que “los centinelas de Ingrid Betancourt habían sido comprados” por el gobierno colombiano mucho antes del 2 de julio de 2008, fecha en que la operación de rescate tuvo lugar. “De lo contrario, los centinelas jamás habrían soltado a sus rehenes”, dijo. En la entrevista Saez no entrega pruebas concretas de que así haya sido.
Cuestionado por los periodistas de Le Figaro acerca del secreto escondido detrás del supuesto éxito de la misión de rescate, el veterano diplomático de 67 años y ex cónsul francés en Bogotá se limitó a decir que “la población colombiana está convencida de que (la operación) fue el fruto de una labor extraordinaria del ejército; y yo quiero demostrar lo contrario.”
De hacerlo se encargará un libro titulado “El emisario”, escrito por Saez con la colaboración de la periodista francesa Claude Mendibil, que fue puesto ayer en venta por la editorial Robert Laffont en las librerías de toda Francia y que dio ocasión a la entrevista publicada en Le Figaro. Se trata de un tomo de 250 páginas, en que el ex facilitador busca explicar porqué “la opinión pública ignora cómo fue efectuada la Operación Jaque”, considerada hasta ahora como la más perfecta operación militar de la historia de las Fuerzas Armadas de Colombia.
Asimismo, Saez dedica una buena parte del libro a “establecer con claridad la verdad” acerca de las negociaciones que dirigió durante su tiempo como facilitador para un acuerdo humanitario con las Farc con el fin de que devolvieran la libertad a Ingrid Betancourt.
Saez, quien entre 2005 y 2008 representó a los gobiernos de Jacques Chirac y Nicolás Sarkozy ante el Secretariado de las Farc, dice estar convencido de que la misión incluyó una negociación previa entre el gobierno de Álvaro Uribe y alias ‘César’, el carcelero de los rescatados, aunque no da pruebas concretas de que así haya sido.
“La operación ha sido presentada al mejor estilo hollywoodiense, pero si uno conoce a las Farc, es impensable que algo así pudiera sucedido”, dijo; no sin antes anotar que para él “lo importante es que los rehenes estén libres”.
Según la versión de los hechos consignada en el libro de Saez, la Operación Jaque ya se había iniciado en febrero de 2008, cinco meses antes de lo pensado. Así se lo dijo a Le Figaro: “En ese entonces el presidente Uribe nos informó a Bernard Kouchner y a mí que habían arrestado a la mujer de ‘César’ (…), quien ostentaba importantes responsabilidades en el seno de la guerrilla”. El ex facilitador francés considera posible que a partir de ese momento ‘César’ ya se hubiera ‘entregado’, no sin antes llegar a un acuerdo con el gobierno. Según lo pactado, el guerrillero colaboraría con la liberación de su grupo de secuestrados bajo la condición de que no lo extraditaran.
Saez se apoya en una declaración que dió el Presidente Uirbe quince días antes de la Operación Jaque. “A un guerrillero que está ofreciendo que va a entregar a Ingrid Betancourt y a otros secuestrados, se le mandó una carta -que él pidió-, se la mandó la Directora del DAS con mi autorización, de que si cumple con eso no se le extradita. Ojalá fuera verdad”, dijo el presidente Uribe el 13 de junio de 2008, durante un foro.
Según Saez, tan falsa como la versión difundida por el gobierno acerca de la forma en que la operación fue realizada fue la noticia difundida en la víspera de la misión según la cual él había partido hacia la selva para asistir a una reunión con Alfonso Cano, entonces recientemente nombrado jefe máximo de las Farc. “Ese anuncio sólo buscaba darle credibilidad a la operación ante los ojos de las Farc. El gobierno nos utilizó”, dijo.
Las afirmaciones de Saez van en la misma dirección de la versión que ha difundido la estación radial suiza Radio Suiza Romande, según la cual la Operación Jaque fue un montaje, que había resultado del pago de una recompensa de 20 millones de dólares a varios integrantes del grupo de guerrilleros que vigilaban a Ingrid Betancourt, los tres soldados estadounidenses y los demás once rescatados. Las afirmaciones de la radio suiza, publicadas un día después del espectacular rescate, se basaron en información obtenida de una fuente anónima por el periodista Frédéric Blassel.
El gobierno colombiano insinuó que la fuente de Blassel era otro de los antiguos facilitadores europeos ante las Farc, el suizo Jean-Pierre Gontard. Este profesor universitario de 68 años fue representante del gobierno de Suiza ante la cúpula de las Farc. Su país, junto con Francia y España, había sido admitido dentro del Grupo de Países Amigos que, con la aquiescencia del gobierno de Uribe, facilitarían una solución al conflicto armado con las Farc y, en fin, la paz en Colombia.
Sin embargo, como su colega francés Gontard debió abandonar el país poco después de la Operación Jaque y en medio de acusaciones dirigidas en su contra por el Gobierno, según las cuales correos hallados en los computadores portátiles de Raúl Reyes demostraban que los facilitadores excedieron las funciones asignadas.
Gontard había mantenido absoluto silencio, pero el volumen de las recriminaciones provenientes de Colombia (aparecía en los computadores de Reyes como el portador de medio millón de dólares pertenecientes a las Farc y escondidos en Costa Rica) se tornaron tan fuertes que en una entrevista publicada en Le Monde el pasado 2 de febrero negó rotundamente qeu se hubiera extralimitado en sus funciones de facilitador.
En la entrevista publicada ayer en Le Figaro, su par francés Noël Saez defiende la misma versión. “No tengo nada qué esconder”, dijo.
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¿Para qué salen ‘Olivo Saldaña’ y ‘Karina’?
Seguridad Según el gobierno, los dos ex integrantes de las Farc “han expresado su voluntad de paz y quieren contribuir a la aplicación efectiva del derecho internacional humanitario”. Su gestión de paz principal consistirá en incentivar a otros a que dejan las armas.
Elda Neyis Mosquera García, alias ‘Karina’, y Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’, fueron dos temerarios guerrilleros de las Farc. La primera sembró el terror en la zona cafetera y el segundo fue un gran secuestrador en Tolima y Huila. Después de haber permanecido en la cárcel, procesados o condenados de delitos como secuestro, homicidio agravado y extorsión, el gobierno ordenó su libertad para que se dediquen a hacer “gestiones de paz”.
Según el gobierno, los dos “han expresado formalmente su voluntad de paz y de contribuir a la aplicación efectiva del Derecho Internacional Humanitario, así como su compromiso de renunciar a toda actividad ilegal, de reincorporarse a la vida civil y de colaborar con la justicia”.
En un comunicado publicado en la página web de la Casa de Nariño, dice el gobierno que “ofrecerá las condiciones de seguridad que se requieran para el adecuado desempeño de su misión como gestores de paz”, y que ambos ex guerrilleros tendrán la permanente supervisión permanente del Inpec.
A ninguno de los dos se les suspenderá los procesos penales.
La decisión de dejar en libertad a un grupo de guerrilleros para hacer estas labores la había anunciado días antes el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo. Sin embargo, el funcionario había dicho que los que recibirían estos beneficios serían guerrilleros que hubieran entregado secuestrados. Pero ni ‘Karina’ ni ‘Saldaña’ han entregado alguno.
Este episodio obliga a recordar el ocurrido el 4 de junio de 2007, cuando el líder de las Farc, Rodrigo Granda, salió libre de la cárcel La Picota por orden del presidente Álvaro Uribe. En ese entonces, la idea del gobierno era que él propiciara acercamientos con las Farc para lograr la liberación de secuestrados y el acuerdo humanitario.
Sin embargo, el acuerdo humanitario nunca llegó y Granda volvió a la guerrilla y nunca cumplió lo acordado con el gobierno.
¿Para qué salen?
¿Para qué corre Uribe este riesgo otra vez, más cuando no hay ninguna negociación con la guerrilla en curso y ni ‘Karina’ ni ‘Saldaña’ pueden realmente hacer gestiones de paz?
La razón real no es una "gestión de paz" en el sentido clásico de una negociación de paz. Es claro que 'Saldaña' sale porque se ha convertido adentro de la cárcel en uno de los líderes del movimiento de "Manos por la Paz", que ha ido conquistando guerrilleros en las cárceles colombianas para que se desmovilicen e inciten a sus parientes y amigos y que aún están en la guerrilla a que se salgan. 'Karina' muy seguramente también ha adoptado la misma línea.
Manos por la Paz puede tener hasta 1.000 guerrilleros en su causa y con el apoyo de la holandesa Liduine Zumpolle habían estado negociando con el gobierno desde hace casi un año para que les diera una puerta de salida como grupo, con alguna vocería política que les permita hacer una llamado a su ex compañeros de las Farc a que se entreguen y dejen las armas.
'Karina' está además en el proceso de Justicia y Paz y en la medida en que colabore con la justicia, la reparación y la verdad, podrá optar por una pena alternativa por sus delitos. El caso de 'Saldaña' es diferente porque él fue capturado y tiene varias largas condenas por secuestro en firme.
Los guerrilleros que se han desmovilizado quedan cobijados bajo la Ley de Justicia y Paz pero, según la jurisprudencia vigente, sólo por los delitos cometidos hasta julio 25 de 2005. Por eso el gobierno, en días pasado, presentó un proyecto de ley, que extendería ese plazo para todos los delitos que haya cometido un paramilitar o un guerrillero hasta el día de su desmovilización. Esto quiere decir que si colaboran con la justicia pueden optar por una pena alternativa de máximo ocho años.
La medida del gobierno, de liberar a guerrilleros tan temidos, también es un mensaje fuerte a todos los guerrilleros de Colombia para que confíen en que aún el que haya cometido más delitos, en efecto se le respeta y puede incluso convertirse en un gestor de paz y recibir un tratamiento generoso por parte del Estado. Esto puede incentivar muchas más desmovilizaciones.
La estrategia de sacarle la gente a la guerrilla por la puerta de atrás ya ha ido dando rsultados. En 2008 se desmovilizaron 398 mandos medios (con mando sobre por lo menos 24 hombres) y el año anterior éstos fueron unos 140. Y cada mando medio trae consigo información valiosa que sirve para dar nuevos golpes o dar con secuestrados.
Sólo con una justificación semejante, puede el gobierno lograr que la liberación de personajes que hicieron tanto daño y que les costó a las Fuerzas Armadas literalmente sangre para capturarlos, sin causar una desmoralización total enntre las filas militares.
Obviamente el gobierno tiene que blindarse para que no vaya a suceder lo de Granda y por eso dice, que en caso de que se ponga en riesgo el desarrollo de algún proceso penal, éste tendrá la facultad para solicitar a la justicia la reactivación de las órdenes de captura o medidas de aseguramiento. Añade el artículo tercero del Decreto que mientras dure la suspensión de la orden de captura, la persona que reciba los beneficios de la medida deberá estar a disposición de las autoridades judiciales, quienes la pueden requerir en el marco del proceso penal.
En suma, liberan a 'Saldaña' y a 'Karina' para que inciten a otros a dejar las armas. Para algunos críticos esto no es una estrategia de paz, sino de guerra porque en últimas lo que lleva es a buscar la derrota de las Farc. Para Manos por la Paz y el gobierno, sí es de paz porque le está robando jóvenes armados a la guerra que van a dejar de matar y que van a contribuir a encontrar a los secuestrados, a acortar la duración del conflicto y a aliviar el sufrimiento de los ciudadanos de bien que aún tienen a las Farc en sus vecindades.
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Seguridad Según el gobierno, los dos ex integrantes de las Farc “han expresado su voluntad de paz y quieren contribuir a la aplicación efectiva del derecho internacional humanitario”. Su gestión de paz principal consistirá en incentivar a otros a que dejan las armas.
Elda Neyis Mosquera García, alias ‘Karina’, y Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’, fueron dos temerarios guerrilleros de las Farc. La primera sembró el terror en la zona cafetera y el segundo fue un gran secuestrador en Tolima y Huila. Después de haber permanecido en la cárcel, procesados o condenados de delitos como secuestro, homicidio agravado y extorsión, el gobierno ordenó su libertad para que se dediquen a hacer “gestiones de paz”.
Según el gobierno, los dos “han expresado formalmente su voluntad de paz y de contribuir a la aplicación efectiva del Derecho Internacional Humanitario, así como su compromiso de renunciar a toda actividad ilegal, de reincorporarse a la vida civil y de colaborar con la justicia”.
En un comunicado publicado en la página web de la Casa de Nariño, dice el gobierno que “ofrecerá las condiciones de seguridad que se requieran para el adecuado desempeño de su misión como gestores de paz”, y que ambos ex guerrilleros tendrán la permanente supervisión permanente del Inpec.
A ninguno de los dos se les suspenderá los procesos penales.
La decisión de dejar en libertad a un grupo de guerrilleros para hacer estas labores la había anunciado días antes el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo. Sin embargo, el funcionario había dicho que los que recibirían estos beneficios serían guerrilleros que hubieran entregado secuestrados. Pero ni ‘Karina’ ni ‘Saldaña’ han entregado alguno.
Este episodio obliga a recordar el ocurrido el 4 de junio de 2007, cuando el líder de las Farc, Rodrigo Granda, salió libre de la cárcel La Picota por orden del presidente Álvaro Uribe. En ese entonces, la idea del gobierno era que él propiciara acercamientos con las Farc para lograr la liberación de secuestrados y el acuerdo humanitario.
Sin embargo, el acuerdo humanitario nunca llegó y Granda volvió a la guerrilla y nunca cumplió lo acordado con el gobierno.
¿Para qué salen?
¿Para qué corre Uribe este riesgo otra vez, más cuando no hay ninguna negociación con la guerrilla en curso y ni ‘Karina’ ni ‘Saldaña’ pueden realmente hacer gestiones de paz?
La razón real no es una "gestión de paz" en el sentido clásico de una negociación de paz. Es claro que 'Saldaña' sale porque se ha convertido adentro de la cárcel en uno de los líderes del movimiento de "Manos por la Paz", que ha ido conquistando guerrilleros en las cárceles colombianas para que se desmovilicen e inciten a sus parientes y amigos y que aún están en la guerrilla a que se salgan. 'Karina' muy seguramente también ha adoptado la misma línea.
Manos por la Paz puede tener hasta 1.000 guerrilleros en su causa y con el apoyo de la holandesa Liduine Zumpolle habían estado negociando con el gobierno desde hace casi un año para que les diera una puerta de salida como grupo, con alguna vocería política que les permita hacer una llamado a su ex compañeros de las Farc a que se entreguen y dejen las armas.
'Karina' está además en el proceso de Justicia y Paz y en la medida en que colabore con la justicia, la reparación y la verdad, podrá optar por una pena alternativa por sus delitos. El caso de 'Saldaña' es diferente porque él fue capturado y tiene varias largas condenas por secuestro en firme.
Los guerrilleros que se han desmovilizado quedan cobijados bajo la Ley de Justicia y Paz pero, según la jurisprudencia vigente, sólo por los delitos cometidos hasta julio 25 de 2005. Por eso el gobierno, en días pasado, presentó un proyecto de ley, que extendería ese plazo para todos los delitos que haya cometido un paramilitar o un guerrillero hasta el día de su desmovilización. Esto quiere decir que si colaboran con la justicia pueden optar por una pena alternativa de máximo ocho años.
La medida del gobierno, de liberar a guerrilleros tan temidos, también es un mensaje fuerte a todos los guerrilleros de Colombia para que confíen en que aún el que haya cometido más delitos, en efecto se le respeta y puede incluso convertirse en un gestor de paz y recibir un tratamiento generoso por parte del Estado. Esto puede incentivar muchas más desmovilizaciones.
La estrategia de sacarle la gente a la guerrilla por la puerta de atrás ya ha ido dando rsultados. En 2008 se desmovilizaron 398 mandos medios (con mando sobre por lo menos 24 hombres) y el año anterior éstos fueron unos 140. Y cada mando medio trae consigo información valiosa que sirve para dar nuevos golpes o dar con secuestrados.
Sólo con una justificación semejante, puede el gobierno lograr que la liberación de personajes que hicieron tanto daño y que les costó a las Fuerzas Armadas literalmente sangre para capturarlos, sin causar una desmoralización total enntre las filas militares.
Obviamente el gobierno tiene que blindarse para que no vaya a suceder lo de Granda y por eso dice, que en caso de que se ponga en riesgo el desarrollo de algún proceso penal, éste tendrá la facultad para solicitar a la justicia la reactivación de las órdenes de captura o medidas de aseguramiento. Añade el artículo tercero del Decreto que mientras dure la suspensión de la orden de captura, la persona que reciba los beneficios de la medida deberá estar a disposición de las autoridades judiciales, quienes la pueden requerir en el marco del proceso penal.
En suma, liberan a 'Saldaña' y a 'Karina' para que inciten a otros a dejar las armas. Para algunos críticos esto no es una estrategia de paz, sino de guerra porque en últimas lo que lleva es a buscar la derrota de las Farc. Para Manos por la Paz y el gobierno, sí es de paz porque le está robando jóvenes armados a la guerra que van a dejar de matar y que van a contribuir a encontrar a los secuestrados, a acortar la duración del conflicto y a aliviar el sufrimiento de los ciudadanos de bien que aún tienen a las Farc en sus vecindades.
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Ofensiva en el Bajo Cauca contra capos del narcotráfico
Aviones, helicópteros y 2.000 hombres de la Policía buscan cerca de Caucasia y Tarazá a alias ‘Don Mario’ y ‘Sebastián’, dos de los principales narcos del país que hoy libran una cruenta guerra en algunas zonas de Antioquia y Córdoba.
El ajuste de cuentas, los asesinatos selectivos y el narcotráfico han dejado una huella macabra en la zona del bajo cauca antioqueño y el sur de Córdoba.
Mientras en el primer trimestre del año pasado se presentaron 21 homicidios en el zona, este año ya van 43, casi todos por cuenta de la pelea entre Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, y Ángel de Jesús Pacheco Chancí, alias “Sebastián”, de la banda “Los Paisas”.
La pelea entre estos dos narcos especialmente y la maraña mafiosa en todo Colombia, motivó al presidente Álvaro Uribe, este lunes, a determinar en un Consejo de Seguridad ofrecer una recompensa de 5 mil millones de dólares por Daniel Barrera Barrera, alias ‘El Loco Barrera’; Pedro Guerrero Castillo, alias ‘Cuchillo’; Luis Enrique Calle Serna, alias ‘Comba’; Diego Restrepo, conocido como ‘Diego Rastrojo’ (de “Los Rastrojos” y aliado con “Los Paisas”) y por ‘Don Mario’.
Como parte de la ofensiva contra estos poderosos criminales, ese mismo día el gobierno dio inició una campaña de erradicación de hoja de coca en 1.800 hectáreas cultivadas en el bajo cauca antioqueño. Y este miércoles, la Policía desplegó un amplio operativo de persecución a estos capos de la región: se instalaron dispositivos de manera simultánea en Urabá y en los departamentos de Antioquia y Córdoba, dirigidos desde Caucasia por el propio director de la Policía, general Óscar Naranjo.
De ahí que los habitantes de Caucasia y Tarazá se despertaran la mañana de este miércoles rodeados por escuadrones móviles de carabineros que de ahora en adelante patrullarán día y noche sus vías principales. Además de ver todo el tiempo policía comunitaria que prácticamente ha pasado, casa por casa, hablando de la importancia de denunciar a las bandas delincuenciales.
Los primeros resultados se vieron horas después: la captura de 12 presuntos miembros de la banda de ‘Los Paisas’. En el corregimiento 12 de octubre de Tarazá se incautaron armamento de guerra, ocho radios de comunicación y un computador portátil.
Durante este año, esta es la cuarta vez que la Policía Nacional dispone de una ofensiva como esta: la primera vez fue en Medellín, con miras a desvertebrar la llamada “Oficina de envigado” y la banda de ‘Don Mario’. Hubo 1.536 capturas. La segunda vez fue en
Pereira, donde aumentaron visiblemente los homicidios este año. Allí se capturaron 753 personas. Y la tercera vez fue en Barrancabermeja, donde la influencia de bandas como las Águilas Negras han dejados centenares de muertos.
Según la Policía, ‘Don Mario’delinque específicamente en zonas como Cáceres, Caucasia, El Bagre, Tarazá, Zaragoza y Nechí, en Antioquia; y en Montelíbano y Ayapel, en el sur de Córdoba.
En cuanto a ‘Los Paisas’, al mando de ‘Sebastián’, también están en Cáceres, Caucasia, El Bagre, Tarazá y Zaragoza (Antioquia), mientras en Córdoba están en Montelíbano, La Apartada y Ayapel.
Todo indica que el presidente Álvaro Uribe no descansará hasta ver estos capos tras las rejas. O por lo menos hasta no ver resultados superiores a los de operaciones anteriores en Medellín y Pereira.
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El ajuste de cuentas, los asesinatos selectivos y el narcotráfico han dejado una huella macabra en la zona del bajo cauca antioqueño y el sur de Córdoba.
Mientras en el primer trimestre del año pasado se presentaron 21 homicidios en el zona, este año ya van 43, casi todos por cuenta de la pelea entre Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, y Ángel de Jesús Pacheco Chancí, alias “Sebastián”, de la banda “Los Paisas”.
La pelea entre estos dos narcos especialmente y la maraña mafiosa en todo Colombia, motivó al presidente Álvaro Uribe, este lunes, a determinar en un Consejo de Seguridad ofrecer una recompensa de 5 mil millones de dólares por Daniel Barrera Barrera, alias ‘El Loco Barrera’; Pedro Guerrero Castillo, alias ‘Cuchillo’; Luis Enrique Calle Serna, alias ‘Comba’; Diego Restrepo, conocido como ‘Diego Rastrojo’ (de “Los Rastrojos” y aliado con “Los Paisas”) y por ‘Don Mario’.
Como parte de la ofensiva contra estos poderosos criminales, ese mismo día el gobierno dio inició una campaña de erradicación de hoja de coca en 1.800 hectáreas cultivadas en el bajo cauca antioqueño. Y este miércoles, la Policía desplegó un amplio operativo de persecución a estos capos de la región: se instalaron dispositivos de manera simultánea en Urabá y en los departamentos de Antioquia y Córdoba, dirigidos desde Caucasia por el propio director de la Policía, general Óscar Naranjo.
De ahí que los habitantes de Caucasia y Tarazá se despertaran la mañana de este miércoles rodeados por escuadrones móviles de carabineros que de ahora en adelante patrullarán día y noche sus vías principales. Además de ver todo el tiempo policía comunitaria que prácticamente ha pasado, casa por casa, hablando de la importancia de denunciar a las bandas delincuenciales.
Los primeros resultados se vieron horas después: la captura de 12 presuntos miembros de la banda de ‘Los Paisas’. En el corregimiento 12 de octubre de Tarazá se incautaron armamento de guerra, ocho radios de comunicación y un computador portátil.
Durante este año, esta es la cuarta vez que la Policía Nacional dispone de una ofensiva como esta: la primera vez fue en Medellín, con miras a desvertebrar la llamada “Oficina de envigado” y la banda de ‘Don Mario’. Hubo 1.536 capturas. La segunda vez fue en
Pereira, donde aumentaron visiblemente los homicidios este año. Allí se capturaron 753 personas. Y la tercera vez fue en Barrancabermeja, donde la influencia de bandas como las Águilas Negras han dejados centenares de muertos.
Según la Policía, ‘Don Mario’delinque específicamente en zonas como Cáceres, Caucasia, El Bagre, Tarazá, Zaragoza y Nechí, en Antioquia; y en Montelíbano y Ayapel, en el sur de Córdoba.
En cuanto a ‘Los Paisas’, al mando de ‘Sebastián’, también están en Cáceres, Caucasia, El Bagre, Tarazá y Zaragoza (Antioquia), mientras en Córdoba están en Montelíbano, La Apartada y Ayapel.
Todo indica que el presidente Álvaro Uribe no descansará hasta ver estos capos tras las rejas. O por lo menos hasta no ver resultados superiores a los de operaciones anteriores en Medellín y Pereira.
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sábado, 2 de mayo de 2009
DIA INTERNACIONAL DE LA CLASE OBRERA
1º. DE MAYO
Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo - MODEP
¡LA BATALLA POR LA REELECCION ES LA TAREA DE LOS FASCISTAS NEOLIBERALES,
LA LUCHA POR LOS DERECHOS DEL PUEBLO Y POR LA DEMOCRACIA ES LA TAREA DEL PUEBLO!.
En los próximos años, la situación social, política y económica del pueblo y la nación colombiana estará condicionada por la lucha entre las clases dominantes por definir qué facción conduce y se sigue lucrando de los beneficios del modelo económico, militar y político, bajo el dominio del imperialismo norteamericano; y de otra parte, la lucha entre las clases dominantes y el imperialismo contra el pueblo y sus expresiones democráticas y revolucionarias, que trabajan porque otra Colombia sea posible.
Las clases dominantes, enfrentadas en torno a la reelección de Uribe, le apuestan a la continuidad del modelo económico y político, siendo la facción fascista la que muestra mayores posibilidades de darle continuidad a su proyecto. La reelección es la garantía que se requiere para mantener el sistema de privilegios y beneficios que el tipo de orden político y económico, impuesto a sangre y fuego en las dos últimas décadas, le ha dado a un puñado de magnates y multimillonarios, este es el modelo de las 5 M: Monopolios imperialistas y criollos, Megaproyectos, Monocultivos de exportación, gobierno Mafioso y Militarización de la vida social 1. Para asegurar la reelección se ha puesto en marcha un conjunto de mecanismos de tipo jurídico, político, militar, económico e ideológico, en función de amarrar la red de lealtades al proyecto.
El apoyo que ha tenido en el Senado el proyecto reeleccionista, ha sido resultado de la maquinaria de corrupción uribista, que a pesar de los escándalos y fraudes y la evidencia de delitos como el cohecho, la presencia de dineros del narcotráfico y las pirámides, aseguró el piso jurídico del continuismo fascista.
Simultáneamente, las clases dominantes han venido generando estrategias de “opinión pública” para asegurarse el respaldo de amplias franjas de la población. En ciudades como Bogotá y en otras ciudades con administraciones no uribistas, las clases dominantes se esmeran en mostrar la ingobernabilidad e inseguridad, para que la gente rechace cualquier posibilidad de respaldar gobiernos locales distintos y apoye el cambio por un tipo de administración neoliberal.
En ese sentido, debe entenderse la generalización y sistematicidad de las amenazas de “limpieza social” contra los jóvenes de sectores populares. Se trata de un plan de miedo y aceptación de que el fascismo es la solución, que así se logra el orden, ante la incapacidad de algunas administraciones de enfrentar las poblaciones “peligrosas”, contra quienes se aplica un plan de varias fases: circulación del rumor, generalización de las amenazas, imposición de toques de queda y asesinatos selectivos. Se espera que una población asustada pero a la vez complaciente con esas políticas de criminalización y estigmatización apoye con su voto a los fascistas y sus medidas autoritarias, al tiempo que se justifica desde una moral ultra conservadora, la eliminación de los “indeseables” e “improductivos”, los desempleados, jóvenes populares, campesinos sin tierra, desplazados, y también de los revolucionarios y de las organizaciones antifascistas. En este ambiente se ha generalizado la estrategia Estatal de crímenes extrajudiciales o “falsos positivos”, que sirve a múltiples propósitos, mostrar resultados, criminalizar, buscar respaldo social al fascismo.
Así mismo, la estrategia guerrerista de golpes a la guerrilla cuya publicidad ensalza la capacidad del Ministro de Defensa, busca asegurar la reelección de Uribe o la candidatura de Santos y el proyecto de guerra reaccionaria, como la única vía para la prosperidad nacional, escondiendo los verdaderos intereses que defienden las fuerzas armadas.
El proyecto reeleccionista, se completa con las medidas que el gobierno está proponiendo para asegurar que los efectos de la crisis económica mundial, y su reflejo en Colombia los pague el pueblo y no los ricos. Así se propone, rebajar el salario, mantener e incluso aumentar impuestos como el IVA, flexibilizar aún más los sistemas de contratación, disminuir las pensiones, desmontar los parafiscales, mantener el sobrecosto de los combustibles, todo esto para que los grandes empresarios monopolistas no se vean afectados.
A nivel internacional, la estrategia reeleccionista se basa en buscar el apoyo y el respaldo de los imperialistas, Uribe Vélez busca desesperadamente que la Unión Europea y Canadá legitimen su proyecto económico firmando respectivos TLC, y sirvan de precedente para que las clases dominantes norteamericanas sigan el ejemplo. Tanto Europa, Canadá como Estados Unidos, requieren de estos mecanismos neocoloniales, y saben que Uribe está dispuesto a entregar aún más la soberanía nacional a cambio de Tratados aún más lesivos para la nación colombiana.
Otra pieza del rompecabezas reeleccionista son las muestras de servilismo y sumisión hacia la política expansionista y militarista que el nuevo presidente norteamericano, Barak Obama impulsa en América Latina. Uribe y los altos mandos militares vienen negociando el uso de bases militares en Colombia para suplir el cierre de la base de Manta, acción ordenada por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, según lo ha dicho recientemente el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, esto se hace a cambio de no perder los dólares del Plan Colombia y otras ayudas en la lucha mundial del imperialismo contra las drogas y el “terrorismo”.
El proyecto reeleccionista, como apuntalamiento del modelo económico y político de las clases dominantes y el imperialismo, implica una mayor agresión contra el pueblo, por tanto es necesario enarbolar la lucha por los derechos del pueblo y por la democracia, como propuesta que aglutine a las fuerzas democráticas y progresistas.
Los derechos del pueblo y la democracia son condiciones para garantizar que las fuerzas populares podamos reconstruirnos, para organizar nuestras fuerzas y hacer frente a las agresiones, al recorte de libertades y derechos, a la criminalización y a la desbandada ante el terror y las prebendas que propagan los fascistas.
Oponernos al proyecto reeleccionista implica también rechazar la entrega del territorio colombiano para asentar bases militares imperialistas, las nuevas firmas de TLC con Canadá y Europa; el rechazo contra la criminalización y la represión contra los pobladores de los barrios populares. Debemos también luchar por la desmilitarización de barrios, campos y universidades impulsar la consigna “que la crisis la paguen los ricos y no el pueblo”; por la defensa de los derechos sindicales, el empleo digno y el no recorte al gasto social en salud, educación, servicios públicos y saneamiento básico.
Debemos trabajar por vincular al pueblo a la organización y movilización por la transformación de la sociedad en una de Nueva Democracia y el Socialismo, como la posibilidad de construir una Colombia diferente, una Colombia socialista.
En este primero de Mayo, día del Internacionalismo Proletario, llamamos a la movilización, solidaridad y apoyo con los gobiernos y pueblos que en América Latina y en el mundo buscan alternativas al modelo imperialista, razón por la cual son desprestigiados, perseguidos y aislados, por atreverse a proponer un mundo sin opresión imperialista.
Contra el fascismo y por la Democracia, ¡No a la reelección de Uribe Vélez!
¡Defender los derechos del pueblo y organizar la protesta popular!
Primero de Mayo de 2009
1 La militarización implica guerra contra la insurgencia y criminalización de la protesta social.
EL MODEP LO INVITA A MARCHAR CON NOSOTROS ESTE PRIMERO DE MAYO
Esta información ha llegado hasta ud. desde la lista de suscriptores del Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo - MODEP. Si no desea recibir nuestros envíos, por favor responda este mensaje con el asunto: "Retirarme de la lista"
modep@modep.org
Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo - MODEP
¡LA BATALLA POR LA REELECCION ES LA TAREA DE LOS FASCISTAS NEOLIBERALES,
LA LUCHA POR LOS DERECHOS DEL PUEBLO Y POR LA DEMOCRACIA ES LA TAREA DEL PUEBLO!.
En los próximos años, la situación social, política y económica del pueblo y la nación colombiana estará condicionada por la lucha entre las clases dominantes por definir qué facción conduce y se sigue lucrando de los beneficios del modelo económico, militar y político, bajo el dominio del imperialismo norteamericano; y de otra parte, la lucha entre las clases dominantes y el imperialismo contra el pueblo y sus expresiones democráticas y revolucionarias, que trabajan porque otra Colombia sea posible.
Las clases dominantes, enfrentadas en torno a la reelección de Uribe, le apuestan a la continuidad del modelo económico y político, siendo la facción fascista la que muestra mayores posibilidades de darle continuidad a su proyecto. La reelección es la garantía que se requiere para mantener el sistema de privilegios y beneficios que el tipo de orden político y económico, impuesto a sangre y fuego en las dos últimas décadas, le ha dado a un puñado de magnates y multimillonarios, este es el modelo de las 5 M: Monopolios imperialistas y criollos, Megaproyectos, Monocultivos de exportación, gobierno Mafioso y Militarización de la vida social 1. Para asegurar la reelección se ha puesto en marcha un conjunto de mecanismos de tipo jurídico, político, militar, económico e ideológico, en función de amarrar la red de lealtades al proyecto.
El apoyo que ha tenido en el Senado el proyecto reeleccionista, ha sido resultado de la maquinaria de corrupción uribista, que a pesar de los escándalos y fraudes y la evidencia de delitos como el cohecho, la presencia de dineros del narcotráfico y las pirámides, aseguró el piso jurídico del continuismo fascista.
Simultáneamente, las clases dominantes han venido generando estrategias de “opinión pública” para asegurarse el respaldo de amplias franjas de la población. En ciudades como Bogotá y en otras ciudades con administraciones no uribistas, las clases dominantes se esmeran en mostrar la ingobernabilidad e inseguridad, para que la gente rechace cualquier posibilidad de respaldar gobiernos locales distintos y apoye el cambio por un tipo de administración neoliberal.
En ese sentido, debe entenderse la generalización y sistematicidad de las amenazas de “limpieza social” contra los jóvenes de sectores populares. Se trata de un plan de miedo y aceptación de que el fascismo es la solución, que así se logra el orden, ante la incapacidad de algunas administraciones de enfrentar las poblaciones “peligrosas”, contra quienes se aplica un plan de varias fases: circulación del rumor, generalización de las amenazas, imposición de toques de queda y asesinatos selectivos. Se espera que una población asustada pero a la vez complaciente con esas políticas de criminalización y estigmatización apoye con su voto a los fascistas y sus medidas autoritarias, al tiempo que se justifica desde una moral ultra conservadora, la eliminación de los “indeseables” e “improductivos”, los desempleados, jóvenes populares, campesinos sin tierra, desplazados, y también de los revolucionarios y de las organizaciones antifascistas. En este ambiente se ha generalizado la estrategia Estatal de crímenes extrajudiciales o “falsos positivos”, que sirve a múltiples propósitos, mostrar resultados, criminalizar, buscar respaldo social al fascismo.
Así mismo, la estrategia guerrerista de golpes a la guerrilla cuya publicidad ensalza la capacidad del Ministro de Defensa, busca asegurar la reelección de Uribe o la candidatura de Santos y el proyecto de guerra reaccionaria, como la única vía para la prosperidad nacional, escondiendo los verdaderos intereses que defienden las fuerzas armadas.
El proyecto reeleccionista, se completa con las medidas que el gobierno está proponiendo para asegurar que los efectos de la crisis económica mundial, y su reflejo en Colombia los pague el pueblo y no los ricos. Así se propone, rebajar el salario, mantener e incluso aumentar impuestos como el IVA, flexibilizar aún más los sistemas de contratación, disminuir las pensiones, desmontar los parafiscales, mantener el sobrecosto de los combustibles, todo esto para que los grandes empresarios monopolistas no se vean afectados.
A nivel internacional, la estrategia reeleccionista se basa en buscar el apoyo y el respaldo de los imperialistas, Uribe Vélez busca desesperadamente que la Unión Europea y Canadá legitimen su proyecto económico firmando respectivos TLC, y sirvan de precedente para que las clases dominantes norteamericanas sigan el ejemplo. Tanto Europa, Canadá como Estados Unidos, requieren de estos mecanismos neocoloniales, y saben que Uribe está dispuesto a entregar aún más la soberanía nacional a cambio de Tratados aún más lesivos para la nación colombiana.
Otra pieza del rompecabezas reeleccionista son las muestras de servilismo y sumisión hacia la política expansionista y militarista que el nuevo presidente norteamericano, Barak Obama impulsa en América Latina. Uribe y los altos mandos militares vienen negociando el uso de bases militares en Colombia para suplir el cierre de la base de Manta, acción ordenada por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, según lo ha dicho recientemente el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, esto se hace a cambio de no perder los dólares del Plan Colombia y otras ayudas en la lucha mundial del imperialismo contra las drogas y el “terrorismo”.
El proyecto reeleccionista, como apuntalamiento del modelo económico y político de las clases dominantes y el imperialismo, implica una mayor agresión contra el pueblo, por tanto es necesario enarbolar la lucha por los derechos del pueblo y por la democracia, como propuesta que aglutine a las fuerzas democráticas y progresistas.
Los derechos del pueblo y la democracia son condiciones para garantizar que las fuerzas populares podamos reconstruirnos, para organizar nuestras fuerzas y hacer frente a las agresiones, al recorte de libertades y derechos, a la criminalización y a la desbandada ante el terror y las prebendas que propagan los fascistas.
Oponernos al proyecto reeleccionista implica también rechazar la entrega del territorio colombiano para asentar bases militares imperialistas, las nuevas firmas de TLC con Canadá y Europa; el rechazo contra la criminalización y la represión contra los pobladores de los barrios populares. Debemos también luchar por la desmilitarización de barrios, campos y universidades impulsar la consigna “que la crisis la paguen los ricos y no el pueblo”; por la defensa de los derechos sindicales, el empleo digno y el no recorte al gasto social en salud, educación, servicios públicos y saneamiento básico.
Debemos trabajar por vincular al pueblo a la organización y movilización por la transformación de la sociedad en una de Nueva Democracia y el Socialismo, como la posibilidad de construir una Colombia diferente, una Colombia socialista.
En este primero de Mayo, día del Internacionalismo Proletario, llamamos a la movilización, solidaridad y apoyo con los gobiernos y pueblos que en América Latina y en el mundo buscan alternativas al modelo imperialista, razón por la cual son desprestigiados, perseguidos y aislados, por atreverse a proponer un mundo sin opresión imperialista.
Contra el fascismo y por la Democracia, ¡No a la reelección de Uribe Vélez!
¡Defender los derechos del pueblo y organizar la protesta popular!
Primero de Mayo de 2009
1 La militarización implica guerra contra la insurgencia y criminalización de la protesta social.
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lunes, 27 de abril de 2009
Matrimonio por conveniencia
Nación Por qué Juan Manuel Santos puso contra la pared al Presidente y por qué Álvaro Uribe no le pidió la renuncia.
Juan Manuel Santos, a quien le fascina que lo asocien con la imagen de un jugador, esta vez se volvió trapecista. Porque lo que hizo, más que un cañazo, fue un triple salto mortal sin red. Sobre todo sabiendo que la geopolítica fronteriza está más delicada que nunca y que sus relaciones con el presidente Álvaro Uribe no están en luna de miel.
Desafiar en la misma semana a Hugo Chávez y a Rafael Correa, y luego poner al Presidente contra la pared, no es cualquier cosa. Y eso fue lo que hizo Santos. La explicación radica en una mezcla de un legítimo interés nacional y de un táctico oportunismo electoral.
Interés nacional, porque en su insistencia de que Colombia tiene el derecho de ir por los terroristas que atacan al país, estén donde estén, involucra conceptos tan importantes como soberanía nacional y legítima defensa. Ningún Estado serio puede permitir que a un kilómetro de sus fronteras esté instalado en forma permanente el comando central del grupo subversivo que intenta derrocarlo. Y a pesar de que el gobierno colombiano no lo dice en público, tiene la convicción y la evidencia de que la mitad de los miembros del Secretariado están refugiados al otro lado de la frontera, principalmente en Venezuela.
Pero esta realidad militar se enfrenta con la realidad política de que ningún Estado serio tampoco puede permitir que un país vecino se le meta en las fronteras cuando lo considera necesario. Y si no fuera porque existe la sospecha de que Chávez y Correa han sido tolerantes y hasta condescendientes con las Farc, se esperaría que los gobiernos de Venezuela y Ecuador persiguieran a esos guerrilleros.
Porque tanto el computador de 'Raúl Reyes', como las confesiones del ex viceministro ecuatoriano José Ignacio Chauvín, han dejado razones suficientes para desconfiar de esa actitud. Aun así, una operación militar como la que se llevó a cabo contra 'Raúl Reyes' en territorio ecuatoriano tiene que ser excepcional y, en ningún caso, puede considerarse como norma general o como un derecho adquirido.
La Operación Fénix, como fue denominada, acabó siendo un gran éxito. No sólo por el golpe sicológico de haber dado de baja al número dos de las Farc sino, sobre todo, por haber encontrado el computador de 'Raúl Reyes', que acabó siendo la caja negra y el archivo de la guerrilla y donde estaban consignados, palmo a palmo, todos los tentáculos políticos, logísticos y militares de la misma.
Pero al lado de la valiosa información y del golpe moral a las Farc, se presentó el problema del rompimiento de relaciones con Ecuador, la cuasideclaratoria de guerra de Chávez y la posible gestación de pleitos contra el Estado colombiano por los extranjeros que murieron en el ataque. No hay que descartar que Ecuador demande a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, aunque algunos han considerado que esto es inviable porque se necesitaría que ambos gobiernos reconocieran la competencia de ese tribunal y Colombia renunció a ello en vísperas de la demanda de Nicaragua por el diferendo sobre San Andrés.
Lo cierto es que en los últimos días varios congresistas de México visitaron Ecuador para averiguar sobre los cuatro mexicanos muertos en el operativo, con miras a entablar una demanda contra el Estado colombiano ante la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Con todos estos antecedentes, pretender que la incursión de un país vecino sea una doctrina oficial o ventilar públicamente el tema como lo hizo Santos es una gran imprudencia. La real politik, como la ropa sucia, se lava en casa. Montar el espectáculo de un mano a mano con el Canciller de la República por el tono diplomático que éste le da al tema, y posteriormente alinear a los generales para que obliguen al Presidente a respaldar al Ministro de Defensa no es sólo una imprudencia sino, como lo han advertido algunos observadores, una encerrona al Jefe de Estado.
La estructura castrense es un mundo de órdenes y no de debates públicos. Y las órdenes son de arriba para abajo con el Presidente como jefe supremo. Por desacuerdos entre el estamento militar y el Jefe de Estado han sido llamados a calificar servicios generales como Álvaro Valencia Tovar, bajo Alfonso López Michelsen, y ministros de Defensa como Rodrigo Lloreda bajo Andrés Pastrana. Como se recordará, este último apoyó a los militares que consideraban que ese gobierno le estaba entregando el país a las Farc en el despeje del Caguán, y esta opinión, que resultó profética, le costó su puesto.
Algo parecido se podría interpretar con los hechos promovidos por Juan Manual Santos la semana pasada. Sin embargo, sucede que el presidente Uribe, aunque no asume actitudes desafiantes con los jefes de Estado vecinos, considera que no se le puede cerrar la puerta a la opción de perseguir a uno de los jefes de las Farc si es ubicado en el extranjero.
Esta doctrina de legítima defensa enfrenta dos conceptos de soberanía diametralmente opuestos. El que se acordó en la tensa cumbre de República Dominicana donde terminaron abrazándose Uribe, Chávez y Correa, en la cual todos los países de América Latina reiteraron de forma categórica que las fronteras son inviolables.
Y el otro concepto, enormemente impopular, pero necesario en ocasiones excepcionales, es el de guerra preventiva, doctrina practicada con estruendoso fracaso en Irak por el gobierno de George W. Bush después del 11 de septiembre de 2001 y con amargos resultados por Israel en Líbano Esta doctrina de seguridad nacional, por lo tanto, no puede ser enarbolada oficialmente como la política de Estado de Colombia, sino que tiene que ser guardada en un cajón, como último recurso y en circunstancias extremas.
Por eso el episodio de la carta del Ministro de Defensa y sus generales al presidente Uribe para convocar a un Consejo Superior de Seguridad y Defensa creó un revuelo nacional e internacional y puso en peligro la permanencia de Juan Manuel Santos al frente de la cartera de Defensa. ¿Qué lo llevó a una acción tan arriesgada? ¿Por qué el Presidente no lo destituyó?
Juan Manuel Santos, que considera reales los riesgos de demandas internacionales y el peligro de tener santuarios de subversivos en las selvas de los países, ha visto con preocupación la política de 'apaciguamiento' de la Cancillería. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, quien ha tratado de mejorar las relaciones con Venezuela y reactivar las de Ecuador, ve que la posición del Ministro de Defensa puede terminar por echarle leña al fuego de unas relaciones de por sí muy tensas. Para limar estos roces y "unificar criterios" se dio una reunión la semana pasada entre el Canciller, el Ministro de Defensa y el alto mando de las Fuerzas Militares.
Pero muchos consideran que al lado de la evidente preocupación de la seguridad nacional hay un interés electoral. En vísperas de su salida del Ministerio, Santos logró monopolizar las noticias de la semana al posicionarse como contradictor de dos presidentes extranjeros, y como contraparte de su jefe, Álvaro Uribe. En otras palabras, quedó nivelado por lo alto. Como contraparte, no del Canciller, sino del Presidente.
Para la opinión pública quedó como un hombre con pantalones y no hay duda de que esa percepción le va a dar un impulso importante en las encuestas que, después de muchos años, le empiezan a favorecer en intención de voto.
Este pantallazo, no obstante, tiene sus costos. Que Chávez y Correa lo llamen "amenaza" o "factor desestabilizante" para la región, hace anticipar que la proyección de su candidatura, si bien le da votos, agudiza la crisis con los países vecinos y genera un ambiente de hostilidad en el área ante la eventualidad de que llegue al poder. En algunos sectores empresariales, que viven de las exportaciones entre Venezuela y Ecuador, las apuestas machistas de Santos son vistas con bastante angustia.
Otra consecuencia de la carta de los generales es que agrieta más la relación entre Uribe y Juan Manuel. A pesar del comunicado en el cual se respalda su gestión es claro que el Presidente, a quien le gusta tener a sus subalternos juiciosos en el redil, considera a Santos un ministro indomable. Y no le podía pedir la renuncia porque eso sería entregarles a Chávez y a Correa, en bandeja, la cabeza de su Ministro de Defensa.
Las relaciones entre Uribe y Santos son en la actualidad un matrimonio por conveniencia. Comparten la misma filosofía sobre la seguridad nacional y los éxitos militares de la misma, pero se tienen desconfianza mutua no sólo por diferencias de temperamento sino por ambiciones electorales. Y como todos los matrimonios por conveniencia, la relación en la vida diaria es muy cordial. Uribe es paternal con Santos y lo regaña menos que a sus otros ministros.
A corto plazo, Santos indudablemente emergió como el ganador en ese río revuelto. Pasó de estar desautorizado y casi destituido por Uribe, a respaldado, ratificado y con una posición de liderazgo que no tenía antes. Por otra parte, se proyecta ante la opinión pública como un dirigente con autonomía y no como una ficha más del ajedrez uribista. Sin embargo, todos sus actos como Ministro son interpretados como jugadas electorales y esta es una posición insostenible. Tendría que renunciar para ser candidato a finales de mayo, es decir dentro de dos meses y medio. Pero en el ambiente político actual y con la seguridad nacional del país de por medio, eso es una eternidad.
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Juan Manuel Santos, a quien le fascina que lo asocien con la imagen de un jugador, esta vez se volvió trapecista. Porque lo que hizo, más que un cañazo, fue un triple salto mortal sin red. Sobre todo sabiendo que la geopolítica fronteriza está más delicada que nunca y que sus relaciones con el presidente Álvaro Uribe no están en luna de miel.
Desafiar en la misma semana a Hugo Chávez y a Rafael Correa, y luego poner al Presidente contra la pared, no es cualquier cosa. Y eso fue lo que hizo Santos. La explicación radica en una mezcla de un legítimo interés nacional y de un táctico oportunismo electoral.
Interés nacional, porque en su insistencia de que Colombia tiene el derecho de ir por los terroristas que atacan al país, estén donde estén, involucra conceptos tan importantes como soberanía nacional y legítima defensa. Ningún Estado serio puede permitir que a un kilómetro de sus fronteras esté instalado en forma permanente el comando central del grupo subversivo que intenta derrocarlo. Y a pesar de que el gobierno colombiano no lo dice en público, tiene la convicción y la evidencia de que la mitad de los miembros del Secretariado están refugiados al otro lado de la frontera, principalmente en Venezuela.
Pero esta realidad militar se enfrenta con la realidad política de que ningún Estado serio tampoco puede permitir que un país vecino se le meta en las fronteras cuando lo considera necesario. Y si no fuera porque existe la sospecha de que Chávez y Correa han sido tolerantes y hasta condescendientes con las Farc, se esperaría que los gobiernos de Venezuela y Ecuador persiguieran a esos guerrilleros.
Porque tanto el computador de 'Raúl Reyes', como las confesiones del ex viceministro ecuatoriano José Ignacio Chauvín, han dejado razones suficientes para desconfiar de esa actitud. Aun así, una operación militar como la que se llevó a cabo contra 'Raúl Reyes' en territorio ecuatoriano tiene que ser excepcional y, en ningún caso, puede considerarse como norma general o como un derecho adquirido.
La Operación Fénix, como fue denominada, acabó siendo un gran éxito. No sólo por el golpe sicológico de haber dado de baja al número dos de las Farc sino, sobre todo, por haber encontrado el computador de 'Raúl Reyes', que acabó siendo la caja negra y el archivo de la guerrilla y donde estaban consignados, palmo a palmo, todos los tentáculos políticos, logísticos y militares de la misma.
Pero al lado de la valiosa información y del golpe moral a las Farc, se presentó el problema del rompimiento de relaciones con Ecuador, la cuasideclaratoria de guerra de Chávez y la posible gestación de pleitos contra el Estado colombiano por los extranjeros que murieron en el ataque. No hay que descartar que Ecuador demande a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, aunque algunos han considerado que esto es inviable porque se necesitaría que ambos gobiernos reconocieran la competencia de ese tribunal y Colombia renunció a ello en vísperas de la demanda de Nicaragua por el diferendo sobre San Andrés.
Lo cierto es que en los últimos días varios congresistas de México visitaron Ecuador para averiguar sobre los cuatro mexicanos muertos en el operativo, con miras a entablar una demanda contra el Estado colombiano ante la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Con todos estos antecedentes, pretender que la incursión de un país vecino sea una doctrina oficial o ventilar públicamente el tema como lo hizo Santos es una gran imprudencia. La real politik, como la ropa sucia, se lava en casa. Montar el espectáculo de un mano a mano con el Canciller de la República por el tono diplomático que éste le da al tema, y posteriormente alinear a los generales para que obliguen al Presidente a respaldar al Ministro de Defensa no es sólo una imprudencia sino, como lo han advertido algunos observadores, una encerrona al Jefe de Estado.
La estructura castrense es un mundo de órdenes y no de debates públicos. Y las órdenes son de arriba para abajo con el Presidente como jefe supremo. Por desacuerdos entre el estamento militar y el Jefe de Estado han sido llamados a calificar servicios generales como Álvaro Valencia Tovar, bajo Alfonso López Michelsen, y ministros de Defensa como Rodrigo Lloreda bajo Andrés Pastrana. Como se recordará, este último apoyó a los militares que consideraban que ese gobierno le estaba entregando el país a las Farc en el despeje del Caguán, y esta opinión, que resultó profética, le costó su puesto.
Algo parecido se podría interpretar con los hechos promovidos por Juan Manual Santos la semana pasada. Sin embargo, sucede que el presidente Uribe, aunque no asume actitudes desafiantes con los jefes de Estado vecinos, considera que no se le puede cerrar la puerta a la opción de perseguir a uno de los jefes de las Farc si es ubicado en el extranjero.
Esta doctrina de legítima defensa enfrenta dos conceptos de soberanía diametralmente opuestos. El que se acordó en la tensa cumbre de República Dominicana donde terminaron abrazándose Uribe, Chávez y Correa, en la cual todos los países de América Latina reiteraron de forma categórica que las fronteras son inviolables.
Y el otro concepto, enormemente impopular, pero necesario en ocasiones excepcionales, es el de guerra preventiva, doctrina practicada con estruendoso fracaso en Irak por el gobierno de George W. Bush después del 11 de septiembre de 2001 y con amargos resultados por Israel en Líbano Esta doctrina de seguridad nacional, por lo tanto, no puede ser enarbolada oficialmente como la política de Estado de Colombia, sino que tiene que ser guardada en un cajón, como último recurso y en circunstancias extremas.
Por eso el episodio de la carta del Ministro de Defensa y sus generales al presidente Uribe para convocar a un Consejo Superior de Seguridad y Defensa creó un revuelo nacional e internacional y puso en peligro la permanencia de Juan Manuel Santos al frente de la cartera de Defensa. ¿Qué lo llevó a una acción tan arriesgada? ¿Por qué el Presidente no lo destituyó?
Juan Manuel Santos, que considera reales los riesgos de demandas internacionales y el peligro de tener santuarios de subversivos en las selvas de los países, ha visto con preocupación la política de 'apaciguamiento' de la Cancillería. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, quien ha tratado de mejorar las relaciones con Venezuela y reactivar las de Ecuador, ve que la posición del Ministro de Defensa puede terminar por echarle leña al fuego de unas relaciones de por sí muy tensas. Para limar estos roces y "unificar criterios" se dio una reunión la semana pasada entre el Canciller, el Ministro de Defensa y el alto mando de las Fuerzas Militares.
Pero muchos consideran que al lado de la evidente preocupación de la seguridad nacional hay un interés electoral. En vísperas de su salida del Ministerio, Santos logró monopolizar las noticias de la semana al posicionarse como contradictor de dos presidentes extranjeros, y como contraparte de su jefe, Álvaro Uribe. En otras palabras, quedó nivelado por lo alto. Como contraparte, no del Canciller, sino del Presidente.
Para la opinión pública quedó como un hombre con pantalones y no hay duda de que esa percepción le va a dar un impulso importante en las encuestas que, después de muchos años, le empiezan a favorecer en intención de voto.
Este pantallazo, no obstante, tiene sus costos. Que Chávez y Correa lo llamen "amenaza" o "factor desestabilizante" para la región, hace anticipar que la proyección de su candidatura, si bien le da votos, agudiza la crisis con los países vecinos y genera un ambiente de hostilidad en el área ante la eventualidad de que llegue al poder. En algunos sectores empresariales, que viven de las exportaciones entre Venezuela y Ecuador, las apuestas machistas de Santos son vistas con bastante angustia.
Otra consecuencia de la carta de los generales es que agrieta más la relación entre Uribe y Juan Manuel. A pesar del comunicado en el cual se respalda su gestión es claro que el Presidente, a quien le gusta tener a sus subalternos juiciosos en el redil, considera a Santos un ministro indomable. Y no le podía pedir la renuncia porque eso sería entregarles a Chávez y a Correa, en bandeja, la cabeza de su Ministro de Defensa.
Las relaciones entre Uribe y Santos son en la actualidad un matrimonio por conveniencia. Comparten la misma filosofía sobre la seguridad nacional y los éxitos militares de la misma, pero se tienen desconfianza mutua no sólo por diferencias de temperamento sino por ambiciones electorales. Y como todos los matrimonios por conveniencia, la relación en la vida diaria es muy cordial. Uribe es paternal con Santos y lo regaña menos que a sus otros ministros.
A corto plazo, Santos indudablemente emergió como el ganador en ese río revuelto. Pasó de estar desautorizado y casi destituido por Uribe, a respaldado, ratificado y con una posición de liderazgo que no tenía antes. Por otra parte, se proyecta ante la opinión pública como un dirigente con autonomía y no como una ficha más del ajedrez uribista. Sin embargo, todos sus actos como Ministro son interpretados como jugadas electorales y esta es una posición insostenible. Tendría que renunciar para ser candidato a finales de mayo, es decir dentro de dos meses y medio. Pero en el ambiente político actual y con la seguridad nacional del país de por medio, eso es una eternidad.
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